Javier Giraldo Moreno

Un jesuita en el filo del conflicto

Aunque Giraldo pertenece por vocación y hábito a una tradición eclesial —la Compañía de Jesús— que en Colombia tuvo hegemonía educativa y una larga presencia intelectual, su lugar en la historia reciente no se explica por la teología ni por la cátedra, sino por una operación más obstinada y menos visible: convertir el testimonio de las víctimas en documento, el documento en base de datos y la base de datos en herramienta jurídica. Esa operación, aparentemente técnica, tuvo un doble filo histórico. Le permitió al movimiento de derechos humanos colombiano hablar con cifras y nombres precisos ante organismos internacionales en un momento —los años noventa— en que el Estado firmaba la Constitución más garantista de su historia mientras la violencia paramilitar y contrainsurgente escalaba en las regiones. Y colocó a Giraldo, personalmente, en la mira de sectores militares y políticos que veían en la denuncia documental una forma de guerra por otros medios.

La Constitución de 1991 es el telón indispensable para entender esta figura. La Carta introdujo la acción de tutela, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Superior de la Judicatura, y estableció que ni siquiera en estados de excepción podían suspenderse los derechos fundamentales. Convenció a los colombianos de que tenían derechos. Pero muchas de sus normas quedaron sin reglamentar, la guerrilla no participó en la Asamblea Constituyente, y el sistema judicial siguió atrapado en la impunidad, la corrupción y las lógicas contrainsurgentes heredadas del estado de sitio. En esa brecha —entre el texto garantista y la práctica de la impunidad— trabajó Giraldo durante veinte años. Su infraestructura documental fue el intento sostenido de llenar ese vacío desde afuera del Estado.

Formación jesuita y el paso por el CINEP

Giraldo se formó en la Compañía de Jesús cuando la orden atravesaba, en América Latina, un giro decisivo. Desde 1949, la Instrucción sobre el apostolado social del padre general Jean Baptiste Janssens había pedido a los jesuitas intensificar el trabajo social frente a las condiciones adversas del mundo contemporáneo. Ese mandato encontró en la Colombia de los años sesenta y setenta un terreno especialmente denso: la violencia bipartidista aún fresca, el surgimiento de las guerrillas, la irrupción de la teología de la liberación y su opción preferencial por los pobres, y el ejemplo cercano —e incómodo— del padre Camilo Torres Restrepo, no jesuita, pero sacerdote colombiano que había llevado esa teología hasta el ELN.

La Compañía respondió, entre otras cosas, con la reconversión del antiguo Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) en lo que a partir de mediados de los años setenta se llamaría CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular. Ya en 1976 el nombre nuevo circulaba: el CINEP no era un centro pastoral en sentido estricto, sino un lugar donde jesuitas, laicos e investigadores producían conocimiento sobre las condiciones sociales del país. Ese giro —de la parroquia y el aula al archivo y la investigación aplicada— resultaría decisivo para la trayectoria de Giraldo.

Fue en el CINEP donde trabajó como investigador antes de fundar la organización que lo haría conocido internacionalmente. Allí se familiarizó con la metodología de sistematización de fuentes de prensa, con el rigor de las series documentales, con el hábito jesuita —tan antiguo como la orden misma— de anotar, clasificar y archivar. Cuando en 1987 el CINEP comenzó a registrar y sistematizar eventos del conflicto armado a partir de fuentes de prensa nacional y regional, ya se estaba fraguando lo que sería, años después, la revista Noche y Niebla y el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, dos herramientas que se volverían de referencia obligada para investigadores, jueces y organismos internacionales.

La Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz

El paso decisivo de Giraldo, sin embargo, fue la fundación de la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, una organización de base jesuita —aunque abierta a otras congregaciones religiosas— que él condujo como su figura principal. La Comisión no fue una oficina de denuncias más: fue el laboratorio donde se ensayó la idea de que documentar es defender. Entre 1988 y 1996 publicó los nueve volúmenes de sus Boletines Justicia y Paz, que se convirtieron en fuente primaria para la construcción de bases de datos sobre violaciones a los derechos humanos y para la investigación judicial e histórica posterior. Cada boletín compilaba casos, testimonios, fechas, ubicaciones y perpetradores presuntos con una minuciosidad que era, en el fondo, una forma de resistencia contra el olvido oficial.

Con el tiempo, la Comisión Intercongregacional cambió su nombre por el de Comisión Intereclesial de Justicia y Paz —ampliando su base institucional más allá del mundo específicamente católico— y siguió operando bajo la orientación de Giraldo. Noam Chomsky, en el prólogo a un libro del investigador Doug Stokes sobre la política estadounidense en Colombia, la describió como "organización jesuita" y a su director como "uno de los principales defensores de derechos humanos de Colombia", que ejerce su labor "a gran riesgo personal". La circulación internacional de los informes de Justicia y Paz —que llegaban regularmente a figuras como Chomsky— era en sí misma un dato político: en un país donde la denuncia interna se topaba con la impunidad, la difusión externa se volvió una estrategia de supervivencia y de presión.

La filosofía de Giraldo sobre este trabajo la resumió él mismo en una frase que se ha vuelto emblemática al describir el propósito del Banco de Datos del CINEP: "salvar la memoria, no la estadística". Era una advertencia contra la reducción de la violencia a números fríos y una afirmación de que cada caso —cada muerto, cada desaparecido, cada desplazado— tenía derecho a un nombre, una historia, un lugar. Esa premisa, más pastoral que técnica, animaba la sistematización.

Trujillo: la matriz metodológica

Si hay un caso donde la metodología de Giraldo se cristalizó y se probó ante el país, ese fue Trujillo. Entre 1986 y 1994, en el municipio de Trujillo, en el norte del Valle del Cauca, y en zonas aledañas, se produjo una serie sostenida de asesinatos, torturas y desapariciones que involucró a más de 300 víctimas. La violencia fue el producto de una alianza entre Ejército, Policía, paramilitares y narcotraficantes —una configuración que se repetiría en otras regiones y se convertiría en el patrón estructural del paramilitarismo colombiano de finales de siglo.

El episodio más notorio fue el asesinato del padre Tiberio de Jesús Fernández Mafla, párroco de Trujillo, torturado, asesinado y descuartizado el 17 de abril de 1990 junto con otras tres personas. La brutalidad del crimen —el cadáver descuartizado del sacerdote arrojado al río Cauca— condensó, en un solo hecho, la lógica del terror: no solo eliminar al enemigo, sino desintegrarlo físicamente para desintegrar simbólicamente a la comunidad.

Fue la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, dirigida por Giraldo, la primera organización en preservar sistemáticamente las memorias de lo ocurrido. Y fue Giraldo, en persona, quien impulsó cuatro tareas simultáneas: la recopilación de información sobre las víctimas; la conducción de las demandas jurídicas contra el Estado colombiano; la gestión de la asociación de familiares de las víctimas; y el papel de interlocutor internacional del caso. Cada una de estas tareas se convirtió, con el tiempo, en un modelo replicable. Trujillo fue la matriz metodológica de todo lo que vendría después: acompañamiento pastoral y jurídico, documentación exhaustiva, organización de víctimas, internacionalización de la denuncia.

El precio fue alto. Un sacerdote de Trujillo tuvo que exiliarse tras las masacres. La oligarquía regional no le perdonó a la Iglesia local su cercanía con las víctimas. Y el propio Giraldo, al conducir esa operación, se convirtió en blanco duradero de los sectores para quienes documentar era subvertir.

El Banco de Datos y Noche y Niebla

Paralelamente al trabajo en Justicia y Paz, y en alianza estrecha con el CINEP, Giraldo participó en la consolidación de la que sería la infraestructura documental más importante de la sociedad civil colombiana sobre violencia política: el Banco de Datos y su expresión pública, la revista Noche y Niebla.

El Banco de Datos nació de una convicción metodológica precisa. A partir de 1987, el CINEP empezó a registrar eventos del conflicto armado usando como fuente primaria la prensa nacional y regional —al menos diez fuentes en simultáneo— y contrastando esa información con reportes propios de terreno, con los boletines de Justicia y Paz y, más tarde, con la Bitácora de Prensa de la Vicepresidencia de la República. La revista Noche y Niebla, cuyo nombre remite deliberadamente al decreto nazi Nacht und Nebel —el que ordenaba la desaparición de opositores sin dejar rastro—, se convirtió en la publicación periódica donde esa sistematización se hacía pública. Consultable por municipio, por periodo y por tipo de hecho, se volvió herramienta obligada para investigadores académicos, jueces, organismos internacionales y periodistas.

En 2004 el CINEP publicó, dentro de la misma serie, el documento Paramilitarismo de Estado en Colombia 1988-2003, que sistematizaba quince años de documentación sobre el vínculo entre agentes estatales y estructuras paramilitares. El título mismo era una afirmación: no "presuntos vínculos", no "denuncias de infiltración", sino paramilitarismo de Estado. Ese paso —de la denuncia caso por caso a la caracterización estructural— fue posible gracias a la acumulación previa de miles de registros individuales. La estadística, que Giraldo había subordinado a la memoria, terminó volviéndose herramienta política precisamente porque cada dato se había construido preservando el nombre de la víctima.

A este dispositivo se sumó, ya en los años noventa avanzados, el proyecto Colombia Nunca Más, una plataforma más amplia de organizaciones sociales, de víctimas y defensoras de derechos humanos cuyo propósito declarado era dar consistencia y confiabilidad a la información sobre crímenes de lesa humanidad que estas organizaciones ya venían recogiendo por separado. Giraldo fue una de sus figuras impulsoras. Nunca Más funcionó como el brazo colectivo de una tarea que Justicia y Paz había hecho, en gran medida, de forma pionera: consolidar un archivo nacional de la impunidad.

El subregistro fue, y sigue siendo, un problema serio en estas bases de datos —el temor de las familias a las represalias, los altos costos de la denuncia, la dificultad logística de llegar a las zonas más aisladas—. Giraldo y sus equipos nunca ocultaron esa limitación; al contrario, insistieron en que los números disponibles eran el piso, no el techo, de una violencia que en muchos lugares seguía sucediendo bajo el radar.

La Constitución de 1991 como escenario ambivalente

El marco en el que operó toda esta obra fue el de la Constitución de 1991, y esa relación merece precisión. La Carta abrió, en el papel, oportunidades enormes para el trabajo de defensa de los derechos humanos: la acción de tutela como mecanismo expedito de protección de derechos fundamentales; la creación de la Fiscalía General de la Nación, con capacidad investigativa propia; la Defensoría del Pueblo como institución específica; el Consejo Superior de la Judicatura para administrar y disciplinar la rama; y la prohibición explícita de suspender derechos fundamentales durante los estados de excepción, rompiendo con la larga tradición del estado de sitio permanente que había regido buena parte de la segunda mitad del siglo XX.

Pero la práctica fue otra. La justicia siguió encasillada en las lógicas contrainsurgentes y en los propósitos de los estados de excepción, con omisiones sistemáticas que dejaron sin sanción muchísimas violaciones de derechos humanos. La impunidad, la corrupción y la cooptación institucional persistieron; muchas normas del nuevo orden quedaron sin reglamentar por falta de voluntad política; y la criminalidad organizada —narcotráfico, paramilitarismo— no fue desmontada, sino que se reconfiguró. La Constitución sirvió, sin duda, para proteger a minorías y a sectores débiles, sobre todo en materia de salud y derechos sociales, pero en el terreno de la violencia política su promesa quedó, durante toda la década, corta.

Fue en esa brecha —entre lo prometido y lo cumplido— donde el trabajo de Giraldo cobró su sentido más específico. Nuevas organizaciones de víctimas surgieron al calor de la nueva Constitución, y las ya existentes se robustecieron; el movimiento de derechos humanos se vigorizó. Justicia y Paz, el Banco de Datos y Noche y Niebla fueron las herramientas técnicas que ese movimiento necesitaba para actuar en el nuevo marco. Sin ellas, la retórica de los derechos habría quedado desnuda de evidencia; con ellas, se pudo empezar a probar sistemáticamente que el Estado no solo incumplía sino que en muchos casos participaba activamente en la violación.

San José de Apartadó: la neutralidad como frontera

En marzo de 1997, en el corregimiento de San José de Apartadó, en el Urabá antioqueño, cerca de 1.400 campesinos declararon la creación de una Comunidad de Paz. Adoptaron un principio de neutralidad activa radical: ningún actor armado —ni las FARC, ni el Ejército, ni los paramilitares— podía entrar a la zona, y ningún miembro de la comunidad podía portar armas. En un país donde el conflicto armado obligaba a las poblaciones civiles a alinearse por la fuerza con uno u otro bando, esa declaración era, más que un acto pacifista, una desobediencia radical al régimen del conflicto.

Giraldo acompañó a la Comunidad desde el comienzo, y ese acompañamiento se convirtió en uno de los rasgos definitorios de la segunda mitad de su trayectoria. No fue una asesoría episódica: fue una presencia sostenida, una defensa jurídica continuada, una labor de denuncia pública casi permanente. San José de Apartadó fue objeto, en los años siguientes, de masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos y hostigamientos, en un ciclo brutal donde participaron paramilitares, militares y, en ocasiones, la propia guerrilla.

La hostilidad hacia la Comunidad no vino solo de los actores armados, sino también, de forma explícita, del poder político. Álvaro Uribe Vélez, primero como gobernador de Antioquia y luego como presidente de la República, fue abiertamente crítico de la Comunidad de Paz y del principio mismo de exclusión del Ejército del territorio. En ese contexto, Giraldo produjo uno de sus documentos más resonantes: la carta-denuncia dirigida en noviembre de 2003 al Fiscal General de la Nación Luis Camilo Osorio, exigiendo investigación efectiva sobre los crímenes cometidos contra los miembros de la Comunidad. La carta se publicó en la página javiergiraldo.org, que se convirtió durante esos años en una plataforma pública de denuncia y de circulación de documentos, informes y comunicados.

San José de Apartadó puso a Giraldo en una posición particular. Ya no era solo el documentador retrospectivo de masacres pasadas —como en Trujillo— sino el interlocutor presente de una comunidad que se estaba defendiendo en tiempo real. Ese doble rol —archivero del pasado, escudo del presente— es el que define, quizás mejor que cualquier otro rasgo, la especificidad de su figura.

La proyección internacional

La denuncia internacional fue, desde temprano, componente estructural del trabajo de Giraldo, aunque él nunca reclamó haber sido pionero absoluto en ese campo —crédito que suele atribuirse al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), que ya en los años setenta había empezado a llevar casos ante la Comisión Interamericana y la ONU—. Justicia y Paz se sumó a esa tradición con una diferencia importante: aportó volumen documental sistemático. Sus informes regulares circularon en redes transnacionales de derechos humanos y llegaron hasta figuras como Chomsky, cuyas citas públicas amplificaron la denuncia.

El resultado más visible de la presión sostenida del movimiento de derechos humanos colombiano —dentro del cual Giraldo fue una voz central— fue la inclusión de la situación colombiana en la agenda de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en su 52.º período de sesiones, y el establecimiento, con anuencia del gobierno colombiano, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, que inició operaciones en mayo de 1997. Ese mismo año, entre mayo y diciembre, la Oficina empezó a recibir denuncias directas de violaciones. La existencia de una oficina permanente de la ONU en Bogotá, con acceso a información de fuentes independientes como Justicia y Paz y el CINEP, cambió el balance de la información pública sobre derechos humanos en el país.

Los informes anuales de la Alta Comisionada empezaron a documentar patrones, no solo casos, y a formular recomendaciones que —aunque frecuentemente incumplidas— establecieron un estándar internacional contra el cual medir la conducta del Estado. Cuando en 2002 autoridades públicas colombianas emitieron declaraciones cuestionando la legitimidad de los defensores de derechos humanos y de las ONG, la Alta Comisionada respondió con un pronunciamiento público el 24 de junio de ese año, señalando el efecto lesivo de esas declaraciones sobre la seguridad de los defensores. Era un ejemplo concreto de cómo la infraestructura documental construida por gente como Giraldo se traducía, dos décadas después, en pronunciamientos internacionales con peso político.

Estigma y peligro

El costo personal e institucional de esa trayectoria fue considerable. Sectores de las Fuerzas Militares colombianas consideraron abiertamente que la defensa de los derechos humanos y la denuncia ante organismos internacionales eran recursos usados por la guerrilla a través de ONG. Un documento militar llegó a calificar a quienes hacían "lobby internacional" como más peligrosos "que cualquier elemento con cualidades mortíferas", porque "emplean el convencimiento y la palabra". La actividad internacional de las ONG se equiparó, en esa lógica, con la actividad internacional de la "narcoguerrilla", y las denuncias documentadas se leyeron como una estrategia para desprestigiar a las Fuerzas Militares y deslegitimar al Estado.

Esta equivalencia funcional entre denunciar y subvertir tuvo consecuencias tangibles. La estigmatización pública desde autoridades civiles y militares —especialmente aguda a partir de 2002— contribuyó a un ambiente en el que homicidios, amenazas, atentados, hostigamientos y desapariciones forzadas contra defensores, líderes comunitarios, sindicalistas y miembros de organizaciones sociales se multiplicaron. La atribución principal de esos crímenes recayó sobre los grupos paramilitares, pero el sustrato discursivo que los hacía posibles —la deslegitimación pública de las víctimas y sus defensores— se producía en las oficinas del Estado.

El propio movimiento de derechos humanos experimentó, en esos años, una debilitación creciente, sobre todo en las regiones. Los defensores pasaron de defender a afectados a tener que buscar su propia protección como activistas. La ecuación se invirtió: quienes documentaban el peligro terminaron siendo su blanco.

Giraldo trabajó todo ese tiempo bajo esa amenaza, y siguió trabajando. No fue el único; hombres como el abogado Eduardo Umaña Mendoza —asesinado en Bogotá el 18 de abril de 1998— pagaron con la vida esa combinación de valentía y visibilidad. Y en 1997 el asesinato en Bogotá de los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado marcó al centro que había sido cuna metodológica del trabajo de Giraldo. La violencia contra defensores no era abstracta: golpeaba en las oficinas, en las casas, en las calles.

Teología, técnica y opción por los pobres

Hay una lectura de Giraldo que conviene sostener con cuidado. Su trayectoria es, en muchos sentidos, la continuidad operativa de la teología de la liberación tardía en Colombia —esa corriente que, desde los años sesenta, pidió a la Iglesia una opción preferencial por los pobres y entendió el pecado social como la explotación producida por estructuras injustas—. Pero Giraldo no encarnó esa teología en la forma clásica de las comunidades eclesiales de base, ni en el activismo político directo al estilo de Camilo Torres. La encarnó, más bien, en la conversión del mandato pastoral de acompañar a las víctimas en una práctica archivística. "Salvar la memoria" es una fórmula profundamente cristiana antes que jurídica, y Giraldo la operacionalizó en base de datos.

Ese giro tiene una explicación institucional: la Compañía de Jesús, con su tradición de rigor, de estudios sociales y de infraestructura educativa, ofrecía un molde particular donde el compromiso con los pobres podía tomar la forma de la investigación aplicada más que de la comunidad de base. Cuando el CINEP se consolidó como centro de investigación jesuita, esa vocación técnica ya estaba disponible; Giraldo la aplicó al terreno específico de las violaciones de derechos humanos.

Otros jesuitas colombianos —Francisco de Roux entre los más notorios, con su trabajo en el Magdalena Medio y luego en la Comisión de la Verdad— desarrollaron caminos paralelos, con acentos distintos. Giraldo se mantuvo, sin embargo, en el suyo: menos mediático, menos político en sentido estricto, pero implacablemente sostenido en la producción documental. Su semejanza con figuras como Jesús Emilio Jaramillo —obispo de Arauca, asesinado por el ELN en 1989— o con los sacerdotes anónimos que fueron perseguidos, exiliados o asesinados por acompañar a comunidades campesinas e indígenas, está en la disposición al riesgo; su diferencia está en el método.

La huella

Medida por sus efectos inmediatos sobre el sistema judicial colombiano, la obra de Giraldo puede parecer modesta: muchos de los casos que documentó siguen impunes, y las estructuras que denunció —el paramilitarismo de Estado, la cooptación institucional, la lógica contrainsurgente— sobrevivieron durante décadas a sus informes. La brecha entre la Constitución de 1991 y su cumplimiento no se cerró por su trabajo; en algunos aspectos, siguió abriéndose.

Pero esa forma de medir es corta. El legado de Giraldo se aprecia mejor en la escala larga. Sin el Banco de Datos, sin Noche y Niebla, sin los nueve volúmenes de boletines de Justicia y Paz, sin Colombia Nunca Más, sin los expedientes de Trujillo, sin los archivos de San José de Apartadó, la historia reciente de Colombia sería enunciada en abstracciones. Con ellos, es enunciable en nombres, fechas, coordenadas y responsables. La Comisión de la Verdad que operó entre 2018 y 2022, los procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el Grupo de Memoria Histórica y el Centro Nacional de Memoria Histórica en sus mejores momentos, todos trabajaron sobre el suelo documental que Giraldo y sus equipos ayudaron a preparar.

También queda la línea de trabajo con las Comunidades de Paz. San José de Apartadó sigue existiendo —maltratada, disminuida, pero existente—, y su modelo de neutralidad activa se replicó en otras zonas del Bajo Atrato chocoano, del Urabá y del Sumapaz. Ese modelo no habría sobrevivido sin el escudo jurídico, mediático y político que gente como Giraldo tejió a su alrededor.

La disputa sobre su figura persiste. Para sus críticos, sobre todo en sectores militares y en la derecha política, encarnó un sesgo antiestatal que no midió con igual severidad los crímenes de la guerrilla. Para sus defensores, ese reproche confunde una elección metodológica —enfocar la responsabilidad estatal precisamente porque el Estado es el garante teórico de los derechos— con un desequilibrio moral. La discusión es legítima, pero la evidencia acumulada por la Jurisdicción Especial para la Paz y por la Comisión de la Verdad ha tendido, en lo esencial, a confirmar los patrones que Giraldo denunció durante veinte años en solitario o casi.

Queda, finalmente, una imagen. La del sacerdote jesuita que en un país donde el Estado firmaba una Constitución de derechos mientras sus agentes participaban en masacres, decidió que la tarea urgente no era ni la homilía ni la política partidaria, sino el archivo. Salvar la memoria, no la estadística. En un país acostumbrado a olvidar de manera sistemática, esa elección técnica se volvió, con el tiempo, un acto histórico.