Eduardo Umaña Mendoza

Un jurista formado en la crítica al derecho

Umaña Mendoza creció bajo la sombra intelectual de su padre, Eduardo Umaña Luna, uno de los tres autores de La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social, publicado en dos tomos por Ediciones Tercer Mundo en 1962 y junio de 1964. Aquel libro, escrito junto al sacerdote Germán Guzmán Campos y al sociólogo Orlando Fals Borda, había nacido como la Monografía N° 12 de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia y se convirtió, casi de inmediato, en el primer intento sistemático de mirar de frente el ciclo de matanzas partidistas iniciado a finales de los años cuarenta. El tomo firmado por Umaña Luna se ocupaba del análisis jurídico del fenómeno y del estudio de la Ley del Llano proclamada por los frentes guerrilleros liberales en 1953: una lectura del derecho desde su fractura, desde el vacío institucional que las armas habían llenado.

El libro provocó ruido inmediato. Carlos Valencia Editores reeditó el Tomo I en 1980 y Ediciones LAVP lo reimprimió en 2019, señal de su condición de referencia obligada. A su alrededor se organizaron respuestas conservadoras que acusaban a los autores de exagerar responsabilidades y de politizar la sociología. Pero la marca que dejó en la formación del hijo fue de otro orden: la idea de que el derecho colombiano no podía estudiarse al margen de la violencia que lo desbordaba, y que el jurista serio debía ser capaz de nombrar los crímenes del Estado con la misma precisión técnica con que se nombran los delitos comunes.

Esa herencia fijó el molde. Umaña Mendoza no fue un abogado de tribunales civiles ni un académico de aula: fue, desde muy temprano, un litigante penal especializado en los casos que otros no querían tomar. Su oficina en Bogotá funcionaba como despacho abierto para presos, sindicatos y familias de víctimas, y su práctica se inscribió en lo que las organizaciones hermanas —el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos— empezaban a llamar, sin ironía, "el derecho contra el derecho": usar la técnica jurídica no como fin en sí mismo, sino como herramienta para desmontar la impunidad estructural que la propia legalidad amparaba.

El bautismo del Estatuto de Seguridad

La biografía profesional de Umaña Mendoza queda inseparable del Decreto 1923 del 6 de septiembre de 1978, conocido como Estatuto de Seguridad, expedido por el gobierno de Julio César Turbay Ayala bajo estado de sitio. La norma amplió las facultades de las Fuerzas Militares para el control del orden público, endureció las penas por rebelión —elevándolas de cinco a nueve años para participantes y de ocho a doce para líderes— y estableció un régimen de detenciones que, en la práctica, se aplicó como redada sistemática contra dirigentes sociales, estudiantes, sindicalistas y militantes de izquierda.

En enero de 1979, el Consejo de Ministros autorizó la detención de 138 personas, entre ellas figuras del M-19, estudiantes y médicos. Al menos diecinueve de las capturas realizadas entre el 2 y el 8 de enero fueron incluidas retroactivamente en el Acta 10 del Consejo, un procedimiento que legalizó ex post facto arrestos hechos sin orden judicial. Los abogados que denunciaron esa práctica —entre ellos Umaña Mendoza— empezaron a aparecer en los registros del propio poder ejecutivo como figuras a vigilar: el Acta 35 del 3 de mayo de 1979 lo menciona junto a Alberto Alava como defensor de derechos humanos contra el cual existía orden de captura, aunque no consta que la detención se ejecutara.

Ese detalle, aparentemente menor, dice mucho. A los treinta y dos años, Umaña Mendoza ya era catalogado en las actas del gabinete de Turbay como un problema. La razón era operativa antes que ideológica: sus escritos y peticiones estaban documentando, caso a caso, las torturas infligidas a detenidos en las guarniciones militares. La Brigada de Institutos Militares fue el epicentro de esa maquinaria. El Estado colombiano fue condenado más tarde como responsable por las torturas contra Olga López de Roldán, uno de los casos emblemáticos del período, y las denuncias de violencia sexual contra militantes del M-19 detenidos en Bogotá y Cali en 1979 se acumularon sin que las autoridades identificaran a los perpetradores.

El Estatuto fue reconocido más tarde como un fracaso político y militar: diseñado para exterminar la subversión, produjo el efecto contrario, erosionó la credibilidad del Partido Liberal y contribuyó a la fractura del bipartidismo en las elecciones de 1982, cuando Belisario Betancur alcanzó la Presidencia. Para Umaña Mendoza, sin embargo, aquel cuatrienio no fue una fase superada: fue el aprendizaje operativo del oficio. Aprendió a leer las actas ministeriales, a rastrear las cadenas de mando, a documentar la tortura con protocolos médicos, a construir expedientes que resistieran la censura y a moverse en un país donde el estado de sitio era el estado normal.

El cruce de tres frentes

En los quince años siguientes, Umaña Mendoza construyó una práctica que puede leerse como el trípode de la crisis nacional: presos políticos, exterminio de la Unión Patriótica y crímenes de Estado. Cada frente tenía su propia lógica y su propia víctima característica, pero los tres compartían un mismo horizonte estructural: la Doctrina de Seguridad Nacional, importada del ciclo latinoamericano de los años setenta, que en Colombia se instaló sin necesidad de dictadura militar porque el estado de sitio permanente ofreció el mismo resultado por vía civil.

Bajo esa doctrina, la huelga, la manifestación pública y la campaña electoral de ciertas orientaciones eran tratadas como focos de conflicto sujetos a control estatal, y activistas sociales y políticos quedaban permanentemente bajo la mirada del aparato de inteligencia. Umaña Mendoza defendió a los sindicalistas de la Unión Sindical Obrera —la USO, con base en Barrancabermeja y el Magdalena Medio petrolero— y a los trabajadores de Telecom perseguidos judicialmente por su actividad gremial. El punto no era la simpatía ideológica: era que las huelgas del sector estratégico se procesaban penalmente como actos subversivos, y sin defensa técnica los trabajadores enfrentaban penas de rebelión.

El segundo frente fue el genocidio político de la Unión Patriótica. Entre 1984 y 2002, los militantes de ese movimiento, surgido de los acuerdos de La Uribe entre el gobierno de Betancur y las FARC, fueron objeto de un exterminio sistemático y generalizado en todo el territorio nacional, dirigido contra ellos por su identidad política. Los planes tenían nombres operacionales: el "Baile Rojo" y el "Plan Esmeralda" de 1988, este último desarrollado en los Llanos Orientales y en Caquetá, denunciado en su momento por el congresista Henry Millán. La violencia se intensificó en las zonas de mayor votación de la UP y combinó la omisión de protección por parte de la fuerza pública, retiradas estratégicas de unidades militares en momentos críticos y la ejecución material por grupos paramilitares.

El costo humano incluyó a los dirigentes más visibles del movimiento: Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas. Umaña Mendoza representó a víctimas de ese proceso durante años y dedicó parte de su trabajo doctrinal a un objetivo que en su momento parecía técnicamente arriesgado: la tipificación del delito de genocidio político en el ordenamiento colombiano. Las víctimas y sus abogados venían reclamando ya entonces que el crimen contra la UP fuera reconocido como genocidio —no genocidio étnico o religioso, sino genocidio por identidad política—, y esa batalla jurídica se extendería más de veinticinco años ante instancias nacionales e internacionales.

El tercer frente fue el de los crímenes de Estado propiamente dichos, con dos casos que marcaron su trayectoria pública. El primero fue la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando la respuesta militar dejó, entre otras consecuencias, la desaparición forzada de varios civiles que trabajaban en la cafetería del edificio y de personas que salieron con vida y fueron llevadas a instalaciones militares. Umaña Mendoza acogió el dolor de las familias, litigó por el reconocimiento de las desapariciones y contribuyó a que ese conjunto de crímenes —que el establecimiento intentó absorber en el relato de la operación militar contra el M-19— quedara documentado como responsabilidad estatal.

El segundo caso emblemático fue la desaparición del abogado Alirio de Jesús Pedraza, colega defensor de derechos humanos, en cuya causa Umaña Mendoza documentó la participación de agentes del Estado. La desaparición de un abogado por hacer el trabajo que Umaña Mendoza también hacía era, además de un caso a investigar, un mensaje operativo: la línea que separaba al defensor de la víctima había empezado a borrarse.

El ecosistema de la defensa y su cerco institucional

Umaña Mendoza no trabajaba solo. Desde 1973, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, primera organización no gubernamental de derechos humanos en Colombia y nacida en el clima de creciente represión previo al Estatuto, había abierto el camino organizativo. En los años siguientes se sumaron la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y la Comisión Colombiana de Juristas, y a lo largo de los ochenta y noventa se consolidó un ecosistema de ONG que compartían casos, se prestaban documentación, litigaban ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y sostenían una práctica común.

Aquella red tenía una textura interna precisa: organizaciones con fuerte componente cristiano, similares en su cohesión a las de las órdenes religiosas, dedicadas al litigio gratuito no como caridad profesional sino como opción política, donde recibir dinero por representar a una víctima resultaba insultante. El derecho, en esa concepción, no era un fin en sí mismo sino un instrumento: el derecho contra el derecho, la técnica jurídica volcada a demoler la impunidad que la propia legalidad reproducía.

Ese ecosistema fue perseguido de manera sistemática. El Departamento Administrativo de Seguridad, el DAS, organismo civil de inteligencia adscrito a la Presidencia, ejecutó una serie de operaciones ilegales cuyos nombres se conocieron años después: Europa, Extranjeros, Canela, Imprenta, Transmilenio. Fueron ejecutadas por una red interna estructurada, jerárquica, interinstitucional y clandestina, con presupuesto estatal, que operó incluso en territorio europeo. El Grupo Especial de Inteligencia G3, al interior del DAS, y su sucesor, el Grupo de Observación Nacional e Internacional (GONI), fueron los responsables directos de las acciones contra las ONG.

La Operación Transmilenio, dirigida específicamente contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, tenía como objetivo declarado "restringir o neutralizar su accionar". Incluyó seguimiento a miembros, monitoreo de actividades y rastreo de fuentes de financiación, pero también actividades ofensivas: desprestigio, presión, intimidación, amenazas y sabotaje. La categoría "ofensivas" importa: no se trataba de inteligencia pasiva, sino de operaciones activas para destruir la capacidad de trabajo de las organizaciones. La Fiscalía terminaría calificando a esta estructura como una red criminal al interior del DAS, articulada además con grupos paramilitares mediante intercambio de información en clave antisubversiva. Uno de los casos documentados de esa articulación fue el del profesor Alfredo Correa de Andréis, identificado ante los paramilitares como "ficha de las FARC" y asesinado el 17 de septiembre de 2004 en Barranquilla.

A esa arquitectura civil se sumó la militar. En mayo de 1991, el Ministerio de Defensa expidió la Orden 200-05-91, que recogía recomendaciones de asesores militares estadounidenses y facultaba al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para establecer redes de inteligencia clandestinas supervisadas por el Comando General de las Fuerzas Militares. Esas redes podían integrarse con personal civil o militar retirado y operar de forma encubierta. La orden institucionalizó, en clave doctrinaria, la coexistencia entre inteligencia militar formal y estructuras paralelas cuya identidad jurídica era deliberadamente ambigua.

Los grupos paramilitares habían sido creados por el Ejército en los años ochenta en el marco de la estrategia contrainsurgente, y varios autores de la época describieron ese fenómeno como una privatización de la violencia estatal: una violencia para-institucional que dificultaba diferenciar el paramilitarismo de la acción directa de la fuerza pública y complicaba la atribución de responsabilidades. El narcotráfico y las economías ilegales alimentaron después la autonomización de esas estructuras, pero su matriz original fue estatal.

Sobre ese fondo, la estigmatización pública operó como preparación del terreno. Oficiales del Ejército, algunos graduados de la Escuela de las Américas, calificaron públicamente a defensores de derechos humanos como "enemigos del pueblo" o portavoces de la guerrilla. La lógica del conflicto convertía esa etiqueta en algo más que un insulto: era, en la práctica, una amenaza de muerte pronunciada desde uniforme.

El cerco se cierra: 1997–1998

Entre mayo de 1997 y los primeros meses de 1998 se produjo una cadena de asesinatos de defensores de derechos humanos que, examinada en conjunto, tenía la coherencia de un patrón. El 19 de mayo de 1997, Elsa Alvarado y Mario Calderón, investigadores del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fueron asesinados en su apartamento de Bogotá. El 27 de febrero de 1998, Jesús María Valle Jaramillo, presidente del Comité de Derechos Humanos de Medellín y denunciante temprano de la connivencia entre fuerza pública y paramilitares en Antioquia, fue baleado en su oficina. El 18 de abril de 1998, Eduardo Umaña Mendoza fue asesinado en la suya, en Bogotá.

Esa cadena de ejecuciones habría sido ordenada por jefes militares colombianos y ejecutada por sicarios entre 1997 y 1999. El patrón estructural es demostrable —tres defensores emblemáticos, en tres oficinas, en once meses— aunque la conspiración orgánica centralizada quedó en el terreno de la denuncia sin sentencia. Esa distinción no atenúa la responsabilidad estatal; la desplaza del terreno de la orden individual al de la política estructural.

El caso Umaña se enredó de inmediato con la XX Brigada de Inteligencia del Ejército, unidad ya bajo investigación por su implicación en crímenes contra defensores. Como el crimen involucraba a un oficial superior, el proceso pasó a la justicia penal militar, y el Comandante General del Ejército asumió como Juez Único de Primera Instancia Penal Militar: la función correspondió primero al mayor general Mario Hugo Galán y desde septiembre de 1998 al general Jorge Enrique Mora Rangel. Esa transferencia de jurisdicción del fuero ordinario al militar era, en la práctica colombiana de la época, un pasaje casi automático hacia la impunidad.

El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, concedió el 7 de mayo de 1998 una entrevista a Human Rights Watch en la que se refirió a la implicación de la XX Brigada en el caso. Ese mismo mes, la Brigada fue objeto de una orden de desmonte. La proximidad temporal es innegable, pero la unidad ya arrastraba señalamientos previos y la coyuntura internacional presionaba sobre el gobierno saliente de Ernesto Samper y sobre la transición hacia Andrés Pastrana. El asesinato de Umaña Mendoza aceleró un proceso ya en curso.

El general Mario Hugo Galán, mientras ejercía la primera instancia penal militar en el caso, calificó públicamente en 1998 al director de Human Rights Watch/Américas y a un periodista del Washington Post como "enemigos del pueblo" por reportar la investigación sobre la XX Brigada. La escena tiene un valor casi didáctico: el juez militar del caso llamaba enemigos del pueblo a quienes informaban sobre el caso. La estigmatización no era un exceso retórico marginal, sino la voz institucional del proceso mismo.

Anatomía de una impunidad

Umaña Mendoza fue asesinado a los cincuenta y dos años. Deja detrás una obra jurídica dispersa en expedientes, memoriales, denuncias y textos doctrinales sobre la desaparición forzada y el genocidio político, pero también deja un problema irresuelto: la cadena de responsabilidad de su crimen nunca fue establecida en sentencia firme con determinadores identificados. Ese vacío no es circunstancial. Es constitutivo del caso y del período.

La lógica que hizo posible el asesinato tenía nombres institucionales precisos. El DAS ejecutaba operaciones ofensivas contra las ONG a las que Umaña Mendoza pertenecía por afinidad y trabajo compartido. La XX Brigada operaba redes de inteligencia bajo la Orden 200-05-91 y sus derivaciones. Los grupos paramilitares articulados en las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la comandancia de Carlos Castaño Gil, disponían de listas de personas señaladas y de capacidad operativa nacional. La justicia penal militar absorbía los casos incómodos y devolvía impunidad. La estigmatización desde uniforme convertía la denuncia técnica en objetivo militar. Sobre todo eso, la Doctrina de Seguridad Nacional proveía el marco doctrinario que unificaba las piezas en una gramática única: quien defendía a un preso político, a una víctima de la UP o a un familiar de desaparecido, era pieza del enemigo.

Sobre ese fondo, no hace falta acreditar una orden centralizada específica para concluir que Umaña Mendoza fue víctima de una arquitectura de persecución. La arquitectura hizo su trabajo aunque cada ladrillo tuviera su propia autonomía relativa. Y esa característica es lo que hace del caso, más que un homicidio, un síntoma: la crisis del Estado colombiano no pudo procesar la apertura democrática de los años ochenta —el nacimiento de la UP, el auge del sindicalismo, la expansión del litigio de derechos humanos— sin recurrir a la violencia para-institucional. El genocidio político y el silenciamiento de sus abogados son dos caras del mismo fracaso institucional.

Huella y disputa

El legado de Umaña Mendoza es doble y en cierto modo contradictorio. Su muerte no destruyó el campo de la defensa jurídica de derechos humanos en Colombia: lo consolidó. El Colectivo Alvear, la Comisión Colombiana de Juristas, el CSPP y las organizaciones que se les fueron sumando siguieron operando, ampliaron su alcance, fortalecieron el litigio ante el Sistema Interamericano y produjeron, con los años, la doctrina jurídica que permitió tipificar formalmente el genocidio político y la desaparición forzada, causas a las que Umaña Mendoza había dedicado esfuerzo doctrinal en vida. El campo de la memoria histórica colombiana, a diferencia de sus equivalentes en el Cono Sur, que se construyeron tras el fin de las dictaduras, se levantó en medio del conflicto activo, y sus promotores centrales fueron precisamente los defensores de derechos humanos, la denuncia de violaciones recurrentes y la preservación de archivos que abogados como él contribuyeron a acumular.

La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), aprobada bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, marcó el momento en que esa memoria entró en la esfera pública colombiana con fuerza. Aquella ley, cuyos términos siguen en disputa por lo que concedió a los paramilitares desmovilizados, obligó al Estado a hablar en clave de víctimas y verdad. La existencia previa de un archivo de casos, denuncias y expedientes construido durante décadas por el ecosistema jurídico al que Umaña Mendoza pertenecía fue la condición material que hizo posible ese giro. Sin ese trabajo acumulado de despachos como el suyo, la ley habría carecido de materia sobre la que operar: los nombres, las fechas, los patrones de mando, la geografía del exterminio venían de allí, no de los archivos oficiales.

Del otro lado, el ciclo de persecución no cesó con su muerte. Las operaciones ilegales del DAS contra las ONG continuaron durante los años dos mil y solo empezaron a conocerse por vías judiciales y periodísticas mucho después. La colaboración documentada entre el DAS y las AUC, casos como el de Alfredo Correa de Andréis en 2004, la persistencia de la estigmatización pública de los defensores como agentes de la subversión y el patrón de amenazas y exilios que empujó a numerosos abogados a salir del país configuran la continuidad, no la superación, del cuadro que costó la vida a Umaña Mendoza. La generación siguiente de defensores heredó no solo su archivo y su doctrina, sino también su vulnerabilidad.

En el terreno del honor póstumo, su figura ha sido reivindicada por las víctimas que representó, por sus colegas y por instituciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Pero conviene resistir la tentación hagiográfica. Umaña Mendoza no fue un santo: fue un jurista técnicamente afilado, políticamente tomado y personalmente exigente, que trabajaba dentro de una red profesional definida y que asumió los costos de esa posición. Trabajaba con el Colectivo Alvear, con el CSPP, con la Comisión Colombiana de Juristas; compartía casos, litigaba en cadena, se movía dentro de una tradición cristiana y de izquierda que tenía sus propias reglas, sus propias tensiones internas y sus propios límites. Su singularidad no está en una excepcionalidad heroica sino en la coherencia de su práctica: durante dos décadas hizo, en su oficio, lo que la Constitución colombiana afirmaba que se podía hacer sin morir por ello.

Que no haya podido hacerlo sin morir por ello es la medida exacta de la crisis nacional que atravesó su tiempo. El asesinato de Eduardo Umaña Mendoza el 18 de abril de 1998 —en una oficina de abogado, en la capital de un país en paz formal, con un fuero penal militar absorbiendo el caso y un juez militar llamando enemigos del pueblo a los periodistas que lo investigaban— es uno de los documentos más precisos que Colombia produjo sobre sí misma en el siglo XX. La Doctrina de Seguridad Nacional, el Estatuto de Seguridad, la Orden 200-05-91, la Operación Transmilenio, la XX Brigada y el exterminio de la Unión Patriótica habían dicho por separado lo que su muerte terminó de decir en conjunto: que en Colombia, durante el último cuarto del siglo, defender jurídicamente a las víctimas del Estado era ejercer una profesión de la que el propio Estado, en varias de sus expresiones, no permitía retirarse con vida.