Eduardo Umaña Luna

La semblanza: un jurista contra el relato oficial

Comprender a Umaña Luna exige situarlo en la tensión que definió al Frente Nacional. El pacto bipartidista entre liberales y conservadores se firmó en 1957 y fue ratificado por plebiscito en diciembre de ese año, el mismo que estrenó el voto femenino en Colombia. Alternaba la presidencia cada cuatro años y repartía milimétricamente los cargos públicos entre los dos partidos tradicionales, mientras excluía por diseño constitucional la competencia de terceros. El acuerdo pretendía cerrar el ciclo de la guerra civil bipartidista de los años cincuenta nombrándola como problema resuelto. Umaña Luna fue de quienes se negaron a firmar ese cierre.

En 1962, junto al sacerdote Guzmán Campos —que había recorrido las zonas de violencia como miembro de la Comisión Nacional Investigadora creada por Alberto Lleras Camargo— y al sociólogo Fals Borda —fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional—, publicó el primer tomo de La violencia en Colombia. Estudio de un proceso. La obra, editada por Ediciones Tercer Mundo, fijó una cifra que aún hoy estructura la memoria del período: aproximadamente doscientos mil muertos desde 1948. El segundo tomo, aparecido en 1964, llevaba la firma de Umaña Luna en su corazón jurídico: el análisis de la Ley del Llano, el código guerrillero proclamado por los frentes campesinos llaneros en 1953. Que un jurista con paso por el Ministerio de Justicia se sentara a leer como derecho un documento normativo surgido al margen del Estado era, en la Colombia del Frente Nacional, un gesto de una audacia que sus contemporáneos entendieron enseguida.

Analizar como fenómeno jurídico lo que el régimen quería tratar como mera perturbación del orden: ese fue el gesto de Umaña Luna. Inauguró en Colombia la defensa de derechos humanos antes de que la categoría se institucionalizara, y su vida profesional prefigura, con dos décadas de anticipación, la práctica que su hijo Eduardo Umaña Mendoza llevaría hasta el asesinato en 1998.

Los orígenes: la Universidad Nacional y la red de la ciencia comprometida

La biografía intelectual de Umaña Luna se forja en el mismo espacio y en la misma década en que se forjaron todas las biografías intelectuales de la izquierda crítica colombiana: la Universidad Nacional de Colombia entre finales de los cincuenta y comienzos de los sesenta. Allí coincidió con la generación que decidió tomarse en serio el país como objeto de conocimiento científico, en abierta reacción contra el ensayismo humanista dominante y contra la clausura política que el Frente Nacional había impuesto sobre el debate.

El clima era inconfundible. Los jóvenes académicos colombianos de los años sesenta, cercanos al marxismo y defraudados por el bipartidismo, entendieron el trabajo científico como un instrumento para conocer la realidad del país. Entre los grandes problemas nacionales que se disputaban su atención —el tema agrario, el papel de los partidos, las posibilidades del desarrollo económico—, La Violencia era el que más urgencia tenía. El ensayo de Darío Mesa Treinta años de historia de Colombia 1925-1955, publicado en la revista Mito en 1957, había abierto la posibilidad de leer el proceso colombiano con óptica marxista y había marcado a la generación joven que se interrogaba sobre la historia del país.

En la Facultad de Sociología, fundada por Fals Borda, se ensayaba una modalidad de investigación que combinaba trabajo de campo, orientación empírica y compromiso político. El 5 de agosto de 1960 se creó en el Departamento de Sociología un grupo de trabajo integrado por Fals Borda, el sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo, el economista Aníbal Quijano y Andrew Pearce, que serviría de modelo para los grupos de trabajo estudiantiles que Torres desarrollaría en sus cursos de 1961.

Umaña Luna era parte de esta red desde el derecho. La Facultad de Sociología —de la cual la segunda edición de La violencia en Colombia, aparecida en septiembre de 1964 tras la primera de junio, sería publicada como Monografía N° 12— fue el punto de encuentro entre sociólogos, sacerdotes, economistas y juristas que compartían una convicción: la 'ciencia comprometida' no era una contradicción sino la única forma legítima de hacer investigación en un país donde La Violencia había dejado doscientos mil muertos y el sistema político se había reorganizado para no hablar de ellos. Ese proyecto emergió en los sesenta como la otra cara de la resistencia a La Violencia, la contrapartida académica de una resistencia que en otros sectores tomaría formas armadas.

Umaña Luna, sin embargo, no derivó por ese camino. La suya fue una elección menos épica y, a la larga, más costosa: mantener el litigio, la denuncia documental y la enseñanza como sus instrumentos. En un clima intelectual que llevó a marxistas, católicos, liberales sociales y nacionalistas a convertirse en apologistas de la violencia armada, él persistió en el derecho.

La trayectoria: del Ministerio a la coautoría, del Sumapaz a la cátedra

El primer episodio público significativo de Umaña Luna fue paradójicamente institucional. Sirvió durante seis meses como jefe de la Rama Técnica del Ministerio de Justicia antes de renunciar de forma irrevocable. La renuncia no fue un incidente burocrático: fue una toma de posición. En su carta expresó la frustración de constatar que el Estado no disponía de recursos suficientes ni de voluntad política para actuar frente a la violencia, y planteó la necesidad de un cambio profundo. Ese diagnóstico —la impotencia deliberada del Estado frente a un fenómeno que había producido su propia base social— sería el hilo conductor de su obra posterior.

En el segundo tomo de La violencia en Colombia lo formuló con precisión aritmética. Umaña Luna denunció que la acción del Estado en departamentos que necesitaban protección, como el Tolima, era "francamente negativa por nimia": el Estado destinaba apenas 330 raciones diarias a $1.50 per cápita para atender el drama de una violencia que había desangrado regiones enteras. El dato, minúsculo y por eso mismo devastador, resume su operación intelectual: hacer visible el abandono no en clave de denuncia moral sino de contabilidad institucional. El jurista pesaba al Estado en sus propios términos y lo encontraba en falta.

El eje del segundo tomo —análisis jurídico de la Ley del Llano proclamada por los frentes guerrilleros en 1953— era todavía más subversivo del relato oficial. Al tratar como documento normativo lo que el régimen despachaba como simple pretensión ilegal de campesinos alzados en armas, Umaña Luna abría una pregunta que el Frente Nacional se negaba a formular: cuando el Estado desaparece o se convierte en agente de la violencia, ¿qué régimen jurídico surge en el vacío? La pregunta no era retórica. La respuesta —que hubo un derecho, con reglas, tribunales y sanciones, entre los guerrilleros liberales del Llano— desmentía la caracterización oficial de La Violencia como caos anómico.

Hacia 1964, Umaña Luna dio el paso que sus dos tomos habían anunciado: la intervención política directa. Formó parte, con Camilo Torres, Guzmán Campos, Fals Borda, el liberal Gerardo Molina, Hernando Garavito Muñoz y Gustavo Pérez Ramírez, de una comisión de estudio socioeconómico creada para analizar la situación de la región del Sumapaz, ofrecer mediación e impedir la denominada Operación Soberanía contra las autodefensas campesinas de la zona. La comisión —integrada por sacerdotes, sociólogos, un jurista y políticos de la izquierda liberal— contó con el visto bueno del ministro de Guerra y con oferta de transporte para sus integrantes, aunque encontró luego obstáculos para cumplir su propósito.

El contexto en que actuaba era el de una campaña de sectores conservadores que equiparaban al Sumapaz con Cuba. El 25 de octubre de 1961, el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado citó a un debate en el Congreso el mismo día en que El Tiempo publicaba un titular que hacía esa equivalencia. En Francia, en un movimiento paralelo, un grupo encabezado por Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y el dirigente comunista Jacques Duclos envió una misiva al gobierno colombiano exigiendo detener la agresión contra los campesinos. La comisión de Umaña Luna era la versión colombiana, discreta y jurídica, de una preocupación internacional.

Una comisión análoga se formaría poco después, en el mismo circuito de personas, para intentar mediar en Marquetalia. También encontró obstáculos. Las dos experiencias condensan lo que el Frente Nacional era incapaz de tolerar: una mediación civil, autónoma, con visto bueno oficial pero pensamiento propio, entre un Estado que preparaba operaciones militares y comunidades campesinas que se organizaban para resistirlas. La Operación Marquetalia se realizó en 1964, el mismo año en que se publicaba el segundo tomo de La violencia en Colombia.

En paralelo, Umaña Luna consolidó su trayectoria docente. Enseñó derecho en la Universidad Nacional durante décadas y formó a generaciones de juristas colombianos en una perspectiva que combinaba el rigor formal con la sensibilidad hacia la dimensión social del derecho. Su cátedra fue el lugar donde el análisis crítico del estado de sitio, del derecho agrario y de las garantías constitucionales se transmitía como práctica, no como abstracción.

El estado de sitio y la crítica del derecho de excepción

Uno de los ejes intelectuales de su obra fue la crítica al uso reiterado y abusivo del estado de sitio bajo la Constitución de 1886. La figura permitía al Ejecutivo gobernar con poderes extraordinarios ante perturbaciones del orden interno, y durante gran parte del siglo XX los gobiernos colombianos recurrieron a ella con tal frecuencia que la excepción se volvió norma. El período 1949-1958 estuvo especialmente marcado por ese recurso, y el Frente Nacional, lejos de retirarlo, lo institucionalizó: ante el debilitamiento estructural de los partidos y el crecimiento de la abstención electoral —efectos del propio diseño excluyente del pacto—, los sucesivos presidentes Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo y Misael Pastrana Borrero recurrieron de modo sistemático al estado de sitio y a la militarización del orden público.

Umaña Luna fue de los primeros en denunciar que ningún presidente había sido sometido a juicio de responsabilidad por esa violación estructural del orden constitucional. La observación era jurídicamente elemental —el estado de sitio era una excepción, no un régimen— pero políticamente heterodoxa en un país donde la excepción se había convertido en la forma cotidiana de gobernar. Solo la Constitución de 1991 frenaría los abusos cometidos al amparo del estado de sitio, aunque, en una paradoja que Umaña habría subrayado, esa misma Constitución fue convocada mediante decretos de estado de sitio.

Su crítica se extendió al derecho agrario. En los debates legislativos de la década de 1960 sobre la reforma agraria, intereses regionales y sectores del Congreso se opusieron a la creación del Instituto de Reforma Agraria, revelando una resistencia que iba más allá del contenido específico de la reforma: era la resistencia de una parte del país a la construcción de un Estado nacional moderno y centralizado. Umaña Luna, formado en la tradición del derecho social y comprometido con la lectura estructural del conflicto rural, entendió esa resistencia como el otro lado de la moneda: el Frente Nacional podía repartir la burocracia entre dos partidos, pero era incapaz de reformar la propiedad de la tierra que había estado en el origen mismo de La Violencia.

Su red: Fals Borda, Camilo Torres, Guzmán Campos y la generación de la Nacional

La biografía de Umaña Luna es inseparable de la red intelectual en que se inscribió. Sus tres interlocutores principales durante los sesenta —Fals Borda, Camilo Torres y Guzmán Campos— compartían diagnóstico pero divergían en la traducción práctica.

Orlando Fals Borda, sociólogo y fundador de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional, se mantuvo en el trabajo científico y desarrollaría en las décadas siguientes la metodología de la investigación-acción participativa que le daría prestigio internacional. La Facultad de Sociología, bajo su impulso y con la participación de Camilo Torres en el diseño curricular y en los comités consultivos, fue el laboratorio donde se ensayaba una sociología latinoamericana con vocación de intervención.

Camilo Torres Restrepo, sacerdote y sociólogo, radicalizó la lectura política del diagnóstico compartido y terminó incorporándose al Ejército de Liberación Nacional, donde murió en combate en febrero de 1966. Su trayectoria encarna en su forma más pura el desplazamiento del análisis científico al compromiso armado, en un clima en que la urgencia revolucionaria terminó desplazando cualquier reparo sobre los medios. Umaña Luna trabajó con Camilo en la comisión del Sumapaz y en los círculos de la Universidad Nacional, pero no lo siguió en esa deriva.

Germán Guzmán Campos, sacerdote y sociólogo, había sido miembro de la Comisión Nacional Investigadora de las causas de la Violencia creada durante el gobierno de Lleras Camargo. Su experiencia directa de campo —conversaciones con guerrilleros, párrocos y militares, recorridos por zonas devastadas— aportó a La violencia en Colombia la materia empírica que Fals Borda organizó sociológicamente y Umaña Luna interpretó jurídicamente. Los tres autores repartieron el trabajo por competencia disciplinaria, y el resultado fue una obra que su generación consideró pionera en el estudio científico del fenómeno.

En el círculo más amplio estaban Gerardo Molina, jurista y líder de la izquierda liberal socialista; Hernando Garavito Muñoz; Gustavo Pérez Ramírez, sacerdote; Aníbal Quijano, economista peruano que trabajó en la Nacional; y una constelación de estudiantes que en los años siguientes ocuparían la escena intelectual colombiana. En 1983, cuando el Departamento de Historia de la Universidad Nacional, la Biblioteca Nacional y la Fundación Friedrich Ebert (FESCOL) patrocinaron un simposio sobre la trayectoria del marxismo en Colombia con motivo del centenario de la muerte de Carlos Marx, la red que se congregó era, en parte, la descendencia intelectual de aquel grupo de la Facultad de Sociología de los sesenta.

Umaña Luna se distinguía en ese conjunto por la disciplina jurídica y por la persistencia. La mayoría de los izquierdistas colombianos aplicaron versiones esquemáticas de la teoría social universal para interpretar la historia moderna del país, intentando hacer aparecer esa historia más revolucionaria de lo que era. Umaña Luna, atado al detalle del expediente, del artículo constitucional violado, de la ración diaria calculada al centavo, escapaba a esa deformación por la naturaleza misma de su oficio. El derecho, cuando se practica en serio, no admite el esquematismo.

El Estatuto de Seguridad y la prolongación del combate

El Frente Nacional formal terminó en 1974 con la elección de Alfonso López Michelsen, pero sus lógicas —bipartidismo restringido, uso del estado de sitio, exclusión del conflicto social de los canales institucionales— sobrevivieron largamente. La expresión más brutal de esa continuidad fue el Estatuto de Seguridad, expedido mediante el Decreto 1923 de 1978 por el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982).

El Estatuto buscó modelar la sociedad colombiana según los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional. Amplió las prerrogativas de los organismos de seguridad para detener sin orden judicial e institucionalizó de hecho la tortura. Las cifras del período tienen la sequedad de un boletín militar y describen, sin embargo, una campaña sostenida contra la disidencia: alrededor de dieciséis mil detenidos por razones políticas durante su vigencia. En octubre de 1978, cerca de ciento cincuenta estudiantes de la Universidad Nacional fueron capturados en allanamientos nocturnos con despliegue militar. En enero de 1979, el Consejo de Ministros autorizó la detención de ciento treinta y ocho personas —militantes del M-19, estudiantes, médicos— y al menos diecinueve de esas capturas, realizadas entre el 2 y el 8 de enero, fueron legalizadas retroactivamente mediante el Acta 10. Las torturas incluyeron violencia sexual contra mujeres y hombres, documentada en casos de militantes del M-19 detenidos ese año.

Umaña Luna estaba en el radar del régimen. En el Acta 35 del Consejo de Ministros, del 3 de mayo de 1979, aparecen mencionados los abogados defensores de derechos humanos con orden de captura vigente. Entre ellos figuraba su hijo, Eduardo Umaña Mendoza, aunque el propio Umaña Luna pertenecía al mismo círculo generacional de juristas cuya defensa de presos políticos incomodaba al aparato. No fueron detenidos durante ese período, pero la sola mención en el acta indica el lugar que ocupaban en la lista de contradictores del régimen. Padre e hijo compartían, ya para entonces, el mismo oficio y el mismo enemigo.

Ese contexto explica la trayectoria del hijo como continuidad y no como ruptura. Eduardo Umaña Mendoza —José Eduardo, según su nombre completo— ejerció la defensa de sindicalistas de la Unión Sindical Obrera (USO) y de Telecom perseguidos judicialmente, investigó y denunció desapariciones forzadas de militantes de movimientos de izquierda legales e ilegales, documentó la participación de agentes del Estado en la desaparición del abogado Alirio de Jesús Pedraza, acompañó a las familias de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia y dedicó parte central de su labor a la tipificación jurídica de la desaparición forzada en Colombia. Fue asesinado el 18 de abril de 1998 en su oficina de Bogotá: tres personas —una mujer joven y dos hombres— accedieron a su despacho como visitantes y lo mataron cuando se negó a salir con ellos. El asesinato quedó en la impunidad. Según la periodista Ana Carrigan, "todos saben quiénes fueron sus asesinos". Había vivido consciente del riesgo, y en más de una ocasión se refirió a esa lucidez con palabras suyas: había que vivir, decía, "sabiendo que en cada momento que pasa se acaba la vida, y que cada momento que usted está viviendo, es una ganancia contra la muerte".

Eduardo Umaña Luna sobrevivió al asesinato del hijo diez años. Murió en 2008, a los noventa años, después de haber visto cómo la práctica que él había inaugurado en Colombia —la defensa jurídica de las víctimas del Estado y de la militancia política de izquierda— se cobraba el precio más alto en la persona de su descendiente. Otro hijo, Camilo Umaña, continuaría trabajando en el campo del derecho y los derechos humanos.

La huella: entre el bronce y la impunidad

La memoria de Umaña Luna oscila entre dos operaciones opuestas y ambas insuficientes: la canonización por la izquierda que lo reclama como precursor sin examinar el detalle de su obra, y la invisibilización institucional que ha caracterizado su tratamiento en la historiografía jurídica dominante. Ninguna de las dos le hace justicia.

Su aporte central —la coautoría de La violencia en Colombia— es hoy pieza indiscutida del canon de las ciencias sociales colombianas. El campo de estudios sobre La Violencia, la 'violentología' que se consolidaría en los años ochenta con figuras como Gonzalo Sánchez, Alfredo Molano y Daniel Pécaut, tiene en la obra de 1962-1964 su acta fundacional. Que el fenómeno tuviera un nombre —La Violencia, con mayúscula y artículo definido—, una cronología (desde 1948), una cifra (doscientos mil muertos) y un tratamiento científico ambicioso se lo debe la memoria colombiana a Guzmán Campos, Fals Borda y Umaña Luna. El Frente Nacional intentó clausurar el problema; el libro lo abrió como campo de indagación.

La contribución específica de Umaña Luna al segundo tomo —el análisis jurídico de la Ley del Llano, la crítica del abandono estatal, la denuncia del uso abusivo del estado de sitio— tuvo, sin embargo, una recepción más difícil. La cultura jurídica colombiana dominante, formada en el formalismo constitucional y en la aceptación pragmática de la excepcionalidad como forma de gobierno, no supo qué hacer con un jurista que leía como derecho legítimo la normativa producida por los guerrilleros liberales del Llano. Esa parte de su obra permaneció durante décadas como una singularidad reconocida pero no incorporada al canon del derecho constitucional colombiano.

La marginalización de Umaña Luna no fue persecución sistemática —salvo el episodio de la orden de captura de 1979, que no se ejecutó— sino invisibilización institucional. El Frente Nacional no lo encarceló ni lo exilió; simplemente no tenía dónde ubicarlo. Un jurista que renunciaba al Ministerio de Justicia después de seis meses, que analizaba el código guerrillero como fenómeno normativo, que participaba en comisiones civiles de mediación con campesinos armados, que enseñaba en la Universidad Nacional y firmaba libros que impugnaban el relato oficial no cabía en ninguno de los circuitos institucionales del pacto bipartidista. Y esa incapacidad del sistema para incorporarlo dice más sobre el Frente Nacional que cualquier acto explícito de represión.

Décadas más tarde, Juan Manuel Santos defendería al Frente Nacional como "mal menor" frente a la guerra civil bipartidista. Umaña Luna había señalado, mucho antes, la factura de ese mal menor: exclusión de terceros partidos, estado de sitio normalizado, reforma agraria inviable, respuesta militar al conflicto social. El pacto resolvió el conflicto entre élites y suprimió el conflicto social; y esa supresión, como se vería con el ala radical de la Alianza Nacional Popular (ANAPO) que fundó el M-19 tras las elecciones de 1970, empujó a sectores sociales enteros hacia la opción armada.

Su lugar en la historia intelectual colombiana pertenece a esa continuidad larga. Fals Borda tuvo mayor proyección internacional; Camilo Torres, mayor magnetismo simbólico; Molina, más largo recorrido político. Umaña Luna fue quien mantuvo con más constancia la traducción del diagnóstico en práctica. El derecho, no la sociología ni la teología ni la militancia armada, fue su instrumento. Y esa elección, en un país donde el derecho ha sido casi siempre coartada del poder, tiene la dignidad de las opciones minoritarias que la historia termina reivindicando.

Que su hijo haya muerto asesinado mientras defendía sindicalistas de la USO y documentaba desapariciones forzadas —haciendo, en 1998, lo que Umaña Luna había hecho en 1962 con otras palabras— es la prueba más triste de la centralidad del padre. La defensa de derechos humanos en Colombia no se inauguró con las convenciones internacionales de los ochenta ni con la Constitución de 1991. Nació antes, en las páginas jurídicas del segundo tomo de La violencia en Colombia, en la carta de renuncia al Ministerio de Justicia, en la comisión del Sumapaz de 1961, en la cátedra de la Universidad Nacional. Nació, en gran medida, con Eduardo Umaña Luna.