La Violencia (1946-1965)

¿Qué tipo de hecho fue La Violencia?

Pocas categorías han modelado tanto la conciencia histórica colombiana como La Violencia, ese bloque temporal acotado entre 1946 y 1965 que dejó, según la cifra más citada, cerca de doscientos mil muertos, más de dos millones de desplazados y una geografía del despojo que redibujó el campo cafetero. La pregunta que atraviesa medio siglo de debate es más difícil que la carnicería misma: ¿qué tipo de hecho fue eso? ¿Una revolución social frustrada, abortada por la coalición bipartidista del Frente Nacional? ¿Un colapso parcial del Estado con agrietamiento estructural y anomia campesina? ¿O un proceso heterogéneo cuyo sentido emancipatorio fue, en buena medida, una proyección de los intelectuales letrados de los años sesenta —marxistas defraudados, sociólogos durkheimianos, sacerdotes en tránsito— que necesitaban un pasado a la altura de su desilusión? La respuesta importa porque de ella dependen tres cosas: quién es víctima, quién es victimario, y cuándo empieza y termina el período que Colombia se obliga a recordar.

¿Qué se juega en la pregunta?

Nombrar es periodizar, y periodizar es atribuir responsabilidades. Que el conflicto de mediados del siglo XX se llame La Violencia, con mayúsculas y artículo definido, no es un accidente lingüístico: es el resultado de una operación intelectual fechada, ocurrida durante la primera década del Frente Nacional (1958-1968), en la que intelectuales, políticos y publicistas del país letrado construyeron el fenómeno como período cerrado. Antes de esa construcción existían las masacres, los boleteos, los desplazamientos, los cadáveres flotando por el Cauca; después existió La Violencia como objeto pensable, imputable, susceptible de tesis doctorales y de comisiones de rehabilitación.

Que la categoría sea construida no la vuelve falsa: los muertos son muertos. Pero obliga a preguntar por qué se fabricó justo en ese momento, con esos rasgos, y qué hizo posible o imposible pensar más tarde. La tesis del proceso revolucionario frustrado —dominante entre 1962 y mediados de los setenta— fijó una lectura que orientó la política de memoria, la sociología rural, la formación de las guerrillas y, por reacción, la crítica revisionista posterior. Discutir La Violencia hoy es discutir simultáneamente lo que pasó en Tolima, Valle y Viejo Caldas entre 1946 y 1965, y lo que Bogotá pensó de ese pasado entre 1958 y 1975. Ambos planos son inseparables, y ninguno agota al otro.

El paradigma fundacional y sus antagonistas

En 1962 apareció, bajo el sello de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional y con el patrocinio de la Fundación de la Paz, el libro La Violencia en Colombia, firmado por monseñor Germán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna. El texto se propuso lo que ninguna institución oficial había hecho: contar los muertos, cartografiar las masacres, tipificar la crueldad. Su conteo directo dio 134.820 muertos entre 1948 y 1958; añadiendo heridos fallecidos y desplazados, la cifra ampliada rozó los doscientos mil. Álvaro Tirado Mejía, por otra vía, llegó a un orden de magnitud comparable.

La recepción fue una batalla. El Siglo llamó a Guzmán sacerdote renegado y Monstruo Guzmán; La República tildó a Umaña Luna de abogado liberal incompetente; varios órganos aludieron a la condición protestante de Fals Borda para desacreditar la obra. La ofensiva conservadora reveló lo que estaba en juego: quien nombrara y contara los muertos definiría también quién los había matado. La sociología comprometida que estos autores encarnaban desplazaba a la historia oficial partidista con un lenguaje nuevo: tanatomanía para la compulsión de matar, agrietamiento para la fractura estructural, etapa telética para la fase 1930-1932 y 1948-1950 en que la violencia era medio racional de partidos en el poder, conflicto pleno o de aniquilación para la fase 1950-1953 y 1956 en adelante, en que el proceso se desbordó de su orientación política inicial.

Sobre esa base se montaron dos lecturas más ambiciosas. Camilo Torres Restrepo interpretó La Violencia como el cambio socio-cultural más importante en las áreas campesinas colombianas desde la Conquista española, un proceso que, según su propio análisis positivo, había incorporado a las comunidades rurales en una urbanización sociológica acelerada y había producido una subcultura rural con conciencia de clase revolucionaria. Lectores posteriores caracterizaron ese análisis como marxista; el propio Torres prefirió llamarlo positivo, encuadrándolo en una perspectiva que veía el conflicto como agente de transformación. Poco después, su ingreso al campamento del ELN en las selvas del Opón convirtió la tesis en biografía: la revolución que había diagnosticado en el campesinado terminó reclamándolo también a él.

Contra ese paradigma se levantó, con dos décadas de retraso, una crítica empírica. Las investigaciones sobre las regiones cafeteras, el sur del Tolima, el Sumapaz y el Valle del Cauca mostraron un campesinado que, lejos de haber roto con el sistema, había reconstruido meticulosamente la propiedad privada donde la había perdido, había vuelto a votar por los mismos partidos que lo habían masacrado, y había reincorporado a sus antiguos jefes guerrilleros al gamonalismo del Frente Nacional. Charles Bergquist argumentó que La Violencia había sido principalmente —aunque no exclusivamente— un fenómeno social vinculado a la dinámica exclusivista, partidista y clientelista del sistema político, con epicentro en las regiones cafeteras. Esa lectura desmontaba la épica: donde Torres veía conciencia de clase, Bergquist veía competencia bipartidista por recursos y lealtades locales.

Entre ambos polos operó una tercera línea, la que leyó La Violencia misma —el concepto, el libro, la sociología comprometida— como objeto histórico. Si la categoría había sido construida en la primera década del Frente Nacional por letrados defraudados, entonces el paradigma de la revolución frustrada no era diagnóstico neutral sino síntoma: la desilusión sesentera proyectando sobre el campesinado una conciencia que este no había tenido, y clausurando con un veredicto de fracaso nacional lo que aparecía en el campo como continuidad clientelar bajo cobertura sanguinaria.

¿Hubo insurrección?

La tesis de la revolución frustrada se apoyó en hechos verificables. Las guerrillas comunistas y liberales de La Violencia constituyen el antecedente directo de las FARC, fundadas en 1964 tras la Operación Marquetalia. El Partido Comunista Colombiano desarrolló entre 1949 y 1964 una política cíclica de autodefensa y guerrilla móvil, con asentamientos en Tequendama, Sumapaz y el sur del Tolima. En agosto de 1952, la I Conferencia Nacional Guerrillera —la Conferencia de Boyacá— planteó por primera vez la posibilidad de una alianza entre guerrillas liberales y comunistas, aunque tropezó con el escepticismo de la élite liberal y con la creciente autonomía de las guerrillas liberales en distintas zonas. Pedro Antonio Marín, futuro Manuel Marulanda Vélez, operaba en las cuencas de los ríos Ata y Cambrín, aliado con jefes liberales como Leopoldo García, alias Peligro, y Efraín Valencia, alias general Arboleda. Había armas, había organización, había continuidad. Hubo, en un sentido preciso, insurrección campesina.

Y hubo también el despojo agrario. Paul Oquist calculó cerca de cuatrocientas mil parcelas despojadas durante La Violencia, principalmente en Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima, Antiguo Caldas y Norte de Santander. Las ventas forzadas se concentraron en épocas de cosecha de café; las amenazas y los incendios obligaban a vender a cualquier precio; notarios, especuladores, vendedores y compradores fraudulentos fueron actores fundamentales del despojo. En el Valle, la violencia se concentró en la frontera agrícola —Tuluá, Sevilla, Caicedonia— y no en los valles ribereños de haciendas establecidas: miles de colonos fueron asesinados o expulsados. En el oriente del Tolima y en el Sumapaz, las luchas agrarias de los años veinte y treinta —conflictos entre hacendados y colonos que la Ley 100 de 1944 había resuelto en favor de los grandes propietarios— continuaron con modalidades armadas. Hubo despojo sistemático, con lógica de acumulación, ejecutado bajo etiqueta partidista.

¿Y por qué no cuajó una revolución?

Contra la lectura revolucionaria empujó otro cuerpo de hechos. Los tribunales de conciliación creados para revertir las transacciones inmobiliarias hechas bajo coacción en los cinco departamentos declarados zona de Violencia —Caldas, Cauca, Huila, Tolima y Valle— desaparecieron al año de instalarse sin cumplir su cometido, paralizados porque cuando comenzaban a operar los inmuebles ya estaban en manos de terceros adquirentes, y porque carecían de capacidad coactiva. No hubo movilización campesina masiva contra ese fracaso: no hubo tomas de notarías, no hubo huelga de restitución, no hubo el tipo de presión de base que un campesinado con conciencia revolucionaria habría desplegado sobre los tribunales que le devolvían nominalmente lo suyo. El Decreto 0328 suspendió la acción penal a condición de reincorporación a la vida civil, y la campaña de rehabilitación derivó en el reposicionamiento del gamonalismo liberal y conservador. Benefició a algunos jefes guerrilleros liberales, conservadores y comunistas; los recursos fueron capturados por políticos locales que los administraron de forma antitécnica y deshonesta; los sectores más pobres quedaron excluidos.

Del lado electoral, la evidencia empuja en la misma dirección. El voto bipartidista se reprodujo con notable estabilidad en las zonas más golpeadas. Los combatientes desmovilizados, salvo los núcleos del Partido Comunista que mantuvieron autodefensa en zonas de frontera, reintegraron las redes clientelares de sus partidos originales. L. A. Costa Pinto, el sociólogo brasileño, teorizó que las élites conservadora y liberal formaban en realidad un superpartido que coalescía para defender sus intereses de clase cuando eran amenazados: la observación es útil, pero funciona en dos direcciones. Si arriba las élites operaban como bloque bajo apariencia bipartidista, abajo los campesinos operaban como bloque bajo la misma apariencia. La conciencia revolucionaria autónoma que Torres postulaba no aparece con nitidez.

Está, por último, la dispersión de las cifras, que no es un problema técnico sino político. El conteo directo de Guzmán, Fals Borda y Umaña dio 134.820 muertos; Tirado Mejía y otros ampliaron esa cifra sumando heridos que murieron tras emigrar, hasta rozar los doscientos mil. Un estudio econométrico de 2019, basado en censos y tasas de natalidad, la redujo a poco menos de 58.000 víctimas mortales entre 1949 y 1958, y a menos de 40.000 en un escenario conservador que solo atribuye a la violencia política los homicidios claramente vinculados a represión o conflicto partidista. La brecha —una relación de uno a cinco entre los extremos— no es un ajuste marginal: es una discusión sobre qué contamos como muerte de La Violencia, y por tanto sobre cuán excepcional fue el fenómeno, cuán generalizado, cuán merecedor del veredicto de fracaso nacional que la sociología fundacional le imprimió. Cifras menores dificultan sostener la imagen de una revolución de masas abortada; cifras mayores la refuerzan. Elegir es interpretar.

Entonces, ¿qué tipo de hecho fue?

Ninguna de las dos posiciones extremas resiste el conjunto de la evidencia. No fue una revolución social frustrada en el sentido en que Torres, Hobsbawm o Gilhodes la pensaron: no hubo un campesinado con conciencia de clase autónoma cuya insurrección haya sido abortada por el pacto bipartidista de 1958. La reincorporación del voto conservador y liberal en las zonas masacradas, el fracaso sin resistencia de los tribunales de conciliación, la reabsorción de los guerrilleros liberales en el gamonalismo del Frente Nacional y la reconstrucción sistemática de la propiedad privada en las zonas de despojo son hechos difíciles de reconciliar con la tesis de la revolución abortada. Lo que en el paradigma fundacional aparece como conciencia frustrada fue, en la práctica rural, competencia bipartidista por tierras, empleos, rentas y protecciones locales, ejecutada con violencia extrema pero enmarcada institucionalmente en el sistema, no contra él.

Pero tampoco fue solo una guerra civil partidista al viejo estilo del siglo XIX. La escala del despojo, con cientos de miles de parcelas transferidas, ventas forzadas en épocas de cosecha cafetera, notarios y especuladores como agentes, y concentración territorial de la muerte en las zonas de frontera agrícola del Valle y en las cordilleras cafeteras, muestra una lógica de acumulación de tierras que no se explica por el odio sectario ni por el cálculo electoral. Hubo intereses de clase rural operando bajo cobertura bipartidista, y ese es el punto que la sociología fundacional acertó al identificar aunque erró al bautizar. Lo que Guzmán y sus colegas llamaron agrietamiento estructural fue en parte real: el sistema no colapsó, pero permitió que redes locales de terratenientes, comerciantes de café y políticos municipales ejecutaran una transferencia patrimonial masiva bajo garantía de impunidad partidista. Las directivas nacionales conservadoras no emitían llamados explícitos a la movilización armada, pero tenían fuertes incentivos para apoyarse en esas redes y respaldarlas con los diseños institucionales existentes.

La lectura más honesta reconoce dos niveles simultáneos que Kalmanovitz identificó con precisión: un enfrentamiento partidista, expresado en matanzas en distritos con empate o mayoría liberal, y un enfrentamiento clasista, con represión de organizaciones populares y sindicales. Los dos niveles no son alternativos, son consecutivos y anidados: el clientelismo bipartidista fue el vehículo institucional a través del cual se ejecutó y legitimó el despojo agrario, lo que hace inseparables ambas dimensiones. Reducir el fenómeno al sectarismo lo despolitiza estructuralmente; reducirlo a la lucha de clases lo desancla de sus modalidades reales de operación.

Queda, por encima de esas dos capas, la operación intelectual que fabricó La Violencia como concepto. Que los jóvenes académicos colombianos de los sesenta, cercanos al marxismo y defraudados por el Frente Nacional, hayan proyectado sobre el campesinado una conciencia revolucionaria que este no exhibía en las urnas ni en las notarías no es un detalle secundario. Fue la operación que convirtió el proceso —heterogéneo, regional, ambiguo— en bloque cerrado con veredicto nacional. La categoría La Violencia fue, en ese sentido, tanto un logro analítico como un dispositivo ideológico: permitió por primera vez pensar el fenómeno como totalidad, y al hacerlo lo cerró prematuramente en una interpretación que sirvió a la desilusión de sus autores más que a la evidencia disponible. El marco durkheimiano de anomia y agrietamiento y el marco marxista de conciencia de clase se superpusieron en un diagnóstico común de revolución imposible o frustrada, cuando en el campo el fenómeno era más rutinario y más siniestro: una acumulación por despojo canalizada por el clientelismo bipartidista, con la que el propio campesinado, una vez concluida la fase más aguda, aprendió a convivir.

¿Qué ocultó la categoría?

Cerrar el fenómeno en un bloque temporal —1946-1958, o 1948-1958, o 1946-1965 según la cronología que se adopte— produjo una periodización que después convino a todos los actores institucionales. Al Frente Nacional le convino porque le permitió declarar terminada la violencia justo cuando su pacto entraba en vigor, y presentar los años posteriores como restauración y no como continuidad. A la sociología comprometida le convino porque le dio un objeto acotado sobre el cual desplegar el veredicto de fracaso nacional. A la historiografía posterior le convino porque le permitió tratar la violencia posterior —las guerrillas de los sesenta y setenta, el paramilitarismo, el narcotráfico— como fenómenos nuevos y no como transformaciones del mismo proceso.

La cronología, sin embargo, no cierra tan limpiamente. La tasa de muertes violentas comenzó a descender en 1959 pero nunca retornó a los niveles previos a 1945-1947. Entre 1958 y 1966 se registraron más de 18.000 víctimas computadas, tres de cada cuatro en Cauca, Huila, Tolima, Valle del Cauca y Viejo Caldas: los mismos departamentos del ciclo anterior, con desplazamiento relativo del epicentro desde Caldas y Antioquia hacia Tolima y Valle. Los bandoleros de los sesenta, con boleteo y secuestro, dieron al proceso un carácter económico visible que muchos analistas leyeron como degeneración y que puede leerse mejor como continuidad: la misma violencia sobre las mismas zonas cafeteras, con los mismos jefes locales, con distinto lenguaje.

Y las guerrillas mismas fueron continuidad. Las autodefensas comunistas que resistieron la Operación Marquetalia en 1964, convertidas luego en guerrillas móviles y finalmente en FARC, provinieron directamente de las comunidades campesinas influenciadas por el Partido Comunista en el sur del Tolima durante La Violencia. Los combatientes que no se desmovilizaron, transformados por su propia lucha y por la influencia de la Revolución Cubana, dieron origen a nuevos frentes guerrilleros —con base social urbana ampliada— que sin embargo conservaron el sectarismo heredado de las guerras partidistas. La reconceptualización que en los años dos mil postuló una década de paz entre 1965 y 1975 para externalizar la violencia posterior en el narcotráfico funcionó políticamente pero mal históricamente: hubo descenso relativo de la mortalidad, no ausencia de conflicto, y el tratamiento meramente militar de los reductos campesinos —en lugar de una solución política integral— contribuyó de manera directa a la formación de la guerrilla en el período del Frente Nacional. La categoría La Violencia, cerrada en su bloque, ocultó que el Estado había resuelto la violencia visible perpetuando la impunidad estructural que la había producido.

¿Qué queda por resolver?

Tres flancos permanecen abiertos, y ninguno admite atajos. El primero es cuantitativo. La brecha entre las estimaciones más bajas —cercanas a 40.000 víctimas mortales directas— y las más altas —doscientos mil, incluyendo desplazados y heridos fallecidos posteriormente— no es reconciliable con las metodologías disponibles, y cada lectura del fenómeno depende de dónde se ubique en ese rango. Los estudios demográficos recientes obligan a revisar la excepcionalidad del proceso: si la mortalidad directa fue un tercio de la cifra canónica, la imagen de catástrofe nacional se atenúa, aunque no desaparece. Pero tampoco invalidan las estimaciones anteriores en la medida en que estas incluían categorías legítimas —desplazamiento, muerte tardía por heridas— si el objeto es el impacto total y no solo la mortalidad directa. La discusión no es sobre precisión estadística sino sobre qué se cuenta y por qué.

El segundo es interpretativo, y es donde el revisionismo empírico se topa con sus propios límites. La relación exacta entre las dos capas identificadas —enfrentamiento partidista y enfrentamiento clasista— no admite ponderación general. Que ambas coexistieron es claro; que fueron inseparables en la práctica también; pero el peso relativo de cada una varía por región, por período y por método, hasta el punto de que Sumapaz no es Urabá, Chaparral no es Sevilla, y el Valle cafetero no es el Cauca. En el sur del Tolima, la influencia comunista y la trayectoria hacia las FARC dan a la capa clasista un peso mayor; en el Viejo Caldas, la mecánica del despojo cafetero bajo etiqueta bipartidista domina; en el Valle, la lógica de frontera agrícola introduce una variable que no reproduce ni el modelo tolimense ni el caldense. Cualquier síntesis nacional traiciona la heterogeneidad regional, y esa traición es constitutiva del objeto: La Violencia como totalidad fue una construcción sesentera precisamente porque en el terreno el fenómeno era plural.

El tercero es metahistórico, y es el más difícil. Si la propia categoría La Violencia es un artefacto sesentero, queda por elaborar qué la reemplaza sin recaer en la crónica dispersa. Los revisionismos han criticado con eficacia el paradigma fundacional —han desmontado la tesis de la conciencia de clase, han cuantificado el clientelismo persistente, han rastreado la reconstrucción de la propiedad— pero no han producido todavía un marco alternativo que sostenga la totalidad del fenómeno. La Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en el marco de las negociaciones con las FARC, produjo ensayos con narrativas divergentes que reflejan esa polarización sin resolverla. A esto se suma una dificultad estructural: la violencia colombiana tiene impacto predominantemente local y regional, con escasa resonancia nacional, y esa habituación al conflicto limita la movilización ciudadana que sostendría una memoria histórica compartida. La pregunta por La Violencia sigue abierta porque los procesos que le dieron forma —el despojo canalizado por clientelismo, la impunidad partidista, la conversión de reductos campesinos en guerrillas— continúan operando bajo nombres nuevos, y porque el país todavía no ha decidido si quiere una categoría que los abarque a todos o una serie de categorías que los distingan. Esa indecisión es la forma actual de la pregunta.