Polarización

La polarización política en Colombia designa la fractura persistente por la cual la sociedad se organiza en torno a dos bloques antagónicos que se disputan no solo el poder sino la definición misma de la nación. No es un fenómeno del posconflicto ni una importación del debate global sobre democracias erosionadas: es una gramática heredada del bipartidismo armado del siglo XIX, congelada por el Frente Nacional, refactorizada por el uribismo desde 2002 en clave paz/guerra, cristalizada públicamente en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y consolidada en la era digital como identidad afectiva antes que como diferencia programática. Entenderla exige rastrear una línea de más de siglo y medio en la que las lealtades se heredan como se heredaba el apellido, y donde el adversario político ha sido, con recurrencia, un enemigo al que se combate por medios distintos a las urnas.

La matriz bipartidista: guerras civiles y lealtades heredadas

Álvaro Tirado Mejía ha caracterizado siglo y medio de vida republicana colombiana como la historia de un bipartidismo entre liberales y conservadores. Entre 1831 y 1902 se libraron sucesivas guerras civiles de distinta escala e intensidad —con antecedentes en las guerras de Independencia entre 1811 y 1816— que forjaron las adscripciones partidistas no como opciones programáticas sino como identidades transmitidas de generación en generación. En un país donde las diferencias sustantivas entre los dos partidos eran escasas —la relación con la Iglesia Católica fue de las pocas nítidas: los conservadores defendían sus privilegios legales, económicos y su control del currículo educativo público, mientras los liberales inclinaban hacia el anticlericalismo—, la militancia se sostuvo gracias a redes clientelistas verticales que conectaban veredas remotas con la política nacional mediante cadenas de patronazgo.

Esa arquitectura produjo una paradoja duradera: las clases populares y rurales se identificaban intensamente con partidos que no representaban sus intereses de clase, y el debate político tenía un carácter predominantemente simbólico, débilmente articulado a los conflictos sociales que decía representar. Lo social quedaba mediatizado por la lógica del juego político, y ese juego era binario. Las terceras fuerzas —socialistas, comunistas, movimientos independientes— nunca lograron perdurar ni horadar el monopolio bipartidista sobre la opinión pública y las urnas.

La Violencia y el asesinato de Gaitán

La década de 1930 muestra ya un deterioro de las relaciones interpartidistas que anticipa lo que vendría. La retórica de intolerancia impulsada por líderes como Laureano Gómez —desde el Congreso y la prensa— alentó la idea de que el problema del poder no se dirimiría en las urnas sino por otros medios. Las frases desafiantes desde esos espacios operaban como habilitación cotidiana de la violencia.

El retorno conservador al poder en 1946 con Mariano Ospina Pérez, facilitado por la división liberal entre Gabriel Turbay y Jorge Eliécer Gaitán, coincidió con el inicio del período convencionalmente llamado La Violencia. El 9 de abril de 1948, el asesinato de Gaitán en Bogotá desencadenó el Bogotazo: disturbios masivos, saqueos e incendios en el centro capitalino y en otras ciudades. La significación del magnicidio trasciende la coyuntura. Gaitán fue el único de los grandes líderes populistas latinoamericanos de su generación —junto a Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Getúlio Vargas y Víctor Raúl Haya de la Torre— que murió asesinado, y con él quedó abortado un proyecto populista que ofrecía, al menos discursivamente, una salida distinta a la binariedad partidista.

Lo que siguió fue una guerra rural. Guerrillas liberales organizadas por caudillos locales se enfrentaron a lo largo del país con vigilantes conservadores, respaldados con frecuencia por las fuerzas de seguridad estatales. La cifra convencional habla de hasta 200.000 muertos. El conflicto tuvo dos olas principales: la primera entre 1946 y 1953, bajo el gobierno y la dictadura conservadora —con 1949 como año particularmente crítico en el agudizamiento del enfrentamiento entre los jefes de ambos partidos—; la segunda entre 1953 y 1957, bajo la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. En el campo, las lealtades partidistas eran tan densas que el vecino de otro color podía convertirse en enemigo mortal.

El Frente Nacional: congelar sin resolver

El Pacto de Benidorm, firmado el 24 de julio de 1956 por Alberto Lleras Camargo y Laureano Gómez, y ratificado luego en plebiscito, dio origen al Frente Nacional. El acuerdo estableció la alternancia presidencial entre liberales y conservadores y el reparto paritario de curules en corporaciones públicas, ministerios, administración pública y rama judicial. Formalmente rigió hasta 1974, aunque sus dinámicas de reparto burocrático y de baja competencia entre los partidos tradicionales se prolongaron hasta finales de la década de 1970. Su duración fue comparable a la de la primera República Liberal del siglo XIX, y equivalente al doble del tiempo que rigieron la Regeneración o la segunda República Liberal: uno de los sistemas políticos más largos de la vida republicana colombiana.

El pacto tuvo un mérito indiscutible: redujo la violencia bipartidista que había desangrado al país. Pero lo hizo al costo de convertir a la democracia en un club cerrado. Al distribuir institucionalmente el poder solo entre liberales y conservadores, cerró las puertas a cualquier fuerza política que no fuera una de las dos ramas del árbol tradicional. Esa exclusión estructural fue la partera de las guerrillas que definirían las décadas siguientes. Las FARC surgieron precisamente en el marco del Frente Nacional: la ofensiva militar del Estado contra grupos armados vinculados al Partido Comunista precipitó su transformación en guerrilla revolucionaria, en un contexto donde las estrategias de contención al comunismo no cesaron pese al pacto bipartidista. El ELN y, más tarde, el M-19 completarían el catálogo.

El Frente Nacional, así, no resolvió la polarización: la congeló. Sacó la violencia interpartidista del centro del sistema y la desplazó hacia sus márgenes, donde el conflicto se reconfiguró como guerra entre el Estado y las insurgencias armadas. La fractura, entretanto, se refugió en las estructuras clientelistas y en una cultura política que seguía pensando el poder como una torta a repartir entre dos.

El exterminio de las terceras fuerzas

Cuando en los años ochenta se intentó abrir el sistema —con la desmovilización parcial de guerrillas y la incorporación de nuevas fuerzas a la competencia electoral—, la respuesta fue la violencia selectiva. La Unión Patriótica es el caso paradigmático. Entre 1984 y 2002, la violencia contra la UP se extendió a uno de cada tres municipios del país y produjo, además de miles de homicidios, miles de víctimas de desplazamiento forzado —la segunda violación de derechos humanos más frecuente contra sus militantes—, junto a amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas y secuestros. La persecución se concentró geográficamente: cerca de la mitad de las víctimas se acumuló en tres subregiones —Ariari-Guayabero, Magdalena Medio y Urabá—, una distribución territorial lejos de ser aleatoria.

El desplazamiento forzado operó como mecanismo de expulsión territorial de la militancia y de los líderes, desarticulando la dinámica social del movimiento y siendo, para muchos sobrevivientes, el primer trayecto hacia el exilio. Candidatos presidenciales de terceras fuerzas fueron asesinados. La causa exacta de esa violencia —la intolerancia de sectores dominantes, la connivencia estatal, la falta de cohesión popular o las prácticas políticas deficientes de los propios movimientos— sigue siendo objeto de disputa, pero el efecto es inequívoco: la aritmética del bipartidismo se protegió eliminando físicamente a quienes intentaron introducir un tercer término.

Ese exterminio tuvo también su justificación pública desde el paramilitarismo, articulada sobre la retórica del vacío estatal. Salvatore Mancuso, líder paramilitar acusado en 2003 de 21 homicidios y complicidad en tres masacres, defendió el accionar de sus grupos apelando a una supuesta ausencia del Estado que la organización habría venido a suplir. La fórmula ilustra un mecanismo recurrente: la percepción de vacío institucional —así sea invocada de manera espuria— sirvió para legitimar la violencia paraestatal contra las alternativas al bipartidismo, mientras la impunidad operaba como habilitador de la "justicia por propia mano" y retroalimentaba el conflicto armado.

El resultado fue una polarización cuya profundidad se explica, en parte, porque las opciones intermedias fueron eliminadas físicamente. El país no se fracturó solo porque heredara una cultura política binaria: también porque quienes intentaron ofrecer alternativas por fuera del bipartidismo fueron sistemáticamente asesinados, desplazados o silenciados.

2002: la refactorización uribista

El fin del siglo XX encontró al bipartidismo debilitado. Los jefes naturales de los partidos tradicionales habían perdido influencia, y el fracaso del proceso de paz de Andrés Pastrana con las FARC —roto en febrero de 2002— dejó a la opinión pública receptiva a un discurso que rompiera con el statu quo. Álvaro Uribe Vélez, candidato disidente del Partido Liberal tras rechazar la consulta interna que favorecía a Horacio Serpa, se presentó bajo el movimiento Primero Colombia y capitalizó ese vacío.

Su llegada al poder marca una refactorización de la polarización colombiana. El eje ya no será liberal/conservador —esa distinción se había vaciado desde el Frente Nacional— sino uribismo/antiuribismo, articulado en torno a la posición frente a las FARC. La Política de Seguridad Democrática involucró por primera vez al conjunto del aparato estatal —no solo a las fuerzas militares— en el combate a los grupos armados ilegales, en una diferencia sustantiva respecto a administraciones anteriores. Parte del proceso de modernización militar había arrancado en 1999 bajo Pastrana con el Plan Colombia, aunque el crédito por los resultados quedó adherido, en la memoria pública, a Uribe.

Uribe utilizó un lenguaje agresivo y pendenciero como estrategia política deliberada, orientada a construir consenso en torno a la guerra contra las FARC y al proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia. Su candidatura y su gobierno fueron objeto de acusaciones sobre nexos con el paramilitarismo —vinculadas a la promoción de las cooperativas Convivir durante su gobernación de Antioquia— y sobre relaciones con el narcotráfico. La polarización que produjeron sus dos presidencias fue de tal intensidad que arrastró a medios, analistas y formadores de opinión a los extremos del espectro, con pérdida de racionalidad y coherencia en la evaluación del desempeño de la dirigencia nacional. La contienda dejó de ser sobre políticas para volverse sobre lealtades.

El 26 de febrero de 2010, la Corte Constitucional cerró por siete votos contra dos la puerta a una segunda reelección, al rechazar el plebiscito que la habría habilitado. Uribe salió del poder pero no del centro del sistema: se convirtió en el eje en torno al cual se ordenaría la política colombiana durante la siguiente década.

Santos, la paz y la ruptura

Juan Manuel Santos fue protegido político de Uribe y su ministro de Defensa antes de ser elegido presidente en 2010. La ruptura fue casi inmediata. Al iniciar Santos el proceso de paz con las FARC, Uribe se convirtió en su crítico más vocal, atacándolo en redes sociales y acusándolo de ceder ante los terroristas. Un aparato de comunicación construido durante ocho años en la Casa de Nariño se volcó contra el sucesor. La grieta uribismo/santismo reorganizó el mapa político.

Las elecciones presidenciales de 2014 fueron el primer termómetro. En primera vuelta, Óscar Iván Zuluaga —candidato del Centro Democrático, el partido que Uribe había fundado tras salir del gobierno— obtuvo el 29,3% frente al 25,7% de Santos. En junio, Santos fue reelegido con el 51% de los votos frente al 45% de Zuluaga, en una contienda que muchos analistas interpretaron como un referendo sobre la paz más que como la consolidación de una base política propia. El eje discursivo se estructuró en torno a la oposición guerra/paz por el lado de Santos y justicia/impunidad por el lado uribista: una fractura que se trasladaría intacta al plebiscito dos años después.

El plebiscito de 2016: la cristalización pública

El domingo 2 de octubre de 2016, los colombianos fueron convocados a las urnas para responder a una pregunta: "¿Apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?". La Ley 1806 —la ley estatutaria del plebiscito— había fijado un umbral aprobatorio superior al 13% del censo electoral: un mínimo de 4.536.992 votos para que ganara el Sí.

El No ganó. La sorpresa fue mayúscula. Encuestadoras, partidarios del acuerdo y buena parte del comentariado internacional habían dado por descontada la victoria del Sí. El Instituto Kroc había calificado al acuerdo colombiano como el más integral del mundo y como el que mayores probabilidades tenía de gestar un posconflicto pacífico y sostenible. El resultado sorprendió también a quienes defendían el Sí: la magnitud del rechazo hacia las FARC en amplios sectores del país no había sido suficientemente anticipada.

El Centro Democrático, el sector pastranista del Partido Conservador y organizaciones gremiales como Fedegán habían llamado a oponerse al acuerdo, por convicciones ideológicas, cálculos electorales o agravios políticos. Uribe había declarado que el acuerdo era de impunidad total y que violaba la Constitución y las normas internacionales. Meses después, el coordinador de la campaña por el No admitiría explícitamente el uso de medias verdades y falsas noticias para confundir a la opinión pública durante la campaña: un reconocimiento que reconfiguró retrospectivamente la lectura del plebiscito e inauguró en Colombia el vocabulario de la desinformación como práctica electoral asumida.

La geografía del voto trazó su propio mapa: algunas regiones históricamente golpeadas por el conflicto —el Cauca a través de sus autoridades, el Valle en las urnas— expresaron esperanza en el acuerdo, mientras que zonas urbanas alejadas de la guerra se inclinaron por el No. Una voz cercana al proceso reconocería después que convocar el plebiscito pudo haber sido un error: le daba legitimidad democrática al acuerdo, sí, pero lo exponía a un resultado adverso con lógica de todo o nada.

Tras la derrota, el Gobierno introdujo ajustes al acuerdo respondiendo a críticas planteadas por sectores del No. El nuevo texto fue firmado en el Teatro Colón el 24 de noviembre de 2016 y ratificado por el Congreso. Pero la fractura ya estaba a la vista de todos. El plebiscito no había creado la polarización: la había cristalizado públicamente, obligando a cada colombiano a marcar una casilla y quedar clasificado. Lo que hasta entonces había sido una disputa de élites y una fractura latente se convirtió en identidad afectiva masiva.

Duque: la polarización como gobierno

Iván Duque llegó a la presidencia en 2018 como candidato del Centro Democrático y expresión del uribismo institucional. Su gobierno operó bajo una lógica de bloqueo hacia el legado de Santos. La cooperación entre expresidente y presidente en ejercicio —parte del pacto tácito de la vida republicana colombiana— fue sistemáticamente rechazada. Santos ofreció colaboración en múltiples coyunturas: el paro estudiantil de 2018, las protestas de 2019, la pandemia, el huracán Iota que devastó Providencia en noviembre de 2020, el paro nacional de 2021. Ninguna de esas ofertas obtuvo respuesta. Duque evitó pronunciar el nombre de su antecesor.

En el caso de Providencia, Santos gestionó ante la Fundación Rockefeller —de cuya junta directiva forma parte— algún tipo de apoyo para la isla arrasada, sin que el gobierno respondiera al ofrecimiento. La pauta era consistente: la grieta se había vuelto lógica de Estado.

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —los PDET, uno de los pilares transformadores del acuerdo— no alcanzaron la transformación participativa regional prevista y quedaron limitados a proyectos demostrativos validados por la Misión de Verificación de la ONU. Fueron valorados como punto de partida por quienes participaron del proceso, pero la implementación integral del acuerdo se vio ralentizada. La polarización institucional tenía costos materiales.

Petro y el nuevo eje

En diciembre de 2013, el procurador general de la nación había destituido e inhabilitado por quince años a Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, por el caos generado en la reforma al sistema de recolección de basuras y el detrimento patrimonial causado. La decisión sería posteriormente revertida, pero prefiguraba una constante en su trayectoria: Petro como figura de disputa institucional intensa. Frente al proceso de paz, mantuvo una posición matizada. Planteó una distinción entre "paz pequeña" —el acuerdo entre el Estado y las FARC— y "paz grande", y expresó desconfianza inicial hacia el proceso dadas las condiciones en que se encontraban las FARC.

Su triunfo en la primera vuelta presidencial de 2022 —y luego en la segunda, que lo convirtió en el primer presidente de izquierda en la historia moderna del país, con Francia Márquez como vicepresidenta— reordenó el eje de la fractura. El clivaje que hasta entonces había sido uribismo/antiuribismo, articulado sobre el conflicto armado, se desplazó hacia un eje centro/periferia con contenido más marcadamente ideológico. El análisis electoral de 2022 identificó ese clivaje en los comportamientos de voto: Bogotá se alineó con los patrones de la periferia durante los últimos diez años, a diferencia de los municipios del centro. La geografía electoral cambió sin que la lógica binaria de la política colombiana se transformara.

La polarización no desapareció con la salida del uribismo del poder ejecutivo: mutó. El nuevo antagonismo enfrentó al petrismo con una oposición heterogénea en la que el uribismo seguía siendo referencia, pero ya no monopolio. La gramática seguía siendo la misma.

La era digital: identidad afectiva y desinformación

La forma contemporánea del fenómeno no puede entenderse sin las redes sociales. Uribe y Petro son casos paradigmáticos de políticos que convirtieron sus cuentas de Twitter en medios en sí mismos, referentes que las campañas intentan replicar. La comunicación directa —sin filtro periodístico, sin mediación institucional— permite a los líderes construir marcos interpretativos que se propagan a velocidad viral y refuerzan las identidades de los seguidores.

A ese poder de amplificación se han sumado prácticas de manipulación. En Colombia existen indicios de un mercado negro de Twitter orientado a crear apoyos artificiales a candidatos, con mecanismos que van desde cuentas automatizadas hasta operaciones más sofisticadas de amplificación. La campaña por el No en 2016 dejó documentado el uso deliberado de medias verdades y falsas noticias. La polarización afectiva encuentra en estas herramientas su combustible ideal: no importa tanto la verdad del contenido cuanto el afecto que moviliza contra el adversario.

El ecosistema mediático tradicional no ha sido contrapeso suficiente. Los medios locales y regionales han estado condicionados en sus narrativas sobre el conflicto por la dependencia de la pauta publicitaria y el sistema de "cupos", lo que genera autocensura y subordinación a los poderes que financian la información. La independencia de las agendas informativas frente a intereses de financiadores se ha visto erosionada, afectando la representación del conflicto armado y, con ella, la conversación pública sobre las opciones políticas.

La memoria misma quedó atrapada en esa dinámica. Los ensayos de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, en lugar de decantarse en un relato compartido sobre los orígenes y responsabilidades de la guerra, reforzaron la grieta existente: cada bando encontró en aquellos textos el marco que confirmaba su propia versión del pasado, y el debate sobre lo ocurrido pasó a operar con la misma lógica de bloques con que se discutía el presente.

Estructura y contingencia del fenómeno

La ciencia política ofrece varias claves para pensar lo colombiano, y ninguna basta por sí sola. El modelo espacial clásico —que asume un electorado con distribución centrista y políticos racionales incentivados a moderarse, porque desplazarse hacia los extremos implica perder más votantes de los que se ganan— predeciría una convergencia hacia el centro que Colombia no ha vivido. La persistencia de dinámicas polarizadoras sugiere entonces que otros incentivos dominan: la lealtad clientelista, la movilización afectiva y el control territorial armado. Medir la distancia ideológica entre bloques, como propone la literatura sobre calidad de las democracias, importa menos aquí que entender por qué esa distancia se sostiene incluso cuando los programas convergen.

El clientelismo es una de esas piezas explicativas. Ha operado históricamente como un sistema de negociación mediante el cual las clases dominantes distribuyen bienes y servicios escasos a cambio de apoyo electoral, funcionando como un sistema de seguridad social deformado que se alimenta del atraso y el desempleo. Se articula, así, una economía de prestaciones y contraprestaciones que sostuvo la adscripción partidista más allá de los intereses de clase, y que sigue operando bajo formas modernizadas en la política contemporánea. El voto se ancla en la red de favores, no en la evaluación programática, y el sistema binario se reproduce a sí mismo desde abajo.

Una tercera clave viene de la literatura comparada sobre desigualdades horizontales, que ha mostrado la asociación empírica entre polarización social, exclusión intergrupal y conflicto violento. Los conflictos basados en exclusión grupal se vuelven violentos cuando las instituciones de resolución de conflictos, disuasión o coerción fallan. Aplicado a Colombia, el argumento permite entender por qué los efectos civilizadores y pacificadores usualmente atribuidos a la democracia pueden resultar neutralizados: la democracia no basta por sí sola y puede convivir con altos niveles de violencia política si las instituciones que deberían procesar el disenso están capturadas, son débiles o resultan cómplices.

Estas tres claves —incentivos partidistas, lealtades ancladas por debajo del programa, conexión entre exclusión y violencia— no son competitivas sino complementarias. Cada una ilumina una capa distinta del mismo fenómeno, y juntas permiten entender por qué la polarización colombiana no admite una explicación monocausal.

Sus raíces estructurales son innegables: siglo y medio de bipartidismo armado, un Frente Nacional que cerró institucionalmente el sistema durante casi dos décadas, un aparato clientelista que ancló las lealtades por debajo de las diferencias programáticas, y un exterminio sistemático de terceras fuerzas que eliminó físicamente las alternativas al binarismo. Esa herencia explica la profundidad de la grieta y su capacidad de reactivarse ante cada coyuntura.

Pero la forma contemporánea del fenómeno —identidad afectiva más que ideológica, amplificada digitalmente, articulada en torno al eje uribismo/antiuribismo primero y centro/periferia después— es también producto de contingencias. Uribe llegó al poder como candidato disidente que capitalizó el fracaso de Pastrana en un momento de debilitamiento de los partidos tradicionales. El plebiscito de 2016 fue una decisión estratégica cuyo diseño —umbral aprobatorio bajo, pregunta única, lógica de todo o nada— expuso el acuerdo a un resultado adverso que no era inevitable. La captura del discurso por redes sociales sin filtros institucionales es un fenómeno tecnológico de las últimas dos décadas, no una constante histórica.

La estructura explica la disposición del terreno; la contingencia explica la forma y el momento del incendio. Los grandes rasgos —lealtades transmitidas, adversarios convertidos en enemigos, terceras opciones ahogadas— vienen del siglo XIX; la textura afectiva del presente, con sus tuits al alba y sus campañas de desinformación industriales, es del siglo XXI.

Los balances del acuerdo de paz muestran ese doble movimiento. La reincorporación de exguerrilleros de las FARC avanzó pese a un contexto adverso; los PDET produjeron proyectos demostrativos aunque no la transformación regional esperada; la Jurisdicción Especial para la Paz consolidó sus procesos de esclarecimiento en medio del cuestionamiento permanente desde el uribismo. Colombia salió del episodio armado más largo del hemisferio occidental sin salir de la fractura que lo alimentaba. Cada intento de reforma democrática —desde la apertura constitucional de 1991 hasta el acuerdo de La Habana— opera contra una inercia histórica que empuja hacia el binarismo. La salida no es solo institucional: requiere transformar los mecanismos que reproducen la lógica de bloques, desde el clientelismo hasta la desinformación digital, desde la captura mediática hasta las estructuras de violencia que castigan a quien se sale del guion.

La grieta sigue ahí. Cambia de ejes, muta en su vocabulario, migra de plataformas. Pero permanece como estructura de fondo, recordando que la historia colombiana ha sido, con pocas interrupciones, la historia de dos bandos que se disputan no solo el gobierno sino el país. El desafío contemporáneo consiste en construir, de manera sostenida, un espacio político en el que la diferencia no dependa de la producción constante de enemigos.