Francia Márquez

La Toma como matriz

Para entender a Francia Márquez hay que empezar por el lugar, no por la persona. La Toma es una comunidad afrodescendiente asentada en el municipio de Suárez, en el norte del Cauca, sobre la cuenca del Alto Cauca. Su presencia en ese territorio se remonta a varios siglos: son descendientes de personas esclavizadas que trabajaron las minas coloniales y que, tras la abolición, permanecieron en la región practicando una minería artesanal —barequeo en los ríos, socavones en las montañas— que fue durante generaciones la base estable de la economía comunitaria. Esa estabilidad sostuvo formas propias de vida, autoridad y relación con el río hasta comienzos de la década del 2000, cuando irrumpieron dos fuerzas que reordenaron el paisaje: el paramilitarismo y las pretensiones de minería a gran escala.

La comunidad ya había sufrido antes un golpe estructural. La represa de Salvajina, construida en el mismo municipio de Suárez, había convocado a más de cinco mil trabajadores foráneos, y con ellos llegaron desapariciones, prostitución, muertes de obreros, accidentes y un deterioro social que las comunidades ribereñas cargaron sin recibir contrapartida. Encima de esa herida vieja se planteó, en los años siguientes, una segunda fase del proyecto: desviar el río Ovejas hacia La Salvajina y construir una represa sobre el río Timba, iniciativas que continuaron poniendo en riesgo a las poblaciones del territorio. La Toma aprendió temprano que el desarrollo, cuando se decide lejos, pasa por encima de los cuerpos y los cauces.

Francia Márquez nació en 1981 dentro de esa geografía cargada. Creció en una comunidad donde el oro era oficio ancestral y no negocio corporativo, donde el río era despensa y no recurso, y donde la palabra "territorio" no describía un mapa sino una forma de estar en el mundo. Ese vocabulario —heredado, no aprendido en la academia— es el que después ella llevaría a las cortes, a las plazas y al Palacio de Nariño. La niña que barequeaba en los ríos del Alto Cauca aprendió antes que en ningún salón que la política de las cosas se juega en la geografía concreta: en qué mano cae el oro, en qué dirección se desvía el agua, quién decide qué es legal en un territorio habitado siglos antes de que existieran títulos.

El caso ante la Corte Constitucional

A finales de 2009, los activistas de La Toma comenzaron a recibir notificaciones oficiales de desalojo. El gobierno declaraba ilegal la ocupación de un territorio que la comunidad venía habitando desde hacía siglos. La paradoja jurídica era brutal: el Estado exigía títulos a quienes lo antecedían, y lo hacía en el momento preciso en que el oro subterráneo del norte del Cauca atraía a empresas mineras, guerrillas, mafias locales y estructuras paramilitares. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) no había reconocido a La Toma como comunidad negra tradicional con derechos sobre territorio colectivo, y esa ausencia de título se convirtió en la palanca administrativa para intentar despejar la zona.

Alrededor de las notificaciones se tejió un clima de amenazas de muerte, desplazamientos y asesinatos de líderes comunitarios. En el trasfondo operaba un fenómeno más amplio: en el norte del Cauca, las zonas con fuerte presencia paramilitar coincidieron con aquellas donde se desarrolló luego la minería ilegal con retroexcavadora, un nexo territorialmente visible. La bonanza aurífera atrajo a paramilitares, guerrillas y mafias, y la minería mecanizada operó desde entonces bajo protección armada, con las comunidades y sus economías tradicionales como daño colateral y como obstáculo. En pueblos vecinos, líderes que se habían opuesto al ingreso de retroexcavadoras aparecieron asesinados; en La Toma, la posibilidad del desalojo se leía a la luz de esos cuerpos.

Frente al desalojo, la comunidad llevó su caso ante la Corte Constitucional. El tribunal falló a favor de la comunidad. Determinó que, incluso sin título colectivo, toda actividad minera en La Toma —salvo la minería tradicional a pequeña escala— quedaba sujeta a restricciones, y reafirmó en su jurisprudencia sobre consulta previa que las comunidades étnicas debían ser oídas, informadas y consultadas de manera efectiva, con exigencias reforzadas para los grandes proyectos de inversión o de explotación de recursos naturales en territorios habitados tradicionalmente por comunidades indígenas o tribales.

Ese fallo no fue una victoria menor. La Corte Constitucional, creada por la Carta de 1991, se había consolidado a lo largo de dos décadas como una de las instituciones más fuertes y confiables del país, y ocupaba en 2006 un lugar destacado entre los tribunales constitucionales de las Américas. Su activismo en materia de derechos humanos hizo institucionalmente posible que una comunidad como La Toma —sin título, sin capital político nacional, con líderes amenazados— llegara hasta ella y obtuviera protección. La sentencia consagró jurídicamente lo que Márquez y sus compañeros venían diciendo por vías de hecho: que el orden constitucional colombiano no permite que el subsuelo se extraiga por encima de las comunidades que habitan el suelo. La lideresa que salió de ese proceso ya no era solo de La Toma.

De la marcha de los turbantes al Premio Goldman

Los años siguientes al fallo profundizaron el liderazgo de Márquez en dos direcciones: la denuncia sostenida de la minería ilegal y la organización de mujeres afrocolombianas en defensa del territorio. Movilizó a un grupo de mujeres de La Toma en una marcha larga hasta Bogotá para exigir el retiro de las retroexcavadoras que operaban en los ríos del norte del Cauca. Esa acción convirtió una demanda comunitaria en presión política nacional y visibilizó, con el gesto físico de mujeres caminando cientos de kilómetros con turbantes anudados a la cabeza, una violencia que los medios habían tratado como noticia regional. El cuerpo de las marchantes se volvió, durante esas semanas, la única prueba pública de que en el norte del Cauca estaba pasando algo que no cabía en el registro habitual del conflicto.

En 2018, esa trayectoria recibió reconocimiento internacional. Márquez fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman, distinción que suele considerarse el mayor reconocimiento mundial al activismo ambiental de base. El premio no la sacó del peligro —la reconoció, más bien, como una defensora ambiental de alto perfil en un país donde ese título funciona demasiadas veces como sentencia—, pero le dio una plataforma internacional desde la cual la política colombiana comenzó a mirarla como algo más que una lideresa local.

Su condición de defensora se inscribía en un patrón sistémico. Las amenazas fueron, en Colombia, el principal mecanismo violento para acabar con las labores de liderazgo social; los asesinatos selectivos de líderes comunitarios operaron como estrategia deliberada para instalar el miedo y sustraer al sujeto político de la esfera pública. Desde el segundo semestre de 2009, las organizaciones de mujeres denunciaron un incremento de amenazas, ataques y hostigamientos contra lideresas, muchas veces bajo la firma de las Águilas Negras. El Bloque Capital de esa estructura llegó a emitir un panfleto amenazando a más de treinta organizaciones de derechos humanos, con lenguaje explícito de exterminio dirigido a mujeres defensoras, entre ellas Yovana Sáenz, secretaria de género de Afrodes en Bogotá.

Las encuestas realizadas a mujeres afrocolombianas desplazadas en Cartagena, Cali, Quibdó, Tumaco y Bogotá pusieron cifras al miedo. La muerte llegaba primero como palabra: se les había ordenado desocupar sus tierras bajo amenaza directa. Y esa palabra se extendía, en una proporción todavía mayor, hasta los hijos y los familiares, como si el chantaje necesitara siempre un cuerpo más que el propio para funcionar. Márquez habitaba ese mapa. En 2019, en Lomitas, fue víctima —junto con otros líderes del Cauca— de un ataque con explosivos y armas de fuego, del cual sobrevivió. La sobrevivencia, en ese contexto, no era un dato biográfico menor: era la condición material desde la cual pudo dar el paso siguiente.

La irrupción electoral de 2022

Márquez había hablado antes desde la comunidad, la marcha y la corte. En 2022 habló desde la papeleta. Se presentó a la consulta interpartidista del Pacto Histórico como precandidata presidencial, en una decisión que rompía con la lógica tradicional de las cuotas afrocolombianas en la política nacional: no aspiraba a un cupo, aspiraba a la presidencia. En esa consulta obtuvo un caudal de votos que la puso en el centro del tablero y que hizo imposible ignorarla en el arreglo interno de la coalición. Gustavo Petro, quien encabezaba la fórmula presidencial del Pacto, la eligió como candidata vicepresidencial.

La primera vuelta, el 29 de mayo de 2022, dejó a Petro en cabeza con 8.541.617 votos —el 40,34% del total— y descolocó por primera vez en décadas al establecimiento tradicional del Estado. Detrás quedaron Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, con 5.965.335 votos, y Federico Gutiérrez, de Equipo por Colombia, con 5.069.448. La segunda vuelta enfrentó a Petro-Márquez con Hernández y la ganó la fórmula del Pacto, que llevó por primera vez a la izquierda al gobierno nacional.

Esa victoria no fue el efecto de una campaña. Fue el producto de una acumulación estructural: décadas de movilización de comunidades negras e indígenas, luchas por justicia racial, reivindicaciones territoriales y una fatiga extendida con el modelo político anterior. La plataforma de Márquez, centrada en la justicia social y en los sectores más marginalizados —comunidades afrocolombianas, indígenas, poblaciones pobres—, fue el puente entre esa acumulación y la coalición progresista que Petro encabezaba. En sus discursos insistió en una frase que se volvió firma: "vivir sabroso", tomada del habla comunitaria del Pacífico y llevada al lenguaje de campaña como síntesis de una idea de vida digna, de cuidado y de dignidad no reducida a productividad. El eslogan funcionó porque no era eslogan: era gramática heredada.

La Vicepresidencia

Márquez asumió el cargo el 7 de agosto de 2022. Con ella se creó, dentro de la estructura del ejecutivo, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, del que fue designada titular. La cartera fue concebida como el vehículo institucional para materializar la agenda de la vicepresidencia: políticas para comunidades étnicas, mujeres, poblaciones LGBTIQ+, campesinos, personas mayores y territorios históricamente marginados. La creación del ministerio fue objeto de disputa jurídica y política durante todo el gobierno, y su implementación —lenta, cargada de fricciones internas al propio Pacto Histórico y limitada por restricciones fiscales— se convirtió en uno de los termómetros más discutidos del gobierno Petro-Márquez.

En el ejercicio del cargo, Márquez desplegó una agenda internacional propia, particularmente en torno a la diáspora africana, las relaciones sur-sur y la agenda ambiental global. Viajó a varios países del continente africano, planteando por primera vez desde la vicepresidencia colombiana un vínculo diplomático explícito con las raíces afrodescendientes del país. En el plano interno, sostuvo posiciones críticas frente a la minería a gran escala, la expansión extractiva y la violencia sostenida contra líderes sociales, y mantuvo tensión pública con sectores empresariales y con la oposición política, que la atacó muchas veces con connotaciones raciales explícitas.

Esa hostilidad fue una constante. Cuando figuras políticas negras cuestionan el statu quo en Colombia, son tratadas con brutalidad y con carga racial, mientras que a otros congresistas no se les menciona por el color de la piel —el caso de Piedad Córdoba lo ilustró antes que el de Márquez—. La vicepresidenta ha sido objeto de campañas de descalificación que oscilan entre el escrutinio legítimo de una alta funcionaria y el racismo declarado, y las amenazas contra su vida no cesaron con la posesión. El Palacio de Nariño resultó ser, para ella, otra trinchera más que un refugio.

La red

Alrededor de Márquez se teje una red que precede y excede su figura, y que solo se entiende como tejido, no como lista. En el punto más cercano está la comunidad de La Toma y su Consejo Comunitario Afrodescendiente, cuya documentación sostenida —hecha en colaboración con el Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad Javeriana— convirtió una historia oral en expediente y permitió sostener el caso frente al Estado y las empresas. En el mismo círculo está Clemencia Carabalí, lideresa histórica del norte del Cauca, compañera de trayectoria y de causas, con quien Márquez ha compartido movilizaciones, denuncias y riesgos. Más allá de ese núcleo local, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) —surgido en la Buenaventura urbana a partir de organizaciones juveniles, populares y culturales— aportó el andamiaje organizativo mayor: participó desde antes en la discusión preconstituyente sobre el papel de la población negra en la Constitución de 1991 y orientó luego su trabajo hacia la reivindicación étnico-territorial que Márquez heredaría.

El otro cordón de esa red es jurídico. La Constitución de 1991 abrió una puerta: ordenó reconocer la propiedad colectiva de las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en las zonas ribereñas del Pacífico. Dos años después, una ley cumplió ese mandato y creó los consejos comunitarios como forma propia de gobierno del territorio, con funciones de protección y uso sustentable de sus recursos. Sin ese piso legal, la reivindicación de La Toma habría quedado en el aire; con él, cada asamblea comunitaria adquirió peso institucional.

En el otro extremo del arco está la fórmula presidencial con Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y exmiembro del M-19, cuyo camino político venía de otra genealogía —la izquierda urbana, la desmovilización guerrillera, el municipalismo capitalino— y cuya alianza con Márquez unió en una misma papeleta dos tradiciones históricamente separadas de la política crítica colombiana: la izquierda partidaria y el movimiento social afroindígena. La coalición no era natural; su solidez y sus fisuras a lo largo del gobierno mostraron que la unión entre esas dos tradiciones sigue siendo un trabajo en curso.

Las tensiones

La figura de Márquez concentra un conjunto de tensiones que conviene nombrar sin diluirlas.

El mismo Estado que en 2009 notificó a La Toma su presunta ilegalidad, que dejó operar a paramilitares y mineros ilegales en el norte del Cauca, y que no supo —o no quiso— proteger a los líderes amenazados, es el Estado que en 2022 incorporó a Francia Márquez como vicepresidenta. La inclusión de una lideresa afropacífica en el ejecutivo coexistió con la persistencia del despojo territorial. Tras el Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016, en departamentos como Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander continuaron los asesinatos selectivos, los desplazamientos forzados y el confinamiento de comunidades afrocolombianas e indígenas. La vicepresidencia de Márquez no detuvo esa maquinaria; en el mejor de los casos, le puso nombre desde el Estado.

La segunda tensión es más estructural. El marco legal desde el que se articuló buena parte de la reivindicación afrocolombiana privilegia la dimensión étnico-territorial y solo despliega toda su fuerza en determinados espacios rurales. Pero el grueso de la población afrocolombiana vive en ciudades. De ahí que la movilización afrocolombiana avance sobre dos pies que no siempre pisan al mismo tiempo: uno defiende la especificidad económica, cultural y ecológica del territorio; el otro pelea contra el racismo urbano y por el acceso a educación, trabajo y vivienda. La gramática política de Márquez —territorio, ancestralidad, cuidado, vivir sabroso— nació en el primer pie y ha tenido que estirarse para hablar también con el segundo, con resultados desiguales.

La tercera tensión es la del propio lugar de la élite política negra en Colombia. Buena parte de la élite afrodescendiente que ha logrado aceptación institucional pagó ese ingreso con adhesiones incómodas: respaldó tratados de libre comercio, participó sin filo crítico en gobiernos neoliberales y equiparó el empoderamiento negro con el ascenso de una clase media profesional, reduciendo la lucha antirracista a modernización y movilidad individual en lugar de movilizar al grueso de la población afrodescendiente. Márquez llegó al ejecutivo desde el polo opuesto de esa élite —desde la resistencia comunitaria, no desde la carrera institucional—, pero el riesgo de que el ingreso al Estado convierta su lenguaje de resistencia en legitimación simbólica sin transformación material es real y forma parte del debate que su propio movimiento ha planteado.

La huella

Hay huellas que se miden en votos y hay huellas que se miden en vocabulario. Francia Márquez dejó ambas, y la segunda quizá pese más que la primera en el largo plazo.

En términos electorales e institucionales, su llegada a la vicepresidencia amplió el techo de lo posible para el liderazgo afrocolombiano y para las lideresas sociales en general. Que una mujer negra del norte del Cauca, con origen en la minería artesanal y trayectoria en la defensa territorial, ocupe el segundo cargo del Estado colombiano modifica lo que las próximas generaciones pueden aspirar a ocupar. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad, cualquiera sea su desempeño concreto, quedó instalado como categoría en la arquitectura del Estado.

En términos de lenguaje político, Márquez trasladó al centro del debate nacional un léxico que hasta entonces circulaba solo en los márgenes: el cuerpo y el territorio como espacios análogos sobre los que se ejerce poder —donde se inscriben el miedo del conflicto pero también la resistencia y el cuidado de la vida—; el "vivir sabroso" como propuesta de vida digna; la ancestralidad como categoría política y no solo cultural; y la autodenominación como "negra" como estrategia de resistencia frente a un mundo donde lo negro no está validado, en tensión con el uso institucional del término "afrocolombiano" que subraya integración. Ella no inventó ese léxico: lo heredó de un movimiento y lo puso en circulación amplia. Su figura opera como catalizador visible de fuerzas colectivas más grandes que ella.

En términos simbólicos, su trayectoria condensa una idea sobre cómo se hace política en Colombia. La de Márquez no es una biografía de ascenso individual desde la periferia hasta el centro. Es la biografía de una comunidad que resistió el desalojo, que ganó una sentencia en la Corte Constitucional, que movilizó mujeres hasta Bogotá, que enterró a sus líderes y que empujó a una de sus voces hasta el Palacio de Nariño. Esa cadena importa, sobre todo porque cada eslabón tuvo un costo. Las mujeres defensoras del territorio libran una doble batalla: resisten un modelo económico y belicista de raíz patriarcal y a la vez cargan con lo que la sociedad les impone por su condición de género, mientras conviven con el miedo que su propia labor engendra. Algunas de las que sobrevivieron a la violencia paramilitar, incluidas amenazas y asesinatos de compañeras, retomaron los procesos organizativos y encontraron formas de resistencia colectiva. Márquez pertenece a esa genealogía.

Están abiertas todavía preguntas de largo aliento: cuánto de esa huella se sostiene después del gobierno Petro-Márquez, cuánto del vocabulario ingresado en el ejecutivo sobrevive al cambio de administración, cuánto de la agenda de la igualdad se traduce en instituciones firmes y si la fórmula política que ella encarna logra estirarse hasta la diáspora urbana afrocolombiana o permanece anclada en su matriz étnico-territorial. Hubo, en todo caso, una mujer que salió de La Toma y entró en el Palacio de Nariño, y entre esos dos puntos se abrió, para el resto, un camino que antes no existía.