Estallido social

El estallido social

Entre septiembre de 2019 y julio de 2021, Colombia atravesó el ciclo de movilización popular más extenso, sostenido y territorialmente amplio de su historia reciente. La expresión estallido social se acuñó para nombrar ese proceso: una sucesión encabalgada de paros nacionales, bloqueos urbanos, asambleas barriales y confrontaciones con la fuerza pública que, en su punto más intenso, tocó 862 municipios de los 32 departamentos del país. No fue una revuelta corta ni una jornada excepcional: fue la irrupción prolongada de una conflictividad que el conflicto armado había mantenido semienterrada durante décadas y que la firma del Acuerdo de La Habana, la pandemia y la sucesión de reformas del gobierno de Iván Duque Márquez terminaron por sacar a la calle. El estallido cambió la gramática política del país —el vocabulario de la protesta, sus territorios, sus sujetos— y desembocó, en junio de 2022, en el primer gobierno de izquierda de la historia colombiana.

Qué se nombra cuando se dice "estallido"

El término tiene la ventaja de la imagen y el defecto de la simplificación. Sugiere una detonación, un instante; el proceso colombiano fue lo contrario: una acumulación. La expresión se impuso en el debate público, académico y político para referirse a dos oleadas de movilización estrechamente encadenadas —el Paro Nacional convocado el 21 de noviembre de 2019 y el Paro Nacional iniciado el 28 de abril de 2021, conocido como el 28A— y a la larga estela de asambleas, primeras líneas y puntos de resistencia que se sostuvieron entre ambas fechas y aún después.

Lo que hace del estallido un hecho sin precedente reciente no es la magnitud aislada de ninguna de sus jornadas —Colombia había vivido paros mayores en duración, como el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977— sino la coincidencia de tres rasgos: la escala territorial, la duración del ciclo, casi dos años con picos intermitentes, y la transformación del repertorio de acción. Aparecieron figuras nuevas —la primera línea, los puntos de resistencia con nombre propio, las ollas comunitarias en los bloqueos, las asambleas populares vecinales— y las viejas formas del sindicalismo cedieron el protagonismo a coaliciones plurales encabezadas por jóvenes, indígenas, mujeres y sectores urbanos precarizados.

En ese desplazamiento reside la novedad: el estallido no fue conducido por las centrales obreras, aunque ellas convocaron; ni por los partidos, aunque algunos se sumaron; ni por las guerrillas, cuya presencia histórica en escenarios de protesta había servido durante décadas como pretexto para criminalizarla. Fue conducido, sostenido y renovado desde abajo, por una constelación de actores que hasta entonces habían aparecido en la escena pública de manera fragmentaria.

Los orígenes: una conflictividad que precede al estallido

El estallido no explotó sin genealogía. La larga historia de la protesta social colombiana ofrece un tejido denso del cual la coyuntura de 2019-2021 es continuación y ruptura a la vez.

El punto de partida está en el último cuarto del siglo XX. Entre 1975 y 2000, los trabajadores asalariados y los pobladores urbanos protagonizaron cada uno el 28% de las luchas sociales del país; campesinos e indígenas aportaron el 17%, y los estudiantes el 16%. El comportamiento anual dibuja una U: alta intensidad al inicio y al final del período, un valle relativo en medio. En ese arco, el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 marcó el momento más ambicioso. Convocado por las principales confederaciones sindicales agrupadas en el Consejo Nacional Sindical, articuló un pliego de ocho puntos —aumento del salario mínimo del 50%, levantamiento del estado de sitio, congelamiento de precios, jornada laboral de ocho horas, entrega de tierra a campesinos, entre otros— que sintetizaba el programa reivindicativo de una izquierda social que aún se pensaba capaz de disputar el rumbo del país. El gobierno de Alfonso López Michelsen respondió con dureza: el Decreto 2004 de 1977 estableció arresto inconmutable de 30 a 180 días para quienes organizaran o promovieran ceses de actividades, y el Decreto 2066 buscó limitar la difusión del movimiento obrero en los medios.

Una década más tarde, la protesta se descentró hacia los territorios. El Paro del Nororiente de 1987 —originado en Ocaña y extendido a Santander y Cesar, con más de 120.000 campesinos participantes— y las movilizaciones del Alto Nordeste Antioqueño, que evolucionaron de tomas de cabeceras municipales a paros cívicos regionales, muestran una capacidad de acción colectiva anclada en territorios específicos y en agravios concretos: servicios públicos, desalojos, victimización en el conflicto armado.

Muestran también otra cosa: la trayectoria de los cuatro actores más visibles de la protesta social entre 1975 y 2000 fue disímil. No hubo campo popular unificado, ni dinámica homogénea. Ya en los noventa, la sindicalización cayó desde el 16% de 1980 conforme las reformas neoliberales provocaron la quiebra de al menos 25.000 fábricas y la prensa acuñaba el término oligarquía del overol para desprestigiar las protestas obreras. En vísperas de la liquidación de empresas estatales, se volvió común acusar a los sindicatos de ser los responsables principales de los problemas macroeconómicos.

En ese mismo tránsito de siglo, el mundo indígena del Cauca inauguró en noviembre de 1999 la primera minga con sentido político explícito: 23 días de bloqueo de la vía Panamericana entre Cali y Popayán, hasta que el presidente Andrés Pastrana Arango expidió el Decreto 982 comprometiéndose a atender la emergencia social. Desde entonces, la minga se consolidó como forma de acción del Consejo Regional Indígena del Cauca, no como movilización estrictamente étnica sino como plataforma que convoca aliados sociales diversos.

Sobre esa erosión de los sujetos clásicos y esa emergencia de nuevos repertorios se montó, entre 2011 y 2014, un resurgimiento agrario. Organizaciones como el Coordinador Nacional Agrario, Fensuagro, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina reactivaron sus estructuras y confluyeron en la Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular, que articuló organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes en torno a demandas de derechos territoriales. En agosto de 2013, la Mesa Nacional Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo presentó un pliego nacional de peticiones durante el paro agrario. Al año siguiente, productores de papa, maíz, panela, cacao, lácteos, frutas y hortalizas —golpeados por la caída de precios y el alza de insumos— sostuvieron nuevas movilizaciones. Coordosac en el Caquetá lideró tres grandes paros que confluyeron en la Cumbre.

En 2018 se sumaron las protestas de estudiantes universitarios y la huelga nacional del magisterio. Ese año dejó dos aprendizajes decisivos: la protesta estudiantil ya no era un asunto de universidades públicas contra reformas específicas, sino un movimiento multiescalar capaz de articular conflictos locales por estatutos, matrículas y financiación con una disputa nacional; y los agravios socioeconómicos —recortes, precariedad, deuda educativa— tenían capacidad de convocatoria transversal.

Cuando el 21 de noviembre de 2019 se convocó el Paro Nacional, la coalición reunía organizaciones indígenas, centrales sindicales, estudiantes, campesinos, sectores afrodescendientes y partidos políticos. El CRIC llamó a movilizarse contra la reforma tributaria de Duque, el aumento del IVA al 19%, el recorte al presupuesto de las universidades públicas, las reformas laborales y la implementación de la ley ZIDRES, denunciada como un mecanismo de entrega de tierras a empresarios capitalistas en detrimento de campesinos, indígenas y afrocolombianos. El pliego no era sectorial: era una síntesis de agravios acumulados.

La trayectoria: del 21N al 28A

El estallido tiene dos actos y una bisagra pandémica entre ellos.

Primer acto: noviembre de 2019. El 21 de noviembre estalló un paro que sus convocantes imaginaban de una jornada y se prolongó durante semanas. La sorpresa fue doble: la magnitud —marchas simultáneas en decenas de ciudades, cacerolazos nocturnos en barrios de clase media que nunca habían protestado— y la composición. Aparecieron los estudiantes de universidades privadas, sectores profesionales urbanos, mujeres, ambientalistas. La protesta se sostuvo pese al toque de queda decretado en Cali y Bogotá.

Dos hechos marcaron ese ciclo. El 23 de noviembre, en Bogotá, un capitán del ESMAD disparó un artefacto de dispersión que hirió al estudiante Dilan Cruz; murió dos días después. Su nombre se volvió, casi de inmediato, símbolo de la juventud reprimida. La dedicatoria de un libro escrito poco después evoca su ausencia "ahora permanente, en nuestros salones de clase". El otro hecho fue la instalación de asambleas populares en barrios, universidades y plazas: por primera vez en décadas, sectores urbanos que no eran ni sindicalizados ni universitarios discutían públicamente el rumbo del país.

La bisagra pandémica. La llegada del Covid-19 en marzo de 2020 y las cuarentenas estrictas suspendieron la movilización callejera, pero no la conflictividad; la desplazaron hacia otros terrenos. En los barrios populares, los trapos rojos empezaron a colgar de ventanas y balcones como código improvisado: los hogares que no tenían qué comer avisaban con ellos que necesitaban ayuda. La imagen recorrió el país. Detrás de la señal se acumulaba una crisis material que las cifras confirmaron: el desempleo se disparó, el hambre volvió a ser un problema urbano visible, la deserción escolar creció y las economías informales que sostenían a millones de hogares quedaron paralizadas por semanas.

En paralelo, el gobierno de Duque enfrentó una caída fiscal severa y respondió preparando una reforma tributaria que ampliaría la carga indirecta sobre los sectores medios y populares, sin tocar de manera equivalente la tributación directa. La brecha entre el diagnóstico oficial —hay que ampliar la base gravable— y la percepción cotidiana —los trapos rojos, las filas de mercado, los negocios cerrados— produjo el combustible que estallaría en abril. La cuarentena, además, mantuvo a los jóvenes fuera de aulas y trabajos durante más de un año, con acceso intensivo a redes y un tiempo desocupado que se organizaría, cuando volvieran las calles, con velocidad inusitada. Cuando el paro estalló en abril de 2021, la sociedad llevaba trece meses acumulando privaciones sin espacios formales de reclamación.

Segundo acto: 28 de abril de 2021. El paro convocado ese día contra la reforma tributaria del ministro Alberto Carrasquilla —que proponía extender el IVA a productos de la canasta básica y ampliar la base gravable del impuesto de renta a sectores medios— se transformó en cuestión de días en un ciclo de movilización sin techo. La reforma fue retirada el 2 de mayo y Carrasquilla renunció al día siguiente; el paro continuó. El pliego dejó de ser tributario: se volvió una acumulación de agravios sobre pobreza, salud, educación, brutalidad policial, incumplimiento del Acuerdo de Paz y asesinato de líderes sociales.

Cali fue reconocida como la capital de la resistencia. Los puntos de bloqueo en Siloé, Puerto Resistencia, la Loma de la Cruz y el Paso del Comercio se convirtieron en escenarios cotidianos de confrontación con el ESMAD, la Policía y el Ejército. Puerto Resistencia —antes glorieta de Puerto Rellena— quedó como el topónimo que condensó el ciclo. En Bogotá, los bloqueos en el Portal de la Resistencia —antes Portal Américas—, el Puente de la Dignidad en Usme y el Portal de Suba se sostuvieron durante un período prolongado. En Yumbo, Pereira, Popayán, Buenaventura, Barranquilla y Medellín se replicaron puntos de resistencia con lógicas propias.

El ministro de Defensa Diego Molano y el propio presidente Duque autorizaron el despliegue militar en Cali; el 28 de mayo, un mes después del inicio del paro, se produjeron los enfrentamientos más letales del ciclo. Lucas Villa —joven estudiante manifestante herido en Pereira el 5 de mayo y fallecido días después— se sumó a Dilan Cruz como emblema de la juventud sacrificada.

El paro se desactivó lentamente entre finales de junio y julio, sin un acto formal de cierre. El Comité Nacional del Paro suspendió las convocatorias masivas, pero los territorios siguieron nombrándose como puntos de resistencia y la memoria del ciclo se instaló en el imaginario político.

La red: sujetos, territorios, gramáticas

Cada sujeto del estallido aportó una capacidad, una demanda y un archivo previo.

La juventud precarizada. Los jóvenes fueron el sujeto más visible y también el más golpeado. Su protagonismo no fue casual: llegaba con un largo aprendizaje de criminalización previa. Entre enero de 2000 y febrero de 2018 se abrieron más de 11.000 casos por rebelión o terrorismo contra personas de entre 15 y 25 años, y apenas el 8,1% llegó a juicio; solo 491 jóvenes fueron hallados culpables, y del total de acusados el 95% no logró ser demostrado culpable. Criminalizar sin condenar operó como política de facto y produjo una generación con desconfianza estructural hacia la fuerza pública y hacia el sistema judicial. En 2021 esa generación era la que sostenía los bloqueos.

Su forma de organización se apoyó en la comunicación en red. Jóvenes de Nariño y de otras regiones describen el uso del teléfono y WhatsApp para mantenerse conectados con colegas en el territorio, y la construcción de normas basadas en la solidaridad, el intercambio y la colaboración como principios que sostuvieron la huelga. Esa infraestructura digital, combinada con una economía cotidiana de ollas comunitarias, brigadas de salud, escudos y primeras líneas, produjo una gramática de protesta que no dependía de las burocracias sindicales tradicionales.

El movimiento indígena. El CRIC convocó formalmente al paro del 21 de noviembre de 2019 y sostuvo su participación durante todo el ciclo. La Minga bajó al Valle en mayo de 2021 y su presencia en Cali —con la Guardia Indígena desplegada— fue uno de los momentos más tensos del estallido: el 9 de mayo, en el barrio Ciudad Jardín, civiles armados dispararon contra la caravana indígena. La Guardia se posiciona como actor de resistencia civil no armada frente a todos los grupos armados —ELN, Segunda Marquetalia, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, fuerza pública—, exigiendo cese del accionar militar y paz integral. Su repertorio, forjado en las mingas desde 1999, aportó al estallido una experiencia organizativa larga y una disciplina de acción colectiva que ningún otro actor tenía.

Campesinos y afrodescendientes. La Cumbre Agraria, Étnica, Campesina y Popular articuló las demandas rurales con las étnicas. La indignación contra las fumigaciones de cultivos de coca —que destruían también cultivos de pancoger— y la exigencia de sustitución voluntaria y concertada de ilícitos habían quedado incumplidas por el gobierno Duque, que implementó de manera limitada el Acuerdo de Paz según el Instituto Kroc. Buenaventura, con su paro cívico de 2017 aún fresco en la memoria, aportó al ciclo lenguajes alternativos de resistencia: desde 2005 habían emergido organizaciones juveniles y de mujeres que combinaban rap, hip hop, grafiti y fotografía en la defensa del territorio y la memoria de las víctimas. Francia Márquez, lideresa afrocolombiana del norte del Cauca, encarnaba esa confluencia entre lucha ambiental, defensa territorial y feminismo negro que se volvería central en 2022.

Los territorios. Cali no fue capital de la resistencia por casualidad. La ciudad concentraba la contradicción colombiana en su forma más aguda: pobreza urbana masiva en la ladera occidental (Siloé, Aguablanca), migración forzada del Pacífico, desempleo juvenil, presencia policial militarizada. Puerto Resistencia, el Portal de la Resistencia en Bogotá, el Puente de la Dignidad en Usme: los nombres nuevos que la protesta dio a los lugares fueron un acto de reapropiación simbólica del espacio urbano. Cuando un portal de TransMilenio pasa a llamarse Portal de la Resistencia en la conversación cotidiana, el estallido ha cambiado la ciudad.

Los detonantes: reforma tributaria, pandemia, incumplimiento

Ningún ciclo de protesta se explica por un solo motivo. El estallido tuvo detonantes coyunturales bien identificables sobre una acumulación estructural.

El detonante coyuntural más visible fue tributario. La reforma de 2019 y el proyecto de 2021 respondían a una lógica que sectores movilizados denunciaron como regresiva: aumentar el IVA —impuesto indirecto que afecta proporcionalmente más a los ingresos bajos— antes de reformar la tributación directa sobre renta, dividendos y grandes patrimonios. Aplicar aumentos del IVA sin reformar previamente los impuestos directos y sin reducir la corrupción implica una carga inequitativa que profundiza la regresividad estructural. La reforma de 2021 iba más lejos: pretendía extender el IVA a alimentos de la canasta básica.

El detonante de fondo fue la pandemia. El Covid-19 agudizó el incremento de la conflictividad social y política que ya se venía registrando entre 2016 y 2021. La cuarentena produjo hambre visible, cierre de negocios pequeños, deserción educativa masiva, colapso de sistemas de cuidado. Cuando el paro estalló en abril de 2021, la sociedad llevaba trece meses acumulando privaciones sin espacios formales de reclamación.

Sobre ambos operaba una condición estructural: el incumplimiento del Acuerdo de Paz. La firma en el Teatro Colón de Bogotá en noviembre de 2016, tras cuatro años de negociaciones en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, había abierto una expectativa de transformación que el gobierno de Duque —posesionado en agosto de 2018— se dedicó a erosionar. Duque se opuso a las curules especiales para víctimas en el Congreso, implementó de forma limitada los puntos del Acuerdo, y altos tomadores de decisiones del Estado se arrogaron el derecho de modificar unilateralmente lo pactado, violando el principio elemental que garantizaba a las FARC el derecho a vetar cambios unilaterales sobre lo firmado. En los primeros cinco años de implementación, más de 300 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados. El asesinato sistemático de líderes sociales continuó. En el debate, posacuerdo desplazó a posconflicto: reconocimiento tácito de que el conflicto seguía y de que el acuerdo no se estaba cumpliendo.

Esta combinación —agravio tributario coyuntural, catástrofe pandémica, incumplimiento estructural del Acuerdo— explica por qué el estallido tuvo la magnitud que tuvo. Pero explica también algo más profundo: la relación entre paz negociada y protesta social.

La paradoja del posconflicto

En los posconflictos, la violencia directa —política y criminal— disminuye pero no desaparece tras la firma de un acuerdo. En Colombia, además, ocurrió un fenómeno específico: el conflicto armado había funcionado durante décadas como tapadera de disputas sociales y como pretexto estigmatizador de la acción colectiva.

Durante toda la segunda mitad del siglo XX, cualquier protesta obrera, campesina, estudiantil o indígena podía ser —y frecuentemente era— acusada de infiltración guerrillera. La estigmatización operaba con o sin pruebas concretas. La protesta social y las manifestaciones de izquierda fueron sistemáticamente asociadas con la guerrilla, y aunque en algunos escenarios de protesta las guerrillas efectivamente intervinieron, la asociación funcionaba como mecanismo de criminalización general. El ELN leyó el paro cívico de 1977 como antesala de una insurrección; el gobierno lo leyó como un pequeño 9 de abril: ambas lecturas alarmistas convergieron y tuvieron consecuencias represivas. En los años ochenta, la guerra sucia golpeó a A Luchar, a la Unión Patriótica, al sindicalismo. Las organizaciones campesinas que perdieron autonomía frente a grupos armados vieron cómo sus reclamos de justicia social derivaban, sin quererlo, en bloqueos y disturbios interpretados como acciones subversivas.

La firma del Acuerdo desactivó parcialmente ese dispositivo. Con las FARC desmovilizadas, la acusación de infiltración perdió su base empírica más evidente. No desapareció —Duque y el uribismo siguieron acusando al vandalismo de estar articulado con disidencias y con el ELN— pero perdió credibilidad. Al mismo tiempo, la conflictividad social que el conflicto armado había mantenido semienterrada quedó al descubierto: los problemas de tierra, desigualdad, precariedad laboral, exclusión educativa y racismo estructural, que la lógica bélica desplazaba al segundo plano, volvieron a ocupar el centro.

Esta paradoja del posconflicto —que la paz negociada libere, en lugar de apaciguar, la protesta social— no es una anomalía colombiana sino un rasgo general de las salidas negociadas a los conflictos internos. Colombia lo vivió con particular intensidad porque el proceso coincidió con una recesión económica global, una pandemia y un gobierno que hizo del incumplimiento del Acuerdo una política deliberada.

Reducir el estallido a una consecuencia del posconflicto, sin embargo, sería inexacto. Los ciclos de protesta agraria de 2013-2014, la huelga docente de 2018, las movilizaciones estudiantiles del mismo año, y la larga historia de paros cívicos regionales muestran que la conflictividad ya estaba desbordando el marco anterior. El Acuerdo no creó los agravios: retiró un dispositivo de contención que los mantenía represados y, al hacerlo, cambió el umbral de la protesta.

La respuesta del Estado y su costo

La reacción del gobierno de Duque combinó negociación intermitente con represión sostenida. El Comité Nacional del Paro fue recibido en varias mesas de diálogo cuyos resultados fueron marginales. En paralelo, se autorizó el despliegue militar en Cali, se toleró la actuación de civiles armados contra manifestantes en barrios acomodados, y el ESMAD desplegó una fuerza que las organizaciones de derechos humanos documentaron ampliamente. Diego Molano defendió públicamente esa línea; Alejandro Gaviria, entonces rector de la Universidad de los Andes y voz crítica del gobierno, planteó desde otro lugar la necesidad de un diálogo real, prefigurando su posterior paso a la política electoral.

Álvaro Uribe Vélez, líder del uribismo y factor decisivo en la orientación del gobierno Duque, mantuvo una lectura de la protesta en clave de infiltración guerrillera y vandalismo organizado, alimentando la polarización.

El costo humano del ciclo fue alto: decenas de manifestantes muertos, cientos de heridos, denuncias documentadas de violencia sexual y desapariciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas visitaron el país y emitieron informes críticos. El estallido dejó también una marca menos visible pero más duradera: la pérdida de legitimidad de la fuerza pública ante amplios sectores urbanos, especialmente juveniles.

La huella: elecciones de 2022 y reconfiguración política

El desenlace electoral es inseparable del estallido. El 29 de mayo de 2022, en la primera vuelta presidencial, Gustavo Petro obtuvo 8.541.617 votos (40,34%), seguido de Rodolfo Hernández con 5.965.335 (28,17%) y Federico Gutiérrez con 5.069.448 (23,94%). Petro y Hernández pasaron a segunda vuelta; Gutiérrez, candidato del uribismo, quedó fuera. En junio, Petro fue elegido presidente con Francia Márquez como vicepresidenta.

Sobre esa transición circulan dos lecturas. La primera entiende el estallido como laboratorio del triunfo de Petro: las plazas y los puntos de resistencia crearon el capital político, la agenda pública y el estado de ánimo que la campaña del Pacto Histórico canalizó electoralmente. Francia Márquez, tercera en la consulta interna de la coalición, encarnó de manera explícita la conexión entre la calle y la urna: su candidatura vicepresidencial reconoció la centralidad de los sujetos que el estallido había hecho visibles.

La segunda lectura, más incómoda pero también verificable, parte de un diagnóstico anterior. Hacia 2018 la clase política colombiana gobernaba mediante redes clientelistas y acceso a rentas de corrupción, y la única amenaza real de transformación que se identificaba era la posible llegada de un régimen populista, entonces considerada incipiente. Rodolfo Hernández demostró en 2022 que la crisis de representación tenía otras salidas: su campaña, de bajo costo y uso intensivo de Facebook, TikTok y WhatsApp, derrotó en primera vuelta a candidatos con estructuras y recursos mucho mayores. La ola antisistema no era solo de izquierda.

El estallido produjo, así, no una salida sino un umbral. Cerró un ciclo político —el del bipartidismo tardío y el uribismo hegemónico— y abrió otro cuya forma todavía se disputa.

Su primer legado es lingüístico. Primera línea, punto de resistencia, ollas comunitarias, asamblea popular: términos que en 2018 no existían en el habla política corriente y que después de 2021 forman parte del léxico común. A esa reescritura del vocabulario se sumó una reescritura del mapa: Puerto Resistencia, Portal de la Resistencia, Puente de la Dignidad. La cartografía urbana quedó marcada por nombres que los propios manifestantes impusieron.

El segundo legado es un actor. La juventud precarizada dejó de ser una categoría estadística para volverse un sujeto político con capacidad de convocatoria, gramática propia y agenda. Los rostros de Dilan Cruz y Lucas Villa se instalaron como signos de una generación que rechazó ser criminalizada.

El tercero es territorial. Cali dejó de ser la periferia sociológica del país para volverse su centro simbólico durante meses, y el Pacífico —Cauca, Valle, Buenaventura— se afirmó como región política con voz propia, no como objeto de asistencia estatal.

Quedaron, también, cuentas pendientes. La reforma de la fuerza pública, la implementación real del Acuerdo de Paz, la desigualdad tributaria y la precariedad juvenil siguen sobre la mesa, y su gestión institucional bajo el gobierno de Petro ha sido lenta, parcial y polémica. Ninguna plaza podía tramitar por sí sola esas cuestiones, y las instituciones que debían hacerlo han mostrado sus propios límites.

Y quedó, finalmente, una advertencia. El umbral de la protesta se bajó. Amplios sectores urbanos —incluidas clases medias— demostraron estar dispuestos a movilizarse sostenidamente contra reformas que consideraran injustas. Cualquier gobierno futuro, del signo que sea, opera bajo esa condición nueva.

Queda por saber si el estallido fue una excepción o un patrón: si el paro de 2019-2021 fue el momento de condensación de una conflictividad acumulada que ahora se disipa, o si inauguró un régimen de protesta permanente que Colombia habitará durante décadas. La respuesta depende de cómo se tramiten políticamente los agravios que el estallido sacó a la superficie, y también de cómo se recuerde: si como episodio de vandalismo, según la memoria del uribismo; como epopeya popular, según la memoria de sectores del petrismo; o como lo que fue: un proceso complejo en el que una sociedad postergada durante décadas encontró una voz colectiva y obligó a un país acostumbrado a mirarse desde arriba a mirarse desde abajo.