Idea · Crisis y narcotráfico
Paz negociada
La paz negociada es el conjunto de instrumentos jurídicos, políticos y transaccionales mediante los cuales el Estado colombiano ha buscado, desde 1982, poner fin a conflictos armados internos sin imponer una derrota militar. Alcanzó su forma reconocible en el ciclo 1982-1994 bajo los gobiernos de Betancur, Barco y Gaviria, articulando amnistía, desmovilización, reforma política y participación electoral de excombatientes.
Trayectoria de una idea
- 1958
Amnistía del Frente Nacional
- 1982
Ley 35 de 1982: amnistía amplia e incondicional
- 1984
Acuerdos de La Uribe y surgimiento de la Unión Patriótica
- 1985
Toma del Palacio de Justicia: ruptura del proceso Betancur
- 1988
Iniciativa de paz de Barco y modelo de paz parcelada
- 1990
Desmovilización del M-19 en el Acuerdo de Corinto
- 1990
Bombardeo de Casa Verde: límite del modelo frente a FARC y ELN
- 1991
Asamblea Nacional Constituyente y desmovilización del EPL, PRT y Quintín Lame
La lectura
La paz negociada no nació como doctrina sino como respuesta pragmática a un conflicto que ningún gobierno había podido resolver por la vía militar. Su gramática se formó por acumulación de ensayos y fracasos: la amnistía sin desarme de Betancur demostró que el diálogo sin condiciones reproducía el ciclo armado; la paz parcelada de Barco introdujo la desmovilización como condición irrenunciable y la reforma política como moneda de cambio real; Gaviria añadió la Asamblea Constituyente como ancla institucional que convertía la rendición de armas en participación en el rediseño del Estado. A lo largo de ese ciclo, dos tensiones estructurales amenazaron cada proceso: la autonomía militar frente al poder civil —visible en el Palacio de Justicia y en el bombardeo de Casa Verde— y la penetración del narcotráfico como actor con agenda propia, capaz de cofinanciar acciones insurgentes y de bloquear reformas en el Congreso. La paz negociada colombiana es, en última instancia, el registro de un Estado que aprendió a producir acuerdos parciales y verificables con actores heterogéneos, asumiendo que algunos grupos permanecerían fuera de la mesa y que cada acuerdo generaría sus propias disidencias.
La paz negociada en Colombia
La paz negociada es el nombre que en Colombia se ha dado, desde 1982, al conjunto de instrumentos jurídicos, políticos y transaccionales mediante los cuales el Estado ha buscado poner fin a conflictos armados internos sin imponer una derrota militar. No es una doctrina fija ni un procedimiento reglado, sino una gramática institucional formada por acumulación —amnistía, indulto, sometimiento a la justicia, cese al fuego, zona de despeje, reforma política como moneda de cambio, participación electoral de excombatientes— que alcanzó su forma reconocible en el ciclo 1982-1994, bajo los gobiernos de Belisario Betancur, Virgilio Barco y César Gaviria. En esa docena de años convergieron por primera vez tres realidades que ningún proceso posterior podría separar: una insurgencia heterogénea y en crecimiento, un aparato militar celoso de su autonomía y un narcotráfico que operaba como poder paralelo. La paz dejó de ser un ideal y se volvió un artefacto híbrido —parte político, parte judicial, parte transaccional— cuyas piezas siguen circulando.
Raíces del gesto: amnistía como etapa cíclica
La amnistía es en Colombia un gesto de larga duración. Gonzalo Sánchez identificó sus raíces históricas en un patrón recurrente desde la posindependencia: la guerra colombiana ha avanzado por ciclos y cada ciclo se cierra con un pacto de olvido jurídico. Más que una excepción humanitaria, la amnistía ha operado como una etapa constitutiva del conflicto mismo.
Ese patrón se reactivó tras el Frente Nacional. Una de las primeras iniciativas del arreglo bipartidista de 1958 fue ofrecer una amnistía a quienes se habían alzado en armas durante la Violencia, en un ambiente de reconciliación entre liberales y conservadores. Pero el pacto se limitó al reacomodo político entre las dos élites; las causas profundas de la violencia social se trataron con superficialidad. El resultado, en el mediano plazo, fue una mutación: sectores de la autodefensa y la guerrilla liberal se transformaron en guerrilla de inspiración comunista, y otros derivaron hacia el bandolerismo. La amnistía había cerrado una guerra sin desactivar sus causas, y por esa rendija reapareció, más armada e ideológica, la siguiente.
Históricamente, además, los gobiernos habían concedido la amnistía y el indulto a sus opositores políticos. Era un gesto vertical: el poder perdonaba a quienes lo desafiaban desde afuera. Esa dirección solo se invertiría décadas después, con la negociación paramilitar de la Ley de Justicia y Paz, cuando el beneficio recaería sobre los defensores del orden.
Betancur y la invención del diálogo (1982-1986)
Belisario Betancur llegó a la Presidencia en 1982 en un contexto en que el Partido Liberal había perdido credibilidad y se había dividido en dos facciones, una oficialista encabezada por Alfonso López Michelsen. El nuevo gobierno rompió con el enfoque puramente represivo y contrainsurgente de su antecesor Julio César Turbay Ayala, que había gobernado bajo el Estatuto de Seguridad y con amplias facultades entregadas a las Fuerzas Armadas. Betancur convirtió la paz en el proyecto político inaugural de su mandato.
Su primera pieza fue la Ley 35 de 1982, sancionada el 19 de noviembre. Aprobada por el Congreso a iniciativa del Ejecutivo, decretó una amnistía descrita como amplia e incondicional por delitos políticos. Benefició a guerrilleros de las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, la ADO, el PLA y la ORP, y liberó a quienes estaban enjuiciados por la justicia castrense. La mayoría de los beneficiados pertenecía al M-19. El propio Betancur declararía que la ley había favorecido a aproximadamente dos mil amnistiados políticos. En términos comparativos con la tradición previa, era un salto: no perdonaba al opositor derrotado sino al insurgente activo, y lo hacía sin exigirle nada a cambio.
Ese fue el rasgo central —y el defecto original— del modelo Betancur. En la práctica, los beneficiarios de la Ley 35 quedaron en libertad sin que sus organizaciones entregaran las armas. Los acuerdos posteriores no incluyeron desarme, ni mecanismos efectivos de verificación del cese al fuego, ni un plan de desmovilización. La paz se pensó como diálogo político con actores en armas, no como transición hacia su desaparición.
Desde finales de 1982 operó una Comisión de Paz asesora del Gobierno Nacional, presidida inicialmente por el ex presidente Carlos Lleras Restrepo y luego por el ex ministro Otto Morales Benítez. La comisión desarrolló contactos con varios grupos guerrilleros y preparó el terreno para los Acuerdos de La Uribe con las FARC en 1984. De esos acuerdos surgió, en mayo de 1985, la Unión Patriótica, presentada como un movimiento político amplio destinado a canalizar la actividad legal de la insurgencia comunista. La UP fue, por diseño, la primera apuesta institucional colombiana por una transición gradual de las armas a la política.
El diseño falló por dos flancos simultáneos. Por dentro, las FARC-EP aprovecharon el acuerdo de La Uribe principalmente para protegerse de la acción militar y establecerse en zonas donde el gobierno aceptaba no intervenir, utilizando la tregua para reforzarse, comprar armas y reclutar combatientes. La organización mantuvo así, en paralelo, un frente legal —la UP— y una máquina militar en expansión. Por fuera, el aparato armado del Estado se resistió. Los militares se enfrentaron, abierta o indirectamente, a un proceso en el que veían salir a presos guerrilleros mientras sus organizaciones seguían operando. Betancur, con una autonomía civil frágil frente al mando castrense, no logró subordinar esa resistencia.
El comandante del M-19, Jaime Bateman, había rechazado la ley de amnistía tres días después de su firma en 1982, argumentando que debería haber estado acompañada de una reforma política y social. Bateman, además, buscaba restablecer buenas relaciones con Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Esa doble intuición —que la amnistía sin reforma era un gesto vacío, y que ningún proceso podría ignorar el poder del narcotráfico— definiría los dos grandes déficits del modelo Betancur.
El Palacio de Justicia: cuasi-golpe y ruptura
El 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia, sede de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, en el Parque de Bolívar de Bogotá. El objetivo declarado era someter al presidente Betancur a un juicio político por el incumplimiento de los compromisos de las negociaciones de paz. La retoma militar, iniciada casi de inmediato y concluida al día siguiente, dejó más de cien muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema.
Lo decisivo del episodio no fue tanto la audacia insurgente como la respuesta del Estado. No fue el presidente Betancur quien ordenó el ataque militar de retoma: fueron los militares quienes tomaron las decisiones operativas, en lo que constituyó prácticamente un cuasi-golpe de Estado. La Fuerza Pública fue señalada de actuar de forma que resultó en la muerte de los once magistrados, en acciones calificadas como violatorias del Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, cuando su deber era precisamente evitar esas muertes. A partir de ese momento, los militares recuperaron terreno en la definición de las políticas de defensa y seguridad en detrimento de la negociación de paz.
Al episodio se sumó un elemento que quedaría durante años en zona gris: Pablo Escobar habría ofrecido financiar la toma condicionándola a que sus hombres pudieran quemar los archivos de extradición y asesinar a los magistrados que apoyaban el tratado. Los líderes del M-19 Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina rechazaron esa exigencia, aunque Iván Marino sí habría aceptado los dos millones de dólares que Escobar ofreció por la operación. El alcance exacto de ese vínculo sigue siendo controvertido, pero la sola posibilidad de que una acción insurgente hubiera sido cofinanciada por el capo más poderoso del país anunció una novedad: el narcotráfico había entrado en la ecuación de la paz negociada, no como espectador sino como actor con agenda propia.
La iniciativa de paz de Betancur quedó enterrada en las ruinas del Palacio. El presidente terminó su mandato sin poder relanzarla, aunque la tregua con las FARC seguía formalmente en vigor. Del primer intento colombiano de dialogar con la insurgencia sobrevivieron dos hallazgos amargos: que la resistencia militar podía descarrilar cualquier proceso independientemente del diseño jurídico, y que el narcotráfico ya no podía tratarse como asunto separado.
Barco y el rediseño: paz parcelada con desmovilización
Virgilio Barco no anunció ninguna iniciativa de paz en su inauguración del 7 de agosto de 1986. Solo en los últimos dos años de su gobierno, circunstancias cambiantes llevaron al Ejecutivo y a varios grupos guerrilleros a la mesa. Cuando lo hizo, el modelo había cambiado.
La política de paz de Barco descansó sobre cuatro elementos: el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno, el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, la intención de concluir en la desmovilización y el compromiso gubernamental de emprender una profunda reforma política. Los dos primeros eran continuidad respecto a Betancur; los dos últimos, ruptura. Ya no se negociaría con guerrillas en armas indefinidamente: la mesa debía desembocar en desmovilización efectiva. Y ya no bastaría con la amnistía: el Estado ofrecería reforma constitucional como contraparte.
El desencadenante fue el secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado por el M-19 entre mayo y julio de 1988, y las Conversaciones de Usaquén que promovió el mismo grupo. De allí salió, en septiembre de 1988, la "iniciativa de paz" que estructuraría el resto del mandato. Al asesinato de Luis Carlos Galán en 1989 —punto de inflexión que impulsó todo el diseño y abrió al mismo tiempo la discusión sobre la extradición de nacionales— siguió una aceleración negociadora que culminaría bajo el gobierno siguiente.
La reforma constitucional, sin embargo, no se aprobó. El Congreso —con mayorías liberales y conservadoras vinculadas a la mafia— la hundió, y la crisis se abrió: renunció el ministro de Gobierno Carlos Lemos Simmonds y se emitieron órdenes de captura contra miembros del M-19. Aun así, el proceso se rehízo. El 9 de marzo de 1990, mediante el Acuerdo de Corinto, se desmovilizaron 900 guerrilleros del M-19, que se convertirían en fuerza política legal.
El nombre técnico de esta operación fue paz parcelada. En vez de intentar un gran acuerdo con la totalidad de la insurgencia agrupada en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar —camino que había fracasado con Betancur—, Barco explotó deliberadamente la heterogeneidad guerrillera. Negoció con quien quisiera negociar y aisló al resto. La paz dejó de ser un acuerdo unánime con "la insurgencia" en abstracto y se convirtió en una serie de acuerdos sucesivos con actores concretos, cada uno con su propia lógica interna. El costo político era admitir que había guerrillas irreductibles; el beneficio, producir resultados verificables.
Gaviria, la Constituyente y la ampliación del modelo
César Gaviria, elegido en 1990, heredó el proceso a mitad de camino y le añadió el ancla institucional que le faltaba. El fracaso de la reforma constitucional en el Congreso durante el gobierno Barco había demostrado que la vía parlamentaria estaba clausurada por las mismas mayorías que se buscaba transformar. La salida fue rodearla.
La convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente abrió esa vía extraordinaria. Su sola perspectiva animó al EPL, al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y al Movimiento Armado Quintín Lame a acelerar sus negociaciones, porque a los grupos dispuestos a desarmarse se les ofrecía algo que ningún proceso anterior había puesto sobre la mesa: un asiento en el rediseño mismo del Estado.
La Asamblea se reunió durante el primer semestre de 1991 y promulgó la nueva Constitución el 4 de julio. Antonio Navarro Wolff, excomandante del M-19, fue uno de sus tres copresidentes, junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. La composición de esa tripleta condensaba el arco del período: un excomandante guerrillero desmovilizado, un dirigente conservador que había sido secuestrado por ese mismo grupo, y un liberal cercano al aparato barquista que había pilotado las negociaciones. La Alianza Democrática M-19 había obtenido cerca del 27 por ciento de los votos en las elecciones a la Asamblea, resultado que confirmó la viabilidad electoral de una guerrilla recién desmovilizada.
El PRT firmó su acuerdo de desmovilización el 25 de enero de 1991. El EPL suscribió el suyo el 1 de marzo de 1991 en Pueblo Nuevo, Campoalegre. El Movimiento Armado Quintín Lame firmó el 27 de mayo de 1991 en Pueblo Nuevo Caldono, Cauca. El EPL, sin embargo, se dividió: la mayoría, encabezada por Bernardo Gutiérrez, avanzó hacia la desmovilización; una fracción liderada por Francisco Caraballo rechazó la salida negociada y se alineó con las FARC y el ELN dentro de la CGSB. La fractura del EPL fue la primera lección de que la paz parcelada, al operar sobre grupos heterogéneos, producía inevitablemente disidencias que reactivaban el ciclo armado.
Con las FARC y el ELN el modelo se estrelló. El mismo día de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente —el 9 de diciembre de 1990— el Ejército bombardeó Casa Verde, cuartel general de las FARC en La Uribe, Meta. El gobierno nunca explicó la justificación y oportunidad del ataque. Mientras una parte del Estado convocaba a los desmovilizados a diseñar la nueva Constitución, otra parte destruía el epicentro simbólico del principal acuerdo negociador de la década anterior. Como en el Palacio, la autonomía militar volvió a redirigir el rumbo del proceso sin pasar por la deliberación civil.
El bombardeo no redujo a las FARC. Como tras Marquetalia en 1964, las impulsó a una nueva etapa de lucha armada con mayor ahínco y capacidad de desestabilización. Las posteriores negociaciones con la CGSB en Caracas, iniciadas en 1991 en el marco del Acuerdo de Cravo Norte, y luego en Tlaxcala, no prosperaron. Las FARC y el ELN permanecerían en armas durante toda la década, en crecimiento territorial y financiero.
Narcotráfico: el actor no convocado
Ningún relato de la paz negociada en el ciclo 1982-1994 es completo sin el narcotráfico. Presente desde finales de los años sesenta y con especial protagonismo desde los ochenta, multiplicó los ingresos de las guerrillas colombianas y propició su fortalecimiento. Cuando el gobierno de Betancur lanzó su proceso en 1982, las organizaciones con las que se sentó a dialogar ya eran más poderosas que las de la década anterior por efecto de la nueva economía ilegal. La paz negociada nació en un terreno que ya no era el de la insurgencia clásica.
Tras el rechazo estadounidense a negociar con los capos en la reunión de Panamá, los narcotraficantes combinaron estrategias políticas, jurídicas, de corrupción y, eventualmente, de violencia para combatir la extradición. Esa presión desembocó en dos episodios paralelos al ciclo de paz insurgente. Primero, la iniciativa de Barco tras el asesinato de Galán, que forzó al Estado a discutir simultáneamente la salida negociada con las guerrillas y la política antinarcóticos. Segundo, la política de sometimiento a la justicia que implementó Gaviria, la cual garantizaba la no extradición a cambio de entrega voluntaria y reducción de penas por colaboración. La entrega de Escobar y su reclusión en La Catedral en 1991 legitimaron dicha política.
El sometimiento a la justicia fue, conceptualmente, una nueva pieza del repertorio de la paz negociada: ni amnistía política ni indulto por delitos de rebelión, sino un régimen jurídico específico para la criminalidad organizada, que operaba con lógica transaccional pura —renuncia a la extradición a cambio de entrega y colaboración—. Colombia inauguraba un dispositivo que, aunque nacido para los capos, aportaba precedentes para tratamientos judiciales especiales en cualquier negociación posterior.
La sombra del narcotráfico se extendió hasta la Constituyente misma. Según un testimonio cercano a Escobar, el cartel de Cali le propuso financiar conjuntamente a delegados de la Asamblea para abolir la extradición; Escobar habría rechazado la coordinación indicando que cada quien actuara por su cuenta, y afirmó tener ya "unos votos asegurados". La efectiva compra de votos no queda establecida, pero la sola tentativa muestra que la Asamblea que refundaba el Estado y consagraba los pactos de paz operaba también como campo de disputa de los intereses del narco. Muchos leyeron la prohibición constitucional de la extradición de nacionales, adoptada en 1991, como una victoria de esos intereses.
Dos modelos: concesiones y condiciones
La experiencia 1982-1994 dejó dos modelos generales que se han disputado, desde entonces, el marco negociador colombiano: uno basado en concesiones sin exigir desarme previo, y otro basado en condiciones que exigen desmovilización, cese al fuego unilateral o gestos verificables como requisito para dialogar.
Betancur inauguró el modelo de concesiones. Nunca exigió el desarme de las guerrillas ni fijó un plan de desmovilización; la amnistía de 1982 fue el gesto puro de este enfoque. Andrés Pastrana, entre 1998 y 2002, aplicaría una versión ampliada al reconocerle a las FARC-EP la zona de distensión del Caguán —42.139 kilómetros cuadrados que abarcaban los municipios de Mesetas, Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán— por 90 días a partir del 14 de octubre de 1998, sin exigir desarme previo. El modelo de concesiones apuesta a que la generosidad inicial cree condiciones para acuerdos posteriores; su riesgo es que el interlocutor use la ventana para fortalecerse.
Barco y Gaviria aplicaron un modelo intermedio en el que la desmovilización era el horizonte explícito y la reforma política —vía Constituyente— la moneda de cambio. No se trataba de exigir el desarme como precondición, sino de estructurar toda la negociación en función de él. Este diseño produjo los resultados verificables del período: M-19 el 9 de marzo de 1990, PRT en enero, EPL en marzo y Quintín Lame en mayo de 1991.
La violencia contra la paz
En este período la paz misma se convirtió en objeto de violencia. Asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, atentados, amenazas y actividades ilegales de inteligencia se emplearon sistemáticamente para obstruir los procesos de diálogo, romper acuerdos y desmoralizar a los adversarios. Los métodos del conflicto armado se aplicaron sobre quienes intentaban salir de él.
Los muertos de esa violencia dibujan el mapa del fracaso. Jaime Pardo Leal, líder de la Unión Patriótica —el partido nacido de los acuerdos de La Uribe—, fue asesinado en 1987. Después vinieron Bernardo Jaramillo Ossa, también de la UP, y Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 ya convertido en candidato presidencial, ambos en 1990. La UP misma, concebida como puente hacia la política legal, sufrió un exterminio sistemático que destruyó el principal experimento colombiano de transición gradual de las armas a la política. Cada asesinato de un desmovilizado o de un simpatizante enviaba a la insurgencia todavía en armas el mensaje contrario al que el Estado pretendía comunicar en la mesa: que la política legal era más letal que la clandestinidad.
A ello se sumó la propia autonomía del aparato militar. El desenlace del Palacio de Justicia sin orden presidencial y el bombardeo a Casa Verde el día de las elecciones constituyentes muestran que el problema no era solo de diseño de instrumentos: era de control político del brazo armado del Estado. Los militares colombianos, con alta impunidad y protección política, constituyeron un factor de resistencia al proceso. Ninguna arquitectura jurídica podía compensar el hecho de que el uso de la fuerza no estuviera subordinado al poder civil que negociaba.
Huella: la gramática que quedó
Cuando se cerró el ciclo 1982-1994, Colombia tenía en su repertorio institucional una batería de dispositivos que ningún gobierno posterior desharía: amnistía por delitos políticos, indulto, sometimiento a la justicia para no combatientes, cese al fuego bilateral, zona de despeje territorial, participación electoral de excombatientes, reforma constitucional como contraparte, veedurías internacionales, comisiones asesoras civiles del Ejecutivo. Cada proceso posterior lo recombinaría según sus urgencias.
Pastrana volvió al modelo de concesiones con el Caguán, aumentando la escala territorial hasta el punto de que la zona se convirtió en fuente de tensiones permanentes por rumores y denuncias —no verificadas— de que servía como refugio para secuestrados, espacio para el tráfico de armas y drogas, y campo de entrenamiento. El acuerdo de San Francisco de la Sombra, del 5 de octubre de 2001, intentó superar la crisis abierta por el secuestro y asesinato de Consuelo Araújo el 29 de septiembre; el 7 de octubre Pastrana amplió el despeje hasta el 20 de enero de 2002 e impuso medidas de control. El proceso terminó por el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay en un avión de Aires el 20 de febrero de 2002. Ocho días después, la zona era declarada teatro de operaciones. Los negociadores de las FARC en el Caguán —Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez— provenían del Bloque Sur, el de mayor músculo financiero y militar, señal de que la organización trataba la mesa desde su lógica de fuerza.
Juan Manuel Santos, en el proceso iniciado en 2012, decidió no abordar el cese al fuego desde el principio sino al final, precisamente porque en procesos anteriores comenzar por ese tema había imposibilitado cualquier avance. La decisión operó como aprendizaje explícito del ciclo previo: si Betancur había fallado por no exigir desarme y Barco había estructurado toda su negociación en función de él, Santos optó por dejarlo para el cierre, cuando el resto del acuerdo estuviera construido. El pacto se firmó en 2016 y amplios sectores de la sociedad lo rechazaron; los acuerdos visibilizaron el odio hacia las FARC y el rechazo a cualquier negociación, en un contexto en que la guerrilla no estaba militarmente vencida pero tampoco era creíble una victoria militar.
La paz negociada colombiana, tal como se codificó entre Betancur y Gaviria, no fue un proyecto coherente. Cada gobierno heredó los instrumentos jurídicos del anterior y los reconfiguró ante presiones que ninguno controlaba del todo. Funcionó donde la resistencia militar fue contenida y donde los incentivos —participación política, asiento en la Constituyente— superaron los costos del desarme. No funcionó con los actores más poderosos, porque el Estado nunca resolvió, ni entonces ni después, la tensión entre su brazo negociador civil y su brazo armado autónomo. Los instrumentos existen, están probados y siguen disponibles. La tensión entre poder civil y autonomía militar es la que sigue explicando por qué en Colombia la paz se firma tantas veces y termina tan pocas.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Belisario Betancur — impulsor del primer gran ciclo de paz negociada (1982-1986) con la Ley 35 de 1982 y los Acuerdos de La Uribe
- 02Virgilio Barco — rediseñador del modelo hacia la paz parcelada con desmovilización efectiva (1988-1990)
- 03César Gaviria — consolidador del proceso mediante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 como ancla institucional
- 04Amnistía — instrumento jurídico fundacional y recurrente de la paz negociada desde el Frente Nacional
- 05Desmovilización — condición introducida por Barco que transformó el modelo de diálogo indefinido a transición verificable
- 06Unión Patriótica — primera expresión institucional de la apuesta por transitar de las armas a la política, surgida de los Acuerdos de La Uribe de 1984
- 07Palacio de Justicia — episodio que reveló la tensión entre autonomía militar y conducción civil del proceso de paz
- 08Asamblea Nacional Constituyente — mecanismo extraordinario que ofreció a los grupos desmovilizados participación en el rediseño del Estado, actuando como incentivo decisivo para varias desmovilizaciones de 1991
- 09Pablo Escobar — actor del narcotráfico que penetró la ecuación de la paz negociada como poder paralelo con agenda propia, visible desde la toma del Palacio de Justicia
- 10Antonio Navarro Wolff — símbolo de la viabilidad del tránsito guerrilla-política, copresidente de la Constituyente de 1991
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
51 documentos · 74 fragmentos
01Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 135, 142, 147, 1504 citas
[1]poco tiempo aduciendo cuestiones de salud; lo sucedió el connotado político liberal Otto Morales Benítez. El presidente se dedicó a sacar en el Congreso una ley de amnistía" amplia, in condicional y automática para todos los presos políticos y para quienes de pusieran las armas. Una vez aprobada, (Ley 35 de 1982),…
p. 135
[36]los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…
p. 147
[38]además, negociar en temas sustantivos, como en tiempos de Betancur: reforma constitucional, doctrina de la seguridad nacional y paramilitarismo; democracia y favorabi- lidad; derechos humanos, democracia y modernización estatal. La descon- fianza de la CGSB no era menor que la del gobierno, aunque sus voceros acudían…
p. 150
[55]a b l a i v. 2 Votación porADM-19, 1990-1997 Año Votación Porcentaje Tipo de elección 1990 754000 12,6% Presidente 1991 992 000 26,9% ANAC 1991 454000 8,5% Senado 1991 4 8 3 0 0 0 1 0, 1 % Cámara 1994 140000 2,7% Senado 1997 60000 0,6% Locales FUENTE: Elaboración p r o p i a con base en i n f o r m e s de la…
p. 142
02Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 511 cita
[2]de salud. 53 1MKYIPäRKIP(¿E^]*EYWXMRS0ºTI^)PTEVEQMPMXEVMWQSIREGGMºR Un segundo paso sería dado el 19 de noviembre de 1982, con la expedición de la Ley No. 35 de 1982, que otorgaba una amnistía por delitos políticos 82 y fue aprobada por el Congreso a iniciati- va del Poder Ejecutivo. Con ello, como lo señaló Alfredo…
p. 51
03¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 1671 cita
[3]se beneficiaron gue- rrilleros de las FARC, M -19, ELN, EPL, del PLA (Comando Pedro León Arboleda), de la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) y de la ADO (Autodefensa Obrera), que fueron excarcelados. El número de beneficiarios varía dependiendo de la fuente, sin embargo, en la mitad de su gobierno, Betancur,…
p. 167
04Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 461 cita
[4]de la carre- tera entre San Juan de Arama y Piñalito hubo tendencia hacia la concentración de mejoras (Molano, 1989, p. 297). El Incora, más o menos en 1971, abandonó los programas de vías, crédito y asistencia y conservó solamente la titulación de baldíos fuera del área reservada de La Macarena (Molano, 1989, p.…
p. 46
05Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 721 cita
[5]tan 1747 importante papel habia tenido en la violencia bipar- tidista, en calidad de brazo armado del partido con- servador, fue despolitizada y militarizada. Pero las verdaderas causas de la violencia politica y social fueron tratadas de una manera totalmente superfi- cial, lo cual condujo a que algunos sectores de…
p. 72
06Forgotten Peace: Reform, Violence, and the Making of Contemporary ColombiaRobert A. Karl · 2017 · p. 4071 cita
[6]El Espectador, December 7, 1955. I N T R O D U C T I O N 1. Darío Betancourt E. and Martha L. García B., Matones y cuadrilleros: Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano, 1946–1965 (Bogotá: Tercer Mundo Editores, 1990); and Grupo de Memoria Histórica, ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y…
p. 407
07Caminos de guerra, utopías de paz (Colombia: 1948-2020)Gonzalo Sánchez Gómez · 2021 · p. 2871 cita
[7]que se inició con el Tribunal de Nurenberg, las Comisiones de la Verdad del Cono Sur latinoamericano, y las que siguieron desde entonces, hasta la prestigiosa Comisión Surafricana, o la peruana, más cerca de nosotros. La centralidad de las víctimas les ha quitado protagonismo a los contendores armados. 4. Durante un…
p. 287
08Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 4, 78 citas
[8]16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…
p. 1
[9]16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…
p. 1
[31]48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…
p. 1
[32]48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…
p. 1
[47]que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda” (Lozano, 27 de abril de 1990). De otra parte, por la imposibilidad de encontrar puntos en común frente a la decisión…
p. 7
[48]que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda” (Lozano, 27 de abril de 1990). De otra parte, por la imposibilidad de encontrar puntos en común frente a la decisión…
p. 7
[50]grupo guerrillero paralelo a la CRS UCELN que sí creía en la salida negociada como medio para participar políticamente en el país. La reunión en Cravo Norte se realizó entre el 15 y el 17 de mayo de 1991, y asistieron a ella periodistas, miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, de la Asamblea…
p. 4
[51]grupo guerrillero paralelo a la CRS UCELN que sí creía en la salida negociada como medio para participar políticamente en el país. La reunión en Cravo Norte se realizó entre el 15 y el 17 de mayo de 1991, y asistieron a ella periodistas, miembros de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, de la Asamblea…
p. 4
09La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 401 cita
[10]Betancur, elegido para el periodo 1982-1986, quien quiso consagrarse como el presidente de la paz. Bajo su administración se lanzó el primer gran proceso de diálogo con las guerrillas que se habían formado casi veinte años atrás. Sin embargo, las guerrillas ya no eran las mismas de la década del setenta. El…
p. 40
10Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 47, 512 citas
[11]durante más de una década. EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 1978-1982 Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo…
p. 51
[35]personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…
p. 47
11Violence in Colombia: The Contemporary Crisis in Historical PerspectiveCharles Bergquist, Ricardo Peñaranda, Gonzalo Sánchez (eds.) · 1992 · p. 3791 cita
[12]1982 to begin this process in earnest. During the government of President Turbay Ayala (19781982), guerrilla actions, especially those instigated by the M-19, reached new, unexpected levels compared to the previous decade. It was during this period, for example, that the M-19 stole hundreds of weapons from the army's…
p. 379
12La Tragedia del Palacio de JusticiaEnrique Parejo González · 2010 · p. 10, 1792 citas
[13]Belisario Betancur presentó, entre sus propuestas, la de buscar la paz con la guerrilla. Una vez elegido, hizo contacto con las distintas organizaciones subversivas y se reunió, en México y en España, con dirigentes del M-19, con el cual trazó los planes para alcanzar el objetivo indicado. En los años setenta, el M-19…
p. 10
[27]al Jefe del Socorro Nacional de la Cruz Roja Colombiana el cumplimiento de la misión humanitaria que le había confiado el Gobierno, es necesario conocer, siquiera en parte, los diálogos que hubo entre los Oficiales de la Fuerza Pública, el día 7 de noviembre de 1985, o sea, el último día de la Toma, que…
p. 179
13Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 801 cita
[14]ginaron la creación del Foro Pro Paz y Democracia. Éste, impulsado por los Estados Unidos, llegaría a llamarse Foro Enders por el activo papel del subsecretario de Estado de ese país. Se trataba de un instrumento creado por Washington para impulsar su po- lítica hacia la región. También Colom- bia había logrado el…
p. 80
14Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 260, 2712 citas
[15]guerrilla que se presentaba como generosa y abierta y, despu é s de levantar el estado de sitio, logr ó la aprobaci ó n de una ley de am nist í a que permiti ó a unos 1 500 guerrilleros salir de las c á rceles sin que sus grupos entregaran las armas y sin que los beneficiarios tuvieran que renunciar a la guerra. As í,…
p. 260
[39]a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…
p. 271
15Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1511 cita
[16]se observan en los sucesivos procesos se explican, en buena medida, por el deseo de no repetir los errores de oportunidades anteriores y por las evoluciones que se iban presen- tando en las distintas coyunturas. Pero más allá de las diferencias entre un proceso y otro, es posible hablar de dos modelos generales que…
p. 151
1625 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 231 cita
[17]seria su primer presidenle. 21 Colombia dK/igtna..., págs. 272 y SS. 1 ' SegUn Maria Teresa Finclji, hubo una nueva dinamica con tos illdigenas. de trato mas reciproco, de "autoridad a au10· ridad'" rMoviniento social y cuiiW potiUca: el caso del movimienro de auroriclades indlgenas en Colombia-. en Amado GUOITero…
p. 23
17Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 1181 cita
[18]La izquierda: entre la política y las armas Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquier- da con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. In- mediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de…
p. 118
18Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 492 citas
[19]increased, culminating on the morning of Novem ber 6, 1985, when the M-19 seized the Palacio de Justicia on the Parque Bolívar in downtown Bogotá. The army reestablished control the following day, but only after more than one hundred deaths, in clud ing eleven of the twenty-four Supreme Court justices, and the gut-…
p. 49
[20]increased, culminating on the morning of Novem ber 6, 1985, when the M-19 seized the Palacio de Justicia on the Parque Bolívar in downtown Bogotá. The army reestablished control the following day, but only after more than one hundred deaths, in clud ing eleven of the twenty-four Supreme Court justices, and the gut-…
p. 49
19Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 129, 1953 citas
[21]del Congreso Nacional y a solo dos cuadras del palacio presidencial y, cuando tuvieran el control del edificio, acu- sar al presidente de Colombia de violar el acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. Después de lo que esperaban fuera una exitosa toma del Palacio de Justicia, los rebeldes planeaban,…
p. 129
[22]del Congreso Nacional y a solo dos cuadras del palacio presidencial y, cuando tuvieran el control del edificio, acu- sar al presidente de Colombia de violar el acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. Después de lo que esperaban fuera una exitosa toma del Palacio de Justicia, los rebeldes planeaban,…
p. 129
[62]la mayor parte de los miembros del M-19 tomaron de nuevo las armas. La respuesta del comandante del M-19, Jaime Bateman, fue decepcionante. Tres días después de que el presidente firmara la ley de amnistía, Bateman la rechazó, diciendo que debería haber estado acompañada de una completa re- forma política y social.…
p. 195
20Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 2791 cita
[23]las n egoc ia ciones de pa z. En su tra yecto ria labe rínti ca se fo rjaban alianzas tem poral es e ntr e al- g uno s frentes guerrilleros y los traficantes, co n base en el cuidado de ca mpo s de cultivo, v ía s de comunicación, aeropuerto s, pro v i- sión de ar ma s. El Caquetá, por eje mpl o, atravesó una de las…
p. 279
21Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 912 citas
[24]la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…
p. 91
[25]la sede de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado. Esta estaba dirigida por Luis Otero y Andrés Almarales, miembros y fundadores del M-19 (El Tiempo, 1985c). La toma dejará sin vida 11 magistrados, adicionalmente a los magistrados titulares estaban los auxiliares de la Corte Suprema de Justicia y el…
p. 91
22Normas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica; Germán Lozano Villegas; Luz Janeth Forero M. · 2014 · p. 841 cita
[26]a la fuerza las instalaciones del Palacio de Justicia en donde se encontraban las sedes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El grupo guerrillero buscaba someter al entonces Presidente de la República, Belisario Betan- cur Cuartas, a un juicio político por el incumplimiento de los compromisos de las…
p. 84
23El Palacio de Justicia: una tragedia colombianaAna Carrigan · 2009 · p. 401 cita
[28]honor institucional; el robo de las armas envenenó el proceso de paz cinco años después c indudablemente alimentó el salvajismo del conflicto dentro del Palacio de Justicia. El año 1980 también fue el año en que el M19 logró im pacto internacional con la toma de la Embayada de la República Dominicana en Bogotá,…
p. 40
24Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 401 cita
[29]fuentes, no fue el presidente quien ordenó el ataque y el desenlace de semejante aconte- cimiento -que causó la 1nuerte de prácticamente todos l<¡:>s ocupantes del edificio incluido los jueces y guerrilleros-, el cual prácticamente conllevó un cuasigolpe de Estado. Los militares recuperaron el terreno en la definición…
p. 40
25Guerra propia, guerra ajena. Conflictos armados y reconstrucción identitaria en los Andes colombianos. El Movimiento Armado Quintín LameDaniel Ricardo Peñaranda Supelano · 2015 · p. 292, 3202 citas
[30]presidente Barco, que en líneas gene- rales habría de mantenerse durante el gobierno de César Gaviria (1990 – 1994), tenía como elementos fundamentales el reconoci- miento de la legitimidad del Gobier no, el reconocimiento de los insurgentes como interlocutores válidos, la manifestación expresa de las partes de su…
p. 292
[54]y ya con el PRT se jugó un papel frente a la Cons titu yente y se participó des- pués. Todo eso lo conside ramos como posi tivo, que valió la pena y al mismo tiempo se encontró como un camino más elegante para desmontarse de algo que no estaba produciendo mayo res fru tos 438. 7.5 Las “ceremonias de la paz” El…
p. 320
26Una vida, muchas vidasGustavo Petro Urrego · 2021 · p. 1701 cita
[33]para que se privilegiaran las listas únicas. El M-19 pactó con el Gobierno que el acuerdo se volviera ley en el Congreso y que luego se convocaría a un referendo para reformar electoral- mente la Constitución del 86. Pero la mafia actuó por medio de sus congresistas y tumbó el acuerdo con mayorías parlamenta- rias…
p. 170
279 de marzo de 1990Rafael Pardo Rueda · 2020 · p. 19, 902 citas
[34]de negociar. 50 — Delgado fue capturado por el Ejército en Cali en enero de 1995. Hernando Pizarro era hermano mayor de Carlos. Apareció asesinado en Bogotá en 1995. 51 — Tomás Concha, Hernán Hernández, Ricardo Polo, Carlos Enrique Garzón y Juan José Fernández, funcionarios del PNR, asumieron esta peculiar función con…
p. 90
[63]no puede haber equívocos. Esta manera de entender las cosas descarta, a su vez, otras motivaciones como territorio o el control de recursos económicos, que pueden ser objetivos transitorios, pero no son sus propósitos finales. Entenderlo así señala la manera como se puede entender lo que sería la paz y esta sería el…
p. 19
28Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 341 cita
[37]a hacer una oposición seria. Replanteó toda la política de paz, en las que ofrecía garantías para la desmovilización a quien quisiera aceptarla y creó un programa especial destinado a superar las inequidades sociales en las zonas rurales, bajo la esquiva enseña de la rehabilitación. En la periferia colombiana no había…
p. 34
29Hacer la guerra y matar la política. Líderes políticos asesinados en Norte de SantanderCarlos Andrés Pallares Rincón · 2014 · p. 1011 cita
[40]# 93. Anales del Congreso, 7 de noviembre de 1986 # 130. Anales del Congreso, 28 de octubre de 1986 # 118. 103 Argelino Durán Quintero. Un ocaso político signado por la guerra 2.5. El retiro y la tragedia 2.5.1. Diálogos de paz: entre la esperanza y la frustración Cuando Argelino decidió retirarse de la vida política,…
p. 101
30Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 2001 cita
[41]M -19 eran, de hecho, guerrillas urbanas comprometidas, no muy diferentes a los Tupamaros, de Uruguay o a los Montoneros, de Argentina. En Año Nuevo de 1979, habiendo construido un túnel secreto debajo de una base militar, se robaron más de cinco mil armas del Ejército colombiano. Un año después, se tomaron la…
p. 200
31Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 531 cita
[42]de casi 17 años de lucha, el viernes 9 de marzo de 1990 en Santo Domingo, Cauca, los guerrilleros del M-19, y su comandante Carlos Pizarro León-Gómez, (hijo del almirante Juan Antonio Pizarro), depusieron las armas; él envolvió su pistola en una bandera de Colombia. Nadie mejor que Antonio Navarro Wolf, el único…
p. 53
32Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 941 cita
[43]crea una nueva institucionalidad: para profun- dizar la democracia, se crean mecanismos para hacer valer los derechos, una Corte y una Defensoría para velar por ellos; y para ampliar los procesos de descentralización administrativa y generar mecanismos de control y fiscalización política» 267. Precisamente la…
p. 94
33Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 5782 citas
[44]de los posibles pactos de paz entre el Gobierno na - cional y las guerrillas de las FARC y del ELN, podrá llevar, como se opina desde distintas voces, a una fase de transición que entre otros múltiples asuntos también considere nuevas experiencias del paso de la insurgencia a la vida civil, con un impacto proyec -…
p. 578
[45]de los posibles pactos de paz entre el Gobierno na - cional y las guerrillas de las FARC y del ELN, podrá llevar, como se opina desde distintas voces, a una fase de transición que entre otros múltiples asuntos también considere nuevas experiencias del paso de la insurgencia a la vida civil, con un impacto proyec -…
p. 578
34Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 831 cita
[46]un tratamiento integral de los distintos factores de violencia. Dentro de sus políticas retomó y validó los acuerdos políticos y las garantías para la inserción de las guerrillas, pero a renglón seguido destacó el tratamiento de temas como los derechos humanos, la convivencia y los planes de desarrollo. En materia de…
p. 83
35Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 633, 7412 citas
[49]otro sector estaba liderado por Bernardo Gutiérrez, con asiento en el Estado Mayor del EPL y con miembros del Comité Central, defensores a rajatabla de la solución negociada al conflicto armado, incluso cuestionando la lucha armada y la naturaleza marxista- leninista del PCC (M-L): “Reiteramos ante la opinión nacional…
p. 633
[72]citarlos, escuchar sus inquietudes en torno a las negociaciones con la guerrilla y aceptar parte de sus cuestionamientos. La zona de distensión se había convertido en un factor de permanentes tensiones: constantemente circulaban rumores de que allí se cometían tropelías en contra de la población, de que servía como…
p. 741
36Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 202, 2062 citas
[52]necesidad de consolidar los acuerdos firmados con el M-19, abrieron la puer- ta a una reforma de la Constitución. Recién los narcotraficantes habían reconocido el triunfo del Estado, pero paradójicamente fue en buena medida la violencia generada por ellos lo que permitió el proceso que desembocó en la convocatoria de…
p. 206
[57]con quienes opinaban que la bonanza del narcotráfico era una ben- dición, más aún en momentos en que el resto de América Latina padecía una fuerte crisis económica, o con aquellos que consi- deraban beneficioso el desplazamiento de las elites tradicionales, a las cuales achacaban todos los problemas de país, por parte…
p. 202
37Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 851 cita
[53]Era esperanzador ver a los tres copresidentes de la Asamblea, tan distintos, dándose la mano y liderando el proceso con convicción y convivencia. Nada menos que Álvaro Gómez, hijo del gran caudillo conservador Laureano Gómez, sentado al lado de Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, la misma organización armada que…
p. 85
38Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 2061 cita
[56]del Gobierno a las ambigüedades de la cc. sb y, en particular, a las indecisiones de las f a r c tuvo un desenlace trágico con el súbito bombardeo de Casa Verde. La justificación y oportu nidad de este acto de guerra jamás fue explicada por el gobierno de ♦ entonces. ¿Cómo conciliar la idea de una constituyente…
p. 206
39Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4191 cita
[58]reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura pro- ductiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia. Distintos…
p. 419
40Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 3211 cita
[59]se refirió a un mensaje que recibió de sus enemigos del cartel de Cali en el que le proponían financiar a integrantes de la Asamblea Constituyente que les garantizaran abolir la extradición de la nueva Constitución. —Les mandé decir que hicieran lo que tuvieran que hacer, que yo haría lo mío; que sobornaran al que…
p. 321
41Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1081 cita
[60]de mutuo acomodamiento, celebrado por el gobierno de César Gaviria, mediante el cual se aprobó, a cambio de la no extradición, el sometimiento voluntario de los narcotraficantes a la justicia, con grandes rebajas de penas por colaboración. Con la entrega de Pablo Escobar, el capo más famoso, y sus colaboradores…
p. 108
42Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1351 cita
[61]las reglas de la guerra y obtener alguna protección contra la acción militar: podían lograrse treguas, útiles para reforzar los grupos armados, comprar armas, mejorar las finanzas, reclutar nuevos combatientes. Por eso, su acuerdo con Betancur, el acuerdo de La Uribe de 1984, está marcado por el intento de usarlo como…
p. 135
43Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 763, 8082 citas
[64]la definición de llegar, en el marco de las negociaciones, a ceses al fuego, treguas entre las partes o negociaciones en medio de la guerra. Este asunto lo analizó el expresidente Juan Manuel Santos al anotar que en el proceso que se comenzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo…
p. 763
[74]cabo los diálogos del Caguán 2812. Ocho días después, el Gobierno ordenó la recuperación militar de los territorios despejados y declaró la antigua zona de distensión teatro de operaciones, al mando del mayor general Gabriel Eduardo Contreras Ochoa, jefe de operaciones del Ejército 2813. Tres días después del…
p. 808
44The Face of Peace: Government Pedagogy amid Disinformation in ColombiaGwen Burnyeat · 2022 · p. 411 cita
[65]o d u c t i o n nection between insurgency and drug- trafficking was followed, after 9 / 11, by another link: that the Colombian insurgencies were part of global terrorism (Borda 2012). The guerrilla attacked oil pipelines, a strategic US interest, and the Bush administration used this to paint the guerrilla as a…
p. 41
45Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 3611 cita
[66]a la violencia —y a la violencia pol í tica espec í ficamente— se estrech ó notablemente en todo el continente. En efecto, no se trataba ciertamente de una guerrilla vencida, pero la perspectiva de una victoria militar tampoco era creíble. De allí la tremenda paradoja: a esta guerra, para negociarla, fue necesario…
p. 361
46Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 951 cita
[67]ELN; de José Raquel Mercado, por el M-19, y de Rafael Pardo Buelvas, por la Autodefensa Obrera (ADO). 63 Término usado con frecuencia en las organizaciones al margen de la ley para referirse a delatores. 96 fiflffffflhalz g osrlescmflrnlcsz en Colombia, a pesar de que regía una democracia, los militares estaban por…
p. 95
47Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 241 cita
[68]fervor revolucionario provocado por el triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979; de la lectura del paro del 14 de septiembre de 1977 como una situación prerrevo- lucionaria y de la reacción frente a las violaciones de los derechos humanos y de la ofensiva militar del Estado durante la vigencia del…
p. 24
48¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita
[69]UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…
p. 101
49Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 3661 cita
[70]a España Se termina la autopista Bogotá- Medellín 1984 Huelga civil nacional Éxodo capitalino crea crisis Colombia, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Año Política Sociedad y economía Cultura y ciencia Comisión de Paz y FARC firman acuerdo en La Uribe, Meta Se implementa impuesto al valor agregado (IVA) Primer…
p. 366
50No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3481 cita
[71]una simetría a la relación. Parte de ese reconocimiento político se expresó cuando el 14 de octubre Pastrana, apoyado en la Ley de Orden Público, reconoció el carácter político de la guerrilla y estableció una zona de distensión de 42.139 km² por 90 días, comprendida entre los municipios de Mesetas, Uribe, La…
p. 348
51Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1551 cita
[73]saldo la muerte de 30 militares y 26 guerrilleros 612. El acuerdo para el cese al fuego de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001, intentó superar las tensiones generadas tras el secuestro y asesi- nato de Consuelo Araujo, sucedido el 29 de septiembre en la región Caribe 613. El 7 de octubre, al…
p. 155