Julio César Turbay Ayala

Un bogotano del Voto Nacional

Nació a media cuadra del parque de los Mártires, en el barrio del Voto Nacional, en una Bogotá que todavía cabía dentro de sus murallas simbólicas. No fue un niño de los barrios altos: la casa de Antonio Turbay y Rosa Ayala pertenecía a esa clase media popular que en la capital de las primeras décadas del siglo XX aspiraba a la respetabilidad sin poseer los apellidos que abrían las puertas de los clubes ni el capital que sostenía las haciendas. Ese origen —modesto, urbano, alejado de los cenáculos donde se cocinaba la política tradicional— explica parte de su trayectoria posterior: Turbay tuvo que hacerse a sí mismo dentro del Partido Liberal, y lo hizo con paciencia de relojero, sin el atajo del linaje.

Su formación siguió el itinerario disponible para un joven de sus condiciones: los Hermanos Cristianos primero, luego la Escuela Nacional de Comercio y finalmente la Escuela Universitaria. No pasó por la Universidad Nacional ni por el Rosario ni por el Externado; nunca tuvo diploma de abogado, en un país donde el título de derecho era casi un requisito no escrito para ingresar a las altas esferas de la política. Fue su hermana Hortensia, entonces estudiante de derecho, quien vio antes que nadie las dotes del muchacho: memoria prodigiosa, facilidad para el argumento, tenacidad. Ella lo orientó, le prestó libros, lo empujó hacia la vida pública. Que un futuro presidente de Colombia se hubiera formado a sí mismo bajo la tutela de una hermana, y no en las aulas de una universidad de élite, decía algo sobre las mutaciones lentas del país republicano.

De ese origen le quedaron dos rasgos que lo definirían para siempre. Uno, el instinto del hombre de maquinaria: Turbay entendió antes que muchos que la política colombiana no se ganaba con doctrina sino con directorios departamentales, listas municipales, favores devueltos en su hora. Dos, una relación con la palabra que era menos elegancia retórica que precisión burocrática: hablaba como quien redacta un decreto, con la sintaxis clara del oficio de gobierno.

El ascenso por dentro del partido

La trayectoria de Turbay antes de la presidencia es la de un funcionario liberal que va llenando, uno por uno, todos los escalones. Concejal, diputado, representante a la Cámara, senador, ministro en diversas carteras, embajador. Fue de los pocos políticos colombianos de su generación que conoció por dentro tanto el aparato del partido como la carrera diplomática, y esa doble competencia le dio una ventaja decisiva sobre rivales más brillantes pero menos pacientes.

Su rol en el Frente Nacional lo consolidó como uno de los operadores esenciales del liberalismo. Fue jefe del Partido Liberal, embajador en Washington, embajador ante la Santa Sede, delegatario en las Naciones Unidas. Cuando en 1974 el Frente Nacional terminó formalmente con la elección de Alfonso López Michelsen, Turbay ya era una figura ineludible: había construido durante décadas una red de lealtades que se extendía desde Boyacá hasta la costa Atlántica, pasando por Bogotá y el Tolima. En el gobierno de López, que le sirvió de antesala, se posicionó como el candidato natural del liberalismo oficial para 1978.

Le disputó la candidatura Carlos Lleras Restrepo, símbolo del reformismo tecnocrático y expresidente del partido. La consulta liberal —una de las más ásperas de la historia del liberalismo— la ganó Turbay con la fuerza de la máquina. Lleras se retiró herido, y la campaña posterior enfrentó a Turbay con el conservador Belisario Betancur, hombre de origen popular antioqueño con quien mantendría una relación cargada de simetrías y contrastes a lo largo de veinte años.

La elección de 1978 la ganó Turbay por un margen escaso, uno de los más estrechos en la historia de las presidenciales colombianas. Llegó al poder con una legitimidad numérica frágil, en un país sacudido por el paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977 —una jornada que había dejado cerca de dieciocho muertos y unos tres mil detenidos, y que tanto la guerrilla como el gobierno saliente habían leído como el preludio de una posible insurrección generalizada. Turbay asumió la banda presidencial el 7 de agosto de 1978 con esa lectura del país metida en la cabeza y con las Fuerzas Armadas presionando por instrumentos jurídicos que les permitieran actuar sin las trabas del habeas corpus.

El Estatuto de Seguridad

Apenas un mes después de posesionarse, el 6 de septiembre de 1978, Turbay firmó el Decreto Legislativo 1923, conocido de inmediato como Estatuto de Seguridad. Se expidió al amparo del estado de sitio declarado por el Decreto 2131 de 1976, que había turbado el orden público. Pero su alcance excedía con mucho la respuesta a una coyuntura: fue la instrumentalización jurídica en Colombia de la Doctrina de Seguridad Nacional, esa matriz de pensamiento militar de origen argentino que en el Cono Sur ya había pavimentado las dictaduras de los años setenta y que en Colombia adoptaría una forma singular al aplicarse dentro de un régimen civil formalmente democrático.

Un dato ilumina la decisión. López Michelsen, en su momento, había rechazado adoptar el Estatuto cuando se lo propusieron sus ministros militares. Turbay lo firmó a las pocas semanas de asumir. La diferencia no puede reducirse a una convicción ideológica personal —ambos eran liberales de una misma escuela— pero tampoco es despreciable: revela la correlación de fuerzas entre poder civil y alto mando militar en el ocaso del pacto bipartidista, y muestra que Turbay era un hombre menos inhibido que su antecesor frente al lenguaje castrense de la seguridad nacional.

El general Luis Carlos Camacho Leyva, su ministro de Defensa, fue el otro protagonista de esa arquitectura. La coordinación entre presidente y ministro fue tan estrecha que muchos observadores del período describieron el cuatrienio como un cogobierno civil-militar. Camacho Leyva encarnó el brazo ejecutor de una doctrina que Turbay avaló políticamente, y la aplicación del Estatuto llevó su firma tanto como la del presidente.

El contenido del decreto era técnicamente sofisticado y políticamente devastador. Amplió la competencia de la jurisdicción penal militar para juzgar conductas de civiles, transfiriendo a comandantes de batallón y de brigada la facultad de conocer, juzgar y sancionar delitos que afectaran el orden público. Creó nuevas figuras penales de contornos difusos, aumentó las sanciones existentes y estableció mecanismos de censura para radio y televisión. En términos jurídicos, fue el conjunto normativo más comprensivo para limitar libertades públicas y garantías individuales en Colombia desde 1958. En términos políticos, transformó a cada comandante militar en juez de primera instancia sobre la vida civil de su jurisdicción.

Cantón Norte: el detonante y la máquina en marcha

En la noche del 31 de diciembre de 1978 al 1 de enero de 1979, mientras Bogotá recibía el año nuevo, el M-19 sustrajo del Cantón Norte —el arsenal del Ejército en el norte de la ciudad— más de cinco mil armas. Fue el golpe de propaganda armada más resonante de la guerrilla urbana colombiana hasta ese momento, y para el gobierno recién estrenado fue también la prueba, entregada casi como un regalo envenenado, de que la subversión había perdido el miedo.

La respuesta fue inmediata y desmedida. En las dos semanas siguientes al robo, los detenidos se contaban por cientos. El ejército recuperó buena parte del armamento y capturó a decenas de militantes y dirigentes del M-19, entre ellos Iván Marino Ospina, señalado entonces como segundo a bordo de la organización. Pero la operación desbordó rápidamente el objetivo original. Bajo el amparo del Estatuto, las Fuerzas Armadas allanaron sin control judicial, detuvieron sin orden previa, torturaron en instalaciones militares.

Un episodio concreto ilustra la lógica del régimen: personas capturadas entre el 2 y el 8 de enero de 1979 fueron incluidas en el Acta 10 del Consejo de Ministros, que legalizó retroactivamente sus detenciones. En la misma acta, y en otras posteriores como el Acta 35 del 3 de mayo de 1979 —que ordenó la captura de abogados defensores de derechos humanos como Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Alava—, el Consejo de Ministros autorizó la detención de 138 personas: militantes del M-19, sí, pero también estudiantes, médicos, sindicalistas, izquierdistas sin vínculo alguno con la guerrilla. La cacería del M-19 se convirtió en el paraguas bajo el cual se golpeó toda forma de oposición.

Las cifras totales varían. Un recuento habla de dieciséis mil personas detenidas por razones políticas durante los cuatro años de vigencia del Estatuto; otro señala más de cinco mil detenidos y torturados solo en Bogotá, con algún reconocimiento parcial del propio Ministerio de Defensa. La tortura fue institucionalizada como método: el Estado colombiano sería condenado años después como responsable de las torturas infligidas a Olga López de Roldán en la Brigada de Institutos Militares durante ese período. Organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, constataron los abusos en tiempo real.

La respuesta del presidente ante quienes le señalaban esas violaciones fue una frase que se volvió emblema del período. Preguntado por la existencia de presos políticos en Colombia, Turbay respondió con sarcasmo: "el único preso político que hay en Colombia soy yo". La ironía —desdeñosa, cerrada, revestida del humor bogotano de sus tertulias— era, en el fondo, una negación oficial: bajo el Estatuto de Seguridad no había presos políticos porque el gobierno se negaba a reconocer la categoría misma.

La red internacional y la respuesta de los defensores

Las organizaciones colombianas de derechos humanos, que en esos años apenas estaban naciendo, entendieron pronto que la denuncia interna no bastaba. Solicitaron el apoyo de Amnistía Internacional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las visitas de estos organismos al país durante el cuatrienio fueron episodios diplomáticamente incómodos para Turbay y sirvieron para situar el debate sobre derechos humanos en el foco de la política nacional, algo inédito hasta entonces en Colombia.

En ese clima, la revista Alternativa —de la que Gabriel García Márquez era uno de los fundadores— sufrió varios atentados dinamiteros. El propio García Márquez, informado por vías reservadas de que oficiales del ejército habían ordenado su asesinato en un plazo de veinticuatro horas, tuvo que refugiarse en México. Que el más célebre escritor colombiano vivo tuviera que abandonar el país por temor a las Fuerzas Armadas de un gobierno civil elegido en las urnas fue, en la memoria del período, uno de los emblemas del clima Turbay.

El otro Turbay: el Plan de Integración Nacional

Reducir el cuatrienio 1978-1982 al Estatuto de Seguridad es dar por completa una mitad. La otra la constituye una política económica ambiciosa, articulada alrededor del Plan de Integración Nacional (PIN), cuyos objetivos declarados eran la descentralización económica y la integración territorial del país. Turbay, hombre de maquinaria, entendía la política como reparto de infraestructura, y su gobierno hizo del gasto público en obras un eje central.

Las inversiones para el PIN crecieron un 44% en términos reales entre 1978 y 1982. El sector energético recibió atención prioritaria: se construyeron varias hidroeléctricas y termoeléctricas, en línea con la premisa —una de las tres del programa presidencial, junto con seguridad y empleo— de que el país necesitaba multiplicar su capacidad instalada para sostener el crecimiento industrial. Se adelantaron dos grandes proyectos mineros que redefinirían la geografía económica colombiana: el carbonífero del Cerrejón en la Guajira y el ferroníquel de Cerro Matoso en Córdoba. Se exploraron más de cien pozos de petróleo.

Los primeros dos años se beneficiaron de una nueva bonanza cafetera —inferior en magnitud a la de 1975, pero suficiente para alimentar reservas y estimular el crecimiento— y de una política de endeudamiento externo que permitió que las reservas internacionales del país siguieran creciendo hasta alcanzar 5.630 millones de dólares en 1981, una cifra inédita. El país que Turbay recibió con superávit fiscal creció al 8,9% en el primer año, con una inflación del 15%.

Pero hacia 1981 el sector industrial cayó en una aguda recesión, y en 1982 el sistema financiero mostró síntomas de crisis: los dos grupos financieros más importantes del país colapsaron y arrastraron a otros bancos. La brecha fiscal total llegó al 7% del PIB. El crecimiento cayó al 2%. La combinación del deterioro externo con lo que algunos han calificado como política fraudulenta —tolerancia frente a la evasión fiscal, expansión desmedida del gasto en inversión pública— dejó al sucesor una economía en emergencia. El Turbay modernizador y el Turbay del descontrol fiscal fueron el mismo hombre, en años consecutivos del mismo cuatrienio.

La cruzada antimarihuana y la mirada de Washington

Los años Turbay coincidieron con la irrupción del narcotráfico como problema nacional. En ese frente, la administración desplegó una campaña que se enfocó principalmente contra la marihuana —el gran negocio ilícito de la costa Atlántica y de la Sierra Nevada de Santa Marta en los años setenta— y que arrojó cifras aparatosas. En los primeros meses del gobierno se anunciaron 27 aviones y 59 barcos interceptados, 450 traficantes arrestados y toneladas de marihuana confiscadas. A los ocho meses las cifras acumuladas llegaban a 1.127 colombianos y 188 extranjeros detenidos, 75 aviones y 74 barcos incautados, 2.610.338 kilos de marihuana decomisados y 10.217 hectáreas de cultivos destruidos. Se sumaban 152 armas de largo alcance, 477 de corto alcance, 19.226 municiones y 268 vehículos incautados. Turbay consignaría estas cifras en sus Memorias de un cuatrenio, con la vocación de dejar constancia estadística de la campaña.

Washington seguía el fenómeno con atención. El Bureau of Intelligence and Research del Departamento de Estado elaboró una evaluación del gobierno a los seis meses —President Turbay of Colombia: A six-month appraisal— y existen documentos como Colombia: An Overview of the Drug Problem que dan cuenta del seguimiento diplomático estadounidense sobre el narcotráfico colombiano en esos años. La cocaína, que en la segunda mitad del cuatrienio comenzaría a desplazar a la marihuana como negocio central, quedaba todavía en el borde del radar oficial. La campaña de Turbay, brillante en números contra la marihuana, no alcanzó a ver el fenómeno mayor que se estaba incubando en los laboratorios del Magdalena Medio y en las rutas del Caribe.

Embajada Dominicana: el M-19 golpea de nuevo

El 27 de febrero de 1980, un comando del M-19 tomó la Embajada de la República Dominicana en Bogotá durante una recepción diplomática y retuvo como rehenes a cerca de la mitad del cuerpo diplomático acreditado en el país, incluido el embajador de Estados Unidos. La operación —concebida y planeada por Luis Otero, Lucho, uno de los fundadores del M-19— duró 61 días y terminó con la salida ilesa de los rehenes, un pago de varios millones de dólares al grupo insurgente y un impacto internacional que puso a Colombia en las portadas del mundo.

Para el gobierno, la toma fue una prueba doble. De un lado, obligó a Turbay a negociar con la guerrilla que había prometido exterminar. De otro, expuso la contradicción del Estatuto: pese a dieciséis meses de detenciones masivas, torturas y allanamientos, el M-19 no solo no había sido desmantelado sino que era capaz de una operación de logística compleja en el corazón político y diplomático de la capital. La respuesta del gobierno —una negociación paciente conducida a través del embajador dominicano Diego Asencio y otros mediadores— demostró que Turbay era, en último término, un hombre pragmático: el sarcasmo público sobre los presos políticos convivió con el pragmatismo privado a la hora de sacar rehenes con vida.

La red: los suyos y sus adversarios

En torno a Turbay se organizó, durante su cuatrienio, una red familiar y política que marcaría también las décadas siguientes. Su esposa, Nydia Quintero, desarrolló una intensa actividad social y filantrópica desde la primera dama. Su hija Diana Turbay ejercería el periodismo con vocación pública y sería secuestrada por el cartel de Medellín en 1990 en una operación que terminaría con su muerte en enero de 1991, uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente del país.

En el mismo cuatrienio, un joven exministro liberal, Luis Carlos Galán, comenzó a levantar en las bases del partido una rebeldía contra la máquina que Turbay encarnaba. Galán fundaría en 1979 el Nuevo Liberalismo, y con él una crítica frontal al oficialismo turbayista que se prolongaría hasta su asesinato en 1989. La relación entre Turbay y Galán resumió una tensión más grande: la del liberalismo entre maquinaria y renovación, entre el hombre del directorio y el candidato del movimiento.

Al otro lado del espectro estaban los adversarios políticos y militares. Belisario Betancur, dos veces contendor —en 1978 como perdedor por escaso margen, en 1982 como triunfador—, encarnó la alternativa. Jaime Bateman Cayón, comandante del M-19, fue el enemigo emblemático del cuatrienio, hombre con quien Turbay nunca dialogó pero cuyas operaciones marcaron el ritmo de su gobierno. Rodrigo Lara Bonilla, joven congresista del galanismo, tomaría la bandera contra el narcotráfico y sería asesinado en 1984 por orden del cartel de Medellín, ya bajo el gobierno de Betancur.

El fin del cuatrienio: la salida y la herencia

A menos de tres meses de dejar el poder, Turbay levantó el estado de sitio que había estado vigente de forma ininterrumpida durante seis años. El argumento fue que la acción subversiva estaba controlada. En rigor, el levantamiento fue también un gesto político hacia la campaña presidencial de 1982, en la que las denuncias sobre derechos humanos, torturas, desapariciones y abusos militares se habían convertido en el tema central del debate público.

El Partido Liberal llegó dividido a las urnas. Alfonso López Michelsen, el antecesor que había rechazado el Estatuto, se lanzó a buscar la reelección al frente del oficialismo, mientras otra facción se separaba del tronco. Belisario Betancur, con una campaña que capitalizó el hastío con el cuatrienio, ganó cómodamente. La derrota liberal no fue solo aritmética: fue el reconocimiento tácito de que el país quería salir del clima Turbay.

Betancur asumió el 7 de agosto de 1982 con una orientación radicalmente distinta. A poco de su posesión creó la Comisión de Paz para establecer condiciones de diálogo con el M-19 y las FARC-EP. La Ley 35 de 1982 estableció una amnistía amplia, incondicional y automática para presos políticos y para quienes depusieran las armas, y liberó centenares de guerrilleros que habían sido enjuiciados por la justicia castrense —en su mayoría del M-19— bajo el Estatuto de Turbay. Que el gobierno inmediatamente posterior tuviera que recurrir a una amnistía general para deshacer el nudo jurídico y político que dejaba el Estatuto fue, en sí mismo, la sentencia sobre el modelo turbayista.

Porque el Estatuto fracasó en sus propios términos. Diseñado para exterminar la subversión, produjo el efecto contrario: los movimientos de oposición se fortalecieron, la simpatía social hacia las guerrillas creció entre sectores urbanos ilustrados que habrían sido inmunes a su discurso en condiciones normales, y los grupos armados se expandieron en el territorio durante el cuatrienio. La militarización de la protesta social legítima —sindicalistas, estudiantes, campesinos sometidos a la justicia penal militar— politizó a generaciones enteras contra el establecimiento liberal. El fracaso no fue solo técnico: fue estratégico.

La huella de Turbay

Turbay Ayala sobrevivió a su presidencia veintitrés años. En ellos volvió a ser jefe del Partido Liberal, mantuvo influencia sobre las candidaturas y las curules, defendió su gestión en memorias y entrevistas, cultivó su finca de Caballete y sostuvo hasta el final una versión de sí mismo que insistía en el pragmatismo del político realista frente a una amenaza subversiva real. Murió en Bogotá el 13 de septiembre de 2005. Su hija Diana lo había precedido tres décadas antes, en circunstancias que él mismo describió como el dolor mayor de su vida.

La huella del cuatrienio se puede leer en varios registros. En el jurídico, el Estatuto de Seguridad fijó un precedente que atravesaría la política de seguridad colombiana durante décadas: la idea de que las Fuerzas Armadas podían y debían actuar contra la subversión con instrumentos jurídicos de excepción, transfiriendo prerrogativas civiles al mando militar. Esa lógica, con matices y ropajes distintos, reaparecería en debates posteriores sobre estatutos antiterroristas, jurisdicción militar y estados de excepción.

En el registro económico, la infraestructura del PIN —hidroeléctricas, termoeléctricas, el Cerrejón, Cerro Matoso, exploración petrolera— sentó bases materiales que otros gobiernos aprovecharían. Colombia entró en la década de 1980 con una capacidad instalada energética y minera muy superior a la que había recibido en 1978, aunque también con un desequilibrio fiscal que costaría años ordenar.

En el registro político, Turbay marcó el ocaso de un modelo. Fue el último presidente que gobernó desde la lógica pura del Frente Nacional agotado, con la certeza de que la maquinaria liberal era suficiente para administrar el país y contener sus tensiones. Belisario Betancur, en contraste, gobernó bajo el paradigma de la paz negociada; los presidentes que siguieron —Barco, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe— se movieron entre esos dos polos que Turbay y Betancur habían fijado en el trienio 1978-1982. La política colombiana de las décadas siguientes se construyó como diálogo o rechazo con esos dos legados.

Queda finalmente el registro moral, que en la memoria colombiana es el más disputado. Para sus defensores, Turbay fue un presidente valiente que enfrentó con instrumentos duros una amenaza real, sostuvo la institucionalidad y modernizó al país. Para sus críticos, fue el presidente civil que legalizó la tortura, entregó al ejército el gobierno de las libertades públicas y dejó una herida que la sociedad colombiana no ha terminado de procesar. Las dos lecturas apuntan a datos verificables. Ninguna es completa sin la otra.

Turbay fue el hombre del partido, el bogotano del Voto Nacional que llegó a la Casa de Nariño sin apellido ni diploma, el modernizador de la infraestructura y el firmante del decreto más restrictivo de las libertades públicas desde 1958. Fue, en la fórmula que él mismo acaso habría desdeñado, el político que le puso rostro civil a la militarización. Sostener la complejidad de ese retrato —sin hagiografía ni caricatura— es el modo en que la historia colombiana ha ido aprendiendo, con demora, a leer su propio pasado reciente.