Ensayo · Transversal · —
Democracia paramilitar vs. dictadura: la Doctrina de Seguridad Nacional en Colombia y el Cono Sur
La misma Doctrina de Seguridad Nacional produjo golpes militares en Chile, Argentina y Guatemala, pero en Colombia generó una represión delegada y paraestatal bajo fachada democrática ininterrumpida. Entender esa divergencia es entender por qué el conflicto colombiano duró seis décadas y por qué su impunidad es estructuralmente más difícil de judicializar.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
Colombia no fue una excepción al patrón represivo hemisférico sino su variante funcionalmente óptima donde un pacto oligárquico bipartidista estable —el Frente Nacional— hacía innecesaria la ruptura constitucional. La combinación del Decreto 3398 de 1965, los manuales contrainsurgentes del Ejército, la asesoría estadounidense desde el informe Yarborough de 1962 y los intereses agrarios regionales produjo una delegación paramilitar legal durante veinticuatro años que realizó el trabajo represivo con menor costo político internacional que un golpe. Esa eficiencia tuvo un precio doble: un conflicto más largo que cualquier dictadura del Cono Sur y una impunidad estructuralmente más difícil de judicializar, porque la violencia estatal quedó distribuida entre actores no formalmente estatales, invisibilizada mediante desaparición forzada y anclada en redes regionales de interés que sobrevivieron a la derogatoria formal del marco legal en 1989.
La historiografía oscila entre dos posiciones igualmente insatisfactorias: quienes homologan Colombia con las dictaduras del Cono Sur bajo el paraguas de la Doctrina de Seguridad Nacional, borrando diferencias institucionales decisivas, y quienes convierten a Colombia en caso sui generis explicable solo por su conflicto interno, desconectándolo del marco hemisférico. El debate de fondo enfrenta cuatro lecturas en tensión: la sociológica —el Frente Nacional hizo innecesario el golpe al cerrar institucionalmente el acceso al poder sin ruptura constitucional—; la geopolítica —la estabilidad colombiana era demasiado valiosa para Washington como para arriesgarla en un golpe, de ahí que Yarborough recomendara estructuras paramilitares clandestinas antes que toma directa del poder—; la económica —la forma paraestatal fue primariamente un mecanismo de despojo territorial y acumulación de capital por élites regionales, evidenciado en los 8,3 millones de hectáreas desposeídas—; y la institucionalista —la delegación no fue diseño coherente sino deriva ante la incapacidad operativa del ejército para la guerra irregular—. El contraste con Guatemala 1954 es especialmente revelador: donde no había pacto oligárquico estable y una reforma agraria amenazaba intereses corporativos como los de la United Fruit Company, la intervención estadounidense tomó forma de golpe directo; donde el bipartidismo cerraba filas, bastó la asesoría encubierta. Una tensión adicional recorre el debate sobre justicia transicional: si la Ley de Justicia y Paz de 2005 produjo resultados tan distintos al Nunca Más argentino de 1984 no es por voluntad política sino porque la violencia delegada e invisibilizada es estructuralmente más difícil de atribuir que la ejecutada por juntas militares con nombre y apellido.
Ensayo completo
La lectura
¿Por qué la misma Doctrina de Seguridad Nacional produjo dictaduras en el Cono Sur y una democracia paramilitar en Colombia?
En América Latina, entre 1954 y 2005, la Doctrina de Seguridad Nacional produjo dos gramáticas distintas de represión anticomunista. Una, la del Cono Sur y Guatemala, encarnó la coerción en el Estado mismo: golpe militar, ruptura constitucional, campos clandestinos administrados por la institución armada, listas de desaparecidos firmadas —al menos implícitamente— por juntas militares reconocibles. La otra, la colombiana, distribuyó la misma violencia entre el ejército regular y una red de grupos paramilitares amparados por decreto, mientras el calendario electoral seguía imperturbable y el Congreso continuaba sesionando.
¿Por qué la misma doctrina hemisférica —forjada en Fort Benning, en la Zona del Canal, en los informes de Washington— produjo formas institucionales tan divergentes? ¿Y qué efectos tuvo esa divergencia sobre la duración del conflicto colombiano y sobre la posibilidad real de una justicia transicional?
La respuesta breve: Colombia no fue una excepción menor al patrón dictatorial, sino su variante funcionalmente más eficiente allí donde un pacto oligárquico bipartidista estable —el Frente Nacional— hacía innecesaria la ruptura democrática. Esa eficiencia tuvo un precio: un conflicto más largo y una impunidad estructuralmente más difícil de judicializar.
Por qué la pregunta incomoda
Comparar a Colombia con Chile o Argentina suele producir dos reflejos igualmente insatisfactorios. Uno los homologa —"todos fueron víctimas de la Doctrina de Seguridad Nacional"— y borra diferencias institucionales decisivas. El otro los separa hasta convertir a Colombia en un caso sui generis explicable solo por su conflicto armado interno, como si el marco hemisférico no operara. Ambos reflejos evitan el problema: la misma doctrina anticomunista, los mismos manuales, los mismos asesores, los mismos cursos en la Escuela de las Américas produjeron en un país el golpe de Pinochet en septiembre de 1973 y en otro un régimen que celebró elecciones sin interrupción entre 1958 y hoy mientras acumulaba dos ciclos de exterminio.
Lo que se juega en la pregunta no es un ejercicio académico. Es entender por qué el conflicto colombiano dura seis décadas cuando la dictadura argentina duró siete años; por qué la Ley de Justicia y Paz de 2005 produjo resultados tan distintos a los del Nunca Más argentino de 1984; por qué los responsables de la violencia estatal colombiana son, en enorme medida, personas que nunca serán juzgadas, mientras los comandantes de las juntas del Cono Sur enfrentaron —tarde, incompleta, pero enfrentaron— procesos judiciales con nombre y apellido. La forma institucional de la represión no es un detalle: determina lo que puede saberse y lo que puede juzgarse después.
Cuatro hipótesis en tensión
Existen al menos cuatro lecturas de la divergencia colombiana, y ninguna basta sola.
Una lectura sociológica parte del régimen político. Colombia mantuvo, desde el pacto del Frente Nacional en 1958, una alternación bipartidista entre liberales y conservadores que cerró institucionalmente el acceso al poder a toda fuerza distinta. Alfonso López Michelsen caracterizó ese régimen como una especie de partido único sin oposición real. La exclusión operó sin ruptura constitucional: hubo elecciones cada cuatro años, hubo Congreso, hubo prensa. El pacto oligárquico hizo innecesaria la dictadura militar porque ya realizaba, por otros medios, la función de blindaje que en el Cono Sur solo pudo lograrse mediante golpes. La aversión cultural colombiana a los gobiernos militares —evidenciada en la caída de Gustavo Rojas Pinilla en 1957 tras una huelga nacional— refuerza esta interpretación: la élite colombiana no necesitó, y probablemente no habría tolerado, un régimen castrense prolongado.
Una lectura geopolítica subraya la doble inscripción de Colombia: aliada estable de Estados Unidos y, a la vez, laboratorio insurgente desde los años sesenta. La estabilidad institucional colombiana era demasiado valiosa para Washington como para arriesgarla en un golpe que hubiera generado costos diplomáticos innecesarios. La represión debía hacerse, pero preservando la fachada. De ahí que la asesoría estadounidense —desde la misión de 1959 hasta el informe del general William Yarborough en 1962— empujara hacia estructuras mixtas civiles-militares y actividades paramilitares antes que hacia una toma directa del poder por las Fuerzas Armadas.
Una lectura económica invierte la relación causal. La forma paraestatal no habría sido primariamente un instrumento contrainsurgente sino un mecanismo de acumulación de capital y despojo territorial por parte de élites regionales —ganaderos del Magdalena Medio, agroindustriales de Urabá, terratenientes del sur de Córdoba— que utilizaron el marco legal del Decreto 3398 de 1965 y la cobertura militar para expandir su control sobre tierras y poblaciones. Los 8,3 millones de hectáreas desposeídas o abandonadas por causa de la violencia avalarían esta lectura: la guerra fue, en buena medida, una operación agraria disfrazada de contrainsurgencia.
Y una lectura institucionalista atribuye la delegación paramilitar no a un diseño coherente sino a una deriva. El ejército colombiano no logró adaptarse plenamente a la guerra irregular, y ante esa incapacidad operativa el Estado toleró —y en muchos casos promovió— la conformación de grupos civiles armados que hicieran el trabajo sucio. La delegación no fue estrategia sino remiendo, y su institucionalización posterior fue el efecto acumulativo de decisiones tomadas caso por caso.
Ninguna de estas lecturas es plenamente incorrecta. La posición que aquí se sostiene es que operan juntas y que su intersección —régimen bipartidista excluyente, alianza estadounidense estable, intereses agrarios regionales, incapacidad operativa del ejército— produjo una forma institucional que, precisamente por su carácter compuesto, resultó más difícil de desmontar y de juzgar que sus equivalentes dictatoriales.
Cómo se construyó la forma delegada
El andamiaje legal está fechado. El Decreto Legislativo 3398 de 1965, expedido bajo estado de excepción por el gobierno de Guillermo León Valencia, organizó la defensa nacional autorizando en su artículo 25 al gobierno a utilizar en actividades de restablecimiento del orden a todos los colombianos no sujetos al servicio militar obligatorio. Tres años después, la Ley 48 de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, convirtió ese decreto de excepción en legislación permanente, junto con el Decreto 1667 de 1966. El Estatuto Orgánico de la Policía —Decreto 1355 de 1970— completó el marco normativo.
Desde ese momento, y hasta 1989, el paramilitarismo fue, en sentido estricto, legal en Colombia: las normas que autorizaban a civiles a portar armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas no fueron derogadas. Entre 1965 y 1989 el Estado colombiano delegó legalmente, en coaliciones regionales, porciones del monopolio de la violencia.
A ese andamiaje legal se sumó una doctrina militar. Los manuales contrainsurgentes del Ejército de 1969, 1979 y 1982 desarrollaron el concepto de "junta de autodefensa" y ordenaron organizar militarmente a la población civil. En el Magdalena Medio, a partir de 1982, el Ejército acentuó tácticas contrainsurgentes que incluían patrullajes conjuntos con unidades paramilitares y la conformación de escuelas de entrenamiento militar para civiles a cargo de oficiales y exoficiales. En el sur de Córdoba, desde los años setenta, el Ejército promovió juntas de autodefensa amparadas en el Decreto 3398, involucrando a ganaderos y terratenientes en la guerra contrainsurgente; esas juntas serían el antecedente directo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá comandadas más tarde por Fidel y Carlos Castaño.
El origen de este entramado no es solo colombiano. En febrero de 1962, el general William Yarborough encabezó una misión militar a Colombia y elaboró un informe cuyo anexo secreto recomendaba desarrollar estructuras civiles y militares clandestinas capaces de ejecutar "actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas contra conocidos proponentes comunistas", con respaldo estadounidense. La recomendación no cayó en el vacío. El Plan LASO (1962-1966) se nutrió de esas ideas y contó con equipamiento estadounidense —helicópteros, vehículos, comunicaciones, armas pequeñas— y con la doctrina de la "acción cívico-militar". El contexto hemisférico ya estaba montado: en 1957 operaban en América Latina cuarenta misiones militares estadounidenses y cerca de seiscientos oficiales como asesores técnicos; los militares latinoamericanos rotaban por Fort Knox, Fort Leavenworth, West Point, Annapolis, Albrook.
Es en el contraste con Guatemala donde la especificidad colombiana empieza a distinguirse. En 1954, la CIA —tras haber financiado desde 1949 a militares derechistas guatemaltecos y coordinado una campaña para presentar al presidente Jacobo Árbenz como comunista— apresuró, por orden del presidente Dwight Eisenhower, los planes para su derrocamiento. La operación fue precedida por la Conferencia Interamericana de Caracas convocada por el secretario de Estado John Foster Dulles, cuyo hermano Allen Dulles dirigía la CIA. El resultado fue un golpe directo. La diferencia con Colombia es nítida: en Guatemala no había pacto oligárquico estable —había una reforma agraria en curso que afectaba a la United Fruit Company— y la única forma de "estabilizar" el país en términos anticomunistas era mediante ruptura institucional. En Colombia, cuando ocho años más tarde Yarborough elaboró su informe, la situación era la inversa: el Frente Nacional apenas iniciaba, el bipartidismo cerraba filas contra el comunismo, y la asesoría estadounidense pudo articularse con instituciones colombianas funcionales.
La operación contra Marquetalia en 1964 concentra este patrón. Los enclaves comunistas del sur del Tolima —Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero— habían sido bautizados como "repúblicas independientes" por el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado, en discursos que trasladaban al Congreso las quejas de latifundistas y sectores del clero. La operación militar, ejecutada bajo el marco del Plan LASO y con apoyo estadounidense, se saldó con un costo económico considerable y con un resultado paradójico: los principales grupos de autodefensa campesina, encabezados entre otros por Manuel Marulanda Vélez, se radicalizaron y transformaron en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La ofensiva militar produjo la guerrilla que después justificaría cuatro décadas de contrainsurgencia.
El operativo generó protestas del Movimiento Revolucionario Liberal y del Partido Comunista, debates en la Cámara de Representantes en octubre de 1964 que denunciaron fusilamientos y torturas con corriente eléctrica, y marchas estudiantiles. Nada de eso interrumpió la modernización contrainsurgente en curso: paso de puestos fijos a bases móviles, servicio militar obligatorio de dos años, publicaciones castrenses, fundación de la Cátedra de Filosofía Militar en la Escuela Militar de Cadetes.
Mientras Chile vivía en septiembre de 1973 el golpe contra Salvador Allende y Argentina inauguraba en marzo de 1976 el Proceso de Reorganización Nacional bajo Jorge Rafael Videla —ambos regímenes con desaparición forzada masiva ejecutada por el Estado directamente—, Colombia atravesaba el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) bajo el Estatuto de Seguridad (Decreto 1923 de 1978), con más de cinco mil personas detenidas y torturadas solo en Bogotá. Turbay no era un dictador. Fue elegido en las urnas y entregó el poder en la fecha establecida. La represión, sin embargo, era comparable en intensidad a la de los regímenes militares del sur.
En los años ochenta, la delegación se consolidó. La Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (ACDEGAM), fundada en 1984, funcionó como fachada legal de las autodefensas de Puerto Boyacá y, desde 1989, fue financiada por el narcotráfico. En 1982, oficiales del Batallón Bárbula convocaron reuniones con ganaderos y líderes locales —entre ellos Gonzalo y Henry Pérez— para constituir grupos paramilitares. Ramón Isaza en el Magdalena Medio, los hermanos Castaño en Córdoba y Urabá: la geografía de la delegación paramilitar se dibujaba sobre el mapa agrario colombiano. En Urabá, la máquina paraeconómica articuló empresarios, ganaderos, narcotraficantes, palmeros, militares y jefes paramilitares en una relación de colaboración horizontal orientada a la expansión de intereses económicos mediante despojo territorial.
Solo en abril de 1989, bajo el gobierno de Virgilio Barco, la normativa que sostenía la legalidad del paramilitarismo fue suspendida. Para entonces, el modelo llevaba veinticuatro años de operación y había producido una densa red de intereses regionales que sobrevivió con creces a la derogatoria formal.
La respuesta
La forma paraestatal de la contrainsurgencia colombiana fue la variante funcionalmente óptima de la Doctrina de Seguridad Nacional donde existía un pacto oligárquico bipartidista capaz de garantizar el orden social sin ruptura constitucional. Estados Unidos y las élites colombianas no necesitaron —y probablemente no habrían aceptado— romper la fachada democrática, porque la combinación del ejército regular con paramilitares delegados hacía el trabajo represivo con menor costo político internacional que un golpe. La misma doctrina hemisférica que en Chile produjo la Dirección de Inteligencia Nacional y en Argentina los grupos de tareas del Batallón 601, en Colombia produjo el Decreto 3398, ACDEGAM, las Convivir y las Autodefensas Unidas de Colombia.
La tesis, sin embargo, exige dos correcciones. La forma delegada no fue un diseño coherente ejecutado desde arriba, sino el producto acumulativo de normas de excepción, manuales militares, presiones de élites regionales e incapacidades operativas del ejército para la guerra irregular. La "eficiencia" del modelo fue en buena medida contingente, no calculada. Los paramilitares, dependientes operativamente de la fuerza pública en los años setenta, adquirieron autonomía financiera con el narcotráfico y desarrollaron dinámicas propias de acumulación territorial que a menudo excedieron o contradijeron los intereses estatales. La delegación se autonomizó.
El anticomunismo, por su parte, funcionó como dispositivo discursivo que tradujo conflictos agrarios en amenazas geopolíticas. Colombia no enfrentó una amenaza soviética real; enfrentó guerrillas rurales cuya base social eran conflictos por la tierra que anteceden a la Guerra Fría. Pero el lenguaje del "enemigo interno" comunista —difundido a través de la Escuela de las Américas, encarnado en la Doctrina de Seguridad Nacional— permitió reorientar al ejército hacia represión interna sistemática y hacer converger los intereses de terratenientes regionales, militares formados en Panamá y estrategas estadounidenses. El caso del mayor Alirio Urueña, vinculado a la masacre de Trujillo y entrenado dos veces en Estados Unidos —en 1976 y entre diciembre de 1988 y enero de 1989 en un curso para oficiales de inteligencia—, ilustra cómo la transferencia doctrinaria operó en cuadros concretos.
La delegación, entonces, no fue una versión mitigada de la represión dictatorial. Fue una modalidad institucional distinta que produjo dos efectos duraderos.
El primero es la longevidad del conflicto. Las dictaduras del Cono Sur, precisamente porque asumieron institucionalmente la autoría de la represión, produjeron pasados clausurables: cuando cayeron, cayó con ellas la estructura represiva. En Colombia, la distribución de la coerción entre ejército, paramilitares, redes regionales y actores económicos privados hizo que ningún cambio de gobierno bastara para desmontar el aparato. El régimen no era el problema; el régimen coexistía con el problema. Cada intento de negociación —desde los diálogos de La Uribe en 1984 hasta el Acuerdo de La Habana en 2016— tuvo que enfrentar no una autoridad central que decidiera la paz, sino un archipiélago de intereses cuya desactivación exigía procesos separados. Mientras las Fuerzas Armadas colombianas resistían la misión antinarcóticos estadounidense y desviaban recursos hacia la ofensiva contrainsurgente en 1991, mientras aceptaban como aliados a narcotraficantes anticomunistas como Gonzalo Rodríguez Gacha, la guerra se autoperpetuaba.
El segundo efecto es la impunidad estructural. Las dictaduras del Cono Sur dejaron cadenas de mando reconocibles: juntas identificadas, comandantes con nombre, unidades específicas. Los juicios argentinos a las juntas en 1985, los procesos chilenos contra Augusto Pinochet en la última década de su vida, las comisiones de verdad uruguayas operaron sobre estructuras institucionales verticales. La forma delegada colombiana, por su propia naturaleza, oscureció la cadena de mando. Cuando un paramilitar del Bloque Norte asesinaba a un líder sindical en 1998, ¿quién era el responsable? ¿El comandante paramilitar inmediato? ¿El oficial del batallón que patrulló con él? ¿El ganadero que financió el bloque? ¿El político regional que negoció su expansión? ¿El funcionario nacional que toleró el proceso? La delegación distribuyó la responsabilidad hasta volverla difícil de imputar en términos jurídicos convencionales.
Justicia y Paz: el precio institucional de la delegación
La Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, sancionada durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez tras las negociaciones con los paramilitares en Santa Fe de Ralito, ilustra este problema con precisión. La ley funcionó como "una especie de proceso de justicia transicional" precisamente porque se desarrolló sin cambio de régimen ni terminación del conflicto, lo que la separa del modelo clásico asociado a rupturas democráticas o ceses de hostilidades. Sus críticos señalaron el sesgo hacia los victimarios —penas reducidas a cambio de desmovilización— sin exigencia real de contribución al resarcimiento de los daños, en un contexto donde el derecho internacional de los derechos humanos y el Estatuto de Roma prohibían las leyes de punto final, las amnistías en blanco y las autoamnistías.
El problema no era solo normativo. Era estructural. La reconstrucción histórica, la recolección testimonial y la investigación criminal operaron de manera fragmentada y a veces contradictoria, relegando el testimonio de las víctimas a función ilustrativa sin peso epistemológico pleno. Las víctimas reportaron una calificación media de satisfacción con las instituciones del sistema, señalando que no proporcionaron información suficiente ni ofrecieron solución adecuada a sus denuncias.
Comparativamente, el Nunca Más argentino de 1984 —producido por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas encabezada por Ernesto Sabato— pudo reconstruir una arquitectura represiva estatal identificable porque esa arquitectura había sido estatal. El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala en 1999, tras el genocidio de Efraín Ríos Montt en los años ochenta, enfrentó una tarea comparable: un pasado con perpetradores institucionales reconocibles. Colombia no tenía ese pasado; tenía —tiene— un presente cuya estructura misma resiste la imputación.
La discusión que condujo a la Ley 975 marcó, con todo, la emergencia del discurso de la justicia transicional en el campo jurídico colombiano y otorgó mayor visibilidad a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Pero esos derechos operan sobre un objeto —la violencia delegada— que la propia forma institucional del conflicto había diseñado para ser opaco. La desaparición forzada, tecnología central del paramilitarismo colombiano —con corte al 30 de noviembre de 2021, los paramilitares fueron responsables del 32,5% de los casos, seguidos por las guerrillas con el 13% y agentes del Estado con el 3%—, no fue casual. Su propósito, en municipios como Granada, Antioquia, era precisamente no dejar rastro: ni víctima visible, ni evidencia del delito, ni identificación del victimario.
Lo que queda abierto
Tres preguntas exceden lo hasta aquí dicho y merecen enunciarse con la misma seriedad que las respuestas.
Primero: cuánto de la delegación paramilitar fue diseño oligárquico deliberado y cuánto deriva institucional. La distinción importa porque tiene implicaciones sobre la responsabilidad colectiva de las élites colombianas en el modelo represivo. Hubo diseño en el marco legal —Decreto 3398, Ley 48 de 1968, manuales del Ejército— y hubo deriva en la incorporación progresiva del narcotráfico, la expansión hacia lógicas de despojo agrario y la fragmentación regional. Los pesos relativos de una y otra dimensión no están plenamente establecidos.
Segundo: la relación exacta entre exclusión política del Frente Nacional y origen de la insurgencia armada. El pacto bipartidista bloqueó el camino al populismo tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, cerró el acceso institucional a fuerzas distintas del bipartidismo entre 1958 y 1974, y las autodefensas campesinas comunistas no aceptaron la amnistía porque sus dirigentes fueron excluidos del poder compartido. Pero la pregunta contrafáctica —qué habría ocurrido con una apertura política temprana— es indecidible.
Tercero: si la forma delegada colombiana es exportable o replicable. Los procesos centroamericanos posteriores —México con sus autodefensas y su guerra contra el narcotráfico, algunas dinámicas venezolanas y peruanas— muestran ecos, pero cada configuración es específica. La tentación comparativa debe resistirse.
Lo que sí puede afirmarse con seguridad es que Colombia no fue un caso rezagado del patrón dictatorial hemisférico, ni un accidente de la Guerra Fría en América Latina. Fue una forma institucional distinta de administrar la misma doctrina anticomunista, más sostenible políticamente en el corto plazo y más costosa históricamente en el largo. Preservó la fachada democrática y produjo un conflicto que duró más que ninguna dictadura del Cono Sur. Distribuyó la responsabilidad hasta hacerla difusa y, por eso, décadas después la mayor parte de la violencia ejercida contra la población colombiana entre 1965 y 2005 permanece sin autor judicialmente reconocido. Entender esa ecuación —menos ruptura visible, más impunidad estructural— es la condición mínima para pensar cualquier justicia posterior.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
72 documentos · 82 fragmentos de referencia01Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 521 fragmento
[1]de control directo de las élites políticas locales y regionales. El general Rojas Pinilla dio el primer paso para desestimular a los grupos armados civiles y despolitizar a la Policía y acabar con sus expresiones subnacionales (el Decreto 1814 del 13 de junio de 1953 la trasladó al Ministerio de Defensa y la convirtió…
p. 52
02El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 651 fragmento
[2]serie de normas que autorizaron al Ministerio de Guerra para la conformación de grupos de civiles armados para el desarrollo de actividades de con- trainsurgencia, vigilancia y protección, tanto rural como barrial. Así fue como se expidió el Decreto Legislativo No. 3398 de 1965, mediante el cual se reglamentó la…
p. 65
03Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1521 fragmento
[3]con la tropa, para obligarlos a que se descubran; atemorizarlos haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región” (Colombia, Ejército Nacional, Ayudantía General del Comando del Ejército, 1979, p. 188). Como los habitantes se encuentran en el centro del con fl icto, es necesario incluirlos en…
p. 152
04Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 461 fragmento
[4]Seguridad Nacional de 1978. Por tanto, entre 1965 y 1989 el paramilitarismo fue legal aunque no lo eran los crímenes cometidos por estos grupos. Según Francisco Gutiérrez, este contexto histórico e institucional fue la cuna de las autodefensas colombianas. Estas surgieron directamente de la decisión y el patrocinio…
p. 46
05Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 781 fragmento
[5]táctica de los grupos paramilitares fue la utilización y asistencia de la fuerza pública para sus operaciones. Sin bien los grupos paramilitares mantienen autonomía financiera respecto a la fuerza pública y algunas instituciones del Estado, su dependencia operativa fue durante años alta. Tal situación de asistencia de…
p. 78
06Elementos para una genealogía del paramilitarismo en Colombia. Historia y contexto de la ruptura y continuidad del fenómeno (I)Alfonso Insuasty Rodríguez, José Fernando Valencia Grajales, Janeth Restrepo Marín · 2016 · p. 17, 283 fragmentos
[6]de las pruebas de las personas asesinadas, generando terror en el conjunto de la población e imposibilitando el proceso de duelo de los familiares. 29 Elementos p a ra una g e nealogía del p a ramilitarismo e n C olombia En suma, la línea de interpretación anterior nos posibilita ampliar la reflexión a la hora de…
p. 28
[10]los actores en confrontación van modificándose a medida que el con - flicto armado evoluciona y se prolonga su duración. En consecuencia con lo anterior, Mauricio Romero advierte sobre la com- plejidad de poder mantener diferencias claras en la caracterización de los pa- ramilitares y las autodefensas, proponiendo que…
p. 17
[11]los actores en confrontación van modificándose a medida que el con - flicto armado evoluciona y se prolonga su duración. En consecuencia con lo anterior, Mauricio Romero advierte sobre la com- plejidad de poder mantener diferencias claras en la caracterización de los pa- ramilitares y las autodefensas, proponiendo que…
p. 17
07Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 631 fragmento
[7]y de control de población de los grupos paramilitares se daría simultáneamente con una intensi fi cación de las operaciones militares del Ejército en el Magdalena Medio. El Grupo de Me- moria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Recon- ciliación (CNRR) constataría que, en el Magdalena Medio, A partir de…
p. 63
08Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 9121 fragmento
[8]con que paramilitares, en connivencia con miembros de la fuerza pública, perpetraron masacres en el nordeste y en el Urabá antioqueño en los años ochenta; 3) el trabajo manco- munado de agentes del Estado, narcotraficantes y paramilitares para lograr la muerte de Pablo Escobar en 1993; 4) el tránsito que…
p. 912
09Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2521 fragmento
[9]desarrollo de organizaciones que brindaban protección a quien pudiese pagarla 326 Una suerte de delegación hacia arriba que se ha manifestado en la adopción de recomendaciones y políticas de seguridad y defensa internacionales, especialmente estadounidenses, para definir y afrontar las responsabilidades estatales en…
p. 252
10Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 461 fragmento
[12]provided by the United States. 16 The light aircraft that Yarborough recommended for the Colombian Air Force were “Helio Couriers,” a lightweight plane used extensively by the cia in operations at that time in Africa and Indochina. The U.S. State Depart - ment had already recommended in 1960 that the Colombian…
p. 46
11More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 761 fragmento
[13]the doctores in charge were so impressed that they promoted him again, to the position of army commander and later war minister. Although General Ruiz downplays the link, it is clear that Plan Lazo also drew heavily on American ideas that emerged from a seis- mic shift in the way war was waged across the globe, most…
p. 76
12Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 471 fragmento
[14]la población, y se mejorara la inteligencia. En particular sugería: «Un programa intenso de registro de los civiles... de modo que todos sean registrados en archivos del gobierno incluyendo huellas digitales y fotografías»... También recomendaba este esmerado militar, el procedimiento de técnicas de interrogatorio que…
p. 47
13Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 471 fragmento
[15]la población, y se mejorara la inteligencia. En particular sugería: «Un programa intenso de registro de los civiles... de modo que todos sean registrados en archivos del gobierno incluyendo huellas digitales y fotografías»... También recomendaba este esmerado militar, el procedimiento de técnicas de interrogatorio que…
p. 47
14Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 641 fragmento
[16]defender exclusivamente las fronteras nacionales para empezar a enfrentar a los armados en el país, lo que exigía el abandono del apoliticismo y la neutralidad de la institución castrense. En tanto que se planteaba combatir el comunismo no solo desde una clara estrategia militar, sino también que su freno debía…
p. 64
15Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 611 fragmento
[17]GINI para Bogotá y la Región», 11-12. 118 Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, 337. 119 Misas Arango, Regímenes de acumulación y modos de regulación: Colombia 1910-2010, 62. 120 Archila, Idas y venidas, vueltas y revueltas, 90. 121 Helg, La educación en Colombia: 1918-1957. Una historia social, económica y…
p. 61
16La violencia en Colombia. Estudio de un proceso social - Tomo IIGermán Guzmán Campos, Orlando Fals Borda, Eduardo Umaña Luna · 2019 · p. 3741 fragmento
[18]ventajosamente a una guerra generalizada de guerrillas dentro de la topografía americana. En algunos países, como Colombia, se han realizado ensayos con resultados positivos. Algunos atribuyen este éxito, en parte, a la ayuda de Estados Unidos que han destacado en Latinoamérica cerca de 600 oficiales como asesores…
p. 374
17Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 1841 fragmento
[19]in- ternacional, mucho menos cuando las guerrillas comunistas aún continúan en guerra en Colombia y no se avizoraban perspectivas de paz en el corto plazo. La esencia de la doctrina de seguridad era combatir al enemigo interno para contener la expansión del comunismo internacional, sin que se cuestionara necesariamen-…
p. 184
18El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC)Gonzalo Sánchez Gómez, Mario Aguilera Peña · 2011 · p. 491 fragmento
[20]partido conservador. Colombia Nunca Más. Cimitarra. www.dere- chos.org/nizkor/colombia. 178 Voz. Marzo 16 de 1978. 179 Vanguardia Liberal Agosto 28 de 1981. 96 Capítulo 2 97 El orden desarmado La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) tuvo efectos bastante negativos para la…
p. 49
19"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 251 fragmento
[21]6; “De los fines del Estado” (Boletín de Estrategia 001), en el mismo ejemplar, pp. 79 a 82; “Organización básica de la defensa nacional”, (Boletín estratégico 002), en Nº. 89, mayo-junio-julio-agosto 1978, Vol. XXX, pp. 227 a 236; “Generalidades sobre seguridad nacional”, (Editorial), en No.96,…
p. 25
20Pueblos arrasados: Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión (relatores) · 2015 · p. 641 fragmento
[22]la Escuela Militar de Cadetes a fin de elevar la enseñanza en el ámbito universitario y se fundó la Cátedra de Filosofía Militar, con el fin de explicar el sentido y la misión de las Fuerzas Armadas y dar a conocer el papel de esta institución. También se hizo un esfuerzo por llevar a los cuadros de las Fuerzas…
p. 64
21Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 721 fragmento
[23]la soberanía del Estado, y agregó: «Hay la República Independiente de Sumapaz. Hay la República Independiente de Planadas, la de Riochiquito, la de este bandolero que se llama Richard». Gómez, además, le pidió al Gobierno que se diera vía libre al Ejército para que operara «a plenitud»; de no hacerlo, «está fomentando…
p. 72
22El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 992 fragmentos
[24]como su padre Laureano, durante un discurso en el Senado habló de la existencia de unas regiones conocidas como Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, situadas en la vertiente de la cordillera Central, al sur del departamento del Tolima. Las trataba de “repúblicas independientes”, al asegurar que quienes…
p. 99
[25]como su padre Laureano, durante un discurso en el Senado habló de la existencia de unas regiones conocidas como Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero, situadas en la vertiente de la cordillera Central, al sur del departamento del Tolima. Las trataba de “repúblicas independientes”, al asegurar que quienes…
p. 99
23A lomo de mula. Viajes al corazón de las FarcAlfredo Molano · 2016 · p. 422 fragmentos
[26]Regular, que, según testimonio de Guaracas, fue creada “con la misión de estar patrullan do, previendo cualquier peligro para poder trabajar más tranquilos”. N o obstante, Marulanda montó emboscadas contra el Ejército en las carreteras El Carmen y el Alto, donde les quitó varios fusiles a las tropas del Gobierno. La…
p. 42
[27]Regular, que, según testimonio de Guaracas, fue creada “con la misión de estar patrullan do, previendo cualquier peligro para poder trabajar más tranquilos”. N o obstante, Marulanda montó emboscadas contra el Ejército en las carreteras El Carmen y el Alto, donde les quitó varios fusiles a las tropas del Gobierno. La…
p. 42
24Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 491 fragmento
[28]Luna; y el sacerdote Camilo Torres, que ofreció una mediación entre los campesinos y las autoridades, por lo que fue tildado por la prensa conservadora como “crip- tocomunista”. El episodio desencadenó protestas por parte del Movimiento Revolucionario Liberal (mrl) y del Partido Comu- nista, y debates en la Cámara de…
p. 49
25¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 941 fragmento
[29]s ubver s iv os, entre l os que s e des tacó el Movimient o Obrero, E s tudiantil y Campe s ino (MOEC). C o n aquella lógica de la guerra fría, s umada al hech o de que el régimen había delegad o a la s fuerza s armada s el c o ntr o l ca s i ab so lut o de la s eguridad interna, el Gobiern o de Guillerm o León…
p. 94
26Forgotten Peace: Reform, Violence, and the Making of Contemporary ColombiaRobert A. Karl · 2017 · p. 3381 fragmento
[30][Riochiquito] out of this misery” while also preserving the peace he had built. 27 The means to make contact were readily at hand. Riochiquito’s residents frequently passed by an army post on the way to the weekly market in Pacarní, a village across the Huila border (map 3). Ciro quietly sent word up the command chain…
p. 338
27Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 28, 852 fragmentos
[31]están lu- chando contra nuestros enemigos, no tenemos ningún interés en comba- tirlos»25. Está visión se oye dentro de los círculos más altos de los mandos militares 26. De esta manera, las relaciones entre el Estado y los grupos son de colaboración en las zonas es en el terreno, mientras el tar. Este análisis se LOS…
p. 85
[56]de corto alcance, como la que se dio en el primer n1andato de López Pumarejo. Durante el Frente Nacional, el Estado inhibió toda expre- sión del conflicto social y excluyó de la política a las clases subordina- das. Otra consecuencia de la guerra civil fue que bloqueó el camino al populismo en Colombia con la…
p. 28
281989María Elvira Samper · 2019 · p. 401 fragmento
[32]de confianza y quien es uno de los fundadores de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, Acdegam, organización que nace en 1984 luego de que las Farc secuestran al padre de Pérez, Gonzalo de Jesús Pérez, el Viejo. En sus inicios aparece como una entidad que ofrece servicios de salud y…
p. 40
29Isaza, el clan paramilitar. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 491 fragmento
[33]protección de bienes y tierras de los ganaderos, entre los cuales resaltan Evelio Monsalve, Alberto Villegas, John Yepes, Ignacio López y Carlos Salazar (Fiscalía Dossier ACMM, s. f.). Otros de los ganaderos reconocidos en la región que vivían entre La Estación Cocorná y Las Mercedes eran Gabriel Echeverry, Misael…
p. 49
30A las puertas de El UbérrimoIván Cepeda, Jorge Rojas · 2008 · p. 391 fragmento
[34]1982-2003,p. 139. 32 José Félix LAfaurie Rivera, presidente de Fedega/l, discurso de inauguración del XXX Congreso Nacional de Ganaderos, noviembre de 2006. 41 IV ÁN CEPEDA Y JORGE ROJAS Patriótica, de candidatos al concejo, sindicalistas, maestros, indígenas y profesores, no lesionó la capacidad de los grupos…
p. 39
31Justicia y Paz ¿Verdad judicial o verdad histórica?Iván Orozco Abad, María Victoria Uribe, Gina Cabarcas, Luis Carlos Sánchez Díaz · 2012 · p. 1711 fragmento
[35]decir que no, pero ante un magistrado ustedes no van a salir con cuentos raros, no se los va a creer nadie”. Yo les digo así en la versión, esto no se lo cree nadie, que usted sea comandante y no… es su problema, el proceso es suyo”. 340 Capítulo 2 341 JUSTICIA Y PAZ: ¿Verdad judicial o verdad histórica? crimen…
p. 171
32Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1201 fragmento
[36]as Muerte a Secuestradores (MAS, Death to Kidnappers) which was founded in 1981, dedicated themselves to protecting large landowners and the drug car- tels from guerrilla extortion, kidnapping, and assassinations (International Crisis Group, ICG, 2002, 4). MAS also engaged in numerous assassinations of representatives…
p. 120
33The Para-State: An Ethnography of Colombia's Death SquadsAldo Civico · 2016 · p. 1801 fragmento
[37]from kidnappings, but to also dispossess peasants from their land, which has been increasingly concen- trated to the advantage of agroindustrial businesses and mining companies (Reyes Posada 2009). Paramilitary death squads have played a fundamental role in the repression of workers’ organizations and the selective…
p. 180
34La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 751 fragmento
[38]con el desarrollo regional, y por lo tanto inexistencia de impuestos locales de industria y comercio, menor esfuerzo y gasto para controlar impactos ambientales, o simplemente contratos de pago de regalías ventajosos frente a lo que debería recibir el nivel nacional. El razonamiento del capítulo desmitifica la…
p. 75
35Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 1451 fragmento
[39]de que no lo hubieran derrocado, y resentían que los gobiernos de Betancur y de Barco hubieran asumido políticas con las que ellos estaban en franco desacuerdo, como la de buscar una paz negociada con las guerrillas. Por eso aceptaron gustosos como aliado para su causa ideológica a Rodríguez Gacha, más anticomunista…
p. 145
36Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo IILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · p. 1411 fragmento
[40]los intereses que lo alentaron (empresarios, ganaderos, narcotrafi- cantes, palmeros, militares, jefes paramilitares, etc.) e implementar mecanis- mos de control y despliegue militar con el objetivo no solo de apropiarse de los territorios, sino de ordenarlos de acuerdo a sus voluntades. Esto no implica, sin embargo,…
p. 141
37Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 471 fragmento
[41]fases se pueden identificar con claridad en Barrancabermeja. Una primera relacionada con la persecución a líderes y sin- dicalistas, de la que es acusada como responsable la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional; otra que involucra dos aspectos: la migración de per- sonas provenientes de regiones controladas…
p. 47
38Desaparición forzada. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoElsa Blair · 2018 · p. 351 fragmento
[42]descripciones, la reconstrucción de eventos, el reporte so- bre los hechos acaecidos, las cifras que hoy alcanza y los testimo- nios de las víctimas de los que se valen para aclararlo, dejan ver lo que se podría nombrar como una “sociología de la desaparición” que permite apreciar, –con mayor profundidad que su misma…
p. 35
39Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucciónMarta Inés Villa Martínez, Laura Cartagena Benítez, Fernando Valencia Rivera · 2016 · p. 1981 fragmento
[43]traumático la gente como dando el último adiós hagan algo ¡sálvenme! esa y era en medio de cada uno y muchos de esos quedaban desapa- recidos y los llevaban a tierra Fría porque allá había mucha zona boscosa (CNMH, Taller de Memoria, hombre, Cuenca Zona Fría, 27 y 28 de junio de 2014). Es muy importante señalar cómo…
p. 198
40Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 251 fragmento
[44]Histórica (CNMH), corte al 30 de noviembre del 2021. 25 paramilita res han sido los mayores responsables (32,5 % de los casos), seguidos por las guerrillas (13 %) y los agentes del Estado (3 %) 29. Los hombres han sido las principales víctimas en el caso de las desapariciones forzadas y en el de los homicidios, según…
p. 25
41Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 2131 fragmento
[45]component of the operations undertaken by the BINCI. According to a 1979 report from the US Embassy in Bogota on the human rights situation in Colombia, 34 the BINCI had created the American Anti-Communist Alliance (also known as “Triple A”) in 1979, a branch of the Battalion (U.S. Department of State 1979) to which…
p. 213
42Limpieza social. Una violencia mal nombradaCarlos Mario Perea Restrepo · 2015 · p. 11 fragmento
[46]INFORME DEL CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA Limpieza social Una violencia mal nombrada Limpieza social Una violencia mal nombrada Limpieza social Una violencia mal nombrada Gonzalo Sánchez Gómez Director General del Centro Nacional de Memoria Histórica Carlos Mario Perea Restrepo Autor Andrés Rincón Morera…
p. 1
43Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 1841 fragmento
[47]afectado por el precio decreciente del café, y su entusiasmo por la organización laboral asustó a los sectores más conservadores de la sociedad. Rojas Pinilla fue depuesto en 1957 con una huelga nacional, y una Junta Militar gobernó hasta las elecciones de 1958. Con todo, cabe anotar que en el siglo XX, el Ejército se…
p. 184
44Nueva Historia de Colombia, Vol. I: Historia Política 1886-1946Álvaro Tirado Mejía (director científico), Jorge Orlando Melo, Carlos Eduardo Jaramillo Castillo, Eduardo Lemaitre Román, Alfonso López Michelsen, Humberto Vélez Ramírez, Germán Colmenares, Mario Latorre Rueda, Germán Arciniegas, Gustavo Humberto Rodríguez R. · 1989 · p. 2851 fragmento
[48]dictadura de trece años, y en Guatemala Jorge Ubico inicia la suya, que se prolongará hasta 1944. En Colombia un sistema que tiene 50 años es sustituido por otro; el par- tido conservador pierde la presidencia y el partido liberal llega a gobernar; el cambio se ha realizado por elecciones y el poder se juega entre…
p. 285
45Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 341 fragmento
[49]las "caras externas” de la cinta, es decir, en los contextos estatales de la vio lencia pública colombiana, sean nacionales o internacionales, su interés 40 PA L A B R A S, M O M E N T O S Y L U G A R E S D E U N C O N F L IC T O A R M A D O IN C O N C L U S O P A L A B R A S, M O M E N T O S Y L U G A R E S D E U N C…
p. 34
46Exilio colombiano. Huellas del conflicto armado más allá de las fronterasCentro Nacional de Memoria Histórica, Juan Manuel Zarama Santacruz, Randolf Laverde Tamayo, Juan Pablo Luque · 2018 · p. 851 fragmento
[50]y las llamadas DSN (Dictaduras de Seguridad Nacional), cuyas políticas represivas, violatorias de derechos humanos, civiles y políticos dieron origen a desapariciones, encarcelamientos, asesinatos y destierros masi- vos de activistas políticos, sociales, gremiales e intelectuales cuyo espectro polí- tico-ideológico…
p. 85
47El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 831 fragmento
[51]y mucha violencia, pero probablemente en significativamente menor escala que Colombia. País en guerra Si en la sección anterior consideré diferentes enunciados acerca del régimen colombiano, es posible pensar que se puedan identificar variables que no caractericen directamente al régimen político, pero que expliquen…
p. 83
48¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 341 fragmento
[52]repre- sión puede calificarse como exterminadora (brutal, masiva y homicida): un primer ciclo "conocido como periodo de la Violencia (más o menos desde la segunda mitad de la década de 1940 hasta comienzos de la década de 1960), y [un segundo ciclo] que llamaré periodo de la guerra contrainsurgente que comienza…
p. 34
49Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009Mauricio García Villegas, Javier Eduardo Revelo Rebolledo · 2009 · p. 191 fragmento
[53](1999), Deas (1995), González (1989, 1998), Leal Bui- trago (1984), Melo (1992, 1998), Oquist (1978), Palacios (2003), Pécaut (1978), Rubio (1999), Safford y Palacios (2002), Thoumi (1995), Gu - tiérrez (2007), Romero (2003), Gutiérrez (2002), Leal y Dávila (1990), Posada-Carbó (2006). 2 Cada vez es más frecuente la…
p. 19
50Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 2231 fragmento
[54]se estabilizaron con los arreglos políticos e institucionales derivados de la promulgación de la nueva Constitución Política de 1991. Los militares aceptaron un control administrativo más fuerte y la sanción de miembros de la fuerza por la justicia civil en casos individualizados. En contrapartida, el poder civil…
p. 223
51Violent Democratization: Social Movements, Elites, and Politics in Colombia's Rural War Zones, 1984-2008Leah Anne Carroll · 2011 · p. 231 fragmento
[55]the pact halted the interelite competition and vi- olence but also further excluded nonelite interests from political power. 13 Colombia’s government restricted participation by both (national) nonelite interests and interests from the peripheral regions. Although for- mally democratic, with presidential elections…
p. 23
52Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1191 fragmento
[57]entre sus seguidores. Por eso, desde antes de derrocar al “dictador”, ya habían hallado una fórmula para poner fin a las arraigadas luchas bipartidistas: conservadores y liberales se repartirían milimétricamente el poder. Por una parte, alternarían la Presidencia durante dieciséis años, de manera que cada partido…
p. 119
53Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2401 fragmento
[58]salido de control en las regiones, y que luego le devolviera el poder a los sectores moderados de las élites políticas liberales y conservadoras. Sin embargo, el plan no salió como lo esperaban. El proceso de pacificación arrojaba resultados más bien pobres y, más grave aún, Rojas no daba señales de querer devolver el…
p. 240
54Territorial Rule in Colombia and the Transformation of the Llanos OrientalesJane M. Rausch · 2013 · p. 781 fragmento
[59]ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 4 T erritorial Rule during the National Front and Its Aftermath, 1958–1978 The threat posed by Rojas Pinilla’s populist leanings and his increasingly inde- pendent actions proved to be the final outrage that drove Liberal and Conserva- tive leaders to…
p. 78
55The Agrarian Question and the Peasant Movement in Colombia: Struggles of the National Peasant Association, 1967-1981Leon Zamosc · 1986 · p. 351 fragmento
[60]Rojas Pinilla, granted a general amnesty and achieved an almost complete demobilization of the armed peasants. The indiscriminate assaults and retaliations gradually ended, and the Violencia was reduced to counterinsurgent campaigns by the army against bandits, Communist strongholds, and recalcitrant Liberal guer-…
p. 35
56Fighting Monsters in the Abyss: The Second Administration of Colombian President Álvaro Uribe Vélez, 2006–2010Harvey F. Kline · 2015 · p. 422 fragmentos
[61]planning a coalition government; the Catholic Church had lost interest in the Rojas experiment. Leaders of most of the economic interest groups, representing the upper levels of Colombian economic life, had supported the trade unions in general strikes. On May 10, 1957, the top military leaders asked Rojas to leave…
p. 42
[62]planning a coalition government; the Catholic Church had lost interest in the Rojas experiment. Leaders of most of the economic interest groups, representing the upper levels of Colombian economic life, had supported the trade unions in general strikes. On May 10, 1957, the top military leaders asked Rojas to leave…
p. 42
57Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2341 fragmento
[63]ir í a de 1958 a 1974. De este modo la alianza se volvi ó de hierro y el Frente Nacional se convirti ó, como lo se ñ al ó el liberal Alfonso L ó pez Michelsen, en una especie de r é gimen de partido ú nico, sin oposici ó n, que volv í a impensable cualquier pro puesta que no contara con el consenso general. REFORMISMO…
p. 234
58Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 4102 fragmentos
[64]de aquélla a despecho de la modificación "temporal" a la Constitución), con alternación en el mando y una estricta paridad en el gabinete, las asambleas departamentales y los concejos. Paralelamente se restablecieron las libertades públicas y las sindicales —aunque sin restaurar la unidad del sindicalismo —y se…
p. 410
[65]de aquélla a despecho de la modificación "temporal" a la Constitución), con alternación en el mando y una estricta paridad en el gabinete, las asambleas departamentales y los concejos. Paralelamente se restablecieron las libertades públicas y las sindicales —aunque sin restaurar la unidad del sindicalismo —y se…
p. 410
59Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 2322 fragmentos
[66]inició en el año 1947. Cuando el presidente conservador Mariano Ospina Pérez intentó imponer la ley marcial, a fines de 1949, el Partido Comunista or- denó a sus miembros que se alzaran en armas para defenderse del Gobierno. El llamado de los comunistas a la autodefensa fue imitado por líderes del Partido Liberal y,…
p. 232
[67]inició en el año 1947. Cuando el presidente conservador Mariano Ospina Pérez intentó imponer la ley marcial, a fines de 1949, el Partido Comunista or- denó a sus miembros que se alzaran en armas para defenderse del Gobierno. El llamado de los comunistas a la autodefensa fue imitado por líderes del Partido Liberal y,…
p. 232
60La dimensión moral del conflicto armado en Colombia. Una lectura a partir de Theodor W. AdornoTulia Almanza Loaiza · 2022 · p. 3461 fragmento
[68](2004) en: GMH, op. cit. (2013, 112) 565 Paul Oquist, Violencia y conflicto y política en Colombia, 322, en GMH, ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Informe General, 115. 347 A N EX O por el Partido Comunista, y las autodefensas del Sumapaz se negaron a aceptar la amnistía, con lo cual se expusieron a…
p. 346
61¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 811 fragmento
[69]bipartidismo y de los canales institucionales diseñados para ello, poniendo incluso en riesgo la fórmula de alternación en el poder en la reñida competencia electoral por la Presidencia de la República entre el candidato oficialista y el de la Alianza Nacional Popular, ANAPO, en 1970. Por su parte, la ampliación…
p. 81
62Historia de Colombia. Colombia Contemporánea IArturo Alape, Antonio Caballero, Gonzalo Hernández de Alba, Mauricio Archila, Germán Arciniegas, Enrique Sánchez y otros (obra colectiva) · 1988 · p. 1001 fragmento
[70]victoriosa en La Habana de las guerrillas de Fidel Castro, en diciembre de 1958 (el comienzo de un proceso revolucionario que pronto tomaria un rumbo socialista), favorecieron la aparicion, en América y en sectores urbanos y rurales tradicio- nalmente marginados, de unos movimientos socia- les que exigian mayor…
p. 100
63Nueva Historia de Colombia, Vol. III: Relaciones Internacionales, Movimientos SocialesÁlvaro Tirado Mejía, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Cepeda Ulloa, Rodrigo Pardo García-Peña, Germán Zea Hernández, Luis Vitale, Malcolm Deas, Catherine LeGrand, Mauricio Archila Neira, Rocío Londoño Botero, Pierre Gilhodes, Myriam Jimeno Santoyo · p. 1571 fragmento
[71]de 1953, el gobierno de Arbenz alcanzó a expropiar 495.483 hectáreas, de la cuales 150.000 eran del enclave bananero controlado por la United Fruit Company. El presidente D. Eisenhower orde- nó entonces apresurar los planes gol- pistas, redoblando la campaña publi- citaria mundial con el fin de demostrar que Arbenz…
p. 157
64Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3341 fragmento
[72]una invitación a la impunidad.4 En efecto, el proyecto buscaba motivar la desmovilización de los grupos armados a cambio de penas bajas, sin que los actores del conflicto contribuyeran a resarcir los daños que habían causado. En esencia, era un proyecto centrado en los victimarios. Después de un proceso de negociación…
p. 334
65El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 1652 fragmentos
[73]negociación con los paramilitares constituye uno de los hitos fundamentales de la actuación del Estado en relación con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La discusión que condujo a la adopción de esta Ley, y los debates posteriores relativos a su implementación, marcaron la…
p. 165
[74]negociación con los paramilitares constituye uno de los hitos fundamentales de la actuación del Estado en relación con los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. La discusión que condujo a la adopción de esta Ley, y los debates posteriores relativos a su implementación, marcaron la…
p. 165
66Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 1911 fragmento
[75]la justicia y la reparación y la necesidad de restablecer la paz, la democracia, el Estado de derecho y la convivencia pacífica (lo cual, en muchos casos, implica que víctimas y perpetradores deban convivir en los mismos espa- cios territoriales y políticos). 105 Aunque las soluciones que cada comunidad política en…
p. 191
67Guerras, paces y vidas entrelazadas: coexistencia y relaciones locales entre víctimas, excombatientes y comunidades en ColombiaJuan Diego Prieto Sanabria · 2012 · p. 261 fragmento
[76]para quienes formulan e implementan políticas al respecto. 1.2.2. La justicia transicional y la hora de las víctimas En segundo lugar, las negociaciones con las auc iniciaron una especie de pro- ceso de justicia transicional en el marco de la Ley de Justicia y Paz (véase Res- trepo y Bagley 2011). La justicia…
p. 26
68La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 3731 fragmento
[77]una mesa de diálogo a cambio de enviar a los participantes de esa mesa a la cárcel por el resto de sus vidas. Ningún grupo subversivo firma la paz para ir a prisión. Ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Para esas circunstancias excepcionales en que una sociedad busca hacer el tránsito de una etapa de guerra o…
p. 373
69Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en ColombiaClaudia Cecilia Ramírez Cardona (coord.); Andrea González Rojas; Constanza Clavijo Velasco; Carmen Alicia Mestizo Castillo; Belén Pérez González · 2007 · p. 711 fragmento
[78]aceptados por Colombia (artícu lo 9 CP.), el Estatuto de Roma, y nuestro ordenamiento constitucional, que sólo permite la amnistía o el indulto para delitos políticos y con el pago de las indemnizaciones a que hubiere lugar (artículo 150. numeral 17 de la CP.), no admi ten el otorgamiento de auto amnistías, amnistías…
p. 71
70Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoFrancisco Barbosa Delgado · 2018 · p. 201 fragmento
[79]que han sido víctimas producto del conflicto” (Wiesner, Héctor, 2017, página 3). El Informe del CNMH enfatiza en este tema porque los postulados de todas las normativas en derechos humanos ya enunciadas son totalmente excluyentes a la amalgama de beneficios y exenciones que la Ley 975 de 2005 ofrecía en pro de los…
p. 20
71Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 1752 fragmentos
[80]la palabra de la v í ctima y la fuente documental toma una dimensión particular. A futuro, como lo he planteado hace poco en un ensayo sobre el prospecto de una comi - sión de verdad, cualquier iniciativa de esclarecimiento histórico a la colombia - na debe unificar estas dos perspectivas (Castillejo, 2015a). En estos…
p. 175
[81]la palabra de la v í ctima y la fuente documental toma una dimensión particular. A futuro, como lo he planteado hace poco en un ensayo sobre el prospecto de una comi - sión de verdad, cualquier iniciativa de esclarecimiento histórico a la colombia - na debe unificar estas dos perspectivas (Castillejo, 2015a). En estos…
p. 175
72Encuesta Nacional ¿Qué piensan los colombianos después de siete años de Justicia y Paz?Gonzalo Sánchez Gómez, Iván Orozco Abad, Álvaro Villarraga Sarmiento, Luis Carlos Sánchez Díaz, Patricia Linares Prieto, María Consuelo Ramírez Giraldo, Angelika Rettberg Beil, Laura Otálora Cuenca, Irina Mago Cordido, Paola Ximena Silva Cortés · 2012 · p. 1031 fragmento
[82]parte del grupo de personas Afectadas, y menor entre las personas No Afectadas. En este caso, este último subgrupo coincidió con las Víctimas Organizadas de la muestra, una tendencia contraria al patrón de disparidades entre ambos segmentos. Por otro lado, las instituciones que han formado o forman parte del sistema…
p. 103