Repúblicas independientes

En un discurso pronunciado en el Congreso de la República el 25 de octubre de 1961, el senador conservador Álvaro Gómez Hurtado bautizó como "repúblicas independientes" a un puñado de enclaves campesinos del sur colombiano —Sumapaz, Planadas, Riochiquito, el territorio del guerrillero Richard— y sostuvo que en ellos no regía la soberanía del Estado. El nombre prendió. En pocos años se convirtió en la fórmula que justificó la ofensiva militar de mayo de 1964 contra Marquetalia, y esa ofensiva, lejos de liquidar la resistencia, produjo el mito fundacional y la organización armada que dos años después se llamaría Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La expresión no describía tanto una realidad territorial como la construía: tradujo un problema agrario y de ausencia estatal al lenguaje de la Guerra Fría y de la amenaza soberana. En ese desplazamiento semántico —de campesinos desplazados y armados a Sierras Maestras andinas— cabe buena parte del origen del conflicto armado colombiano contemporáneo.

Qué se nombra al decir "repúblicas independientes"

El término designa un puñado de zonas del sur del país donde, entre finales de los años cuarenta y mediados de los sesenta, comunidades campesinas —muchas desplazadas por la violencia bipartidista, otras nacidas de la colonización de fronteras agrícolas— desarrollaron formas de autogobierno y autodefensa armada bajo influencia del Partido Comunista Colombiano. Los nombres son concretos: Marquetalia y Riochiquito en la vertiente sur de la cordillera Central, El Pato en la frontera entre Huila y Caquetá, Guayabero en el Meta, el macizo del Sumapaz entre Cundinamarca y Tolima, y antes de ellos El Davis y Villarrica en el sur tolimense. Allí funcionaban estructuras de gobierno rudimentarias pero explícitas: un líder comunitario con poderes ejecutivos, un parcelador encargado de distribuir tierras y resolver conflictos, un secretario general de información. Se administraba justicia, se regulaban las relaciones vecinales, se levantaban escuelas.

La etiqueta "república independiente" tuvo, sin embargo, otra vida —más ruidosa y más eficaz— como categoría del debate político. En boca de Gómez Hurtado y de los medios que amplificaron su denuncia, nombró un enemigo interno: territorios sustraídos a la soberanía nacional, potenciales facsímiles andinos de la Sierra Maestra cubana, cunas de una revolución al estilo castrista. Esa segunda vida del término —cargada de retórica anticomunista, cruzada por la lógica de la Alianza para el Progreso y por el nerviosismo estadounidense tras la Revolución Cubana— ordenó las respuestas estatales y sigue pesando en la memoria del conflicto. El sujeto es doble: hay una realidad de comunidades armadas y hay un nombre que las reencuadró como amenaza soberana. Ninguna de las dos existe sin la otra en su forma histórica reconocible.

Los orígenes: de la Autodefensa de Masas a los enclaves armados (1949-1953)

El punto de partida está fechado. A fines de 1949, dos semanas después de que se hizo evidente que Laureano Gómez ganaría las elecciones presidenciales, y en respuesta al intento del presidente Mariano Ospina Pérez de imponer la ley marcial, el Partido Comunista Colombiano anunció una política de "Autodefensa de Masas" contra lo que caracterizó como violencia organizada de los conservadores. La decisión se tradujo pronto en enclaves armados en tres zonas: el municipio de Viotá en Cundinamarca, la región del Sumapaz en la frontera con el Tolima, y el extremo sur del departamento del Tolima. Al frente del Sumapaz quedó Juan de la Cruz Varela, heredero del movimiento agrario que Erasmo Valencia venía impulsando desde décadas atrás y que había mantenido vínculos con Jorge Eliécer Gaitán. En el sur del Tolima dirigió el enclave Jacobo Prías Alape, conocido como "Charro Negro". La llamada comunista fue rápidamente imitada por dirigentes liberales, y en pocos meses miles de combatientes armados de ambos partidos enfrentaban al ejército y a la policía conservadora.

La distinción importa. Las guerrillas liberales respondían al mando de jefes políticos y a lealtades partidistas; las autodefensas comunistas se apoyaban en organización campesina previa —las ligas rurales que el PCC había impulsado desde su acreditación formal en 1930— y en una doctrina explícita de defensa colectiva vinculada a la reforma agraria. Esa diferencia genealógica explicará después las divergencias en la desmovilización: cuando en 1953, bajo el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, se abrió la amnistía, líderes como Juan de la Cruz Varela hicieron entregas simbólicas de armas, pero los núcleos más radicales impusieron una línea de conversaciones dilatorias que ganara tiempo sin desmantelar la estructura armada. El ataque a El Davis en 1952 había radicalizado los focos comunistas y liberales, que ya en 1953 rechazaban las condiciones de la amnistía por desconfianza hacia los liberales llamados "Limpios", susceptibles —temían— de colaborar con el gobierno para exterminarlos. La ilegalización del Partido Comunista por el propio Rojas Pinilla entre 1954 y 1956 profundizó la brecha: las guerrillas liberales derivaron hacia la colaboración con el régimen o hacia el bandolerismo, y las autodefensas comunistas quedaron aisladas, armadas y en pie.

Villarrica, las Columnas de Marcha y la geografía del repliegue (1955)

El segundo hito es la ofensiva militar de mediados de 1955 contra Villarrica y otros municipios del oriente tolimense. Declarados "zonas de operaciones militares" o "zonas rojas", los territorios sufrieron una política de tierra arrasada, con bombardeos y ametrallamientos por parte de las Fuerzas Armadas. La respuesta campesina fue una operación de repliegue masivo: las llamadas Columnas de Marcha, en las que combatientes y familias enteras —mujeres, niños, ancianos— se desplazaron juntos hacia zonas aún no colonizadas. La presencia de civiles restó movilidad y planteó problemas de protección, pero también sembró a su paso la geografía futura del conflicto.

Las columnas provenientes de Villarrica fundaron colonizaciones en las vertientes del río Guayabero, del Ariari y de El Pato; otras alcanzaron las regiones altas del macizo de Sumapaz; algunas regresaron. Simultáneamente, los comandantes guerrilleros se reorganizaron en cinco contingentes: uno al mando de Richard, procedente de El Davis; el segundo con Diamante; el tercero con Palonegro; el cuarto con Avenegra, del sur del Tolima; el quinto con Tarzán y Luis Mayusa "Gavilán", del Tequendama. En diciembre —probablemente de 1955— una conferencia de comandantes con presencia de Varela, Vencedor y Anzola coordinó la doble tarea: reconstruir la resistencia armada y colonizar nuevas regiones. La memoria popular de El Pato conserva ese éxodo como "marcha de la muerte": la gente murió de hambre escondida en la selva, envenenada por aguas y alimentos nocivos, por los tiros y las bombas.

En Riochiquito, una comisión al mando de Ciro Trujillo Castaño reconstruyó la autodefensa e integró a guerrilleros, sus familias, campesinos locales e indígenas paeces, levantando escuelas, programas educativos y espacios de intercambio cultural entre mestizos e indígenas. Lo decisivo del ciclo 1955-1958 es que la resistencia armada dejó de ser un contragolpe defensivo local para convertirse en un proceso continuado de colonización, autogobierno rural y sedimentación organizativa. Cuando Álvaro Gómez Hurtado nombre las "repúblicas independientes" en 1961, existirán ya —desde hace media década— comunidades enteras nacidas de esos desplazamientos, arraigadas en la vertiente oriental del Sumapaz, en el Ariari, en el Guayabero y en El Pato.

El Frente Nacional y la exclusión que persiste (1958)

En 1958 entró en vigencia, tras plebiscito, el Frente Nacional: acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para alternarse la Presidencia y repartirse la burocracia estatal durante dieciséis años. El pacto ofreció amnistía y desactivó la mayor parte de las guerrillas liberales, aunque sectores derivaron en bandolerismo o —tras un contacto ideológico creciente— en agrupaciones de inspiración comunista. Las guerrillas comunistas, sin embargo, permanecieron armadas. Sus dirigentes habían sido explícitamente excluidos del reparto bipartidista, el Partido Comunista seguía proscrito, y en zonas como el Sumapaz la amnistía fue rechazada de plano.

La lectura del Frente Nacional como régimen de partido único sin oposición real —que después harían suya generaciones enteras de la izquierda colombiana— tuvo aquí su primera pertinencia estratégica. Al iniciarse la década de 1960, unos pocos cientos de guerrilleros comunistas vivían en comunas agrícolas dispersas en remotas regiones del país: no era todavía un ejército, ni un proyecto insurreccional articulado, sino una constelación de autodefensas campesinas con dirigencias locales, vínculos con el PCC y una capacidad militar defensiva. La política presidencial de paz y amnistía de Alberto Lleras Camargo aflojó las tensiones en algunas zonas de colonización, donde las guerrillas tendieron hacia la modalidad de autodefensa; en otras —el Sumapaz, ante todo— la lucha continuó. El PCC había desarrollado entre 1949 y 1964 una política cíclica de autodefensa-guerrilla móvil-autodefensa-guerrilla móvil, ajustada a los vaivenes de la coyuntura nacional. En 1958 predominaba la primera modalidad.

El discurso: Gómez Hurtado, 25 de octubre de 1961

El 25 de octubre de 1961 —el mismo día en que El Tiempo abría sus páginas equiparando al Sumapaz con Cuba— Álvaro Gómez Hurtado citó a debate en el Senado. Hijo del expresidente Laureano Gómez, formado en la ortodoxia conservadora que había gobernado durante los años más duros de La Violencia, Gómez Hurtado nombró como "repúblicas independientes" a Sumapaz, Planadas, Riochiquito y la zona del bandolero Richard, argumentó que no reconocían la soberanía del Estado y pidió al gobierno dar vía libre al Ejército para operar "a plenitud" en esas regiones. No actuar, dijo, equivalía a "fomentar el auge comunista" y a convertir a Colombia en el país de los "eternos guerrilleros".

La operación retórica fue precisa. Al llamarlas "repúblicas", Gómez Hurtado les atribuía una pretensión soberana que las propias comunidades no habían formulado: los campesinos de El Pato, Riochiquito y Guayabero exigían por entonces obras públicas, carreteras, puentes, presencia institucional del Estado, puestos de salud. Su horizonte era la integración, no la secesión. La socióloga británica Jenny Pearce lo formuló con sequedad: "cultivaban la tierra y organizaban su propia defensa" y "no tenían un proyecto político más amplio". Al llamarlas "independientes", el discurso conservador reencuadraba una demanda de Estado como negación del Estado.

El discurso tuvo eco inmediato. Los medios colombianos amplificaron la denuncia; funcionarios estadounidenses, inmersos en la lógica de la Guerra Fría tras la ruptura de relaciones con Cuba el 9 de diciembre de 1961, la incorporaron a su lectura del hemisferio. El escritor y ensayista William Ospina atribuye a Gómez Hurtado haber "inaugurado la costumbre" de llamar "repúblicas independientes" a todo núcleo de campesinos exigentes, logrando así que el gobierno respondiera con furia aniquiladora a lo que en origen eran reclamos de infraestructura y presencia estatal. Que las denuncias reprodujeran quejas de latifundistas y de sectores del clero, como ha señalado Hernando Calvo Ospina, agrega una dimensión de intereses concretos detrás del argumento soberano.

Cabe una precisión. Aunque en la memoria colombiana el término quedó asociado casi exclusivamente a Gómez Hurtado, también lo empleó el político liberal Víctor Mosquera Chaux, sin que exista evidencia de acuñación coordinada. El liberalismo oficial del Frente Nacional compartió, en lo esencial, el diagnóstico anticomunista: la construcción no fue solo conservadora, aunque su vocero más ruidoso lo fuera.

Guerra Fría, Plan Lazo y el clima de la ofensiva

Sobre ese sustrato discursivo se depositó una arquitectura de asistencia militar. La Revolución Cubana de 1959 había alertado a Washington sobre la subversión interna en América Latina y había impulsado una reorientación de las misiones militares hacia la seguridad interna, complementando o desplazando el esquema de defensa hemisférica del TIAR. La Alianza para el Progreso, lanzada en 1961, articuló ese giro con acuerdos de cooperación militar. Las Fuerzas Armadas colombianas adoptaron una combinación de desarrollismo y anticomunismo que se plasmó en el Plan Lazo, desplegado entre 1962 y 1966.

El Plan Lazo no era solo un plan operativo militar: integraba "acción cívico-militar", guerra psicológica, redes de inteligencia y censos de población, y buscaba —según la fórmula de la doctrina contrainsurgente— aislar al guerrillero de su base social mediante una combinación de programas de ayuda al campesinado y bloqueo económico y militar de los territorios. Comisiones del ejército llegaban con obras y con listas; el mensaje era doble. En este marco doctrinal, la denuncia parlamentaria de las "repúblicas independientes" encajó como pieza justificatoria: nombraba con precisión política los territorios donde la doctrina debía aplicarse.

La ruptura con Cuba en diciembre de 1961, dos semanas antes de la visita del presidente John F. Kennedy a Bogotá, cerró el círculo diplomático. Alberto Lleras Camargo justificó la ruptura por los intentos cubanos de subvertir el gobierno colombiano. Cuando Guillermo León Valencia asumió la Presidencia en agosto de 1962 —relevo conservador en el turno del Frente Nacional—, el campo estaba dispuesto para traducir el discurso en operación.

La política del PCC: combinación de todas las formas de lucha (1961)

Sería un error atribuir el desenlace únicamente a la construcción discursiva conservadora. En el mismo año 1961, el IX Congreso del Partido Comunista Colombiano aprobó la "combinación de todas las formas de lucha" como estrategia oficial: la vía revolucionaria podía integrar la acción pacífica y democrática con la lucha armada, aunque la resolución mantenía la primacía de la primera. La decisión no coincidía con las directrices de Moscú, que ese mismo año insistía en el tránsito pacífico al socialismo y la coexistencia pacífica; el PCC colombiano optó por una fórmula flexible que reconocía la legitimidad de la lucha armada allí donde las condiciones lo impusieran.

La consecuencia práctica fue que el partido tuvo simultáneamente políticos, sindicalistas y grupos estudiantiles operando en espacios legales, y guerrillas y sindicatos campesinos defendiendo territorios en el campo. En abril de 1964, semanas antes del ataque a Marquetalia, la dirigencia envió a Jacobo Arenas y a otros cuadros al enclave para reforzar la presencia junto a Manuel Marulanda Vélez —conocido como "Tirofijo", nombre de guerra de Pedro Antonio Marín—, anticipando la ofensiva. La doctrina de la combinación estaba ya operando, y la transición táctica de autodefensa campesina a guerrilla móvil revolucionaria era una hipótesis activa dentro del partido antes de que la ofensiva la volviera necesidad.

Aquí opera la tensión decisiva. Las condiciones estructurales de la insurgencia —exclusión del comunismo del Frente Nacional, ausencia histórica del Estado en las fronteras agrícolas, desplazamiento acumulado por La Violencia, doctrina partidaria ya afinada— estaban maduras. El discurso de las "repúblicas independientes" no las creó. Pero al reencuadrar comunidades con demandas agrarias como enemigos soberanos, cerró el espacio político para respuestas no militares. La construcción discursiva y las condiciones estructurales se potenciaron mutuamente. Ninguna basta por sí sola para explicar lo que vino.

Operación Marquetalia (mayo de 1964)

En mayo de 1964, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, se lanzó la Operación Marquetalia —también denominada Operación Soberanía— contra la comunidad campesina armada del sur del Tolima. Se ejecutó en el marco del Plan Lazo, con asesoría del gobierno norteamericano, y con el argumento explícito de acabar con las "repúblicas independientes" denunciadas por Gómez Hurtado. El general Alberto Ruiz Novoa, ministro de Guerra, la presentaría como una intervención exitosa, apoyada en operaciones psicológicas y en la colaboración de exguerrilleros liberales.

El resultado fue el opuesto al proclamado. Los marquetalianos rompieron el cerco, abandonaron los campamentos y se replegaron hacia las selvas del suroriente, iniciando una marcha en columnas hacia el sur del país. A las pocas semanas del ataque, los sobrevivientes redactaron el Programa Agrario —proclamado, según las propias FARC, el 20 de julio de 1964— y constituyeron el Bloque Sur, estructura que aglutinó los destacamentos guerrilleros existentes. En 1965, la I Conferencia del Bloque Sur, reunida en Riochiquito, unificó los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia, concentrando aproximadamente cien combatientes. En 1966, la II Conferencia Guerrillera adoptó oficialmente el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), constituyó seis nuevos núcleos y aprobó una estrategia de guerra de guerrillas móviles orientada a expandir las acciones armadas a otras áreas del país.

La reacción política interna fue amplia. El Movimiento Revolucionario Liberal y el Partido Comunista protestaron; hubo debates parlamentarios en los que se denunciaron fusilamientos y torturas; marcharon estudiantes; salieron comunicados obreros y campesinos; se registraron cerca de cincuenta atentados sin víctimas. El propio Jacobo Arenas, ideólogo de las FARC, sostendría después que sin la agresión a Marquetalia probablemente no habrían nacido las FARC. El sociólogo Pierre Guilhodes lo argumentó desde afuera: la campaña militar fue el detonante para la reactivación de las guerrillas comunistas, y el Ejército colombiano —dijo— "se inventó al enemigo" en nombre de la doctrina de seguridad nacional. Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna señalaron por su parte que las causas del fenómeno no residían en la propaganda ideológica sino en la miseria y el abandono en que vivía gran parte de la población colombiana, y que cualquier acción de reincorporación debía atacar las raíces económicas y sociales del problema.

La paradoja fundacional quedó fijada. La operación diseñada para liquidar a las "repúblicas independientes" produjo la organización armada que ellas —en su forma anterior de comunas campesinas dispersas y defensivas— no eran. Marquetalia se convirtió en el mito fundacional de las FARC: la guerrilla siempre ubicó su nacimiento en esa ofensiva militar, que pasó de intento de exterminio a acto de origen.

La red: nombres, lugares e ideas

Los dirigentes campesinos: Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz, heredero del movimiento agrario de Erasmo Valencia y punto de contacto entre el gaitanismo y la autodefensa comunista; Jacobo Prías Alape "Charro Negro" en el sur del Tolima, artífice de los primeros enclaves; Manuel Marulanda Vélez —Pedro Antonio Marín, "Tirofijo"—, el más longevo comandante de las FARC, forjado en la resistencia liberal-comunista de El Davis y Marquetalia; Isauro Yosa, cuadro del PCC vinculado a la organización campesina del sur del Tolima; Ciro Trujillo Castaño, reconstructor de la autodefensa en Riochiquito; y Jacobo Arenas, cuadro urbano enviado desde el partido en abril de 1964 y luego ideólogo central de la guerrilla.

Los adversarios políticos e institucionales: Laureano Gómez, presidente conservador cuyo ascenso en 1949 detonó la política de Autodefensa de Masas; Mariano Ospina Pérez, cuyo intento de ley marcial la precipitó; Gustavo Rojas Pinilla, cuya amnistía de 1953 fracturó pero no desarmó a los enclaves comunistas; Alberto Lleras Camargo, primer presidente del Frente Nacional; Guillermo León Valencia, bajo cuyo gobierno se ejecutó la Operación Marquetalia; Álvaro Gómez Hurtado, autor del discurso que nombró y estigmatizó; Víctor Mosquera Chaux, la voz liberal que confluyó en la misma retórica; y el general Alberto Ruiz Novoa, ministro de Guerra al mando del Plan Lazo. En el lado del PCC, la conducción quedó en manos de Gilberto Vieira, secretario general que administró la difícil combinación de todas las formas de lucha.

La geografía dibuja un arco sur andino que se prolonga hacia el piedemonte amazónico. En el eje inicial: Viotá en Cundinamarca, el macizo del Sumapaz, El Davis y Villarrica en el Tolima, Chaparral y Planadas también tolimenses. Tras el desplazamiento de 1955: Marquetalia consolidada, Riochiquito en el Cauca (con integración de comunidades paeces), El Pato entre Huila y Caquetá, Guayabero en el Meta, las vertientes del Ariari. Neiva, como capital regional huilense, opera como referencia administrativa cercana. Cada uno de estos topónimos es a la vez lugar habitado, comunidad concreta y —en el discurso conservador— fragmento de la "amenaza republicana independiente".

Las ideas: la Autodefensa de Masas comunista, la combinación de todas las formas de lucha, la doctrina contrainsurgente estadounidense articulada en el Plan Lazo, la Alianza para el Progreso, la reforma agraria como demanda campesina no atendida y el Frente Nacional como pacto excluyente. En ese tejido —campesinos que huyen y colonizan, un partido que doctrina la lucha armada, un Estado que reprime, una superpotencia que asesora— cabe todo el arco de las "repúblicas independientes".

La huella: qué dejó el nombre

Lo más duradero de la expresión "repúblicas independientes" no está en las armas ni en los mapas: está en el lenguaje. La etiqueta, forjada en 1961 para nombrar cuatro enclaves específicos, se extendió luego a otras comunidades colonas de la frontera agrícola colombiana, incluidas las que llegaron en programas de colonización dirigida por el propio Estado. Cualquier núcleo campesino que exigiera obras públicas, presencia institucional o defendiera colectivamente sus tierras podía ser sospechado de encarnar una nueva "república independiente". La estigmatización, según William Ospina, llega hasta el presente y se ha convertido en una forma reflejamente colombiana de imaginar el conflicto: los territorios donde el Estado ha estado ausente no son percibidos como fallas del Estado, sino como amenazas al Estado.

El historiador Robert Karl ha señalado que el aura de aislamiento de las "repúblicas independientes" fue alimentada por la ausencia de conocimiento de primera mano: la única información que fluía de ellas eran denuncias al gobierno y declaraciones vagas de intención revolucionaria. Sin embargo, el acceso a esos territorios no era tan complicado para quienes tenían los contactos adecuados —cineastas franceses entraron a Riochiquito, por ejemplo—, lo que evidencia que la supuesta hermeticidad era en buena medida retórica. La independencia era relativa; la interdependencia con la sociedad más amplia, constante.

Queda una pregunta que la historiografía colombiana no ha cerrado: ¿fueron las "repúblicas independientes" el origen del conflicto armado colombiano o su primer episodio nombrado? La respuesta honesta reconoce las dos capas. Los enclaves existieron con anterioridad al nombre y respondían a un problema estructural —ausencia estatal, desigualdad en el acceso a la tierra, herencia de La Violencia, canalización comunista de demandas sociales insatisfechas— que ninguna etiqueta creó. Pero el nombre reencuadró esos enclaves como enemigos soberanos, legitimó la ofensiva militar de 1964, cerró la vía de la respuesta política y produjo, como resultado no buscado por sus emisores, la guerrilla móvil de largo aliento que ellos decían prevenir. La construcción discursiva y las condiciones estructurales operaron juntas. Suprimir cualquiera de las dos falsea la explicación.

En el corazón del asunto hay una advertencia que trasciende el caso. Cuando un Estado decide nombrar a una parte de su población como territorio ajeno —como "república" que no le pertenece—, se autoriza a tratarla como enemigo externo. Las "repúblicas independientes" nunca proclamaron su independencia. Fueron declaradas independientes desde afuera, y esa declaración —traducida en bombardeos, cercos y desplazamientos— produjo finalmente algo que se parecía cada vez más a lo que el nombre acusaba. Medio siglo de conflicto armado colombiano se apoyó, en parte, sobre ese acto inicial de mala fe semántica. Reconocerlo no exonera a la guerrilla que después nació ni a los partidos que después la combatieron o le hablaron. Sí obliga a mirar con precisión el momento en que un problema agrario, tratable con carreteras y puestos de salud, fue convertido en amenaza soberana, tratable únicamente con ejércitos.