Guerra de Villarrica y Columnas de Marcha (1954–1955)

La Guerra de Villarrica y las Columnas de Marcha

Entre finales de 1954 y los primeros meses de 1956, el gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla desató en el oriente del Tolima y el sur de Cundinamarca la ofensiva militar más grande que Colombia había conocido hasta entonces contra su propia población rural. El epicentro fue el municipio de Villarrica, en la vertiente oriental de la cordillera Central, donde núcleos de autodefensa campesina vinculados al Partido Comunista se habían negado a entregar las armas tras la amnistía de 1953. La respuesta del régimen —cuatro mil hombres, más de cincuenta aviones, bombas de napalm ensambladas en el país y la declaración de "zona de operaciones militares"— no liquidó a los alzados: los empujó, en columnas armadas que arrastraban familias enteras, hacia las vertientes del Guayabero, el Ariari y El Pato. Allí, en la selva del piedemonte, esos éxodos fundaron colonizaciones que en la década siguiente serían denominadas "repúblicas independientes" y que, tras el cerco a Marquetalia en 1964, darían origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Villarrica es el punto en que La Violencia bipartidista se transforma, sin ruptura visible, en el conflicto armado contemporáneo.

Del Sumapaz a la amnistía: un conflicto agrario que venía de lejos

Los combatientes que en 1954 sostenían las armas en Villarrica no eran advenedizos de la Guerra Fría. Las disputas agrarias del Sumapaz, el Tequendama y el sur del Tolima estaban documentadas desde los años veinte, en litigios entre colonos y arrendatarios de un lado y, del otro, herederos de títulos coloniales que reclamaban unas trescientas mil hectáreas. La Memoria de Industrias de 1933 registra ya esa fricción. En ese paisaje se movieron líderes agrarios como Erasmo Valencia, vinculado al Partido Agrario Nacional, y sobre todo Juan de la Cruz Varela, cuyo nombre aparece por primera vez en los pleitos de Sumapaz durante los años treinta y que terminaría siendo la figura política central del páramo y sus estribaciones.

El Partido Comunista Colombiano organizó desde esa misma década grupos campesinos en Tequendama y Sumapaz, con presencia en focos como Viotá, El Colegio, Fusagasugá y Cunday: las zonas de mayor densidad cafetera y hacendataria de la región. La organización comunista era más reticente al conflicto por baldíos de lo que después le imputarían sus adversarios: su fuerza estaba en la aparcería y en las haciendas, no en las invasiones. Pero dos semanas después del triunfo electoral de Laureano Gómez, en 1949, la dirección del PCC anunció una política formal de "autodefensa de masas" frente a la violencia conservadora, y esa red de décadas se convirtió en el sustrato de tres enclaves armados: Viotá, el Sumapaz y el extremo sur del Tolima.

En el Sumapaz mandaba Juan de la Cruz Varela. En el sur del Tolima, Jacobo Prías Alape, conocido como Charro Negro, miembro del Comité Central del Partido y comandante con arraigo entre los colonos de Chaparral y Rioblanco. La violencia conservadora en la región —los chulavitas de Sumapaz, Villarrica y Cunday— había alcanzado formas de crueldad que quedaron marcadas en la memoria local: cuerpos arrojados desde el puente de Pandi al río Sumapaz, y en los precipicios de Profundos y del alto de Buenavista. Miedo, venganza y fanatismo religioso instrumentalizado desde la dirección conservadora habían empujado a comunidades enteras a organizarse militarmente para sobrevivir. Cuando en el sur del Tolima —en El Davis y sus alrededores— se consolidó otro núcleo armado, allí figuraban ya nombres como los de Isauro Yosa, alias Mayor Líster, y un joven llegado de Génova en Quindío, Pedro Antonio Marín, que empezaba a ser llamado Manuel Marulanda Vélez.

El golpe militar del 13 de junio de 1953 llegó con la promesa de cerrar ese ciclo. Rojas Pinilla, apoyado por sectores conservadores y liberales de Bogotá, ofreció amnistía a las guerrillas. La aceptación fue masiva: entre julio y septiembre, más de diez mil combatientes se acogieron en todo el país; solo en los Llanos, tres mil doscientos veinte entregaron las armas en seis semanas. Pero el Partido Comunista desconfió desde el primer momento del anticomunista Rojas. No aceptó plenamente los términos, exigió amnistía general y levantamiento del Estado de Sitio, y organizó el Frente Democrático.

Juan de la Cruz Varela, el 31 de octubre de 1953, encabezó una entrega simbólica: unificó bajo su mando los comandos guerrilleros del Sumapaz, formalizó la desmovilización, declaró apoyo a la pacificación y, sin perder el control político de la zona, se replegó hacia áreas más remotas del páramo. Las autodefensas de influencia comunista, en su mayoría, no entregaron su armamento: adoptaron una estrategia que el propio Varela fue el primero en enunciar y que el PCC llamaría "autodefensa". Entre 1949 y 1964 el partido oscilaría de manera cíclica entre esa forma defensiva y la guerrilla móvil, según las coyunturas nacionales.

Las promesas de tierra tampoco cambiaron el ánimo. Por decreto 1894 de julio de 1953, el gobierno creó el Instituto de Colonización e Inmigración para dar cumplimiento a las ofertas hechas a los desmovilizados. Seis meses después, los campesinos que habían bajado del monte encontraban sus parcelas ocupadas o vendidas, y los programas de rehabilitación seguían sin arrancar. En marzo de 1956 el ICI fue liquidado y sus funciones —junto con sus deudas— pasaron a la Caja Agraria. La palabra empeñada apenas había durado año y medio, y en ese intervalo la desconfianza campesina se había convertido en certeza.

1954: la ilegalización del comunismo y el marco de la Guerra Fría

Sobre ese incumplimiento cayó, en septiembre de 1954, una decisión que iba a redibujar el mapa político. La Asamblea Nacional Constituyente aprobó, en la sesión de clausura del 7 de septiembre, el Acto Legislativo Nº 6, que prohibió la actividad política del comunismo internacional. El decreto reglamentario fijó penas de uno a cinco años en Colonia Agrícola Penal, interdicción de derechos e incapacidad para ejercer como dirigente sindical a quienes desarrollaran actividad comunista.

La medida se inscribía en un clima global. Rojas Pinilla era un anticomunista convencido: en octubre de 1953 había hablado de vigilancia contra la infiltración comunista, había elogiado a la España franquista como "baluarte contra el comunismo internacional" y la había propuesto como "modelo para toda América Latina". A finales de ese mismo año creó el Servicio de Inteligencia Colombiano, cuyo foco era el espionaje anticomunista y la propaganda negra, con un eco local del macartismo estadounidense. El retorno del Batallón Colombia desde la guerra de Corea añadió un cuerpo de oficiales curtidos en la lógica del combate al comunismo.

La ilegalización tuvo un efecto inmediato sobre el terreno. En el Sumapaz, en Viotá, en el sur del Tolima y en el norte del Cauca, los grupos armados vinculados al PCC vieron confirmada su sospecha: la amnistía del año anterior no había sido más que un compás de espera. La brecha se abrió entre las guerrillas liberales, que colaboraban con el gobierno militar, y las autodefensas campesinas comunistas, que conservaban las armas. Detenciones masivas, consejos verbales de guerra y persecución a dirigentes redujeron la actividad urbana del partido a núcleos clandestinos, mientras el aparato del Estado concentraba su atención en los enclaves rurales. Rojas afirmó que sería "ingenuo" suponer que el comunismo internacional había olvidado a Colombia: la resistencia campesina de Villarrica quedó traducida a los términos de la Guerra Fría.

La ofensiva sobre Villarrica: napalm en el oriente tolimense

La declaración formal llegó a mediados de 1955. Villarrica y los municipios vecinos del oriente tolimense —Cunday, Icononzo, la región conocida como La Colonia— fueron declarados "zonas de operaciones militares" o "zonas rojas". Con ese acto, la ofensiva se legalizó como política de tierra arrasada: bombardeos y ametrallamientos sobre la población campesina.

El operativo tuvo la envergadura de una guerra convencional. Según el testimonio del general Matallana, quien participó directamente, el despliegue involucró alrededor de cuatro mil hombres, apoyo de artillería y más de cincuenta aviones. Entre el 7 y el 10 de junio, en la fase decisiva de la ofensiva, la Fuerza Aérea arrojó unas cincuenta bombas de napalm. Colombia había solicitado el napalm a Estados Unidos, que se negó. El gobierno decidió entonces ensamblarlo en el país con compuestos de origen europeo. Rojas autorizó su uso "discreto", limitado a esa operación. El objetivo fue la captura de La Colonia, centro guerrillero del oriente del Tolima.

Sobre la región del Sumapaz, declarada también zona de operaciones ese mismo año, se replicó la fórmula. "Pacificación" volvió a significar, como en los peores momentos de La Violencia, arrasamiento, ametrallamiento y bombardeo. Entre junio y octubre de 1955, los territorios de Galilea registraron numerosas muertes de civiles: ancianos, mujeres y niños fueron alcanzados por las columnas de aviación durante la marcha de evacuación forzada. Los sobrevivientes coinciden en que los aviones perseguían columnas humanas a lo largo de días.

El efecto militar buscado —la disolución de las autodefensas— no se produjo. Las estructuras campesinas no se rindieron; se transformaron. Bajo el fuego, comandantes como Isauro Yosa —quien había llegado desde El Davis, en el sur del Tolima, y decidido apartarse de la vía pactista para organizar estructuras del PCC en Villarrica—, junto con figuras locales como Charro Negro y jóvenes cuadros del entorno de Marulanda, tomaron la decisión que definiría los quince años siguientes: no dispersarse en huida individual, sino salir en columna, con la población civil dentro.

Las Columnas de Marcha: la escuela guerrillera del éxodo

La organización de los desplazamientos fue militar. Los comandantes ordenaron la evacuación en cinco contingentes que abrieron paso hacia el oriente. El primero iba al mando de Richard, llegado desde El Davis; detrás marchaba el de Diamante; el tercero lo conducía Palonegro y el cuarto Avenegra; el quinto quedó a cargo de Tarzán y de Luis Mayusa, conocido como Gavilán. Cada columna arrastraba combatientes y familias, dispuestos con una geometría precisa: las mujeres, los niños y la dirección política caminaban en el centro, mientras las comisiones armadas cubrían el exterior, combatiendo y protegiendo. Así avanzaba, semanas enteras, una hilera de gente que era a la vez retirada militar, procesión civil y traslado de un país entero de veredas.

La marcha fue mortífera. La memoria de los pobladores de El Pato, que años después escribirían en cuadernos escolares o dictarían lo que habían visto, la llamó "marcha de la muerte". Gente que moría de hambre escondida en la selva. Aguas y frutos envenenados por la vegetación desconocida. Cadáveres en el camino. Niños que no llegaron. Y por encima, siempre, los aviones. La columna había perdido movilidad por la incorporación de la población civil, y ese peso —el peso humano que la justificaba— era también su vulnerabilidad.

Perseguidas por tierra y aire, algunas columnas lograron en seis meses escapar de la ofensiva e instalarse en las regiones altas del macizo de Sumapaz. Otras descendieron hacia el piedemonte y fundaron colonizaciones en las vertientes del río Guayabero, del Ariari y de El Pato. Hubo también tensiones internas: combatientes del oriente del Tolima manifestaron que no querían seguir bajo el mando de Richard, prefiriendo dirigentes propios y una salida civil. La disputa se resolvió en una reunión en Santa Ana, en el Huila, donde los grupos se dividieron y cada uno tomó rumbo.

En diciembre de 1955, en algún punto de la ruta, se reunió una conferencia de comandantes —entre ellos Varela, Vencedor y Anzola— con un propósito doble: organizar la resistencia armada y coordinar la colonización de las nuevas regiones. Fue el momento en que la retirada dejó de ser huida y se convirtió en programa. El tiempo de la marcha, extendido a lo largo de meses y en algunos casos años, se constituyó en una escuela de entrenamiento guerrillero. El movimiento aprendió, sobre el terreno, a moverse en columna larga, a rotar la vanguardia, a evacuar población y a fundar núcleos. Sin esa pedagogía forzada, la fase propiamente guerrillera del ciclo posterior no habría sido posible.

Mientras tanto, en el Sumapaz, Juan de la Cruz Varela se replegaba progresivamente desde El Palmar hacia Icononzo, Guatimbol y las alturas del Nevado, organizando la retaguardia. En el sur del Tolima, los hombres de Charro Negro seguían enfrentados con las guerrillas liberales de Gerardo Loaiza en la disputa que dividía la región desde 1949 entre "limpios" —aparceros y jornaleros de haciendas de gamonales liberales— y "comunes" —jóvenes sin tierra que se enfrentaban a esos mismos gamonales—. Esa fractura, que Villarrica no cerró, iba a persistir hasta comienzos de los sesenta.

Fundar en la selva: Marquetalia, Riochiquito, El Pato, Guayabero

La segunda oleada de colonización del siglo XX en Colombia se explica, en buena medida, por lo que ocurrió en esos años. Campesinos expulsados por la persecución del Estado y de las fuerzas conservadoras huyeron desde el Tolima y sus zonas aledañas hacia Guaviare, Caquetá y el piedemonte oriental. La migración masiva desde La Colonia y Galilea hasta El Guayabero y El Pato, en el Meta y el Caquetá, fue el hecho social más sintomático de la nueva violencia. En El Pato, los bombardeos habían generado el éxodo definitivo de los antiguos colonos; los recién llegados, muchos de ellos combatientes y sus familias, empezaron el proceso de arraigo apoyándose en redes de compadrazgo y solidaridad que hicieron el desarraigo algo menos brutal. Se construía a golpe de machete y de fiebre: la selva se abría con hacha, se sembraba maíz y plátano en claros recién quemados, y las primeras casas se levantaban con horcones de madera húmeda y techos de palma. Nada de aquello estaba en los mapas del Estado.

Los enclaves resultantes no eran campamentos militares: eran comunidades. En Riochiquito, bajo la dirección de Ciro Trujillo, se reconstruyó la autodefensa campesina y se levantaron escuelas, con intercambio cultural entre campesinos mestizos e indígenas paeces —una convivencia que traía sus propias tensiones sobre la tierra, los resguardos y la lengua, pero que produjo, con los años, una forma de vecindad que no existía en el altiplano de origen—. En El Pato, en Guayabero, en Marquetalia, se desarrollaron estructuras de autogobierno con figuras diferenciadas: un líder comunitario con funciones ejecutivas, un parcelador que distribuía la tierra y actuaba como juez, un secretario general responsable de la información. La organización combinaba la lógica de la comuna agraria con las formas del centralismo del partido. Las decisiones importantes —el reparto de un baldío, la sanción a un vecino, la apertura de una trocha— se tomaban en asambleas donde los antiguos comandantes de las columnas conservaban un peso desproporcionado, pero no absoluto.

Al iniciarse la década de 1960, las guerrillas comunistas que no se habían desmovilizado bajo el Frente Nacional vivían en esas comunas agrícolas dispersas, en regiones montañosas y selváticas, con contingentes de pocos cientos de combatientes cada uno. Muchos de sus habitantes eran veteranos de la marcha de 1955-1956 o hijos de veteranos. La continuidad biográfica era directa: el niño que había caminado en el centro de la columna, entre las faldas de su madre y los fusiles de la comisión, era ahora un joven de quince años que aprendía a limpiar un fusil viejo en el mismo caserío donde su padre había levantado el rancho.

Fue Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez, quien en un discurso en el Senado bautizó a esos territorios como "repúblicas independientes", señalando a Marquetalia, Riochiquito, El Pato y Guayabero como zonas que escapaban al control del Estado y desafiaban a las Fuerzas Armadas. La expresión, que iba a hacer fortuna, transmitía en realidad las quejas de latifundistas y sectores del clero que no habían podido apoderarse de esas tierras colonizadas por campesinos. Pero el efecto retórico fue devastador: nombrar así a un conjunto de veredas era también autorizar, de antemano, la operación que las clausurara. El Congreso citó a debates, la prensa capitalina retomó la fórmula y los estados mayores comenzaron a estudiar mapas de zonas que hasta entonces apenas tenían nombre en los archivos oficiales.

Del cerco a la fundación: la línea que llega hasta 1964

Entre la ofensiva de Villarrica y la de Marquetalia median nueve años, y en ese intervalo cambia casi todo salvo la lógica de fondo. Rojas Pinilla ha caído en 1957, el Frente Nacional ha instaurado la alternancia entre liberales y conservadores, la Revolución Cubana ha reorientado la percepción hemisférica del comunismo y la Alianza para el Progreso ha convertido a Colombia en laboratorio de la doctrina contrainsurgente estadounidense. Los enclaves del piedemonte, entretanto, no se han quedado quietos: han crecido, han abierto caminos, han enviado hijos a estudiar a Neiva y a Ibagué, han recibido visitas de dirigentes del PCC y han empezado a preocupar a las cámaras de comercio de las cabeceras cercanas. Charro Negro es asesinado en enero de 1960, en Gaitania, en un episodio que Marulanda leyó como aviso: el pacto tácito de dejar en paz a los antiguos combatientes se había roto.

La lógica de la operación que se preparó contra Marquetalia estaba prevista en el llamado Plan Lazo, diseñado bajo el ministerio del general Alberto Ruiz Novoa a partir de 1962 e influido por los manuales de contrainsurgencia que oficiales colombianos habían estudiado en Fort Bragg y en la Escuela de las Américas. El plan contemplaba etapas sucesivas: primero, una fase de acción cívico-militar destinada a ganar información y simpatías en la periferia del enclave, con brigadas de salud, apertura de caminos, alfabetización y presencia de la Acción Comunal, el Cuerpo de Paz e instituciones norteamericanas. Después, un cerco económico y militar que aislara al núcleo armado del abastecimiento y de las veredas vecinas. Finalmente, la agresión armada, con tropas de infantería, apoyo aéreo y unidades especializadas. La secuencia repetía, refinándola, la fórmula de Villarrica; la diferencia estaba en el envoltorio: donde Rojas había hablado abiertamente de "zonas rojas", Valencia y Ruiz Novoa hablaban de desarrollo, de integración regional y de recuperación del monopolio estatal de la fuerza.

La preparación duró meses. Se abrieron carreteras hacia Gaitania, se instalaron puestos de salud en San Antonio y en Planadas, se sobrevoló la zona con aviones de reconocimiento. Los habitantes de Marquetalia —unas cuarenta familias campesinas, con un núcleo armado que oscilaba entre cuarenta y cincuenta combatientes bajo el mando de Marulanda— siguieron la maniobra por la radio y por los correos que llegaban de las veredas próximas. Enviaron una comisión a Bogotá encabezada por Jacobo Arenas, cuadro urbano del PCC destacado a la región para reforzar la conducción política, con una propuesta de diálogo. La comisión no obtuvo respuesta.

En mayo de 1964, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, el Ejército lanzó la operación. La versión oficial, atribuida al general Ruiz Novoa, presentó la campaña como una intervención que no requirió la evacuación de campesinos y que contó con el apoyo de excombatientes liberales, entre ellos uno conocido como Peligro. El despliegue involucró varios batallones, aviación de apoyo y unidades de la recién creada estructura contrainsurgente. Marulanda, Arenas, Hernando González y un puñado de combatientes rompieron el cerco por trochas que solo ellos conocían y escaparon hacia Riochiquito, atravesando la cordillera Central en una marcha que reprodujo, en pequeño, la geometría de las columnas de 1955.

Riochiquito les dio refugio durante un año. Allí, en 1965, se celebró la Primera Conferencia del Bloque Sur, que unificó los destacamentos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia, con cerca de cien combatientes. Un año después, en El Pato, la Segunda Conferencia reunió a delegados de todos los frentes y adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sumaban entonces unos trescientos cincuenta hombres en armas y proyectaban, sobre el mapa del piedemonte y de las cordilleras, seis nuevos núcleos guerrilleros para expandirse. Cada uno de esos núcleos era, en la práctica, la promesa de una nueva columna: un comandante, un puñado de fusiles, una vereda de acogida.

El programa fundacional se había dado a conocer antes, el 20 de julio de 1964, desde las montañas de Marquetalia: el Programa Agrario de los Guerrilleros declaraba que sus firmantes luchaban por un cambio de régimen. Los nombres de quienes lo suscribían venían casi todos de un mismo pasado: Marulanda había estado activo en el sur del Tolima desde los años cincuenta; Charro Negro había sido comandante en el enclave del sur tolimense hasta su asesinato en 1960; Ciro Trujillo había reconstruido Riochiquito; Isauro Yosa había pasado de El Davis a Villarrica en 1953 y de Villarrica a la selva en 1955. La conducción política de la naciente organización tenía la biografía de la marcha inscrita en el propio cuerpo.

La campaña de Villarrica no cumplió el objetivo militar con el que fue concebida. La ilegalización del PCC en 1954 y la ofensiva de tierra arrasada de 1955 buscaban clausurar la resistencia campesina comunista. Su efecto fue el contrario: la expulsaron del oriente tolimense y del alto Sumapaz —donde había nacido y donde tenía un siglo de raíces agrarias— y la trasplantaron, con sus cuadros y con su población civil, a territorios donde el Estado no había llegado. En esos territorios, los recién llegados no reprodujeron la aparcería: fundaron comunidades con tierra propia y autogobierno. Y cuando el Estado, quince años después, decidió volver a alcanzarlos, encontró que la escuela guerrillera de la marcha había hecho su trabajo.

Por qué Villarrica sigue importando

El origen formal del conflicto armado contemporáneo suele fecharse en 1964, con Marquetalia y la fundación oficial de las FARC. Y en términos formales lo es: allí se emite el Programa Agrario, allí se rompe el cerco, de allí sale el grupo que en 1966 tomará el nombre definitivo. Pero la trama biográfica y territorial que hace posible 1964 se anuda diez años antes, en Villarrica. Los comandantes que dirigieron la ruptura del cerco eran los mismos —o discípulos directos— de los que habían encabezado las columnas de 1955; las regiones donde nacieron las FARC eran las que aquellos desplazados habían colonizado entre 1955 y 1958; y la fórmula de autodefensa campesina que el PCC ensayó cíclicamente entre 1949 y 1964 encontró en Villarrica la prueba de que la desmovilización sin cumplimiento agrario devuelve a las armas.

La responsabilidad de esa continuidad no es de un solo actor. Los conflictos agrarios del Sumapaz y del sur del Tolima venían de los años veinte, y el anticomunismo de Guerra Fría, con su lógica global, habría producido tensión con o sin Rojas Pinilla. Pero la decisión concreta de declarar zona de operaciones militares un territorio habitado, de emplear napalm ensamblado con sustitutos europeos ante la negativa estadounidense, de bombardear columnas de evacuación con población civil, es del gobierno militar de 1955. Esa decisión no derrotó a las autodefensas: las transformó en el sustrato humano y geográfico de la insurgencia posterior. Villarrica no es un episodio más de La Violencia bipartidista, ni es todavía el conflicto armado contemporáneo. Es el punto exacto en que lo uno se convierte en lo otro, sin ruptura ni cesura.

La marcha de 1955-1956, así vista, no fue una retirada. Fue una fundación.