Jacobo Arenas

El obrero entre los campesinos

Lo que distinguía a Jacobo Arenas del resto de los comandantes fundadores de las FARC no era una divergencia doctrinal ni un rango, sino un origen. Marulanda, Rigoberto Lozada (Joselo), Carmelo López, Rogelio Díaz, José de Jesús Rivas (Cartagena) y Ciro Trujillo venían del campesinado en armas, de la resistencia liberal y comunista contra la Violencia bipartidista, de una experiencia de despojo y guerra vivida en el surco. Morantes, en cambio, provenía de la clase obrera urbana. Esa singularidad, aparentemente biográfica, resultó estructural: en un movimiento que hundía sus raíces en la autodefensa campesina, hacía falta alguien que hablara el idioma del marxismo-leninismo con la fluidez de quien lo había aprendido en la militancia partidaria, en los congresos, en las lecturas obligadas de una tradición internacional. Arenas fue ese alguien.

Su vínculo con el Partido Comunista Colombiano fue temprano y accidentado. Participó en un congreso del partido y salió de sus filas en 1947 —si fue expulsado o si renunció es cuestión aún debatida—, pero regresó al poco tiempo. Esa entrada, salida y retorno lo marcó: cuando en abril de 1964 fue enviado a la zona guerrillera de Marquetalia, ya era un cuadro curtido, un hombre que había atravesado las disputas internas del comunismo colombiano y había vuelto a ellas. No llegó a la montaña como un converso ni como un aventurero: llegó como delegado.

Marquetalia: el enviado

La dirección central del Partido Comunista despachó a Jacobo Arenas hacia Marquetalia en los primeros meses de 1964, cuando ya se sabía que el ataque militar sobre las llamadas repúblicas independientes estaba en marcha. A comienzos de abril de ese año se conocía que la ofensiva comenzaría en la tercera semana de mayo. La operación, ordenada bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, movilizó a miles de soldados contra un puñado de familias campesinas armadas dirigidas por Marulanda. El 27 de mayo de 1964 empezó el cerco. Marulanda y la mayoría de sus hombres —entre ellos Arenas y Hernando González— lograron romperlo y escapar con rumbo a Riochiquito, en el Cauca, donde comenzarían a preparar la Primera Conferencia del Bloque Sur.

En el intervalo, el 20 de julio de 1964, los guerrilleros dieron a conocer desde las montañas de Marquetalia el Programa Agrario de los Guerrilleros. Arenas participó en la elaboración de la concepción político-militar que enunciaba ese texto, aunque no puede atribuírsele con precisión la redacción material. Lo que sí puede afirmarse es que la operación misma —el paso del combatiente al cronista, del cuadro al ideólogo— empezó allí. Años más tarde, Arenas publicaría el Diario de la resistencia de Marquetalia (Ediciones Abejón Mono, 1974), la narración canónica del cerco y la fuga, el libro con el que las FARC fijaron su mito fundacional. Suya es también la frase que las nuevas generaciones de guerrilleros repetirían como una liturgia: si la agresión militar a Marquetalia no se hubiera llevado a cabo, probablemente no habrían nacido las FARC.

Fue una operación doble, característica de Arenas: al mismo tiempo hacía la guerra y escribía la guerra. Marulanda tenía el fusil y la autoridad territorial; Arenas tenía la pluma y la interpretación. Sin la segunda, la primera se habría diluido en la memoria menor de las guerrillas liberales dispersas. Con ella, un episodio militar menor —el desalojo de una zona campesina por el ejército— se convirtió en el acta de nacimiento de la insurgencia más longeva del hemisferio.

Del Bloque Sur a las FARC

En 1965, en Riochiquito, se reunió la Primera Conferencia del Bloque Sur. Concentró alrededor de cien combatientes venidos de Riochiquito, Natagaima, El Pato, Guayabero y Marquetalia. Fue la primera vez que los destacamentos dispersos se pensaron como una sola cosa. Marulanda, Arenas y Joselo llegaron entonces a un sitio llamado Arenales y fundaron allí una escuela militar guerrillera: el primer intento sistemático de formar cuadros, de tratar a la guerrilla no ya como una autodefensa reactiva sino como un ejército en potencia.

Un año más tarde, en 1966, se reunió la Segunda Conferencia Guerrillera, en la región del Duda o del Pato —el punto exacto sigue en disputa—. Asistieron unos trescientos cincuenta combatientes: los marquetalianos de Marulanda, los de Riochiquito con Ciro Trujillo, los del Guayabero, el Movimiento 26 de Septiembre y un pequeño grupo dirigido por el liberal José de Jesús Rojas Rivas, Cartagena, a quien más tarde se acusaría de provocador y delator. En esa conferencia, el Bloque Sur adoptó el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Se redactó una constitución interna y, sobre todo, se decidió el tránsito estratégico decisivo: de la autodefensa —esa modalidad campesina y localista de guerra defensiva que Marulanda venía practicando desde los años cincuenta— a la guerrilla móvil y ofensiva, con vocación revolucionaria y consigna de lucha hasta el triunfo. Ese cambio conceptual, tal como lo describiría el propio Arenas años después, es inseparable de su presencia. Nadie más en el mando podía haberlo formulado.

La transición no fue nominal. Implicaba abandonar la lógica territorial y protectora del campesinado en armas, que se atrincheraba en su vereda para defenderla, y asumir la lógica leninista de un destacamento revolucionario que se mueve, ataca y se retira, subordinado a un proyecto nacional de poder. En términos militares, era el paso de Marulanda; en términos doctrinales, era el paso de Arenas.

El ideólogo del secretariado

Durante casi tres décadas, el reparto de funciones dentro del mando de las FARC fue una fórmula que los propios comandantes reconocieron: Marulanda tenía la concepción militar y la autoridad simbólica heredada del origen; Arenas tenía la concepción ideológica; Alfonso Cano, cuando se incorporó al secretariado, aportaría la concepción política. Las decisiones se tomaban de manera colegiada, por votación, y las conferencias funcionaban como una suerte de asamblea del movimiento. Pero en el interior de esa colegialidad, cada uno cumplía un papel específico y Arenas cumplía el suyo con una autoridad que no dependía de la jerarquía militar sino del monopolio de la palabra escrita y del análisis.

Esa autoridad se sostenía en un marco doctrinal explícito: las FARC se regían por los principios del marxismo-leninismo, los estatutos y el programa del Partido Comunista Colombiano y las resoluciones de sus congresos. Las llamadas Normas de Comando, citadas en 1979 por el Ministro de Defensa, establecían que la máxima autoridad política de las FARC era el Comité Central del PCC, y que los miembros del Comité Ejecutivo Central del partido eran acreedores de honores militares dentro de la guerrilla. La subordinación era, en la letra, absoluta. Gilberto Vieira, secretario general del PCC, lo confirmaría públicamente: el partido participaba en la dirección de las FARC y algunos comandantes eran miembros destacados de su Comité Central. Todo esto, sostenía Vieira invocando a Lenin, era la aplicación colombiana de la doctrina de la combinación de todas las formas de lucha: legal e ilegal, parlamentaria e insurreccional, sindical y militar.

En ese entramado, Arenas era la bisagra. Cuadro del partido, comandante guerrillero, escritor: por él pasaba la traducción práctica de la doctrina a las condiciones de la montaña. Su libro Cese el fuego. Una historia política de las FARC, publicado por la editorial Oveja Negra en 1985, dejó constancia escrita de esa doble condición, a la vez memoria organizativa y manifiesto político.

La Séptima Conferencia y el giro ofensivo

En 1982, dieciséis años después de que el Bloque Sur adoptara el nombre de FARC, la organización celebró su Séptima Conferencia. Fue el momento de mayor densidad estratégica en la vida de Arenas y, probablemente, el punto de mayor coherencia entre doctrina y decisión operativa. Allí se agregó al nombre de la organización el término Ejército del Pueblo, y las FARC pasaron a llamarse FARC-EP. Allí se trazó el plan estratégico para la toma del poder y la construcción de un ejército revolucionario. Y allí se pactó una transformación que llevaba dieciséis años germinando: el paso definitivo de una estructura defensiva a una organización ofensiva.

El plan contemplaba tomar el poder en ocho años. Incluía una estrategia de avance hacia Bogotá y —lo que resultaría decisivo para la geografía futura del conflicto— la urbanización del enfrentamiento armado: llevar la guerra a las ciudades, incidir en la población urbana, sentar las bases para estructuras que años después se llamarían Frente Urbano Jacobo Arenas. La conferencia ordenó también un despliegue hacia el sur del país, el Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y aprobó la Campaña Bolivariana por la Nueva Colombia, que explicaría en gran medida la expansión posterior de las FARC-EP en Cundinamarca y sobre la sabana de la capital.

Hay una coincidencia que ninguna lectura de la Séptima Conferencia puede evitar. El giro militarista se aprobó en el momento exacto en que el narcotráfico empezaba a transformarlo todo en Colombia. Fue el narcotráfico el que permitió a las FARC desarrollar el modelo militarista adoptado en 1982. Sin los recursos que la coca empezó a inyectar en las economías guerrilleras del sur, el plan de los ocho años habría sido letra muerta. Con ellos, la organización pudo pasar en pocos años de un centenar de frentes proyectados a una expansión territorial sin precedentes. La ironía histórica es evidente: la Conferencia que consagró a las FARC como Ejército del Pueblo fue también la que las ató, sin decirlo, al ciclo de la economía ilegal que terminaría por definirlas.

La Uribe y la Unión Patriótica

Dos años después de la Séptima Conferencia, el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Meta), Jacobo Arenas firmó por las FARC el Acuerdo de Cese al Fuego, Tregua y Paz con el gobierno de Belisario Betancur. Los once puntos del acuerdo contemplaban un cese al fuego bilateral, la creación de una Comisión de Verificación y —según la interpretación que las FARC hicieron pública— el propósito de desmovilizar paulatinamente la estructura militar guerrillera e iniciar su tránsito hacia un movimiento político legal.

De ese propósito nació, en 1985, la Unión Patriótica. Arenas fue una de sus figuras centrales, junto con Alberto Rojas Puyo, dirigente comunista y parlamentario. La UP se pensó como el vehículo de la transición: un movimiento político amplio en el que combatientes en tránsito, militantes del PCC y sectores democráticos convergerían para probar que la política legal podía sustituir al fusil. Los primeros resultados electorales parecieron confirmar la apuesta. La UP logró elegir 14 congresistas, 18 diputados en once asambleas departamentales y 335 concejales en 187 concejos. Nunca antes la izquierda colombiana había obtenido semejante representación institucional.

Pero la lectura optimista duró poco. En la reunión del 18 de septiembre de 1986, ya bajo el gobierno de Virgilio Barco, se sentaron por las FARC Marulanda, Arenas y Alfonso Cano, acompañados por parlamentarios de la UP —Alberto Rojas, Hernando Hurtado y Braulio Herrera. El equipo del gobierno planteó que el proceso debía reorientarse: de la tregua indefinida hacia una desmovilización efectiva. Para Arenas y para el Partido Comunista, aquello cayó como un baldado de agua fría. La lectura que ellos hacían de La Uribe era distinta: la tregua era el marco, la política legal era el ensayo, pero la desmovilización armada no estaba pactada como paso siguiente inmediato. El gobierno Barco quería convertir el proceso en lo que las FARC nunca aceptaron que fuera. La conversación, desde entonces, se tensó y se rompió.

Al tiempo, la Unión Patriótica empezaba a ser exterminada. Concejales, alcaldes, diputados, dos candidatos presidenciales —Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa— caerían asesinados en un ciclo que combinaba paramilitarismo, servicios de seguridad del Estado y narcotráfico. Arenas asistió al desmoronamiento de su propia apuesta política. Nunca la abandonó del todo —hasta su muerte siguió participando en negociaciones—, pero tampoco pudo salvarla.

Doctrina, dinero y disidencia

Los últimos años de Arenas transcurrieron en un entramado de tensiones que ningún ideólogo, por hábil que fuera, podía resolver. La primera era económica. El narcotráfico, que había hecho posible el despliegue militar aprobado en 1982, empezaba a filtrarse en las estructuras guerrilleras como algo más que un recurso: como una lógica. La posición oficial de las FARC-EP no era estimular la coca sino regularla, evitar que los campesinos abandonaran los cultivos de pancoger, imponer un orden a lo que ya estaba en marcha. Arenas se movió en ese terreno con la incomodidad de quien intuye que las palabras se están quedando cortas frente a las prácticas. En una entrevista a la revista Semana de esos años reconoció, en una formulación cercana, la necesidad de obtener recursos para la revolución. La cita se ha repetido tantas veces que su literalidad ya no importa; lo que importa es lo que revela: Arenas sabía que la ecuación entre doctrina y financiación estaba cambiando de signo.

La segunda tensión era interna. Dentro de las FARC-EP existió un sector conocido como los Perestroikas, en aparente alusión a las reformas soviéticas de Gorbachov. Arenas tuvo con ellos un conflicto que se solapó con sus tensiones dentro de la Unión Patriótica. Las páginas se cruzan en los índices, lo cual sugiere que el diferendo interno de las FARC y la crisis de la UP no eran dos procesos paralelos sino uno solo: la pregunta por el sentido de la lucha en una época en que el marxismo-leninismo perdía su centro internacional y la política legal se pagaba con la vida.

La tercera tensión era doctrinal. A lo largo de los años ochenta, los pronunciamientos de Jacobo Arenas empezaron a eclipsar los del Comité Central del Partido Comunista. La organización que en teoría debía subordinarse al partido comenzó a fungir públicamente como la auténtica dirección de la izquierda comunista, tanto de sus contingentes armados como de sus estructuras desarmadas. Era una inversión silenciosa. Arenas no la proclamó nunca —siguió declarándose subordinado, siguió invocando a Lenin, siguió firmando comunicados bajo el paraguas del marxismo-leninismo—, pero el hecho se imponía. Las FARC, que habían nacido como brazo armado del PCC, empezaban a hablar en nombre propio. Y quien mejor hablaba en su nombre era él.

Casa Verde y la muerte

Los últimos años de Arenas transcurrieron en Casa Verde, el campamento del secretariado ubicado en La Uribe, Meta. Allí se hicieron las negociaciones, se recibieron las delegaciones, se produjeron los comunicados. Allí murió, en 1990. Con Arenas desapareció el último cuadro de las FARC que había hecho su formación política en el PCC de los años cuarenta, que había participado en el ciclo completo desde Marquetalia hasta la Séptima Conferencia, que combinaba escritura, negociación y mando.

En diciembre de ese mismo año, el gobierno de César Gaviria ordenó el bombardeo de Casa Verde. La coincidencia temporal —la muerte del ideólogo, la destrucción del campamento donde se había pactado la tregua— cerró simbólicamente la etapa en que las FARC habían intentado, con Arenas como intérprete, sostener una doble vía: la lucha armada y la participación política legal. Después de 1990, la organización siguió invocando ambas, pero la primera fue arrasando a la segunda hasta hacerla desaparecer.

La huella póstuma

Ninguna guerrilla colombiana honró a un dirigente muerto con la insistencia con que las FARC-EP honraron a Jacobo Arenas. En octubre de 1990, meses después de su fallecimiento, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar celebró su Primera Cumbre de Comandantes y la bautizó Jacobo Arenas. En abril de 1993, a orillas del río Itilla, en el Guaviare, se reunió la Octava Conferencia de las FARC-EP, que aprobó la creación de una columna móvil con su nombre —parte de un plan de fortalecimiento militar basado en estructuras móviles y en el ataque a infraestructura, transporte y comunicaciones. Desde 1994, en Medellín, una red de milicias urbanas también llevó su nombre, en el marco de la estrategia de urbanización del conflicto que él mismo había impulsado en 1982. Columnas, milicias, cumbres, frentes urbanos: durante toda la década siguiente a su muerte, la organización sembró su nombre en los puntos exactos de su expansión.

El gesto tenía algo de homenaje y algo de sustitución. Al llenar la geografía guerrillera con el nombre de Arenas, las FARC se aseguraban de que la doctrina siguiera hablando después de que el doctrinario hubiera callado. Pero esa multiplicación póstuma también reveló lo que ya no habría: nadie ocuparía funcionalmente el lugar que él había ocupado. Alfonso Cano, que asumiría más tarde el rol político, no era exactamente un ideólogo del mismo cuño; los cuadros posteriores del secretariado combinarían crecientemente lo militar con lo económico. La producción teórica de las FARC, tras 1990, se fue apagando en la misma medida en que su capacidad militar se expandía.

Lecturas de un legado

Toda evaluación de Jacobo Arenas termina enfrentándose a una pregunta que él mismo hizo posible: ¿fue el arquitecto de una organización o la correa de transmisión de una línea partidaria preexistente? La respuesta honesta admite las dos cosas. Llegó a Marquetalia como enviado del PCC, operó durante décadas dentro de su marco doctrinal y firmó comunicados que remitían religiosamente a los estatutos del partido. Pero también fue el hombre cuyos pronunciamientos, en los años ochenta, desplazaron el protagonismo desde el Comité Central hacia el secretariado guerrillero, y cuya presencia hizo posible que las FARC hablaran en nombre propio ante el gobierno y ante la izquierda colombiana. Fue producto y desbordamiento del partido, dependencia y autonomía a la vez.

Otra lectura, menos generosa con la agencia individual, subraya que la longevidad de las FARC se explica menos por la coherencia doctrinal que Arenas les proveyó que por dos factores estructurales: la financiación cocalera, que despegó justo tras la Séptima Conferencia, y la expansión territorial hacia el sur, el Magdalena Medio y el Urabá, que le dio a la organización un anclaje material que ningún ideólogo urbano habría podido inventar en un despacho. Desde esa lectura, Arenas fue menos indispensable de lo que la iconografía póstuma sugiere. La organización habría sobrevivido con o sin él; lo que él aportó fue la legitimación teórica de lo que en el fondo era una guerra por territorios y rentas.

Una tercera lectura, más política que doctrinal, propone verlo como un negociador pragmático que usó el marxismo-leninismo como envoltorio pero cuya apuesta real fue la inserción electoral de las FARC en el sistema colombiano. Fue él quien firmó La Uribe, quien participó en la creación de la UP, quien se sentó frente al gobierno Barco. Que esa apuesta fracasara no invalida su seriedad. La UP no fue destruida por la doblez de Arenas —Arenas la impulsó hasta el final— sino por una combinación de fuerzas que la desbordaba: el exterminio paramilitar, la reticencia de sus propios compañeros de armas a la desmovilización efectiva, la deriva del narcotráfico y la disputa interna con los Perestroikas.

Ninguna de estas lecturas anula a las otras. Arenas fue simultáneamente cuadro comunista, ideólogo insurgente, escritor de la memoria fundacional, negociador y dirigente político legal. Vivió y murió sin resolver la contradicción que él mismo había ayudado a instalar en el corazón de las FARC: la de una organización que quería a la vez tomar el poder por las armas y participar en la política institucional, subordinarse al partido y hablar en nombre propio, hacer la guerra y firmar la paz. Su longevidad como comandante coincidió con la longevidad de esa contradicción. Cuando él murió, la contradicción no se resolvió; se descompuso en sus partes, y las FARC, sin el hombre que había sostenido la síntesis precaria, se inclinaron hacia el lado del fusil hasta que el fusil las devoró.

Queda su obra escrita —el Diario de la resistencia de Marquetalia, Cese el fuego—, quedan los nombres de columnas y milicias, queda el archivo de una negociación que abrió durante seis años la posibilidad, luego traicionada, de que Colombia resolviera por vías políticas lo que terminaría resolviendo, treinta años después de su muerte y con costos incalculables, por la vía de otro acuerdo de paz. Queda, sobre todo, la figura del obrero santandereano que llegó a la montaña como delegado del partido y salió de ella, sin salir nunca del todo, como el ideólogo más influyente que produjo la insurgencia colombiana del siglo XX.