Masacre de Tacueyó y purga del Frente Ricardo Franco

Masacre de Tacueyó y purga del Frente Ricardo Franco

Entre el 13 de noviembre de 1985 y enero de 1986, en los montes de Tacueyó, corregimiento del municipio de Toribío, en el norte del Cauca, los mandos del Frente Ricardo Franco —una disidencia de las FARC-EP encabezada por Javier Delgado, alias Rey, cuyo nombre real era José Fedor Rey Álvarez— ordenaron torturar, asesinar y desaparecer a más de un centenar de sus propios combatientes bajo la acusación de ser espías del Ejército, la Policía y otros organismos de inteligencia del Estado. Las cifras conocidas oscilan entre 125 y 165 víctimas, sin recuento definitivo. Fue la mayor purga interna que registra la historia de la insurgencia colombiana y, junto a la toma del Palacio de Justicia por el M-19 pocas semanas antes, marcó el momento en que la violencia guerrillera de los años ochenta reveló, hacia afuera y hacia adentro, sus umbrales de degradación. Ocurrió en territorio nasa, en un departamento saturado de actores armados en pugna, durante la tregua fallida del gobierno de Belisario Betancur, y desencadenó la expulsión del Frente Ricardo Franco de la Coordinadora Nacional Guerrillera, sellando su desprestigio antes de su desintegración.

Un desprendimiento de las FARC en la Séptima Conferencia

El Frente Ricardo Franco nació de una fractura. En mayo de 1982, las FARC celebraron su Séptima Conferencia, la reunión en la que la organización agregó a su nombre la sigla EP —Ejército del Pueblo—, aprobó el Plan estratégico político militar de expansión territorial centrífuga y proyectó la creación continua de nuevos frentes para intentar la toma del poder en un horizonte de ocho años. Fue también el punto en que las FARC intentaron resolver el conflicto abierto con Javier Delgado, cuadro que había dirigido comisiones urbanas del grupo en Bogotá y Cali y arrastraba una acumulación de agravios con la dirigencia: apropiación de fondos —una versión habla de 800 millones de pesos, otras se limitan a mencionar "importantes sumas" provenientes de secuestros—, fricciones con el Partido Comunista Colombiano por sonsacarle militantes y desacreditar a la organización, y una negativa persistente a rendir cuentas.

Existen versiones divergentes sobre el desenlace conferencial. En una, Delgado fue formalmente expulsado en el marco de la Séptima Conferencia; en otra, hubo un desprendimiento gradual y Delgado no llegó a asistir a la reunión, a la que habría sido convocado con el fin de disuadirlo y obligarlo a explicarse. Hacia 1982 la ruptura estaba consumada. Delgado y su núcleo tomaron para la nueva estructura el nombre de Ricardo Franco Frente-Sur, seudónimo del jefe del IV Frente de las FARC muerto en el Magdalena Medio en 1979, un gesto que la dirigencia de las FARC-EP leyó como una afrenta añadida.

La orientación política del grupo fue, desde el principio, distinta a la de la organización madre. Mientras las FARC-EP seguían apoyadas en un despliegue rural centrado en zonas de colonización, Delgado sostenía que "la revolución pasaba por la guerrilla urbana". El Frente Ricardo Franco privilegió las comisiones en Bogotá, Ibagué y Cali, se financió mediante secuestros y actividades logísticas urbanas —con resultados considerables— y se acercó al M-19, con el que compartía tanto la vocación citadina como una estética política más rupturista que la del comunismo tradicional. En ese cruce debe entenderse el episodio, narrado en clave testimonial por el M-19 caleño, según el cual algunos milicianos urbanos de esa organización en el oriente y la ladera de Cali migraron hacia el Ricardo Franco atraídos por sus recursos y su armamento, con un efecto —difícil de datar pero recordado como perjudicial— sobre la propia estructura elenista del M-19 en el Valle.

La instalación en el norte del Cauca

Hacia 1983, el Frente Ricardo Franco había extendido su actividad al norte del Cauca, un escenario que no lo había convocado. El departamento era ya entonces uno de los más saturados del país en presencia insurgente: operaban los Frentes VI y VII de las FARC, columnas del M-19, comisiones del ELN, el PRT, la disidencia de Delgado y, desde 1984, el naciente Movimiento Armado Quintín Lame, que en su acción fundacional —la toma de Santander de Quilichao— actuó en conjunto con el Comando Ricardo Franco. Poco después, en Yumbo, en el Valle del Cauca, el CRF volvió a operar junto al M-19. Estas alianzas, más que una convergencia estratégica, reflejaban la búsqueda de legitimidad de una organización que carecía de retaguardia propia y de base social establecida.

El Quintín Lame se levantó como respuesta armada a las agresiones contra los cabildos y comuneros que buscaban recuperar tierras. Su irrupción no fue, sin embargo, unánimemente celebrada por el movimiento indígena, que discutió y en muchos casos rechazó la militarización de la lucha. Esa tensión enmarca la posición de las comunidades nasa frente al conjunto de los grupos armados. Ninguno de ellos —tampoco el Ricardo Franco— fue invitado por los resguardos, y el norte del Cauca vivió esos años como un territorio disputado por fuerzas externas que se solapaban.

El proceso de paz iniciado en 1984 por el gobierno de Betancur —con los Acuerdos de La Uribe firmados el 28 de marzo de ese año entre el Ejecutivo y las FARC, y con acuerdos paralelos con el M-19 y el EPL— no descomprimió la región. Al contrario: la ubicación del Frente Ricardo Franco en el sistema insurgente de 1984 era la de una organización marginal respecto al esquema negociador, excluida de facto de las conversaciones y con incentivos para escalar su acción armada. La tregua coincidió, además, con el crecimiento militar de las FARC-EP —de aproximadamente mil combatientes antes de 1982 a unos 3.600 hacia 1986, y de 17 frentes a 30—, un crecimiento que en el norte del Cauca se tradujo en presión directa sobre los frentes VI y VII para consolidar corredores y en presiones sobre las comunidades para que respaldaran la naciente Unión Patriótica. Las comunidades indígenas quedaron atrapadas entre la expansión de las FARC, la ofensiva del Ejército, la actividad del M-19 y el Quintín Lame, y la deriva del propio Ricardo Franco. Los atentados contra líderes indígenas se recrudecieron en el período de la tregua, exactamente cuando el discurso oficial anunciaba pacificación.

El comienzo y la mecánica de la purga

Los rumores de infiltración que precipitaron la matanza surgieron tras una toma guerrillera en Miranda, población vecina en el norte del Cauca. Fue en el retorno de esa operación —o en el análisis posterior de lo ocurrido durante ella— cuando los mandos del Frente Ricardo Franco concluyeron que había traidores en sus filas. Las ejecuciones comenzaron entre el 13 y el 14 de noviembre de 1985, y las víctimas fueron torturadas antes de morir. Los métodos incluyeron colgamientos y golpes; las sesiones podían prolongarse tres o cuatro días. Tacueyó figura entre los casos emblemáticos de la degradación de la guerra no por el número absoluto de víctimas comparado con otras masacres del conflicto, sino por tratarse de una guerrilla que ejecutó y desapareció a más de un centenar de sus propios combatientes.

Las órdenes provinieron de Javier Delgado —Fedor Rey— y de Hernando Pizarro Leongómez, mandos del grupo. La dinámica interna de la purga siguió una lógica reconocible en otros episodios de violencia intra-insurgente, pero llevada a una escala inédita: bajo tortura, los acusados terminaban confesando ser infiltrados y señalando a compañeros, ya fuera para poner fin al suplicio o para arrastrar consigo a otros. Ese mecanismo produjo una cadena que se expandió durante semanas. La duración del episodio —desde mediados de noviembre de 1985 hasta enero de 1986, aproximadamente dos meses— es un dato en sí mismo: no fue un arrebato ni una decisión ejecutada en horas, sino un procedimiento sostenido, con estructura de mando, de registro y de aplicación reiterada.

Tacueyó se inscribe en un patrón más amplio: colgamientos, golpes y amenazas fueron modalidades de tortura física y psicológica empleadas también por las FARC-EP y el ELN en purgas internas y en el trato a población civil secuestrada. Lo específico del caso caucano fue la magnitud y la concentración temporal. Entre las víctimas había reclutas jóvenes, algunos de 14 o 15 años, que habían ingresado poco antes y no alcanzaban a comprender plenamente su incorporación. La caracterización social del conjunto de asesinados —si predominaban los cuadros urbanos formados en la juventud comunista o los campesinos reclutados en la propia región— no está resuelta, y no conviene resolverla con un trazo grueso.

La ausencia de mecanismos de verificación independientes —no había instancia disciplinaria capaz de contrapesar la decisión del comandante en cabeza— convertía cualquier sospecha en veredicto. El Ricardo Franco, más aún que otras organizaciones, dependía enteramente del criterio de Delgado, cuya trayectoria previa mostraba una conducción personalista, ya cuestionada por las FARC-EP en 1982 por la apropiación de fondos y la resistencia a rendir cuentas.

Versiones enfrentadas sobre la infiltración

Aquí el material disponible pide ser leído con cuidado. La justificación esgrimida por los mandos del Frente Ricardo Franco fue la sospecha de que agentes de la inteligencia estatal habían penetrado la organización. Las versiones sobre esa supuesta infiltración se contraponen. Por un lado, la reivindicación posterior de los propios ejecutores, que publicaron un documento titulado Tacueyó: el B-2 al desnudo en el que sostenían haber desbaratado una operación de inteligencia militar. Por otro, los testimonios de exintegrantes que niegan categóricamente la infiltración masiva.

Una exintegrante de la red urbana del grupo en Bogotá sostiene que el 80% de los miembros de esa red provenía de la juventud comunista y se conocían desde el colegio o la universidad; afirma que la idea de una penetración generalizada era técnicamente inverosímil. Frente a esa negación tajante, otras reconstrucciones documentan que sí existió al menos un suboficial de inteligencia infiltrado en el Ricardo Franco, cuya información permitió la caída de caletas y la captura de milicianos, algunos de los cuales fueron llevados a la Tercera Brigada.

La tensión entre ambas versiones importa. Sostener que Tacueyó respondió a una paranoia infundada, sin más, contradice la evidencia de una penetración parcial verificada; sostener que respondió a una amenaza real que la organización identificó y neutralizó correctamente contradice el hecho de que fueron ejecutados entre 125 y 165 combatientes sin ninguna investigación reconocible como tal. La lectura que se sostiene mejor a partir del contraste es intermedia y menos consoladora: el Frente Ricardo Franco enfrentaba condiciones objetivas de vulnerabilidad —reclutamiento acelerado sin filtros ideológicos, mando personalista sin contrapesos, alianzas dispersas y, sí, alguna penetración estatal real— y procesó esa amenaza a través de los únicos instrumentos epistémicos de que disponía: la tortura como método de averiguación y el fusilamiento como sentencia. El resultado fue una amplificación catastrófica: para descubrir a un puñado de infiltrados posiblemente reales, el grupo se aniquiló a sí mismo.

La lectura periodística del episodio —representada por trabajos como Colombia bizarra, que lo narra en clave de anécdota extrema— tiende a instalarlo en el registro de la locura de un caudillo. Ese marco explicativo funciona narrativamente pero se queda corto en términos históricos: sitúa toda la responsabilidad en la psicología de Delgado y descarga a la cultura organizativa del leninismo militar de sus propios rendimientos. La sospecha institucionalizada, el verticalismo, la disciplina de tipo militar sin instancias de apelación y la práctica del "juicio revolucionario" eran componentes estructurales del repertorio guerrillero de la época, presentes con distinta intensidad en todas las organizaciones. Tacueyó fue extremo, pero no exógeno.

La reacción de la Coordinadora y la expulsión

En el momento de la masacre, el Frente Ricardo Franco pertenecía a la Coordinadora Nacional Guerrillera, la instancia unitaria conformada en 1985 que agrupaba a los grupos armados excluidos de los acuerdos con Betancur o críticos del proceso. La reacción de la CNG, una vez conocida la magnitud de los hechos, fue la expulsión del grupo, en respuesta directa a la masacre. La fecha exacta del pronunciamiento formal no está establecida con precisión, pero se produjo entre el conocimiento público del episodio, a comienzos de 1986, y los meses inmediatamente siguientes.

La expulsión tuvo un doble sentido. Hacia adentro del sistema insurgente, marcaba un límite: la Coordinadora, aunque conformada por organizaciones que practicaban formas de disciplina interna severas, encontró en Tacueyó una violación intolerable, ya fuera por convicción, por cálculo político o por ambos. Hacia afuera, buscaba proteger a las otras guerrillas de la contaminación reputacional que suponía compartir sigla con el grupo de Delgado. Las FARC-EP, en particular, que arrastraban desde 1982 una hostilidad abierta contra Delgado por la apropiación de fondos y el uso del nombre "Ricardo Franco", encontraron en el episodio una confirmación de su lectura previa. La descomposición del grupo se aceleró desde entonces: perdió aliados, perdió capacidad operativa y perdió la base pequeña que había construido en el Cauca.

En el diseño más amplio del sistema insurgente, la expulsión del Ricardo Franco de la CNG facilitó la posterior articulación de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en 1987, ya sin el lastre reputacional del grupo de Delgado. La ausencia del Ricardo Franco, más que su presencia, definió la geometría del bloque insurgente que llegaría a los diálogos de Caracas y Tlaxcala en los años siguientes.

Consecuencias para las comunidades y para la legitimidad insurgente

La primera consecuencia, la más difícil de cuantificar, recayó sobre las comunidades del norte del Cauca. La retirada del Frente Ricardo Franco no descomprimió el territorio: dejó un vacío que las FARC-EP ocuparon con mayor presión, en un contexto en el que los frentes VI y VII ya venían incrementando la exigencia sobre los cabildos para respaldar la Unión Patriótica. En la segunda mitad de los años ochenta aumentaron las tensiones entre las FARC y las autoridades indígenas, tensiones que desembocarían en episodios posteriores de asesinato de comuneros y de disputa por el control de los espacios de justicia propia. Tacueyó no inauguró esas tensiones —el conflicto por el gobierno territorial venía de antes— pero contribuyó a saturar aún más una región que ya vivía bajo asedio cruzado.

La segunda consecuencia se proyectó sobre la propia noción de insurgencia. Hasta 1985, la deslegitimación de las guerrillas colombianas provenía sobre todo de fuentes externas: la opinión pública urbana, el discurso oficial, los medios. Tacueyó introdujo una crítica que era imposible atribuir al enemigo. El propio movimiento armado había practicado sobre sí mismo una violencia que se parecía, en su mecánica, a las peores prácticas que denunciaba en el aparato estatal: tortura prolongada, desaparición, ejecución sin proceso. El ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria Histórica lo incluye entre los casos emblemáticos de la degradación de la guerra por esa razón: porque cristaliza el momento en que la violencia deja de tener una dirección exclusivamente adversarial y se vuelve productiva de sus propias víctimas dentro del bando que la ejerce.

Esa dimensión importa para el período que se abriría a partir de 1986. La combinación de la toma del Palacio de Justicia, el exterminio en curso de la Unión Patriótica, la irrupción del narcotráfico como financiador y contraparte del conflicto, y las purgas internas como la de Tacueyó dibujó el escenario en que la apertura política de finales de la década —la Constituyente de 1991, las desmovilizaciones del M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT— tendría que discutirse. La insurgencia llegó a ese momento con un pasivo simbólico enorme, y Tacueyó formaba parte de él, aunque el grupo responsable ya no existiera.

Por qué Tacueyó todavía importa

La historiografía sobre el conflicto colombiano ha tardado en integrar Tacueyó en su relato central. Durante mucho tiempo el episodio circuló como anécdota extrema o como pieza del anecdotario oscuro de la guerra, más cerca de la crónica periodística que del análisis. La incorporación al informe ¡Basta ya!, a los volúmenes territoriales y al capítulo de violaciones de la Comisión de la Verdad, así como a los trabajos académicos sobre el Frente Ricardo Franco —el más sistemático es la tesis de Angélica Cruz presentada en la Universidad Nacional de Colombia— ha empezado a corregir esa marginalidad.

Lo que Tacueyó documenta, con una crudeza que otros episodios rehúyen, es una dimensión de la violencia insurgente colombiana que las propias organizaciones armadas tuvieron dificultades para tematizar: la violencia hacia adentro, ejercida sobre los propios combatientes, en nombre de la disciplina revolucionaria y del cuidado frente a la infiltración. Esa violencia no fue exclusiva del Ricardo Franco. Hubo purgas y ejecuciones internas en las FARC-EP, en el ELN y en el EPL a lo largo de todo el conflicto. Tacueyó representó, sin embargo, el punto en que esas prácticas alcanzaron una escala que ninguna otra organización igualó y que el propio bando insurgente, a través de la CNG, se vio obligado a reprobar públicamente.

Importa también porque revela un rasgo estructural de la cultura política del leninismo militar en su versión colombiana: la sospecha permanente sobre el compañero, formalizada como principio de higiene revolucionaria, se vuelve incontrolable cuando falta cualquier instancia de verificación independiente y cuando el mando reposa en una sola cabeza. Delgado no inventó esa cultura; la heredó de las FARC-EP, la radicalizó en su versión disidente y la desplegó en un territorio donde no tenía retaguardia propia ni base social capaz de contenerlo. El resultado fue una organización que se destruyó a sí misma antes de que el Estado, las guerrillas rivales o las comunidades pudieran hacerlo.

Y, por último, importa porque el norte del Cauca, escenario de la masacre, siguió siendo durante las tres décadas siguientes uno de los territorios más golpeados del país, atravesado por sucesivos ciclos de violencia armada, disputa por la tierra y militarización de la política. Cuando en 2016 los Acuerdos de La Habana pusieron formalmente fin al conflicto con las FARC —el mismo grupo del que Delgado se había desprendido treinta y cuatro años antes—, el norte del Cauca volvió a ser una de las regiones donde la implementación se tropezó con mayor resistencia y donde las disidencias posteriores encontraron condiciones para reinstalarse. Tacueyó no explica ese ciclo largo, pero es una de sus piedras marcadoras: el punto en que una guerrilla, en tierra que no era suya, se aniquiló buscando enemigos dentro de sí misma, y en que la insurgencia colombiana descubrió, por su propia mano, que la sospecha revolucionaria podía consumir todo lo que tocaba.