Alcaldesas y concejalas de la Unión Patriótica en municipios de frontera (1986–1990)

Alcaldesas y concejalas de la Unión Patriótica en municipios de frontera, 1986–1990

Entre las elecciones de marzo de 1986 y el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa en marzo de 1990, la Unión Patriótica llevó a mujeres a alcaldías y concejos de municipios que hasta entonces habían sido zonas ciegas del bipartidismo: Segovia y Remedios en el nordeste antioqueño, Apartadó y Mutatá en Urabá, El Castillo en el piedemonte del Ariari, Puerto Rico en el Caquetá, Arauquita y Saravena en la frontera araucana. Fueron pocas, no formaron un cuerpo articulado y llegaron por caminos distintos —elección popular, designación gubernamental, mayoría en concejo—, pero su presencia inauguró un capítulo del ejercicio político femenino en la Colombia rural que la historia posterior, ocupada en registrar el genocidio del partido como bloque, ha tendido a diluir dentro de las cifras totales. Este artículo reconstruye esa franja: quiénes fueron, qué hicieron, cómo las nombraban desde los cuarteles y las curules vecinas, y por qué murieron o sobrevivieron desplazadas. No es un catálogo nacional; es lo que puede afirmarse con precisión sobre un puñado de trayectorias documentadas en cuatro regiones de frontera agraria y enclave extractivo.

La apertura que hizo posibles esas curules

El marco institucional en el que estas mujeres accedieron a cargos locales se construyó a golpes de reforma entre 1982 y 1988. El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) abrió el proceso de paz con las FARC —tregua firmada en La Uribe en 1984— y, en paralelo, impulsó la descentralización política que desembocaría en la elección popular de alcaldes, institucionalizada en 1988 por primera vez en la historia del país. Antes de esa fecha, los alcaldes eran designados: dependían del gobernador o, indirectamente, de la mayoría del concejo municipal correspondiente.

La Unión Patriótica, fundada en 1985 como brazo político de la tregua y con participación del Partido Comunista Colombiano, se estrenó electoralmente en marzo de 1986. Los resultados sorprendieron: a nivel nacional obtuvo, junto con sus aliados, cifras cercanas a 325-351 curules en concejos municipales, y accedió a 24 alcaldías por la vía de haber conquistado mayoría en 30 concejos. El gobierno de Virgilio Barco, que sucedió a Betancur en agosto de 1986, nombró además 23 alcaldes de la UP en municipios donde el partido había obtenido las votaciones más altas.

En Antioquia la irrupción fue particularmente marcada. La UP obtuvo 59 concejales en 28 municipios del departamento y, en la subregión de Urabá y el nordeste antioqueño, sumó 29 concejales y cinco alcaldías: Apartadó, Mutatá, Segovia, Remedios y Yondó. En los concejos de Segovia y Remedios conjuntamente alcanzó seis de las diez curules disponibles. El Espectador calificó el rendimiento regional como un "fenómeno político", el más alto en veinte años. En Arauca, la UP en coalición con el Movimiento Liberal Orticista Independiente obtuvo el 53% de la votación y la única curul de la Cámara de Representantes por el departamento, ocupada por Elsa Rojas de Fernández. En marzo de 1988 —primera elección popular de alcaldes— la UP renovó y en algunos casos amplió esa presencia, especialmente en Segovia y Remedios.

Los concejos y alcaldías no eran, en estas regiones, cargos administrativos menores. Eran las primeras instancias del Estado con las que la gente tenía contacto cotidiano, y en municipios donde el bipartidismo había gobernado a través de cadenas clientelares con los caciques regionales, la llegada de una fuerza política nueva alteraba la distribución del gasto local, los nombramientos, el acceso a los servicios y —sobre todo— la relación entre el poder municipal y las comunidades rurales organizadas. Que las cabezas visibles de esa alteración fueran, en varios casos, mujeres provenientes del sindicalismo agrario, del comunismo o del trabajo con el campesinado añadía una segunda ruptura sobre la primera.

Las trayectorias documentadas

Jael Cano, Segovia

Jael Cano —hoy fallecida— fue la primera concejala elegida popularmente en el Concejo Municipal de Segovia, Antioquia, en 1988. Militaba en la Unión Patriótica. Segovia era, para entonces, un municipio minero del nordeste antioqueño donde la UP había obtenido resultados excepcionales y donde la violencia paramilitar ya estaba en curso: la masacre del 11 de noviembre de ese mismo año dejaría 43 personas muertas en el casco urbano.

Su gestión en el Concejo transcurrió bajo un hostigamiento continuo. El concejal Jesús María Molina, cuando llegaba ebrio a las sesiones, la interpelaba con insultos sexistas: le preguntaba en público quién le lavaba las ollas, la acusaba de "pasarse en la calle", negaba en voz alta que una mujer con hijos tuviera algo que hacer en un cargo político. La resistencia sexista de sus pares hombres se mezclaba con las rivalidades partidarias —Cano era comunista, mujer y estaba en un concejo mayoritariamente UP en un municipio bajo asedio armado—, y esa superposición hacía de cada sesión un ejercicio de resistencia doble.

Rita Tobón Areiza, Segovia

Rita Tobón fue alcaldesa de Segovia por la Unión Patriótica. Sobrevivió a la masacre de noviembre de 1988 y a los años que siguieron, aunque fue perseguida y sufrió varios atentados. Su testimonio, entregado a la Comisión de la Verdad décadas después, es una de las pocas fuentes directas sobre lo que significó ejercer una alcaldía UP siendo mujer en el nordeste antioqueño de finales de los ochenta.

El comandante de la XIV Brigada del Ejército, Alejandro Londoño Tamayo, le dijo públicamente que se fuera a su casa a cuidar a sus hijos: "esto no es para mujeres, esto es para machos". Tobón declaró también que el general Faruk Yanine Díaz la amenazó públicamente de forma similar y que ella lo denunció. Los comentarios de Londoño Tamayo combinaban el menosprecio hacia su condición de mujer en política con advertencias explícitas sobre la duración de su gestión —es decir, sobre cuánto tiempo estaría viva—. La lógica de esa interpelación es reveladora: la autoridad militar regional no la trataba como interlocutora institucional, sino como una intrusa doblemente ilegítima, por roja y por mujer, cuya sola presencia en el despacho requería un recordatorio del orden que ella estaba subvirtiendo.

María Mercedes Méndez, El Castillo

María Mercedes Méndez fue alcaldesa de la Unión Patriótica en El Castillo, Meta, en la subregión del Ariari-Guayabero, un piedemonte de colonización campesina donde el Partido Comunista Colombiano tenía un acumulado organizativo previo, articulado a través del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim). Ese acumulado —cuadros sindicales, ligas campesinas, comités agrarios— había sido uno de los pilares que sostuvo a la UP en la región.

Méndez fue asesinada en una emboscada paramilitar en Caño Sibao, junto con William Ocampo, alcalde electo de la UP para el siguiente período, la tesorera municipal Rosa Peña Rodríguez, Ernesto Zaralde y otros funcionarios. El vehículo en que viajaban fue interceptado y atacado con granadas y disparos. Horas antes, Méndez y Ocampo habían acudido a la Séptima Brigada del Ejército en Villavicencio a solicitar medidas de protección. La secuencia —visita al cuartel, salida hacia el municipio, emboscada en la carretera— quedó documentada en los testimonios de la Comisión de la Verdad.

Méndez fue una alcaldesa en ejercicio asesinada por paramilitares en una acción que combinó información previa sobre su itinerario, planificación logística y objetivos políticos precisos: liquidar en un solo golpe a la administración municipal saliente y a la entrante.

Diana Cardona Saldarriaga

Diana Cardona Saldarriaga, abogada y militante de la Unión Patriótica, aparece mencionada como la primera mujer que llegó a una alcaldía en Colombia, o al menos en su región. Fue asesinada. Los fragmentos documentales disponibles no permiten establecer con precisión la fecha del crimen, el municipio donde ejerció el cargo ni la región exacta a la que corresponde ese "primera" —las menciones sugieren Urabá pero el material está incompleto—. Consignarla aquí sin resolver esos vacíos es un acto deliberado: nombrar lo que se sabe y admitir lo que no se puede completar por inferencia es parte del rigor que su historia todavía reclama.

Natalia Mejía Echeverri, Puerto Rico (Caquetá)

Natalia Mejía Echeverri renunció a su cargo en el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) para aceptar la candidatura a la Alcaldía de Puerto Rico, Caquetá, por la Unión Patriótica. Fue asesinada el 16 de enero de 1988, semanas antes de las elecciones de marzo. Su caso no es el de una alcaldesa en ejercicio: es el de una candidata eliminada antes de llegar a la urna. La distinción importa. La violencia contra la UP en el Caquetá y los Llanos Orientales operó también en la fase de campaña, cortando trayectorias antes de que se convirtieran en gestión pública, y Mejía Echeverri es el caso más nítido de esa modalidad en la franja que interesa a este artículo.

Amparo López y Yolanda Montes, Arauca

En 1985, en un contexto de fuerte apoyo electoral a la Unión Patriótica en la región araucana, Amparo López fue nombrada alcaldesa en Arauquita y Yolanda Montes en Saravena. Ambos municipios pertenecían al arco fronterizo donde la UP, en coalición con sectores liberales disidentes, había construido su mayor bastión electoral departamental. Los nombramientos se produjeron antes de la elección popular de alcaldes, por la vía de designación gubernamental, y las fuentes disponibles no establecen de forma explícita la relación causal directa entre esos nombramientos y la militancia o el respaldo al partido. Lo que sí puede afirmarse es que en la Arauca de 1985, hablar de alcaldesas en Arauquita y Saravena era hablar de mujeres en cargos ejecutivos locales dentro del territorio donde la UP había obtenido su rendimiento más alto.

Elsa Rojas de Fernández, Arauca

Elsa Rojas de Fernández ocupó la única curul a la Cámara de Representantes por Arauca, obtenida por la UP en coalición con el Movimiento Liberal Orticista Independiente con el 53% de la votación regional. No fue alcaldesa ni concejala, pero pertenece al mismo circuito de representación política que estas mujeres construyeron desde la periferia: una curul nacional obtenida en un departamento fronterizo por una coalición encabezada, en su cara pública, por una mujer.

Concejos y alcaldías como espacios estratégicos

Para entender por qué estas trayectorias generaron una reacción tan intensa hay que reconocer qué representaba, en las regiones donde ocurrieron, controlar una alcaldía o una mayoría en concejo. Segovia y Remedios eran municipios mineros en los que las rentas del oro, los contratos de explotación, las autorizaciones municipales y la relación con las multinacionales pasaban por el gobierno local. El nordeste antioqueño era también corredor de tránsito hacia el Magdalena Medio, con presencia guerrillera consolidada y proyectos paramilitares en expansión. Urabá era el enclave bananero con la mayor conflictividad sindical del país y una frontera agraria en disputa entre colonos, empresarios y ganaderos. El Ariari era piedemonte de colonización con historia comunista y presencia de las FARC. Arauca era la nueva zona petrolera del país tras el hallazgo de Caño Limón. El Catatumbo era corredor fronterizo con Venezuela, con presencia del ELN y tradición campesina abstencionista.

En todos estos territorios, el bipartidismo Liberal-Conservador había gobernado a través de intermediarios y redes clientelares. La irrupción de la UP significó tres cosas simultáneas: la aparición de una fuerza electoral capaz de romper esa hegemonía, la llegada al poder local de dirigentes provenientes del sindicalismo agrario o del comunismo campesino, y la promesa —parcialmente cumplida en los pocos años en que las alcaldías pudieron ejercer— de una gestión municipal orientada a las comunidades organizadas antes que a los caciques. La descentralización de 1988 amplificó esa amenaza, porque a partir de ese año los alcaldes ya no dependerían del gobernador ni del concejo, sino de un voto directo que la UP podía ganar en estas regiones.

Que en varios de estos municipios las cabezas visibles fueran mujeres añadía una capa de disrupción. En territorios donde la política local se ejercía en cantinas, ferias ganaderas, reuniones de finca y despachos de brigada, el hecho de que la interlocución pasara por Rita Tobón, Jael Cano o María Mercedes Méndez rompía un código de acceso al poder tan naturalizado que ni siquiera se enunciaba. El comandante Londoño Tamayo lo enunció por todos: "esto no es para mujeres, esto es para machos".

La gramática de la persecución

El exterminio de la Unión Patriótica en las regiones que aquí interesan se ejecutó desde una arquitectura coordinada que combinó paramilitares, sectores de la fuerza pública y élites regionales. El caso de Segovia es el más documentado. La masacre del 11 de noviembre de 1988, en la que grupos paramilitares asesinaron a 43 personas en el casco urbano, se inscribió en la coyuntura electoral en la que la UP había obtenido mayorías en los concejos municipales y las alcaldías de Segovia y Remedios en los comicios de marzo de ese año. Integrantes del Batallón Bomboná y del Distrito XII de Policía estaban presentes en el municipio y no impidieron la matanza; según el testimonio de Alonso de Jesús Baquero, alias El Negro Vladimir, colaboraron en la planeación, incluso elaborando panfletos en el Batallón.

Baquero declaró ante la Fiscalía en 2010 que la política de exterminio de la izquierda se originó en una reunión en el Magdalena Medio con varios políticos nacionales, entre ellos Turbay Ayala, Santofimio Botero, Tiberio Villareal, Guillermo Vélez y César Pérez García. Desde Puerto Boyacá, una vez desterrada la dirigencia de izquierda del Magdalena Medio, la coordinación se extendió hacia Urabá, los Llanos Orientales y el Nordeste Antioqueño.

En Urabá y Córdoba, los hermanos Castaño y su ejército paramilitar fueron responsables de la muerte de la mayoría de los activistas de la UP, a quienes consideraban agentes encubiertos de las FARC. El primer alcalde electo de la UP en Remedios, Elkin de Jesús Martínez Álvarez, fue asesinado por paramilitares al servicio de Fidel Castaño antes de posesionarse. El alcalde de la UP que reemplazó al primer alcalde detenido en Riosucio, Benjamín Arboleda —de la dirección ejecutiva del partido—, fue asesinado por el paramilitar alias El Alemán, que le cortó las manos y exhibió el cuerpo por el pueblo. El primer alcalde de Yondó fue asesinado en noviembre de 1988 en Itagüí, tras señalamientos por su militancia.

Los patrones son claros: eliminación de electos antes de posesionarse, asesinato de alcaldes y candidatos en ejercicio, ataques a itinerarios conocidos —como en Caño Sibao—, masacres masivas en cascos urbanos de mayoría electoral UP —como Segovia—, y una operación sostenida contra los concejales y militantes que sobrevivían. La masacre de Piñalito, en Vistahermosa, Meta, el 21 de febrero de 1988 —14 simpatizantes de la UP asesinados—, inauguró lo que se llamó "el año de las masacres". El Plan Esmeralda, denunciado por el congresista Henry Millán —él mismo asesinado más tarde—, fue el nombre que recibió el plan de exterminio de la UP en los Llanos Orientales y el Caquetá. El 4 de marzo de ese mismo año, en las fincas La Honduras y La Negra del corregimiento de Currulao, en Turbo, unos treinta paramilitares encapuchados asesinaron a 17 trabajadores sindicalizados en Sintragro en La Honduras y a otros cuatro en La Negra.

Dentro de este patrón general, las mujeres electas o candidatas fueron alcanzadas por la misma violencia que arrasó a sus compañeros varones. Diana Cardona murió como murieron Elkin Martínez y Benjamín Arboleda. María Mercedes Méndez murió en la misma emboscada que William Ocampo. Natalia Mejía Echeverri fue asesinada como fueron asesinados otros candidatos varones de la UP en el Caquetá. Sostener que existió una "persecución generizada" contra las mujeres de la UP como categoría separada sería forzar el material: el vector principal del exterminio fue estructural-territorial —destruir la presencia electoral del partido en zonas donde amenazaba con consolidar poder local—, y ese vector no distinguió sexos.

Lo que sí distinguió fue el registro complementario del hostigamiento, el que operó en las curules, los despachos y las brigadas antes del asesinato o durante el ejercicio del cargo. Ese registro sí tuvo gramática de género. Los insultos de Molina a Jael Cano sobre las ollas, los pronunciamientos de Londoño Tamayo y Yanine Díaz a Rita Tobón sobre volver al hogar y sobre que la política era cosa de machos, la instrumentalización general de las mujeres en los partidos para cumplir cuotas simbólicas, la escasa financiación de sus campañas: todo esto formó una capa adicional que las alcaldesas y concejalas de la UP tuvieron que sortear mientras enfrentaban la misma violencia armada que sus pares hombres. Olga Betancourt, militante de la UP, fue abandonada por su pareja porque él la obligó a elegir entre el movimiento —al que calificaba de "liderado por comunistas"— y la relación; ella eligió el movimiento y quedó sola con sus hijos. Esa forma de clausura, que operaba en el ámbito doméstico antes que en el político, no aparece en los expedientes judiciales.

La superposición explica por qué la historia de estas mujeres se ha borrado con más facilidad que la de los hombres del mismo partido asesinados en las mismas regiones. No se borró porque hubiera una persecución específicamente contra ellas, distinta del genocidio general. Se borró porque la categoría "género" no fue la que organizó la persecución, sino la que organizó el silencio posterior sobre ellas.

Después del terror

El descenso electoral de la Unión Patriótica después de 1986 fue gradual y estadísticamente nítido: de 325 concejales en 167 municipios en el período 1986-1988, pasó a 256 concejales en 115 municipios entre 1988 y 1990, y a 173 concejales en 97 municipios entre 1990 y 1992. En Segovia, tras la masacre de noviembre de 1988 y la violencia posterior, la UP logró en 1990 apenas cuatro curules en el concejo y perdió la alcaldía; en años siguientes su participación se redujo aún más.

El descenso combinó dos causas. Una fue la retirada, tras la ruptura de la tregua, del apoyo logístico de las FARC a los votantes de la UP en regiones como el Caquetá y el nordeste antioqueño —soporte que había sido decisivo en 1986—. La otra, la más pesada, fue la eficacia pedagógica del terror. La violencia pre y poselectoral de 1986 y 1988 funcionó como aleccionamiento: votar UP era peligroso, ser candidato UP era estar muerto, ser alcaldesa UP era enfrentar la advertencia pública de un general.

A esa violencia se sumó el desplazamiento forzado, la segunda violación más frecuente contra militantes de la UP después del homicidio, con al menos 2.722 víctimas documentadas. En el Ariari, los militantes que sobrevivieron fueron quienes se desplazaron, se confinaron en zonas altas o ingresaron a la guerrilla; los que permanecieron fueron asesinados, y el Comité Regional del PCC-UP quedó arrasado. El desplazamiento fue, para muchos, el primer trayecto de un exilio más largo.

La Unión Patriótica perdió su personería jurídica al no cumplir los umbrales de votación exigidos por la Ley 130 de 1994. No se consideró, en esa decisión, que la falta de votación se fundara en el exterminio de sus candidatos y dirigentes. Fue la clausura administrativa de un proceso ya clausurado en el terreno por la violencia.

Por qué importa lo que se puede afirmar

Estas mujeres —Jael Cano en el Concejo de Segovia bajo los insultos de un colega ebrio, Rita Tobón sobrevivida y perseguida en la alcaldía, María Mercedes Méndez emboscada en Caño Sibao horas después de pedir protección al Ejército, Natalia Mejía Echeverri asesinada antes de la elección, Diana Cardona asesinada sin que hoy podamos precisar cuándo ni dónde exactamente, Amparo López y Yolanda Montes en las alcaldías de Arauquita y Saravena, Elsa Rojas de Fernández en la Cámara por Arauca— ejercieron o intentaron ejercer cargos públicos en un momento en que la descentralización colombiana estaba abriendo un espacio nuevo y las reformas del proceso de paz permitían pensar que una fuerza política de izquierda podía gobernar municipios sin ser eliminada.

Ese espacio se cerró antes de consolidarse. Lo cerraron los paramilitares y los sectores de la fuerza pública que colaboraron con ellos; lo cerraron las élites regionales que veían amenazadas sus rentas y sus redes; lo cerraron —también, en otro registro— los concejales que insultaban a sus colegas mujeres y los comandantes que las mandaban a lavar ollas.

Nombrar hoy a estas alcaldesas y concejalas con la precisión que permiten las fuentes —y admitir los vacíos donde las fuentes no alcanzan— es un ejercicio historiográfico limitado y necesario. No convierte a la UP en un partido feminista, ni transforma retrospectivamente a estas mujeres en fundadoras de una tradición unificada de feminismo político rural. Corrige un desbalance: la historia del genocidio de la Unión Patriótica se ha contado, con razón, como una tragedia de dimensiones nacionales, pero al contarse en bloque ha invisibilizado que dentro de ese bloque hubo trayectorias con especificidades que la sola categoría "militante asesinado" no captura.

Que Rita Tobón haya sobrevivido para dar testimonio ante la Comisión de la Verdad y describir, cuarenta años después, lo que un general del Ejército le dijo en una reunión pública sobre volver a cuidar a sus hijos, es una fuente. Que los expedientes judiciales del genocidio de la UP no hayan hecho de esa frase materia de imputación —porque la injuria y la amenaza contra una alcaldesa por su condición de mujer no encajaban en las categorías penales que se manejaban entonces— es otra. Entre las dos hay un espacio historiográfico que apenas empieza a abrirse.

Lo que puede afirmarse con seguridad cabe en pocas frases. Entre 1985 y 1990, la Unión Patriótica llevó a un número reducido pero significativo de mujeres a alcaldías y concejos en municipios de frontera y enclaves extractivos colombianos. Estas mujeres enfrentaron el mismo exterminio que sus compañeros varones y, además, un hostigamiento patriarcal específico ejercido por rivales políticos y mandos militares. Su experiencia de gobierno fue breve, interrumpida por asesinatos, desplazamientos y la clausura política del partido. Su historia forma parte del genocidio de la UP y, a la vez, tiene una textura propia que la historiografía centrada en la capital y en las cifras agregadas ha tardado en distinguir. Reconocerla no las redime ni las corrige: solo las nombra con la precisión que merecen las vidas que efectivamente existieron.