Saravena

Un piedemonte, una frontera, un nombre

Saravena está en el extremo occidental del Sarare, la subregión de Arauca que abraza el piedemonte. La subregión agrupa también a Fortul, Arauquita y Tame en su porción cordillerana. El nombre —Sarare, Zarare— viene de los pueblos originarios que habitaban un territorio hoy repartido entre Norte de Santander, Boyacá y Arauca. Es una geografía de bisagra: al occidente, la cordillera se alza hacia la Sierra Nevada del Cocuy y el territorio ancestral U'wa; al norte, el río Arauca marca la frontera con Venezuela; al sur, las sabanas del llano se abren hacia Casanare; al oriente, Cubará queda a un paso, y con él el corredor que baja desde Pamplona.

Esa posición condicionó lo que vendría después. El piedemonte araucano tiene una vegetación de una exuberancia que durante casi un siglo derrotó al ingeniero: los trabajadores del Camino del Sarare —proyectado desde el siglo XIX para unir Labateca, en la provincia de Pamplona, con Tame en el llano— tardaban meses en abrir varios kilómetros de trocha, solo para verlos tragados por el bosque. Ya en 1856 el gobernador de Pamplona había propuesto una vía hacia Arauca. En noviembre de 1904, el Congreso, mediante la Ley 39, declaró carretera nacional el Camino del Sarare. En 1920, una emisión de bonos por cien mil pesos buscó darle empuje. Nada de eso bastó. El piedemonte se quedó, durante casi todo el siglo XX, sin conexión terrestre estable con el interior andino.

Pero la frontera sí funcionaba. El río Arauca, con su cauce largo y accesible, permite el tránsito permanente en chalupas, lanchas a motor y camellones a todo lo largo; de occidente a oriente los pasos fronterizos ordenan el mapa: Saravena–El Nula, Arauquita–La Victoria, Arauca–El Amparo de Apure. Fuera de las sabanas de Arauca y Casanare, Saravena era la zona con más fácil acceso a la frontera venezolana. Lo que en el mapa institucional parecía un rincón olvidado, en la práctica era un nudo abierto hacia el Apure, por donde el ganado, el combustible y —más tarde— la coca fluían con una facilidad que la geografía se encargaba de garantizar.

La colonización dirigida: la Caja Agraria, el INCORA y el proyecto Arauca 1

Saravena, como asentamiento planificado, nace de la respuesta estatal a la Violencia. En 1958, en el marco del Plan Nacional de Rehabilitación y Socorro para Víctimas de la Violencia, se asignó a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero la responsabilidad de dirigir procesos de colonización, seleccionando zonas baldías —al principio en Caquetá y Meta— para reubicar campesinos desplazados por el conflicto bipartidista. Ese plan sentó las bases de los programas que vendrían después.

En 1959 la Caja Agraria inició su proyecto de colonización en la región del Sarare araucano. En 1962, el recién creado Instituto Colombiano de la Reforma Agraria retomó la iniciativa dentro de un programa bautizado Arauca 1. Al Sarare llegaron colonos —muchos venidos de Santander, Norte de Santander y Boyacá— atraídos por la promesa de tierra baldía, titulación, crédito subsidiado y servicios básicos. La región se convirtió, entre 1950 y 1960, en una de las zonas de mayor crecimiento colonizador del país, junto con el Magdalena Medio, el Caquetá, el Putumayo y el Ariari en Meta.

Durante aproximadamente diez años el INCORA tituló tierras, levantó escuelas, construyó centros de salud y viviendas. Sobre el papel, Arauca 1 era el prototipo de una colonización moderna: el Estado no dejaba al colono a la deriva, sino que lo acompañaba con infraestructura social y crediticia. Sobre el terreno, la ejecución fue otra. Los créditos subsidiados llegaban tarde o no llegaban. Las vías de comunicación no se construyeron. El mercadeo de la producción —el eslabón que convierte al colono en agricultor viable— quedó librado a intermediarios. Sin vías, sin crédito y sin mercadeo, el modelo Arauca 1 empezó a crujir apenas asentadas las familias.

El vacío vial era el más agraviante. Antes de 1984, cuando se abrió por fin la primera carretera que conectó las cabeceras municipales de Arauca y Arauquita a través del campo petrolero de Caño Limón, el transporte fluvial era la única opción disponible, con tarifas por pasajero prohibitivas para el colono llanero. La zona seguía dependiendo, para sacar sus productos, de una geografía fluvial cara y de la conexión venezolana informal.

Coagrosarare y el paro cívico de 1972

El descontento cristalizó pronto en organización. Los colonos del Sarare, herederos de tradiciones campesinas santandereanas y boyacenses con memoria de sindicalismo agrario, montaron cooperativas, comités y juntas de acción comunal. La Cooperativa de Agricultores del Sarare —Coagrosarare— se erigió en el vehículo central de esa organización: intentaba resolver el mercadeo y la educación por fuera de los circuitos que el INCORA no había sabido articular. Sus estatutos apuntaban a construir una economía campesina con capacidad de negociar precios, almacenar cosechas y sostener una escuela cooperativa donde se formaran los hijos de los colonos. La respuesta del instituto fue instructiva: en lugar de apalancar a Coagrosarare, la bloqueó económicamente y se opuso a sus programas, hasta el punto de que su presidente, Raimundo Cruz, denunció el asedio en carta al Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. La cooperativa se convirtió, así, en algo más que un instrumento de mercadeo: fue la primera escuela de acción política del Sarare y el núcleo desde el que se articularían las movilizaciones posteriores.

En febrero de 1972 estalló el paro. Saravena fue su epicentro. Los colonos bloquearon las vías que conectaban el Sarare con Pamplona y exigieron lo que el Estado había prometido y no cumplido: vías, créditos, mercadeo, educación. Fue el primer paro cívico rural registrado en la historia de Colombia. La modalidad —bloqueo de carreteras, pliego pluritemático, movilización campesina autónoma— se convertiría en repertorio recurrente del movimiento social colombiano durante las décadas siguientes.

El paro de 1972 dejó tres legados. Primero, mostró que la colonización dirigida había fracasado en su promesa central: crear ciudadanos con acceso pleno a los servicios y mercados del Estado. Segundo, consolidó en Saravena un tejido cooperativo, comunal y sindical con una densidad organizativa poco común en municipios de frontera. Tercero —esto no lo sabían los organizadores— sembró el terreno social donde, unos años después, otras fuerzas encontrarían simpatías fáciles.

Erección municipal y la irrupción del petróleo

Saravena fue erigida como municipio en 1976, en pleno rescoldo del paro y en un momento en que la región todavía dependía del río y de la trocha para respirar. La categoría administrativa llegó antes que la infraestructura: hubo alcaldía y concejo mucho antes que carretera, y esa asimetría entre el reconocimiento formal y la conexión real con el país marcaría los años siguientes. Menos de una década después, todo cambió. El descubrimiento del yacimiento de Caño Limón, en las sabanas orientales del departamento, y su entrada en explotación desde 1983 alteraron para siempre la ecuación araucana. La construcción del oleoducto Caño Limón–Coveñas —a cargo del consorcio de la alemana Mannesmann y la italiana Sicim— trajo obras, empleo, contratistas y, casi en simultáneo, una economía extractiva de alto valor sobre un territorio con Estado precario, organización social densa y frontera abierta.

Saravena quedó en la ruta del oleoducto. En 1984 había actividad relacionada con la obra en el municipio, y la infraestructura petrolera se convirtió en el activo estratégico más importante del piedemonte. La primera carretera que finalmente conectó Arauca con Arauquita se abrió ese mismo año pasando por el campo petrolero: el Estado, que en veinte años no había podido cumplirle a los colonos, sí construyó vía cuando hubo crudo que sacar.

La bonanza no se tradujo en bienestar. En los testimonios de la época hay apagones frecuentes —Arauca dependía eléctricamente de Venezuela y la intendencia no pagaba el servicio pese a las regalías—, falta de transporte escolar, servicios públicos que no llegaban. La percepción popular era transparente: el dinero del petróleo quedaba en manos de políticos y gobernantes de turno.

En este contexto se inscribe una página singular: el matrimonio alemán Werner e Ida Mauss, agentes privados contratados para gestionar la relación entre el consorcio y las estructuras armadas que extorsionaban y secuestraban a su personal, aterrizó en Saravena en la Navidad de 1984 disfrazado de Santa Claus con aviones cargados de regalos para la comunidad. El episodio, más allá de lo pintoresco, retrata el municipio de esos años: la asistencia navideña la ponía un agente extranjero contratado por una petrolera, en un territorio sobre el que fluían millones de dólares y donde el Estado no llegaba con lo básico. Mannesmann, presionada por la extorsión y el secuestro sobre la obra, optó por financiar guarderías, pequeños puentes y hospitales a lo largo de quince kilómetros a cada lado del tubo, y por contratar a dos mil personas de la zona. Fue una política de acomodación privada al vacío público: la empresa suplía lo que el municipio no tenía para poder seguir soldando.

El ELN, el Frente Domingo Laín y el clientelismo armado

La confluencia de un tejido social organizado, un Estado ausente en lo social pero presente en lo extractivo, y una geografía de frontera fue el escenario ideal para el arraigo del Ejército de Liberación Nacional. El ELN sembró bases en Saravena, Tame, Arauquita y Fortul con un discurso inspirado en la Revolución cubana y en la teología de la liberación, encabezado desde la comandancia de Manuel Pérez Martínez —el cura Pérez—, sacerdote español que le imprimió al grupo un ideario donde lo religioso, lo social y lo insurreccional se cruzaban con naturalidad.

El Frente Domingo Laín se convirtió en la estructura central del ELN en Arauca y en tutor de otros frentes que se desdoblarían alrededor del oleoducto. Entre 1985 y 1989 nacieron, financiados con las rentas obtenidas de la extorsión a la construcción petrolera, al menos los frentes Efraín Pabón Pabón y Armando Cacua Guerrero. En 1983 el ELN contaba apenas con tres frentes en todo el país; el crecimiento posterior, especialmente durante los años noventa, convirtió al Frente de Guerra Nororiental en una de las estructuras más poderosas de la insurgencia colombiana, con Arauca como retaguardia y Saravena como una de sus plazas fuertes.

Ese arraigo tuvo una lógica precisa. El ELN operó en Arauca como intermediario político entre colonos marginados y los gobiernos locales o los contratistas, a los que extorsionaba para canalizar hacia las comunidades parte de las regalías petroleras y otros beneficios del Estado. La guerrilla citaba a empleados públicos por corrupción —una práctica que las comunidades solían aplaudir— y, cuando lo consideraba necesario, procedía al asesinato, disfrazado de "ejecución revolucionaria". Este clientelismo armado convivía con prácticas predatorias: voladura de oleoductos, secuestros de personal, extorsión sistemática. Los mismos frentes que financiaban guarderías dinamitaban tuberías.

La convergencia entre movimiento social y guerrilla fue especialmente visible en el paro cívico del nororiente del 7 de junio de 1987, en el que se movilizaron miles de personas exigiendo al gobierno de Virgilio Barco mejores servicios, salud, educación, cese de desalojos y fin de la guerra sucia. En su organización aparecieron A Luchar y la Unión Patriótica; los guerrilleros del ELN se movieron junto a los organizadores, y en la marcha se conformaron guardias populares y milicias de seguridad. En Saravena, Arauquita y otros municipios del Sarare, campesinos integrantes de cooperativas y juntas de acción comunal simpatizaron con el discurso guerrillero y, algunos, años después terminaron siendo comandantes del ELN, aportando a la insurgencia el capital acumulado en el trabajo de masas.

Cifras de una violencia sostenida

Entre 1980 y 1997, Saravena fue clasificado entre los dieciocho municipios más violentos de Colombia. En su territorio coincidían guerrillas, paramilitares y denuncias contra funcionarios oficiales por violación de derechos humanos. Fue en esas dos décadas cuando se decantó el sedimento más duro del municipio: la militarización de la vida cotidiana, la sospecha como norma, la organización social como blanco.

Los datos disponibles dibujan la escala del asedio. En Tame, en una ocasión, líderes sociales sostuvieron una protesta durante nueve días bajo intensa presión hasta lograr acuerdos con el gobierno. En la primera década del siglo XXI, durante un solo operativo, el Ejército detuvo a más de dos mil residentes de los barrios de Saravena y los concentró en el estadio deportivo local para interrogarlos; entre ellos había líderes sindicales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios. En 2005, en las instalaciones de Occidental Petroleum en Saravena, había un contingente numeroso de fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados. Los frentes del ELN que operaban sobre el oleoducto se multiplicaron de tres —a nivel nacional— en 1983 a una red departamental que hacia los años noventa incluía al Domingo Laín, al Efraín Pabón Pabón y al Armando Cacua Guerrero, financiada con la extorsión a la obra. Y en agosto de 2001 se sumó el Bloque Vencedores de Arauca, que en menos de cuatro años protagonizó episodios como la masacre de Tame del 20 de mayo de 2004.

La emisora Meridiano 70, dirigida por el abogado y periodista Efraín Varela, defensor de derechos humanos, abría micrófono a los líderes sociales durante las movilizaciones —mientras los paramilitares presionaban para hacerse a otra emisora—. Los consejos estudiantiles de la región se organizaron para exigir soluciones a la pérdida del año lectivo por los apagones. La agenda del movimiento cívico era, invariablemente, la misma: infraestructura, salud, educación, vías, servicios públicos, denuncia de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

Los paramilitares llegan al Sarare

En agosto de 2001 llegó a Arauca el Bloque Vencedores de Arauca, primero como parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y luego integrado al Bloque Central Bolívar. Su llegada respondía a la lógica de disputar rentas: el BVA impulsó la captación de recursos asociados al narcotráfico y al tráfico de combustibles, con la ayuda del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte. En el mapa criminal, Saravena y el resto del Sarare eran demasiado valiosos —por la frontera, por el oleoducto, por la coca que se había expandido desde Tame— para dejárselos al ELN.

El BVA y sus aliados arremetieron contra poblaciones y sectores sociales acusados de colaborar con guerrillas, especialmente con el ELN. Generaron estigmatización y confinamiento en comunidades enteras, entre las que se encontraban pueblos indígenas de la región. La masacre de Tame del 20 de mayo de 2004 fue una de las expresiones más brutales de esa arremetida. La lógica paramilitar en el Sarare no distinguió entre insurgencia y organización social: el tejido cívico que había hecho posible el paro de 1972 y las movilizaciones de 1987 fue tratado, en bloque, como enemigo interno.

La desmovilización del BVA entre 2005 y 2007 no trajo la paz. En 2006 estalló una guerra entre las FARC-EP y el ELN por el control del territorio araucano, que se prolongó hasta 2010 y produjo su propio ciclo de asesinatos, desplazamientos y confinamientos. Saravena, otra vez, quedó en medio.

Fuerza pública, oleoducto y la sombra estadounidense

Si los paramilitares operaron sobre el municipio con la lógica del enemigo interno, la fuerza pública lo hizo con la de la infraestructura crítica. La militarización estatal de Saravena se aceleró en la primera década del siglo XXI, con la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con la decisión de Washington de proteger el oleoducto Caño Limón–Coveñas. Para febrero de 2005, en las instalaciones de Occidental Petroleum en Saravena había un contingente numeroso de soldados de fuerzas especiales estadounidenses y contratistas militares privados. La lógica era transparente: proteger el tubo. La consecuencia sobre la vida civil, menos ordenada.

El Grupo de Caballería Mecanizado Revéiz Pizarro, unidad del Ejército con jurisdicción sobre el Sarare, protagonizó uno de los episodios más costosos para la imagen internacional del país: el asesinato de tres sindicalistas en Saravena el 4 de agosto. La unidad era comandada entonces por el coronel Luis Francisco Medina Corredor. El caso pesó tanto en la certificación anual de derechos humanos que Estados Unidos utiliza para desembolsar la asistencia militar a Colombia, que Washington llegó a suspender brevemente la ayuda a la Brigada de Fuerzas Especiales que Medina Corredor comandaba, hasta que el oficial fue inhabilitado del servicio por el propio caso. En 2007, cuatro soldados del Grupo Revéiz Pizarro fueron condenados a cuarenta años de prisión por los asesinatos.

Los testimonios recogidos en Saravena en aquellos años describen un municipio bajo asedio institucional. Del otro lado de la frontera, el general venezolano López Hidalgo denunció que los soldados estadounidenses de Saravena entrenaban también a paramilitares que cruzaban hacia Venezuela para cometer actos delictivos. La percepción de la población se dividió por geografía urbana: los comerciantes del centro valoraban el aumento de seguridad; en los barrios periféricos, las medidas se leían como cobertura para una represión escalada contra activistas sociales y sectores pobres.

Colonos, indígenas, afrodescendientes y otros habitantes

La población de Saravena es un mosaico de la colonización dirigida: familias venidas del interior santandereano, boyacense y norsantandereano que se asentaron en el Sarare desde los años sesenta. Pero el municipio también aloja a poblaciones que la historia oficial suele invisibilizar.

Según el censo del DANE de 2005, la región del Sarare concentraba el 64,3% del total de la población indígena del departamento de Arauca, con 73.848 habitantes sumando sus municipios. Arauca albergaba entonces 35 comunidades de los pueblos Betoye, Kuiba, Sikuani, Hitnü o Macaguane, Inga, U'wa, Chiricoa y Piapoco, distribuidas en 26 resguardos que abarcan 128.167 hectáreas. En junio de 2003 se fundó la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas Tradicionales del departamento de Arauca —ASCATIDAR—, con el propósito explícito de promover la autonomía local de los pueblos U'wa y Guahibo. La asociación se convirtió en el interlocutor central de los cabildos frente al Estado departamental y las multinacionales del sector energético, y en un actor clave en la denuncia de las afectaciones que la exploración petrolera, la militarización y las incursiones de actores armados produjeron sobre los resguardos. Su trayectoria muestra que la respuesta indígena a la triple presión —colonos, petróleo, guerra— no fue solo defensiva: fue también organizativa, jurídica y política.

El caso del pueblo Guahibo es especialmente ilustrativo del efecto acumulado de la colonización y del petróleo. Originalmente nómada y extendido por los Llanos, fue desplazado hacia finales del siglo XX hasta el rincón noroccidental de Arauca, cerca de Saravena, donde convivía —con las tensiones esperables— con colonos campesinos. Con la llegada de la exploración petrolera, el territorio Guahibo se convirtió en objetivo de guerrillas, paramilitares y empleados de compañías petroleras: todos los actores del conflicto pasaron por sus tierras.

La presencia afrodescendiente en Saravena, menos estudiada que la indígena, es también constitutiva del municipio. Según el DANE de 2005, en Arauca había 5.905 personas afrodescendientes, y cerca del 47% de ellas se concentraba en Saravena, lo que convierte a la cabecera en uno de los principales asentamientos afro del departamento. Buena parte de esta población llegó al Sarare por las mismas rutas que los colonos andinos —el trabajo agrícola, la promesa de tierra, el empleo en las obras del oleoducto y en la economía de servicios que creció alrededor— y se asentó en barrios periféricos donde la falta de servicios públicos y la militarización pesaron con particular dureza.

La combinación de racialización, estigmatización territorial y control armado configuró para las familias afrosaravenenses una experiencia específica del conflicto que la memoria departamental apenas empieza a nombrar. En los barrios donde se concentró la población afro, la militarización de la primera década del siglo XXI —con retenes, allanamientos y detenciones masivas como la del estadio— operó atravesada por marcadores raciales que agravaron la sospecha de base. La ausencia de un tejido organizativo afro comparable al indígena o al campesino, sumada al peso demográfico relativo dentro del municipio, dificultó que estas comunidades pudieran articular una voz propia frente al conflicto. Los pocos ejercicios de reconstrucción de memoria disponibles apuntan a un patrón de daños silenciados: reclutamientos, desapariciones y desplazamientos internos entre barrios cuya documentación es todavía embrionaria.

En una línea análoga de invisibilización se sitúan las personas con sexualidades y géneros no normativos, sobre quienes los actores armados —guerrilla, paramilitares e incluso agentes estatales— ejercieron una violencia particular, con lógica de "limpieza social" y control moral del territorio. En 2005, mujeres lesbianas fueron amenazadas en Saravena por las FARC-EP, que pintaron sus casas y les dieron veinticuatro horas para abandonar el pueblo bajo amenaza de muerte, haciendo pública además su orientación sexual. Caribe Afirmativo ha documentado múltiples casos de violencia y amenazas contra mujeres lesbianas y al menos un hombre trans en Saravena entre 2005 y 2015, con antecedentes individuales que se remontan al menos a 1991.

Estos episodios, sumados, dibujan un patrón sostenido: la disciplina armada del cuerpo y del deseo como parte del mismo régimen de control que se ejerció sobre sindicalistas, líderes campesinos y comunidades indígenas. La violencia contra personas LGBTQ+ en Saravena no fue un efecto secundario del conflicto sino una de sus expresiones más consistentes, ejercida sin distinción de bando: guerrilla, paramilitares y agentes estatales coincidieron, en distintos momentos, en el uso del cuerpo disidente como territorio disciplinable. Que este patrón haya quedado por fuera de las cifras oficiales del conflicto durante décadas dice más sobre los criterios con que el país reconoce a sus víctimas que sobre la magnitud real del daño.

Memoria y presente

En Saravena el Estado no estuvo ausente: estuvo mal presente. Colonizó, tituló, construyó escuelas y centros de salud, pero no acompañó con vías, con crédito real ni con mercadeo. Después, cuando llegó el petróleo, sí construyó carretera, sí desplegó tropa, sí acompañó a las multinacionales. La brecha entre la primera intervención —incompleta, incumplida— y la segunda —vigorosa, extractiva— es el hueco por donde cabe toda la historia posterior del municipio. En ese hueco germinaron la cooperativa Coagrosarare y el Frente Domingo Laín, el paro cívico y la voladura del oleoducto, la Guardia Indígena y el Bloque Vencedores de Arauca.

La geografía, entretanto, sigue haciendo su trabajo. Saravena mira al río Arauca y al Apure venezolano, se apoya en el Cocuy y respira hacia el llano. Es piedemonte y es frontera. Ese doble carácter, que en el siglo XIX derrotó al ingeniero del Camino del Sarare, sigue explicando en el siglo XXI por qué el municipio es a la vez plaza estratégica y territorio esquivo, corazón de la movilización cívica araucana y objetivo recurrente de los actores armados. Como pocos lugares en Colombia, Saravena permite ver, en un solo mapa apretado, cómo se hace y se deshace un país en sus bordes.