Limpieza social

En Colombia se llama "limpieza social" a la eliminación selectiva de personas consideradas por sus victimarios como disfuncionales o problemáticas para la sociedad: habitantes de calle, consumidores de bazuco y otras drogas, mendigos, trabajadoras sexuales, personas LGBTI, jóvenes de barrios populares, recicladores, delincuentes reales o supuestos. La categoría no es descriptiva sino nativa —la usan quienes matan— y esa contaminación de origen es su primera clave: nombra con lenguaje higienista lo que es un exterminio, y desplaza la mirada de quien limpia hacia quien es limpiado. El Centro Nacional de Memoria Histórica, que le dedicó un informe en 2015, prefirió llamarlo exterminio social y calificó la etiqueta corriente como una "violencia mal nombrada". El asunto excede lo semántico. Desde comienzos de los años setenta hasta hoy, escuadrones de la muerte urbanos, agentes de organismos de seguridad del Estado, grupos paramilitares, milicias urbanas y actores comunitarios han producido en Colombia un número indeterminado —pero abultado— de muertes bajo esa lógica, sin que exista tipo penal específico en el Código Penal ni una sola condena por el delito de "limpieza social". La práctica es, a la vez, la más visible y la más impune de las violencias colombianas.

Una categoría con dueños

El exterminio social se estructura alrededor de una operación previa: la construcción de la víctima como culpable. Antes del disparo hay una clasificación. La persona señalada ya no es un ciudadano al que se atribuye un delito concreto, sino un tipo social —el "desechable", el "vicioso", el "marica", el "chirrete", el "ñero"— cuya sola existencia se presenta como amenaza al orden del vecindario. Esa reducción a categoría anula por adelantado cualquier defensa: no se juzga un acto, se elimina una identidad. Los estudios del CINEP han clasificado la matanza social en dos registros —violación de derechos humanos y violencia político-social—, ambos entendidos como eliminación de personas consideradas disfuncionales, aunque la frontera analítica entre uno y otro se difumina en la práctica.

La lógica opera con tres piezas que se sostienen entre sí. Primero, el anonimato del perpetrador: el encapuchado, el panfleto sin firma, la sigla desechable. Segundo, el respaldo organizacional que encubre la autoría material: al final no queda un victimario identificado, solo un cadáver. Tercero, el silencio de los allegados, que no se atreven a denunciar ni, muchas veces, a reclamar el cuerpo. A la negación del derecho a la vida se suma así la negación del derecho a la sepultura. La víctima muere dos veces —una en la calle, otra en el archivo— y la impunidad no es un accidente burocrático sino la condición de posibilidad del ciclo siguiente.

Ese es el rasgo que separa el exterminio social de otras violencias colombianas. La masacre paramilitar rural busca a menudo el terror visible y la desapropiación territorial; la violencia guerrillera reivindica sus muertos en comunicados; el sicariato del narcotráfico responde a lógicas de mercado y ajuste de cuentas. La "limpieza social" aspira a que el muerto sea nadie: un cuerpo NN en una zanja del sur de Bogotá, un cadáver en una fosa a las afueras de Pereira, restos anónimos en un anfiteatro universitario. La invisibilidad de la víctima —producida antes de morir por su marginación, y confirmada después por la ausencia de investigación— es parte constitutiva del acto.

Los años setenta y los primeros escuadrones

El fenómeno no nace con las AUC ni con la explosión del narcotráfico. Sus raíces urbanas se remontan a comienzos de los setenta, cuando en Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y otros núcleos del Valle empezaron a operar escuadrones de la muerte integrados por narcotraficantes y por agentes de la Policía y el Ejército, en una mezcla que anticipó, década y media antes, la arquitectura del paramilitarismo maduro. Aquellos primeros grupos realizaron asesinatos, amenazas, torturas y destierros contra personas y colectivos escogidos por características sociales, económicas y políticas, y consolidaron un modo operativo que se replicaría en el resto del país: acción nocturna, victimarios encapuchados, nombres macabros, silencio institucional.

En Medellín, las memorias recogidas por el CNMH conservan un catálogo de siglas de aquellas décadas: Amor por Medellín, Mano Negra, Limpieza Total, Aburrá Tranquilo, Majaca, Asociación Pro Defensa de Medellín. Los sobrevivientes asocian a esos grupos con organismos de inteligencia y seguridad del Estado —el B-2 militar, el F-2 de la Policía, el DAS, el Departamento de Orden Ciudadano—, no como sospecha genérica sino como reconocimiento de rostros, de vehículos, de rutinas. En Pereira circulaban por los mismos años nombres como Los Encapuchados y Los Arrancarrostros. Cali y Pereira funcionaron como laboratorios donde se ensayaron patrones de exterminio que después migraron.

Un dato judicial cristaliza el patrón. En agosto de 1983, el Instituto Nacional de Tránsito certificó que las desapariciones forzadas atribuidas al Muerte a Secuestradores —el MAS, financiado por narcotraficantes en respuesta al secuestro de Marta Nieves Ochoa— se habían realizado mayoritariamente en vehículos asignados a la DIPEC-F2 de la Policía. El MAS y sus grupos afines usaron al menos quince apelativos distintos —Los Masetos, Los Tiznados, Los Magníficos, Amor por Medellín, La Mano Negra, Escuadrón de la Muerte, Muertes a Revolucionarios y Comunistas del Nordeste, entre otros— para reivindicar actos criminales y desviar investigaciones. La proliferación de siglas no era desorden: era estrategia. Cada acto quedaba adscrito a una entidad fantasma, imposible de imputar a estructura alguna.

Carlos Lehder Rivas propuso por entonces, según registró la revista Semana, la creación de una fuerza táctica antisecuestro que integrara mercenarios extranjeros de Vietnam y Sudáfrica con agentes del F-2, el B-2, el DAS, la Fuerza Aérea y la Marina. La propuesta —hecha en público por uno de los capos del cartel de Medellín— dice más sobre la porosidad institucional del momento que cualquier análisis abstracto: en la cabeza de Lehder, la alianza entre mafia, mercenarios y organismos de seguridad era una posibilidad ofrecible en voz alta.

Ochenta y noventa: la escalada

La segunda mitad de los ochenta fue el punto de inflexión. En Medellín, el homicidio se convirtió en la primera causa de mortalidad general a partir de 1986; su peso en el total de muertes pasó del 3,5 % en 1976 a cifras que en los primeros noventa alcanzaron proporciones que ningún país en paz conoce. La bonanza del narcotráfico había inundado los barrios populares de bazuco, y el consumo masivo entre jóvenes marginados alimentó una categoría social nueva —el "desechable" adicto— que se convirtió en blanco preferente. La estigmatización operaba en cadena: la exclusión estructural producía consumo, el consumo se leía como desviación moral, y la desviación moral autorizaba la eliminación. En ningún punto de esa cadena aparecía el Estado como agente de política social; sí, en cambio, como parte de los aparatos que ejecutaban.

El paisaje se llenó de muertos jóvenes, pobres y anónimos. En agosto de 1992, habitantes de Ciudad Bolívar salieron a las calles a protestar contra la limpieza social que barría el sur de Bogotá con la forma de masacres periódicas: indigentes acribillados en lotes baldíos, muchachos ejecutados a las afueras de las canchas, cuerpos abandonados en las cunetas de la vía al Llano. Meses antes, en marzo de ese mismo año, el descubrimiento de diez cadáveres y una cantidad indeterminada de restos humanos de indigentes en el anfiteatro de la Universidad Libre —cuerpos que aparentemente habían sido vendidos como material didáctico— había desencadenado protestas de recicladores y habitantes de calle en Barranquilla y Bogotá. Aquel escándalo puso ante los ojos del país lo que ya sabían quienes vivían en las periferias: los cuerpos de los "desechables" tenían un circuito propio, y ese circuito no siempre terminaba en la fosa común.

En el Magdalena Medio, mientras tanto, el Ejército armó y respaldó a Ramón Isaza para que realizara operaciones de "limpieza" en la región. La palabra se usó explícitamente. Los blancos eran quienes Isaza y sus hombres identificaban como ladrones, guerrilleros y delincuentes —también llamados "chusma" o "bandoleros"—, y las acciones se presentaban como combate a la delincuencia común y a la subversión, en una amalgama deliberada que borraba la distinción entre criminalidad, disidencia política y marginalidad social. El grupo de Isaza fue una de las semillas de las autodefensas del Magdalena Medio y, más adelante, del entramado nacional que desembocaría en las AUC.

En Trujillo, en el norte del Valle, la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz —con la participación de la CISVT— estableció en 1995 que la larga cadena de crímenes cometidos entre 1988 y 1994 fue perpetrada por una alianza entre narcotraficantes y agentes locales y regionales de las Fuerzas Armadas, bajo pretexto contrainsurgente. La investigación mostró que la matanza obedecía a lógicas que iban más allá de ese pretexto: se ejerció también como "limpieza social" y "limpieza política" contra pobladores humildes e inermes. Trujillo es un caso pedagógico porque expone en un solo territorio los tres motores que suelen actuar por separado: la contrainsurgencia, el ajuste de cuentas mafioso y el exterminio moral de la periferia.

Quién limpia

La arquitectura institucional del exterminio social se sostiene sobre alianzas verificables. En Ciudadela Sucre, en Soacha, desde comienzos de los ochenta operaron grupos de seguridad que articulaban civiles, miembros de Juntas de Acción Comunal, personal del Ejército y agentes del DAS, con el argumento declarado de contrarrestar la influencia del Partido Comunista y del M-19 en la zona. La composición mixta —vecinos, comunales, militares, inteligencia civil— muestra que la línea entre autodefensa barrial y aparato paraestatal fue, en muchos lugares, inexistente desde el comienzo.

Testimonios recogidos por el CNMH documentan casos en que miembros de la Policía actuaron en coordinación con el Bloque Central Bolívar de las AUC, incluida la entrega de víctimas a paramilitares para su ejecución. El patrón se repitió, con variaciones, en distintas ciudades: agentes del Estado como facilitadores logísticos, paramilitares como brazo ejecutor, comunidad local como fuente de información sobre a quién señalar. La cadena distribuye la responsabilidad hasta hacerla evaporarse: quien informa no dispara, quien dispara no fue visto, quien vio no habla.

Los grupos paramilitares maduros extendieron esta lógica a un mapa urbano nacional. La presencia paramilitar no se limitó a Medellín, donde el poder de Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, articuló mafias, combos y estructuras contrainsurgentes en una maquinaria de control territorial de escala metropolitana. También operó en Cúcuta, a través del Frente Fronteras del Bloque Catatumbo; en Santa Marta, mediante el Frente Resistencia Tayrona del Bloque Norte; en Montería, con el Frente Córdoba; en Barrancabermeja, en Cali, en Buenaventura, en Villavicencio, en corredores del Chocó. En cada ciudad la operación combinó guerra contrainsurgente contra civiles considerados proclives a la insurgencia, control de negocios legales e ilegales —desde extorsión hasta administración de plazas de vicio— e imposición de un orden moral sobre la vida cotidiana de los barrios.

En Córdoba y Urabá, desde finales de los ochenta, los grupos paramilitares que confluirían en la organización de Carlos Castaño Gil desplegaron violencia letal y sistemática contra personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, envuelta en retórica antisubversiva. La justificación pública mezclaba discursos disímiles pero convergentes: la asociación entre homosexualidad y pedofilia, la estigmatización de las personas LGBTI como enfermas —especialmente por el VIH/SIDA que empezaba a visibilizarse—, la acusación de "descomposición moral" como aliada del comunismo. En Chaparral, Tolima, actores armados clausuraron con violencia y amenazas los espacios de visibilización LGBTI, como el reinado del río; cuando el propietario que había arrendado el predio para el evento fue asesinado, su muerte se atribuyó públicamente a las personas LGBT, produciendo una estigmatización colectiva que reforzaba el círculo.

Un dato circulaba entre sobrevivientes de Medellín en los años noventa: 864 personas asesinadas por su orientación sexual, cifra que un testigo recuerda haber escuchado en esa época sin poder rastrear su origen oficial. Verificable o no en su exactitud, funcionaba como conocimiento comunitario: mujeres trans y hombres gais tenían miedo de salir a la calle, y ese miedo modelaba la vida urbana de barrios enteros. La despenalización de la homosexualidad en Colombia en 1980 no impidió que el F-2 de la Policía siguiera vinculado, según testimonios de Bucaramanga, a operaciones de "limpieza" contra personas LGBTIQ+. La ley cambiaba en Bogotá; la calle, no.

Tampoco las guerrillas quedaron fuera del cuadro. Documentación del CNMH establece que las FARC-EP y el ELN replicaron prejuicios contra personas LGBTIQ+ y sostuvieron documentos rectores que sancionaban conductas contrarias a la "moral revolucionaria", los cuales sirvieron de base para la persecución de estas personas en zonas bajo su control. El exterminio social por identidad no fue monopolio de la derecha armada: fue un consenso disperso que atravesó todo el espectro de actores.

Quién pide que se limpie

Aquí aparece la incomodidad mayor. Los escuadrones de exterminio urbano no llegaron a los barrios como ejércitos de ocupación. Surgieron, muchos de ellos, como grupos de autodefensa barrial con el beneplácito inicial de la comunidad, realizando rondas nocturnas y ejecutando sus primeras acciones contra personas de reconocida conflictividad: el ladrón del barrio, el jíbaro de la esquina, el marido que golpeaba a su esposa. Solo después, a menudo con rapidez, las acciones perdieron selectividad y se volvieron arbitrarias. Pero el punto de partida importa: hubo una demanda social de "limpieza" que precedió y legitimó a los grupos armados, y que no puede reducirse a manipulación estatal.

Las milicias urbanas vinculadas al M-19 en Cali, por ejemplo, ejercieron control territorial en barrios populares mediante el control del expendio de drogas, la resolución de conflictos vecinales y de pareja, y la expulsión de personas consideradas problemáticas. La lista es reveladora: robos, expendio de drogas, violencia intrafamiliar, conflictos vecinales. Problemas reales, ausencia de respuesta institucional efectiva, oferta armada que ocupa el vacío. La misma lógica se replicó con signo opuesto en los grupos paramilitares urbanos, que imponían "orden" sobre horarios de bares, atuendos, comportamientos sexuales, uso del espacio público.

Esa oferta encontró demanda porque las sociedades latinoamericanas altamente desiguales tienden a percibir a los jóvenes marginales como causa del crimen y la violencia en lugar de reconocerlos como resultado de la exclusión económica y social. La correlación entre exclusión juvenil y aumento de la delincuencia está documentada regionalmente —el caso argentino de los noventa, donde el desempleo juvenil pasó del 15,2 % en 1990 al 26,4 % en 1999 mientras los delitos cometidos por jóvenes en Buenos Aires subían de 17.678 a 26.827 entre 1990 y 1998, es ilustrativo—, pero la lectura pública dominante invirtió la causalidad: el joven pobre dejó de ser producto de la marginación para volverse su causa. La "limpieza social" es, en parte, la traducción letal de esa inversión.

Fernando Vallejo, en La virgen de los sicarios (1994), y Alonso Salazar, en No nacimos pa'semilla (1990), pusieron rostro literario y periodístico a los jóvenes de las comunas de Medellín. Víctor Gaviria, en Rodrigo D: no futuro (1990) y en La vendedora de rosas (1998), lo hizo con el cine. Sus obras dieron cuerpo a lo que las estadísticas no alcanzaban: la vida cotidiana de una generación urbana marcada por el bazuco, el sicariato, la pobreza y la muerte temprana, en un entorno donde el asesinato de un muchacho de barrio popular no producía escándalo público. Esa naturalización es el sedimento cultural sobre el que la "limpieza social" construyó su legitimidad de facto.

Un vacío jurídico deliberado

En el Código Penal colombiano no existe el delito de "limpieza social" ni el de exterminio social. Ninguna persona ha sido condenada por ese cargo. La ausencia no es una laguna técnica: es un dispositivo. La práctica queda diseminada en tipos penales genéricos —homicidio, desaparición forzada, concierto para delinquir— que capturan actos individuales pero pierden el patrón, la sistematicidad, la lógica identitaria del crimen. Sin categoría jurídica no hay estadística oficial, sin estadística no hay política pública, sin política pública no hay memoria institucional. El vacío se reproduce.

La justicia ordinaria, además, mostró desde temprano su docilidad ante los responsables uniformados. En el caso de la masacre de El Topacio, la sentencia absolutoria fue confirmada por el Tribunal Superior de Orden Público el 13 de marzo de 1991, sin que el delegado del ministerio público interpusiera apelación. Las Fuerzas Militares habían obstaculizado la investigación al negar al juez, con una respuesta que este calificó de improcedente, el acceso al interrogatorio de los veintiocho soldados identificados como presentes en los hechos y reconocidos por el propio estamento militar como integrantes del grupo a cargo del capitán Martínez. El expediente ilustra cómo se construye técnicamente la impunidad: la prueba se bloquea, la absolución se confirma, la fiscalía no apela, el crimen queda inexistente.

Cuando el Bloque Centauros y otras estructuras paramilitares se sometieron a la Ley de Justicia y Paz después de 2005, sus versiones libres revelaron miles de asesinatos que respondían a la lógica del exterminio social. Ninguno fue procesado bajo esa categoría porque la categoría no existía. Se contabilizaron como homicidios sueltos, sin el nombre que revelara el patrón.

Del campo a la ciudad, y de las AUC a los GAPD

Tras la desmovilización de las AUC entre 2003 y 2006, los reincidentes se concentraron en grandes ciudades o en municipios donde los grupos paramilitares tenían varios lustros de presencia, consolidando una migración del campo a la ciudad que había comenzado años antes. Los grupos armados urbanos posdesmovilización —bautizados oficialmente como bandas criminales, luego como grupos armados posdesmovilización o GAPD, popularmente conocidos como Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, Clan del Golfo— son estructuras heterogéneas: menos jerarquizadas, sin armamento pesado, móviles, orientadas al terror local y al control de economías ilegales.

La "limpieza social" fue una de las líneas que estos grupos heredaron sin fricción. Panfletos amenazantes distribuidos en barrios populares de Bogotá, Medellín, Cali, Barrancabermeja, Buenaventura y Villavicencio anunciaron periódicamente listas de "objetivos militares" que incluían consumidores de drogas, jóvenes marginales, trabajadoras sexuales, personas LGBTI y líderes sociales. La retórica se mantuvo intacta desde los años ochenta —los mismos nombres macabros, la misma estética de la firma anónima, la misma promesa de "recuperar" el barrio—, y la eficacia también: los cuerpos siguieron apareciendo.

En barrios periféricos como Altos de Cazucá, en Soacha, se documentaron asesinatos de jóvenes, niños y líderes comunales entre 2000 y 2005 atribuidos a grupos paramilitares urbanos. En el Cartucho de Bogotá, y después en el Bronx —los grandes enclaves de habitantes de calle y economías ilegales de la capital, arrasados por operaciones urbanísticas en 1998 y 2016 respectivamente—, la "limpieza social" convivió durante décadas con la política pública, en una zona gris donde la eliminación de "desechables" precedía o acompañaba las intervenciones oficiales. En Buenaventura, las "casas de pique" documentadas hacia 2013 llevaron la lógica hasta su extremo: cuerpos desmembrados de jóvenes acusados de robo o de pertenecer a la banda rival, sin cadáveres que reclamar.

Los grupos posdesmovilización intensificaron además la acción contra defensores de derechos humanos y líderes de restitución de tierras, especialmente en la costa Caribe. La categoría de víctima se amplió: al indigente y al muchacho pobre se sumaron el reclamante de predios, la lideresa comunitaria, el sindicalista, el maestro. El repertorio se mantuvo —asesinato selectivo, amenaza anónima, panfleto—, y también el marco de impunidad.

Genealogías ideológicas

La "limpieza social" colombiana no es un accidente local. Es descendiente directa de la Doctrina de Seguridad Nacional que Estados Unidos difundió por América Latina a partir de los años sesenta, y que en Colombia se tradujo en una influencia profusa de las instituciones militares sobre el poder civil. Bajo esa doctrina, las huelgas, las manifestaciones sociales y las campañas electorales podían ser tratadas como focos de conflicto sujetos a control estatal, en una visión contrainsurgente que no admitía neutralidad: quien no estaba con el orden estaba con el enemigo. La operación conceptual que convierte al huelguista en subversivo es la misma que convierte al indigente en amenaza y al homosexual en enfermo peligroso. La categoría de "enemigo interno" se estira hasta cubrir a cualquier cuerpo incómodo.

El fenómeno tiene ecos en Brasil —donde los grupos de extermínio y las milicias urbanas de Río de Janeiro han producido violencias análogas—, en El Salvador —con los escuadrones de la muerte de los años ochenta— y en otros países de la región. Pero en Colombia adquirió características propias: la duración —más de medio siglo—, la escala geográfica —urbana y rural, en todas las regiones—, la densidad de los nexos institucionales, la variedad de los actores involucrados, y sobre todo la impunidad jurídica absoluta que la ha acompañado.

Qué deja

La "limpieza social" ha dejado en Colombia varias huellas duraderas. Ha producido una geografía urbana marcada por zonas donde ciertos cuerpos —jóvenes pobres, personas trans, habitantes de calle— saben que no pueden estar a ciertas horas, y esa cartografía del miedo modela la vida cotidiana de las periferias con una precisión que ninguna política de seguridad ha alcanzado. Ha instalado un lenguaje —el "desechable", la "limpieza"— que naturaliza la eliminación de los marginados y hace socialmente tolerable lo que en cualquier otro contexto sería descrito como asesinato en serie. Ha entrenado a generaciones de policías, soldados y paramilitares en una operación mental que separa vidas dignas de vidas prescindibles, y esa operación no se desaprende con la desmovilización.

Ha dejado también, en negativo, la ausencia. Ausencia de tipo penal, de estadísticas oficiales, de condenas, de memoria pública. Los informes del CNMH —Aniquilar la diferencia (2015) y otros posteriores— han hecho el trabajo que el Estado no hizo: nombrar el patrón, documentar los casos, dar voz a los sobrevivientes de una violencia que rara vez deja sobrevivientes. La literatura, el cine y el periodismo aportaron rostros donde el aparato judicial dejaba anonimato: Vallejo, Salazar, Gaviria, y detrás de ellos una generación de cronistas urbanos que registraron lo que las cifras oficiales borraban.

Queda una pregunta que la práctica jurídica colombiana no ha respondido y que la política pública elude: si la eliminación sistemática de personas seleccionadas por rasgos sociales, identitarios o conductuales configura un patrón claro, sostenido en el tiempo, con perpetradores identificables y víctimas categorizables, ¿por qué no existe tipo penal que lo recoja? La respuesta se lee en la propia estructura de las alianzas que han sostenido la práctica. Tipificar la "limpieza social" obligaría a reconocer que la fuerza pública, en distintos momentos y lugares, ha sido parte del entramado; obligaría a admitir que sectores comunitarios enteros consintieron o demandaron activamente la eliminación de sus vecinos; obligaría a nombrar como crimen sistemático lo que hasta ahora se presenta como sucesión de hechos aislados. El vacío no es descuido: es la forma que adopta un pacto tácito de no mirar.

Mientras ese pacto se mantenga, cada panfleto nuevo firmado por unas "águilas negras" cualquiera, cada cuerpo joven aparecido al amanecer en una periferia colombiana, cada nombre que no será reclamado seguirá inscribiéndose en la misma cadena que empezó en el Valle a comienzos de los setenta y que atravesó, sin interrupción, cinco décadas de historia nacional. Nombrarla con precisión —exterminio social, no "limpieza"— es el requisito mínimo para desactivarla. No lo hemos hecho todavía.