Sevicia ritual paramilitar y violencia sexual escenificada en masacres (1997–2002)

Sevicia ritual paramilitar y violencia sexual escenificada en masacres (1997-2002)

Entre 1997 y 2002, en el arco de expansión nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia, la crueldad dejó de ser accidente y se volvió método. Los cuerpos degollados y expuestos en las canchas de los pueblos, las mujeres empaladas tras un combate, la orden de no velar a los muertos, los bailes forzados en fincas de comandantes: no fueron desbordes de tropa indisciplinada, sino un repertorio con lógica interna, aplicado con constancia desde El Tigre hasta El Salado, desde Mapiripán hasta Chengue. Esa sevicia funcionó como una gramática política —herencia densa de La Violencia bipartidista y del mundo campesino de la carnicería— que los paramilitares intensificaron y pusieron al servicio de una soberanía territorial construida a golpe de terror. Este artículo reconstruye ese patrón: su lugar en la disputa por el Putumayo cocalero, sus técnicas, sus escenarios y su función comunicativa, con El Placer, El Tigre y El Salado como casos ancla.

El escenario: Putumayo, coca y disputa territorial

La expansión paramilitar hacia el sur no fue un movimiento errático. Respondió a un plan definido desde 1996 por la comandancia de las AUC —Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso a la cabeza— para contrarrestar a las FARC-EP en dos vectores principales: el norte del Valle y el suroccidente amazónico, con el Bajo Putumayo como eje. En 1997 comenzaron las incursiones. El objetivo era doble: disputar el control de la retaguardia guerrillera y, sobre todo, capturar las rentas del cultivo que había transformado el departamento.

Entre 1991 y 2000, la superficie sembrada de coca en Putumayo pasó de representar el 5,87% del total nacional a más del 40%. En menos de una década, el departamento se convirtió en el principal escenario de la economía cocalera colombiana. La bonanza había atraído oleadas migratorias, había levantado caseríos donde antes no había caminos y había consolidado un territorio en el que el Estado llegaba tarde o no llegaba. La Comisión de Superación de la Violencia advirtió en 1992 que ese vacío estatal y la colonización amazónica sin control eran las condiciones estructurales para que se instalaran contrapoderes armados.

Tras la muerte de Gonzalo Rodríguez Gacha, entre 1991 y 1997 las FARC-EP se consolidaron como el único actor armado con presencia continua en la región, funcionando como una suerte de sindicato armado de los cocaleros: fijaban precios, mediaban conflictos, cobraban gramaje. Cuando las AUC llegaron al Bajo Putumayo, encontraron una economía madura y una población que llevaba una década conviviendo con la guerrilla. Imponer soberanía sobre ese territorio exigía algo más que un despliegue militar: exigía romper vínculos, marcar cuerpos, redefinir quién decidía sobre la vida y la muerte. El Bloque Sur Putumayo, comandado bajo la órbita de Rafael Antonio Londoño Jaramillo, alias Rafa Putumayo, incorporó esa exigencia como estrategia explícita. Para 1999, la ejecución de masacres era parte del método.

El Tigre, El Placer, El Salado: la instalación del terror

La masacre de El Tigre, en el municipio de Valle del Guamuez, marcó el ingreso violento del Bloque Sur Putumayo al corregimiento. Las FARC habían advertido a los pobladores sobre la inminencia de la incursión —los paramilitares habían llegado primero a Puerto Asís— y habían dado instrucciones que, vistas desde hoy, resultan grotescas por su desproporción: no dar trabajo a desconocidos, resistir con palos y machetes. Cuando los paramilitares entraron, los guerrilleros huyeron. La población quedó sola frente al bloque.

El 7 de noviembre de 1999, el Bloque Sur Putumayo entró a El Placer, una inspección del mismo Valle del Guamuez levantada al calor de la coca. Once personas fueron asesinadas esa noche. Los pobladores y la Cruz Roja Colombiana trasladaron los cuerpos a la cancha deportiva del pueblo, y allí se congregó la comunidad alrededor de sus muertos. La cancha —ese rectángulo de tierra donde antes se jugaba fútbol los domingos— quedó marcada para siempre como el lugar donde los cadáveres fueron acumulados y contados. En los años siguientes, mientras el bloque consolidó su dominio sobre la zona, el centro de El Placer se convirtió en escenario recurrente de torturas y escarmientos públicos. La gente aprendió a mirar hacia otro lado al pasar por el parque.

Tres meses después, en el otro extremo del país, ocurrió El Salado. Entre el 18 y el 20 de febrero de 2000, un contingente numeroso de paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —comandadas por los hermanos Castaño y con Mancuso al frente en la costa— ocupó el corregimiento del municipio de El Carmen de Bolívar, en los Montes de María. Durante tres días torturaron y ejecutaron a cerca de 46 personas. Al menos treinta fueron degolladas. Otras fueron golpeadas hasta la muerte o ejecutadas con arma de fuego. Al menos siete de las víctimas eran mujeres. Hubo violencia sexual: a una joven de dieciocho años, embarazada, le introdujeron un palo por los genitales. Sobre las violaciones de las víctimas mortales existen versiones distintas, pero el patrón —violación colectiva, mutilación genital, empalamiento— quedó documentado.

El Salado se inscribe en una secuencia que incluyó Mapiripán en julio de 1997 —cuando la Casa Castaño extendió su brazo hasta el Meta en coordinación con estructuras regionales—, La Gabarra en Norte de Santander, Chengue en Sucre. En los Montes de María, el 80% de las masacres paramilitares se ejecutaron con listas previas de objetivos y con guías locales que señalaban puerta por puerta a los supuestos colaboradores de la guerrilla. Muchas muertes se produjeron con machetes o con objetos contundentes que prolongaban el sufrimiento. El carácter planificado del acto es incontestable; lo que exige análisis es por qué la planificación incluía el suplicio y la escenografía.

Los cortes: gramática heredada de La Violencia

La sevicia paramilitar de los noventa no salió de la nada. Colombia tenía ya, desde mediados del siglo XX, un repertorio codificado de mutilaciones con nombres propios: corte de franela, corte de corbata, corte de mica, corte francés, corte de oreja, salpicón. Durante La Violencia bipartidista, entre 1946 y 1958, esas técnicas circularon entre guerrillas liberales y "pájaros" conservadores como formas reconocibles de matar y marcar. El corte de franela —una herida profunda en la parte anterior del cuello— fue documentado por Germán Guzmán Campos como invención guerrillera liberal, practicada especialmente en el Tolima. En Rovira, la expresión "picar para tamal" designó el descuartizamiento extremo aplicado incluso a niños.

María Victoria Uribe leyó ese repertorio como un sistema simbólico. Sus trabajos mostraron que las mutilaciones no eran atrocidad ciega, sino actos con carga significante: cortar la cabeza y reubicarla sobre el cuerpo mutilado representaba el cercenamiento del pensamiento del adversario político; castrar y colocar los testículos en la boca buscaba acallar su palabra. La lógica del rito, dijo Uribe, era "matar, rematar y contramatar" —una escalada en la que el cadáver seguía siendo intervenido después de la muerte para producir un signo. Elsa Blair Trujillo profundizó esa lectura al analizar cómo la mutilación funcionaba también como reivindicación: las partes arrancadas eran la firma del grupo, la descarga de un odio que necesitaba dejarse escrito sobre la carne.

Ese lenguaje no se extinguió con la caída del Frente Nacional. Pasó, transformado y reintensificado, al conflicto armado contemporáneo. Cuando en los años noventa el "corte de mica" volvió a nombrar descuartizamientos y cercenamientos, o cuando la fragmentación del cadáver se convirtió en marca del paramilitarismo, lo que ocurría era la reactivación de una gramática de larga duración. Los perpetradores no la inventaron: la heredaron. Y buena parte de ese saber tenía raíces campesinas concretas. Las técnicas de desmembramiento estaban emparentadas con el mundo de la cacería y la carnicería rural: la familiaridad con la carne animal, las vísceras, la sangre, los puntos de corte. Los hombres que empuñaban los machetes en las madrugadas de El Salado y El Tigre traían en el cuerpo un saber que precedía al conflicto y que la organización armada instrumentalizó.

El paramilitarismo añadió a esa herencia sus propios acentos: mayor sistematización, escala organizacional y la incorporación de nuevas herramientas y coreografías. Pero la matriz simbólica —cuerpo intervenido como texto, mutilación como firma, reubicación de partes como frase— es reconocible en los cortes de los cuarenta tanto como en los degollamientos de los noventa.

El cuerpo como texto: doble función del cadáver mutilado

En los hechos de Trujillo (Valle), entre 1990 y 1992, 45 despojos mortales fueron recuperados del río Cauca con signos de tortura y sevicia: decapitación, mutilación de extremidades, evisceración, degollamiento. La mayoría no pudo ser identificada. Esa cifra condensa el doble efecto que cumplía el cadáver fragmentado en el repertorio paramilitar. Por un lado, la imposibilidad de reconocer a la víctima favorecía la impunidad del victimario: sin cuerpo identificable no había denuncia, no había duelo, no había expediente. Por otro, la fragmentación misma emitía un mensaje. El cadáver expuesto —o vertido al río, o dejado a la orilla del camino— hablaba a la comunidad y a las guerrillas sobre los alcances ilimitados de la violencia del grupo que lo había producido.

Esa doble función explica por qué la sevicia no era gratuita ni contradictoria con la eficacia militar. El cuerpo mutilado producía silencio judicial y ruido comunicativo al mismo tiempo. Los paramilitares construyeron con él una reputación de violencia que precedía a la incursión y que, muchas veces, hacía el desplazamiento antes de que llegara el bloque. Antes de que el Bloque Sur Putumayo llegara a un caserío del Guamuez, los rumores del degollamiento de El Tigre ya circulaban por los caminos veredales; antes de que las ACCU entraran a otro corregimiento de los Montes de María, la memoria de El Salado ya había hecho parte del trabajo.

Ese mecanismo puede caracterizarse como teatralización de la violencia. La masacre —con la disposición de los cuerpos, las huellas de sevicia, la elección del lugar de exposición— llevaba un mensaje aleccionador doble: advertía a la población civil sobre el costo de colaborar con la guerrilla y le señalaba a las guerrillas el tipo de guerra que los paramilitares estaban dispuestos a librar. Era, en términos de teoría política, una demostración pública de soberanía. Giorgio Agamben definió la soberanía como la esfera en que "se puede matar sin cometer homicidio y sin celebrar sacrificio". Esa fórmula abstracta encontró en el paramilitarismo colombiano una traducción brutalmente literal, expresada por uno de sus propios integrantes en una diligencia judicial: "los derechos humanos éramos nosotros", dijo un exparamilitar al reconstruir la lógica interna de su bloque. La frase, lejos de ser boutade, condensa el núcleo del asunto: eran ellos quienes decidían si había o no derechos humanos, quiénes los tenían y quiénes no, quién era matable y quién no.

Ahora bien, esa lectura de la sevicia como lenguaje no coincide con la que ofrecieron los propios mandos cuando se les puso ante los hechos. En las versiones libres del proceso de Justicia y Paz, ni Mancuso ni el comandante conocido como El Tigre denominaron lo sucedido en El Salado una masacre. Hablaron de "combate" y de "operación militar". Al degollamiento no lo describieron como sevicia sino como táctica: matar sin ruido para no alertar al enemigo. Eficiencia, no crueldad. Ese reencuadre no debe leerse solo como estrategia jurídica: revela una operación mental interna al paramilitarismo por la cual las prácticas de crueldad extrema podían ser normalizadas como método operativo. La gramática funcionaba, entonces, en dos niveles: hacia afuera producía terror y mensaje; hacia adentro se enmascaraba como técnica militar. Esa disociación es parte constitutiva del fenómeno.

La violencia sexual escenificada como eje autónomo

Dentro del repertorio paramilitar, la violencia sexual constituyó un eje diferenciado, con lógica propia, dirigido específicamente a los cuerpos de las mujeres como territorio de demostración de poder. Los casos documentados no se dejan reducir a incidentes de tropa: componen una tipología reconocible, con destinatarias distintas y mensajes distintos según el escenario.

Un primer registro es el de la violación como acto público en el interior mismo de la masacre. En El Salado, algunas mujeres sobrevivientes fueron obligadas a comer cactus antes de ser violadas por el grupo paramilitar; el empalamiento de la joven embarazada se produjo delante de la comunidad reunida. La escena no buscaba solo destruir a la víctima: buscaba producir un testigo colectivo, marcar a un pueblo entero con la imagen de lo que el bloque era capaz de hacer con el cuerpo de una mujer.

Un segundo registro es el de la violencia sexual dirigida contra combatientes o mujeres percibidas como enemigas. En 2005, tras un enfrentamiento en las afueras de El Placer, paramilitares del Bloque Sur Putumayo capturaron a dos mujeres combatientes de las FARC; una de ellas fue empalada. El acto —dirigido contra una combatiente enemiga, ejecutado en las afueras del pueblo, con la certeza de que la noticia circularía— sintetiza la doble destinataria de este tipo de violencia: la guerrilla, cuyo pie de fuerza femenino era simbólicamente ultrajado, y la comunidad civil, que recibía la advertencia sobre lo que podía ocurrirle a cualquier mujer asociada con el adversario.

Un tercer registro es el de la violación como práctica ritualizada dentro de la vida cotidiana de los mandos. En Antioquia, el Bloque Mineros sostuvo esas prácticas en fincas de comandantes conocidos como Cuco, Puma, Navarrete y Picapiedra: mujeres de la región eran obligadas a realizar bailes, striptease y desnudos forzados, y las hacían correr desnudas para perseguirlas y violarlas. En Briceño, integrantes del mismo bloque pagaban entre 2.500.000 y 3.000.000 de pesos para acceder sexualmente a niñas menores de edad vírgenes, en una lógica donde la posibilidad económica de comprar cuerpos era en sí misma marca de estatus dentro de la organización.

Un cuarto registro es el del castigo sistemático a mujeres estigmatizadas por su oficio, su lugar de residencia o su historia personal. En Puerto López (Meta), entre 2003 y 2004, mujeres en situación de prostitución fueron sometidas a violaciones, rapado de cabeza —las llamadas "calveadas"— y lesiones con ácido en los genitales que les destruyeron el aparato reproductor; algunas fueron asesinadas. En el sur del Meta, durante la consolidación paramilitar, una mujer conocida como Blanca fue sometida a acoso permanente y a múltiples violaciones por parte de un integrante conocido como alias Ariel: sufrió un aborto involuntario y varios desplazamientos forzados. Vivir donde la guerrilla mandaba bastaba para que el cuerpo de una mujer quedara marcado como cuerpo enemigo.

Los cuatro registros comparten un mismo suelo: la violencia sexual paramilitar operó de forma deliberada y sistemática como instrumento de terror, castigo y desplazamiento. Contra el adversario armado emitía un mensaje de humillación dirigido tanto a las combatientes como a los hombres del bloque contrario. Contra la población civil, servía para atemorizar, expulsar y castigar la sospecha de vínculo con la guerrilla. Su grado exacto de planificación centralizada varía entre regiones y bloques, pero su carácter instrumental es incuestionable. En el mismo período, las AUC construyeron además redes de prostitución forzada, trata de personas y esclavitud sexual, en ocasiones con la tolerancia o colaboración de agentes de la Policía Nacional, particularmente en Medellín.

El espacio público como teatro

La sevicia paramilitar no ocurrió en lugares cualesquiera. Se apoderó del espacio público del pueblo —la cancha, la plaza, el parque, el atrio— y lo convirtió en escenario. La cancha deportiva de El Placer, adonde fueron trasladados los once cuerpos del 7 de noviembre de 1999, funciona como emblema de esa apropiación. Durante los años de dominio del Bloque Sur Putumayo, el centro del pueblo fue sinónimo de tortura y escarmiento público. Los pobladores aprendieron a leer el mapa del terror en la geometría familiar de su propio caserío.

En Morales (Bolívar), una mujer acusada de infidelidad fue obligada a dar vueltas en el parque como castigo ejemplarizante ante la comunidad, mientras al hombre involucrado no se le aplicó sanción alguna. En el Pacífico nariñense, en Llorente, los cuerpos de las víctimas eran dejados con letreros que decían "prohibido recoger" o "por sapo". En Buenaventura, a comienzos de los años dos mil, las llamadas casas de pique fueron instaladas en medio de barrios habitados: los gritos de las víctimas se filtraban por las ventanas de las casas vecinas, convirtiendo a los residentes en testigos indirectos de una tortura que los sitiaba sin tocarlos.

La ocupación del espacio público cumplía la misma función que la mutilación del cuerpo: producía signos legibles para todos. La plaza del pueblo dejó de ser el lugar del mercado y del baile para volverse el lugar donde se exhibía la soberanía del bloque. La lógica era coherente con la teatralización general de la masacre: si el cadáver era un texto, el pueblo era el libro.

Esa lógica alcanzó su forma más destructiva en la prohibición del duelo. En comunidades del Canal del Dique, en Bolívar y en Sucre, las AUC prohibieron explícitamente los velorios y ritos fúnebres de las víctimas de sus asesinatos. La prohibición era discriminatoria: los muertos por causas ajenas al conflicto podían ser velados con restricciones, pero quienes habían caído bajo el bloque no podían recibir velorio. En regiones del Caribe con fuertes tradiciones afrocolombianas de duelo colectivo —las nueve noches, los rezos comunitarios, el acompañamiento nocturno— esa prohibición demolía prácticas centrales de cohesión social. Los paramilitares conocían con precisión los espacios de sociabilidad cultural —plazas, cruces de mayo, sitios de baile— e intervinieron sobre ellos, prohibiéndolos o restringiéndolos. La destrucción del tejido ritual continuaba el acto violento por otros medios.

Causas: por qué esa forma, en ese tiempo

La sevicia paramilitar entre 1997 y 2002 fue el punto de encuentro de varias fuerzas que conviene distinguir. En el nivel estructural, tres factores confluyeron. Primero, la expansión territorial acelerada de las AUC bajo el mando de la Casa Castaño, que requería imponer soberanía sobre zonas de larga presencia guerrillera en plazos cortos y sin ejército regular. La violencia extrema fue el atajo. Segundo, la disputa por las rentas del narcotráfico, particularmente en el Bajo Putumayo y el norte del Valle, que hizo del control territorial una cuestión económica de alto valor. Tercero, el vacío estatal en las zonas de expansión, que dejó a las poblaciones sin ninguna instancia de protección y a los paramilitares sin freno institucional. Esta última condición explica por qué la sevicia pudo escenificarse en público: no había autoridad ante la cual esconderla.

En el nivel cultural, operó la herencia de La Violencia. El repertorio de cortes, la lógica de "matar, rematar y contramatar", la familiaridad campesina con la carnicería y la cacería, la memoria de las prácticas de castigo corporal transmitidas oralmente durante décadas: todo ese capital simbólico estaba disponible cuando las AUC comenzaron a reclutar hombres de origen rural en los años noventa. La llegada de la Casa Castaño a los Llanos Orientales, entre 1996 y 1999, se caracterizó por un aumento tanto del número de asesinados como del grado de brutalidad en las formas de matar. Ese salto cualitativo indica que la organización asumió y potenció el repertorio heredado, incorporándolo como método.

En el nivel del detonante, la ofensiva estratégica definida en 1996 y ejecutada desde 1997 —con la incursión al Putumayo, el ingreso a los Montes de María, la extensión al Catatumbo— exigió técnicas de imposición rápida. La sevicia escenificada resolvió ese problema: producía terror en escala y a distancia. Un pueblo masacrado desplazaba a diez pueblos vecinos.

Estas tres capas —estructural, cultural, coyuntural— son inseparables. Reducir el fenómeno a una sola es empobrecerlo. La sevicia paramilitar no se explica solo por la economía política de la coca, ni solo por la herencia de La Violencia, ni solo por la estrategia militar del expansionismo AUC. Fue las tres cosas trenzadas en un momento histórico específico.

Consecuencias: la marca duradera

Las consecuencias inmediatas están en las cifras: miles de personas asesinadas, cientos de miles desplazadas, comunidades enteras vaciadas. El Salado quedó despoblado durante años tras febrero de 2000. El Placer vivió bajo dominio paramilitar la mayor parte de la década siguiente. En las regiones más golpeadas —Montes de María, Bajo Putumayo, Catatumbo, Urabá, Oriente Antioqueño— la geografía humana quedó reescrita: veredas borradas del mapa, familias fragmentadas, tierras abandonadas que después alimentaron los procesos de acumulación de propiedad rural que investigó posteriormente la jurisdicción de Justicia y Paz.

Las consecuencias de largo plazo son más difíciles de nombrar pero igual de reales. La destrucción del tejido ritual —velorios prohibidos, nueve noches interrumpidas, plazas resignificadas como lugares del miedo— dejó comunidades sin los mecanismos culturales para procesar el duelo. La violencia sexual escenificada produjo daños que trascienden a las víctimas directas: hijas nacidas de violación, mujeres con daños ginecológicos permanentes, familias enteras marcadas por el silencio. La normalización de la sevicia como método —el hecho de que Mancuso pudiera llamar "combate" al degollamiento— se filtró en la cultura pública colombiana como una capacidad renovada de convivir con el horror.

Hay también una consecuencia política. La eficacia territorial de la crueldad como comunicación mostró que el terror escenificado funcionaba: producía desplazamiento, capturaba rentas, imponía soberanía. Esa lección quedó archivada. Cuando en los años posteriores emergieron nuevas estructuras armadas —grupos posdesmovilización, disidencias, bandas criminales—, el repertorio no tuvo que ser reinventado. Estaba ahí, accesible, con sus técnicas y sus escenografías. La continuidad —de los cortes de los años cuarenta a los degollamientos de El Salado, y de ahí a las casas de pique de Buenaventura— es una de las herencias más pesadas que carga el país. Las once personas de El Placer, las cuarenta y seis de El Salado, la joven embarazada empalada, las mujeres del Bloque Mineros, las combatientes capturadas en 2005: no son casos sueltos de brutalidad, sino nombres precisos de una misma gramática. Reconocerla como estructura, y no como anomalía, es la condición para no repetirla.