Operación Génesis y desplazamiento masivo en el Bajo Atrato

Operación Génesis

Entre el 24 y el 27 de febrero de 1997, la Décima Séptima Brigada del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, ejecutó en las cuencas de los ríos Salaquí y Truandó, en el Bajo Atrato chocoano, una operación militar denominada Génesis, cuyo objetivo declarado era destruir al Frente 57 de las FARC-EP. De manera simultánea, entre el 23 de febrero y el 5 de marzo, grupos paramilitares adscritos a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —identificados en distintos expedientes como Bloque Chocó, grupo Pedro Ponte y frente Alex Hurtado— desarrollaron sobre la cuenca vecina del río Cacarica una incursión terrestre conocida como Operación Cacarica. La conjunción de ambas maniobras, coordinadas y complementarias, provocó el desplazamiento forzado de miles de campesinos afrodescendientes, el asesinato del líder Marino López Mena en el caserío de Bijao y la reconfiguración durable del control territorial del Bajo Atrato en favor de los paramilitares. Dieciséis años después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declararía al Estado colombiano responsable por esos hechos en la sentencia del 20 de noviembre de 2013.

El Bajo Atrato antes de febrero de 1997

El territorio que sería operado en 1997 no era, en 1996, tierra genérica. Era un espacio recién amparado por un cambio jurídico de fondo. La Constitución Política de 1991 había reconocido, en su artículo 55 transitorio, el derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva sobre las tierras baldías rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico. La Ley 70 de 1993 desarrolló ese mandato: sus primeros cinco capítulos ordenaron la delimitación y manejo de territorios colectivos en el Pacífico ribereño, y los restantes fijaron derechos sobre identidad cultural y desarrollo. El Decreto 1745 de 1995 reglamentó los procedimientos concretos de titulación colectiva y estableció que cada comunidad debía constituir un consejo comunitario como autoridad administrativa sobre el área ocupada según sus prácticas culturales y sus formas de producción.

Detrás de esa arquitectura legal había un proceso organizativo largo. La Asociación Campesina Integral del Atrato, surgida en el medio Atrato hacia 1985, había servido de modelo para la Ley 70 y había demostrado que las comunidades negras del Chocó podían articular una representación política propia, ribereña, capaz de negociar con el Estado. Tras la sanción de la ley, esa capacidad organizativa se volcó al reclamo de titulaciones colectivas, respaldada además por el Convenio 169 de la OIT —que incluía a la población afrocolombiana bajo la categoría de grupo tribal— y por la Ley 99 de 1993, que reforzaban los derechos a la consulta previa y al territorio.

Sobre ese mapa jurídico se desplegó, desde 1996, un movimiento en sentido contrario. Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá iniciaron su penetración al Bajo Atrato chocoano entrando primero por Bajirá y luego por Riosucio. Los paramilitares que operaron en la zona se autodenominaron Los Mochacabezas. Su avance no fue silencioso: apenas dos semanas antes de la masacre de Curbaradó, la Brigada XVII había amenazado directamente a los pobladores de esa vereda. Sobre las comunidades del Cacarica se impuso, desde 1996, una restricción de alimentos: nada podía entrar en cantidades que superaran el consumo doméstico. Era el asedio previo al desplazamiento.

En simultáneo, la Brigada XVII del Ejército, con sede en Carepa, había cambiado de mando el 18 de diciembre de 1995. Su nuevo comandante era el brigadier general Rito Alejo del Río Rojas. Del Río había conocido a Carlos Castaño Gil hacia mediados de 1983, cuando Castaño cursó un año de entrenamiento militar en una escuela privada de Tel Aviv y coincidió allí con jóvenes oficiales colombianos. Doce años después, ese oficial mandaba la brigada responsable del Urabá antioqueño y el norte del Chocó, y Castaño era, junto con su hermano Vicente, el jefe operativo de las ACCU.

Los cuatro días

La Operación Génesis empezó el 24 de febrero de 1997. La Brigada XVII, respaldada por bombardeos de la Fuerza Aérea, entró por los ríos Salaquí y Truandó tras las posiciones del Frente 57 de las FARC. La operación estaba diseñada como un movimiento militar clásico contra un objetivo insurgente definido. Su ejecución sobre el terreno fue otra cosa.

Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, había reclutado jóvenes de la región y los había llevado a las instalaciones de la Brigada XVII para que acompañaran, en calidad de refuerzo paramilitar, a los militares en Génesis. Él mismo lo declaró después ante Justicia y Paz: fue el encargado de las coordinaciones con el general Del Río y con los coroneles. La cercanía entre uno y otro se exhibía en la zona: testimonios locales sostuvieron que Del Río habría regalado a Rendón un costoso campero Hummer, que el paramilitar mostraba como obsequio del oficial. El flujo de información corría en la misma dirección: un investigador que visitó la región recibió, poco después de irse, una llamada telefónica de un oficial de la Brigada XVII preguntando por él por su nombre. El campero y la llamada dibujan la misma línea: lo que los paramilitares veían en el terreno llegaba, en tiempo casi real, a los despachos militares, y lo que los militares tenían llegaba, en forma de vehículo, al patio de un jefe paramilitar.

Mientras el Ejército avanzaba por Salaquí y Truandó, un contingente de las ACCU descendía sobre el Cacarica. La operación paramilitar se extendió del 23 de febrero al 5 de marzo y fue una incursión casa por casa. El 26 de febrero, en el caserío de Bijao, los paramilitares señalaron al labriego Marino López Mena de ser guerrillero, lo mataron y lo desmembraron a machete. El terror se propagó por la cuenca a la velocidad con que corren las noticias entre las riberas del Atrato.

La huida fue inmediata. Entre el 24 y el 28 de febrero, las comunidades de la cuenca del Cacarica se desplazaron masivamente. Los testimonios de sobrevivientes describen la salida como una fuga en medio de balaceras, con niños en brazos y sin calzado. Algunos intentaron escapar por los ríos Salaquí y Truandó rumbo a Quibdó, pero la guerrilla bloqueaba el paso de civiles por esa ruta. Otros salieron hacia Turbo, en el golfo de Urabá antioqueño, donde miles terminarían hacinados en el Coliseo. Otros más buscaron pasar la frontera hacia el Darién panameño y allí enfrentaron un obstáculo distinto: las autoridades panameñas los detenían y en ocasiones los deportaban de vuelta a Colombia, incapaces —o no interesadas— en distinguirlos de los actores armados.

Más de quince mil campesinos fueron desplazados por la Operación Génesis. La cifra da el orden de magnitud: no fue una masacre de decenas ni un desplazamiento de aldea, sino el vaciamiento de cuencas enteras.

Las dos operaciones, una sola arquitectura

Durante años, la defensa institucional del Estado colombiano se apoyó en una distinción formal cómoda: Génesis era una operación militar sobre Salaquí y Truandó; Cacarica, una incursión paramilitar sobre otra cuenca. Dos maniobras, dos responsabilidades, dos expedientes.

La Corte Interamericana desmontó esa separación en 2013. En su sentencia del 20 de noviembre de ese año, en el caso Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia, estableció que las dos operaciones fueron simultáneas y guardaron relaciones directas: la militar y la paramilitar habían sido ejecutadas conjuntamente. El Estado colombiano fue declarado responsable por la violación de derechos humanos de las comunidades desplazadas.

Lo que la Corte reconoció en clave jurídica venía siendo documentado en clave forense por Justicia y Paz desde mediados de los años dos mil. La coordinación no era una hipótesis: era un procedimiento con reuniones, acuerdos y repartos. Rendón Herrera confesó las reuniones con Del Río y los coroneles. Raúl Emilio Hasbún, alias Pedro Bonito, y el propio Alemán se reunieron en Quibdó con el teniente coronel Rigoberto Ambrosio Ojeda Prieto y acordaron dos cosas: que la Policía no ejecutaría operativos contra las embarcaciones paramilitares en el Atrato y que contarían con el apoyo del jefe del CIPOL del Chocó. El río, sus recodos y sus estaciones estaban repartidos antes de que empezara el bombardeo.

La arquitectura era bifronte por diseño. El Ejército aportaba lo que solo un ejército tiene: el bombardeo aéreo, la operación de brigada, la cobertura jurídica de una acción contrainsurgente contra un frente identificado. Los paramilitares aportaban lo que ningún ejército regular puede hacer sin costo político: la entrada casa por casa, el asesinato ejemplar, la acusación pública de colaboración con la guerrilla, la producción del terror necesario para que las comunidades no volvieran. Génesis y Cacarica funcionaron como dos manos de un mismo cuerpo: una desalojaba, la otra vaciaba.

Qué se desalojaba

El objetivo declarado era el Frente 57 de las FARC-EP, y ese objetivo era real. Pero lo que quedó vaciado tras el paso de las dos operaciones no fue únicamente un corredor guerrillero. Fueron cuencas enteras que la Ley 70 y el Decreto 1745 estaban en proceso de convertir en territorios colectivos afrodescendientes. El mapa de las titulaciones potenciales y el mapa de las operaciones se superponen con demasiada precisión para hablar de coincidencia.

Dos años después del desplazamiento, el 26 de abril de 1999, el Estado colombiano reconoció la titulación colectiva de 103.024 hectáreas a las comunidades de la cuenca del río Cacarica, dentro del área de manejo especial del Darién. La titulación llegó cuando las comunidades ya habían sido expulsadas, cuando el control efectivo del territorio estaba en otras manos, y coincidió con el inicio del proceso de retorno. Ese desfase —titular a los desplazados sobre un territorio ocupado por quienes los desplazaron— define el problema estructural de la política territorial colombiana de la última década del siglo XX.

Del vaciamiento surgió un dominio paramilitar prolongado sobre el corredor del Atrato. La ola de terror iniciada en 1996 en Bajirá y Riosucio se extendió, ya en mayo de 1997, hacia Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá. El Bloque Elmer Cárdenas, comandado por Rendón Herrera, se consolidó como amo del Urabá chocoano y antioqueño. Las empresas madereras que operaban en el Urabá-Darién le pagaban el 5 % de la producción sobre madera fina y el 3 % sobre madera ordinaria a cambio de seguridad, según declaración del propio Rendón en versión libre de junio de 2007. El corredor tenía tarifa.

En cuencas vecinas del Bajo Atrato —Jiguamiandó y Curvaradó— el patrón se completó con la instalación de cultivos de palma de aceite sobre tierras colectivas de comunidades negras despojadas por la violencia paramilitar. Vicente Castaño explicó él mismo la lógica: había conseguido empresarios dispuestos a invertir en cultivos de palma en Urabá, con la idea de que la llegada de los ricos arrastraría, detrás de ellos, a las instituciones del Estado. La palma iba adelante y el Estado iba detrás. En Belén de Bajirá, los Castaño y El Alemán despojaron tierras a agricultores para sembrar palma; Sor Teresa Gómez figuró como representante legal de Asoprobeba, entidad que compró un predio de mil hectáreas en Caño Manso, Curvaradó, donde se establecieron cultivos. A eso se sumaba el valor estratégico creciente que la terminación de la carretera Panamericana en el Chocó —mandatada por el artículo 63 de la Ley 70— proyectaba sobre las tierras del Urabá.

El vínculo directo entre las cuencas operadas en febrero de 1997 —Cacarica, Salaquí, Truandó— y la instalación posterior de proyectos palmeros no está documentado con la misma nitidez con que sí lo está para Jiguamiandó y Curvaradó. El Cacarica, gracias a la resistencia comunitaria y a la titulación de 1999, no fue el escenario del despojo agroindustrial consumado. Pero el patrón regional, la contigüidad geográfica y la identidad de los actores armados obligan a leer Génesis dentro de una lógica más amplia: la de una reconfiguración territorial del Bajo Atrato en clave de control paramilitar, agroindustria y corredor estratégico, dentro de la cual la expulsión del Frente 57 fue objetivo real y, a la vez, cobertura para un rediseño más profundo.

Los que huyeron y los que volvieron

Las comunidades desplazadas del Cacarica no se disolvieron. Su itinerario forzado —Turbo, Bocas del Atrato, el Darién panameño— fue también el laboratorio de una forma de resistencia que después se volvería referencia nacional.

Desde antes de la Operación Génesis, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz había comenzado a acompañar a las comunidades del Cacarica: primero entre 1994 y 1996, y luego con mayor intensidad desde 1998. En el año 2000 se sumó la Misión Claretiana, que conformó un equipo permanente de acompañamiento pastoral, espiritual y solidario integrado por misioneros, laicos y miembros de la CIJP. Con el tiempo, la Misión y la CIJP se convirtieron en un mecanismo de defensa comunitaria: presencia física para impedir asesinatos selectivos, acompañamiento en el levantamiento de campesinos asesinados en zonas rurales, orientación en rutas de denuncia y exigibilidad de derechos, sostén psicológico y espiritual a las víctimas.

Sobre la experiencia de resistencia de las comunidades negras del Cacarica, la CIJP formuló, junto con ellas, una figura que no existía en el derecho colombiano: la zona humanitaria, un mecanismo de protección fundado en el principio de distinción de la población civil consagrado en el derecho internacional humanitario. La idea era simple y radical: si el conflicto armado obligaba a distinguir combatientes de no combatientes, una comunidad podía autodeclarar su espacio como territorio exclusivamente civil, señalizarlo, acompañarlo con presencia nacional e internacional, y exigir a todos los actores armados que se mantuvieran fuera. La figura invertía la lógica del desplazamiento: en lugar de huir del combatiente, se le prohibía la entrada al espacio del civil.

El retorno se hizo en chalupa. Las familias se trasladaron desde Turbo y otros puntos de desplazamiento hasta el territorio del Cacarica y establecieron dos asentamientos con acompañamiento de organizaciones no gubernamentales: Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida. Con el tiempo, esos dos asentamientos se consolidaron como zonas humanitarias —también llamadas Zonas de Reserva Humanitaria— y persisten hasta hoy. La titulación de las 103.024 hectáreas en abril de 1999 coincidió temporalmente con el proceso de retorno, aunque no lo causó por sí sola: el retorno fue una decisión de las comunidades, sostenida en su capacidad organizativa previa y en el acompañamiento eclesial. La titulación aportó el paraguas jurídico; la organización comunitaria aportó todo lo demás.

El modelo del Cacarica se exportó. La CIJP aplicó el mecanismo de zona humanitaria en El Castillo, en el Meta, tomando explícitamente como antecedente la experiencia chocoana. El Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cacarica se consolidó como forma organizativa central del retorno. Las comunidades que habían sido tratadas como obstáculo a remover se convirtieron, por su propia acción, en actores con capacidad de nombrar el crimen y de sostener la denuncia hasta las instancias internacionales.

La justicia que se cerró y la que se abrió

Contra la Operación Génesis se abrieron, casi de inmediato, procesos judiciales. Contra su cierre se movilizaron, con la misma rapidez, dispositivos institucionales de contención.

El general Del Río fue investigado por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y arrestado. Su arresto provocó la renuncia del director del organismo, Pedro Díaz Romero. En 2001, días después de posesionarse, el fiscal general Luis Camilo Osorio liberó a Del Río de prisión. Tres años después cerró el caso en su contra. En paralelo, se ordenaron acciones judiciales y disciplinarias contra fiscales de la UNDH y miembros del Cuerpo Técnico de Investigación que habían participado en la investigación y el arresto. Varios funcionarios fueron forzados al exilio, principalmente en 2001. La unidad quedó gravemente debilitada.

En 1998, un grupo del CTI y la Fiscalía había descubierto en el llamado Parqueadero Padilla, en Medellín, un foco de operación del paramilitarismo. La documentación incautada allí puso al descubierto el entramado financiero de las ACCU. El caso terminó en impunidad. Hubo filtración de información y ataques directos a los funcionarios que lo llevaban. Investigadores judiciales que habían participado en pesquisas contra paramilitares y militares tuvieron que buscar refugio en el exterior por amenazas. El patrón se repetía: el arresto producía la persecución del arrestador.

El silencio no fue definitivo. La persistencia de las denuncias comunitarias, el trabajo de la CIJP y las revelaciones de exjefes paramilitares en el marco del proceso de Justicia y Paz —creado para que los desmovilizados rindieran versiones libres articulando circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos violentos— fueron reconstruyendo, pieza por pieza, la trama de la Operación Génesis. Justicia y Paz recibió más de mil trescientas denuncias iniciales, muchas de familias desplazadas de zonas como el río Atrato, Bojayá y Vigía del Fuerte. Ese cauce judicial permitió reabrir el caso contra Del Río. En 2012, en última instancia, la Corte Suprema de Justicia lo condenó por su complicidad con los paramilitares. Del Río quedó preso en una prisión militar, condición que la revista Semana denunció como problemática en un reportaje de 2014.

La sentencia internacional llegó al año siguiente. El 20 de noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. Colombia. La Corte declaró al Estado colombiano responsable por la violación de derechos humanos y estableció que la operación militar y la paramilitar habían sido ejecutadas conjuntamente. Fue una sentencia que las comunidades sobrevivientes y sus acompañantes habían empujado durante más de una década, expediente por expediente, audiencia por audiencia.

Por qué la Operación Génesis sigue definiendo el presente

La Operación Génesis condensa, en cuatro días de febrero de 1997, la anatomía de una forma colombiana de hacer la guerra que atraviesa las dos décadas siguientes. Una brigada del Ejército con un objetivo contrainsurgente legítimo sobre el papel. Un bloque paramilitar coordinado con esa brigada en el terreno. Un objetivo militar real —el Frente 57 de las FARC— y un efecto útil que lo excede: el vaciamiento de comunidades afrodescendientes justo cuando la ley empezaba a reconocerles derechos territoriales que las hacían jurídica y políticamente incómodas. Una arquitectura institucional que protege a los responsables cuando llegan a los tribunales. Una capacidad organizativa comunitaria que, contra toda previsión, sostiene la denuncia hasta que un tribunal internacional la valida.

La lectura que reduce Génesis a un exceso operacional o a la responsabilidad individual de un general se queda corta. La operación funcionó porque el Estado colombiano —a través de su Ejército, su Fuerza Aérea, su Policía en Quibdó, su Fiscalía a partir de 2001— hizo posible que funcionara. Y funcionó, además, porque el paramilitarismo era en ese momento un componente estructural de la contrainsurgencia y no una desviación de ella. Que la Corte Suprema haya condenado a Del Río en 2012 y que la Corte Interamericana haya condenado al Estado en 2013 no cierra el problema: lo nombra. Nombrar no es reparar, y la distancia entre una cosa y la otra es exactamente el tamaño de lo que sigue pendiente.

Del otro lado, la Ley 70 de 1993 pasó por Génesis su primera gran prueba y salió transformada. La titulación colectiva de 103.024 hectáreas en el Cacarica llegó tarde para impedir el desplazamiento, pero llegó a tiempo para sostener el retorno. Las zonas humanitarias de Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida, nacidas de la resistencia chocoana, se convirtieron en una figura replicable que la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz llevó a otras regiones del país. El Consejo Comunitario del Cacarica siguió operando. Y las comunidades negras del Bajo Atrato demostraron —a un costo altísimo— que la titulación colectiva no era solo un instrumento notarial, sino una forma de organización política capaz de sobrevivir al vaciamiento.

Génesis pesa, entonces, en dos direcciones. Hacia el pasado, obliga a leer el fin del siglo XX colombiano como una época en que el reconocimiento constitucional de derechos étnicos y territoriales coexistió con una guerra que operó precisamente sobre esos territorios y contra esos sujetos de derecho. Hacia el presente, deja abierta una cuestión que la sentencia de 2013 formuló sin resolver: cuánto del control territorial reconfigurado en 1997 sigue vigente, cuánto de la agroindustria y del corredor estratégico consolidados en el Bajo Atrato descansa sobre las tumbas de febrero de aquel año, y qué proporción de la deuda que la Corte Interamericana declaró se ha pagado efectivamente. No son tres preguntas independientes: son tres caras de una misma cuenta pendiente. La empujan, todavía, el Consejo Comunitario del Cacarica, las zonas humanitarias de Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida y las familias que un día regresaron en chalupa a un territorio que, entretanto, había cambiado de dueño.