Crisis económica de fin de siglo (1998–1999)

La crisis económica de fin de siglo (1998-1999)

En 1999 la economía colombiana se contrajo un 4,2%: el peor desempeño en más de setenta años. El PIB pasó de 102.900 millones de dólares en 1998 a 86.600 millones al año siguiente, el desempleo escaló por encima del 18% —con picos cercanos al 20% en las principales ciudades— y decenas de miles de familias, incapaces de pagar sus créditos hipotecarios en UPAC, entregaron las llaves de su apartamento como dación en pago. No fue un tropiezo de coyuntura ni una desgracia importada: fue el punto en que el proyecto aperturista inaugurado a comienzos de los noventa mostró sus grietas todas al tiempo. La recesión ocurrió mientras el Estado negociaba con las FARC en el Caguán, mientras los grupos paramilitares se expandían por el país con una violencia inédita en su escala y mientras un terremoto arrasaba Armenia. De ese cruce entre colapso económico, guerra en escalada y descrédito de la salida negociada saldría, tres años después, el mandato electoral que llevó a Álvaro Uribe Vélez al poder bajo la promesa de la seguridad democrática.

El terreno del que brota: la apertura de los noventa

La crisis de fin de siglo no puede leerse sin el modelo económico que la precedió. Entre 1990 y 1994, bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo, Colombia emprendió una reorientación profunda de su economía. La Ley 45 de 1990 reformó el sistema financiero: autorizó a los intermediarios a desarrollar operaciones adicionales a través de filiales, permitió fusiones, transformaciones y liquidaciones, estableció un esquema de banca múltiple y buscó estimular la competencia entre entidades. En paralelo, la apertura comercial redujo aranceles con la promesa de que la exposición a la competencia internacional forzaría a la industria colombiana a ganar en productividad y a conquistar mercados externos.

En el debate interno del gabinete Gaviria triunfó una tesis específica sobre cómo debía operar la apertura. Rudolph Hommes, ministro de Hacienda, y Armando Montenegro, director de Planeación Nacional, defendieron que fuera el mercado el que escogiera los sectores a desarrollar. Se descartó la opción de una política industrial selectiva, del tipo que habían practicado los países del sudeste asiático para proteger y luego proyectar sectores estratégicos. Colombia apostó por lo contrario: dejar que los precios internacionales y los flujos de capital decidieran.

Los resultados de esa apuesta fueron ambiguos desde el principio. El PIB creció en promedio 4,26% entre 1990 y 1994, cifra respetable, pero el motor no fue el que la retórica aperturista prometía. El gasto del gobierno central, que históricamente había rondado el 14% del PIB, se expandió a un ritmo sustancialmente mayor que el producto durante la administración Gaviria, y fue esa expansión fiscal —no la exportación de manufacturas ni la competitividad ganada en mercados globales— el principal impulsor del crecimiento del período. En segundo lugar tiraron sectores muy particulares: la construcción, favorecida por una amnistía patrimonial que atrajo capitales repatriados; el consumo suntuario, con las importaciones de automóviles y bienes de lujo que la clase media alta pudo comprar por primera vez sin cuotas ni sobrecostos; y el sector financiero, que se benefició tanto de la liberalización como del ingreso de capitales foráneos que buscaban rendimientos altos en un mercado que apenas se abría.

El sector agropecuario, en cambio, se rezagó dramáticamente: creció apenas 2,52% anual entre 1990 y 1994, y en 1992 se contrajo un 2%. La liberalización financiera, lejos de democratizar el crédito, concentró su control en grupos industrial-financieros que operaban sobre la base de participaciones cruzadas y filiales; la centralización del capital avanzó donde se había prometido más competencia. Y la apertura comercial no cumplió su objetivo declarado: el mercado no seleccionó sectores dinámicos con vocación exportadora, Colombia siguió dependiendo de materias primas sin mayor valor agregado y la industria manufacturera nunca dio el salto que sus impulsores anunciaban.

A ese cuadro estructural se sumó, bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), una expansión adicional del gasto público que dejó al país con déficits fiscal y externo simultáneos. Cuando la crisis financiera internacional se acercó, Colombia ya llegaba desequilibrada: con un sistema financiero débilmente regulado que había crecido en los años de euforia, con una economía dependiente de flujos de capital externo y con un Estado gastando más de lo que ingresaba.

El contagio y la defensa cambiaria

En 1997 estalló en Asia Oriental una crisis financiera que, en meses, se propagó por los mercados emergentes. Rusia declaró moratoria sobre sus obligaciones externas en 1998; Brasil entró en zona turbulenta poco después; los mercados bursátiles de países desarrollados registraron sacudidas que confirmaron la dimensión global del episodio. Colombia compartía con las economías asiáticas en apuros varias vulnerabilidades: una liberalización acelerada sobre marcos regulatorios y de supervisión insuficientes, un alto nivel de gasto público y una crisis política grave —el llamado proceso 8.000 había minado la legitimidad de la administración Samper y aislado al país diplomáticamente—. Esa combinación amplificó el contagio.

La respuesta del Banco de la República, presidido por Miguel Urrutia Montoya, definió la fisonomía de la crisis interna. Desde 1991 el banco central mantenía una banda cambiaria: un rango dentro del cual la tasa de cambio podía flotar y fuera del cual la autoridad monetaria intervenía. Cuando el capital comenzó a salir del país en 1998, presionando el peso hacia arriba del techo de la banda, el Banco de la República decidió defender ese techo con la única herramienta que tenía: subir las tasas de interés para retener capital y desestimular la fuga.

Los intereses domésticos alcanzaron niveles equivalentes a tres y cuatro veces la tasa de inflación. La tasa de captación DTF a 90 días, que en 1997 se movía entre 24% y 26%, subió aún más al año siguiente; la de colocación, entre 33% y 37%, siguió la misma dirección. Con una inflación meta del 16%, la brecha se ensanchó todavía más en 1998 y 1999. Es decir: quien había firmado un crédito pensando en una economía con precios que subían al 20% se encontró pagando tasas que doblaban esa cifra.

La defensa de la banda cambiaria fue, en la práctica, una estrangulación del crédito interno. Las empresas endeudadas en pesos vieron dispararse el costo de servir sus obligaciones; los hogares con créditos hipotecarios se encontraron con cuotas que crecían más rápido que sus ingresos; la inversión productiva se detuvo. El banco central se debatía entre dos objetivos incompatibles: sostener el tipo de cambio para evitar una devaluación desordenada y permitir tasas más bajas para reactivar la economía. Escogió la primera prioridad durante meses, y esa elección —que el propio ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, reconocería después— cegó cualquier posibilidad de reactivar una economía ya en desfallecimiento y volvió insostenible la condición de los deudores en moneda local.

En septiembre de 1999 el banco central capituló: abandonó la banda cambiaria y dejó flotar libremente la tasa de cambio. Para entonces el daño estaba hecho.

El UPAC y la ruina de la clase media urbana

El eslabón que convirtió una recesión macroeconómica en tragedia hogareña fue el sistema de Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Desde 1973, las corporaciones de ahorro y vivienda habían prestado en UPAC: una unidad de cuenta que se reajustaba periódicamente para preservar el valor real del capital prestado en un país con inflación alta y persistente. Durante décadas el mecanismo funcionó razonablemente: las cuotas subían con la inflación, pero los ingresos también, y la vivienda financiada por corporaciones fue la vía por la que la clase media colombiana accedió a la propiedad.

La política de altas tasas de interés del Banco de la República rompió ese equilibrio. La fórmula de indexación del UPAC, que en años previos se había ligado más estrechamente a las tasas de interés que a la inflación pura, hizo que las cuotas de los créditos hipotecarios crecieran a ritmos que triplicaban el aumento de precios y multiplicaban por varias veces los aumentos salariales. Familias que habían tomado un crédito para comprar apartamento con la expectativa de pagarlo en quince o veinte años vieron cómo el saldo de su deuda, en pesos corrientes, crecía año tras año pese a los pagos mensuales. La vivienda dejó de valer lo que se debía por ella.

Los efectos sociales fueron dramáticos y visibles. En 1999, el 16% de los usuarios del sistema UPAC dejó de pagar sus obligaciones; más de seis mil inmuebles fueron entregados como dación en pago. En el último trimestre de ese año existían dieciséis asociaciones de usuarios que presionaban al Congreso, a la Corte Constitucional y al gobierno para que la liquidación de los créditos se hiciera en moneda real y no bajo la fórmula indexada que los había arruinado. Las noticias de familias entregando llaves, de subastas de vivienda hipotecada, de deudores encadenándose frente a bancos, se volvieron rutina en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y las principales ciudades.

La respuesta institucional llegó con la Ley 546 de 1999, que reorganizó el sistema de financiación hipotecaria, sustituyó el UPAC por la Unidad de Valor Real (UVR) atada a la inflación, ordenó reliquidaciones a favor de los deudores y limitó las tasas de interés remuneratorias para vivienda de interés social. Fue una reforma tardía y parcial. Muchos deudores ya habían perdido su patrimonio; el sistema de corporaciones de ahorro y vivienda quedó desmantelado; y la desconfianza en el sistema financiero como vía para acceder a la vivienda persistió durante años.

La crisis del UPAC hirió a un actor social específico: la clase media urbana asalariada que había apostado su ahorro y su capacidad de endeudamiento a la promesa de que la propiedad de la vivienda era la vía segura al patrimonio familiar. Esa clase media descubrió, en 1999, que la promesa era falsa. Y descubrió algo más incómodo: que las instituciones —el banco central que defendía la banda, el gobierno que tardaba en responder, la banca que ejecutaba— habían operado en un cálculo del que ella era la variable de ajuste. La rabia de los deudores del UPAC no fue un fenómeno pasajero; fue el primer indicio de que un electorado urbano, propietario, educado y hasta entonces confiado en el orden institucional, empezaba a mirar hacia opciones políticas que hasta hacía poco le eran ajenas. En las asambleas de asociaciones de usuarios, en los plantones frente a las sedes bancarias, se ensayó una desconfianza que la política capitalizaría después, cuando las urnas se abrieran.

La quiebra financiera y el peso sobre las finanzas públicas

El otro frente del colapso fue el sistema financiero. Las tasas de interés se dispararon, los deudores dejaron de pagar y los activos hipotecarios perdieron valor: bancos, corporaciones y entidades cooperativas encajaron el golpe. Varias instituciones financieras públicas debieron ser rescatadas o liquidadas; el gobierno absorbió pasivos que engrosaron la deuda pública. Para cubrir el costo del salvamento se creó el impuesto del dos por mil sobre las transacciones financieras, tributo que, previsto inicialmente como temporal, terminó anclándose de manera permanente en el sistema tributario colombiano.

El costo fiscal de la crisis se acumuló rápido. El déficit del sector fiscal consolidado alcanzó el 6,4% del PIB en 1999; la deuda del gobierno subió hasta representar el 54% del PIB en 2002. Colombia, que durante décadas había mantenido un manejo fiscal comparativamente prudente frente a sus vecinos latinoamericanos, entró en una senda de endeudamiento que la obligaría a renegociar sus términos con los acreedores internacionales y a firmar el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en muchos años.

El Eje Cafetero: crisis del grano y terremoto

Ningún territorio expresó con más nitidez la conjunción de desgracias del fin de siglo que el Eje Cafetero. Caldas, Quindío y Risaralda habían sido durante generaciones la región con los índices más bajos de necesidades básicas insatisfechas del país. La economía cafetera, sostenida sobre una base amplia de pequeños propietarios, había construido una infraestructura social —salud, educación, servicios públicos, cooperativismo— que la distinguía en el mapa nacional. En los años noventa esa arquitectura se desmoronó.

La ruptura del Pacto Internacional del Café en 1989 había abierto una era de precios volátiles y a la baja. Entre los primeros años de la década y 2001, el precio internacional del grano cayó cerca de un 54%; la participación del café en el PIB nacional pasó de aproximadamente 5,1% a 2,7% —una caída amplificada, en términos relativos, por el crecimiento simultáneo del sector minero-energético, pero real y devastadora para los caficultores—. Muchos productores se endeudaron para sobrevivir; políticas de refinanciación mal diseñadas a mediados de los noventa terminaron agravando su situación en lugar de resolverla; el mercado, sin la red de protección que el pacto internacional había proporcionado, no se autorreguló. La zona cafetera vio marchas campesinas, protestas y un empobrecimiento gradual que no se detuvo con la recesión de 1999 sino que se profundizó con ella.

El 25 de enero de 1999, a la una y diecinueve minutos de la tarde, un terremoto de 6,1 grados en la escala de Richter sacudió el Eje Cafetero. Armenia quedó destruida en buena parte de su centro; Pereira, Calarcá y otros veintiséis municipios sufrieron daños graves. El sismo dejó 1.185 muertos y 160.397 personas sin techo. Otras 400.141 resultaron afectadas en su vivienda o su empleo. Las pérdidas económicas se estimaron en 2.786 miles de millones de pesos: una cifra abstracta que se traducía, sobre el terreno, en manzanas enteras convertidas en escombros y en una región que ya venía arruinándose por el café. La reconstrucción, encargada al Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC), se convirtió en un experimento de gestión público-privada que, con logros y críticas, ocupó los años siguientes.

Sobre esa doble catástrofe —crisis cafetera y terremoto— se montó una tercera capa: la del conflicto armado. Entre 1991 y 2002, el Registro Único de Víctimas contabilizó 103.313 víctimas directas del conflicto en los tres departamentos del Eje, de las cuales 85.058 fueron desplazadas. La región vivió su mayor pico de violencia guerrillera y paramilitar precisamente en los años en que la economía cafetera colapsaba y las ciudades trataban de reconstruirse. Hay una lógica en ese solapamiento: el hueco que dejaba la crisis económica —tierras devaluadas, familias endeudadas, jóvenes sin empleo, instituciones locales debilitadas— era el terreno sobre el que grupos armados de todos los signos avanzaban.

Recesión y guerra: el círculo vicioso

Lo que ocurrió en el Eje Cafetero fue una versión particularmente aguda de un fenómeno nacional. La recesión de 1999 coincidió con el recrudecimiento del conflicto armado, y ambas dinámicas se retroalimentaron. La construcción se paralizó, la manufactura se devastó, y personas que habían resistido en el campo abandonaron la agricultura ante la caída de precios y la presión armada; el desempleo urbano, en niveles del 18% al 19,5%, no absorbió esa migración y engrosó los cinturones de pobreza. La disrupción social alimentó la criminalidad; la criminalidad y la guerra alejaron la inversión; la falta de inversión profundizó el desempleo.

El proceso de paz iniciado por Andrés Pastrana Arango con las FARC en enero de 1999, con la desmilitarización de una zona de 42.000 kilómetros cuadrados en el Caguán, se desarrolló bajo esa sombra. La recesión pesó sobre la dinámica del proceso: alimentó el pesimismo social, restó margen fiscal al gobierno para responder simultáneamente a las demandas económicas y a las exigencias del diálogo, y erosionó la paciencia de una opinión pública que veía deteriorarse su nivel de vida mientras el Estado cedía territorio a la guerrilla.

Mientras tanto, un actor cuya expansión pasó relativamente desapercibida en el ruido del Caguán y de la crisis económica reconfiguraba el mapa de poder regional. Las Autodefensas Unidas de Colombia, formalizadas el 19 de abril de 1997 bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, aprovecharon los tres años de cese al fuego en el Caguán (1999-2001) para consolidar su presencia territorial y convertirse en la principal forma de represión en muchas regiones. Entre 1997 y 2004, la expansión paramilitar dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados. Solo en el 18% de los municipios donde los paramilitares se instalaron existía una amenaza guerrillera real; la lógica de su avance obedecía menos al combate contrainsurgente que a la consolidación de un modelo agrario latifundista, a la exclusión de la oposición social y política y a la construcción de alianzas con élites locales y regionales que años después serían llamadas "parapolítica".

La debilidad económica del Estado en los años de crisis tuvo un correlato militar: en el año 2000, las Fuerzas Militares enfrentaron un déficit presupuestal que redujo sus operaciones. Ese hueco, en medio del recrudecimiento del conflicto, empujó al gobierno Pastrana a buscar apoyo externo.

La respuesta del gobierno Pastrana: FMI y Plan Colombia

Andrés Pastrana, posesionado en agosto de 1998, encontró la crisis en plena aceleración. Su ministro de Hacienda inicial fue Juan Camilo Restrepo, sucedido después por Juan Manuel Santos, quien asumió en un contexto que le fue advertido con crudeza: el cargo implicaría impulsar reformas difíciles e impopulares y recortes presupuestales. La política económica del cuatrienio se organizó alrededor de dos ejes: un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el Plan Colombia.

En 1999, el gobierno firmó con el FMI un acuerdo ampliado que ataba desembolsos externos al cumplimiento de metas fiscales y reformas estructurales. Uno de los "benchmarks estructurales" del acuerdo fue la reforma al sistema de transferencias territoriales establecido por la Constitución de 1991: el gobierno colombiano se comprometió a promover, antes del 31 de diciembre de 1999, una modificación que disociara las transferencias a departamentos y municipios de los ingresos corrientes de la Nación. Esa reforma se materializó en 2001, con el Acto Legislativo 01 y la Ley 715, y transformó la fisonomía institucional del país: Colombia pasó de un esquema predominantemente descentralizado —hijo del pacto constituyente del 91— a uno predominantemente recentralizado, en el que alcaldes y gobernadores aumentaron su dependencia financiera del gobierno nacional. La recentralización fiscal fue una de las consecuencias menos discutidas y más duraderas de la crisis: se hizo en nombre de la sostenibilidad de las cuentas públicas, y sobrevivió a la crisis que la había justificado.

El Plan Colombia empezó como una estrategia integral de sustitución de cultivos ilícitos y fortalecimiento estatal, y se renegoció con Washington para reforzar su componente militar. Durante el gobierno Pastrana canalizó más de 1.300 millones de dólares, principalmente en asistencia militar, dentro de un diseño más ambicioso que preveía inversiones por 7.500 millones en seis años: cuatro mil los aportaría el Estado colombiano y tres mil quinientos, básicamente Estados Unidos. La meta era profesionalizar 180.000 militares y 100.000 policías. Las aeronaves adquiridas con recursos estadounidenses tenían una restricción explícita: solo podían usarse en operaciones antinarcóticos, no en operaciones antiguerrilla, lo que generaba limitaciones operativas notables en un país donde ambas realidades se superponían territorial y logísticamente. Esa restricción se levantaría con el cambio de administración en Washington tras el 11 de septiembre de 2001.

El Plan Colombia y el proceso del Caguán compartían, contra las apariencias, una premisa común: la paz requería desarrollar la capacidad militar del Estado. Pastrana negociaba en San Vicente del Caguán con Manuel Marulanda Vélez mientras, paralelamente, reorganizaba y fortalecía a las Fuerzas Militares. El giro cualitativo —mejor equipo, mejor entrenamiento, mayor movilidad, capacidad de operaciones conjuntas— empezó en ese cuatrienio y sería después la herencia sobre la cual el gobierno siguiente construiría su ofensiva.

El fin del Caguán y el viraje

Las negociaciones del Caguán se desarrollaron durante casi cuatro años en medio de una intensificación del conflicto que venía desde 1996. El inicio de los diálogos no interrumpió esa tendencia; el escalamiento continuó y las Autodefensas se expandieron en paralelo, oponiéndose activamente al proceso y vetando también, con el argumento de que sería "otro Caguán", el intento de negociación con el ELN en el sur de Bolívar. El 20 de febrero de 2002, Pastrana anunció el cierre definitivo del proceso, tras el secuestro del senador Jorge Eduardo Gechem Turbay por parte de las FARC.

Para entonces, el ambiente internacional había cambiado radicalmente. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 reorganizaron las prioridades globales: la lucha antiterrorista pasó al centro. El gobierno Pastrana entendió, hacia finales de 2001, que ese nuevo marco cancelaba la posibilidad de negociar en medio de la guerra, pues las FARC podían ser calificadas —y de hecho lo fueron— como plataforma del terrorismo mundial. La ruptura del Caguán no fue solo consecuencia de las provocaciones guerrilleras; fue también la lectura estratégica de un gobierno que veía cerrarse la ventana internacional que había hecho tolerable el experimento.

La coyuntura electoral de 2002 recibió esa herencia. La crisis económica había arruinado a los deudores del UPAC, arrasado a la clase media urbana, disparado el desempleo y desintegrado la economía cafetera. El fracaso del Caguán había demostrado, ante los ojos de una opinión pública fatigada, que la negociación con las FARC no daba frutos. La expansión paramilitar había reconfigurado el poder político regional colocando en las élites locales actores dispuestos a apoyar una salida militar. El clima internacional post-11S ofrecía cobertura y recursos para una ofensiva contrainsurgente.

Álvaro Uribe Vélez, hasta poco antes candidato marginal, capitalizó esa constelación. Su triunfo no fue el efecto lineal de la recesión, pero la recesión fue su condición de posibilidad: la crisis económica erosionó la legitimidad material del proyecto negociador y creó el sustrato social —familias endeudadas, jóvenes desempleados, propietarios arruinados, empresarios asustados— sobre el cual la promesa de la seguridad democrática pudo construirse como mayoría electoral. La Política de Seguridad Democrática orientó sus dos periodos (2002-2010), involucró por primera vez todo el aparato estatal —no solo la fuerza pública— al combate de los grupos armados ilegales, negó a las guerrillas el carácter político y las calificó de "terroristas", exigió cese al fuego unilateral como condición para negociar, y aprovechó la reorganización militar iniciada bajo Pastrana con los recursos del Plan Colombia.

Lo que quedó

La recuperación económica llegó lentamente después de 2002, apoyada en el ciclo de altos precios de las materias primas y en la restauración de la confianza inversionista que la Política de Seguridad Democrática facilitó. Pero la crisis de fin de siglo dejó cicatrices durables en la estructura social y política del país, y conviene detenerse en cada una, porque explican mejor que cualquier gráfico de crecimiento por qué la Colombia de 2010 se parecía tan poco a la de 1997.

La primera cicatriz fue una desigualdad ensanchada. El coeficiente de Gini pasó de 53,8% en 1998 a 58,5% en 2008: diez años en los que el país creció, pero creció desigual, con la parte alta de la distribución recuperándose rápido y la parte baja atrapada en desempleo estructural e informalidad. La clase media urbana perdió patrimonio y confianza en el sistema financiero; buena parte de los deudores del UPAC nunca recuperaron el nivel de vida que tenían en 1997. Las historias familiares —el apartamento perdido, el negocio que cerró, el hijo que emigró— se convirtieron en el subsuelo emocional de una generación que dejó de creer que la movilidad social ascendente era el horizonte razonable. El desempleo, aunque cedió del pico de 1999, se mantuvo durante años en dos dígitos, y la informalidad laboral se consolidó como norma en las ciudades donde la crisis había desmontado el empleo asalariado.

La segunda cicatriz fue institucional: un Estado fiscalmente estrecho y recentralizado. La reforma de las transferencias territoriales pactada con el FMI redujo la autonomía de departamentos y municipios que la Constitución del 91 había querido fortalecer; el impuesto a las transacciones financieras nacido para atender la crisis bancaria se volvió permanente, y con él una lógica tributaria de emergencia que sobrevivió a la emergencia. Los gobiernos locales aprendieron a operar bajo la nueva dependencia del centro; los mandatos amplios que la descentralización había esbozado se estrecharon hasta caber en las transferencias sectorizadas de la Ley 715. La Colombia que había prometido gobernarse desde abajo terminó gobernándose otra vez desde Bogotá.

La tercera cicatriz fue cultural, y quizá la más difícil de mensurar. La crisis instaló un nuevo consenso sobre la relación entre economía y seguridad. La idea de que la paz debía construirse sobre la capacidad militar del Estado, esbozada tímidamente en el Plan Colombia y radicalizada con Uribe, pasó de tesis polémica a sentido común. Los gobiernos posteriores, incluso los que retomaron la vía negociada, operaron sobre las Fuerzas Militares que la crisis y sus respuestas habían modernizado, y sobre un electorado que había interiorizado la fórmula: primero seguridad, después lo demás. La negociación con las FARC firmada en 2016 se hizo desde un Estado militarmente mucho más fuerte que el que había ido al Caguán, y frente a una opinión pública que —el plebiscito de octubre de ese año lo mostró— seguía dividida entre la promesa de reconciliación y la desconfianza sembrada década y media atrás.

Y en el fondo quedó el saldo del modelo aperturista de los noventa —liberalización financiera con regulación débil, apertura comercial sin política industrial, gasto público expansivo sin sostenibilidad, defensa cambiaria a cualquier costo—: no produjo la economía competitiva que prometía, y cuando encontró la primera turbulencia global colapsó llevándose consigo la fe pública en un proyecto de modernización. En 2002, otro proyecto de modernización ocupó el lugar vacante: uno construido sobre la seguridad, la mano dura y la promesa de que solo un Estado fuerte podía garantizar el retorno del progreso. La recesión de 1998-1999 fue el pivote entre ambas modernizaciones. La recuperación económica llegó; la desconfianza que la crisis sembró —hacia los mercados, hacia las élites, hacia la negociación política— siguió operando durante décadas, mucho después de que el PIB volviera a crecer.