La Constitución de 1991 y su década

La Constitución de 1991 y su década

Entre 1990 y 2002, Colombia intentó dos cosas a la vez: refundarse jurídicamente y sobrevivir a la peor década de violencia armada de su historia reciente. El resultado fue una paradoja que aún la define. La Asamblea Nacional Constituyente, instalada el 4 de febrero de 1991 en el Salón Elíptico del Congreso y clausurada con la proclamación de la nueva Carta el 4 de julio de ese año, produjo un texto pionero en América Latina: consagró la tutela, creó la Corte Constitucional, reconoció la diversidad étnica de la nación, ordenó la elección popular de gobernadores, garantizó la autonomía del Banco de la República e incorporó a excombatientes del M-19 y a delegados indígenas al pacto político. En paralelo, el país enterraba candidatos presidenciales asesinados, veía derribarse aviones civiles en atentados narcoterroristas, entregaba cinco municipios a las FARC como zona de despeje, contemplaba el ascenso de las Autodefensas Unidas de Colombia hasta los treinta mil hombres armados y llegaba a 1999 con la primera cifra de crecimiento económico negativo de su historia moderna: -4,1%. La Constitución de 1991 no cerró ese ciclo de violencia: convivió con él, lo intentó contener con herramientas jurídicas y en algunos puntos —el más notorio, la prohibición de la extradición— cedió bajo su presión. Su década es, a la vez, la del despliegue de una arquitectura garantista genuinamente innovadora y la de un Estado incapaz de controlar su territorio.

El panorama: una carta escrita bajo fuego

El período se abre con tres magnicidios. Luis Carlos Galán, jefe del galanismo y candidato presidencial del Partido Liberal, cayó asesinado el 18 de agosto de 1989 en Soacha, ejecutado por sicarios vinculados a la alianza entre narcotraficantes y paramilitares. En 1990 le siguieron Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, y Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 ya convertido en dirigente político tras el acuerdo de paz firmado en marzo de ese año con el gobierno de Virgilio Barco. El narcotráfico había declarado la guerra al Estado colombiano: en noviembre de 1989 fue derribado el vuelo 203 de Avianca, con 107 muertos, en un atentado dirigido contra el candidato César Gaviria Trujilly; explotaron las sedes de los diarios El Espectador y Vanguardia, y el edificio del DAS. Antes, en marzo de 1989, el dirigente de la UP José Antequera había sido asesinado en el aeropuerto El Dorado, y en el mismo atentado resultó gravemente herido el precandidato liberal Ernesto Samper Pizano.

En ese ambiente saturado de violencia y bloqueo institucional —los intentos de reforma constitucional venían fracasando desde 1988 por decisiones del Congreso y de la justicia, y en algún caso el propio Congreso había intentado prohibir la extradición a instancias de los narcotraficantes—, un movimiento estudiantil impulsó el mecanismo ciudadano de la Séptima Papeleta para exigir una asamblea constituyente. La propuesta fue recogida por el gobierno Barco y luego por el gobierno Gaviria mediante decretos dictados al amparo del estado de sitio, la vieja figura del artículo 121 de la Constitución de 1886. La Corte Suprema de Justicia avaló ambos decretos. La paradoja quedó fijada desde el origen: se usó la herramienta más abusada del constitucionalismo colombiano —el estado de sitio había estado vigente durante más del 80% del tiempo entre 1958 y 1990— para convocar la asamblea que vendría precisamente a limitar esos abusos.

Gaviria, jefe de debate de la campaña de Galán, había recogido las banderas del líder asesinado, ganó la nominación liberal y la presidencia. Bajo su mandato se eligió por voto directo, por primera vez en la historia colombiana, un cuerpo constituyente. Y en él se sentaron, junto a los partidos tradicionales, los excombatientes del M-19 que apenas meses antes habían dejado las armas, delegados indígenas, evangélicos y representantes de la izquierda civil.

Las fuerzas en juego

Cuatro tensiones estructurales atravesaron el período. La primera fue la del narcotráfico convertido en poder político. El Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar Gaviria, libraba una guerra abierta contra el Estado para impedir la extradición. El Cartel de Cali optó por otra estrategia: penetrar la política mediante la financiación de campañas y el soborno, evitando la confrontación directa. Los dos serían desmantelados en la primera mitad de la década —Escobar murió el 2 de diciembre de 1993 en una operación policial tras fugarse el 21 de julio de 1992 de La Catedral, la prisión de Envigado cuyas condiciones él mismo había dictado; el Cartel de Cali cayó entre 1994 y 1995—, pero el negocio no desapareció: se atomizó en organizaciones más pequeñas como el Cartel del Norte del Valle, y sus rentas siguieron alimentando a paramilitares y guerrillas.

La segunda fuerza fue el reordenamiento del conflicto armado. El M-19 se desmovilizó en 1990; el EPL y guerrillas menores lo hicieron entre 1990 y 1991, en buena medida atraídos por la perspectiva de la Asamblea Constituyente y también, más discretamente, por la presión de la guerra antidrogas. Pero las FARC-EP y el ELN no firmaron. Al mismo tiempo, el paramilitarismo se recompuso: las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, surgidas en 1994 bajo el mando de Carlos Castaño Gil, dieron paso en 1996 al proyecto nacional de las AUC. Para 2001 esa federación contaba con unos treinta mil hombres en armas.

La tercera fuerza fue la modernización económica. El gobierno Gaviria implementó una serie de reformas —desmantelamiento de aranceles proteccionistas, privatización y liquidación de empresas estatales, entrega de los sistemas de salud y pensiones al capital privado, flexibilización laboral— que la propia Constitución de 1991 incorporó como principios: autonomía del banco central, participación privada en servicios públicos, posibilidad de liquidar monopolios estatales ineficientes. Durante ese primer cuatrienio la inflación bajó de 34% en 1990 a 26% en 1994 y el crecimiento promedió cerca del 4% anual. La bonanza no duraría.

La cuarta fuerza fue la aspiración democrática. La Constituyente respondió a una demanda amplia de apertura política: ciudadanos de tendencias diversas la impulsaron como salida a la crisis institucional, y sectores como el M-19, el EPL, movimientos indígenas y afrocolombianos, cristianos no católicos y opositores tradicionales se sentaron a redactar un pacto que, por primera vez, no era escrito solamente por las élites conservadora y liberal.

La cronología vivida

La Asamblea Nacional Constituyente sesionó entre febrero y julio de 1991 bajo una presidencia colegiada de tres copresidentes —Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-19 y Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal— que operó como símbolo deliberado de pluralismo. En su interior se formaron dos bloques principales: el liberal aliado con el M-19, que votó junto en 22 ocasiones y ganó 13 de esas votaciones, y el eje del MSN con el Partido Social Conservador, que votó junto 21 veces y ganó 8.

El 19 de junio de 1991, la Asamblea aprobó el artículo 35 prohibiendo la extradición de colombianos por nacimiento, con 51 votos a favor, 13 en contra y 5 abstenciones. Los narcotraficantes habían sobornado a constituyentes; pero incluso quienes rechazaron los sobornos votaron a favor, agotados por el narcoterrorismo. Al día siguiente, el 20 de junio, Pablo Escobar se entregó a las autoridades y fue recluido en La Catedral. La secuencia condensaba la contradicción fundacional del pacto: la carta más garantista de la historia colombiana empezaba concediendo a los narcotraficantes su exigencia central.

La Constitución fue proclamada el 4 de julio de 1991. Su despliegue fue casi inmediato. Antes de terminar la década, la Corte Constitucional se había convertido en una de las instituciones de mayor confianza pública, la tutela había ingresado en la vida cotidiana de millones de colombianos, y la Fiscalía General de la Nación —creada por la propia Carta como entidad del poder judicial con autonomía administrativa y presupuestal— había asumido la investigación penal.

En 1994 llegó a la presidencia Ernesto Samper, tras derrotar por escaso margen a Andrés Pastrana Arango. En junio de ese año, durante la campaña, Pastrana había entregado al presidente saliente Gaviria unas grabaciones en las que miembros del Cartel de Cali discutían la financiación de la campaña de su rival. Se estimó luego que el cartel había aportado unos seis millones de dólares. El 12 de septiembre de 1995, el extesorero Santiago Medina reconoció la entrada de esos dineros a la campaña, y estalló lo que se conoció como el Proceso 8.000. Aunque en junio de 1996 el Comité de Acusaciones de la Cámara de Representantes absolvió definitivamente a Samper de los cargos, la investigación arrastró a cerca de cien políticos nacionales vinculados al Cartel de Cali, incluidos dos contralores —David Turbay y Manuel Francisco Becerra— y un procurador, Orlando Vásquez.

La administración Samper, atrapada en la crisis política, registró un crecimiento promedio de 2,8% anual, la mitad del cuatrienio anterior, con déficits fiscal y externo crecientes por excesos de gasto público. Andrés Pastrana llegó a la presidencia en 1998 con dos apuestas mayores: negociar la paz con las FARC y buscar cooperación estadounidense contra el narcotráfico. Ambas estructuraron el cierre del período.

El 7 de noviembre de 1998, Pastrana estableció una zona de distensión de cinco municipios —La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vistahermosa en el Meta, y San Vicente del Caguán en Caquetá— para adelantar diálogos con las FARC. El proceso empezó con mal augurio: Manuel Marulanda Vélez, conocido como Tirofijo, no se presentó a la inauguración y dejó la silla vacía frente al presidente. La agenda común, concretada el 6 de mayo de 1999, incluía doce grandes temas que abarcaban prácticamente todo el marco normativo y socioeconómico del país: era, por su amplitud, innegociable en un tiempo prudencial. Mientras se negociaba, las FARC crecían: sus efectivos pasaron de unos 16.000 en 1998 a casi 17.500 en 2000, y algunos testimonios sostienen que el crecimiento fue mucho mayor. La zona de despeje sirvió como fuerte militar, centro de entrenamiento y base logística.

El 29 de septiembre de 2001, las FARC secuestraron y asesinaron a Consuelo Araújo Noguera, exministra de Cultura. El 5 de octubre se firmó, en un intento de rescate del proceso, el acuerdo de San Francisco de la Sombra; el 7 de octubre Pastrana anunció medidas de control y amplió el plazo del despeje hasta el 20 de enero de 2002. Los atentados del 11 de septiembre habían transformado ya el contexto internacional: las FARC pasaron a ser calificadas como organización criminal del narcotráfico con potencial terrorista global. El 20 de febrero de 2002, Pastrana anunció el cierre definitivo del Caguán. Casi cuatro años de negociación se habían disuelto sin resultados sobre los grandes temas.

En paralelo, en septiembre de 2000, el Congreso estadounidense había aprobado el Plan Colombia: cerca de 4.400 millones de dólares en cinco años, destinados oficialmente a combatir el narcotráfico. Entre 2000 y 2002, las Fuerzas Militares y la Policía pasaron de cuatro a dieciséis helicópteros artillados de combate e incrementaron en un centenar el número de helicópteros de transporte. La Brigada Antinarcóticos del Ejército se conformó en el Fuerte de Larandia, en Caquetá, y bases como Apiay en el Meta y Tolemaida en Cundinamarca se reforzaron. Aunque las aeronaves adquiridas con recursos estadounidenses no podían usarse formalmente contra la guerrilla, la modernización general de las Fuerzas Armadas transformó su capacidad operativa. Fue esa reorganización —hecha para la guerra irregular que Washington exigía a Pastrana— la que heredaría el gobierno siguiente.

En 1999 el país entró en la peor recesión de su historia moderna. El Banco de la República subió las tasas de interés para frenar la salida de capitales y defender la banda cambiaria. Los intereses domésticos llegaron a triplicar y cuadruplicar el índice de inflación. El sistema UPAC, sobre el que millones de colombianos habían financiado sus viviendas, se hizo impagable. El crecimiento fue de -4,1%. El promedio del cuatrienio Pastrana quedó en 0,25% anual, muy por debajo del 2,8% de Samper y del 4% de Gaviria.

El 26 de mayo de 2002, Álvaro Uribe Vélez ganó la presidencia en primera vuelta con una plataforma de seguridad y confrontación militar. El fracaso del Caguán había desplazado la paz negociada del centro de la agenda pública. La década constitucional se cerraba entregando el mandato a un proyecto político distinto al que la había alumbrado.

Los actores: quienes redactaron y quienes disputaron

La Constituyente reunió figuras que sintetizaban las capas del país. Álvaro Gómez Hurtado, hijo de Laureano Gómez y sobreviviente de un secuestro por el M-19, presidía junto al comandante que había ordenado ese secuestro, Antonio Navarro Wolff. Horacio Serpa, curtido liberal santandereano, completaba la troika. Los delegados indígenas Lorenzo Muelas, del pueblo guambiano, y Francisco Rojas Birry, del pueblo emberá, llevaron a la Asamblea demandas históricas: declarar plurinacional al Estado, reconocer la propiedad indígena del subsuelo, ampliar la circunscripción especial a cuatro senadores y ocho representantes. No las obtuvieron todas, pero consiguieron un marco de derechos étnicos sin precedentes.

Detrás del diseño técnico estuvieron juristas como Manuel José Cepeda, uno de los arquitectos de la acción de tutela desde el Palacio de Nariño, y magistrados fundadores como Ciro Angarita Barón, que en los primeros años de la Corte Constitucional expandieron el alcance de los derechos fundamentales con sentencias que se volverían referencia continental. Rodolfo Arango se contaría entre los teóricos que sistematizaron la doctrina de los derechos sociales fundamentales que la Corte fue construyendo.

Del otro lado, los actores armados. Pablo Escobar dominó la primera mitad de la década hasta su muerte en Medellín en diciembre de 1993. Carlos Castaño Gil, junto a su hermano Vicente, consolidó el proyecto paramilitar nacional desde el Nudo de Paramillo, alimentado por rentas del narcotráfico y por alianzas con élites regionales, ganaderos y sectores de la fuerza pública. Manuel Marulanda encarnó la resistencia de las FARC a la desmovilización que otros grupos habían aceptado, y su silla vacía en San Vicente del Caguán se convirtió en imagen fundadora del fracaso.

Los presidentes del período —Gaviria, Samper, Pastrana— representaron tres momentos distintos del proyecto. Gaviria fue el arquitecto: convocó la Constituyente, empujó la apertura económica y creyó que la modernización institucional bastaría para pacificar al país. Samper heredó una crisis de legitimidad de la que nunca salió del todo, con una gestión atrapada entre el Proceso 8.000 y los primeros golpes de la expansión paramilitar. Pastrana apostó todo a la paz negociada y al Plan Colombia; la primera se hundió, el segundo transformó las Fuerzas Militares.

Las regiones y el mapa de la violencia

La Constitución escribía un país que las armas iban desescribiendo en el territorio. Mapiripán, en julio de 1997, es la escena que fija ese quiebre: hombres de las AUC llegaron por vía aérea al Meta, tomaron el casco urbano durante días, asesinaron a habitantes uno por uno y se fueron sin que el Ejército, alertado, apareciera. Lo nuevo no era la masacre: era la permanencia. El paramilitarismo dejaba de ser expedicionario y se emplazaba. Después vendrían El Aro en Antioquia, La Gabarra en el Catatumbo, El Salado en los Montes de María, El Naya en la frontera entre Cauca y Valle. En cada caso el guion se repitió: entrada anunciada, matanza pública, silencio de la fuerza pública, éxodo de los sobrevivientes.

Detrás de esa geografía había una operación económica. El 65% de las víctimas de desplazamiento perdía además su derecho de propiedad sobre la tierra. No se vaciaban personas: se vaciaban veredas para reordenar la tenencia. Las Convivir, cooperativas de seguridad rural autorizadas legalmente durante la administración Samper, funcionaron —según reconoció Salvatore Mancuso ante la Comisión de la Verdad— como bisagra entre la institucionalidad y las autodefensas ilegales. En municipios del Magdalena Medio y del norte y centro del Valle del Cauca, las masacres cometidas entre 1997 y 1999 fueron seguidas por la adquisición de tierras por parte de narcotraficantes y especuladores. En los Llanos Orientales, el Bloque Centauros llevó la expansión de las AUC hacia zonas de presencia guerrillera, controlando corredores estratégicos entre Meta, Guaviare, Vichada y Casanare.

El peso relativo del Estado en la violencia política de esos años quedó registrado con nitidez en las cifras del gobierno Gaviria. En 1994, último año de su administración, se contabilizaron 2.627 casos de violencia política con autor identificado. Casi nueve de cada diez —el 88,9%— fueron atribuidos a agentes directos del Estado, es decir, a las Fuerzas Armadas y a los organismos de seguridad. Los paramilitares aparecían responsables de menos del 9% y la insurgencia, apenas por encima del 2%. Durante ese cuatrienio se registraron 14.856 muertes violentas relacionadas con el conflicto y 5.043 prisioneros políticos. La cifra del gobierno Barco anterior, 13.635 víctimas, era apenas menor.

En el Caquetá y la Amazonía occidental, hacia 2002, tres actores armados se disputaban el territorio: las FARC-EP, que consolidaban su control sobre la Amazonía oriental; las AUC, con presencia en cabeceras urbanas y corredores viales; y la fuerza pública, en pleno proceso de fortalecimiento por el Plan Colombia. La economía de la cocaína lo financiaba todo.

En municipios como El Castillo, en el Meta, el desplazamiento forzado venía creciendo desde 1984 sin recibir nombre ni respuesta. Familias enteras salían de sus fincas en la madrugada, unas con lo puesto, otras solas; entre 1991 y 2000, quienes podían costearlo resolvían su situación por cuenta propia y quienes no, engrosaban un fenómeno que el Estado tardaría años en reconocer. La mayoría se desplazaba con el grupo familiar completo; una proporción menor, sola. En Nariño y Cauca, las FARC cambiaron su relación con los procesos electorales: pasaron de promover la participación política a coaccionar a ediles y alcaldes mediante amenazas, secuestros, homicidios y desplazamientos forzados. En Urabá, Córdoba, el sur de Bolívar y el Catatumbo, el paramilitarismo se convirtió en autoridad de facto. La Constitución, mientras tanto, se aplicaba en Bogotá y en las capitales, allí donde había jueces para recibir tutelas.

Las transformaciones

Cuatro innovaciones institucionales de 1991 alcanzaron a echar raíces reales en la década.

La acción de tutela fue la más silenciosamente revolucionaria. Cualquier persona, incluidas las jurídicas, podía interponerla contra cualquier autoridad pública, y en supuestos definidos por la ley también contra particulares. En pocos años convenció a los colombianos de que tenían derechos: obligó a la burocracia del sistema de salud a atender a todos los ciudadanos, protegió a minorías, se convirtió en herramienta de reclamo cotidiano. En el caso Cristiania, la Corte Constitucional usó la tutela para detener la construcción de una carretera que amenazaba una comunidad indígena, argumentando que la preservación de su integridad era un interés constitucional protegido aun sin violación individual de derecho fundamental. Ese tipo de expansión doctrinal marcó la primera década de jurisprudencia.

La Corte Constitucional se consolidó rápidamente como una de las instituciones de mayor confianza pública, y sus sentencias impactaron la política, la economía y la vida social del país durante toda la década. Desarrolló la doctrina del estado de cosas inconstitucional, mediante la cual enfrentaba violaciones estructurales de derechos —hacinamiento carcelario, desplazamiento forzado, sistema de salud— ordenando políticas públicas correctivas. Esa figura se volvería uno de los aportes más citados del constitucionalismo colombiano en la discusión internacional sobre derechos humanos.

El reconocimiento multicultural produjo la Ley 70 de 1993, que desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución y reconoció a las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en las zonas rurales ribereñas del Pacífico el derecho a la propiedad colectiva. La propiedad colectiva étnica se definió como inalienable, inembargable e imprescriptible, y los consejos comunitarios se constituyeron en instancias de organización. La Asociación Campesina Integral del Atrato, la ACIA, es reconocida —sobre todo en el Pacífico— como la organización cuyo proceso sirvió de piloto para la ley. Para los pueblos indígenas, la Constitución previó en su artículo 330 la creación de Entidades Territoriales Indígenas, gobernadas por consejos según sus propias costumbres, pero su implementación quedó pendiente durante toda la década y más allá.

La descentralización política consolidó la elección popular de gobernadores —complemento de la elección popular de alcaldes que venía desde 1986— y estableció mecanismos de transferencia de recursos fiscales a municipios y departamentos. En el mismo movimiento, la Fiscalía General de la Nación fue creada como entidad del poder judicial con autonomía y capacidad investigativa, transformando el proceso penal colombiano.

La Constitución también rediseñó el marco económico. Consagró la autonomía del Banco de la República, sujeta al requisito de coordinación con la política económica general. Modificó el tratamiento de la religión, eliminando la confesionalidad heredada de 1886 que la reforma de 1936 no había alterado plenamente. Y sin embargo, sobre las relaciones civiles-militares no hubo cambios sustanciales: solo se modificó uno de los artículos de la Constitución anterior sin alterar su espíritu. En materia de estados de excepción, se buscó restringir los poderes presidenciales que durante décadas se habían ejercido casi sin límite.

Las omisiones fueron reveladoras. La composición misma de la Constituyente había contenido, tras bambalinas, gestos hacia sectores que quedarían fuera del pacto público. Se supo después que la lista del M-19 a la Constituyente había incluido un cupo, mantenido en reserva, para representantes de los narcoparamilitares del Magdalena Medio, justificado internamente como parte de una paz incluyente que la mayoría del país nunca supo. Esa concesión oculta, negociada por una fuerza que apenas venía de dejar las armas, anunciaba lo que vendría después: acuerdos parciales con actores violentos cocinados al margen de la deliberación pública. Y la prohibición de extradición aprobada bajo presión narcoterrorista tardaría años en ser reformada.

La brecha estructural

El diseño constitucional presuponía un Estado capaz de aplicar los derechos que consagraba. Colombia no lo tenía. La consecuencia fue el fenómeno que algunos analistas llamaron litigio incluyente: ante la ausencia de un Estado de bienestar que aplicara administrativamente los derechos, los ciudadanos debían recurrir a la tutela, a las acciones populares, a los recursos de petición, a las acciones de grupo, a una decena de instrumentos judiciales para reclamar salud, educación, vida digna, seguridad social, ambiente sano. La Corte Constitucional creció y mostró su maleabilidad precisamente porque la vía administrativa era insuficiente. Pero eso mismo evidenciaba la tensión con el Estado Social de Derecho que la Carta proclamaba: el acceso efectivo a los derechos quedaba condicionado a la capacidad de litigar de cada persona. Salud, pensión digna y vivienda dependían de un juez.

En el mismo movimiento, el proyecto económico consolidado en la década desmontó capacidad estatal en áreas críticas. La entrega de los sistemas de salud y pensiones al capital privado, la flexibilización laboral, la privatización de empresas monopolísticas: mientras la Carta prometía un Estado Social de Derecho, la política económica lo estaba adelgazando. La apertura de Gaviria y la Constitución de 1991 fueron, en buena medida, dos caras del mismo proyecto modernizador que benefició a las élites urbanas y al capital privado mientras el campesinado y las comunidades étnicas recibían reconocimientos jurídicos cuya implementación fue parcial e insuficiente.

Y entretanto, la guerra tenía lógica propia. Las FARC crecieron durante el Caguán no por defecto del diseño constitucional sino porque el Estado no había resuelto su déficit histórico de soberanía territorial. Los paramilitares alcanzaron treinta mil hombres para 2001 porque construyeron alianzas con narcotraficantes, élites locales y sectores de la fuerza pública en regiones donde la Constitución no llegaba. La firma del Pacto de Santa Fe de Ralito, en el que destacados políticos se comprometieron con jefes paramilitares a una refundación del país, anticipaba lo que la década siguiente conocería como parapolítica.

El legado

La Constitución de 1991 dejó al país una arquitectura institucional que ha demostrado ser irreversible en lo esencial. La tutela sigue siendo el instrumento más usado por los colombianos para hacer valer sus derechos. La Corte Constitucional sigue siendo una de las instituciones de mayor confianza pública. El reconocimiento multicultural, aunque parcialmente implementado, transformó el vocabulario jurídico y político del país y abrió espacios de autonomía étnica que no existían antes. La descentralización, con todas sus imperfecciones —incluida la penetración del crimen organizado en gobiernos locales—, sacó a Colombia del modelo centralista rígido del siglo XIX.

Pero el legado se juega también en lo que la década no resolvió. La Carta no logró cerrar el conflicto armado y en algún punto convivió con su expansión: entre 1991 y 2002, mientras se consolidaba la jurisprudencia constitucional, el paramilitarismo pasó de ser un fenómeno regional a un proyecto nacional, las FARC duplicaron su capacidad militar en algunas estimaciones, el desplazamiento forzado se intensificó sostenidamente desde 1996 y el narcotráfico se atomizó pero no desapareció. La Constitución funcionó como refugio judicial para quienes podían litigar, mientras la guerra devastaba a quienes no podían.

La brecha entre el texto y el territorio fue el problema central. No era un problema de diseño: era un problema de Estado. La Carta escrita en Bogotá describía un país con soberanía plena, monopolio de la fuerza, capacidad administrativa desplegada en todo el territorio. Ese país no existía cuando se firmó y no existía en 2002.

Doce años después de proclamada, la Constitución había sobrevivido a los magnicidios, al Proceso 8.000, al Caguán, a la crisis de 1999, a la expansión paramilitar. Su década había terminado sin resolver las preguntas que la habían suscitado. Pero había dejado establecido —eso es lo que quedó vibrando— que los derechos existían, que había jueces para reclamarlos y una Corte para expandirlos, y que la nación era plural aunque su Estado siguiera siendo débil. Sobre ese suelo, agrietado y firme a la vez, se construirían las siguientes dos décadas del país.