Antonio Navarro Wolff

La semblanza

Hay una manera fácil de contar a Navarro Wolff, y una manera precisa. La fácil lo pinta como el exguerrillero domesticado, el rostro amable del M-19 que cambió el fusil por la curul. La precisa exige detenerse en un dato que sus propios testimonios repiten: dentro del M-19, Navarro no participaba en las operaciones armadas. Ni antes ni después del atentado que le costó la pierna izquierda, el habla clara y buena parte del oído. Su lugar en la organización fue el del grupo político, no el del grupo operativo. Esa distinción, que en la guerra parecía menor, resultó decisiva cuando llegó el momento de negociar la paz: Navarro no cargaba con el peso simbólico de las acciones más violentas del movimiento y podía hablar con el gobierno desde un lugar que sus compañeros de armas más operativos no ocupaban.

De ahí su singularidad. En un país donde la izquierda armada se definió durante décadas por su vocación militar, Navarro fue desde el comienzo un cuadro pensante, un hombre de la mesa antes que del monte. Cuando el M-19 se desmovilizó en 1990, la transición desde la clandestinidad hacia la política legal le costó menos que a otros porque, en cierto modo, la había estado haciendo desde 1973. Su peso histórico no está tanto en lo que hizo dentro del M-19 como en lo que hizo con el M-19: lo condujo hacia la Constituyente y consiguió que un tercio de la asamblea que refundó a Colombia estuviera compuesta por exguerrilleros y sus aliados. Ningún otro líder insurgente latinoamericano de su generación logró algo comparable sin llegar al poder por las armas.

Los orígenes

Nació en Pasto en 1948 y se formó como ingeniero. Cuando tenía veintidós años, Colombia vivió el episodio que fundaría políticamente a su generación: el 19 de abril de 1970, el Frente Nacional desconoció el aparente triunfo electoral de Gustavo Rojas Pinilla y la Anapo. Para muchos jóvenes, entre ellos los futuros fundadores del M-19, aquel fraude probó lo que ya sospechaban: que la democracia colombiana no ofrecía espacios reales de oposición y que las urnas eran una ilusión gestionada por dos partidos.

Tres años después, en 1973, se realizó en Cali la primera conferencia fundacional del Movimiento 19 de Abril, con unas veinticinco personas. Allí se constituyó la primera dirección, integrada, entre otros, por Jaime Bateman Cayón, Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad, Hélmer Marín, Andrés Almarales y el propio Navarro. Bateman, Fayad y Ospina venían de las FARC, donde habían sido combatientes rasos; se habían salido a comienzos de los setenta por la crisis interna de esa guerrilla y por la atracción de una alternativa revolucionaria proveniente del sur. El M-19 se planteó desde el inicio como una organización distinta: urbana, nacionalista, con vocación de espectáculo político y una dirección que funcionaba por consenso, sin jefe único, con reuniones cada quince días y un buró dividido en grupo operativo y grupo político. Navarro entró en el segundo.

El movimiento hizo su aparición pública en enero de 1974 con una campaña de avisos en periódicos que anunciaban su llegada como si se tratara del lanzamiento de un producto. Esa teatralidad era programática: el M-19 quería hablarle al país entero, no solo a la vanguardia. En el trasfondo estaban el ascenso del movimiento estudiantil colombiano, la eclosión de las rebeldías juveniles occidentales y, sobre todo, la convicción de que el fraude del 19 de abril había cerrado las puertas de la política legal. La violencia, para esa dirigencia, era la consecuencia de un sistema que había expulsado a la oposición de sus propios canales.

Navarro se distinguió pronto por un perfil intelectual atípico. Se presentaba como un analista político serio, más interesado en llevar la democracia a Colombia que en importar el marxismo, y le gustaba citar a Rousseau para argumentar que la democracia dependía de la igualdad y la participación, ambas ausentes en el país. Ese lenguaje —democrático antes que socialista— sería el que, quince años después, le permitiría hablarles al gobierno y a los electores en un idioma que no exigiera la conversión previa del interlocutor.

La trayectoria

La granada de 1985

El 23 de mayo de 1985, una granada de fragmentación estalló donde estaban Alberto Caicedo, Eduardo Chávez, María Eugenia Vásquez, Carlos Alonso Lucio y Antonio Navarro Wolff. Todos resultaron heridos. Navarro perdió la pierna izquierda, quedó hablando a media lengua y con un daño auditivo que le dejó un hueco en el oído con dolor persistente. Tenía treinta y siete años. La Comisión de la Verdad situaría décadas después ese atentado dentro de un patrón sistemático de acciones violentas dirigidas contra procesos de paz y sus participantes, protagonizadas por sectores que preferían la derrota militar del adversario a la negociación.

El detalle biográfico decisivo no es la mutilación en sí, sino lo que Navarro hizo con ella. A pesar de las secuelas del atentado y de haber sufrido torturas, nunca demandó al Estado; consideró todo eso parte de la guerra que había elegido librar. Esa decisión —renunciar al rol de víctima jurídica— sería la contraparte simbólica de otra decisión mayor: renunciar también al rol de vengador. Cuando cinco años después le tocara conducir al M-19 hacia la paz, esa doble renuncia le daría autoridad moral para pedirles a sus compañeros lo mismo.

El negociador (1988-1990)

Las conversaciones de paz entre el M-19 y el gobierno de Virgilio Barco comenzaron formalmente en enero de 1989, aunque el acercamiento venía de antes, alimentado por un episodio paradójico: el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado por el M-19 entre mayo y julio de 1988, que en lugar de cerrar las puertas del diálogo terminó abriéndolas. El proceso solo cobró impulso real un año más tarde, tras el asesinato de Luis Carlos Galán, que sacudió al establecimiento político y obligó a acelerar las salidas negociadas.

Navarro negoció junto a Carlos Pizarro Leongómez, el comandante general del M-19, y a Gerardo Ardila, Rafael Vergara y Rubén Carvajalino. Del lado del gobierno estuvo Rafael Pardo, consejero presidencial para la paz. Uno de los episodios más nítidos de esa negociación ocurrió los días 3 y 4 de marzo de 1989 en el hotel Camino Real de Ciudad de México, donde las delegaciones se reunieron para avanzar en el temario. La reunión fue interrumpida por la noticia del asesinato del dirigente de la Unión Patriótica José Antequera en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: la guerra sucia contra la izquierda desmovilizada estaba en pleno curso y el M-19 estaba a punto de entrar en ese terreno minado.

El proceso se estructuró en tres etapas —distensión, transición e incorporación— y culminó con el Acuerdo de Corinto, firmado el 9 de marzo de 1990, y con la formalización de la paz el 11 de marzo. Cerca de novecientos guerrilleros se desmovilizaron. La ceremonia de entrega de armas se realizó en Santo Domingo, corregimiento del municipio de Corinto, en el Cauca. El documento fue suscrito por Barco, Pardo, Pizarro como comandante general y Navarro como comandante del M-19. Pizarro envolvió su pistola calibre 45 en una bandera de Colombia al depositarla. Fue el gesto de una organización que sabía escenificar sus tránsitos y que entendía la política como narrativa pública.

La candidatura por herencia trágica

Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990, a bordo de un avión, por un adolescente contratado por el líder paramilitar Carlos Castaño. Según el propio Castaño explicó años más tarde, la motivación fue la relación histórica entre el M-19 y el cartel de Medellín: para él y sus socios, una eventual victoria de Pizarro equivalía a una victoria de Pablo Escobar. Pizarro ya era candidato presidencial y había obtenido, apenas semanas antes, la tercera votación en las elecciones para la Alcaldía de Bogotá, lanzadas el mismo mes de la desmovilización. Su ascenso electoral era vertiginoso; su asesinato interrumpió una carrera que apuntaba muy alto.

Navarro era el segundo al mando y miembro de la Comandancia. Le correspondió lo más difícil: contener el estallido. En las inmediaciones de la clínica, calmó personalmente a los exaltados, declaró que la prioridad era "enterrar a Carlos en paz" y llamó al presidente Barco para pedir apoyo gubernamental. La decisión —no responder con violencia, no romper con el proceso, no acusar frontalmente al Estado— definió el rumbo del M-19 desmovilizado y probablemente salvó la paz recién firmada. Asumió entonces la conducción del movimiento y fue postulado como candidato presidencial en reemplazo de Pizarro.

En las elecciones de mayo de 1990 obtuvo la votación más alta conseguida hasta entonces por un candidato de izquierda en Colombia. Perdió, pero abrió una puerta que llevaba clausurada desde el frustrado triunfo de la Anapo en 1970.

La Constituyente

Ese mismo año se convocó a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que refundara el pacto político colombiano. La Alianza Democrática M-19 —el vehículo electoral en el que el exM-19 se transformó— obtuvo alrededor del 22,5% de la votación, cerca de un tercio de los escaños. Fue el resultado más alto obtenido por una fuerza de izquierda en la historia electoral colombiana. Navarro fue nombrado copresidente de la Asamblea junto con Álvaro Gómez Hurtado, hijo del caudillo conservador Laureano Gómez, y Horacio Serpa Uribe, representante del liberalismo. Los tres presidieron simultáneamente, con el presidente César Gaviria Trujillo y su ministro Humberto de la Calle como respaldo institucional.

La imagen tiene algo de imposible: Navarro compartía la presidencia con el hombre que su propia organización había secuestrado tres años antes. Esa convivencia entre figuras tan distintas fue leída en el momento como una promesa de reconciliación nacional. La Constitución de 1991 que resultó de esos meses de trabajo es, con sus excesos garantistas y su longitud, uno de los pasos modernizadores más importantes que dio el país en el siglo XX: introdujo la tutela, la Corte Constitucional, la elección popular de gobernadores, el reconocimiento de la diversidad étnica y un catálogo de derechos que reconfiguró la relación entre el Estado y los ciudadanos.

La lista y la caída

En la construcción de la lista de la AD M-19 a la Constituyente ocurrió algo que la historiografía política del país ha discutido menos de lo que merecería: la dirigencia, encabezada por Navarro, decidió incluir a un representante de las autodefensas del Magdalena Medio. La justificación fue la lógica de "la paz incluyente". La decisión se tomó a espaldas de la militancia y los seguidores del movimiento; muy pocos colombianos supieron entonces qué había detrás de ese nombre. Para un movimiento que apenas un año antes había sido guerrilla, incluir en su lista a un vocero del paramilitarismo era una operación de alto riesgo político y ético.

El costo llegó pronto. La AD M-19, que había obtenido 22,5% en la Constituyente, se desplomó al 3% en las elecciones legislativas de 1991. La caída admite varias lecturas —el fin del efecto de novedad, la reconfiguración del sistema de partidos tras la nueva Constitución, la persecución violenta a los cuadros desmovilizados—, pero el desgaste de una imagen democrática construida sobre la promesa de renovación y luego manchada por acuerdos opacos fue, con seguridad, parte de la cuenta. Lo que en la Constituyente había parecido un tercio del país girando hacia la izquierda democrática, doce meses después había vuelto a ser una minoría marginal.

El político largo

A partir de 1991, Navarro ingresó plenamente al circuito institucional. Fue ministro, congresista, alcalde de Pasto en su Nariño natal y gobernador del mismo departamento. Su carrera cubre más de tres décadas de política electoral en las que fue construyendo una figura pública que sobrevivió al colapso de la AD M-19 y que se mantuvo activa en las sucesivas plataformas de la izquierda democrática colombiana. Alcanzó lo que casi nadie en su corriente logró: durar. Duró como referente, duró como votante estable, duró como articulador. Fue, durante años, uno de los pocos rostros de la vieja insurgencia que el país podía llamar por su nombre sin asociarlo automáticamente a la guerra.

En esa duración también hay una pérdida. Navarro nunca volvió a estar cerca del poder presidencial que rozó en 1990. La izquierda colombiana, cuando finalmente llegó a la Casa de Nariño en 2022 con Gustavo Petro —otro exM-19—, lo hizo por caminos distintos a los que Navarro había abierto y con un liderazgo generacional y estilísticamente ajeno al suyo. La ironía histórica es contundente: el arquitecto del puente institucional entre la insurgencia y la democracia vio a otro atravesar ese puente hasta el final.

Su red

Ninguna biografía política se explica sola. La de Navarro se lee a través de un mapa de nombres, lugares e ideas.

El núcleo fundador del M-19. Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina —los tres exFARC— fueron los compañeros con los que compartió la primera dirección en Cali en 1973. Junto a ellos, Hélmer Marín, Andrés Almarales y otros formaron una dirigencia que funcionaba por consenso. Esa cultura de decisión horizontal marcó a Navarro y explica, en parte, su posterior facilidad para negociar: venía de una organización acostumbrada a discutir hasta acordar.

Carlos Pizarro Leongómez. Es la figura que más pesa en su trayectoria. Compañero en la Comandancia, cofirmante de la paz, candidato asesinado cuya herencia electoral heredó. Toda la carrera política pos-1990 de Navarro se despliega sobre la ausencia de Pizarro. Sin ese asesinato el 26 de abril, el candidato del M-19 hubiera sido otro; sin él, la historia de la izquierda democrática colombiana probablemente también.

Los interlocutores del Estado. Virgilio Barco, presidente; Rafael Pardo, consejero para la paz; César Gaviria, sucesor de Barco y arquitecto de la Constituyente; Humberto de la Calle, ministro clave del proceso. Con todos ellos Navarro construyó una relación funcional que le permitió operar dentro del sistema sin dejar de ser reconocible como oposición. Con Álvaro Gómez y Horacio Serpa compartió la copresidencia de la Constituyente en 1991, en una convivencia que parecía imposible.

Los adversarios. Carlos Castaño, quien ordenó el asesinato de Pizarro, encarna la fuerza contraria: el paramilitarismo que castigó con violencia la vía política de la izquierda armada. El atentado con granada de 1985 formó parte de esa misma lógica de sectores que preferían la derrota militar a la negociación.

Los compañeros que siguieron su camino. Rosemberg Pabón, Everth Bustamante, Otty Patiño y otros dirigentes del M-19 desmovilizado tomaron rutas diversas: algunos hacia el uribismo, otros hacia la izquierda petrista, otros hacia la política regional o la vida civil sin militancia. La dispersión posterior del capital político del M-19 es una de las claves para entender por qué la AD M-19 no logró consolidarse como fuerza duradera.

Los lugares. Pasto y Nariño, la tierra a la que volvió como alcalde y gobernador, donde su biografía cierra el círculo entre el ingeniero joven que salió a organizar una guerrilla nacional y el político maduro que administró su departamento de origen. Cali, la ciudad donde el M-19 se fundó. Santo Domingo de Corinto, donde el movimiento entregó las armas. Bogotá y Ciudad de México, los escenarios de la negociación. Y, más borrosos pero presentes, los Países Bajos, país de la familia Wolff de la que Navarro heredó el apellido que lo distinguía.

Las ideas. Rousseau más que Marx, la democracia entendida como igualdad y participación, la sospecha de que sin apertura del sistema político la violencia era la única política posible, y —después de 1990— la convicción explícita de que sin armas y con apoyo ciudadano es como se hace la paz. Ese conjunto de ideas no era propiamente un programa; era más bien una gramática, una forma de pensar la relación entre poder, pueblo e instituciones que Navarro tradujo primero en insurgencia y luego en política electoral.

Su huella

Navarro Wolff dejó tres cosas al país. Cada una con su matiz.

La primera es la Constitución de 1991. No la escribió él solo —difícilmente podría atribuírsele autoría exclusiva de un texto redactado por decenas de constituyentes—, pero sin su copresidencia y sin el bloque de la AD M-19 con un tercio de la asamblea, el resultado habría sido otro. La Constitución que rige a Colombia desde hace más de tres décadas es, entre otras cosas, el precipitado institucional de una paz negociada; y esa paz tuvo en Navarro a uno de sus dos firmantes principales por el lado insurgente.

La segunda es una prueba de concepto. Antes de 1990, la izquierda colombiana que había optado por las armas no tenía evidencia empírica de que la vía electoral fuera realmente viable: la Unión Patriótica venía siendo exterminada y el fraude de 1970 seguía siendo el trauma fundacional. El resultado del M-19 en las elecciones presidenciales de 1990 y luego en la Constituyente demostró que era posible desmovilizarse, participar y obtener representación relevante. Esa prueba, incompleta y frágil, fue el antecedente que hizo pensable —tres décadas después— el proceso con las FARC. Sin el precedente del M-19, La Habana habría tenido menos gramática histórica sobre la cual apoyarse.

La tercera es una advertencia. La caída del 22,5% al 3% en un año, y la inclusión clandestina de un representante paramilitar en la lista, muestran los límites de una transición construida a través de acuerdos de élite y decisiones tomadas por fuera de la deliberación pública. Navarro reclamaba una democracia de participación, pero llegó al poder político mediante prácticas que la contradecían: negociaciones reservadas, pactos opacos, lógicas verticales. Esa contradicción no es exclusivamente suya —es la tensión estructural entre la política de la insurgencia, acostumbrada a decidir en núcleos pequeños, y la política electoral, que exige otras legitimidades—, pero se expresó en su figura con especial nitidez porque él era el único con capital suficiente para haberla resuelto de otro modo.

Su lugar en la memoria colombiana es, por eso, ambivalente. Para quienes creen en la desmovilización como camino, Navarro es una prueba viviente de que sí se puede: un exguerrillero mutilado por la guerra que, en lugar de retirarse o radicalizarse, condujo a su organización hacia la política, gobernó su departamento, redactó una constitución. Para quienes miran con desconfianza a las élites, es un ejemplo de cómo la insurgencia, al integrarse al sistema, acaba pareciéndose demasiado a lo que había venido a combatir: acuerdos entre poderosos, listas cocinadas en despachos, silencios estratégicos.

Ambas lecturas son ciertas y ambas son parciales. La biografía real de Navarro incluye la coherencia de nunca haber demandado al Estado por su mutilación —pidió perdón, como parte que había sido de la guerra, a las víctimas del conflicto—, y también la incoherencia de haber puesto a un paramilitar en la papeleta de un movimiento que aspiraba a democratizar el país. Incluye el gesto sereno de "enterrar a Carlos en paz" en abril de 1990, cuando la venganza habría sido comprensible, y el pragmatismo de élite que ese mismo año lo llevó a alianzas que nunca discutió con sus bases.

Colombia sale ganando cuando reconoce a sus figuras en toda su complejidad. Navarro Wolff no fue el revolucionario que el país no tuvo ni el pragmático puro que la política institucional prefiere. Fue algo más interesante: el político que hizo posible que un movimiento armado se transformara en fuerza constitucional sin dejar de ser reconocible como oposición, y que pagó por esa hazaña un precio que incluyó su cuerpo, la muerte de su compañero de mando y la pérdida progresiva del capital político que alguna vez tuvo cerca. En la historia de las transiciones latinoamericanas del siglo XX, esa combinación —insurgente convertido en constituyente sin haber ganado la guerra ni renunciado a la política— tiene muy pocos precedentes. La transición colombiana del M-19 a la democracia es, todavía hoy, la más lograda que produjo el país. Y su nombre es Antonio Navarro Wolff.