La toma y retoma del Palacio de Justicia (1985)

La toma y retoma del Palacio de Justicia

Entre las once y media de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985 y la tarde del jueves 7, un comando de treinta y cinco guerrilleros del M-19 asaltó el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar de Bogotá y las Fuerzas Militares colombianas lo recuperaron a sangre y fuego. Del edificio salieron cerca de cien muertos —entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente Alfonso Reyes Echandía—, un puñado de sobrevivientes que reaparecieron desaparecidos y una certeza incómoda que Colombia tardaría treinta años en admitir: durante veintiocho horas, el poder civil dejó de mandar sobre la fuerza pública. La toma clausuró el proceso de paz de Belisario Betancur, dinamitó al M-19 como fuerza militar con pretensión política y, por vías que solo se irían iluminando con los años, terminó favoreciendo al hombre que había financiado la operación: Pablo Escobar. Cuatro décadas después, cinco cuerpos siguen sin aparecer y la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo que suplir desde afuera el juicio que Colombia no supo darse.

El proceso de paz que se estaba rompiendo

Belisario Betancur Cuartas llegó a la Casa de Nariño en agosto de 1982 con una apuesta inédita: negociar con las guerrillas. El 19 de noviembre de ese año, el Congreso sancionó la Ley 35, una amnistía amplia por delitos políticos que benefició a militantes de las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, el ADO, el PLA y el ORP. El propio presidente afirmaría en 1984 que cerca de dos mil guerrilleros habían salido de la clandestinidad al amparo de esa ley.

La respuesta no fue unánime. Tres días después de firmada la amnistía, el comandante del M-19 Jaime Bateman la rechazó públicamente: no bastaba con perdones, dijo, hacían falta reformas políticas y sociales de fondo. El grupo volvió a la guerra a comienzos de 1983, empujado también por el reciente armamento adquirido, por el aire favorable de las guerrillas centroamericanas y por apoyos externos.

Aun así, el gobierno insistió. El 28 de marzo de 1984 se firmaron los Acuerdos de Cese al Fuego, Tregua y Paz con las FARC —los llamados Acuerdos de La Uribe, once puntos que incluían el alto el fuego y una Comisión de Verificación—, y en el marco de esos pactos la guerrilla comunista anunció su tránsito hacia un movimiento político legal que cristalizaría en la Unión Patriótica. El 24 de agosto de ese año, el M-19 firmó los Acuerdos de Corinto, que establecían un cese bilateral del fuego; el EPL suscribió acuerdos equivalentes.

La tregua vivía sitiada desde dentro. El ministro de Defensa, general Fernando Landazábal Reyes, contrapunteaba públicamente al presidente cuando este pedía a las Fuerzas Armadas colaborar con la paz, y defendía a la institución armada frente a las denuncias sobre sus vínculos con los paramilitares del MAS en el Magdalena Medio. La paz de Betancur nunca se convirtió en propósito estatal: ningún partido la respaldó de manera consistente, sectores fundamentales del poder —encabezados por la cúpula militar— actuaron como bloque opositor, y el presidente terminó gobernando sin aliados internos suficientes. Coexistieron así, en los mismos meses, los diálogos y una estrategia de contrainsurgencia que algunos han llamado la guerra dentro de los diálogos de paz.

Sobre los guerrilleros en tregua caían las señales de esa guerra paralela. El vocero del M-19 Carlos Toledo Plata fue asesinado por paramilitares del MAS. El 23 de mayo de 1985, en una cafetería de Cali, Antonio Navarro Wolff y Carlos Alonso Lucio —dirigentes del M-19 amparados por el cese al fuego— sobrevivieron a un atentado con granada de fragmentación. En febrero de ese año, el gobierno había prohibido un congreso del M-19 en Los Robles al que la organización había invitado a delegados de sindicatos y partidos. La confianza se disolvía.

En junio de 1985, el M-19 dio por terminada la tregua. La primera consecuencia militar fue una toma guerrillera en el Eje Cafetero el 28 de junio. La segunda, cinco meses después, tendría lugar frente a la Casa de Nariño.

La operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre

El asalto se llamó Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. La dirigió Luis Otero Cifuentes, con Andrés Almarales como figura central; en el comando estaban también Alfonso Jacquin, Guillermo Elvecio Ruiz, Ariel Sánchez, José Domingo Gómez y otra treintena de combatientes. El objetivo declarado era someter al presidente Betancur a un juicio político por el incumplimiento de los acuerdos de paz; el propósito profundo, en la versión posterior de algunos participantes, era forzar al gobierno a reanudar las negociaciones.

Había, sin embargo, una capa que el M-19 negó y que la evidencia posterior iría descubriendo. Pablo Escobar Gaviria había ofrecido financiar la operación con una condición muy precisa: dos de sus hombres debían acompañar a los guerrilleros para quemar los archivos de la Corte Suprema relativos a la extradición y para asesinar a los magistrados que apoyaban el tratado con Estados Unidos. Los comandantes Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina rechazaron la exigencia de los sicarios acompañantes, pero Iván Marino sí aceptó los dos millones de dólares que Escobar puso sobre la mesa. El testimonio de Virginia Vallejo, dado años después y confirmado en parte por la Comisión de la Verdad, fijó ese vínculo. Bateman, antes de morir, había estado comprometido con restablecer las buenas relaciones con Escobar y el cartel de Medellín.

Las Fuerzas Militares no ignoraban del todo el peligro. Tenían información de inteligencia sobre la organización de un grupo especial del M-19 en Bogotá. La alerta había estado activa durante la visita del presidente francés François Mitterrand a Colombia; cuando esa visita transcurrió sin incidentes, la guardia se relajó. El 6 de noviembre el comandante de la Brigada XIII acababa de regresar de una comisión al exterior. La amenaza estaba diagnosticada, pero no atendida.

A las 11:30 de la mañana, un camión y varias camionetas irrumpieron por el sótano del Palacio de Justicia. En pocos minutos, el comando controló la sede compartida por la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Adentro había alrededor de trescientos cincuenta rehenes: magistrados, magistrados auxiliares, abogados asistentes, empleados administrativos, celadores, choferes, la ascensorista, visitantes y los trabajadores de la cafetería. Entre estos últimos —figuras cuyos nombres quedarían marcados en la memoria colombiana— estaban Carlos Augusto Rodríguez Vera, administrador; Cristina del Pilar Guarín Cortés, cajera interina; los meseros Héctor Jaime Beltrán Fuentes y Bernardo Beltrán Hernández; Gloria Estella Lizarazo Figueroa, empleada; David Suspez Celis, chef; y Luz Mary Portela León, empleada de servicios generales.

El M-19 exigió que el presidente Betancur se presentara ante un tribunal improvisado en la propia sede. Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte, tomó el teléfono e imploró que el gobierno lo dejara hablar con el mandatario y que se ordenara el cese al fuego. La llamada, transmitida en directo por radio, no fue atendida.

Veintiocho horas: la decisión de no negociar

Betancur tomó tres decisiones cuya suma marcaría el desenlace: enviar al Batallón Guardia Presidencial y a las unidades de la Brigada XIII a recuperar el edificio, no negociar con el M-19 y no atender el llamado directo de Reyes Echandía. Formalmente mantenía abierta una hendija: aceptaría un diálogo condicionado a que los guerrilleros entregaran el Palacio, liberaran rehenes y aceptaran salir al exterior sin compensación económica. Cuando el M-19 le pidió el 7 de noviembre que enviara a su hermano Jaime Betancur Cuartas como mediador, el presidente reafirmó que actuaría con la fuerza pública antes que dar la impresión de negociar con terroristas.

Una grabación de las comunicaciones internas del operativo, captada por radioaficionados y publicada el 20 de junio de 1986 por El País de Madrid, mostró que el gobierno descartó cualquier negociación y dio luz verde a los planes militares en la madrugada del 7 de noviembre. Fuentes del propio gobierno matizarían que Betancur distinguía entre no negociar y mantener una posibilidad remota de diálogo. La distinción, sobre el terreno, no cambió nada.

El operativo militar fue devastador y descoordinado. Tanques Cascabel entraron al edificio a las pocas horas del asalto. El fuego cruzado entre unidades del Ejército y la Policía —tropas propias disparando hacia sectores donde estaban sus propios soldados— quedó consignado en las conversaciones interceptadas. El incendio, de origen todavía disputado, consumió el cuarto piso donde el M-19 concentró a magistrados como rehenes. Alfonso Reyes Echandía murió allí. También Manuel Gaona Cruz y Carlos Medellín Forero, entre los once magistrados de la Corte Suprema que perdieron la vida. En el conteo final aparecieron además tres magistrados auxiliares, doce auxiliares de magistrados de la Corte, un magistrado auxiliar del Consejo de Estado, dos abogados asistentes de ese tribunal, cuatro auxiliares más, tres choferes, dos celadores, una ascensorista, tres visitantes, once militares y treinta y cinco guerrilleros.

Sobre el mando de la operación pesa una ambigüedad constitutiva que ninguna investigación ha terminado de despejar. Una versión sostiene que el presidente no ordenó el ataque ni su desenlace y que, en la práctica, los militares actuaron con una autonomía tal que equivalió a un cuasi-golpe de Estado. Militares que participaron en la retoma han afirmado lo contrario: que recibieron órdenes precisas y puntuales invocando la cadena de mando que llegaba al presidente de la República. Ambas versiones apuntan a la misma zona gris: Betancur adoptó las decisiones estratégicas —enviar tropas, no negociar, no hablar con Reyes— y luego perdió, o cedió, la conducción táctica sobre unos mandos que la ejercieron sin contrapeso. Esa ambigüedad no es un accidente narrativo; es el rasgo político central del episodio.

La Casa del Florero: los sobrevivientes que no sobrevivieron

Frente al Palacio, sobre la esquina nororiental de la Plaza de Bolívar, el Museo de la Casa del Florero —donde se conserva la reliquia del 20 de julio de 1810— fue convertido en puesto de mando. Allí instaló su cuartel el general Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII. Y allí, a medida que los rehenes eran evacuados durante y después del combate, la Inteligencia Militar los separaba entre víctimas y sospechosos.

La sospecha recayó sobre los trabajadores de la cafetería. Se creía que habían introducido armas, alimentos y pertrechos al M-19 en los días previos. El grupo de nueve personas —Rodríguez Vera, Guarín Cortés, los dos Beltrán, Lizarazo, Suspez, Portela y otros— fue retenido en la Casa del Florero y trasladado después a instalaciones militares, entre ellas el Cantón Norte y la Escuela de Caballería de Usaquén. En esos lugares hubo torturas. De allí, muchos no volvieron.

Con ellos desapareció Irma Franco Pineda, guerrillera del M-19 que salió con vida del Palacio bajo escolta militar y nunca reapareció. Salió también, con vida, el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Horacio Urán, herido pero caminando; su cuerpo apareció después dentro del edificio, con un tiro en la cabeza. En total, cerca de una docena de personas fueron vistas salir del Palacio bajo custodia oficial y luego desaparecieron.

Los nombres del listado de sospechosos que se manejaba en la Casa del Florero involucraban a altos mandos: el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería que dirigió el asalto blindado; el coronel Sánchez Rubiano; el propio Arias Cabrales. La coordinación entre ese mando operativo y los aparatos de inteligencia que decidieron el destino de los detenidos es el eje que las investigaciones judiciales posteriores tratarían de reconstruir.

Los restos de Cristina del Pilar Guarín Cortés fueron entregados a su familia en septiembre de 2016, treinta y un años después de la desaparición, tras un trabajo conjunto de la Fiscalía y Medicina Legal. Otros cuerpos han ido apareciendo, algunos identificados por error dentro de tumbas oficiales del propio Palacio. Cinco personas siguen figurando como desaparecidas.

Lo que la operación produjo

En las horas siguientes a la retoma, el gobierno construyó y difundió con rapidez una versión oficial: una operación exitosa de rescate frente a un ataque terrorista financiado con oscuros propósitos. Los medios de comunicación fueron silenciados durante los combates —la transmisión de radio se cortó por orden gubernamental— y la narrativa que se instaló minimizó el fuego cruzado, atribuyó el incendio al M-19 sin más matices y omitió el capítulo de los detenidos que salían del edificio y no llegaban a ninguna parte. Hubo también, tras los hechos, usurpación del poder judicial y abusos en el manejo de las pruebas y los cadáveres.

El M-19 quedó política y militarmente arruinado. La imagen de guerrilla urbana con aire de Robin Hood, cultivada desde el robo de la espada de Bolívar en 1974 y el asalto al Cantón Norte en 1979, se derrumbó frente a la muerte de los magistrados más respetados del país. La organización solo admitiría el episodio como un error militar; en términos políticos, fue un suicidio del que tardaría cinco años en salir mediante la desmovilización de 1990. Iván Marino Ospina había muerto en agosto de 1985, antes de la toma; Álvaro Fayad caería en marzo de 1986.

Para el gobierno Betancur el desenlace fue distinto pero paralelo. La iniciativa de paz quedó sepultada en las ruinas del edificio. Los militares recuperaron el terreno en la definición de la política de defensa y seguridad, y en las relaciones civiles-militares el fiel se movió, por el resto de la década, hacia el lado del uniforme. El presidente mantuvo un silencio prolongado sobre su propia responsabilidad; solo a finales de 2015, treinta años después, pediría perdón públicamente en un acto realizado en Ibagué. Ese mismo año Juan Manuel Santos, en nombre del Estado colombiano, ya había ofrecido disculpas a las víctimas.

Hubo un beneficiario cuyo nombre no figuraba entre los protagonistas visibles. Pablo Escobar había financiado una operación cuyo desenlace explícito rechazó, pero cuyo efecto estructural terminó cumpliendo los objetivos que él perseguía. La Corte Suprema diezmada en el incendio se había resistido a declarar inexequible el tratado de extradición con Estados Unidos: dictaba autos inhibitorios ante los recursos de los abogados del narcotráfico. La Corte renovada declaró en diciembre de 1986 inexequible la Ley 27 de 1980, que ratificaba el tratado.

El argumento formal fue de forma: la ley había sido sancionada por el ministro de Gobierno Germán Zea Hernández en función de presidente encargado, no por el titular. Muchos observadores interpretaron entonces —y siguen interpretando— que el fallo respondió menos a razones jurídicas que al temor por la muerte de los magistrados y a las amenazas continuas de los extraditables.

Las causas detrás del acontecimiento

El Palacio de Justicia no cabe en la locura de un comando mal calculado ni en el abuso de una cúpula militar desbocada. Actuaron causas de fondo y detonantes inmediatos, anudados en el propio edificio.

La causa estructural más pesada fue la fragilidad del proceso de paz de Betancur. Un gobierno sin partido propio, con los liberales fríos y los conservadores divididos, negociaba con guerrillas activas mientras su ministro de Defensa lo contradecía en público y los aparatos de inteligencia toleraban —cuando no auspiciaban— la acción paramilitar contra los amnistiados. Los asesinatos de dirigentes del M-19 en tregua, el atentado contra Navarro Wolff en mayo, la prohibición del congreso de Los Robles en febrero, la ruptura formal de la tregua en junio: cada uno de esos hitos fue estrechando el campo hasta hacer previsible una acción armada de gran envergadura.

La segunda causa estructural fue la autonomía acumulada de las Fuerzas Militares dentro del régimen del Frente Nacional y sus prolongaciones. Décadas de estado de sitio habían formado un estamento castrense acostumbrado a decidir sin consulta y a interpretar los intentos de paz civil como una amenaza a su misión. Cuando los planes militares se pusieron en marcha en la madrugada del 7 de noviembre, el mando operativo actuó según su propia lógica, y el presidente —fuera por convicción, por debilidad o por cálculo de imagen— no intervino para modificarla. El ataque a Casa Verde en diciembre de 1990, ya bajo Virgilio Barco Vargas y su sucesor, mostraría que el patrón se prolongaba.

Entre los detonantes coyunturales, tres son inseparables. La ofensiva de Escobar y el cartel de Medellín contra el tratado de extradición, que en 1985 había pasado ya a una fase abierta de terrorismo contra jueces y magistrados; el ministro de Justicia Enrique Parejo González vivía bajo amenaza permanente. La decisión del M-19 de aceptar el financiamiento del cartel, aunque rechazara las condiciones más lesivas: esa alianza silenciosa, aun parcial, contaminó estratégicamente la operación. Y la propia mecánica de una toma pensada como un juicio simbólico al presidente y no como un combate de aniquilamiento: el M-19 no calculó que el gobierno, en un ejercicio de fuerza más que de deliberación, prefería la destrucción del Palacio a la humillación de negociar.

Las cuentas pendientes: justicia nacional e internacional

La justicia colombiana tardó décadas en abrir los expedientes con seriedad. En 2008, con el testimonio de Virginia Vallejo solicitado en el caso reabierto, y en 2009, con la Comisión de la Verdad —creada por la propia Corte Suprema— confirmando la mayoría de los hechos ocurridos en la Casa del Florero, empezó a moverse la maquinaria penal.

El 9 de junio de 2010, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado condenó en primera instancia al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega a treinta años de cárcel por la desaparición forzada de Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera. En 2011, el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado a treinta y cinco años por la desaparición forzada de cinco de las doce víctimas del Palacio. Arias Cabrales cumpliría su condena, que quedó en firme, recluido en el Cantón Norte —el mismo lugar donde parte de los desaparecidos fue conducida.

El caso de Plazas Vega tomó otro curso. En 2015, la Corte Suprema de Justicia revocó su condena y ordenó su libertad. Había pasado ocho años en prisión. La revocatoria se ha citado desde entonces como emblema de la impunidad que en Colombia ha protegido a los mandos vinculados con estructuras paramilitares y con operativos de guerra sucia.

Los militares involucrados, en su versión, han argumentado que actuaron bajo órdenes directas del comandante del Ejército —el general Rafael Samudio Molina— y del presidente de la República, y que fueron abandonados por el Estado cuando la justicia los procesó individualmente. Ese argumento contiene una verdad incómoda para el poder civil: si la cadena de mando existía y funcionaba, la responsabilidad no se agota en los coroneles y los generales; y si no existía, entonces el episodio confirma la tesis de la autonomía militar en tiempo real.

Ante la insuficiencia de la justicia nacional, el caso llegó al Sistema Interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violación a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, y ordenó reparaciones a las familias de las víctimas. En ese fallo, y en varios otros del mismo período referidos al conflicto armado, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado por el involucramiento de sus agentes en violaciones graves de derechos humanos y por los marcos jurídicos que ampararon la actuación de grupos paramilitares. La sentencia interamericana fue el mecanismo por el cual el Estado colombiano se vio obligado a reconocer lo que la propia justicia interna había tardado en admitir.

Por qué el Palacio sigue importando

El Palacio de Justicia no es un episodio cerrado. Cinco personas siguen desaparecidas. La versión oficial de aquellas veintiocho horas convivió durante años con los relatos parciales de los sobrevivientes, con las investigaciones periodísticas, con los expedientes judiciales y con las revelaciones sobre el financiamiento de Escobar. Cada uno de esos frentes rectificó una pieza; ninguno ha cerrado el cuadro.

El caso quedó como un dilema político permanente: transitó por juzgados penales, altas cortes, la Comisión de la Verdad, el sistema interamericano; ninguno de esos escenarios ofreció un cierre suficiente. Como advertencia sobre las relaciones entre el poder civil y el militar en Colombia, dejó un precedente que ninguna Constitución posterior —ni siquiera la de 1991— ha desmontado del todo: la posibilidad de que, en la hora crítica, el mando civil ceda la conducción real a los uniformados y luego se refugie en el silencio.

Belisario Betancur pidió perdón treinta años tarde. Juan Manuel Santos lo hizo en nombre del Estado. La Corte Interamericana obligó a reparar a las familias. Plazas Vega salió libre. Arias Cabrales cumple condena en el Cantón Norte. Los magistrados murieron dos veces: primero en el incendio, después en el olvido administrativo. Los trabajadores de la cafetería entraron esa mañana a servir tinto y salieron del Palacio bajo custodia oficial hacia el Cantón Norte y la Escuela de Caballería. De allí no volvieron.