Andrés Almarales Manga

El hijo del bananero

Nació en la costa Caribe colombiana, séptimo hijo de un campesino bananero sin tierra. La biografía escueta de ese arranque —un jornalero de la zona bananera del Magdalena, una familia numerosa, un muchacho más entre los hijos de trabajadores que no eran dueños del suelo que sembraban— condensa el paisaje social del que salió una parte considerable de la izquierda popular colombiana de mediados del siglo XX: la costa de las huelgas de United Fruit, la memoria vivísima de la masacre de las bananeras de 1928, un mundo donde la palabra "sindicato" tenía todavía el peso de la sangre.

De ese origen Almarales salió a Bogotá y se hizo abogado laboralista. La trayectoria es en sí misma un dato político: los abogados laboralistas de aquellos años eran, en su gran mayoría, cuadros orgánicos de organizaciones sindicales, cercanos a los partidos y movimientos que disputaban el control de las centrales obreras. El paso del hijo del bananero al defensor letrado de los trabajadores no era ascenso individual: era conversión de un origen de clase en oficio militante. La oratoria —esa oratoria caribeña de plaza abierta, de vocativo largo y remate en imagen— fue su instrumento profesional antes de ser su instrumento revolucionario.

En Bogotá se integró a la Alianza Nacional Popular (ANAPO), el movimiento fundado por el general Gustavo Rojas Pinilla en los años sesenta para agrupar a los desheredados de los dos partidos tradicionales y a los sectores populares que el Frente Nacional había dejado sin representación. La ANAPO fue, durante esa década, el gran polo del descontento urbano: no tenía un programa articulado para las zonas devastadas por la Violencia rural, pero capitalizaba el malestar de los barrios populares de las grandes ciudades y la memoria de la breve modernización rojista. Almarales fue congresista popular por esa vertiente. La cronología exacta entre su labor parlamentaria y su tránsito posterior a la clandestinidad es difícil de fijar, pero lo esencial está en la pertenencia: fue anapista antes de ser guerrillero, y esa filiación explica buena parte de lo que vino después.

El fraude que fundó un nombre

El 19 de abril de 1970, Gustavo Rojas Pinilla se presentó por la ANAPO a las elecciones presidenciales y, según los primeros conteos parciales, aventajaba al candidato oficialista del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Durante esa noche electoral, la transmisión de resultados se interrumpió —distintas versiones la atribuyen a una decisión del presidente saliente Carlos Lleras Restrepo o a un apagón general de energía eléctrica en momento sospechoso— y a la mañana siguiente se proclamó el triunfo de Pastrana. Para los seguidores de Rojas y para amplios sectores de la izquierda, la elección había sido robada.

De ese agravio nació, cuatro años después, el nombre de una organización armada. El Movimiento 19 de Abril se llamó así para inscribir en su denominación la fecha del fraude y con ella la denuncia de la naturaleza cerrada del régimen del Frente Nacional. La organización se conformó hacia 1973 y 1974 con dos afluentes principales: cuadros radicalizados que provenían de la ANAPO —entre ellos el senador Carlos Toledo Plata y el propio Almarales— y guerrilleros escindidos de las FARC, como Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina. A esa confluencia se sumaron militantes de otras corrientes de la izquierda universitaria y sindical.

La primera conferencia fundacional se celebró en Cali en 1973 y reunió a alrededor de veinticinco personas. Allí se constituyó la primera dirección del movimiento, integrada, entre otros, por Bateman, Ospina, Fayad, Hélmer Marín y Andrés Almarales. La conducción funcionaba colectivamente, por consenso, sin un jefe único reconocido, y estaba dividida en un núcleo operativo y un núcleo político. Almarales pertenecía al segundo: era hombre de la palabra y de la línea, no de la acción armada directa. Esa distinción interna del M-19 —el ala política y el ala militar— resultará decisiva para leer su papel quince años después.

El movimiento debutó en enero de 1974 con el robo de la espada de Simón Bolívar en la Quinta de Bolívar de Bogotá, precedido de una campaña de anuncios enigmáticos en la prensa. Fue una acción menor en términos militares y colosal en términos simbólicos: puso al M-19 en el mapa del país como una guerrilla distinta, urbana, capaz de hablar el idioma de los medios y de la imagen. Almarales, hombre de foro y no de asalto, estaba entre quienes habían diseñado ese lenguaje.

La palabra como arma

Hay un rasgo que atraviesa las evocaciones posteriores de Almarales y conviene mirar de cerca, porque explica su lugar interno en el M-19 y su influencia sobre una generación que lo sobrevivió. Almarales era, sobre todo, un orador. En la costa Caribe la oratoria política es un género con reglas propias: heredera del sermón, la arenga liberal decimonónica y el pregón, se apoya en el ritmo, la anáfora, el manejo de la respiración y la complicidad inmediata con la plaza. Los abogados laboralistas costeños de mediados de siglo, formados en tribunales y en asambleas de puerto, la llevaron al derecho y de allí a la política.

Cuando el M-19 salió de la ilegalidad en 1984 al calor de la tregua con Belisario Betancur, la oratoria fue una de las grandes fortalezas del movimiento, y dos líderes caribeños se destacaron especialmente. Uno era Almarales. Gustavo Petro —entonces un cuadro joven de la organización— reconocería después que su propia práctica de hacer discursos, central en su trayectoria política posterior, provenía en buena medida de la influencia de esos dos líderes costeños del M-19 muertos en el Palacio de Justicia. La observación es más significativa que anecdótica: ni Carlos Pizarro Leongómez ni Antonio Navarro Wolff, los rostros del M-19 que sí llegaron a la desmovilización y a la política legal, tenían esa misma capacidad de comunicación pública. La oratoria del M-19 legalizado bebió, cuando quiso hablarle al pueblo, de una escuela caribeña que ya estaba muerta.

En esa dimensión Almarales fue algo distinto de un simple dirigente: fue formador de estilo, referente de una manera de hacer política desde la palabra encendida, y su ausencia posterior dejó al M-19 con una plana mayor más técnica y menos plaza pública.

Los años del proyecto político

Durante la segunda mitad de los setenta el M-19 creció rápido. Sus acciones espectaculares —la toma de armas del Cantón Norte en 1979, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980— le dieron una popularidad y una atención nacional que ninguna otra guerrilla del momento lograba capitalizar en la misma medida, en parte por el carisma de Bateman, en parte por la espectacularidad simbólica de sus operaciones, en parte porque su discurso era menos dogmático que el de las guerrillas de raíz marxista-leninista clásica. La inspiración de los Tupamaros uruguayos —el ADN de guerrilla urbana, teatral, capaz de hablar el idioma de la ciudad— estaba presente desde el origen.

Almarales fue durante esos años uno de los rostros del ala política del movimiento. La composición misma del M-19 —cuadros radicalizados de la ANAPO, expulsados de las FARC y del Partido Comunista, militantes universitarios y sindicales— hacía que la conducción tuviera que negociar permanentemente entre dos vocaciones: la de partido provisionalmente en armas destinado a la lucha democrática, y la de ejército revolucionario destinado a alcanzar el poder o al menos a negociar desde una posición de fuerza militar. Esa tensión no se resolvió jamás. Almarales encarnaba visiblemente la primera.

Cuando Belisario Betancur llegó a la presidencia en 1982 y promulgó la ley de amnistía que benefició a guerrilleros de las FARC, el M-19, el ELN, el EPL, el PLA, la ORP y la ADO —el propio Betancur cifró en cerca de dos mil los amnistiados políticos excombatientes—, la cúpula del M-19 quedó dividida. Un sector, encabezado por Bateman antes de su muerte en 1983, sostenía que "la amnistía no es la paz": aceptaba la excarcelación de los presos pero exigía garantías políticas adicionales y no consideraba la amnistía como punto final del proceso. Otro sector empujaba más decididamente hacia la conversión en fuerza política legal.

El 24 de agosto de 1984, el M-19 firmó con el gobierno de Betancur los Acuerdos de Corinto, que incluyeron un cese bilateral del fuego. Almarales fue una de las figuras del ala política que respaldó y encarnó ese proceso. Durante los meses siguientes, el M-19 salió parcialmente de la clandestinidad, sus dirigentes hablaron en plazas y cámaras, y la oratoria caribeña de Almarales encontró su escenario más amplio. Fue el momento en que la vocación de partido pareció imponerse sobre la vocación de ejército.

Pero la tregua no cuajó. Las Fuerzas Armadas nunca aceptaron plenamente el proceso; los frentes del M-19 en el suroccidente sufrieron hostigamientos; sectores de la organización se sintieron traicionados por lo que interpretaron como incumplimientos gubernamentales. La tregua terminó formalmente en junio de 1985. El 28 de junio, un comando del M-19 realizó su primera acción armada post-tregua en el Eje Cafetero. La organización volvía a la guerra.

Corinto y su reverso

Aquí se abre la contradicción que la figura de Almarales carga sin resolver. Los mismos hombres que en agosto de 1984 habían firmado la tregua fueron, quince meses después, quienes planearon y ejecutaron la toma del Palacio de Justicia. Almarales entre ellos, en primera línea.

Reconstruir por qué exige mirar de cerca lo que ocurrió en la dirección del M-19 entre junio y noviembre de 1985. La ruptura de la tregua no significó un plan unificado: significó divisiones internas agudas sobre qué hacer, y una deriva en la que se combinaron el resentimiento por los incumplimientos gubernamentales, la voluntad de golpear políticamente al presidente Betancur y una serie de contactos con el narcotráfico que contaminarían para siempre la lectura de lo que vino.

Pablo Escobar ofreció financiar la operación del Palacio de Justicia con dos millones de dólares, condicionando el dinero a que dos de sus hombres acompañaran a los guerrilleros para quemar los archivos de extradición y para asesinar a los magistrados que apoyaban el tratado de extradición con Estados Unidos. Álvaro Fayad rechazó formalmente esa exigencia. Iván Marino Ospina también la rechazó en las condiciones planteadas, pero aceptó el dinero. Los testigos presenciales de las reuniones nunca escucharon a los guerrilleros comprometerse a quemar los archivos ni a matar magistrados; sin embargo, el dinero entró. Esa aceptación —de la que Almarales pudo o no ser plenamente consciente— pesará sobre la interpretación de la operación durante décadas.

La motivación política declarada del M-19 para tomarse el Palacio era someter al presidente Betancur a un juicio político por el incumplimiento de los compromisos de las negociaciones de paz y por la violación del acuerdo de cese al fuego firmado el año anterior. La operación se llamó Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Fue diseñada como una acción simbólica —tomar la Corte Suprema de Justicia y forzar allí un juicio moral al presidente— con una lógica análoga a la de la toma de la Embajada Dominicana cinco años antes: presión política máxima, cobertura mediática total, salida negociada.

Que esa lectura política conviva con la aceptación del dinero de Escobar constituye la contradicción central del episodio. No hay evidencia de que los guerrilleros hayan ido al Palacio a quemar los archivos de extradición ni a ejecutar a los magistrados extradicionistas por encargo del cartel; sí hay evidencia de que aceptaron plata cuyo origen contaminaba la operación. Almarales, comandante de la acción en el interior, cargó esa ambigüedad hasta el último minuto.

El 6 y el 7 de noviembre

A las 11:30 de la mañana del miércoles 6 de noviembre de 1985, un comando de aproximadamente treinta y cinco guerrilleros del M-19 asaltó el Palacio de Justicia, en el costado norte de la Plaza de Bolívar, frente al Capitolio Nacional y a pocos metros de la Casa de Nariño. La operación fue dirigida por Luis Otero Cifuentes y Andrés Almarales, con Alfonso Jacquin, Elvecio Ruiz, Ariel Sánchez, José Domingo Gómez y una treintena más de combatientes. Otero comandaba el operativo militar general; Almarales el mando político interior.

En cuestión de minutos los guerrilleros tenían control del edificio y varios centenares de rehenes, entre ellos magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados, visitantes y trabajadores de la cafetería. El presidente de la Corte, Alfonso Reyes Echandía, estaba entre ellos. La operación había sido pensada como un secuestro político, con la expectativa de una negociación mediada probablemente por el episcopado o por representantes internacionales, similar a la que en 1980 había permitido a los guerrilleros de la Embajada Dominicana salir del país rumbo a Cuba.

La respuesta del Estado fue de otra naturaleza. En cuestión de una hora el Ejército rodeó la plaza, tanques Cascabel entraron al primer piso del Palacio y comenzó una retoma militar que se prolongaría casi veintiocho horas. No hubo negociación política: el presidente Betancur delegó de facto el manejo del episodio en la cúpula militar. Las llamadas telefónicas de los guerrilleros a las autoridades no fueron respondidas con voluntad de diálogo. La retoma fue dirigida por el Ejército Nacional con participación de otras fuerzas de seguridad del Estado.

Adentro, Almarales asumió el mando de la fase más larga y desesperada. Cuando el fuego consumió las plantas superiores del edificio y el operativo militar avanzó piso a piso, ordenó concentrar a los rehenes del cuarto piso en los baños ubicados entre el segundo y el tercer piso, donde se reunió una parte importante de los rehenes sobrevivientes junto con guerrilleros. Entre esos rehenes se encontraba el magistrado Manuel Gaona Cruz. Fue en ese baño, o en su cercanía inmediata, donde transcurrieron las últimas horas de Almarales. Todavía intentó negociar por teléfono, todavía intentó gestionar la salida con vida de rehenes; nunca la obtuvo.

El saldo de la toma y la retoma fue devastador. Once magistrados muertos, entre ellos el propio Alfonso Reyes Echandía, empleados judiciales, visitantes, guerrilleros, miembros de la fuerza pública. Al menos un miembro del M-19 salió con vida del Palacio custodiado por miembros de la fuerza pública y luego apareció asesinado; otros dos miembros del M-19 salieron con vida: uno reapareció muerto dentro del Palacio y otra fue desaparecida. Varias personas —incluidos trabajadores de la cafetería que no tenían filiación guerrillera alguna— fueron llevadas al Cantón Norte y a otras instalaciones militares, torturadas y desaparecidas. Los restos de al menos una de esas trabajadoras de la cafetería fueron entregados a su familia treinta años después, en septiembre de 2016.

Andrés Almarales murió durante la retoma, en el sector del edificio donde había concentrado a los rehenes bajo su custodia. Las circunstancias precisas de su muerte forman parte de la larga sombra de dudas que rodea el episodio: quién disparó, cuándo, si hubo o no rendición previa. Lo que la historia registra sin ambigüedad es que allí terminó, a los cincuenta años y algo, la trayectoria del séptimo hijo del bananero.

Después del humo

La Comisión de la Verdad concluyó, décadas después, que el repentino retiro de la seguridad del Palacio de Justicia horas antes de la toma y la instantánea organización del operativo militar de respuesta indican la existencia de un dispositivo prediseñado para actuar así. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violación a la libertad personal, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en el caso del Palacio de Justicia. El presidente Juan Manuel Santos pidió perdón públicamente en 2015, en el trigésimo aniversario, en nombre del Estado colombiano.

Sobre el M-19 la operación tuvo un efecto devastador. La organización fue calificada de suicida políticamente, aunque la propia guerrilla la admitió solo como error militar. En los meses siguientes fue severamente hostigada en los núcleos urbanos y obligada a replegarse al suroccidente colombiano —Caquetá, Huila, Cauca—. La comandancia se rehízo bajo Carlos Pizarro Leongómez, quien terminaría negociando la desmovilización final. El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca, el M-19 entregó las armas con novecientos combatientes y se transformó en la Alianza Democrática M-19, partido político legal. Pizarro fue asesinado semanas después. Navarro Wolff continuó la conducción del proceso.

El lugar de Almarales

Leer la trayectoria de Almarales tentando una tesis única es simplificarla, y él merece más que eso. Cabe la lectura que hace del Palacio el desenlace lógico de una biografía política: el hijo del bananero convertido en abogado laboralista, el laboralista convertido en congresista anapista, el anapista convertido en fundador de una guerrilla urbana, el guerrillero convertido en negociador de la tregua, el negociador convertido en comandante de la operación que destruyó a su propia organización. Vista así, su muerte en el baño del Palacio es el punto final de una lógica de cierre progresivo: un sistema político que fue cerrando puertas hasta empujar a una generación de cuadros populares a la lucha armada, y esa lucha armada empujada a su vez, por la deriva combinada de la ruptura de la tregua y la infiltración narco, hasta la operación imposible.

Pero también cabe la lectura contraria, y hay que sostenerla al mismo tiempo. La decisión de tomar el Palacio no fue el desenlace inevitable de la trayectoria de Almarales, sino el producto de una contingencia específica: la ruptura de la tregua en junio de 1985, la aceptación del dinero de Escobar por Iván Marino Ospina, las divisiones internas sobre si continuar en armas o consolidar la vía política, el diseño de una operación pensada como golpe simbólico y no como operación suicida. En otro escenario —con una tregua sostenida, con una cúpula unificada, sin dinero narco de por medio— Almarales habría podido ser un dirigente político legal a partir de 1990, un candidato, un parlamentario, quizá una figura análoga a Navarro Wolff pero con la voz de la costa. Nada garantizaba el Palacio.

Sostener las dos lecturas juntas es más exacto que optar por una. Almarales encarnaba una tensión estructural del M-19 —entre partido y ejército, entre negociación y acción armada, entre horizonte democrático y proyecto de poder— que nunca resolvió; y esa tensión, cuando estalló, no lo hizo por lógica interna pura sino porque una serie de accidentes precipitó una salida catastrófica que su propia posición política no habría elegido en otras circunstancias. Fue el negociador de Corinto y fue el comandante del Palacio. Las dos cosas caben en el mismo hombre porque el M-19 mismo era las dos cosas, y porque él era su síntesis más visible.

Su huella

En la memoria pública colombiana Almarales ocupa un lugar oblicuo. No es el rostro emblemático del M-19 —ese lugar lo ocupan Bateman por el mito fundacional y Pizarro por el rostro de la desmovilización— ni es la figura central de la memoria del Palacio, que gravita más sobre las víctimas civiles y sobre los desaparecidos que sobre los guerrilleros muertos. Es más bien una figura de reconocimiento intramuros, cuyo peso emerge en testimonios y evocaciones antes que en monumentos.

El más elocuente de esos reconocimientos vino de Gustavo Petro, cuadro joven del M-19 en los años ochenta y presidente de Colombia desde 2022. Petro ha atribuido explícitamente su capacidad oratoria —central en su lucha política de tres décadas— a la influencia de dos líderes caribeños del M-19 muertos en el Palacio de Justicia, entre ellos Almarales. Es una filiación de estilo antes que de programa: la manera de hablarle a la plaza, el ritmo, la carga emocional, la retórica de la denuncia. En ese linaje discreto Almarales sobrevive a su muerte, no como ideólogo ni como estratega, sino como escuela de oratoria política popular.

Queda la contradicción más incómoda: la operación en la que murió es, todavía hoy, materia de disputa jurídica, historiográfica y moral. Los archivos judiciales sobre el Palacio se quemaron entonces, y con ellos una parte de la memoria del Estado sobre sí mismo. Los cuerpos de algunos desaparecidos por la fuerza pública tardaron treinta años en volver a sus familias. La verdad sobre quién ordenó qué durante la retoma sigue siendo parcial. Sobre ese fondo, Almarales aparece como una de las figuras que la historia colombiana no ha logrado —quizá no pueda— fijar en un lugar único. Fue víctima y verdugo, negociador y asaltante, orador de la paz y comandante del error militar más costoso de su organización. En esa irresolución radica, precisamente, su centralidad para entender el M-19 y el país que lo produjo.