Las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970 y el supuesto fraude

Las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970

El 19 de abril de 1970 los colombianos eligieron presidente en los últimos comicios de alternación pactada del Frente Nacional. El resultado oficial dio ganador a Misael Pastrana Borrero, candidato de la coalición liberal-conservadora, sobre el general Gustavo Rojas Pinilla, candidato de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), por 1.625.025 votos contra 1.561.468: una diferencia de 63.557 sufragios, apenas 1,6% del total. La estrechez del margen, la interrupción del conteo cuando Rojas encabezaba los escrutinios parciales, un apagón nunca del todo explicado y la aparición del ministro de Gobierno en televisión anunciando el vuelco convirtieron esa noche en la crisis de legitimidad electoral más grave del pacto bipartidista. Más allá de si hubo fraude técnico —extremo que nunca se probó ni se refutó de manera concluyente—, el 19 de abril quedó fijado en la memoria política colombiana como la fecha en que el Frente Nacional demostró que no podía procesar el descontento acumulado de sus propios excluidos: los estratos bajos urbanos, los inmigrantes rurales, los pobladores de tugurios que habían votado por un exdictador porque los partidos tradicionales no les ofrecían nada. De esa noche saldrían, en los años siguientes, el desprestigio definitivo del bipartidismo, la abstención revolucionaria de casi toda la izquierda no comunista y, en enero de 1974, el Movimiento 19 de Abril: una guerrilla urbana que tomó por nombre la fecha del agravio.

Un país que ya no cabía en el pacto

El Frente Nacional, iniciado en 1958, se había diseñado como salida al ciclo de violencia partidista mediante una fórmula rigurosa: liberales y conservadores se alternarían la Presidencia cada cuatro años y repartirían de manera paritaria el gabinete, las asambleas departamentales y los concejos municipales durante dieciséis años. La lógica del acuerdo era desactivar la competencia entre los dos partidos tradicionales convirtiéndolos en socios administrativos del Estado. El costo estructural fue inmediato: al suprimir la competencia interpartidista, el sistema debilitó las propias organizaciones de los partidos, reducidos a maquinarias electorales intermitentes, alejadas de la formulación de políticas y giradas alrededor de cuatro familias —los Lleras y los López en el liberalismo, los Ospina y los Gómez en el conservatismo—. El clientelismo se intensificó: los cargos públicos se repartieron entre parientes, subalternos y cuadros de facción, con el previsible deterioro administrativo.

Más grave aún: el pacto no dejaba lugar institucional a nadie más. Cualquier fuerza política ajena al bipartidismo tenía que inscribirse bajo una de las dos etiquetas oficiales para acceder a las urnas. El Frente Nacional articuló un acuerdo entre élites que inhibió toda expresión del conflicto social y excluyó de la política a las clases subordinadas, sin lograr proyectar sobre ellas hegemonía alguna. El resultado, hacia 1970, era una paradoja: un régimen que había pacificado la contienda partidista al precio de volverse cada vez más sordo a las demandas de quienes quedaban fuera de la mesa.

A ese cierre institucional se sumaba el balance material del pacto. Doce años después de su inicio, la mayoría de las promesas importantes de reforma no se habían cumplido. Las excepciones fueron notables pero acotadas: la ampliación del sistema educativo y los programas de vivienda urbana. La reforma agraria, la redistribución social y la modernización del Estado quedaron incompletas o pospuestas. La reforma constitucional de 1968, por su parte, había desplazado poderes legislativos hacia el Ejecutivo mediante facultades extraordinarias, dejando al Congreso desprovisto de sus atribuciones presupuestales sustantivas. Lo ganado en eficiencia técnica se había perdido en representación política.

A esa erosión institucional se le sumaba una transformación demográfica que el pacto no contempló. La urbanización acelerada de los años sesenta había depositado en las periferias de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla a cientos de miles de inmigrantes rurales que no encontraban trabajo formal ni vivienda digna, y que tampoco tenían quién los representara. Los pobladores de tugurios, los desempleados urbanos, los obreros de pequeñas industrias: esa masa social existía por fuera del cálculo bipartidista. Y fue precisamente esa masa la que Gustavo Rojas Pinilla capitalizó al construir la ANAPO.

El regreso del general

Rojas Pinilla había gobernado como dictador militar entre 1953 y 1957, y había sido derribado por una junta cívico-militar que abrió paso, justamente, al Frente Nacional. En enero de 1959 el Congreso inició un juicio político contra él por los delitos cometidos durante su gobierno. El proceso terminó reduciéndose a una peripecia de opereta centrada en un contrabando de terneros, y no logró plenamente su objetivo de desacreditarlo. Rojas fue condenado, pero el juicio dejó al general con una aureola de víctima que él supo capitalizar en los años siguientes.

La recuperación fue formal y política a la vez. El 20 de diciembre de 1966, el Tribunal Superior de Bogotá le devolvió sus derechos políticos, decisión confirmada por la Corte Suprema de Justicia el 18 de octubre de 1967. Con los derechos restituidos, Rojas convirtió a la ANAPO —Alianza Nacional Popular, fundada como partido de los desheredados del bipartidismo— en un vehículo de reunión de multitudes. Su discurso era eficaz precisamente porque era heterodoxo: hablaba a la vez de patria, de justicia social, de cristianismo popular, de cogestión empresarial. No amenazaba la hegemonía económica del capitalismo colombiano —su programa de cogestión era moderado—, pero prometía a los pobres urbanos aquello que el Frente Nacional no les había dado: reconocimiento, presencia, voz.

El crecimiento electoral fue sostenido. En las presidenciales de 1966, el candidato liberal de la ANAPO, José Jaramillo Giraldo, había obtenido 742.133 votos frente a los 1.891.175 del oficialista Carlos Lleras Restrepo. Cuatro años más tarde, con el propio Rojas como candidato y una maquinaria territorial más asentada, esa cifra se duplicaría. La ANAPO había pasado de ser un fenómeno de protesta a ser una fuerza con capacidad de disputarle la Presidencia al pacto bipartidista.

Su base era inequívoca: estratos bajos urbanos, desempleados, inmigrantes rurales, pobladores de tugurios. También sectores obreros y una franja creciente de clase media frustrada con las promesas incumplidas del Frente Nacional. En términos geográficos, la ANAPO combinaba fuerza en las grandes ciudades con enclaves inesperados en el interior: en el Tolima, por ejemplo, Rojas ganó Ibagén y los municipios portuarios de tradición liberal-izquierdista de Ambalema y Honda, y quedó cerca de la victoria en veintiún municipios más, en su mayoría históricamente conservadores que dividieron su voto entre él y Pastrana. El anapismo era una coalición sociológica improbable de conservadores desencantados, liberales populares y trabajadores urbanos sin partido: precisamente la coalición que el Frente Nacional había hecho imposible dentro de sus reglas.

La campaña de 1970 y sus cuatro candidatos

La elección del 19 de abril correspondía, según la lógica de alternación del Frente Nacional, a un candidato conservador. La coalición postuló a Misael Pastrana Borrero, exministro y exembajador, un tecnócrata bogotano de perfil discreto y trayectoria institucional impecable. Su candidatura no unificó al conservatismo. Dos disidencias importantes rompieron la fórmula: Evaristo Sourdís, con base en la Costa Atlántica, y Belisario Betancur, representante de un sector antioqueño con vocación populista propia. La dispersión del voto conservador oficial haría, a la postre, que la elección no fuera un plebiscito entre dos bloques compactos sino una carrera de cuatro caballos con márgenes estrechos.

Frente a esa fragmentación, Rojas Pinilla llegaba con una ventaja política considerable: era el único candidato que ofrecía una ruptura clara con el pacto. Su hija, María Eugenia Rojas de Moreno, se convirtió en pieza central de la campaña, aportando presencia territorial y organización barrial en las ciudades grandes. La ANAPO no tenía la maquinaria clientelar del bipartidismo, pero tenía algo que los otros no: militantes que creían en su candidato con fervor casi religioso. Las plazas se llenaban. Los barrios populares de Bogotá, en particular los del sur, se movilizaron con una intensidad que las encuestas del establecimiento no supieron leer.

El gobierno saliente de Carlos Lleras Restrepo, liberal, era el garante institucional del proceso. Lleras había sido el presidente reformador del Frente Nacional —a él se debe la Constitución reformada de 1968 y una política agraria más activa que la de sus antecesores—, y su tarea, en abril de 1970, era asegurar la transmisión ordenada del poder al candidato conservador oficial. Esa tarea, en la noche del 19, se convertiría en una prueba de fuego.

La noche del 19 y la sombra del apagón

La jornada electoral transcurrió sin grandes incidentes. Los primeros escrutinios parciales, transmitidos durante la tarde y la noche del 19 de abril, dieron ventaja a Rojas Pinilla sobre Pastrana. La ventaja no era abrumadora, pero era consistente: mesa tras mesa, los reportes de las grandes ciudades favorecían al candidato de la ANAPO. En los barrios populares de Bogotá, en Cali, en Medellín, el general se imponía con márgenes amplios. El voto rural conservador, que debía compensar esa ventaja urbana, tardaba en llegar.

Fue entonces cuando ocurrió lo que la memoria política colombiana registraría como la secuencia decisiva. El gobierno suspendió la transmisión de los escrutinios parciales mientras estos seguían dando mayoría a la ANAPO. Un apagón masivo, cuya oportunidad resultó sospechosa para observadores contemporáneos y para analistas posteriores, dejó a oscuras zonas cruciales del país en el momento en que el conteo debía continuar. Cuando la transmisión se restableció, el ministro de Gobierno apareció en televisión con una intervención que la oposición interpretaría como el anuncio oficial del vuelco: los resultados finales, dijo, favorecían a Pastrana. El conteo final proclamaría al candidato del Frente Nacional ganador por el margen ya conocido: 63.557 votos.

Ninguno de los elementos, tomado por separado, prueba fraude. La suspensión de la transmisión podía atribuirse a razones técnicas. El apagón, a fallas de infraestructura. La intervención del ministro, a la necesidad de calmar los ánimos. Pero la secuencia completa —ventaja anapista, corte de transmisión, apagón, aparición ministerial, vuelco— resultó imposible de explicar de manera inocente ante quienes habían visto crecer los reportes favorables a Rojas durante toda la tarde. Para la militancia anapista, la conclusión fue inmediata: les habían robado la elección.

Que el fraude fuera técnicamente comprobable o no terminó siendo secundario. Lo decisivo fue que la percepción de fraude se instaló como verdad política. El sistema del Frente Nacional, que había prometido durante doce años ser el marco de una democracia limitada pero legítima, no había podido tolerar la posibilidad de perder ante un candidato ajeno al pacto. Esa lectura sería adoptada por sectores muy amplios de la sociedad colombiana en las semanas y los años siguientes.

El silencio del general y las calles

La reacción de Rojas Pinilla en las horas siguientes al conteo definiría, con efectos duraderos, la trayectoria del anapismo. En lugar de convocar a sus seguidores a resistir, el general llamó a la calma. Justificó su inacción con el argumento de que con ella evitaba un derramamiento de sangre. Y, en las semanas siguientes, se retiró a sus propiedades en España, dejando a sus colegas al frente de los restos del partido.

Esa retirada tuvo un precio inmediato. Para buena parte de su base electoral, la pasividad del general fue interpretada como cobardía, debilidad, traición a la voluntad popular. Un militante anapista la calificó de afrenta al pueblo. La ANAPO había construido su identidad sobre la promesa de un liderazgo capaz de encarnar la revuelta de los excluidos contra el establecimiento; que ese liderazgo, en el momento de la prueba, optara por el silencio y la salida del país quebró la confianza de sectores enteros de su militancia.

Pese al llamado a la calma, miles de seguidores de Rojas salieron a las calles de las principales ciudades. Ocuparon plazas y parques, apedrearon el transporte público, saquearon comercios. En Bucaramanga las movilizaciones anapistas fueron particularmente intensas. Fueron, sin embargo, disturbios espontáneos y desarticulados: sin una dirección política dispuesta a convertir la protesta en insurrección, la energía de las calles se agotó en pocos días.

El presidente Lleras Restrepo respondió con la herramienta más contundente del régimen: decretó el estado de sitio y el toque de queda en todo el territorio nacional. En un mensaje público, advirtió que permanecería en el mando y que se mantendría el orden constitucional. Ordenó a los ciudadanos permanecer en sus hogares a partir de las nueve de la noche. Los disturbios se sofocaron. Pastrana fue proclamado presidente electo. La transmisión del poder, el 7 de agosto de 1970, se realizó en calma. Pero el mito del fraude ya se había instalado, y ninguna serenidad institucional podría desalojarlo.

Pastrana y un gobierno con la legitimidad rota

Misael Pastrana Borrero asumió la Presidencia con una legitimidad cuestionada desde el primer día. Su coalición no tenía mayoría suficiente en el Congreso ni en la mayoría de asambleas y concejos, lo que lo obligó a gobernar mediante transacciones permanentes con las facciones partidistas y con los gremios. El descontento acumulado del Frente Nacional se le heredaba concentrado, y las protestas empezaron temprano.

En 1971, apenas iniciado el gobierno, las universidades públicas entraron en un ciclo de agitación que Pastrana enfrentó con dureza. El 3 de marzo se decretó el toque de queda en Cali; el 4 de marzo, en Medellín y Popayán; el 16 de abril, en Bucaramanga. En Medellín, la represión militar dejó 800 estudiantes detenidos y numerosos muertos, y el 24 de octubre se clausuraron las facultades de Derecho y Economía de la Universidad de Antioquia. Se impusieron penas de 30 a 180 días de arresto para quienes desobedecieran la ley o promovieran el cese de actividades académicas. La huelga de la Unión Sindical Obrera fue reprimida con intervención del Ejército en la refinería, y 36 líderes sindicales, incluyendo la Junta Directiva de la USO, fueron enjuiciados y condenados mediante consejo verbal de guerra.

En el plano económico, Pastrana rompió con el enfoque cepalino y con la orientación de la Alianza para el Progreso que había caracterizado al gobierno de Lleras. Adoptó el modelo formulado por el economista Lauchlin Currie —la llamada Operación Colombia—, que priorizaba la agricultura capitalista, la seguridad jurídica sobre la gran propiedad rural y el proteccionismo arancelario, con la construcción y la vivienda urbana como sectores dinamizadores. El giro tuvo consecuencias sociales inmediatas: al abandonar la ambición de reforma agraria activa, el gobierno cerró una de las pocas válvulas institucionales que quedaban abiertas para el conflicto rural. La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, creada bajo Lleras como respuesta al ascenso insurgente y al populismo anapista, se radicalizó y protagonizó una de las mayores movilizaciones rurales de la segunda mitad del siglo XX en Colombia.

El pico de la conflictividad se alcanzó en 1975, con 246 acciones de movilización obrera, estudiantil, campesina y cívica registradas ese año, muchas de ellas protagonizadas por sectores con prohibición legal de huelga: el magisterio, trabajadores de la salud, telecomunicaciones, el sistema judicial y el bancario. El Frente Nacional se acercaba a su fin formal en 1974, pero el país que iba a heredarse ya no era el mismo que se había pactado en 1958.

La abstención como respuesta y el nacimiento del M-19

El efecto ideológico del 19 de abril de 1970 sobre la izquierda colombiana fue profundo y duradero. Para amplios sectores que hasta entonces habían mantenido una relación ambigua con la vía electoral, el resultado de esa noche fue prueba definitiva de que el sistema político no permitiría cambios por las urnas. Si Rojas Pinilla —un exdictador militar con base popular masiva, apoyado por un aparato partidista propio— no había podido ganar, ¿quién más podría? La conclusión operativa fue el abandono del terreno electoral.

Entre 1970 y 1978, casi todos los grupos de izquierda distintos del Partido Comunista impulsaron campañas de abstención bajo consignas como "No vote", "Abstención revolucionaria" y "El poder sale del fusil". La estrategia tuvo consecuencias electorales concretas: contribuyó a desacreditar la opción electoral y a reducir el apoyo a la izquierda en las urnas durante toda la década. El Partido Comunista, que sí mantuvo la participación a través del movimiento campesino y luego de la Unión Nacional de Oposición, obtuvo 120 concejales y 9 diputados en 1972, y 179 concejales y 12 diputados en 1976: cifras que muestran la existencia de un espacio electoral posible que la mayoría de la izquierda decidió, sin embargo, no ocupar.

Fue en el interior de ese giro donde nació el Movimiento 19 de Abril. Su gestación combinó dos trayectorias que hasta entonces habían corrido separadas. Por un lado, un grupo de exmilitantes de las FARC —Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina— que había roto con la guerrilla rural. Bateman, según una versión, fue expulsado por proponer trasladar la lucha a las ciudades; según otras, salió como parte de una crisis interna más amplia. Los tres llevaban consigo formación militar, disciplina de cuadros y una convicción sobre la urgencia de repensar la estrategia armada. Por otro lado, dirigentes de la ANAPO —Andrés Almarales, Carlos Toledo Plata, Israel Santamaría— que habían participado en la campaña de 1970 y que, tras la derrota, buscaban una salida política más radical que la que ofrecía un partido acéfalo y en repliegue.

Bateman buscó a Almarales para fundar un nuevo movimiento político revolucionario. La convergencia se selló en una primera conferencia de dirección realizada en Cali en 1973, con aproximadamente 25 asistentes. Allí se constituyó la primera dirección del movimiento, integrada por Bateman, Ospina, Fayad, Hélmer Marín, Almarales y otros cuadros. El núcleo fundador incluyó también militantes provenientes de la Juventud Comunista, de la vertiente marxista-leninista del Partido Comunista, del Ejército de Liberación Nacional y de sectores de cristianos revolucionarios. Era una coalición heterogénea unida menos por una doctrina común que por una lectura compartida de la coyuntura: el sistema estaba cerrado, la ANAPO había demostrado su incapacidad, y una nueva forma de acción política armada, urbana y espectacular, era necesaria.

El M-19 apareció públicamente en enero de 1974. La irrupción fue precedida por una campaña publicitaria de expectativa en la prensa, con avisos crípticos —"Contra gusanos y parásitos... Espere: M-19"— que anunciaban enigmáticamente la llegada del movimiento. El 17 de enero, un comando robó la espada de Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar en Bogotá. El gesto era simbólico y calculado: no un ataque militar sino una operación destinada a producir un efecto público, a establecer una relación con las masas a través del asombro y no del terror. La lógica organizativa del M-19 —acciones político-militares espectaculares pero no sangrientas, vinculadas a necesidades cotidianas, con independencia orgánica frente a las guerrillas rurales— quedó formulada desde ese primer acto.

El nombre del movimiento resolvía, con elegancia política, el problema de su legitimación. Al llamarse Movimiento 19 de Abril, el grupo se presentaba como el heredero de un agravio nacional, no como una vanguardia armada más entre otras. La fecha operaba como un puente entre la militancia anapista traicionada por Rojas y la nueva estrategia armada urbana. Tomaba el mito del fraude —funcionalmente verdadero para amplios sectores, técnicamente indemostrado— y lo convertía en fundamento ideológico. El 19 de abril de 1970 pasaba así, en 1974, de fecha de derrota a fecha fundacional.

El peso de una noche

La lectura estructural del acontecimiento debe evitar dos simplificaciones. La primera es reducirlo a un problema de conteo: si hubo fraude o no, la magnitud del vuelco, la responsabilidad exacta del gobierno de Lleras. Esa discusión, importante en términos judiciales, es secundaria en términos históricos. Lo decisivo es que el Frente Nacional produjo, por su propia lógica excluyente, una base social —urbana, popular, desatendida— que ya no podía ser contenida dentro de las reglas del pacto, y que cuando esa base intentó expresarse electoralmente a través del único vehículo disponible, el sistema no supo o no quiso admitirla.

La segunda simplificación es leer la fundación del M-19 como consecuencia directa e inevitable del fraude. La radicalización armada no fue automática: Rojas llamó a la calma, se retiró a España, los disturbios se apagaron en días. El M-19 no nació en abril de 1970 sino en 1973-1974, y su núcleo fundador combinaba trayectorias organizativas —FARC, ELN, Juventud Comunista, cristianos revolucionarios— cuya lógica precedía y excedía la coyuntura electoral. El fraude no produjo al M-19 como un efecto mecánico; le proporcionó, en cambio, un relato legitimador poderoso, una fecha, un nombre y una conexión con una base social frustrada. La emergencia armada requirió, además del mito del 19 de abril, trayectorias militantes previas y una base de clase media radicalizada que el propio Frente Nacional había producido a través de su ampliación educativa y su cerrazón política simultáneas.

Lo que sí puede afirmarse con precisión es que el 19 de abril de 1970 cristalizó una crisis estructural en un acontecimiento con potencia simbólica excepcional. El pacto bipartidista, diseñado para pacificar el conflicto partidista, había producido una nueva forma de exclusión política: la de las clases subordinadas urbanas, sin canal institucional propio. La elección de 1970 fue el momento en que esa exclusión intentó, por última vez, expresarse por vías legales. Su fracaso —fuera fraude o fuera azar estadístico— clausuró la vía electoral en la percepción de una generación entera de militantes y desplazó la política popular hacia dos direcciones divergentes: la abstención revolucionaria y la lucha armada urbana.

Cinco décadas después, el 19 de abril de 1970 sigue siendo el episodio al que vuelve la memoria política colombiana cuando busca el momento exacto en que el pacto se rompió por dentro. No fue una guerra, no fue un golpe, no fue una masacre: fue una elección. Y sin embargo dejó marcas más duraderas que muchas violencias posteriores, porque probó —o pareció probar, que a estos efectos es lo mismo— que la democracia colombiana podía procesar todos los conflictos menos aquel que ponía en cuestión la propia hegemonía de sus arquitectos. En esa prueba, más que en el conteo mismo, se juega la importancia histórica de la noche.