El M-19

El M-19

El Movimiento 19 de Abril fue la guerrilla urbana que Colombia no esperaba y que, precisamente por eso, terminó definiendo buena parte del imaginario político del último cuarto del siglo XX. Fundado en 1974 por una coalición heterogénea de disidentes de las FARC, cuadros de la ANAPO, ex militantes del ELN y cristianos revolucionarios, tomó su nombre del 19 de abril de 1970: la fecha del presunto fraude electoral que arrebató la presidencia al general Gustavo Rojas Pinilla en favor del candidato del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero. Durante dieciséis años operó como algo distinto a las guerrillas marxistas campesinas que lo precedieron y lo rodearon: robó la espada de Simón Bolívar, sacó cinco mil armas del Cantón Norte por un túnel, tomó la Embajada de la República Dominicana, se hizo fotografiar en Cali con sus fusiles en los llamados Campamentos de Paz, y terminó en el asalto al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, donde murieron once magistrados y desaparecieron los empleados de la cafetería. En marzo de 1990 se desmovilizó en Santo Domingo, Cauca, con novecientos hombres al mando de Carlos Pizarro Leongómez, entregó las armas y encabezó, con Antonio Navarro Wolff, una lista para la Asamblea Constituyente que reescribiría la Carta al año siguiente.

El M-19 fue una hibridación estructuralmente inestable entre la propaganda armada urbana rioplatense y un imaginario bolivariano-gaitanista con tracción real en Colombia, pero injertada sobre una sociología urbana que no podía sostenerla militarmente. Esa desproporción entre resonancia simbólica y base social explica tanto su repertorio espectacular como su desmovilización exitosa y el legado semiótico —la violencia como imagen— que dejó al país. Preguntar qué fue el M-19 es también preguntar qué tipo de sociedad urbana era Colombia entonces y por qué su insurgencia se pareció tan poco a las otras.

Por qué la pregunta importa

Durante décadas, la historia de las guerrillas colombianas se contó en clave marxista y agraria: las FARC nacieron en 1964 de las autodefensas campesinas del sur del Tolima, el ELN se fundó en Santander bajo la inspiración cubana, el EPL sobre la ortodoxia maoísta en Urabá y Córdoba. Todas leían el país en clave de contradicción de clase, todas apostaban por la guerra prolongada, todas tenían su base social en el mundo rural. El M-19 no encaja en esa serie. Nació urbano, dirigido por antropólogos, universitarios y ex parlamentarios; su primera acción fue simbólica —el robo de la espada del Libertador—; su repertorio privilegiaba el golpe mediático sobre la acumulación militar; su ideología era una mezcla difícil de categorizar de bolivarianismo, gaitanismo tardío, nacionalismo popular y democracia radical, con un socialismo apenas mencionado y nunca doctrinario.

Aclarar qué fue el M-19 importa por tres razones que van más allá de la nostalgia. Primero, porque su carácter urbano interroga a la Colombia real de los años setenta: un país ya mayoritariamente urbano donde, sin embargo, ninguna guerrilla urbana logró sostenerse como sí lo hicieron los Tupamaros en Montevideo o los Montoneros en Buenos Aires antes de la represión militar. Segundo, porque su desmovilización exitosa en 1990 —a diferencia del destino de las FARC o el ELN— condicionó todo el ciclo de paz posterior y desembocó en la Constitución de 1991. Y tercero, porque su lenguaje —la revolución como fiesta, la política como espectáculo, la insurgencia como campaña publicitaria— dejó una huella semiótica que preparó el terreno para lo que vendría después: el narcoterrorismo estetizado, el paramilitarismo con vocación mediática, la política como performance. Entender al M-19 es entender por qué en Colombia la violencia dejó de ser solo rural y por qué, aun así, el país urbano nunca produjo la insurgencia de clase media que sí produjo el Cono Sur.

Las lecturas en disputa

Frente al M-19 se han ensayado varias lecturas, y todas capturan algo. La primera, más antigua, lo ve como una ruptura simbólico-mediática con la matriz campesino-marxista: sería la guerrilla que rompe el molde foquista y abre una lógica nueva, la del espectáculo, anticipando la mediatización del conflicto contemporáneo. La segunda lo lee como la expresión armada de un populismo nacional-popular bloqueado por el Frente Nacional: el M-19 sería el brazo armado de aquello que Gaitán había sido en los cuarenta y Rojas Pinilla en los sesenta, y que el bipartidismo había cerrado sistemáticamente por vía electoral. La tercera —más severa— lo describe como una insurgencia esencialmente simbólica, sin base social real, cuya sobrevaloración del gesto sin sustrato de masas la condujo al desastre del Palacio de Justicia y a una desmovilización presentada retrospectivamente como convicción cuando fue en buena medida agotamiento. Una cuarta, comparativa, lo entiende como hibridación regional: un injerto del modelo tupamaro-montonero sobre una matriz simbólica bolivariana y gaitanista, con resultados desiguales porque la sociología urbana colombiana no se parecía a la del Río de la Plata.

La tesis de la ruptura pura ignora que el bolivarianismo y el gaitanismo son continuidades largas de la política colombiana, no invenciones de 1974. La del populismo bloqueado captura bien el momento fundacional —el fraude de 1970 y la deriva de la ANAPO— pero explica mal por qué el M-19 se separó tan pronto de la conducción anapista y por qué nunca logró convertirse en fuerza de masas. La de la insurgencia puramente simbólica tiene el mérito de tomar en serio la desproporción entre golpes mediáticos y capacidad militar, pero corre el riesgo de leer todo el proceso desde su desenlace. Y la lectura comparativa acierta al situar al M-19 en el mapa continental, pero requiere precisar qué se importó y qué no.

Origen y primera ofensiva

El origen del M-19 combina dos crisis simultáneas. Por un lado, la crisis interna de la izquierda armada colombiana: Jaime Bateman Cayón había pasado por la Juventud Comunista antes de integrarse a las FARC, y su separación de esa guerrilla —por expulsión en algunas versiones, como salida colectiva motivada por la atracción de la lucha urbana en otras— ocurrió en el marco de un debate más amplio sobre los límites del modelo campesino-comunista. Había intentado convencer a Manuel Marulanda de trasladar la guerra a las ciudades y había chocado con una dirección instalada en la larga duración rural. Por otro lado, la crisis de la ANAPO: el fraude percibido del 19 de abril de 1970 —cuando el ministro de Gobierno anunció por televisión un resultado que muchos leyeron como maniobra oficial, y el presidente Carlos Lleras Restrepo suspendió la difusión del conteo— dejó a la organización de Rojas Pinilla con un 39% del voto popular, sensación de despojo y ningún camino institucional. Rojas se retiró a España y llamó a la calma. Los cuadros más jóvenes quedaron sin conducción y disponibles para otra apuesta.

La confluencia se produjo en un encuentro de Bateman con Andrés Almarales tras el 19 de abril, y cristalizó en la primera conferencia constitutiva del M-19 en Cali en 1973, con unas veinticinco personas y una dirección colectiva sin jefe único. La aparición pública fue en enero de 1974 en Bogotá, precedida por una campaña de prensa —«Contra gusanos y parásitos… Espere: M-19»— y culminada con el robo de la espada de Bolívar de la Quinta del Libertador. La operación fue impecable en términos de propaganda: sustrajo el símbolo más venerado de la República e inscribió al movimiento en una genealogía nacional, no en la Tercera Internacional. Nadie que leyera la prensa esa semana podía confundir al M-19 con las FARC.

Los referentes organizativos declarados por el propio Bateman fueron los Tupamaros de Raúl Sendic, los Montoneros de Mario Firmenich y la guerrilla urbana de Carlos Marighella. La segunda ola guerrillera latinoamericana —urbana, mediática, orientada a la propaganda armada— era el marco al que el M-19 quería incorporarse, rompiendo con el foquismo rural de la primera ola cubana. La lógica era clara: acciones espectaculares pero no sangrientas, atención mediática, ligazón táctica con las masas urbanas —empezando por las de la ANAPO— y ninguna dependencia orgánica de las guerrillas campesinas existentes.

El repertorio de los primeros años fue coherente con ese diseño. En 1976 vino el secuestro y asesinato de José Raquel Mercado, presidente de la CTC, con juicio revolucionario incluido: una acción que el propio movimiento presentó como juicio popular y que otros, incluso en la izquierda, calificaron como error de tono autoritario. La noche del 31 de diciembre de 1978, la Operación Ballena Azul: un túnel excavado durante meses permitió sacar más de cinco mil armas del Cantón Norte en Bogotá, el golpe simbólico más audaz imaginable contra el Ejército. Un año y dos meses después, en febrero de 1980, la toma de la Embajada de la República Dominicana durante una recepción diplomática, con retención de embajadores —incluido el de Estados Unidos—, negociación transmitida en vivo, salida hacia Cuba y un rescate de un millón de dólares, aunque sin la liberación de los presos políticos que era su exigencia central. La operación, planeada por el antropólogo Luis Otero, situó al M-19 en la primera plana internacional durante dos meses.

El Estatuto y el casi exterminio

La respuesta del Estado fue proporcional al desafío. El presidente Julio César Turbay Ayala había expedido el Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de 1978, al amparo del estado de sitio, apenas un mes después de posesionarse. El Estatuto amplió la jurisdicción penal militar sobre civiles, creó nuevas figuras penales, elevó las penas por perturbación del orden urbano hasta veinticuatro años sin segunda instancia, y estableció mecanismos de censura de información. Tras el asalto al Cantón Norte, la represión fue masiva: cientos de personas detenidas, muchas torturadas —colgadas de los brazos, trasladadas a las llamadas cuevas de Sacromonte— y al menos diecinueve capturas entre el 2 y el 8 de enero de 1979 legalizadas retroactivamente mediante el Acta 10 del Consejo de Ministros, que autorizó la detención de 138 personas entre miembros del M-19, estudiantes y médicos. La Cámara de Representantes designó una comisión que por primera vez dio voz a los detenidos; obispos, arzobispos, rectores universitarios y ex cancilleres respaldaron las denuncias. El Ejecutivo se atrincheró en la defensa institucional. Al terminar el cuatrienio, el M-19 estaba al borde de la extinción: la mayoría de sus cuadros en la cárcel, su capacidad militar urbana reducida a mínimos.

Fue en ese punto —hacia 1981-1982— cuando el M-19 hizo lo que ninguna otra guerrilla urbana latinoamericana había logrado: sobrevivir a la aniquilación por vía de reinvención política. Bateman lanzó desde el exilio la propuesta de diálogo nacional, exploró rutas rurales en el Caquetá, reclutó indígenas koreguaje en el río Orteguaza, organizó vías aéreas de armas. Su muerte en un accidente de aviación en Panamá en abril de 1983 dejó la conducción en manos de Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Pizarro. En agosto de 1984, con el presidente Belisario Betancur, el M-19 firmó los Acuerdos de Corinto: cese bilateral del fuego, apertura política, Campamentos de Paz en el Cauca. En Cali, especialmente, el movimiento ensayó una modalidad inédita: guerrilleros armados haciendo política en barrios populares, con permiso implícito del Estado, un experimento de cogobierno simbólico solo posible en zonas donde el Estado era estructuralmente débil.

El Palacio y la ruralización forzada

El experimento se rompió en 1985. La prohibición gubernamental de un congreso del M-19 en Los Robles en febrero de ese año, el hostigamiento militar continuado y la percepción de que sectores del establecimiento habían forzado a Betancur a retroceder llevaron a la ruptura de la tregua en junio. Cinco meses después, el 6 de noviembre, un comando dirigido por Luis Otero y Almarales tomó el Palacio de Justicia con el objetivo declarado de someter al presidente a un juicio político por incumplimiento de los acuerdos. La retoma militar, coordinada por el Ejército con participación de otras fuerzas del Estado, dejó once magistrados asesinados, decenas de muertos y la desaparición forzada de al menos siete empleados de la cafetería del primer piso y de visitantes como Norma Constanza Esguerra. El consejero Reynaldo Arciniegas salió con un mensaje de los magistrados y fue interceptado por la fuerza pública y conducido a la Casa del Florero. Los restos de al menos una de las trabajadoras de la cafetería fueron entregados a su familia treinta años después, en septiembre de 2016.

El Palacio destruyó al M-19 como fuerza urbana y como capital moral. La organización se replegó al suroccidente —Caquetá, Huila, Cauca— en una ruralización forzosa que le hizo perder su identidad originaria. Cuatro años más tarde, el 2 de abril de 1988, declaró un cese unilateral del fuego. El secuestro del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado entre mayo y julio de ese año paradójicamente aceleró el diálogo: puso al gobierno de Virgilio Barco en el camino de la mesa. En noviembre de 1989 se firmó un Pacto político por la paz que incluía reforma constitucional; frustrada la reforma en el Congreso, el M-19 convocó a rehacer el pacto directamente con el pueblo mediante una Asamblea Constituyente. El 9 de marzo de 1990, en Santo Domingo, Cauca, novecientos guerrilleros al mando de Pizarro entregaron las armas y se transformaron en Alianza Democrática M-19. Pizarro fue asesinado como candidato presidencial poco después; Navarro Wolff encabezó la lista a la Constituyente y el nuevo partido tuvo protagonismo en la Carta de 1991.

Por qué la hibridación no cuajaba

El M-19 importó de los Tupamaros y los Montoneros una lógica de propaganda armada urbana —acción espectacular, comunicado, juicio popular, uso deliberado de la prensa como campo de batalla— e injertó esa lógica en un imaginario bolivariano y gaitanista que tenía tracción real en Colombia, pero que operaba sobre una sociología urbana muy distinta a la rioplatense. Ni una lectura ni la otra por separado bastan: quienes lo ven como pura ruptura mediática pasan por alto que la eficacia simbólica de la espada de Bolívar dependía de una tradición que venía de Gaitán y aún más atrás; quienes lo reducen a populismo bloqueado subestiman cuánto de su repertorio táctico fue conscientemente aprendido de la segunda ola guerrillera latinoamericana.

La clave está en la desproporción entre resonancia simbólica y base social. Los Tupamaros y los Montoneros surgieron en sociedades con clases medias urbanas amplias, sindicatos poderosos, universidades masificadas de larga tradición y culturas políticas donde el peronismo o el batllismo habían construido identidades populares sólidas. Montevideo y Buenos Aires producían el sujeto político —estudiante, empleado, obrero industrial— que la propaganda armada podía interpelar y que, en su momento, en efecto interpeló. Bogotá, Cali y Medellín en los setenta eran ciudades de urbanización acelerada, informal, con clases medias delgadas, sindicalismo débil fuera del sector público y sectores populares que llegaban del campo con marcos simbólicos rurales todavía frescos. El M-19 encontró público entre intelectuales, universitarios y sectores medios ilustrados —allí sí construyó la mayor simpatía urbana que jamás tuvo un proyecto armado colombiano— pero no encontró la masa social capaz de sostenerlo militarmente. Por eso el Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982, casi lo aniquiló: no había red social densa donde ocultarse.

La desmovilización de 1990 no fue, entonces, ni pura convicción originaria ni pura derrota. Fue las dos cosas a la vez, y por eso resultó viable. El horizonte político-simbólico había estado ahí desde el principio —la fiesta, el goce, la democracia como forma de la revolución, la frase de Pizarro sobre la revolución como vida—, pero solo se convirtió en programa cuando el colapso militar acumulado desde 1978 hasta el Palacio hizo evidente que no había otra salida. Las FARC no se desmovilizaron entonces —ni cuando tuvieron la oportunidad de negociar con Betancur ni después— porque su matriz agraria permitía perpetuar la guerra en la larga duración: el tiempo campesino es distinto del tiempo urbano. El M-19 no podía sostenerse indefinidamente porque sus cuadros tenían capital político y cultural para reinsertarse en la vida institucional —eran universitarios, intelectuales, hijos del sistema que querían transformar—, y la Constituyente les ofreció exactamente el terreno para el cual estaban formados. El origen social no determinó todo, pero sí definió el horizonte temporal.

Sobre el debate mayor —¿fue el sentimiento popular colombiano bolivariano-gaitanista antes que clasista?—, la evidencia del M-19 apunta en esa dirección con matices. La resonancia inmediata del robo de la espada, la efectividad simbólica del nombre —una fecha electoral, no una consigna de clase—, el hecho de que su núcleo fundador prescindiera de una identidad marxista definida y prefiriera el nacionalismo popular, muestran que la interpelación bolivariana funcionaba donde la marxista tropezaba. Pero funcionaba entre sectores medios urbanos ilustrados, no entre las masas populares reales, que en Colombia habían sido interpeladas antes por Gaitán, por Rojas, por la ANAPO, y que en los ochenta ya estaban siendo interpeladas por otros discursos —evangélicos, clientelares, incluso paramilitares—. El M-19 confirma que la clave clasista no era hegemónica en el imaginario popular colombiano; no confirma que existiera un populismo bolivariano capaz de sostener una insurgencia de masas. Confirma, más bien, que existía un espacio simbólico vacante que el bipartidismo agotado no llenaba y que el M-19 supo ocupar mediáticamente, sin poder convertir esa ocupación en organización política duradera hasta que se desmovilizó.

Los flancos abiertos

Quedan flancos que no se cierran con lo dicho. Uno es la relación exacta entre el fraude de 1970 y la fundación del M-19: si el 19 de abril fue la causa fundante o el aglutinante simbólico de una recomposición de la izquierda armada ya en marcha por otras razones internas. La composición heterogénea del núcleo fundador —ex FARC, ex ELN, ex JUCO, ANAPO, cristianos revolucionarios— sugiere que el fraude operó más como mito de origen aprovechado que como detonante puro.

Otro flanco es el peso relativo de la derrota militar y de la convicción política en la desmovilización de 1990. La narrativa interna del movimiento insiste en la vocación democrática originaria; la cronología del debilitamiento —Estatuto de Seguridad, Palacio, repliegue al suroccidente— sugiere que sin ese colapso no habría habido negociación. Ambas cosas fueron ciertas, y la proporción exacta entre una y otra es materia de disputa legítima.

Un tercer flanco es la continuidad. El Movimiento Jaime Bateman Cayón, surgido como disidencia tras la desmovilización, recuerda que las paces nunca son totales y que cada acuerdo produce sus subproductos armados. La narrativa optimista del ciclo de paz de los noventa —M-19, EPL, Quintín Lame, PRT desmovilizados entre 1990 y 1991— convive con esta prolongación menor, y con el hecho más grave de que las dos guerrillas mayores, FARC y ELN, siguieron combatiendo veinticinco años más. La desmovilización del M-19 fue una salida exitosa para el M-19; no fue el fin del conflicto armado colombiano.

Y esa distinción —entre una salida particular y un cierre general— es quizá la parte más incómoda del legado. Entre 1974 y 1990, el país aprendió que la violencia también se hace con imágenes: con la campaña publicitaria previa a la espada, con la Embajada dominicana transmitida en directo, con el juicio a Mercado, con el propio Palacio pensado como acto público. Lo que vino después —Pablo Escobar dinamitando aviones ante cámara, las AUC produciendo comunicados de video, la política reducida a puesta en escena— usa la misma gramática. El M-19 no la inventó sola, pero la instaló, con eficacia inaudita, en el centro de la vida pública colombiana. Demostró que en Colombia se podía ganar la conversación aun perdiendo la guerra, y dejó el manual disponible para cualquiera que viniera después.