Idea · Crisis y narcotráfico
Tregua
En Colombia, la tregua dejó de ser una simple pausa militar para convertirse en un dispositivo jurídico y político mediante el cual el Estado y las guerrillas —y luego los carteles del narcotráfico— intentaron suspender la guerra sin ponerle fin, negociar sin ceder y ganar tiempo sin perder terreno. Entre los Acuerdos de La Uribe de 1984 y el colapso del proceso 8.000 a mediados de los noventa, fue el instrumento central de una política de paz que fracasó por razones simultáneas.
Trayectoria de una idea
- 1982
Ley 35 de 1982: amnistía amplia e incondicional
- 1984
Acuerdos de La Uribe: la tregua fundacional con las FARC-EP
- 1984
Asesinato de Lara Bonilla y estado de sitio: la tregua bajo asedio
- 1985
Fundación de la Unión Patriótica y exterminio político
- 1985
Ruptura de la tregua con el M-19 y toma del Palacio de Justicia
- 1986
Gobierno Barco: del modelo de tregua al de desmovilización
- 1990
Desmovilización del M-19 y límites del modelo con las FARC
La lectura
La tregua colombiana nació como figura híbrida —pausa militar, apertura política y ensayo de transición simultáneos— y esa ambigüedad fundacional fue a la vez su rasgo distintivo y su principal debilidad. Ningún gobierno colombiano la sostuvo con una cadena de mando unificada: mientras el ejecutivo negociaba, las Fuerzas Militares operaban con doctrina propia, los servicios de inteligencia coordinaban con paramilitares y el narcotráfico aprendía a usar la misma palabra para sus propios fines. Las guerrillas, por su parte, encontraron en el cese al fuego un escenario ideal para crecer sin costos militares, combinando proselitismo político con expansión territorial. El resultado fue que cada tregua firmada dejó un saldo paradójico: más actores armados, más víctimas políticas y una palabra más desacreditada. Cuando al cabo de los años noventa Colombia intentó nuevos procesos de paz, la memoria de La Uribe pesaba como una advertencia: la tregua sin voluntad colectiva del Estado no detiene la guerra; la administra.
La tregua
En el vocabulario político colombiano, tregua es una palabra tardía y desconfiada. Antes de 1982 designaba lo que dice el diccionario: una pausa en las armas, un compás militar. Después de esa fecha se convirtió en otra cosa: un dispositivo jurídico y político mediante el cual el Estado y las guerrillas —y, más adelante, los carteles del narcotráfico— intentaron suspender la guerra sin ponerle fin, negociar sin ceder, ganar tiempo sin perder terreno. Entre los Acuerdos de La Uribe, firmados el 28 de marzo de 1984, y el colapso del proceso 8.000 a mediados de los noventa, la tregua fue el instrumento central de una política de paz que fracasó por razones simultáneas: la instrumentalización guerrillera del cese al fuego para expandirse militar y políticamente, el sabotaje interno del Estado por sectores militares y paramilitares, y la irrupción del narcoterrorismo como actor que hizo inviable cualquier pacto duradero. Al cabo de esos años, la palabra quedó envenenada: nombrarla en Colombia dejó de ser un llamado a la paz para volverse una alerta.
Qué se pactó cuando se pactó tregua
En su acepción estricta, una tregua es un acuerdo de suspensión de hostilidades entre partes beligerantes, con vigencia acotada, sin reconocimiento político ni resolución del conflicto de fondo. El derecho internacional humanitario la contempla como pausa técnica; la práctica política colombiana la desbordó desde el principio.
Lo que Belisario Betancur Cuartas y las FARC-EP firmaron en La Uribe el 28 de marzo de 1984 no fue una tregua clásica. Los once puntos del acuerdo —entre ellos el cese al fuego bilateral y la creación de una Comisión de Verificación— contemplaban un período de prueba de un año, contado desde el cese de enfrentamientos, para que la guerrilla se organizara política, económica y socialmente con garantías del gobierno, con miras a un tránsito hacia la vida legal. La tregua colombiana nació así como una figura híbrida: pausa militar, apertura política y ensayo de transición, todo al mismo tiempo. Esa ambigüedad fundacional —ni cese técnico ni acuerdo de paz definitivo— sería su principal debilidad y, paradójicamente, su rasgo distintivo.
En los años siguientes, la palabra se estiraría aún más: designó el cese firmado con el M-19 en Corinto el 24 de agosto de 1984, el acuerdo simultáneo con el EPL en el antiguo Museo Zea de Medellín ese mismo día, y también —forzando la analogía hasta la deformación— las ofertas de sometimiento a la justicia que los Extraditables lanzarían al Estado entre 1988 y 1990. En cada uso, la tregua significó algo distinto. Lo común fue el intento de suspender la violencia sin resolver sus causas y, casi siempre, la constatación de que la pausa había servido a quien la firmaba con menor voluntad de cumplirla.
Los orígenes: la apuesta de Betancur y su arquitectura legal
Cuando Belisario Betancur llegó al Palacio de Nariño en agosto de 1982, la política colombiana estaba habituada al estado de sitio y al Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay. El nuevo presidente conservador rompió ese marco con un gesto sorprendente: apostar por la negociación con las guerrillas como camino hacia una paz política.
El primer instrumento fue la Ley 35 de 1982, sancionada el 19 de noviembre de ese año a iniciativa del Ejecutivo. Se trató de una amnistía amplia, incondicional y automática para presos políticos y para quienes depusieran las armas. Sus beneficiarios se cuentan por millares —el propio Betancur, a mitad de su gobierno, habló de dos mil amnistiados— y provinieron de todo el espectro guerrillero: FARC, M-19, ELN, EPL, el Comando Pedro León Arboleda, la Organización Revolucionaria del Pueblo y la Autodefensa Obrera. Ningún gobierno colombiano había abierto las puertas de las cárceles con tal amplitud.
Apenas un mes después de la posesión, Betancur creó la Comisión de Paz, presidida inicialmente por el expresidente Carlos Lleras Restrepo y luego por el exministro liberal Otto Morales Benítez, con la misión de tender puentes hacia el M-19 y las FARC-EP. A medida que el proceso avanzaba, se sumaron comisiones de verificación y de diálogo, en una arquitectura flexible —a veces demasiado flexible— que buscaba adaptarse a cada interlocutor. En 1983 el gobierno instaló el Plan Nacional de Rehabilitación, con el que pretendía atender lo que la retórica oficial llamaba las condiciones objetivas del conflicto: pobreza, ausencia estatal, marginalidad rural. En 1985, el Congreso aprobó la Ley 45, o Ley de Indulto, como complemento jurídico al proceso.
Sobre ese andamiaje se firmó La Uribe. Y desde el primer día quedó claro que era menos sólido de lo que aparentaba. Betancur nunca formalizó mediante decreto el cese al fuego que había ordenado a las Fuerzas Militares. Más aún: el ministro de Defensa encargado, el general Miguel Vega Uribe, emitió una resolución en la que afirmaba —contra la lógica misma de una tregua territorial— que no existían territorios vedados para los soldados. La orden política del presidente y la doctrina operacional de las Fuerzas Militares apuntaban en direcciones opuestas, y esa contradicción no era un accidente burocrático: era el síntoma de un Estado que nunca decidió, colectivamente, si quería la paz o la victoria militar.
La trayectoria: 1984, el año fundacional
1984 concentra, como pocos, la biografía completa de la tregua colombiana. En marzo se firma La Uribe. El 30 de abril, cuando la tinta del acuerdo aún estaba fresca, cae asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el norte de Bogotá, alcanzado por sicarios en motocicleta —un pasajero disparó con pistola automática, en lo que se convertiría en la firma del cartel de Medellín. Era el primer ministro en ejercicio asesinado en la historia del país. Dos días antes había entrado en vigor la tregua con las FARC.
La respuesta de Betancur fue el estado de sitio en todo el territorio nacional mediante el Decreto 1038 de 1984, que se prolongaría hasta el 4 de julio de 1991. La contradicción se instaló en el corazón mismo del gobierno: en un país en estado de sitio se estaba pactando la paz con las guerrillas. El presidente restableció además la extradición de colombianos solicitados por delitos en otros países, medida que hasta entonces había mantenido en un incómodo compás de espera. La palabra tregua y la palabra extradición comenzaron, desde entonces, a operar como polos opuestos que estructurarían la política colombiana por dos décadas.
En agosto, el M-19 de Álvaro Fayad e Iván Marino Ospina y el EPL firmaron sus propios acuerdos: el M-19 en Corinto, el EPL en el antiguo Museo Zea de Medellín, con inicio de tregua fijado para las 13:00 del 30 de agosto. Ese mismo mes, Otto Morales Benítez renunció a la Comisión de Paz. Su carta de dimisión denunciaba la existencia de enemigos agazapados de la paz dentro y fuera del gobierno, sin identificarlos entonces. Años después confesaría que entre esos enemigos figuraban la clase empresarial colombiana y varios ministros del propio gabinete de Betancur.
También en 1984, el ministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes había renunciado declarando abiertamente que no podía haber negociaciones ni acuerdos con las guerrillas. Su sucesor, el general Matamoros, tampoco disimuló su distancia frente al proceso. La cadena de mando militar operaba como una segunda política exterior dentro del país, con voz propia y sin subordinación efectiva al poder civil.
Mientras tanto, entre junio y noviembre de 1984, en plena vigencia de la tregua, se registraron combates y violaciones al cese al fuego en Caquetá, Caldas, Barrancabermeja, Boyacá y Antioquia, con muertos de ambos lados. Las FARC-EP mantenían su discurso de paz mientras justificaban selectivamente algunas de sus acciones armadas; el Ejército, por su parte, operaba con la resolución del ministro Vega Uribe como coartada doctrinal.
La red: guerrillas, paramilitares, narcotráfico y el Estado partido
Ninguna tregua colombiana puede entenderse sin la constelación de actores que la rodeaba y la deshacía. La primera pieza es la propia guerrilla. Las FARC-EP, comandadas por Manuel Marulanda Vélez y con Jacobo Arenas como estratega político, aprovecharon el período posterior al acuerdo para hacer proselitismo y duplicar sus frentes en armas, apuntalados con recursos provenientes de los cultivos de coca. La tregua no interrumpió su crecimiento: lo aceleró. La doctrina interna de la organización —combinar todas las formas de lucha— encontró en el cese al fuego un escenario ideal, porque le permitía consolidar su presencia territorial sin costos militares.
La segunda pieza fue la Unión Patriótica, fundada en mayo de 1985 bajo el amparo directo de los Acuerdos de La Uribe. Nació como movimiento político amplio, con la incorporación de organizaciones campesinas, sectores liberales y conservadores independientes, y agrupaciones regionales de izquierda. En las elecciones de 1986 y 1988 obtuvo dos senadores propios —cuatro con coalición—, tres representantes a la Cámara —seis con coalición—, 29 diputados y 24 alcaldías. Fue el mejor resultado electoral de una izquierda colombiana en décadas. También fue una sentencia de muerte. Apenas elegidos, sus primeros congresistas comenzaron a ser asesinados en un exterminio que se prolongaría más de una década. Entre las víctimas, Leonardo Posada, suplente a la Cámara, cayó en Barrancabermeja; alcaldes, concejales, diputados y parlamentarios de Meta, Guaviare y Caquetá fueron eliminados uno a uno.
La tercera pieza es el paramilitarismo. Desde el inicio mismo de las conversaciones, la desconfianza hacia el proceso llevó a sectores radicales de las Fuerzas Armadas a promover una privatización de la lucha contrainsurgente. Los paramilitares se articularon con miembros del Ejército —incluidas las secciones de inteligencia B-2 y S-2— para recabar información, coordinar acciones armadas y atacar sistemáticamente a militantes de izquierda. El exterminio de la UP no fue una serie de crímenes aislados: fue un método, y el método operó desde dentro del aparato estatal contra un movimiento político surgido, precisamente, de un acuerdo firmado por ese mismo aparato estatal. A esa arquitectura se sumaron narcotraficantes como Gonzalo Rodríguez Gacha, que participó directamente en la conformación y financiamiento de grupos paramilitares.
La cuarta pieza es el propio narcotráfico como actor con vocación de negociar treguas propias. En mayo de 1984, apenas semanas después del asesinato de Lara Bonilla, Pablo Escobar Gaviria y Jorge Luis Ochoa se encontraban en Panamá. A través de Santiago Londoño White solicitaron una reunión con el expresidente Alfonso López Michelsen, que estaba allí para presenciar la elección de Nicolás Ardito Barletta. Se vieron al día siguiente de la jornada electoral en una suite del Hotel Marriott de Ciudad de Panamá. Los capos ofrecían, en esencia, un sometimiento negociado a cambio del abandono de la extradición. El gobierno Betancur declaró nula cualquier posibilidad de entendimiento; la embajada estadounidense en Bogotá y el Departamento de Estado hicieron lo propio. Pero el intento marcó un precedente: los carteles habían aprendido de las guerrillas que la palabra tregua podía servir a sus intereses.
Cerraba la red el propio Estado, que no era uno sino varios: un ejecutivo que negociaba, unas Fuerzas Armadas que saboteaban, unos servicios de inteligencia que coordinaban con paramilitares, un Congreso que legislaba amnistías, una Corte Suprema que dirimía sobre la extradición. Ese Estado partido en pedazos no podía sostener una tregua coherente. Ningún actor externo la habría respetado aunque hubiese querido, porque no había un interlocutor único al cual respetarla.
El fracaso: 1985-1986, ruptura y traspaso
La tregua con el M-19 terminó en junio de 1985. El 28 de junio, un comando del movimiento realizó la primera toma guerrillera en el Eje cafetero, atacando el municipio de Génova, en el Quindío. Cinco meses después vendría la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985, punto de no retorno en la ruptura simbólica de cualquier proceso de paz de esa administración. Con las FARC, la tregua se prolongó formalmente, pero fue vaciándose por dentro: los frentes crecían, la UP era asesinada, los combates se sucedían.
Cuando Virgilio Barco Vargas llegó a la presidencia en agosto de 1986, la política cambió de eje. Desde septiembre de ese año, el gobierno planteó abiertamente que el camino debía reorientarse de la tregua indefinida hacia una desmovilización efectiva. En una reunión del 18 de septiembre de 1986, el gobierno comunicó a las FARC —representadas por Jacobo Arenas, Manuel Marulanda y Alfonso Cano— que la negociación se transfería de la Comisión de Paz heterogénea al equipo gubernamental, y que se exigía desmovilización efectiva. La noticia cayó, según los testigos, como un baldado de agua fría sobre las FARC y el Partido Comunista.
El nuevo modelo funcionaría con otras guerrillas. El M-19 declaró un cese unilateral el 2 de abril de 1988 e inició negociaciones que culminaron el 9 de marzo de 1990 con la desmovilización de 900 combatientes y su transformación en la Alianza Democrática M-19. Entre finales del gobierno Barco y comienzos del de César Gaviria Trujillo se desmovilizaron también el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintín Lame. Pero las FARC y el ELN, en plena expansión militar y con crecimiento sostenido de ingresos por protección a cultivos de coca, rechazaron cualquier fórmula que implicara desarme previo. La tregua, para ellos, seguía siendo el marco preferido; el desarme, una línea que no cruzarían.
Mientras tanto, la campaña electoral de 1989-1990 dejó un país tapizado de muertos. Luis Carlos Galán, asesinado en agosto de 1989, cuyas banderas tomaría César Gaviria camino a la Presidencia. Bernardo Jaramillo, candidato de la UP, y Carlos Pizarro Leongómez, candidato del recién desmovilizado M-19, cayeron ambos en 1990. El narcotráfico, en alianza con paramilitares y sectores políticos, buscaba entre otros objetivos presionar al gobierno para cesar las extradiciones. La violencia electoral no era ya un efecto colateral: era una forma de negociación por otros medios.
La tregua como coartada de los carteles
Paralelo al fracaso de la tregua guerrillera, y en parte alimentándose de sus escombros, se consolidó una tregua espuria: la que los carteles del narcotráfico intentaron negociar con el Estado bajo la retórica de la paz.
Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cartel de Medellín, y Rodríguez Gacha protagonizaron entre 1988 y 1993 una guerra abierta contra el Estado colombiano. Los Extraditables —el nombre con que se agruparon públicamente— desataron más de seiscientos atentados en diez años. Asesinaron a los periodistas Guillermo Cano y Jorge Enrique Pulido, hicieron explotar las sedes de El Espectador y Vanguardia, atentaron contra el edificio de la inteligencia estatal, pusieron precio a la vida de cientos de policías y jueces. Sus objetivos oscilaban entre silenciar voces críticas y presionar al gobierno para que cesaran las órdenes de captura o extradición.
En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980, que ratificaba el tratado de extradición con Estados Unidos, argumentando un vicio de forma —la firma del ministro encargado en lugar del presidente—, aunque muchos atribuyeron la decisión al temor por las amenazas de los narcotraficantes. Virgilio Barco sancionó una nueva ley, la 68, para mantener la vigencia del mecanismo, pero la Corte volvería a fallar en su contra. La extradición se convirtió en el campo de batalla real: la palabra paz, en boca de los capos, era eufemismo de no extradición.
Al inicio del gobierno de César Gaviria en 1990 se adoptó una política de sometimiento a la justicia. La entrega de Pablo Escobar en junio de 1991, junto con la de otros capos como los hermanos Ochoa Vásquez, coincidió con la Asamblea Nacional Constituyente que en su artículo 35 original prohibió la extradición de nacionales. Escobar se recluyó en La Catedral, una cárcel de lujo que él mismo acondicionó con sus recursos en Envigado. La política de sometimiento fue, en su núcleo, una tregua disfrazada: pausa jurídica a cambio de renuncia parcial a la actividad ilegal. Fracasó estrepitosamente. Escobar se fugó, fue perseguido por meses y murió a manos de la Policía en Medellín en diciembre de 1993.
En ese último tramo se cruzó una guerra dentro de la guerra: la decisión de Escobar de enfrentar al Estado no contaba con la anuencia de varios grupos paramilitares. A finales de 1992 se formó Los Pepes —Perseguidos por Pablo Escobar—, integrado entre otros por las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, los Tangueros de Fidel y Carlos Castaño Gil, y el cartel de Cali, que había acogido en su territorio a narcotraficantes perseguidos por Escobar. La cacería del capo se libró tanto por la fuerza pública como por sus antiguos aliados convertidos en enemigos. Cuando cayó, la política de sometimiento ya había fracasado en sus propósitos amplios: se limitó a algunos lugartenientes, mientras el cartel de Cali gozaba de amplia impunidad para expandir sus negocios, impunidad que estallaría en el escándalo del proceso 8.000 bajo la presidencia de Ernesto Samper Pizano.
La huella: por qué la palabra quedó envenenada
Al cerrar la década de 1990, la palabra tregua cargaba en Colombia un peso semántico que ningún otro país hispanoamericano le atribuía. Nombrarla era evocar simultáneamente varios espectros: la duplicación de los frentes de las FARC bajo el paraguas de La Uribe, el exterminio de la Unión Patriótica, el sabotaje militar del cese al fuego, la instrumentalización paramilitar del vacío estatal, y la propuesta de sometimiento de los carteles disfrazada de aporte a la paz.
Esa carga condicionó las decisiones posteriores. Cuando Andrés Pastrana inició el proceso del Caguán entre 1999 y 2002, la tregua volvió al centro del debate: se despejó una zona equivalente a 42.000 kilómetros cuadrados sin exigir cese al fuego ni desarme, y las FARC, operando desde una posición de ventaja militar y con más triunfos que derrotas recientes, aprovecharon el espacio para fortalecerse. El proceso naufragó en febrero de 2002. Su lección quedó grabada en la memoria política del país: mientras la correlación de fuerzas no se inclinara a favor del Estado, cualquier diálogo de paz sería infructuoso, porque la guerrilla envalentonada convertiría la voluntad estatal en materia prima para su propio crecimiento.
Fue precisamente esa lección la que estructuró el proceso de La Habana entre 2012 y 2016. Juan Manuel Santos decidió no abordar el cese al fuego al inicio de las negociaciones sino al final, porque en los procesos anteriores iniciar por ese tema había imposibilitado cualquier avance. La mayor parte de las conversaciones de La Habana se desarrollaron en medio del conflicto armado activo, con operaciones militares continuadas contra las FARC. La correlación de fuerzas era diametralmente opuesta a la del Caguán, en buena parte gracias a la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010, que había golpeado duramente a la guerrilla: cinco de los siete miembros históricos del Secretariado de las FARC murieron en esa década. La tregua, en el modelo de La Habana, dejó de ser antesala del acuerdo para volverse su culminación.
Entre el modelo Betancur y el modelo Santos hay treinta años y una lección aprendida a un costo enorme. Betancur y Pastrana coincidieron en no exigir desarme previo ni fijar condiciones tangibles de voluntad de paz, cediendo a las exigencias de los grupos alzados en armas. Barco, Gaviria y Santos, en momentos y con estilos distintos, se plegaron al principio contrario: la tregua sin desmovilización es una ilusión que beneficia siempre al más fuerte en el terreno.
Queda, finalmente, la huella moral del período. El fracaso de la tregua de 1984 no puede atribuirse a un solo agente. Las FARC la instrumentalizaron para crecer, es cierto, pero pudieron hacerlo porque el Estado nunca fue un actor unitario. El ejecutivo negociaba mientras las Fuerzas Armadas saboteaban; los servicios de inteligencia coordinaban con paramilitares el exterminio del movimiento político que la propia tregua había hecho posible; el narcotráfico contaminaba simultáneamente a todos los actores, financiando a las FARC vía coca, a los paramilitares vía Rodríguez Gacha, y ofreciendo su propia versión de la paz en Panamá. La ambigüedad de la palabra tregua no fue un accidente semántico: fue el producto estructural de un país que nunca resolvió, entre 1982 y 1998, si quería la paz o la victoria militar, y de una insurgencia que nunca eligió entre la política y las armas.
Al cabo del período, el vocabulario colombiano quedó marcado por una asimetría curiosa. La palabra paz mantuvo su prestigio, aunque erosionado. La palabra acuerdo sobrevivió, con sus matices. Pero tregua nunca recuperó la inocencia. Después de La Uribe, después de Corinto, después de La Catedral, decir tregua en Colombia dejó de ser proponer una salida y pasó a ser, casi siempre, anunciar una sospecha.
En el archivo
1 apariciones públicas, ordenadas por período y año.
Relaciones
Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.
Relaciones editoriales
- 01Belisario Betancur: presidente que diseñó y promovió la arquitectura jurídica y política de la tregua, desde la Ley 35 de 1982 hasta los Acuerdos de La Uribe de 1984
- 02FARC-EP / Manuel Marulanda Vélez y Jacobo Arenas: principal contraparte guerrillera de la tregua de 1984, que aprovechó el cese al fuego para duplicar frentes y fundar la Unión Patriótica
- 03Rodrigo Lara Bonilla: su asesinato el 30 de abril de 1984, dos días después de la entrada en vigor de la tregua, desencadenó el estado de sitio y la reimplantación de la extradición, fracturando el proceso
- 04Unión Patriótica: movimiento político surgido directamente de los Acuerdos de La Uribe como expresión electoral de la tregua, destruido por el exterminio paramilitar con apoyo de sectores del Estado
- 05Paramilitarismo / Gonzalo Rodríguez Gacha: actores que sabotearon la tregua desde dentro y fuera del Estado, articulando acciones con inteligencia militar para eliminar a militantes de izquierda surgidos del proceso de paz
- 06Extradición: medida restablecida por Betancur tras el asesinato de Lara Bonilla, que operó como polo opuesto a la tregua y estructuró la confrontación con el narcotráfico durante dos décadas
- 07La Uribe (Meta/Caquetá): lugar donde se firmó el acuerdo fundacional de la tregua colombiana el 28 de marzo de 1984
Personas
Lugares
Ideas
Documentos y fragmentos citados
47 documentos · 64 fragmentos
01Huellas y rostros de la desaparición forzada (1970-2010)Federico Andreu-Guzmán (relator); Carlos Miguel Ortiz (coordinador); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2014 · p. 51, 862 citas
[1]de salud. 53 1MKYIPäRKIP(¿E^]*EYWXMRS0ºTI^)PTEVEQMPMXEVMWQSIREGGMºR Un segundo paso sería dado el 19 de noviembre de 1982, con la expedición de la Ley No. 35 de 1982, que otorgaba una amnistía por delitos políticos 82 y fue aprobada por el Congreso a iniciati- va del Poder Ejecutivo. Con ello, como lo señaló Alfredo…
p. 51
[17]Reyes, Ministro de Defensa (1982 - 1984), cali fi có en 1983 públicamente el proceso de paz promovido por el gobierno de “concesión a los subversivos” y de claudicación guber- namental ante la subversión 161. En ese mismo sentido se referirían en 1984 otros altos o fi ciales, como el general Miguel Vega Uribe,…
p. 86
02Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 135, 144, 1473 citas
[2]país, culminara en la reconci- liación nacional. El impacto inicial fue de sorpresa en la opinión pública, en la élite del poder y en la misma guerrilla, pues en tres meses el gobierno ha- bía arrebatado la “bandera de la paz” al M -19. Cómo conducir un proceso político diametralmente opuesto al énfasis…
p. 144
[3]poco tiempo aduciendo cuestiones de salud; lo sucedió el connotado político liberal Otto Morales Benítez. El presidente se dedicó a sacar en el Congreso una ley de amnistía" amplia, in condicional y automática para todos los presos políticos y para quienes de pusieran las armas. Una vez aprobada, (Ley 35 de 1982),…
p. 135
[50]los car- teles en el Guaviare y Caquetá y la guerra a muerte que, como se mencionó, estos decretaron contra la UP. Barco y la transición a Gaviria, agosto de 1988-junio de 1994 De mayo a julio de 1988 el M -19 mantuvo en cautiverio al dirigente conserva- dor Álvaro Gómez Hurtado, secuestro que, inesperadamente, puso…
p. 147
03Testigos olvidados. Periodismo y paz en ColombiaAndrés Felipe De Pablos, Luisa Fernanda Gómez · 2017 · p. 1, 48 citas
[4]16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…
p. 1
[5]16 I. El gobierno de la paz y los enemigos agazapados (1982-1986) Durante la campaña presidencial para el período 1982-1986 la paz fue tema clave de discusión. Lo fue, sobre todo, por las denuncias de violaciones a los derechos humanos, el abuso y poder desmedido de las Fuerzas Armadas, las desapariciones y demás…
p. 1
[10]la Comisión de Paz Fuente: El Espectador (31 de mayo de 1983). Al mismo tiempo, las, en constante comunicación con la Comisión de Paz, lograron importantes avances para FARC concretar el cese al fuego y la firma de una tregua. De tal manera que el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Caquetá), se firmó el Acuerdo de Cese…
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[11]la Comisión de Paz Fuente: El Espectador (31 de mayo de 1983). Al mismo tiempo, las, en constante comunicación con la Comisión de Paz, lograron importantes avances para FARC concretar el cese al fuego y la firma de una tregua. De tal manera que el 28 de marzo de 1984, en La Uribe (Caquetá), se firmó el Acuerdo de Cese…
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[47]48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…
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[48]48 II. La “Iniciativa para la Paz”: el punto de partida (1986-1990) Antes de las elecciones presidenciales de 1986, en lo que respecta al desarrollo del conflicto armado, Colombia había sufrido grandes cambios. La Ley de Amnistía de 1982 y la tregua aún pactada con las, pero desconocida por ambas FARC partes,…
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[52]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
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[53]63 III. Bienvenidos al futuro (1990-1994) En los últimos días del gobierno de Virgilio Barco ya se habían iniciado diálogos de paz con las guerrillas, y Quintín PRT EPL Lame. Por esta razón, desde la hora cero del gobierno de César Gaviria, se buscó recobrar esos diálogos y reiniciar procesos de desmovilización y…
p. 1
0425 años de luchas sociales en Colombia 1975-2000Mauricio Archila Neira, Álvaro Delgado G., Martha Cecilia García V., Esmeralda Prada M. · 2002 · p. 231 cita
[6]seria su primer presidenle. 21 Colombia dK/igtna..., págs. 272 y SS. 1 ' SegUn Maria Teresa Finclji, hubo una nueva dinamica con tos illdigenas. de trato mas reciproco, de "autoridad a au10· ridad'" rMoviniento social y cuiiW potiUca: el caso del movimienro de auroriclades indlgenas en Colombia-. en Amado GUOITero…
p. 23
05¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 1671 cita
[7]se beneficiaron gue- rrilleros de las FARC, M -19, ELN, EPL, del PLA (Comando Pedro León Arboleda), de la ORP (Organización Revolucionaria del Pueblo) y de la ADO (Autodefensa Obrera), que fueron excarcelados. El número de beneficiarios varía dependiendo de la fuente, sin embargo, en la mitad de su gobierno, Betancur,…
p. 167
06Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Frontera nororientalComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 861 cita
[8]en lo económico y en lo social» 241. 239 Aguilera, «ELN: entre las armas y la política», 222. 240 El Tiempo, «ELN califica como un error el asesinato de obispo de Arauca, monseñor Jesús Emilio Jaramillo». 241 Entrevista 752-VI-00011. Dirigente político. consolidación guerrillera, persecución política y apertura…
p. 86
07Siembra vientos y recogerás tempestades. La historia del M-19, sus protagonistas y sus destinosPatricia Lara S. · 2002 · p. 481 cita
[9]de Paz, la cual fue integrada por militares, sacerdotes y políticos. Algunos de ellos hablaron ya de la necesidad de dialogar con la guerrilla23. J 2? La Comisión de Paz quedó prácticamente desintegrada a raíz de la renuncia conjunta presentada por los miembros civiles de la misma, a mediados de mayo de 1982, dos…
p. 48
08La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 681 cita
[12]la creación de nuevos frentes de guerra y convertirse en el “Ejército del Pueblo”, lo que cambiará la dinámica de la guerra y determinará la expansión de este grupo armado. El 28 de marzo de 1984 se firmaron los acuerdos de cese al fuego y tregua entre el Gobierno colombia- no y la guerrilla de las FARC, que fueron…
p. 68
09No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 188, 1942 citas
[13]únicos que le ponían talanqueras al pro- ceso de paz. Según un informe 552 recibido por la Comisión de la Verdad, si bien algunos destacados empresarios como Alfredo Carvajal y Nicanor Restrepo avalaron y participaron en las negociaciones, la postura gremial de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) dejó ver…
p. 188
[25]en los Llanos del Yarí y el Magdalena Medio. En agosto de 1984 el presidente de la Comisión de Paz, Otto Morales Benítez, renunció súbitamente con una carta en la que le decía a Betancur que dentro y fuera del Gobierno había «enemigos agazapados de la paz». Durante varias décadas, Morales 571 Arango Castrillón,…
p. 194
10Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 5011 cita
[14]que condujeran al cese al fuego y abrieran los caminos del diálogo nacional. La euforia del acuerdo firmado entre Gobierno y FARC-EP se vio enturbiada el 30 de abril por el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, el primero de una larga cadena de crímenes contra hombres públicos por parte de las…
p. 501
11Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002Vladimir Melo Moreno (Relator); Andrés Fernando Suárez, Carmen Andrea Becerra (Correlatores); Centro Nacional de Memoria Histórica · 2018 · p. 281 cita
[15]Cuando a juicio de la Comisión Nacional de Verificación ha- yan cesado los enfrentamientos armados, se abrirá un período de prueba o espera de un (1) año para que los integrantes de la agru- pación hasta ahora denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias 29 1 La Unión Patriótica de Colombia (FARC-EP) puedan organizarse…
p. 28
12Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 811 cita
[16]que nunca nos hicieron. [...] Cuando yo salí de la cárcel mi papá me dijo: “Lo que pasó en ese tiempo no pasó”, y eso fue toda la atención psicosocial que yo recibí. [...] Y efectivamente yo de eso nunca volví a hablar porque mi papá pensaba que hablando de eso me ponía en riesgo» 218. El 24 de agosto de 1984 el M-19…
p. 81
13Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 1202 citas
[18]los negociadores del presidente lograron firmar una tregua con las FARC el 28 de abril de 1984. Todos esperaban, y mu- chos creían, que este acuerdo sería el inicio de una nueva época de paz para Colombia. Pero fue en ese momento que los sicarios de Pablo Escobar asesi- naron al ministro de Justicia Rodrigo Lara…
p. 120
[19]los negociadores del presidente lograron firmar una tregua con las FARC el 28 de abril de 1984. Todos esperaban, y mu- chos creían, que este acuerdo sería el inicio de una nueva época de paz para Colombia. Pero fue en ese momento que los sicarios de Pablo Escobar asesi- naron al ministro de Justicia Rodrigo Lara…
p. 120
14Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 381 cita
[20]MIR Patria Libre, el Frente Ricardo Franco y el Comando Quintín Lame 64. 60 La última charla con John Agudelo Ríos, presidencia de la República, Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Bogotá, 2005, página16. 61 Ídem, página19. 62 Ídem, página 23. 63 Ídem, página 26. 64 Villamizar, Darío, Un Adiós a la Guerra,…
p. 38
15Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 97, 1292 citas
[21]lograron torpedearla. Por ello, nunca hemos salido de ese ambiente de zozobra colectiva”110* *. Otto Morales no aclaró nunca públicamente a quién se refería cuando hablaba de “enemigos agazapados de la paz”. Sin embargo, en una entrevista con la periodista Margarita Vidal, muchos años después, en 2014, le confesó: “la…
p. 97
[46]18 de septiembre c '.50 Carlos Ossa, “El gobierno Barco reveló la magnitud del conflicto y la dificultad de lograr la paz”, Biblioteca de la Pa £, vol. 2, 2009, p. 29. '.51 Idem., p. 27. 133 Cambiar el futuro de 1986. Esta reunión, a la cual asistieron por parte del Gobierno nacional Carlos Ossa, Gabriel Silva,…
p. 129
16¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 901 cita
[22]muchas de sus ofensivas contrainsur- gentes o en su implantación territorial en las periferias, dada la preca- riedad de recursos del Estado para financiar la guerra. A esto se había Titular de prensa, inicio del proceso de paz con las FARC en 1984. El Espectador. 137 Los orígenes, las dinámicas y el crecimiento del…
p. 90
17Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 981 cita
[23]empate militar y la guerrilla tenía control de territorios donde desarrolló un modelo de poder dual. por una democracia sin violencia 99 La idea no alcanzó a probarse. Apenas los primeros congresistas del partido fueron elegidos, comenzaron a ser asesinados en un exterminio político que duró más de una década. Entre…
p. 98
18Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 1291 cita
[24]del Caguán (Caquetá) resultaron muertos 7 guerrilleros en combate; el 15 de septiembre de 1984 en Riosucio (Caldas) el Ejército entabló un combate que dejó un saldo de 2 militares y 7 guerrilleros muertos; el 3 de octubre de 1984 en zona rural de Barrancabermeja 2 guerrilleros murieron en combate; el 12 de octubre en…
p. 129
19Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 1181 cita
[26]La izquierda: entre la política y las armas Durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) se produjo un hecho inesperado que iba en contravía de las predicciones de la izquier- da con respecto a un mayor endurecimiento del régimen político. In- mediatamente después de asumir la Presidencia el 7 de agosto de…
p. 118
20Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1421 cita
[27]en un momento en el que comenzaban a crecer sus recursos por su apoyo a la siembra de coca. De cierto modo, en 1983 ni los militares ni la guerrilla tomaron positivamente el proceso de negociaciones: para ambos era una molestia promovida por los inevitables asociados civiles, en el gobierno o el partido. Mientras la…
p. 142
21Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 671 cita
[28]las organizaciones subversivas” y “se consideraron obligados a asumir la defensa del establecimiento” (Velásquez, E., 2007, página 138). En esta coyuntura de división ideológica se produjo una pro- funda radicalización política “que se manifestó en la exacerbación de autoritarismos regionales y en una creciente…
p. 67
22El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1952 citas
[29]la UP. Enumeran una serie de hechos para sustentar la delicada situación de orden público, derivada, según argumentan, de la intención de las FARC por ejercer dominio en la población, para lo cual se sustentarían en el avance político de la UP. La carta es enviada como documento secreto y de manera anónima por “un…
p. 195
[30]la UP. Enumeran una serie de hechos para sustentar la delicada situación de orden público, derivada, según argumentan, de la intención de las FARC por ejercer dominio en la población, para lo cual se sustentarían en el avance político de la UP. La carta es enviada como documento secreto y de manera anónima por “un…
p. 195
23Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 415, 4192 citas
[31]MAS, por supuesto, importantes sectores de la Fuerza Pública descubrieron que era posible realizar un trabajo sucio mu- cho más efectivo contra el movimiento guerrillero, sin comprometer la imagen de sus instituciones. Los narcos facilitaron la infraestructura y el dinero aun- que, en forma temprana, algunos de ellos,…
p. 415
[38]reformas al tratado de extradición y exención por los crímenes cometidos antes de tales reformas; ofrecieron entregar al Estado toda la infraestructura pro- ductiva de la droga, incluso rutas y laboratorios, y abandonar por completo su negocio. Además, hablaron de cancelar la deuda externa de Colombia. Distintos…
p. 419
24Los López en la historia de ColombiaÓscar Alarcón Núñez · 2022 · p. 1651 cita
[32]de abril de 1984, en el norte de Bogotá, cuando Lara se dirigía a su residencia. Antecedente de ese hecho tan lamentable fue también el doloroso asesinato de Rafael Pardo Buelvas, ministro de Gobierno de López Michelsen, ocurrido en su propia residencia al mes siguiente de concluida esa administración, el 17 de…
p. 165
25Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 1701 cita
[33]uno de ellos —al que tenía la fama de ser el más poderoso y rico de todos— a los sagrados recintos del Congreso nacional. En un gesto que le costaría la vida, Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, se opuso abiertamente a Escobar, acusándolo en público de ser un narcotraficante y negándole el derecho a ocupar…
p. 170
26El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 1. Graves violaciones de derechos humanos: luchas sociales y cambios normativos e institucionales 1985-2012Centro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 362 citas
[34]denominado estado de sitio. El periodo que va de 1985 a 1990 es una clara prueba de ello. El estado de sitio se decretó en abril de 1984 (Decreto 1038 / 1984), luego del asesinato del ministro de Justicia Rodri- go Lara Bonilla, y se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991, con ocasión de la adopción de la nueva…
p. 36
[35]denominado estado de sitio. El periodo que va de 1985 a 1990 es una clara prueba de ello. El estado de sitio se decretó en abril de 1984 (Decreto 1038 / 1984), luego del asesinato del ministro de Justicia Rodri- go Lara Bonilla, y se mantuvo hasta el 4 de julio de 1991, con ocasión de la adopción de la nueva…
p. 36
27Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 2021 cita
[36]con quienes opinaban que la bonanza del narcotráfico era una ben- dición, más aún en momentos en que el resto de América Latina padecía una fuerte crisis económica, o con aquellos que consi- deraban beneficioso el desplazamiento de las elites tradicionales, a las cuales achacaban todos los problemas de país, por parte…
p. 202
28Mi vida y mi cárcel con Pablo EscobarVictoria Eugenia Henao · 2018 · p. 2611 cita
[37]propuesta para acabar con el narcotráfico en Colombia. La gestión fue eficaz porque López aceptó reunirse con mi marido y con Jorge Luis Ochoa al día siguiente de la jornada electoral. Así sucedió, y tras conocerse el triunfo de Nicolás Ardito Barletta, candidato del Partido Revolucionario Democrático, PRD, el…
p. 261
29Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 2461 cita
[39]La frase no era cierta: no deseaban ni tumba ni cárcel, su propósito real era vivir en Colombia libremente, disfrutando de sus ganancias, habiendo sometido al Estado a sus dictados. En diciembre de 1986, la Corte Suprema declaró inexequible la Ley 27 de 1980, por la cual se había ratificado el tratado de extradición…
p. 246
30Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 181 cita
[40]extradición y al día siguiente se entregó a la justicia Pablo Escobar Gaviria, cabeza del cartel de Medellín y autor de innumerables asesinatos y varios atentados terroristas en lugares públicos. Su fuga de la cárcel de lujo que había acondicionado con sus propios recursos, seguida por su persecución y muerte a manos…
p. 18
31Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 1821 cita
[41]adulto y desplazado), N° 14 (Hombre, adulto y desplazado); Equipo Nizkor & Derechos Human Rights, Tomo I, Op. Cit. 238 Base de Datos de Información Electoral para el Alto Nordeste Antioqueño (1978−1998), CNMH. 180 Silenciar la democracia. Las masacres de remedios y segovia 1982–1997 Línea de Tiempo N°. 7 Preferencias…
p. 182
32La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1971 cita
[42]militantes y simpatizantes, que no eran miembros de las FARC-EP –antes del Acuerdo de La Uribe, Meta, en 1984–, agraviados, desesperados e indignados por el exterminio que estaba sufriendo este partido y la falta de garantías para hacer política de oposición y 350 La Unión Patriótica fue concebida inicialmente como…
p. 197
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1131 cita
[43]Socialista de los Trabajadores (PST), que se agruparon en torno a la idea de construir una propuesta política extra institucional y en oposición a los métodos que ellos mismos consideraban conciliatorios, como los diálogos de paz. Para mayor información revisar el caso sobre la persecución, estigmatización y…
p. 113
34Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Región CentroComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 cita
[44]estos por Cundinamarca; en convergencia, fueron elegidos otros seis, entre estos, Julio Enrique Ortiz Cuenca por el Huila (Movimiento de Convergencia Liberal y UP) y Alfonso Gómez Méndez por el Tolima (Movimiento Político Tolima Libre, Liberal Oficial-U, Nuevo Liberalismo, Movimiento Amplio y Democrático-Rescatemos el…
p. 130
35Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 2151 cita
[45]de los más ilustrativos al respecto. Un líder de este partido le dijo a la Comisión: «Allí se produjeron matanzas horribles. Allí fue asesinado el alcalde de Tibú, Tirso Vél ez […], el candidato más opcionado a la Gobernación de Santander […]. En la ciudad de Barrancabermeja, fue asesinado Leonardo Posada Pedraza,…
p. 215
36Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 47, 512 citas
[49]personas en la Embajada de la República Dominicana en Colombia (1980) y, sobre todo, la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero que, por todo lo anterior, va a ser severamente hostigado en los núcleos urbanos y obligado a retirarse a los emplazamientos del suroccidente colombiano,…
p. 47
[63]durante más de una década. EL GOBIERNO DE JULIO CÉSAR TURBAY AYALA, 1978-1982 Antes de finalizar este primer capítulo, y aunque ya se han apuntado algunas de las cuestiones en torno a los diferentes gobiernos presidenciales que tienen lugar en Colombia desde los años ochenta, resulta necesario recoger de un modo algo…
p. 51
37Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2711 cita
[51]a c ó mo ofrecer a los grupos pol í ticos surgidos de la guerrilla condiciones favorables para el ejercicio democr á tico. La negociaci ó n llev ó, a comienzos de 1990, a la fir ma de la paz con el m -19 y otros grupos guerrilleros (el epl, el prt, el ind í gena Movimiento Armado Quint í n Lame), convencidos ya de la…
p. 271
38"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 311 cita
[54]L c arte L de m ede LL ín (1988-1994) Entre 1988 y 1994, los métodos de guerra sucia combinaron acciones encu- biertas de eliminación de cientos de civiles por parte de organismos estatales de seguridad y asesinatos selectivos perpetrados por paramilitares coordinados por agentes estatales. Este periodo coincide con…
p. 31
39¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 1011 cita
[55]UP, luego de queJaime Pardo Leal también fuera asesinado; y Carlos Pizarro, excomandante de un M-19 que recogía un respetable apoyo popular tras su conversión en partido político. Al tiempo, el narcotráfico, en alianza con grupos políticos y paramilitares, venía de asesinar a los periodistas Guillermo Cano y Jorge…
p. 101
401989María Elvira Samper · 2019 · p. 1311 cita
[56]contra la guerrilla y los simpatizantes de izquierda no es el único frente de guerra del Mexicano. También se enfrenta a sus antiguos aliados, los esmeralderos Molina y Carranza, a mediados de los años ochenta, cuando ya metido de lleno en el narcotráfico y jefe de un poderoso ejército privado, busca apoderarse de las…
p. 131
41Grupos Armados Posdesmovilización (2006 - 2015). Trayectorias, rupturas y continuidadesTeófilo Vásquez Delgado, Víctor Barrera Ramírez, Carlos Andrés Hoyos, Javier Benavides Torres, Jefferson Corredor Uyaban, Mateo Morales · 2016 · p. 421 cita
[57]y continuidades la Constitución de 1991 y la recomposición de la alianza “narco- paras”. En ese momento, como resume María Teresa Ronderos (2014), el ambiente en el contexto de la Asamblea Nacional Cons- tituyente era de optimismo: “Con Escobar preso, la mayoría de las guerrillas en paz y las autodefensas principales,…
p. 42
42El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 921 cita
[58]un cuerpo de operaciones especializado conformado por integran- tes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que recibió apoyo y entrena- miento de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), de la DEA (Departamento Antidrogas de los Estados Unidos), y de la Fuerza Área y el…
p. 92
43Democracia feroz. ¿Por qué la sociedad en Colombia no es capaz de controlar a su clase política?Gustavo Duncan · 2018 · p. 1841 cita
[59]del Estado se centraban en neutralizar a Escobar, mientras que desde Estados Unidos y la sociedad colombiana se prefería pasar por alta la evidente infiltración de autoridades civiles y políticas. La depuración del sistema tendría que esperar al final de la guerra contra Escobar. A lo largo del proceso 8000 la…
p. 184
44Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 7631 cita
[60]la definición de llegar, en el marco de las negociaciones, a ceses al fuego, treguas entre las partes o negociaciones en medio de la guerra. Este asunto lo analizó el expresidente Juan Manuel Santos al anotar que en el proceso que se comenzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo…
p. 763
45La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 1361 cita
[61]la ofensiva, operaban con las restricciones propias del presupuesto nacional, y mantenían un antiguo esquema de cuarteles y batallones donde los soldados estaban acantonados mientras la guerrilla se movía a sus anchas por todo el país. Los comandantes guerrilleros se consideraban intocables. En esas condiciones, no es…
p. 136
46Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1511 cita
[62]se observan en los sucesivos procesos se explican, en buena medida, por el deseo de no repetir los errores de oportunidades anteriores y por las evoluciones que se iban presen- tando en las distintas coyunturas. Pero más allá de las diferencias entre un proceso y otro, es posible hablar de dos modelos generales que…
p. 151
47Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 4361 cita
[64]sólido consenso entre las élites a favor de la salida militar al conflicto y en detrimento de las soluciones negociadas. Consenso que en - carnaba Álvaro Uribe Vélez y su política de seguridad democrática entre 2002 y 2010. Durante toda la primera década de este siglo, las guerrillas perdieron terreno, legitimidad y…
p. 436