Cantón Norte

Un complejo militar en el norte de la ciudad

El Cantón Norte no es una unidad, sino un conglomerado de unidades. Alberga la Brigada de Institutos Militares —la BIM, luego reorganizada como Décima Tercera Brigada del Ejército con jurisdicción sobre Bogotá—, batallones operativos, dependencias de inteligencia como el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI), depósitos de armamento, escuelas de formación y áreas de vivienda para oficiales y suboficiales. En su vecindad inmediata se sitúa además la Escuela Militar José María Córdova, encargada de formar a los oficiales del Ejército colombiano. La suma de instalaciones convierte al sector en el nodo neurálgico de la capacidad militar terrestre desplegada sobre la capital.

Su ubicación es en sí misma un dato histórico. El complejo se extiende al oriente de la carrera séptima, en el arco que va aproximadamente desde la calle 100 hacia el norte, colindando con La Castellana, San Cristóbal Norte, El Contador y sectores residenciales de Usaquén que crecieron a lo largo del siglo XX. Cuando las primeras instalaciones se establecieron, el terreno estaba en las afueras de Bogotá; la expansión urbana de las décadas siguientes engulló los perímetros militares hasta dejarlos incrustados en pleno tejido de la ciudad. Esa doble condición —militar y urbana, cerrada y contigua a la vida civil— explica muchos de los usos y de los conflictos que el lugar concentraría después: allí se custodian armas en medio de una ciudad, allí se interrogan detenidos a metros de zonas residenciales, allí se desfila y se entrena a la vista de una capital que casi nunca mira hacia dentro de esos muros.

Su función es doble. En términos operativos, es sede de las unidades encargadas de la defensa y el control de orden público en Bogotá y su área de influencia. En términos logísticos, funciona además como depósito de armas del Ejército, condición que lo convirtió, hacia finales de los años setenta, en el objetivo simbólico y práctico más codiciado de la guerrilla urbana. Las descripciones de la época coinciden: era considerado el complejo militar más importante y más custodiado del país. Precisamente por eso, tomárselo se convirtió en la apuesta que definiría a una organización.

Los años que llevaron al golpe

Para entender por qué el Cantón Norte se transformó en el epicentro de un capítulo entero del conflicto colombiano hay que retroceder a 1970. El 19 de abril de ese año, unas elecciones presidenciales controvertidas dejaron por fuera del poder a Gustavo Rojas Pinilla y a la Alianza Nacional Popular (Anapo). La sospecha de fraude, nunca esclarecida judicialmente, alimentó en los años siguientes la desconfianza hacia la vía electoral. Entre los sectores más radicales de la izquierda, consignas como "No vote" y "El poder sale del fusil" ganaron terreno; la mayoría de las agrupaciones distintas al Partido Comunista optaron por la abstención y por debatir con creciente seriedad la posibilidad de la lucha armada.

De ese caldo surgió el Movimiento 19 de abril, M-19. Su nacimiento estuvo marcado por una peculiaridad respecto a las guerrillas ya existentes: era urbano, universitario, de clase media, y buena parte de sus fundadores —Jaime Bateman Cayón, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina— provenía de una ruptura con las FARC, cuya conducción consideraban demasiado apegada a la política de masas y renuente a asumir la centralidad de lo militar. Junto a ellos figuraron Luis Otero Cifuentes y Carlos Toledo Plata, este último médico y dirigente político con trayectoria en la Anapo. El grupo se hizo público en enero de 1974 con un golpe simbólico calibrado: la sustracción de la espada de Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar, en Bogotá. La operación no cambiaba correlación de fuerzas, pero definía una gramática: el M-19 sería un movimiento de gestos escénicos dirigidos al gran público, con vocación de disputar la iconografía nacional al Estado.

Cuatro años más tarde, ese estilo escaló al terreno logístico. La Operación Ballena Azul consistió en excavar un túnel desde una casa arrendada en las inmediaciones del Cantón Norte hasta uno de los depósitos de armas del Ejército. En la noche del 31 de diciembre de 1978, mientras Bogotá terminaba el año, un comando del M-19 sacó miles de fusiles, ametralladoras y municiones. Las cifras varían: unas hablan genéricamente de "miles de armas", otras precisan "más de cinco mil". Sea cual fuere el número exacto, la magnitud del golpe era inaudita. No se trataba solo del volumen: las armas del principal complejo militar del país habían salido, en silencio, por un hueco en la tierra.

Ballena Azul: el golpe y sus dos caras

El robo tuvo una dimensión simbólica que ninguna operación previa del M-19 había alcanzado. Herir al Ejército colombiano en su depósito más custodiado, en la capital, la noche de Año Nuevo, era una humillación institucional difícil de digerir. Sumado a las acciones anteriores y a una campaña publicitaria hábilmente cuidada, el hecho contribuyó a la popularidad que la organización alcanzó en esos años: el M-19 se posicionó como una guerrilla capaz de golpear al corazón mismo del poder militar.

Pero el propio M-19 subestimó lo que había desencadenado. Años después, Carlos Toledo Plata reconocería que el grupo había subestimado al enemigo y que la operación estuvo a punto de llevarlos a la extinción. La afrenta era demasiado grande para que la respuesta fuera moderada. El operativo, además, no había terminado con el traslado del armamento: apenas empezaba una segunda fase, la de repartir, ocultar y aprovechar cinco mil fusiles en un país con vigilancia militar reforzada. Buena parte de esas armas terminaría alimentando operaciones posteriores del grupo. La Columna Móvil del Cauca, coordinada por Antonio Navarro, se armó con material proveniente del Cantón Norte. Otra fracción del arsenal fue trasladada por aire hacia el Caquetá, en operaciones planificadas por Bateman que incluyeron el reclutamiento de comunidades indígenas koreguaje en los resguardos de Getuchá y Gorgonia, en el municipio de Milán, para tareas relacionadas con el traslado. Esa expansión geográfica —Cauca, Caquetá, Huila— redefiniría el mapa operativo del grupo en los años siguientes y arrastraría al conflicto a poblaciones ajenas a él.

La Columna Móvil del Cauca sería rápidamente desmantelada por las fuerzas de seguridad, y la persecución alcanzaría también a la cúpula de organizaciones indígenas caucanas cuya relación con el M-19 quedó abierta a costos que no habían buscado. A partir de 1980, el grupo abandonaría el Cauca para dedicarse a la llamada "guerra del Caquetá", en un repliegue que solo revertiría en 1982. El Cantón Norte, en ese sentido, no fue solo un golpe: fue un desplazamiento del conflicto hacia el suroccidente colombiano, con implicaciones humanas que trascendieron largamente la contienda entre el M-19 y el Ejército.

El Estatuto de Seguridad y la respuesta del Estado

La respuesta institucional al robo se apoyó en un instrumento legal que ya existía. El presidente Julio César Turbay Ayala, del Partido Liberal, había asumido la Presidencia en agosto de 1978 y, apenas un mes después de posesionarse, había firmado el Decreto 1923 —el Estatuto de Seguridad—. La norma no fue una improvisación tras el golpe guerrillero: el alto mando militar venía presionando por medidas similares desde el gobierno de Alfonso López Michelsen, que las había rechazado. Turbay las adoptó al asumir el cargo. El Estatuto ampliaba la competencia de la jurisdicción penal militar para juzgar a civiles, criminalizaba modalidades enteras de la protesta social, la sindicalización, la reunión y la expresión —asociándolas con la subversión—, y establecía penas de hasta 24 años de cárcel por perturbaciones del orden público en centros urbanos, con condenas proferidas por comandantes de brigada sin recurso de segunda instancia.

El robo del Cantón Norte llegó a ese dispositivo como su detonador perfecto. La ofensa era tan pública, tan simbólicamente enorme, que legitimaba de un solo golpe la aplicación radical del Estatuto. El 1 de enero de 1979, apenas horas después del asalto, las Fuerzas Armadas comenzaron a allanar, detener y torturar de forma masiva e inmediata. En las dos semanas siguientes al robo, los detenidos se contaban por cientos; durante los seis primeros meses de 1979, el ritmo se mantuvo con la misma intensidad.

El Consejo de Ministros autorizó, en enero de 1979, la detención de 138 personas vinculadas —o supuestamente vinculadas— al M-19. La lista incluía a integrantes del grupo, pero también a estudiantes y médicos, entre otras profesiones. Aún más grave: al menos 19 personas detenidas entre el 2 y el 8 de enero fueron incorporadas retroactivamente al Acta 10 del propio Consejo de Ministros. Es decir, sus capturas —ya consumadas por la fuerza pública, muchas realizadas por unidades del Cantón Norte— fueron legalizadas después. La denuncia de los abogados de la época sobre esa legalización retroactiva quedó consignada en documentos que hoy forman parte del archivo del período.

La BIM, el BINCI y el rostro físico de la represión

La represión no fue una figura retórica; tuvo direcciones exactas. La Brigada de Institutos Militares, en el Cantón Norte, fue uno de los centros donde se cometieron torturas contra detenidos en el marco de la persecución al M-19. El Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, el BINCI, también con base en el complejo, aparece referenciado insistentemente en los informes sobre el período. Denuncias posteriores de integrantes de la propia inteligencia militar señalarían que el BINCI habría actuado, además, en operaciones asociadas a estructuras clandestinas como la Triple A, dirigidas a la eliminación selectiva de personas presumidas de vinculación guerrillera. La inteligencia militar, articulada entre el BINCI y la Vigésima Brigada, desarrolló en esos años una estrategia de eliminación de líderes —o de quienes suponía como tales— con base en información fragmentaria.

El caso de Olga López de Roldán, torturada en la Brigada de Institutos Militares, terminaría con una condena al Estado colombiano como responsable de esas torturas. No fue un caso aislado sino la punta expuesta de una práctica sistemática. Solo en Bogotá, más de 5.000 personas habrían sido detenidas y torturadas por militares durante la vigencia del Estatuto, y a nivel nacional se calcula que las detenciones por razones políticas superaron las 16.000 —cifra que el propio Ministerio de Defensa habría reconocido en parte—.

Amparados en esa arquitectura legal e institucional, los interrogatorios violentos permitieron capturas importantes. Iván Marino Ospina, señalado como segundo a bordo del M-19, fue detenido en ese período, junto con decenas de dirigentes y centenares de militantes. Pero la operación desbordó a su blanco. La cacería se utilizó para golpear a toda la oposición, a la izquierda no armada y al sindicalismo, deteniendo a personas sin vínculo alguno con la guerrilla. Estudiantes, médicos, artistas, intelectuales, activistas y ciudadanos sin filiación política pasaron por instalaciones militares —muchas de ellas en el Cantón Norte— y salieron marcados, cuando salieron.

La represión fue caracterizada como la más cercana al modelo de las dictaduras del Cono Sur que Colombia haya conocido. La Doctrina de Seguridad Nacional, matriz continental de las juntas militares del período, encontró en el Estatuto de Seguridad de Turbay su expresión colombiana. Y encontró en el Cantón Norte —con la BIM, con el BINCI, con sus depósitos y salas— su geografía concreta.

Nombres bajo el orden de captura

En ese mismo escenario represivo aparecieron figuras que luego serían centrales en la historia de los derechos humanos en Colombia. El Acta 35 del Consejo de Ministros, del 3 de mayo de 1979, mencionó a los abogados defensores Eduardo Umaña Mendoza y Alberto Alava con orden de captura, aunque no habían sido detenidos. El dato dice mucho del período: la defensa jurídica de personas señaladas como subversivas se convertía, ella misma, en objeto de persecución estatal. En paralelo, las denuncias por violaciones de derechos humanos comenzaron a construir puentes internacionales; el caso de María Fanny Suárez de Guerrero, llevado en 1979 ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, es un ejemplo temprano de una trama que crecería en las décadas siguientes.

Los militares que operaban en el complejo tenían nombres y responsabilidades. La familia Landazábal Reyes ilustra la penetración del alto mando en la vida institucional del período: el general Fernando Landazábal Reyes ocuparía luego el Ministerio de Defensa y sería una de las voces más críticas del proceso de paz de Belisario Betancur en los años ochenta. En el Ministerio de Defensa del gobierno Turbay, el general Camacho Leyva encarnó la impronta más dura del período. Alfredo Molano llegaría a asociar la represión desatada por Turbay y Camacho Leyva a acciones guerrilleras específicas, en un vínculo que sitúa al Cantón Norte —sin nombrarlo siempre— en el centro de la explicación.

La deriva del M-19 después del golpe

Para el M-19, los meses posteriores al 31 de diciembre de 1978 fueron los más difíciles de su historia. El grupo, celebrado por la opinión pública tras Ballena Azul, se vio reducido en pocos meses a una organización con la mayoría de sus cuadros medios encarcelados o torturados, con parte de la cúpula detenida y con el armamento sustraído en riesgo permanente de ser recuperado por las Fuerzas Militares. La confesión posterior de Toledo —que subestimaron al enemigo— reconoce con claridad el error de cálculo: el M-19 había planeado el golpe sin dimensionar la respuesta.

El grupo intentó recomponerse en el terreno donde había sido debilitado. La toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá, en febrero de 1980, comandada por Rosemberg Pabón, mantuvo como rehenes a diplomáticos de diecisiete países durante 61 días. Bateman transmitió al comando la lectura de que la operación había "superado lo esperado" y de que, cualquiera fuera la salida, ya habían ganado políticamente. La embajada permitió al M-19 volver a colocarse en el escenario internacional, pero también negociar salidas más medidas. Después vendría el intento fallido de invasión por la costa Pacífica —por Nariño y Chocó—, reprimido cruentamente por las Fuerzas Militares, que capturaron a dirigentes importantes del grupo. La ofensiva militar arrinconó al M-19 hacia el suroccidente colombiano: Caquetá, Huila y Cauca.

El proceso de paz iniciado por Belisario Betancur estableció contactos en México y España con dirigentes del grupo, pero las negociaciones de 1984 fracasaron. El desenlace de esa espiral llegó el 6 de noviembre de 1985 con la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, una operación cuyos costos humanos y políticos son de otra magnitud, y que las lecturas posteriores tienden a inscribir en la misma línea de acciones espectaculares que había inaugurado el asalto al Cantón Norte. La desmovilización llegaría el 9 de marzo de 1990, mediante el Acuerdo de Corinto, con la entrega de armas de 900 guerrilleros y la transformación del grupo en fuerza política legal.

Entre esas dos fechas —el 31 de diciembre de 1978 y el 9 de marzo de 1990— el Cantón Norte estuvo en el centro de la escena. Fue el lugar del golpe, el lugar de la represalia, el lugar donde se procesó una parte sustancial de los detenidos, el lugar donde se formuló buena parte de la estrategia militar contra el M-19 y contra otras guerrillas.

Un lugar entre memorias en disputa

Lo que ha ocurrido después con el Cantón Norte, en la memoria pública, es sintomático. Existen al menos dos narrativas sobre el lugar, y no dialogan entre sí.

La primera es la narrativa militar. En ella, el Cantón Norte aparece como el escenario de una afrenta grave a las Fuerzas Armadas —el robo de armas del complejo más custodiado del país— y como una prueba de las capacidades subversivas contra las que el Ejército debió combatir. En ese enmarcado, el asalto es un hito del enemigo, no del propio complejo; los abusos represivos que siguieron no aparecen mencionados, o se presentan como excesos de una campaña globalmente legítima. La memoria militar del lugar es la memoria de un orgullo institucional que fue herido y que luego, en ese mismo espacio, se reconstruyó.

La segunda es la narrativa de los derechos humanos. En ella, el Cantón Norte —o, más precisamente, la BIM y las unidades de inteligencia que operaron desde allí— es sinónimo de un capítulo represivo específico: detenciones ilegales legalizadas retroactivamente, torturas documentadas, tratos crueles, criminalización de la oposición no armada. Es la memoria de Olga López de Roldán y de las miles de personas cuyos nombres nunca llegaron a un fallo. Pero esa memoria, salvo excepciones puntuales, no se ha anclado con fuerza al espacio físico. Los informes hablan del Estatuto de Seguridad y del gobierno Turbay; hablan de unidades y de prácticas; con menor frecuencia hablan del Cantón Norte como lugar. La represión se recuerda; el escenario se difumina.

Entre esas dos memorias, la ciudad convive con el complejo militar sin haber elaborado un relato público integrado. Bogotá pasa junto al Cantón Norte todos los días —por la séptima, por la novena, por la 100— sin que el lugar interpele. Es un espacio militar cerrado en medio de un tejido urbano abierto, y su carga histórica queda repartida entre quienes la reivindican como capítulo de honor y quienes la denuncian como capítulo de abuso. La disputa por su significado, más de cuatro décadas después de Ballena Azul, sigue abierta.

Lo que queda

El Cantón Norte no es, en rigor, un monumento: es una infraestructura activa. Allí siguen funcionando la Décima Tercera Brigada, unidades operativas y de inteligencia, escuelas y depósitos. La institución militar lo habita cotidianamente; la ciudad lo bordea. Pero como sitio histórico, el complejo condensa uno de los nudos más densos del siglo XX colombiano: la coincidencia entre una guerrilla urbana que cifraba su fuerza en el gesto simbólico y un Estado que, presionado por su alto mando militar, tenía ya listo un instrumento legal para responder con una represión de dimensiones continentales.

De ese cruce salieron cosas que Colombia todavía procesa. La Doctrina de Seguridad Nacional encontró en el Estatuto de Seguridad y en la práctica del período su versión colombiana más nítida. Miles de personas fueron detenidas y torturadas por su filiación política, real o presunta. El M-19 se salvó de la extinción, pero cargó desde entonces con un cálculo estratégico que llevaría, en 1985, al Palacio de Justicia. Y los organismos de derechos humanos aprendieron, en esos años, a articular denuncia jurídica interna con recursos internacionales, aprendizaje que sería central en las décadas siguientes.

El Cantón Norte es el punto donde una acción guerrillera calculada y una respuesta estatal desproporcionada se encontraron y produjeron consecuencias que ninguno de los dos actores había anticipado por completo. La memoria de ese encuentro se ha fragmentado: un lado recuerda el golpe, otro recuerda la represalia, y el espacio físico donde ocurrieron ambos permanece, en buena medida, ilegible para la ciudad que lo rodea. Ese carácter irresuelto es, quizá, su rasgo más colombiano: un lugar central de la historia nacional que la nación todavía no ha terminado de mirar de frente.