Las marchas cocaleras y la frontera agraria (1996–2000)

Las marchas cocaleras y la frontera agraria (1996-2000)

Entre julio de 1996 y septiembre de 1999, la economía cocalera dejó de ser un problema policial para convertirse en el eje que reorganizó la relación entre el Estado colombiano, el campesinado de frontera y las FARC. En apenas tres años, las marchas de decenas de miles de raspachines contra las fumigaciones con glifosato desembocaron en el diseño del Plan Colombia, la mayor operación de asistencia militar estadounidense en el hemisferio occidental desde la guerra fría. En ese arco corto se cifra buena parte de la tragedia posterior: el momento en que la demanda campesina de sustitución voluntaria fue reemplazada por la militarización, en que el cultivador de coca quedó fundido con el guerrillero en el discurso oficial, y en que las FARC —a las que la coca ya financiaba desde los ochenta— capitalizaron el vacío de interlocución que dejó un Estado incapaz de cumplir lo pactado. La frontera amazónica se volvió el laboratorio donde se ensayaron, casi al mismo tiempo, la protesta cocalera más amplia de la historia colombiana y la contrainsurgencia disfrazada de política antidrogas.

La frontera que la coca terminó de poblar

El mundo del que brotan las marchas de 1996 no empezó con la coca. Entre 1950 y 1960, campesinos sin tierra provenientes de Nariño, Tolima y Boyacá bajaron del piedemonte hacia Putumayo y Caquetá en una de las oleadas migratorias más grandes del siglo colombiano. Buscaban lo que en sus regiones de origen ya no existía: tierra propia. Encontraron selva, ríos y muy poco Estado. El colono pionero desmontaba la manigua, hacía mejoras —una casa, un potrero, un cultivo de pancoger— y al cabo de unos años veía cómo un ganadero o un latifundista absorbía su tenencia. La concentración de la que había huido en el interior andino se reproducía en la Amazonia con otra escala y otros nombres.

Antes de la coca, otras economías extractivas movieron la región. La Texas Petroleum Company llegó a Orito en 1963 y concentró su explotación en el Valle del Guamuez y San Miguel; en 1979, cuando los campos revirtieron a Ecopetrol, el patrón migratorio ya estaba montado. Putumayo también fue, desde los setenta, corredor de tránsito de cocaína peruana: los nacientes carteles de Medellín y Cali instalaron allí laboratorios que procesaban hoja importada del Perú, en un ensayo que precedió por más de una década al cultivo local masivo.

La coca campesina llegó a llenar un vacío económico brutal. En Caquetá, el maíz y el arroz que habían sido la base productiva del sur durante los sesenta y setenta se desplomaron ante los altos costos de transporte, la ausencia de crédito y la falta de mercado. Sin infraestructura, sin apoyo técnico, sin caminos que sacaran una cosecha antes de que se pudriera, la coca funcionó como caja menor: proveía liquidez inmediata y garantizada en cualquier momento del año, sorteaba las fluctuaciones y permitía comprar sal, herramientas o medicamentos cuando el conflicto o el clima cerraban cualquier otra puerta. Hasta 1990, el campesinado no usaba agroquímicos; los aplicó de forma masiva cuando la plaga apareció y el monocultivo se consolidó.

El resultado fue vertiginoso. Entre 1990 y 2000, el área cultivada en Colombia pasó de unas 40.000 hectáreas a entre 136.000 y 163.000: un crecimiento de tres y hasta cuatro veces en una década. Al terminar el siglo, Putumayo concentraba él solo el 40,4% de la coca nacional. La frontera agraria se había convertido en la frontera cocalera, y allí las FARC —presentes en Guaviare, Caquetá y Putumayo antes de que llegara la mata— ya llevaban años tejiendo autoridad.

Las FARC como Estado paralelo de la coca

La relación entre las FARC y la economía cocalera no se explica por un cálculo único. Fue un sistema de regulaciones acumuladas que la Séptima Conferencia de 1982 —cuando la guerrilla adoptó su modelo militarista— encontró oportuno financiar por esa vía. Las FARC cobraban un impuesto de guerra o impuesto revolucionario a los narcotraficantes con plantíos en sus zonas de influencia. Los trataban como capitalistas sujetos a tributación y les exigían, en paralelo, que trataran correctamente a los campesinos. A los cultivadores les imponían una regla que servía por igual a la subsistencia comunitaria y al abastecimiento de la tropa: no abandonar del todo los cultivos de pancoger —yuca, plátano, maíz— junto a la coca. Un líder social lo resumía así: la guerrilla obligaba a mantener comida sembrada, porque también los combatientes comían.

Su papel iba más allá del impuesto. En Putumayo, Caquetá y Guaviare, las FARC regulaban las transacciones, mediaban en los precios de la hoja y la pasta base frente a los compradores del narcotráfico, y protegían al productor campesino de los peores abusos del chichipato —el intermediario menor que compra pasta a la puerta de la finca—. Ese papel regulador generó una legitimidad territorial funcional: donde el Estado no llegaba con crédito, camino ni juez, la guerrilla imponía un orden que, aunque coercitivo, era predecible.

El precio de ese orden también era alto. Hubo castigos y trabajos forzados impuestos por las FARC a pobladores vinculados a los cultivos. La intermediación en la venta de pasta base podía exponer a campesinos ante la fuerza pública sin que buscaran nunca un vínculo directo con la guerrilla. La regulación cocalera producía solidaridades —turnos colectivos de raspa entre familias vecinas, intercambio de pasta por alimentos cuando escaseaba el dinero, silencio ante las autoridades— pero también atrapaba al cultivador en una red de la que salir era costoso.

Contra la narrativa que en los noventa se impuso desde Washington, ni la CIA ni la DEA aceptaban entonces que las guerrillas colombianas fueran los grandes narcotraficantes hacia el mercado estadounidense. Un informe secreto de la CIA de 1992 reconoció que las FARC se involucraban crecientemente mediante el cobro de impuestos y, en algunos casos, la protección de infraestructura de tráfico. La distinción importaba: las FARC eran un poder territorial que gravaba y disciplinaba la economía cocalera, no un cartel exportador. Esa precisión analítica no sobreviviría a las presiones políticas que se venían.

1996: el año en que todo se torció

El año 1996 encontró a Ernesto Samper Pizano acorralado por el Proceso 8000 y por los narcocasetes que probaban la entrada de dineros del Cartel de Cali a su campaña. En marzo, Estados Unidos descertificó a Colombia por no cooperar suficientemente en la guerra contra las drogas. Meses antes, el director saliente de la DEA, Joe Toft, había calificado al país de narcodemocracia. La funcionaria de la embajada Denise Malczewsky se lo dijo a Samper con crudeza: Washington quería mantener la presión del escándalo como arma para obtener resultados en la guerra antidrogas. El gobierno colombiano, buscando aire, respondió con lo que tenía: mano dura y decretos.

El 13 de mayo de 1996, Samper expidió el decreto 0871, que estableció como zona especial de orden público a Guaviare, Vaupés, Meta, Vichada y Caquetá. La medida no fue el origen de la protesta cocalera, pero sí el fósforo. Ya desde el 18 de noviembre de 1994, cerca de cinco mil cultivadores del Movimiento Cívico del Putumayo se habían concentrado en Puerto Asís contra las fumigaciones con glifosato, que desde 1984 se ensayaban en la Sierra Nevada y para 1995 sobrevolaban ya el sureste colombiano. Los aviones que asperjaban hoja de coca también quemaban plátano, contaminaban aguas de las que dependían caseríos enteros y dejaban rastros de enfermedades y malformaciones cuya causalidad epidemiológica nadie estaba dispuesto a estudiar en serio.

Entre julio y agosto de 1996, la protesta desbordó. Miles de cocaleros de Caquetá, Putumayo y Guaviare bloquearon carreteras, ocuparon cabeceras municipales y marcharon durante semanas. Solo en Caquetá participó alrededor del 25% de la población total del departamento: una cifra que da la medida del peso económico y social que la coca tenía en la vida regional. Fueron una de las protestas agrarias más amplias de la historia colombiana.

El pliego era claro y modesto. Los cocaleros del Putumayo exigían suspensión inmediata de las fumigaciones con glifosato, un plazo de diez años para eliminar los cultivos ilícitos mediante sustitución voluntaria, y obras de desarrollo regional: vías, escuelas, puestos de salud, crédito agropecuario. No pedían legalizar la coca; pedían tiempo y alternativas. En esa modestia estaba la fuerza política del pliego: proponía una salida sin cargar todos los costos sobre el eslabón más débil.

La respuesta estatal fue militarizada. En Florencia y otras ciudades hubo choques con la fuerza pública, disturbios, heridos. El discurso oficial osciló entre reconocer que había campesinos legítimos entre los manifestantes y sostener —como haría después el propio Samper— que el paro se debía en realidad a las restricciones sobre precursores químicos. Es decir: defensa de una economía ilegal, no rechazo a las fumigaciones. La lectura campesina fue exactamente inversa: las aspersiones eran la causa central, y el glifosato quemaba pancoger antes que coca.

Entre finales de 1996 y 1997, tras semanas de bloqueos y muertos, el gobierno firmó acuerdos con representantes de los paros. Los compromisos incluían sustitución voluntaria, apoyo a alternativas productivas y obras de infraestructura. Sobre el papel, era una victoria campesina. En la práctica, fue una trampa. Las fumigaciones no se suspendieron. Las obras quedaron reducidas a asignaciones presupuestales preexistentes, sin recursos frescos. En Caquetá se incumplió más del 60% de lo pactado. La mesa de seguimiento se fue vaciando hasta quedar, en algunos escenarios, reducida a una sola persona.

Cuando la protesta perdió a sus dueños

Las marchas de 1996 tuvieron un problema estructural que sus organizadores no lograron —o no pudieron— resolver: las FARC. La guerrilla influyó de forma determinante en el paro, aportando recursos logísticos, capacidad de convocatoria y presión sobre las comunidades. Líderes campesinos reconocieron después que las FARC buscaban demostrarle al Estado su capacidad de movilización en el sur del país, y varios vincularon las marchas con el horizonte que ya se dibujaba: unas negociaciones de paz que necesitaban fuerza en el terreno.

Esa influencia tuvo un efecto duradero: impidió que naciera una organización autónoma de cultivadores de hoja de coca. Las juntas de acción comunal, base social de las movilizaciones, conservaron cierta autonomía y formularon las demandas concretas del pliego. Pero el peso protagónico —y en momentos autoritario— de la guerrilla ahogó cualquier posibilidad de que emergiera una vocería campesina independiente con capacidad de negociar en nombre propio. Cuando los acuerdos se firmaron y empezaron a incumplirse, no había un movimiento cocalero robusto para exigir su cumplimiento. Había juntas comunales, líderes locales dispersos y una guerrilla que interpretaba el fracaso del pacto como confirmación de su propia lectura política.

El desenlace fue peor aún. A partir de 1997 empezaron a asesinar líderes cocaleros. Ese mismo año, las Autodefensas Unidas de Colombia se constituyeron formalmente como organización nacional bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, tras un proceso de unificación de grupos regionales que las ACCU venían promoviendo desde 1996. En el Guaviare formaron el Frente Héroes del Guaviare, precisamente cuando los líderes de las marchas empezaban a caer y el incumplimiento estatal minaba la credibilidad del pacto. En Putumayo incursionaron desde 1997 en zonas que concentraban parte importante de los cultivos. La combinación era demoledora: los líderes visibles morían, el Estado no cumplía, y los paramilitares llegaban a disputarles a las FARC el control del negocio y de la población.

En el bajo Putumayo, el desplazamiento forzado por la incursión paramilitar creció más de cien veces respecto al periodo previo. En el sur de Bolívar, los cultivos ascendieron sostenidamente entre 1998 y 2000, cuando alcanzaron su máximo histórico de 5.960 hectáreas, en un calendario que coincide con exactitud con la conquista territorial paramilitar de la región. Allí, Carlos Castaño delegó la entrada en Macaco, que ya tenía una organización criminal en el Bajo Cauca antioqueño y contactos con Cuco Vanoy y Julián Bolívar. Los paramilitares cobraban gramaje a cultivadores y compradores, controlaban plantaciones y autorizaban laboratorios más sofisticados que los de las FARC. La coca del sur de Bolívar no reprodujo el patrón guerrillero: se organizó bajo mando paramilitar desde el arranque.

El crecimiento paramilitar se aceleraba, además, durante los procesos de paz, empujado por tres motores simultáneos: el desacuerdo de élites regionales, los narcotraficantes convertidos en terratenientes que financiaban ejércitos privados, y sectores de las fuerzas armadas que rechazaban las negociaciones. El gobierno Pastrana, que llegaría al poder en 1998, encontraría en esa coincidencia un dilema que nunca terminó de resolver.

El discurso que fabricó al enemigo único

La estigmatización del campesino cocalero como base social de la guerrilla no fue un accidente retórico. Fue el marco político que hizo posible tratar la protesta como orden público y la fumigación como estrategia militar. Al considerar al cultivador simultáneamente responsable del narcotráfico y sostén de la insurgencia, la criminalización mantuvo la violencia sobre los eslabones más débiles y diluyó la responsabilidad de actores políticos e institucionales que se beneficiaban del negocio.

La lógica se leía en dos direcciones. Hacia adentro, permitía tratar a los cocaleros que marchaban en Puerto Asís o Florencia como sospechosos armados; hacia afuera, permitía vender la política antidrogas como contrainsurgencia y viceversa, según el interlocutor. Las políticas concentraron su violencia en el raspachín y el cultivador, mientras algunos sectores militares pactaban con narcotraficantes y los grandes jefes conservaban una capacidad de adaptación —trasladar operaciones, mover laboratorios, financiar nuevos actores armados— que las fumigaciones jamás desmontaron.

Bajo el gobierno Pastrana, cuando las fumigaciones se intensificaron con recursos del Plan Colombia, los grandes narcotraficantes respondieron trasladando operaciones a Nariño. La estrategia empujaba el cultivo de un departamento a otro, pero no desarticulaba las estructuras del narcotráfico. Empobrecía al campesino, desplazaba familias, quemaba pancoger, y dejaba intactos los eslabones lucrativos: procesamiento, exportación, lavado de dinero.

De un Plan Marshall al Comando Sur

El 8 de junio de 1998, en pleno tramo final de la campaña presidencial, Andrés Pastrana Arango presentó el Plan Colombia como parte de su Plan de Desarrollo. En esa versión original, el plan era una propuesta de inversión social masiva —un Plan Marshall para Colombia, decía la retórica— pensado como respaldo económico al proceso de paz que Pastrana pretendía abrir con las FARC. La sustitución de cultivos aparecía enmarcada en un esquema de desarrollo alternativo, con obras de infraestructura y apoyo a comunidades cocaleras.

Entre el otoño de 1998 y el otoño de 1999, esa propuesta se rehizo. En consultas sucesivas con Washington —donde el gobierno de Bill Clinton exigía condiciones específicas— y en paralelo al deterioro creciente del proceso de paz en el Caguán, la versión social del Plan fue descartada. En septiembre de 1999 se presentó públicamente una versión con el mismo nombre pero orientación distinta: ataques militares a regiones cocaleras y fortalecimiento acelerado de las Fuerzas Armadas colombianas. La retórica antidrogas quedó como envoltorio para encubrir el apoyo contrainsurgente ante los sectores del Congreso estadounidense y las organizaciones de derechos humanos que se oponían a colaborar con un ejército con historial de violaciones documentadas.

La pieza central era la fumigación masiva. Putumayo y Caquetá —departamentos bajo control de las FARC que concentraban cerca de la mitad de la coca del país— fueron elegidos como escenario piloto de la primera fase. La lógica militar la coordinaba el Comando Sur de Estados Unidos desde Florida, que estableció un grupo militar dedicado a formar, asesorar y fortalecer al ejército colombiano.

Entre 1999 y 2002, la ayuda estadounidense totalizó unos 2.000 millones de dólares, el 80% en asistencia militar. Con ese flujo llegaron 18 helicópteros Blackhawk y 42 Huey, entrenamiento para tres batallones élite y una arquitectura de bases —Larandia en Caquetá, la base de Putumayo con los batallones de la Brigada XXVII, Tolemaida en Cundinamarca, Apiay en Meta— que reorganizó la geografía operativa del ejército. Las cifras totales del Plan varían: algunas estimaciones hablan de 7.500 millones de dólares en seis años, otras las elevan a 10.000 millones cuando se incluyen periodos posteriores. La aritmética exacta importa menos que el orden de magnitud: fue el mayor esfuerzo militar externo recibido por Colombia en su historia.

La operación fue una intervención por invitación. Estados Unidos pasó a ser actor directo del conflicto armado colombiano desde diciembre de 1998, cuando Clinton prometió mayor ayuda militar. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, la distinción entre lucha antinarcóticos y contrainsurgencia se diluyó aún más: las FARC y el ELN fueron designadas organizaciones terroristas, y el uso de la ayuda militar se amplió para cubrir explícitamente ambos frentes.

El Caguán como espejo

Mientras el Plan Colombia se rehacía en Washington, Pastrana avanzaba en el Caguán. En noviembre de 1998 concedió a las FARC una zona de distensión de más de 42.000 kilómetros cuadrados que abarcaba San Vicente del Caguán, La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vistahermosa. Las negociaciones se abrieron formalmente en enero de 1999 y se prolongaron, sin resultados sustantivos, hasta febrero de 2002, cuando el presidente declaró el fin del proceso a pocos meses de terminar su mandato.

La zona de despeje funcionó como espejo de lo que la coca había construido durante veinte años. Las FARC la usaron como refugio, como área de acumulación militar y económica, y como laboratorio de nuevas formas de poder local, más o menos compatibles con la existencia de autoridades civiles. En febrero de 2002 —ya al borde del colapso— expidieron la Ley 002, que estableció un impuesto obligatorio a todos los patrimonios altos en sus áreas de influencia: la codificación explícita de lo que llevaban años practicando en la economía cocalera, ahora presentada como tributo estatal-guerrillero.

La agenda de negociación fue criticada por su amplitud imposible: doce puntos temáticos que incluían el modelo económico y las relaciones internacionales, y que la hacían innegociable en un tiempo razonable. Mientras tanto, ambas partes se fortalecían militarmente en paralelo. La opinión pública que había apoyado la apertura fue erosionándose. Los secuestros, la Ley 002, el uso evidente de la zona como retaguardia estratégica: cada gesto restaba capital político al proceso.

El Caguán suele contarse como el engaño de las FARC a un gobierno ingenuo, o como la entrega de soberanía de Pastrana. La lectura más incómoda es otra: las FARC llegaron a la mesa exhibiendo el capital territorial que las marchas de 1996 y el incumplimiento estatal les habían transferido, y el gobierno negociaba con una guerrilla cuya legitimidad regional no dependía tanto de sus armas como de haberse convertido en el único interlocutor efectivo para los cocaleros del sur. La reingeniería paralela del Plan Colombia —militarización creciente mientras se hablaba de paz— confirmaba que ninguna de las partes creía del todo en la negociación. El Caguán fue, entre otras cosas, la escenificación pública de un pulso que ya se estaba resolviendo por otros medios.

Lo que quedó, lo que sigue

Las marchas cocaleras de 1996 fueron el momento en que la economía ilícita se articuló como lenguaje político en la frontera agraria. Los pliegos que firmaron los campesinos no pedían impunidad ni legalización; pedían tiempo, alternativas y un Estado que sustituyera fumigar comida con presencia productiva. La respuesta fue el decreto 871, la militarización, la firma de acuerdos que se incumplieron en más del 60% en Caquetá, y el asesinato sistemático de los líderes que habían negociado.

En ese vacío organizativo entraron dos actores. Las FARC, que ya regulaban la economía cocalera desde antes, capitalizaron el fracaso del pacto y convirtieron el sur en su base estratégica; el Caguán fue apenas la coronación visible de ese proceso. Los paramilitares, refundados como AUC en abril de 1997, entraron a disputarles el negocio y el territorio, con el resultado documentado de desplazamientos masivos en Putumayo y el crecimiento de la coca en el sur de Bolívar bajo su tutela. El campesino cocalero quedó atrapado en un triángulo del que no había salida individual: fumigado por el Estado, disciplinado por la guerrilla, exterminado por los paramilitares cuando llegaban a su vereda.

El Plan Colombia consolidó ese cuadro en lugar de resolverlo. Diseñado como contrainsurgencia bajo retórica antidrogas, priorizó el eslabón más débil de la cadena y dejó intactos los eslabones lucrativos. Empujó el cultivo de Putumayo a Nariño, del Caguán al Catatumbo, sin desarticular las estructuras exportadoras. Fusionó al cultivador con el guerrillero en el discurso oficial —una fusión que el gobierno de Álvaro Uribe llevaría al extremo con la retórica del narcoterrorismo— y volvió imposible, durante casi dos décadas, distinguir política agraria de política militar en la frontera amazónica.

El dato incómodo del arco 1996-2000 no es si el Estado colombiano debía combatir el narcotráfico. Es por qué, teniendo enfrente una demanda campesina razonable —sustitución gradual, cese de fumigaciones, inversión productiva—, eligió sistemáticamente la respuesta que fortalecía a los actores armados que decía combatir. La descertificación de 1996, las condicionalidades del Plan Colombia y el peso del Comando Sur redujeron los grados de libertad del Estado colombiano. La debilidad del gobierno Samper por el Proceso 8000, la urgencia de recursos militares del gobierno Pastrana y la ausencia crónica de una política agraria digna de ese nombre acabaron de cerrar el margen en Bogotá. En la propia frontera, una colonización sin Estado dejó a millones de campesinos ante la única opción rentable disponible, bajo la autoridad de unas FARC empeñadas en que esa opción se ejerciera en sus términos.

Cuando los acuerdos de La Habana de 2016 volvieron sobre la sustitución voluntaria de cultivos como columna del punto cuatro, lo hacían sobre un terreno que las marchas de 1996 habían dibujado veinte años antes. El pliego era, en lo esencial, el mismo. Y las tensiones que hicieron fracasar aquel primer intento —incumplimiento estatal, asesinato de líderes, paramilitares reciclados disputando el control territorial— reaparecieron con obstinación. Esa continuidad es la medida del daño: la frontera cocalera sigue esperando el Estado que no llegó, y sigue pagando con muertos el aplazamiento.