Idea transversal

Guerra contra las drogas

Régimen discursivo, jurídico, militar y diplomático fabricado en Washington en 1971 que, al aterrizar en Colombia, reorganizó la soberanía, la geografía del conflicto y la relación entre el Estado y sus periferias durante más de medio siglo. Sucesivos gobiernos colombianos adoptaron sus instrumentos —fumigación, extradición, certificación, Plan Colombia— unas veces por convicción, otras por necesidad, casi siempre bajo presión estadounidense.

4.102 palabras64 documentos87 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1971
Nixon declara la guerra a las drogas
1974
Cúspide de la bonanza marimbera
1978
Primera fumigación: paraquat sobre la Sierra Nevada
1981
La Policía asume el combate al narcotráfico
1982
Acuñación del término 'narcoguerrilla'
1984
Asesinato de Lara Bonilla y escalada del narcoterrorismo
1986
Ley contra el Abuso de Drogas: el mecanismo de certificación
1991
Prohibición constitucional de la extradición y entrega de Escobar
1993
Muerte de Pablo Escobar y fin del Cartel de Medellín
1996
Descertificación de Colombia bajo Samper
1997
Expansión sistemática de la fumigación con glifosato
2001
Post-11S: fusión de antinarcóticos y antiterrorismo bajo 'narcoterrorismo'

La lectura

La guerra contra las drogas en Colombia no fue una política diseñada desde adentro sino un régimen importado que aterrizó sobre un terreno con sus propias lógicas: economías ilegales preexistentes, geografías de ausencia estatal y conflictos armados que el nuevo marco reorganizó sin resolver. Durante más de medio siglo, el dispositivo funcionó como un examen extranjero —certificaciones, descertificaciones, presiones diplomáticas— que los gobiernos colombianos respondieron con fumigaciones, extradiciones y operativos militares, casi siempre bajo presión y rara vez por convicción propia. La fusión progresiva entre el discurso antidrogas y el discurso contrainsurgente, articulada primero por el término 'narcoguerrilla' en 1982 y sellada por el de 'narcoterrorismo' tras el 11 de septiembre de 2001, permitió que una categoría foránea operara como infraestructura del propio Estado colombiano, legitimando la militarización y ampliando la cooperación bilateral más allá del ámbito antinarcóticos. El resultado fue paradójico: los grandes carteles fueron desmantelados, pero el narcotráfico se descentralizó y atomizó; las fumigaciones destruyeron cultivos, pero también economías campesinas y ecosistemas; y la guerra, tras medio siglo, dejó un debate apenas incipiente sobre si el marco importado tuvo alguna vez sentido para el país que lo aplicó.

La guerra contra las drogas en Colombia

La guerra contra las drogas no fue en Colombia una política pública nacida en Bogotá ni una estrategia diseñada para responder a una amenaza local. Fue un régimen importado: una arquitectura discursiva, jurídica, militar y diplomática fabricada en Washington a comienzos de los años setenta que, al aterrizar en el país, reorganizó la soberanía, la geografía del conflicto y la relación entre el Estado y sus periferias. Entre 1971 y el presente, sucesivos gobiernos colombianos aceptaron sus instrumentos —fumigación, extradición, certificación, operativos conjuntos, Plan Colombia— unas veces por convicción, otras por necesidad, casi siempre bajo presión. En ese proceso, el problema del narcotráfico terminó fundiéndose con el conflicto armado interno hasta volverse indistinguible de él, y una categoría foránea acabó operando como infraestructura del propio Estado. Este artículo reconstruye ese proceso: cómo la retórica antidrogas se tradujo en política, cómo la política se tradujo en violencia, y cómo, tras medio siglo, el debate empieza apenas a preguntarse si el marco importado tuvo alguna vez sentido.

Un régimen importado sobre un terreno propio

Cuando Richard Nixon declaró en 1971 que las drogas eran el enemigo público número uno de Estados Unidos, Colombia ya llevaba décadas conviviendo con economías ilegales que operaban al margen del Estado. La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta habían sido, desde mucho antes, corredores de contrabando de whisky, cigarrillos, armas, café y ganado. Los barcos bananeros que salían del puerto de Turbo hacia Miami, Nueva Orleans y Houston desde mediados de los años sesenta ya llevaban marihuana escondida entre los racimos. La débil presencia estatal en la península guajira, donde las autoridades toleraban parcialmente el contrabando y donde comunidades indígenas ejercían autonomía territorial sobre los puertos clave, había producido un ecosistema logístico —rutas, embarcaciones, financistas, redes de distribución— listo para reconvertirse.

Esa reconversión llegó con la bonanza marimbera. Hacia 1974, aproximadamente el 80% de los finqueros de La Guajira sembraban marihuana. La producción salía por el Caribe hacia Estados Unidos, pero también por vía aérea y, con particular ingenio, oculta en bultos de café durante los años de la gran bonanza cafetera. La operación Águila del FBI, en 1970, ya había revelado la existencia de círculos organizados de tráfico de drogas en América Latina y el Caribe. Cuando Nixon fabricó la retórica de la guerra contra las drogas, no la inventó en el vacío: hubo un mercado real, una oferta real y una geografía real. Lo que Washington aportó fue el marco.

El patrón de presión estadounidense se remonta a la administración de Misael Pastrana Borrero (1970–1974), y desde entonces se instaló una dinámica que atravesaría medio siglo: Washington empujaba sus políticas, Bogotá intentaba satisfacerlas. Hubo desacuerdos ocasionales bajo Alfonso López Michelsen y Belisario Betancur, pero la matriz nunca se rompió. La primera gran adopción activa vino con Julio César Turbay Ayala (1978–1982), quien, acogiendo la propuesta norteamericana, ordenó fumigar con paraquat los cultivos de marihuana. Fue el primer acto colombiano de la guerra: un herbicida sobre la Sierra Nevada. La bonanza marimbera colapsaría poco después, a comienzos de los años ochenta, no tanto por la fumigación como por la aparición en Estados Unidos de una variedad de cannabis más potente y barata, y por la llegada de nuevos competidores mundiales. Pero la infraestructura —rutas, capitales, actores— quedó intacta, lista para el siguiente ciclo.

Ese ciclo fue la cocaína. Y con ella, la guerra contra las drogas dejó de ser un asunto de fumigaciones periféricas para convertirse en el eje sobre el que se rearticularía todo el orden institucional colombiano.

Los años ochenta: extradición, terror y la fabricación del enemigo

En 1981, las Fuerzas Armadas colombianas obtuvieron una victoria burocrática de largo alcance: negociaron que fuera la Policía Nacional, y no el Ejército, la fuerza encargada de combatir el narcotráfico. De esa decisión nació un cuerpo antinarcóticos en la División Operativa de la Policía, del que en 1987 surgiría la Dirección Nacional de Antinarcóticos. Fue un gesto de agencia estatal: los militares se protegieron a sí mismos del contagio de una guerra que intuían impopular, corrupta y sin fin. Pero la decisión también inauguró una arquitectura peculiar, en la que la Policía asumiría durante décadas el peso operativo de la ofensiva antidrogas, sostenida financiera y logísticamente por Estados Unidos.

El detonante político vino el 30 de abril de 1984, cuando sicarios enviados por Pablo Escobar Gaviria asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en Bogotá. Lara había expuesto los vínculos del narcotráfico con la política y había impulsado la extradición hacia Estados Unidos como herramienta principal contra los capos. Semanas antes, el 12 de marzo de 1984, el Cartel de Medellín había recibido el mayor golpe de su historia hasta ese momento, en operativos inscritos en la ofensiva impulsada por Lara. Su asesinato marcó el paso del narcotráfico a una escala nueva de violencia: ya no un negocio con protecciones políticas, sino una insurgencia empresarial dispuesta a hacer la guerra al Estado.

Fue en ese mismo período cuando se acuñó la palabra que reorganizaría todo el vocabulario del conflicto. En 1982, el embajador estadounidense en Bogotá, Lewis Tambs, comenzó a hablar de narcoguerrilla para referirse a las FARC. No presentó pruebas sólidas. La relación entre la insurgencia y el narcotráfico existía pero era tenue: las FARC cobraban impuestos —el llamado gramaje— sobre la coca en algunas zonas del Caquetá y permitían el cultivo y la construcción de pistas a cambio de una renta, pero no fabricaban ni vendían cocaína directamente. Lo que hacía Tambs con la palabra era otra cosa: articular una bisagra política. La guerra anticomunista, heredada de la Guerra Fría, encontraba en la nueva campaña antidrogas un lenguaje común, unos instrumentos comunes y unos objetivos que podían presentarse como los mismos. Un solo enemigo, dos justificaciones.

La segunda mitad de los ochenta fue la del narcoterrorismo del Cartel de Medellín. La violencia se dirigió contra jueces, ministros, candidatos presidenciales y periodistas. El asesinato de Luis Carlos Galán, quien había denunciado la infiltración del narcotráfico en la política, y los ataques sistemáticos contra la prensa y contra figuras del Estado, definieron la década. Escobar operaba como jefe de una organización que combinaba economía ilegal, política electoral y terrorismo urbano. La respuesta estatal, sostenida con creciente apoyo estadounidense —recursos, entrenamiento, inteligencia—, se organizó alrededor de la extradición como amenaza suprema y de la persecución policial focalizada.

En 1986, Estados Unidos institucionalizó su instrumento diplomático más poderoso. La Ley contra el Abuso de Drogas de ese año creó el proceso de certificación: antes del 1 de marzo de cada año, el presidente estadounidense debía enviar al Congreso una lista de países productores o de tránsito calificando su nivel de cooperación. La descertificación implicaba el retiro de la asistencia bilateral y sanciones financieras y comerciales. El mecanismo, vigente entre 1986 y 2002, convirtió la política antidrogas colombiana en un examen anual cuya calificación provenía de Washington.

La entrega de Escobar, la Constitución y el fin del primer ciclo

El período entre 1989 y 1993 concentró un vértigo institucional que definiría décadas. Bajo Virgilio Barco primero y César Gaviria después, el Estado sostuvo una ofensiva militar y policial sin precedentes contra el Cartel de Medellín. Pero el punto de inflexión no vino solo por las armas: vino por una decisión soberana. La Asamblea Nacional Constituyente, al redactar la Constitución de 1991, prohibió la extradición de nacionales. Fue una concesión al narcotráfico, que había hecho de la extradición su terror principal, y fue simultáneamente una afirmación de autonomía frente a Washington. La medida abrió el camino para el sometimiento a la justicia como mecanismo negociado de desmantelamiento del Cartel de Medellín.

Escobar se entregó en junio de 1991 bajo la condición de dictar los términos de su reclusión. Los cumplió: construyó su propia prisión, La Catedral, en las afueras de Medellín, y desde allí continuó dirigiendo homicidios y negocios de droga como si nada hubiera cambiado. El 21 de julio de 1992 se fugó, y su fuga desencadenó la persecución más sofisticada y más ambigua de la historia del país. Se conformó el Bloque de Búsqueda, una unidad especializada compuesta por integrantes de la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el DAS, con apoyo y entrenamiento de agentes de la CIA, la DEA y de fuerzas estadounidenses. Y a finales de 1992 apareció una segunda estructura, más oscura: Los Pepes —Perseguidos por Pablo Escobar—, que integró a las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, a los hermanos Fidel y Carlos Castaño Gil, al Cartel de Cali y a figuras como Don Berna y Rodrigo Doble Cero, provenientes de las organizaciones de Galeano y Moncada, escindidas del propio cartel medellinense. Los Pepes actuaron en colaboración con el Bloque de Búsqueda, en una zona gris donde el Estado toleraba —cuando no aprovechaba— el trabajo sucio de una alianza de paramilitares, narcotraficantes rivales y sicarios expertos.

El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en Medellín. Con su muerte terminó el narcoterrorismo del Cartel de Medellín, pero no la violencia asociada al narcotráfico. Muchas de las estructuras que participaron en su cacería —Los Castaño, las autodefensas del Magdalena Medio, Don Berna— tomarían forma más consolidada en los años siguientes bajo el paraguas del paramilitarismo. La guerra contra Escobar dejó una lección incómoda: el Estado había ganado subcontratando a sus enemigos.

Entre 1994 y 1995, tras la caída de Escobar, las autoridades antinarcóticos estadounidenses presionaron al gobierno colombiano para actuar contra los hermanos Rodríguez Orejuela y el Cartel de Cali. La canciller Noemí Sanín reconoció públicamente esa presión. El cartel fue desmantelado en pocos meses, cerrando la era de las grandes organizaciones narcotraficantes en Colombia. Pero la caída de los carteles no fue el fin del narcotráfico: fue su descentralización, su atomización en estructuras más pequeñas, más difíciles de identificar, más entretejidas con las guerrillas y los paramilitares que ya controlaban vastas zonas del territorio.

Samper, la descertificación y la humillación diplomática

La administración de Ernesto Samper Pizano (1994–1998) recibió el peor golpe imaginable del régimen certificatorio. En 1996, Estados Unidos descertificó a Colombia por considerarla insuficientemente cooperadora en la guerra contra las drogas. La razón de fondo, apenas oculta, era otra: la campaña de Samper había recibido fondos del Cartel de Cali, hecho evidenciado por el arresto y confesión de su gerente de campaña. Washington no podía mantener su legitimidad siendo visto como socio de un presidente contaminado. La descertificación cubrió ese déficit sin cortar del todo el vínculo estratégico: los fondos militares se redirigieron por canales alternativos, como el programa International Narcotics Control del Departamento de Estado, y el llamado "corte" de ayuda fue más simbólico que real.

En sus memorias, publicadas en 2000, Samper reconstruyó una escena reveladora. La funcionaria Denise Malczewsky, de la embajada estadounidense, le habría dicho que Washington "quería mantener la presión del escándalo como arma... para obtener mayores resultados" en la guerra contra las drogas. La frase describe con precisión el uso instrumental del escándalo político como palanca diplomática, y Samper, que la evoca desde el lugar del presidente asediado, terminó cediendo en casi todo lo que Washington pidió. Aceptó la designación del general Rosso José Serrano como director de la Policía Nacional —Estados Unidos había vetado su primera elección, el general Octavio Vargas Silva, por considerarlo insuficientemente independiente del narcotráfico— y en 1997 el Congreso reincorporó la extradición a la legislación colombiana, revirtiendo la prohibición de 1991.

Fue también bajo Samper cuando la fumigación con glifosato se instaló como técnica principal de erradicación. Las aspersiones habían comenzado en la Sierra Nevada de Santa Marta desde 1984, pero se extendieron sistemáticamente al sur en los noventa. En 1997 se fumigaron 516 hectáreas en Puerto Guzmán, Putumayo; en 1998, 3.950 hectáreas en todo el departamento. La motivación explícita era obtener la recertificación de Washington. La política antidrogas se había convertido en un examen extranjero cuyas respuestas se escribían con glifosato sobre selvas amazónicas.

La respuesta social vino desde abajo. En noviembre de 1994, cerca de cinco mil cultivadores se movilizaron en Puerto Asís en un paro cívico dirigido por el Movimiento Cívico del Putumayo. En 1996, las marchas cocaleras se extendieron a Caquetá, Guaviare y Putumayo: en el Caquetá participó alrededor del 25% de la población total del departamento, dato que revela el peso absoluto de la economía de la coca en la región. Las FARC-EP, presentes en esos territorios, influyeron en la logística de las marchas a través de su control territorial y de las relaciones tejidas con las juntas de acción comunal, sin anular la autonomía campesina ni las reivindicaciones legítimas contra las aspersiones. El gobierno firmó acuerdos y luego los incumplió: no se suspendieron las fumigaciones y las obras de infraestructura quedaron limitadas a asignaciones presupuestales que ya existían.

El Plan Colombia y la fusión de las guerras

La descertificación de Samper preparó el terreno para el instrumento más ambicioso de todo el ciclo. En 1999, el gobierno de Andrés Pastrana Arango propuso el Plan Colombia, presentado inicialmente como un programa de erradicación de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo, financiado por Estados Unidos y no consultado con el campesinado cocalero. Su arquitectura contemplaba una inversión de unos 7.500 millones de dólares durante seis años, de los cuales 4.000 millones serían aportados por Colombia y 3.500 millones por Estados Unidos, con componentes de desarrollo social, fortalecimiento institucional y paz: 57,5% para operaciones antinarcóticos y combate al crimen organizado, 26,5% para fortalecimiento institucional y 16% para desarrollo social y económico.

La ejecución práctica fue otra cosa. Entre 1999 y 2002, la ayuda estadounidense al Plan totalizó aproximadamente 2.000 millones de dólares, de los cuales el 80% fue ayuda militar: 18 helicópteros Black Hawk, 42 helicópteros Huey, entrenamiento contrainsurgente para tres batallones de élite. Los 4.000 millones en gasto social comprometidos por Colombia nunca se ejecutaron plenamente. La lógica del Plan fue coordinada desde el Comando Sur de Estados Unidos, en Florida, que creó un grupo militar dedicado a acompañar, formar, asesorar y fortalecer a las Fuerzas Armadas colombianas. La estrategia se concentró en Putumayo, y no por casualidad. Era el departamento con la mayor concentración de cultivos de coca. Era, al mismo tiempo, una zona donde la economía cocalera reportaba dividendos a las FARC. Atacar la coca era, en la misma operación, atacar la insurgencia.

Esa fusión —que la retórica de la narcoguerrilla había preparado desde 1982— se consumó tras el 11 de septiembre de 2001. El presidente George W. Bush reclasificó a las FARC y al ELN como narcoterroristas, sellando el paso del discurso antiinsurgente al discurso antiterrorista bajo un solo paraguas. La estrategia estadounidense hacia el conflicto colombiano había recorrido tres etapas: entre 1995 y 1998, la lucha antinarcóticos con un apéndice antisubversivo subsidiario; entre 1999 y 2001, el respaldo público al diálogo con las guerrillas mientras se construía el Plan Colombia; tras el 11-S, la fusión total de antinarcóticos y contrainsurgencia bajo la lucha global contra el terrorismo. La ley estadounidense exigía formalmente que un grupo cometiera actos que amenazaran los intereses nacionales de Estados Unidos para ser incluido en la lista de organizaciones terroristas, un requisito jurídico que había coexistido durante casi veinte años con la designación política informal de narcoguerrilla. La asimetría entre el marco jurídico y el discursivo se resolvió imponiendo el segundo.

El Plan Colombia fue rebautizado como Plan Patriota alrededor de cuatro años después de su lanzamiento. Bajo Álvaro Uribe Vélez (2002–2010), la operación se convirtió en la mayor ofensiva contraguerrillera desde los años sesenta, orientada a atacar a las FARC en la antigua zona de distensión del Caguán y en el sur del país. El discurso del narcoterrorismo dejaba de ser retórica y se traducía en batallones, helicópteros y hectáreas fumigadas.

Fumigación, efecto globo y la economía cocalera de la guerra

La aspersión aérea con glifosato fue el rostro más visible del Plan Colombia en el territorio. En Putumayo, durante la primera fase entre 2000 y 2004, las fumigaciones redujeron los cultivos de coca en el departamento pero produjeron simultáneamente un fenómeno llamado efecto globo: los cultivos no desaparecían, se desplazaban. Del Putumayo migraron hacia el Pacífico nariñense, hacia el Catatumbo, hacia el Guaviare, hacia zonas donde la aspersión no había llegado todavía o donde el terreno era más difícil. La producción nacional agregada no cayó de manera sostenida. Entre 1992 y 2001, los cultivos habían crecido un 286%, pasando de 37.500 a 144.807 hectáreas, mientras Perú y Bolivia reducían sus áreas. Colombia se había convertido en el principal productor mundial, y la fumigación reorganizaba el mapa sin cambiar el total.

Los daños fueron cuantiosos: degradación de suelos, destrucción de cultivos de pancoger como el plátano, contaminación de fuentes hídricas y afectaciones de salud en poblaciones expuestas, incluyendo enfermedades crónicas y malformaciones. Ecuador demandó a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia en 2008 por los efectos de la deriva de las aspersiones sobre su territorio fronterizo, y en 2013 obtuvo un arreglo extrajudicial. Ese mismo año, en octubre, el programa de aspersión aérea apoyado por Estados Unidos fue suspendido tras el derribo de dos pilotos contratistas estadounidenses, y las protestas rurales dificultaron tanto la erradicación manual como la aérea.

Mientras tanto, la economía cocalera se consolidaba como el sistema financiero de la guerra. Las FARC habían pasado, entre los setenta y los noventa, de una postura inicial contraria al narcotráfico —que sostuvieron desde los sesenta hasta comienzos de los ochenta— a una regulación activa del mercado en las zonas bajo su control. Cobraban gramaje a los narcotraficantes, mediaban las relaciones económicas entre campesinos y compradores, y organizaban con esos recursos una expansión territorial y militar sin precedentes. La ofensiva militar de las FARC entre 1995 y 1997 se lee como demostración de esa capacidad: más frentes, más efectivos, mejor armamento, mejor logística. La coca financió una escalada militar que permitió sostener un modelo militarista al servicio de objetivos políticos de expansión y toma del poder.

El ELN llegó tarde a la economía cocalera. Durante décadas se financió sobre todo con extorsión al sector petrolero, secuestro y voladura de oleoductos, y mantuvo una distancia programática frente al narcotráfico. A finales de los años noventa, esa distancia se erosionó. La competencia territorial con los paramilitares y la expansión del cultivo hacia el Catatumbo, el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar empujaron a la organización al cobro de gramaje y a la regulación de laboratorios en las zonas bajo su control. Con los paramilitares la lógica fue otra, y a menudo más brutal. En regiones como el Putumayo, controlaron directamente la comercialización de la base de coca: fijaban los precios de compra, mataban a quienes vendieran a otros y forzaban ventas exclusivas a precios ínfimos. La alianza es anterior a la coca. Los narcotraficantes habían financiado el paramilitarismo desde los años ochenta, aliándose con estructuras como Acdegam en el Magdalena Medio cuando estas entraron en crisis financiera. De la confluencia entre grandes capos, hacendados amenazados por la guerrilla y contrainsurgentes locales salieron las autodefensas que en los noventa se federarían en las AUC.

En medio, los campesinos productores. En zonas donde paramilitares y guerrillas se disputaban las rentas del narcotráfico, la posición del cultivador se volvía intolerable: los paramilitares mataban a quienes no les vendieran exclusivamente a ellos, mientras las FARC castigaban con muerte o destierro a quienes no cumplieran sus exigencias de almacenamiento y venta. La guerra contra las drogas se libraba, en la práctica, sobre el cuerpo del campesino cocalero, atrapado entre grupos armados, fumigaciones aéreas y una economía informal que representaba el 39,1% del PIB colombiano y en la que más del 66% de los trabajadores operaban fuera de la legalidad. La coca no era una anomalía en esa economía: era su expresión más rentable en las periferias donde el Estado no ofrecía nada.

El agotamiento del ciclo y la apertura del debate

Hacia el final del gobierno de Uribe y durante los dos períodos de Juan Manuel Santos (2010–2018), algo empezó a moverse. El propio Santos admitió públicamente que la guerra contra las drogas no había producido resultados concretos, y la comparó con una bicicleta estática: gran esfuerzo, ningún avance. El diagnóstico coincidía con el de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, entre otros, que concluyó que las políticas prohibicionistas basadas en erradicación, interdicción y criminalización del consumo no habían producido los resultados esperados, que la situación empeoraba y que había que rectificar la estrategia seguida durante los últimos treinta años. La Comisión subrayó, además, el vínculo entre el prohibicionismo y el crecimiento del crimen organizado, y los niveles críticos de violencia asociados al narcotráfico en América Latina.

La apertura del debate en Colombia coincidió —y probablemente dependió— del mayor margen de maniobra que el país ganó frente a Estados Unidos en esos años. La ayuda económica y social estadounidense pasó de aproximadamente 250 millones de dólares en 2009 a 152 millones en 2015; la ayuda militar, de aproximadamente 422 millones a 174 millones en el mismo período. Sin la presión intensa del ciclo anterior, Bogotá pudo posicionarse como anfitrión de una conversación global sobre reforma del régimen internacional de drogas, sin asumir una posición explícita de legalización pero sin defender ya el marco prohibicionista tradicional. La suspensión de las aspersiones aéreas con glifosato en 2015, decidida por consideraciones de salud pública y por la presión judicial interna, cerró simbólicamente el instrumento más visible del ciclo anterior.

El Acuerdo de Paz con las FARC, firmado en 2016, incluyó un capítulo específico sobre sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, formalizado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. La lógica era distinta a la del Plan Colombia: pactar con los campesinos, no fumigarlos; ofrecer alternativas económicas reales, no bombardearlos con herbicidas. Los resultados fueron ambiguos, el cumplimiento estatal desigual, y bajo el gobierno de Iván Duque Márquez (2018–2022) se intentó reactivar la aspersión aérea, aunque las restricciones judiciales impuestas por la Corte Constitucional limitaron el retorno pleno de la fumigación. La coca no desapareció: hacia el final de la década, Colombia seguía siendo el principal productor mundial de hoja, y la fragmentación de los grupos armados —disidencias de las FARC, ELN, clanes sucesores del paramilitarismo, estructuras del narcotráfico mexicano operando en el país— reorganizaba el mapa de la violencia sin cambiar su lógica de fondo.

La huella de un régimen

Medio siglo después de que Nixon declarara su guerra, el saldo colombiano se juega en una asimetría precisa: la política fracasó por sus propios criterios, pero el régimen que la sostuvo triunfó como forma de Estado. No redujo de manera sostenida la producción de cocaína ni cerró los mercados. Institucionalizó, en cambio, una Policía Nacional altamente especializada en operaciones antinarcóticos, entrenada y financiada en parte por agencias estadounidenses, y convirtió a las Fuerzas Militares en una maquinaria contrainsurgente sostenida por la fusión entre la lucha antidrogas y la lucha contra las guerrillas. Esa fusión —de narcoguerrilla en 1982 a narcoterrorista después del 11-S— fue el dispositivo central: bloqueó durante casi dos décadas las salidas negociadas y transformó un problema de economía política campesina en una amenaza de seguridad nacional que solo podía enfrentarse con armas.

Que el régimen fuera importado no significa que Colombia haya sido receptora pasiva. Los actores estatales colombianos negociaron, resistieron y deformaron el marco según sus propias lógicas. Las Fuerzas Armadas colocaron el peso antinarcóticos sobre la Policía en 1981. Turbay fumigó paraquat antes de que Washington lo exigiera con toda su fuerza. La Constituyente prohibió la extradición en 1991 contra el criterio explícito estadounidense. Samper cedió pero sobrevivió. Santos abrió el debate cuando el margen se lo permitió. Estados Unidos fijó el marco discursivo, jurídico y financiero, pero los actores colombianos —estatales, insurgentes, paramilitares, campesinos— lo apropiaron, lo resistieron y lo deformaron. El entrelazamiento indistinguible entre antinarcóticos y contrainsurgencia que dominó tres décadas de vida nacional no fue solo imposición externa: fue también cogestión interna.

La advertencia final la formuló la propia Comisión Latinoamericana: mantener la guerra contra las drogas tal como se ha conducido solo produciría resultados por vía autoritaria. La alternativa —una guerra contra las causas profundas de la producción, el tráfico y el consumo— sigue siendo una hipótesis por ensayar. Colombia entra en las próximas décadas con la infraestructura del régimen intacta: batallones antinarcóticos entrenados en Tolemaida, una Policía con doctrina propia forjada en Putumayo, un Código Penal atravesado por la extradición, y un mapa territorial donde las disidencias, el ELN y las estructuras herederas del paramilitarismo se reparten las rentas de un cultivo que sigue creciendo. Sobre esa infraestructura, el marco importado ya no ordena la política: la lastra.

En el archivo

43 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01La Violencia1946–19571

1956El decomiso de La Habana (1956)Hecho

02Crisis y narcotráfico1974–199013

03Constitución de 19911991–20029

04Seguridad Democrática2002–201610

05Posconflicto2016–presente1

2017Fracaso del PNIS (2017–2022)Hecho

06Transversal—8

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Richard Nixon — creador del marco retórico y político de la guerra contra las drogas en 1971
02Plan Colombia — instrumento operativo central de la guerra contra las drogas en Colombia desde finales de los noventa
03Extradición — herramienta jurídica principal de la guerra contra las drogas, prohibida en 1991 y reincorporada en 1997
04Pablo Escobar — figura que encarnó la resistencia violenta al régimen antidrogas y cuya derrota marcó el fin del primer ciclo
05Glifosato — herbicida utilizado como técnica principal de erradicación de cultivos ilícitos desde los años ochenta
06Narcoterrorismo — categoría discursiva que fusionó la guerra contra las drogas con la contrainsurgencia tras el 11 de septiembre de 2001
07Colombia — territorio sobre el que se aplicó el régimen importado, reorganizando su soberanía, geografía del conflicto e instituciones de seguridad
08Julio César Turbay Ayala — primer gobierno colombiano en adoptar activamente la fumigación como instrumento de la guerra contra las drogas

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

64 documentos · 87 fragmentos

01Organized Crime in Colombia: The Actors Running the Illegal Drug IndustryFrancisco Thoumi · 2014 · p. 31 cita

[1]
obstacle to the enforcement of economic laws and facilitates the growth of illegal economic activities. Schneider and Klinglmair (2004, p. 10) estimate that the informal economy in 1999–2000 accounted for 39.1% of the gross domestic product. Perry et al. (2007) found that between 1992 and 2005 Colombian independent…
p. 3

02Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 61, 644 citas

[2]
Company y, por lo tanto, disfrutaba de un activo comercio con los Estados Unidos. Los barcos cargados de banano transitaban constantemente entre el puerto del golfo, situado en Turbo, y los puertos es- tadounidenses de Miami, Nueva Orleans y Houston. Ofrecían un transporte conveniente hacia el norte para la marihuana…
p. 61

[3]
Company y, por lo tanto, disfrutaba de un activo comercio con los Estados Unidos. Los barcos cargados de banano transitaban constantemente entre el puerto del golfo, situado en Turbo, y los puertos es- tadounidenses de Miami, Nueva Orleans y Houston. Ofrecían un transporte conveniente hacia el norte para la marihuana…
p. 61

[8]
poderoso que el resto del mundo, cuya cultura de la droga era la más difundida y cuyas leyes contra la droga eran las más severas, tomó la delantera. Una investigación del FBI realizada en 1970, y llamada operación Águila, reveló por primera vez la existencia de círculos organizados de drogas en América Latina y el…
p. 64

[9]
poderoso que el resto del mundo, cuya cultura de la droga era la más difundida y cuyas leyes contra la droga eran las más severas, tomó la delantera. Una investigación del FBI realizada en 1970, y llamada operación Águila, reveló por primera vez la existencia de círculos organizados de drogas en América Latina y el…
p. 64

03La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 401 cita

[4]
menor a cincuenta kilómetros todos los pisos térmicos, lo que favorece la libre siembra y la producción de cultivos en laboratorios escondidos en la espesura de las montañas de la Sierra (Villarraga, 2009, p. 16). La SNSM se convirtió en un punto estratégico de disputa de los distintos actores armados para el control…
p. 40

04La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la miraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Pilar Riaño A. (Relatora), Jesús Abad Colorado L., María Luisa Moreno R., María Emma Wills O. · 2010 · p. 1081 cita

[5]
transporte. Otros con- formaron bandas dedicadas al robo de mercancía. Las mujeres Wayuu se relacionan y cumplen un papel importante dentro de la economía del contrabando en su rol de comerciantes, es decir como dueñas de establecimientos de venta de comida, víveres, li- cores y gasolina, como propietarias de…
p. 108

05Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. CaribeComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 801 cita

[6]
Marta desde los años cincuenta. Es claro que este narcotráfico seminal tejió fuertes redes con la política. Los casos más sobresalientes aparecerían más adelante, como el de Samuel Santander Lopesierra, más conocido como «El Hombre Marlboro», que ocupó curules en el Congreso y fue extraditado a los Estado Unidos,…
p. 80

06Sistemas de guerra: La economía política del conflicto en ColombiaNazih Richani · 2003 · p. 61, 792 citas

[7]
Guajira, Cesar y el Magdalena Medio. En 1974, aproximadamente 80% de los finqueros en La Guajira sembraban marihuana. Esa bonanza eco- nómica pronto se vio afectada por una quiebra a comienzos de los años ochenta,. cuando el precio de la marihuana colombiana empezó a caer con el surgimiento de una variedad más potente…
p. 79

[68]
la renta que cobraban por concepto de protec- ción a las multinacionales e impedir su influencia política entre el cam- pesinado. Entre 1989 y 1994, 1.115 personas fueron asesinadas por motivos políticos (los índices más altos de la región). La mayoría de las víctimas eran colonos, pequeños campesinos e indígenas,…
p. 61

07Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 218, 2212 citas

[10]
a series of economic and social reforms, very similar to those pursued at the time by other Latin American governments, including the privatization and liquidation of state compa - nies, the surrender of the health and pension systems to private capital, the dismantling of a protectionist system of import tariffs, and…
p. 218

[34]
In 1991, another confidential report from U.S. Military Intelligence had called attention to the politician and lawyer Álvaro Uribe Vélez, described as a senator who was “dedicated to collaboration with the Medellín Cartel at high government levels,” noting that he was one of those politicians who has “attacked all…
p. 221

08No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 161, 1912 citas

[11]
abogados de Escobar los habían sacado de la cárcel. El expediente había desaparecido 472. Los cultivos declarados ilícitos fueron profusos desde mediados de la década. Primero estuvo en auge la marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta, desde allí era exportada por rutas antiguas de contrabando de La Guajira y…
p. 161

[28]
1984, luego del terremoto de Popayán, apareciera con «talegos de billetes para repartir a los damnificados de la tragedia». (El Heraldo, «Testigo recuerda el día que mataron a ‘El Mexicano’», El Heraldo). 565 Los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, José Santacruz Londoño y Hélmer Herrera. 566 Los párrafos…
p. 191

09¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 86, 1052 citas

[12]
fue la aparición del narcotráfico. Los cultivos de mari- huana sustituyeron a los de café en La Guajira y en la Sierra Nevada de 63. Luis Alberto Restrepo, “Movimientos cívicos en la década de los ochenta”, en Al filo del caos. Crisis política en la Colombia de los años ochenta, eds. Francisco Leal Buitrago y León…
p. 86

[29]
fin del narcoterro- rismo. La prohibición constitucional de la extradición abrió el camino para la salida a la guerra del narcotráfico contra el Estado y viabilizó la implementación de la figura jurídica del sometimiento a la justicia como ruta para el desmantelamiento del Cartel de Medellín. Este aspecto será…
p. 105

10Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 93, 102, 114, 1174 citas

[13]
en sus filas. De este modo, en 1981 las Fuerzas Armadas consiguieron que la Policía Na- cional fuese la fuerza encargada de combatir el narcotráfico. A partir de en- tonces esta hizo un complicado y costoso aprendizaje organizacional, cuyos hitos más importantes fueron la creación, en la División Operativa, de un…
p. 114

[14]
propicios para los cultivos ilícitos. El territorio de 1142 000 km2, poco menos del 60% del mexicano, está dividi do en cinco grandes regiones naturales: Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquia y Amazonia. Aunque de c. 1970 al presente en todas se cultivan, procesan y transportan drogas ilícitas, los principales centros…
p. 102

[19]
la coca se acaba el movimiento guerrillero. Resulta que las raíces del movimiento guerrillero no son la coca sino los problemas sociales, eco- nómicos y políticos de este país. 24 La influencia de las FARC sobre esos campesinos se comprobó durante el movimiento de cocaleros (1996) que si breve, fue una de las…
p. 117

[33]
sidente Betancur entendiera que la prioridad estadounidense era el combate frontal al tráfico de drogas prohibidas. El incremento del "fuego cruzado" implicó una guerra sucia por “corre dores” y "territorios” con altas dosis de terror hacia la población civil, ora indiscriminado, ora selectivo.1 2 En la década de…
p. 93

11Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 571 cita

[15]
necesito. Le dije: listo. Yo voy a trabajar con usted. De eso se trata, yo voy. Entonces [me dijo:] ya no me haga más servicios en la cocina. Usted aquí va a coger es… es manejar un radio, y me empezaron a poner de punto, vigilante. (CNMH, MNJCV, 2017, 5 de septiembre) En Vistahermosa –así como en las márgenes del…
p. 57

12More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 2631 cita

[16]
both manipulation and truth to the description. When Tambs used it, the relationship between the FARC and drug 228 MORE TERRIBLE THAN DEATH trafficking existed, but it was no more pronounced than the FARC's relationship with any other business. He could have called them "cat- tle-guerrillas" or "oil-guerrillas."…
p. 263

13El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 132 citas

[17]
oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los inte- reses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formal- mente en la lista [de grupos terroristas].” 1 En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en…
p. 13

[18]
oficina de Asuntos Andinos en el Departamento de Estado, estima que “según la ley de Estados Unidos, estos grupos deben cometer actos que amenazan los inte- reses nacionales estadounidenses para poder ser incluidos formal- mente en la lista [de grupos terroristas].” 1 En cambio, en 1982 el embajador estadounidense en…
p. 13

14Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 561 cita

[20]
of the discourse on drugs mobilized by U.S. agencies with that of their Colombian counterparts. Claiming that the “war on drugs” advanced by the U.S. was not imposed does not imply refusing the relevance of its effects for the construction of Colombia as a problem—on the contrary. The volume of financial and human…
p. 56

15¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres ColombiasClaudia López Hernández · 2016 · p. 2491 cita

[21]
contra el terrorismo". Tanto sus alocuciones como los documentos gubernamentales y oficiales sobre el conflicto político o armado en Colombia se hablaba exclusivamente de la "amenaza narcoterrorista". Este discurso se profundizó con los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos, que alinearon más…
p. 249

16Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 354, 4222 citas

[22]
sirvió, entonces, de la militarización de territorios considerados como zonas especiales de orden público y del desarrollo de acciones cívico-militares para atender las necesidades básicas de la población, como medio para ganar su simpatía y, a la vez, realizar labores de inteligencia, obteniendo información a través…
p. 422

[57]
coca, erradicación manual y glifosato (1999-2016) Fuente: Elaboración analítica SIM con base en datos del Observatorio de Drogas de Colombia. 649 Entrevista 045-VI-00165. Víctima, mujer, Nariño. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 50.000 100.000 150.000 Hectáreas…
p. 354

17Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 24, 262 citas

[23]
En el proceso de conformación y consolidación de la actual estrategia estadounidense hacia el conflicto armado en el país podemos distinguir tres etapas: Una primera, desarrollada entre 1995 y 1998, que se caracteriza por una prolongación y profundización de la lucha antinarcóticos con un apéndice más bien…
p. 26

[70]
al lado de los grandes carteles de Medellín y de Cali. De hecho, en la última década, los grupos armados incrementaron su presencia en casi todas las áreas de cultivo de coca en el país, al monopolizar el comercio de la pasta de coca en los territorios bajo su control (International Crisis Group, 2005). 2 Esta…
p. 24

181989María Elvira Samper · 2019 · p. 731 cita

[24]
que va a reforzar sus esquemas de protección. En el editorial del jueves 3, El Espectador recoge el ambiente de zozobra que vive el país, sostiene que la situación demuestra un vacío de gobierno y la ausencia de solidaridad social, y concluye: “La corrupción del narcotráfico ha traspasado las fronteras y estructuras…
p. 73

19Magdalena. Historias de ColombiaWade Davis · 2021 · p. 1701 cita

[25]
uno de ellos —al que tenía la fama de ser el más poderoso y rico de todos— a los sagrados recintos del Congreso nacional. En un gesto que le costaría la vida, Rodrigo Lara Bonilla, el ministro de Justicia, se opuso abiertamente a Escobar, acusándolo en público de ser un narcotraficante y negándole el derecho a ocupar…
p. 170

20Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 3661 cita

[26]
a España Se termina la autopista Bogotá- Medellín 1984 Huelga civil nacional Éxodo capitalino crea crisis Colombia, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles Año Política Sociedad y economía Cultura y ciencia Comisión de Paz y FARC firman acuerdo en La Uribe, Meta Se implementa impuesto al valor agregado (IVA) Primer…
p. 366

21Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1551 cita

[27]
Su tratamiento se volvió de competencia de diferentes profesionales de la seguridad, sobre todo de la Policía y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para quienes la lucha contra las drogas constituía un vector de autonomía con respecto al Ejército. A pesar de que no es oportuno retomar aquí los detalles…
p. 155

22Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 501 cita

[30]
June 1991 Escobar surrendered to authorities on condition that he dictate the terms of his im - prisonment, which was in a compound dubbed “the Cathedral,” and from which he continued to carry out hom i cides and drug business. When he es - caped from confinement in July 1992, the hunt for him galvanized a power - ful…
p. 50

23El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 921 cita

[31]
un cuerpo de operaciones especializado conformado por integran- tes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, que recibió apoyo y entrena- miento de agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos), de la DEA (Departamento Antidrogas de los Estados Unidos), y de la Fuerza Área y el…
p. 92

24Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1201 cita

[32]
Don Berna (antiguo empleado de Galeano), y Carlos Mauricio García, alias Rodrigo Doble Cero (antiguo oficial del Ejército). Un exintegrante de Los Pepes le contó a la Comisión que a esa alianza se sumaron rápidamente agencias estadounidenses, desequilibrando a su favor la corre- lación de fuerzas y permitiéndoles dar…
p. 120

25La palabra y el silencio. La violencia contra periodistas en Colombia (1977-2015)Germán Rey, Camilo Vallejo Giraldo, María Angélica Nieto Uribe, Álvaro Fernando Núñez Zúñiga, Andrea Torres · 2015 · p. 831 cita

[35]
del fuego: Periodistas asesinados en Colombia”; Revisión de prensa escrita El Tiempo y El Espectador, realizada por el Grupo de investigación CNMH. 83 Los tiempos de la memoria. Una periodización de la violencia contra periodistas en Colombia (diciembre 1977 - agosto 2015) Se trata de una década en la que arrecia la…
p. 83

26Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 2371 cita

[36]
Escobar, Inform es ¿ e l D epartam ento de E stado de E stados U nidos sobre la si tuación de los derechos hum anos en C olom bia, tesis de grado, Bogotá, Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 309 El Proceso de Certificación de las Drogas fue establecido mediante la Ley contra el…
p. 237

27America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 1102 citas

[37]
taking ‘3000 casualties in this real war against these guerrillas and their drug trafficking allies’. The paper continued that the guerrillas have ‘shot down 5 Huey helicopters and some eradica- tion airplanes, as well’. 26 A more plausible explanation for the decertification is that when the USA was presented with…
p. 110

[38]
taking ‘3000 casualties in this real war against these guerrillas and their drug trafficking allies’. The paper continued that the guerrillas have ‘shot down 5 Huey helicopters and some eradica- tion airplanes, as well’. 26 A more plausible explanation for the decertification is that when the USA was presented with…
p. 110

28Beyond Bogotá: Diary of a Drug War Journalist in ColombiaGarry Leech · 2009 · p. 2041 cita

[39]
the Cali cocaine cartel. 1996 The United States decertifies Colombia for providing insufficient support in the war against drugs. Tens of thousands of farmers protest against government repression and fumigations of drug crops. The FARC attacks and seizes an army base in southern Colombia. 1997 President Samper…
p. 204

29Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 931 cita

[40]
Reform and Oversight, Washington, DC, February 14, 1997). The use of “decertification” as leverage was known by Samper, as the Colombian desk officer in the U.S. embassy in Colombia, Denise Malczewsky, informed Samper in 1996 that the U.S. “wanted to maintain the pressure of the scandal as a weapon... in order to…
p. 93

30Álvaro Uribe Vélez: El Narcotraficante Nº 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 34, 952 citas

[41]
adinerada, establecieron un impuesto por gramo ('gramaje') a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los narcotraficantes adoptar una posición de «ceguera voluntaria» frente a los cultivos y franco ilícito de drogas, a condición de millonarios…
p. 34

[52]
artículo de otros tantos artículos plasmados en el libro «Mas allá del Embrujo» (tercer año de gobierno de Álvaro Uribe) editado por Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Bogota, www.plataforma-colombiana.org. 96 Efectivamente, el Plan Colombia, que cuatro años más tarde fue rebautizado Plan Patriota —…
p. 95

31Alvaro Uribe Velez El Narcotraficante # 82Sergio Camargo V. · 2008 · p. 34, 952 citas

[42]
adinerada, establecieron un impuesto por gramo ('gramaje') a quienes participaban en el comercio de la droga, como fuente de financiación. No pocos militares pactaron con los narcotraficantes adoptar una posición de «ceguera voluntaria» frente a los cultivos y franco ilícito de drogas, a condición de millonarios…
p. 34

[53]
artículo de otros tantos artículos plasmados en el libro «Mas allá del Embrujo» (tercer año de gobierno de Álvaro Uribe) editado por Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Bogota, www.plataforma-colombiana.org. 96 Efectivamente, el Plan Colombia, que cuatro años más tarde fue rebautizado Plan Patriota —…
p. 95

32Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 195, 1992 citas

[43]
erradicación de cultivos de coca vía fumigación con glifosato. En su afán por obtener de Estados Unidos la certi- ficación en la lucha contra el narcotráfico, en 1997 la administra- ción Samper había fumigado 516 hectáreas en Puerto Guzmán y, en 1998, 3.950 en todo Putumayo (Ramírez, 2001, página 19; Rivera, 2003,…
p. 199

[76]
los paracos ma- taban a quien no les vendiera a ellos nos tocó vender muy barato. La ganancia casi no era nada” (Jansson, 2006, página 237). Pero las personas productoras de pasta de base de cocaína en pequeña escala no sólo se encontraban en desventaja comercial frente a paramilitares del Bloque Sur Putumayo. Ante la…
p. 195

33Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 65, 692 citas

[44]
concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se trataba de una iniciativa nuclear de su Plan de Desarrollo, resultando acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la…
p. 65

[49]
la lucha guerrillera como Apiay, en el departamento de Meta, o Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá. Dicho de…
p. 69

34Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 1181 cita

[45]
y el 70 % de la cocaína consumida en el mundo se produce en Colombia. Los ingresos que se generan producto de este negocio ilegal son muy significativos. Se estima que en 2008 el tamaño de la producción y tráfico de la cocaína en Colombia fue de $13,6 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 2,5 % de pib…
p. 118

35Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 961 cita

[46]
a la seguridad de EU. Si bien las dro- gas son un pe- ligro, no son la amenaza prin- cipal. Tomando como referen- cia áreas pro- ductoras, lo son más los grupos insurgentes (o terroristas). Las drogas jun- to con otras ac- tividades ilega- les, se alimentan de las ventajas de la globaliza- ción y corres- ponden al…
p. 96

36Paramilitarism and Neoliberalism: Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and BeyondJasmin Hristov · 2014 · p. 1101 cita

[47]
la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado), known as Plan Colombia, 34 was put in place by the administration under Colombian President Pastrana and US President Clinton. This was a six-year strategy (1999–2005) for eliminating drug-trafficking and organized crime, strengthening institutions, and…
p. 110

37War in Colombia: Made in U.S.A.Teresa Gutierrez, Sara Flounders, Rebeca Toledo, Andy McInerney (eds.) · 2003 · p. 661 cita

[48]
official rhetoric of Plan Colombia to expose the reality behind it. In the words of one report, "It is clear that Plan Colombia's intent is to combat the principal threat to the nation's political and economic elite: the FARC." 16 This conclusion is further supported by the Plan's actual implementation. The Colombian…
p. 66

38El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo PutumayoMaría Clemencia Ramírez, María Luisa Moreno R., Camila Medina A. · 2012 · p. 562 citas

[50]
cuidado de los cristalizaderos, el cobro de gramaje y el cuidado de los camiones que transportaban la droga hasta la frontera con Ecuador”. 99 Además, hicieron uso del secuestro para financiarse y “cambiaron también su estrategia de desaparición de las víctimas por la de abandonar los cuerpos en los lugares donde…
p. 56

[51]
cuidado de los cristalizaderos, el cobro de gramaje y el cuidado de los camiones que transportaban la droga hasta la frontera con Ecuador”. 99 Además, hicieron uso del secuestro para financiarse y “cambiaron también su estrategia de desaparición de las víctimas por la de abandonar los cuerpos en los lugares donde…
p. 56

39El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 3371 cita

[54]
en cinco, la meta relativa a la producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha desti- nado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500 millones de dólares en los años fiscales 2000-2003. El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es un medio efectivo para la lucha contra…
p. 337

40El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 3371 cita

[55]
en cinco, la meta relativa a la producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha desti- nado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500 millones de dólares en los años fiscales 2000-2003. El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es un medio efectivo para la lucha contra…
p. 337

41Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 552, 6702 citas

[56]
nacionales y extranjeras como Cargill, Poligrow y Manuelita para explotarlas con proyectos de agroindustria 2239. En otras zonas, la reconfiguración ocurrió por las aspersiones con agentes químicos para erradicar cultivos de coca y marihuana. Las fumigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta habían comenzado desde…
p. 670

[83]
estamos pidiendo y él dice que lo maten, pero que él no mandaba la vacuna [...]”. Y entonces yo ya fui, cancelé, les cancelé a ellos, les dije: “Bueno, me hacen el favor y me lo dejan quieto, ya de ahora pa delante vamos a negociar usted y yo» 1731. Otros testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad revelan que…
p. 552

42Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 5641 cita

[58]
cocaleras participó alrededor del 25 por ciento de la población total del Caquetá, cifra que evidencia el peso que la economía de la coca tuvo en los procesos económi- cos regionales” (CNMH, 2015a). Como efecto de las marchas cocaleras, se intensificó el conflic- to armado. Un año después de las marchas, en el Caquetá…
p. 564

43Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1111 cita

[59]
principales fuentes de ingresos económicos ante la falta de oportunidades. Esto redundó en pobreza, hambre y enfer- medades. Una lideresa del corredor Puerto Vega Teteyé en Puerto Asís así lo menciona: «Esos suelos quedaron degradados por los efectos de la fumigación […]. Un señor, cuando fumigaron eso, él volvió a…
p. 111

44At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2891 cita

[60]
the spraying of glyophosate killed staple food sources that were planted alongside the coca plants, poisoned the natural rivers and streams that provided them with fresh drinking water, and led to outbreaks of cancers and physical deformities in exposed local populations. 71 By 1996 and 1997, these aerial fumigations…
p. 289

45Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 cita

[61]
incumplieron: no se suspendieron las fumigaciones y las obras de infraestructura quedaron limitadas a las asignaciones presupuestales que las entidades estatales ya tenían para el año en curso y los años siguientes 273. La Comisión ha podido establecer que sí hubo una influencia de las FARC-EP en el desarrollo del…
p. 130

46Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 2701 cita

[62]
de ‘comunidades negras’. La bonanza de la coca Entre los tipos de empresarios con presencia en el Pacífico se encuentra el de los narcos. Estos constituyen sin duda el factor más perturbador para los supuestos desde los que operan los conceptos de territorio del proceso de etnización de las ‘comunidades negras’. En…
p. 270

47Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1731 cita

[63]
tan riesgoso para la salud y la naturaleza es volver a la aspersión aérea con glifosato?». 502 Nivia y Rapalmira, «Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos sí son peligrosas». 503 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), «Censo de Cultivos de Coca 2014», 97. 504 Programa de…
p. 173

48Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río AraucaCentro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 851 cita

[64]
dos Unidos (CODHES, 2009). Sin embargo, a pesar de la altísima inversión económica, la estrategia militar de erradicación de cul- tivos de uso ilícito por medio de la fumigación aérea no solo no 86 Cruzando la frontera: memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río Arauca ha sido tan e fi caz como se esperaba,…
p. 85

49Colombia: Background and U.S. RelationsJune S. Beittel · 2018 · p. 891 cita

[65]
have played an important role. According to U.S. estimates, Colombia produced 495 metric tons (mt) of pure cocaine in 2015. 22 Between 2009 and 2013, Colombia aerially sprayed roughly 100,000 ha annually. In 2013, however, eradication efforts declined. Colombia aerially eradicated roughly 47,000 ha. It manually…
p. 89

50Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Ensayo introductorioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 661 cita

[66]
este mismo Informe Final de la Comisión de la Verdad. la hibridación de la guerra y la cruenta disputa por los territorios 67 extorsiones. A esto se sumó la expulsión del Estado de regiones y localidades en las que eran atacados los puestos de Policía en las cabeceras municipales, obligadas las autoridades civiles a…
p. 66

51Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1021 cita

[67]
extensión de cultivos de coca, que integró grandes regiones de frontera agrícola a la economía monetaria, creando bonanzas efímeras para los colonos y atrayendo trabajadores en busca de fortuna. Las nuevas fuentes de recursos en áreas de colonización fortalecieron económicamente a las guerrillas, aunque transformaron…
p. 102

52Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 621 cita

[69]
allá de la disputa militar, el interés en estos corredores fue «estratégico», porque permitieron obtener armamento y desarrollar actividades para financiar la guerra. A medida que los diferentes grupos armados se fueron asentando en los territorios de los pueblos étnicos, estos se vieron afectados primordialmente por…
p. 62

53¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?Francisco Gutiérrez Sanín · 2020 · p. 431 cita

[71]
economías fueron utilizadas para la expansión vigorosa de los respectivos grupos. Tercero, en el caso del ELN, la relación con las economías ilícitas fue bastante más complicada, aunque desde finales de la década de 1990 ellos también se integraron plenamente a ellas. Antes extraían pingües rentas del sector minero.…
p. 43

54Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo I. Bloque Central Bolívar: origen y consolidaciónCentro Nacional de Memoria Histórica, Alberto Santos Peñuela · 2021 · p. 511 cita

[72]
disminución no son claras. Desde 1994 y hasta 1997, el número de hectáreas cultivadas osciló entre 2.000 y 2.500, pero a partir de 1998 se produjo un crecimiento sostenido de cultivos hasta el 2000, año en el que se triplica el área cultivada y alcanza su máximo histórico: 5.960 hectáreas (Minjusticia, Unodc, 2016, p.…
p. 51

55Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 791 cita

[73]
sur de Bolívar se instaló el Frente 24 y se organizaron comisiones hacia Tiquisio, Montecristo, Norosí y la serranía del Perijá. Sobre ese tema, un excomandante de las FARC-EP contó a la Comisión: «Para cultivar coca no se prestaba plata porque eso era incierto, es decir, no había seguridad, una persona podía sembrar…
p. 79

56Doble discurso, múltiples crímenes. Análisis temático de las ACMM y las ACPBCentro Nacional de Memoria Histórica, Camilo Ernesto Villamizar Hernández (coordinador) · 2021 · p. 3632 citas

[74]
Bajo Simacota (Santander) para el FIC-ACPB y de Samaná para las ACMM. En las dos estructuras la producción de pasta de coca y cocaína tuvo una zona de control colindante con una zona de disputa. En las ACPB, la zona de control fue la del FP-ACPB y la zona de disputa era la perteneciente al FCM-ACPB y en menor medida…
p. 363

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Bajo Simacota (Santander) para el FIC-ACPB y de Samaná para las ACMM. En las dos estructuras la producción de pasta de coca y cocaína tuvo una zona de control colindante con una zona de disputa. En las ACPB, la zona de control fue la del FP-ACPB y la zona de disputa era la perteneciente al FCM-ACPB y en menor medida…
p. 363

57El Estado suplantado. Las Autodefensas de Puerto BoyacáCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Juan Alberto Gómez Duque · 2019 · p. 1272 citas

[77]
128 EL ESTADO SUPLANTADO LAS AUTODEFENSAS DE PUERTO BOYACÁ 3. La crisis de Acdegam, las redes macro criminales y la expansión 1985-1989 Alrededor del año de 1985 Acdegam entra en una crisis financiera y sus am- biciosos planes de estructurar la organización, reclutar hombres, invertir en droguerías, clínicas,…
p. 127

[78]
128 EL ESTADO SUPLANTADO LAS AUTODEFENSAS DE PUERTO BOYACÁ 3. La crisis de Acdegam, las redes macro criminales y la expansión 1985-1989 Alrededor del año de 1985 Acdegam entra en una crisis financiera y sus am- biciosos planes de estructurar la organización, reclutar hombres, invertir en droguerías, clínicas,…
p. 127

58Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 3391 cita

[79]
aquellos que sufren de dicha violencia, en particular a los más pobres. Cultivos ilícitos y narcotráfico en Colombia Los noventa se caracterizaron por una expansión de los cultivos de coca del orden del 286% (las hectáreas cultivadas pasaron de 37.500 en 1992 a 144.807 en 2001) aunque, durante este siglo, los cultivos…
p. 339

59Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 921 cita

[80]
coloni- zación campesina. En cambio, en las zonas dominadas por ejércitos de narcotraficantes, que fueron principalmente las zonas de sabana y los llanos orientales, en el Casanare y norte del Meta, se concentraron los laboratorios de procesamiento de cocaína y la infraestructura para su exportación. En 1984, Colombia…
p. 92

60Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 1461 cita

[81]
facto en “Zar de las finanzas generales de las farc”; y, por último, la configuración de estrechos vínculos con los mafiosos, contra- riando la “moral y la conducta del revolucionario” 78. La Confe- rencia ordenó el traslado de Martínez al Frente 5, pero él resolvió esconderse en un apartamento en Bogotá suministrado…
p. 146

61Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 901 cita

[82]
loosely attributed to the coca industry (see Schulte-Bockholt, 2006: 135; Petras and Morley, 2003: 100). Cultivation of illegal crops was established in the colonization areas not simply because of weak army presence, but because the colonists were on the brink of ruin. And the guerrillas were in the colonization…
p. 90

62Los retos de la Colombia contemporánea. Miradas disciplinares diversas en las ciencias socialesMauricio Nieto Olarte (edición académica y compilación), Luis Javier Orjuela, Alix Catalina Rojas, Carlos Felipe Cantor, Juan Carlos Rodríguez, Andrés Guhl, Sandra Borda G., Mateo Morales, Ángela Iranzo Dosdad, Alejandro Castillejo Cuéllar, Juan Ricardo Aparicio, Alhena Caicedo, Pablo Jaramillo, Carlos A. Manrique, Laura Quintana · 2017 · p. 962 citas

[84]
dicho que no asumirá una posición concreta y que prefiere ser el anfitrión de una conversación global que termine con una trans - formación sustancial de este régimen internacional, s í se ha admitido pública - mente que la guerra contra las drogas no ha producido resultados concretos. El presidente Santos la ha…
p. 96

[85]
dicho que no asumirá una posición concreta y que prefiere ser el anfitrión de una conversación global que termine con una trans - formación sustancial de este régimen internacional, s í se ha admitido pública - mente que la guerra contra las drogas no ha producido resultados concretos. El presidente Santos la ha…
p. 96

63The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 6021 cita

[86]
Democracy, a forum in which Cardoso was joined by César Gaviria (president of Colombia in 1990–94) and Ernesto Ze- dillo (president of Mexico in 1994–2000), highlight key aspects of an emerging Latin American perspective on drug policy. The report acknowledges, for example, that drug use in the context of violence and…
p. 602

64Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 3021 cita

[87]
Ya es hora de declarar la “Guerra contra las causas profundas de la producción, tráfico y consumo de drogas ilícitas”. Si esto no se logra y se continúa la guerra a las drogas como en el pasado, se abre la puerta al autoritarismo como única forma posible de lograr éxitos. Bibliografía · Abad, Héctor. (2003). “Los…
p. 302