Operación Fénix y la crisis diplomática andina de 2008

La Operación Fénix y la crisis diplomática andina de 2008

A las 12:02 de la madrugada del sábado 1 de marzo de 2008, cinco bombas de precisión cayeron sobre un campamento oculto en la selva de Sucumbíos, una milla al sur del río Putumayo, en territorio ecuatoriano. Murió Luis Édgar Devia Silva, alias Raúl Reyes, responsable de las relaciones internacionales de las FARC y una de las siete cabezas de su Secretariado. El golpe fue el más sonoro que hasta entonces había asestado el Estado colombiano a la cúpula guerrillera; también, en las horas siguientes, el detonante de la peor crisis diplomática de la región andina en décadas. Colombia había violado la frontera de un vecino para matar a un hombre, y la ecuación entre la lógica de seguridad de Álvaro Uribe y la lógica de soberanía de Rafael Correa y Hugo Chávez quedó, a partir de esa noche, en abierta incompatibilidad. La Operación Fénix —así la bautizó el Ministerio de Defensa— fue un éxito táctico impecable y, al mismo tiempo, el episodio que internacionalizó de manera irreversible el conflicto armado colombiano y forzó una reconfiguración de la política exterior del país que solo empezaría a suturarse dos años y medio después, cuando Juan Manuel Santos llegara a la Casa de Nariño.

Una frontera que ya ardía

El bombardeo de Angostura no cayó sobre un mapa en blanco. La franja fronteriza entre Nariño, Putumayo y las provincias ecuatorianas de Sucumbíos y Carchi llevaba al menos una década funcionando como retaguardia, corredor logístico y zona de repliegue para las FARC. Desde el año 2000, el Frente 48 —junto con la columna Mariscal Sucre y otras estructuras del bloque sur— controlaba tramos enteros de esa geografía difusa donde el Estado colombiano apenas alcanzaba a nombrar los caseríos. En el corregimiento de La Victoria, en Nariño, el Frente 48 llegó a declarar una "zona de mercado libre de droga": un nodo del corredor donde la pasta base circulaba con la misma naturalidad con que se cruzaba el río.

La presión militar del Plan Colombia, en marcha desde 2000, había producido un efecto previsible: los guerrilleros se desplazaban hacia Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil y Perú para reponerse, curarse, entrenar y planear. El bajo Putumayo, en particular, vivió una explosión de desplazamiento forzado: el número de personas expulsadas de la zona entre 1997 y 2004 fue más de cien veces superior al del período 1989-1996, arrastrado por la incursión violenta del Bloque Central Bolívar y por la proliferación de coca. Muchos de esos desplazados cruzaron a Sucumbíos. Los pueblos de la ribera ecuatoriana vieron llegar a familias colombianas, a comerciantes, a guerrilleros y a paramilitares, y aprendieron a distinguirlos por la ropa, los acentos y las armas.

Las tensiones bilaterales venían acumulándose. Las fumigaciones aéreas con glifosato sobre los cultivos de coca del sur colombiano habían generado protestas persistentes de Quito, que exigía a Bogotá suspender las aspersiones al menos diez kilómetros al norte de la línea de frontera. Uribe defendió durante años la inocuidad del herbicida, pero la presión ecuatoriana terminó imponiéndose: en 2007 Colombia revirtió a erradicación manual en la franja limítrofe. Hubo también incursiones aéreas concretas. El 28 de enero de 2006, según denunció el Comité Binacional de Pueblos de Frontera, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana dispararon con ametralladora sobre una embarcación y sobre zonas ribereñas en el río San Miguel, alcanzando el lado ecuatoriano. Ecuador protestó, Bogotá minimizó el incidente y el asunto quedó archivado entre las docenas de fricciones que llenaban los expedientes de las cancillerías.

A todo esto se sumaba la presencia estadounidense. Ecuador había cedido a Estados Unidos, en 1999, la base aérea de Manta, en la costa del Pacífico, a 400 kilómetros de la frontera colombiana. Manta operaba como Puesto de Operaciones Avanzadas para tareas de detección e inteligencia sobre la insurgencia colombiana, en la práctica una extensión operativa del Plan Colombia; el ex general ecuatoriano René Vargas Pazzos diría que fue desde ese momento cuando Ecuador quedó atado, sin haberlo decidido, al conflicto del vecino. Una estación de radar en San Lorenzo, apenas dieciocho kilómetros al sur de la frontera, completaba la trama. Correa, elegido presidente en noviembre de 2006 con una plataforma de reafirmación soberanista, había anunciado que no renovaría el convenio de Manta cuando expirara en 2009. La operación del 1 de marzo lo pillaría en pleno pulso con Washington por el control de su propio territorio.

Con Venezuela, el asunto era otro y más ruidoso. La relación entre Uribe y Chávez se había deteriorado desde 2004, cuando Rodrigo Granda, vocero internacional de las FARC, fue capturado en Caracas en una operación encubierta que humilló a la contrainteligencia venezolana. Desde entonces, los mecanismos institucionales de vecindad quedaron paralizados y se instaló lo que los diplomáticos llamaron la "diplomacia del micrófono": recriminaciones mutuas ventiladas en ruedas de prensa, sin canales ni protocolos. Chávez oscilaba entre la mediación humanitaria —había participado en gestiones para liberar secuestrados— y una simpatía política con las FARC que en Bogotá se leía como complicidad. Uribe, por su parte, había convertido la denuncia de esa complicidad en un eje de su política exterior.

Sobre ese suelo cargado cayeron las bombas.

La noche de Angostura

La Operación Fénix había sido concebida como una operación quirúrgica de inteligencia y precisión, no como una ofensiva masiva al estilo del Plan Patriota. Ese fue, precisamente, el rasgo que la distinguió y que anticipaba el nuevo patrón de golpes contra la cúpula de las FARC: menos tropa, más señal. La localización del campamento de Reyes fue posible porque el propio Reyes, como responsable diplomático de la guerrilla, mantenía contactos con delegaciones extranjeras y estaba planeando encontrarse con emisarios franceses en la mañana del 1 de marzo para gestionar la liberación de prisioneros, entre ellos Ingrid Betancourt. La exposición de esos contactos —telefónicos, personales, satelitales— entregó las coordenadas.

La ejecución técnica sobrepasaba la capacidad de cualquier ejército latinoamericano. Las aeronaves que bombardearon Angostura debían volar a considerable altura y velocidad, y disponer de un armamento de guiado que sencillamente no existía en el inventario de las Fuerzas Aéreas de la región. En octubre de 2008 se confirmó lo que ya se sospechaba: Estados Unidos no solo había aportado la inteligencia previa, sino que muy probablemente proporcionó los bombarderos utilizados esa noche. Miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses ya habían participado directamente en operaciones aéreas colombianas —la Operación Tánatos, en el Caguán, en 2002, había tenido presencia estadounidense apenas mencionada en la prensa—, pero Angostura llevó esa cooperación a un nuevo nivel de proyección extraterritorial.

Según la versión oficial que Bogotá defendió en las horas siguientes, ninguna aeronave de ala fija cruzó ni sobrevoló el espacio aéreo ecuatoriano: las bombas fueron lanzadas desde el lado colombiano y siguieron su trayectoria guiada hasta impactar el campamento, una milla adentro. Esa versión fue impugnada de inmediato por Quito, que sostuvo que el ataque solo pudo haberse ejecutado con incursión aérea directa, y por analistas independientes que dudaron de la geometría del relato. La disputa no se resolvió nunca del todo, pero el hecho material era incontestable: el campamento estaba en Ecuador, y las bombas lo habían destruido.

Juan Manuel Santos, entonces ministro de Defensa, dio el visto bueno para que los pilotos ajustaran las coordenadas y ejecutaran el ataque. Uribe, informado en tiempo real, autorizó la operación. Cinco bombas, precisión extraordinaria. Reyes murió en su hamaca, junto con más de veinte personas del campamento, entre ellas guerrilleros colombianos y visitantes extranjeros. En las horas siguientes, tropas colombianas cruzaron la frontera en helicóptero para recuperar cadáveres y material: entre lo que trajeron a Colombia estaban los computadores portátiles de Reyes, tres discos duros y varias memorias USB. Ese botín digital, aún más que el cadáver del comandante, sería el arma diplomática más duradera de la operación.

La mañana del sábado, Uribe llamó personalmente a Correa para informarle. Le dijo que se había tratado de un combate en la frontera, que los guerrilleros habían disparado desde Ecuador y que las tropas colombianas habían respondido. Horas más tarde, cuando Correa envió una misión militar a Angostura y encontró el campamento intacto, sin señales de combate y con cadáveres en posiciones de descanso, entendió que Uribe le había mentido. La ruptura sería personal antes que institucional.

Santo Domingo y la ruptura

La secuencia diplomática de los días siguientes tuvo la velocidad de un incendio. El domingo 2 de marzo, Correa retiró a su embajador de Bogotá y expulsó al colombiano de Quito. Chávez ordenó movilizar diez batallones a la frontera con Colombia, cerró la embajada colombiana en Caracas y anunció que cualquier acción similar de Bogotá contra territorio venezolano sería considerada casus belli. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, rompió relaciones con Colombia dos días después, en solidaridad con Correa y en un gesto que también revivía viejas cuentas caribeñas.

El 3 de marzo, casi como un guion, se entregó al ejército colombiano un desertor de las FARC, Pablo Montoya, alias Rojas. Traía consigo el pasaporte, la cédula, la mano derecha —cortada para cobrar la recompensa de 2,6 millones de dólares— y el computador portátil de José Juvenal Velandia, alias Iván Ríos, otro miembro del Secretariado. El computador reveló, entre otras cosas, un plan de atentado contra el metro de Medellín. En cuarenta y ocho horas, las FARC habían perdido a dos de sus siete cabezas. El país oscilaba entre la euforia por los golpes y la inquietud por la crisis internacional.

La cumbre del Grupo de Río, convocada en Santo Domingo para el 7 de marzo con otra agenda, se convirtió en el escenario del choque. Ante los jefes de Estado de América Latina y el Caribe, Uribe leyó el listado de vínculos entre las FARC y los gobiernos de Ecuador y Venezuela que decía haber encontrado en los computadores de Reyes. Correa lo interrumpió a gritos, acusándolo de mentiroso. Chávez amenazó con la guerra. Ortega denunció la agresión imperial. La mediación del presidente dominicano Leonel Fernández, con paciencia de negociador experimentado, produjo al final una escena inesperada: un apretón de manos entre Uribe y Correa, una declaración en la que Colombia se comprometía a no repetir acciones de ese tipo y una fórmula de compromiso que dejaba las diferencias sobre el papel pero las suspendía en la práctica.

La declaración de los jefes de Estado del Grupo de Río condenó la violación de la soberanía ecuatoriana, aceptó las excusas colombianas y consignó el compromiso de no volver a incurrir en incursiones similares. Uribe firmó. La firma cerró un episodio, no un problema.

Lo que revelaron los computadores

El botín digital extraído de Angostura tuvo una segunda vida política. Los archivos de Reyes —correos electrónicos, comunicaciones internas del Secretariado, borradores de comunicados, listados contables— fueron entregados a Interpol para verificación forense; el organismo internacional concluyó, meses después, que los archivos no habían sido alterados por las autoridades colombianas desde su incautación, aunque no se pronunció sobre la autenticidad de su contenido original.

Del universo de comunicaciones surgieron piezas incómodas. Una comunicación fechada el 31 de julio de 2004, entre Ricardo —nombre que en el cifrado de las FARC correspondía a Rodrigo Granda— y Reyes, mencionaba a un asesor de Chávez en materia de seguridad que habría confirmado la recepción de fondos por parte de las FARC, en línea con una donación de cien millones de pesos colombianos hecha al movimiento MBR-200 cuando Chávez fue apresado en 1992 tras su intentona de golpe. Otras comunicaciones documentaban contactos con funcionarios venezolanos de alto nivel, incluidos asesores de seguridad en el Batallón Guardia Presidencial. La estrategia internacional de Reyes apuntaba a que las FARC pudieran obtener el reconocimiento de beligerancia por parte de gobiernos de izquierda latinoamericanos, tomando como precedentes el reconocimiento otorgado al Frente Sandinista en 1979 y al FMLN salvadoreño en 1981. La aspiración era transformar la negociación con Colombia de un esquema gobierno-guerrilla a un diálogo entre un gobierno oficial y un gobierno de facto con estatus internacional.

En el frente doméstico, los archivos sirvieron para destituir a la senadora Piedad Córdoba, acusada de haber excedido su papel como mediadora humanitaria y de haber hecho recomendaciones consideradas muy desafortunadas en el caso Betancourt. La Procuraduría ordenó la destitución; el Consejo de Estado la anuló años después al considerar que las pruebas obtenidas de los computadores no eran concluyentes. El fallo abrió una discusión jurídica sobre la validez probatoria de un material incautado en una operación cuya legalidad internacional estaba en entredicho: si el bombardeo mismo era cuestionable, ¿qué valor tenía la evidencia digital obtenida en él?

Reyes también aparecía, en algunos correos, refiriendo un contacto del Departamento de Estado estadounidense interesado en la colaboración de las FARC para la lucha contra las drogas, según él "lo único que les interesaba". El dato quedó circulando como una pieza más del enigma diplomático que rodeaba a Reyes en su doble papel de comandante militar y canciller informal de la guerrilla.

Las causas de fondo

La explicación fácil —que Uribe ordenó bombardear Ecuador porque tenía un blanco de oportunidad— es cierta pero insuficiente. La operación fue posible, y las reacciones que suscitó también, por causas estructurales que llevaban años cocinándose.

La primera era la geografía misma del conflicto. Las FARC, empujadas por el Plan Colombia y por la ofensiva de la Seguridad Democrática, se habían desplazado hacia las fronteras. El Secretariado necesitaba refugio, y el refugio estaba del otro lado de las líneas trazadas en los mapas. La lógica militar colombiana chocaba entonces con la lógica soberana de los vecinos, no como excepción sino como norma: si el enemigo estaba en Ecuador, ¿debía Colombia dejarlo tranquilo por respeto a una frontera? La respuesta uribista fue no. La respuesta de Correa fue que sí.

La segunda causa estructural era la ambigüedad de Caracas y Quito frente a las FARC. Ni Chávez ni Correa apoyaban explícitamente a la guerrilla, pero tampoco la combatían con la energía con que Bogotá esperaba. Chávez cultivaba una simpatía política —hablaba de las FARC como fuerza beligerante, no como grupo terrorista— y toleraba, según denunció Uribe una y otra vez, la presencia de campamentos en su territorio. Correa, más matizado, defendía la soberanía ecuatoriana como principio general, pero su ejército no controlaba efectivamente Sucumbíos ni Carchi, y los guerrilleros circulaban por esas provincias con relativa comodidad. Bogotá leía esa tolerancia como complicidad; Caracas y Quito la leían como no-intervención en un conflicto ajeno. Los dos relatos eran incompatibles y crecían en paralelo.

La tercera causa era la proyección estadounidense sobre la región. El Plan Colombia había convertido a Bogotá en el aliado privilegiado de Washington en Sudamérica, en abierta tensión con el eje que Chávez articulaba desde 2004 con la Alianza Bolivariana. Manta, San Lorenzo, la inteligencia satelital, los bombarderos de Angostura: cada uno de esos elementos era, para los gobiernos de izquierda del subcontinente, una prueba de que el conflicto colombiano funcionaba como caballo de Troya para una presencia militar estadounidense que amenazaba a toda la región. La reacción a la Operación Fénix no fue solo una reacción contra Colombia; fue una reacción contra la política hemisférica estadounidense de la que Bogotá era ejecutor local.

El detonante, sobre este suelo, fue la conjunción de un blanco de altísimo valor —Reyes, número dos operativo de las FARC, canciller de facto de la guerrilla, hombre con agenda internacional propia— y una ventana de oportunidad de inteligencia excepcional. La reunión programada con los emisarios franceses para la mañana del 1 de marzo fijaba a Reyes en un punto conocido. Que ese mismo detalle diera pábulo, después, a la sospecha de que el ataque buscaba impedir un intercambio humanitario —incluida la liberación de Betancourt— es parte del debate que la operación dejó abierto y que Bogotá siempre negó.

Consecuencias inmediatas y de largo plazo

En lo militar, la Operación Fénix inauguró un annus horribilis para las FARC. Reyes cayó el 1 de marzo; Iván Ríos, el 3 de marzo; el mítico Manuel Marulanda Vélez murió el 26 de marzo, por causas naturales, según se supo semanas después. Alfonso Cano asumió la comandancia. En julio, la Operación Jaque —también centrada en la inteligencia, sin disparar una sola bala— liberó a quince secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, tres contratistas estadounidenses y once militares y policías colombianos. En septiembre de 2010 caería Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, jefe militar de las FARC; en noviembre de 2011, Alfonso Cano. Entre finales de 2006 y mediados de 2008, y luego hasta 2011, la ecuación de la guerra se invirtió a favor del Estado. Ese debilitamiento sería, años después, la condición sin la cual el proceso de paz de La Habana habría sido impensable. Santos lo diría con claridad: sin los golpes al Secretariado, no habría habido negociación.

En lo diplomático, sin embargo, el saldo fue el opuesto. El apretón de manos de Santo Domingo se deshizo pronto. Ecuador rompió relaciones plenas con Colombia y no las restablecería hasta diciembre de 2010. Venezuela, sin ruptura formal permanente, entró en una espiral de fricciones que llevaría las relaciones a su punto más bajo en julio de 2010, cuando Uribe —a menos de un mes de dejar el poder— presentó ante la OEA evidencias de que Venezuela albergaba múltiples campamentos de las FARC y del ELN en su territorio, con coordenadas, fotografías y testimonios. Chávez respondió rompiendo relaciones. El acuerdo de bases militares que Colombia negociaba con Estados Unidos en 2009 —que permitiría el uso estadounidense de siete instalaciones militares colombianas— fue descrito por Chávez como "avivar los vientos de guerra" y terminó paralizado por la Corte Constitucional colombiana.

En lo regional, el episodio precipitó la consolidación de UNASUR como espacio de coordinación política sudamericana al margen de la OEA y de Estados Unidos. La lógica era clara: los problemas del subcontinente debían resolverse entre sudamericanos, sin la tutela de Washington. UNASUR nunca se convertiría en un mecanismo de integración regional consolidado —seguiría siendo un foro de coordinación con coincidencias limitadas—, pero durante los años siguientes cumpliría un papel real en la gestión de crisis, incluida la de Bolivia en septiembre de 2008. El eje Chávez-Correa, apuntalado por Evo Morales y Ortega, quedó cristalizado como bloque explícito frente al alineamiento de Colombia con Estados Unidos.

El costo político para Uribe se acumuló despacio. En marzo de 2008, con las FARC descabezadas y la opinión pública colombiana en pleno respaldo a la Seguridad Democrática, la crisis diplomática pareció un precio menor. Dos años después, con el país aislado de sus vecinos, con las exportaciones a Venezuela bloqueadas por represalias comerciales, con Ecuador negándose a cualquier interlocución, la factura empezó a pesar. Santos, elegido en junio de 2010, entendió que el primer capítulo de su gobierno no podía ser la profundización de la política exterior de su antecesor. En agosto de 2010, apenas diez días después de posesionarse, restableció relaciones con Venezuela en un encuentro con Chávez en Santa Marta. En diciembre restableció las plenas relaciones con Ecuador. La normalización no implicaba un cambio de fondo en la política de seguridad colombiana —Santos había sido el ministro que autorizó Angostura—, sino un cambio de interlocutor y de estilo. Colombia había cambiado de cara.

Por qué sigue importando

La Operación Fénix quedó en la memoria pública colombiana como uno de los grandes golpes militares del conflicto, junto con la Operación Jaque y la muerte de Cano. Es un recuerdo legítimo, pero incompleto: reducir el episodio a su dimensión táctica deja fuera las dos capas que le dan densidad histórica.

La primera es que Angostura fue el momento en que quedó claro, sin ambigüedad posible, que el conflicto colombiano no era un asunto interno. Lo había dejado de ser hacía tiempo —desde el Plan Colombia, desde la instalación de Manta, desde el repliegue guerrillero a las fronteras, desde el caso Granda—, pero la ficción de que se podía tratar como problema doméstico había sobrevivido en el discurso oficial y en buena parte del debate público. El 1 de marzo de 2008 esa ficción se rompió. Combatir a las FARC implicaba, se admitiera o no, entrar en la política hemisférica; y hacerlo con instrumentos militares proporcionados por Estados Unidos significaba, para los vecinos, algo más que una operación colombiana. La reacción de Correa y Chávez no fue una reacción a Colombia; fue una reacción a Washington usando a Bogotá como plataforma.

La segunda es que la crisis mostró los límites de una política exterior construida sobre el eje de la seguridad. Durante ocho años, Uribe subordinó la relación con los vecinos a la lógica de la guerra contra las FARC. Ganó batallas y perdió alianzas. Cuando dejó el poder, en agosto de 2010, Colombia estaba militarmente en su mejor momento y diplomáticamente en el peor. Santos heredó ambos legados y decidió reequilibrarlos: usó la ventaja militar como palanca para negociar la paz y el cambio de tono con los vecinos como palanca para viabilizar internacionalmente esa negociación. La ecuación funcionó porque los términos se invirtieron: lo que había sido obstáculo pasó a ser instrumento. Sin Angostura, sin la ruptura, sin la mediación cubana y venezolana en las conversaciones posteriores, La Habana habría sido otra cosa o simplemente no habría sido.

Diecisiete años después, los computadores de Reyes siguen siendo consultados en procesos judiciales, la memoria de Angostura sigue apareciendo en las negociaciones bilaterales, y la pregunta que abrió aquella noche —hasta dónde puede llegar la persecución de un enemigo interno cuando ese enemigo tiene refugio en un vecino soberano— sigue sin respuesta clara en el derecho internacional de la región. Las fronteras del conflicto colombiano nunca fueron las que marcaban los mapas: fueron las que dibujaban los ríos, los cultivos de coca, los desplazados, los computadores, los aviones estadounidenses y los cálculos de tres presidentes que, esa madrugada, decidieron que sus lógicas eran incompatibles.