Bill Clinton

De Hope a la Casa Blanca

Nació como William Jefferson Blythe III, tres meses después de que su padre biológico, William Jefferson Blythe Jr., muriera en un accidente de automóvil. Su madre, Virginia Cassidy, se casó años más tarde con Roger Clinton Sr., dueño de un concesionario de automóviles en Hot Springs, Arkansas, y el niño terminó adoptando su apellido. La casa de Hot Springs era conflictiva: el padrastro bebía y era violento con Virginia, y el joven Bill, según él mismo contaría décadas después, aprendió temprano a maniobrar entre versiones incompatibles de la realidad, una habilidad que resultaría central en su carrera política.

Estudió en la Universidad de Georgetown, en Washington, donde se graduó en 1968 en Relaciones Internacionales. Ganó luego una beca Rhodes que lo llevó a Oxford entre 1968 y 1970, en los años en que la guerra de Vietnam dividía a su generación. Clinton evadió el reclutamiento, un episodio que sus adversarios le recordarían durante toda su carrera, y regresó a Estados Unidos para estudiar Derecho en Yale. Allí conoció a Hillary Rodham, con quien se casó en 1975 en Fayetteville, Arkansas. La hija de ambos, Chelsea, nació en 1980.

La carrera política de Clinton fue precoz y meteórica. En 1976 fue elegido fiscal general de Arkansas; en 1978, gobernador del estado, a los treinta y dos años. Perdió la reelección en 1980, una derrota que estudió con obsesión, y volvió a la gobernación en 1982, cargo que retendría hasta 1992. Desde el Consejo de Liderazgo Demócrata, ala centrista del partido, lideró la reinvención de una identidad demócrata pragmática, distante de la izquierda tradicional y capaz de disputarle a los republicanos el electorado suburbano y el discurso de la responsabilidad fiscal. Sobre esa plataforma se lanzó a las primarias de 1992 y derrotó en noviembre de ese año al presidente George H. W. Bush y al empresario independiente Ross Perot. Llegó a la presidencia con cuarenta y seis años, más preocupado por la economía y la seguridad social internas que por proyectar una política exterior de supremacía político-militar.

La doctrina Clinton: comercio, democracia, derechos humanos

El fin de la Guerra Fría había dejado a Estados Unidos como única potencia global. En ese vacío ideológico, la administración Clinton propuso un giro: los asuntos económicos reemplazarían a los enfrentamientos ideológicos en el primer lugar de la agenda interamericana. La fórmula tenía tres ejes públicos —libre comercio, democracia y derechos humanos— y un núcleo operativo: convertir a América Latina en un espacio integrado bajo reglas de mercado favorables a los intereses estadounidenses.

El instrumento inaugural fue el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, negociado por la administración Bush pero aprobado por el Congreso estadounidense en 1993 bajo Clinton, ya con México, Estados Unidos y Canadá. El día de la aprobación, el presidente prometió extender el acuerdo a las otras democracias orientadas al mercado del hemisferio. Lawrence Summers, entonces alto funcionario del Departamento del Tesoro, sintetizó la ambición con una frase que no admitía matices: el NAFTA era "el tema definitorio de la política exterior estadounidense no solo hacia América Latina sino hacia el mundo". Leído desde el sur, aquel proyecto de integración hemisférica se veía distinto: un mecanismo para construir un conjunto continental de mano de obra barata y mercados abiertos para las corporaciones estadounidenses.

Las transiciones democráticas latinoamericanas de los ochenta y noventa dieron a Clinton un escenario propicio. El clima era, por primera vez en décadas, francamente optimista: los ejércitos volvían a los cuarteles, los populismos de derecha e izquierda perdían tracción, los tecnócratas del Consenso de Washington llegaban a los ministerios de Hacienda. Clinton se movió con soltura en ese ambiente, cultivó vínculos personales con presidentes como el mexicano Ernesto Zedillo y respaldó operaciones de restauración democrática, como el retorno de Jean-Bertrand Aristide a Haití en 1994, y de estabilización financiera, como el rescate del peso mexicano en 1995, que consolidaron la imagen de un Washington activo y pragmático.

Pero el fin de la Guerra Fría también tornó inevitable otra cosa: la "narcotización" de la agenda bilateral con países como Colombia. Sin la excusa anticomunista, la política antidrogas se convirtió en el principal marco a través del cual Washington leía a la región andina. Esa herencia venía de lejos: desde la administración de Misael Pastrana Borrero, en los primeros setenta, el narcotráfico se había ido instalando como preocupación central de las relaciones Bogotá-Washington, y se había intensificado bajo George H. W. Bush, que incrementó de manera significativa la asistencia militar a Colombia en el marco de la guerra contra las drogas. Clinton no inauguró la narcotización de la agenda: la recibió y la profundizó.

La ruptura con Samper y el aislamiento de Bogotá

En agosto de 1994 asumió en Colombia el presidente liberal Ernesto Samper Pizano. En pocas semanas comenzaron a filtrarse las grabaciones que darían origen al llamado Proceso 8.000: la campaña de Samper había recibido financiación del Cartel de Cali, la organización que había reemplazado al cartel de Medellín tras la muerte de Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993 en un tejado de la capital antioqueña. Con Escobar caído y el cartel de Cali desvertebrado entre 1994 y 1995, la era de los grandes carteles terminaba en Colombia, pero el narcotráfico se dispersaba en organizaciones más pequeñas y en la coca campesina del sur.

La relación con Washington entró en el punto más bajo de la era Clinton. Estados Unidos descertificó a Colombia en materia antinarcóticos, un instrumento diseñado para presionar a los gobiernos aliados que fue aplicado con dureza inusual contra Bogotá. Se le revocó la visa al presidente en ejercicio. Los diplomáticos estadounidenses hablaban de Samper con desprecio abierto. El aislamiento internacional fue casi total y coincidió con una gestión económica deteriorada: el crecimiento promedio de aquellos cuatro años apenas alcanzó el 2,8% anual, con déficits fiscal y externo agravados por el descontrol del gasto público. Investigaciones posteriores atribuidas al coronel Velásquez sostenían que casi todos los congresistas de aquel periodo habían recibido dinero del narcotráfico para conseguir sus curules, afirmación indicativa del clima moral del momento.

El gobierno Samper, presionado, respondió con más represión antinarcóticos. Las fumigaciones aéreas con glifosato, iniciadas desde 1984 en la Sierra Nevada de Santa Marta, se extendieron hacia el sur: en 1997 se fumigaron 516 hectáreas en Puerto Guzmán, apenas un ensayo si se lo compara con las casi cuatro mil hectáreas asperjadas en todo el Putumayo en 1998 o con las decenas de miles que vendrían con el Plan Colombia. La lógica era circular: para recuperar la certificación estadounidense había que erradicar, y para erradicar había que fumigar, aunque las hectáreas sembradas con coca seguían creciendo sin pausa desde 1988, de unas 34.000 entonces a 136.200 hacia el año 2000.

El aislamiento de Samper fue, mirado en retrospectiva, la palanca que hizo posible el Plan Colombia. Al debilitar hasta el extremo al gobierno colombiano, Washington creó las condiciones para que su sucesor, quien fuera, llegara a la Casa de Nariño con una necesidad urgente de reconstruir la relación bilateral y con márgenes de maniobra estrechos frente a las demandas estadounidenses.

El Plan Colombia: origen, reformulación, arquitectura

Andrés Pastrana Arango, hijo del expresidente conservador y derrotado en 1994 precisamente por Samper, ganó las elecciones de 1998 con una promesa central: negociar la paz con las FARC. En agosto de 1998, apenas asumido, estableció una zona de despeje de más de 42.000 kilómetros cuadrados sobre cinco municipios —San Vicente del Caguán, La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vistahermosa— y se sentó a dialogar con la guerrilla comandada por Manuel Marulanda.

En el otoño de 1998, funcionarios civiles del Departamento Nacional de Planeación de Colombia, con apoyo de militares y civiles del Ministerio de Defensa, redactaron un primer borrador del programa que se conocería como Plan Colombia. Aquella versión inicial no tenía carácter abiertamente militar: se orientaba a la redistribución social, al apoyo gubernamental a zonas con décadas de abandono estatal y a complementar el proceso de paz. La zona de despeje era parte del incentivo a las FARC para negociar; el Plan Colombia era su contraparte estructural, la promesa de que el Estado llegaría por fin a las regiones que había desatendido durante generaciones.

El programa se dio a conocer al público en septiembre de 1999 y fue presentado como un Plan Marshall para Colombia, con apoyo esperado principalmente de Estados Unidos y la Unión Europea. Pero entre el borrador colombiano y su versión final ocurrió una reformulación decisiva. La mayoría de representantes del Congreso estadounidense, los líderes de los think tanks de política exterior y los jefes militares convergieron entre 1998 y 1999 en un diagnóstico único: la crisis colombiana era un problema de narcotráfico que exigía militarización, no una crisis económica o social que exigiera ayuda al desarrollo. En menos de un año, con el proceso de paz ya deteriorándose en el Caguán, el plan original fue descartado. En su lugar quedó una estrategia distinta: asaltos militares a las regiones cocaleras del sur y fortalecimiento sistemático de las fuerzas armadas.

Había otra razón para vestir el paquete como lucha antidrogas. El historial de violaciones de derechos humanos del Ejército colombiano, la crisis paramilitar de finales de los noventa, las masacres, los vínculos entre unidades militares y grupos ilegales generaban resistencias en el Congreso estadounidense a una ayuda militar abierta. Encuadrar la asistencia como antinarcótica permitía sortearlas. Por eso, entre otras cosas, las aeronaves adquiridas con recursos del Plan Colombia no podían utilizarse en operaciones antiguerrilla sino únicamente en misiones antinarcóticos, una restricción formal que generaría situaciones operativas absurdas para las fuerzas colombianas, obligadas a distinguir sobre el terreno entre un cultivador armado y un guerrillero armado.

La cifra final del Plan Colombia, primera fase, entre 1999 y 2005, fue de aproximadamente 10.000 millones de dólares, de los cuales el 35% fue financiado por Estados Unidos y el resto por Colombia. El 57,5% del total se destinó a operaciones antinarcóticos y combate al crimen organizado. En el primer año de operaciones había tres batallones antinarcóticos con 3.000 soldados dedicados a la campaña de fumigación, entrenados y equipados por Estados Unidos, con una segunda brigada en preparación. La base de operaciones estadounidense en Larandia, Caquetá, funcionó como centro de apoyo del programa, con técnicos norteamericanos presentes y mapas satelitales de los cultivos de coca desplegados en sus instalaciones.

Fumigación, desplazamiento y el sur en llamas

El instrumento visible del Plan Colombia sobre el terreno fue la aspersión aérea de glifosato. Nunca se consultó al campesinado cultivador de coca. Las flotillas partían de bases como Larandia y sobrevolaban los cultivos de Putumayo, corazón cocalero del país, arrojando una mezcla de herbicida y coadyuvantes que caía indistintamente sobre matas de coca, cultivos de pancoger, fuentes de agua, animales, escuelas y viviendas. Las consecuencias para las economías campesinas fueron graves. La coca se redujo en Putumayo, sí, pero también se desplazó hacia Nariño, generando nuevas oleadas de colonización y despojo en el departamento fronterizo con Ecuador. Las hectáreas totales del país siguieron subiendo.

Con el tiempo, estudios académicos y una sentencia del Consejo de Estado documentarían impactos negativos sobre la salud humana, los cultivos lícitos y el medio ambiente en varias regiones colombianas. La aritmética elemental de la política era, además, insostenible: erradicar una hectárea mediante fumigación costaba unos 72 millones de pesos; apoyar a una familia cultivadora para reconvertir su actividad, unos 40 millones. El Estado, presionado por la métrica de hectáreas fumigadas que Washington exigía anualmente para certificar la cooperación, prefirió sistemáticamente la erradicación forzada al desarrollo alternativo.

Bajo la superficie antinarcótica, el Plan Colombia funcionó también como escudo para otros intereses. El vicepresidente Al Gore arrastraba a la Casa Blanca una vieja herencia familiar: participaciones accionarias en Occidental Petroleum, la petrolera con sede en Los Ángeles cuyas operaciones colombianas se concentraban precisamente en el sur del país. Occidental no era espectadora del debate sobre el Plan Colombia; era parte interesada. Entre 1995 y 2000 volcó millones de dólares en lobbying en Washington sobre asuntos colombianos y aportó sumas de siete cifras a campañas del Congreso y presidenciales, incluidas las demócratas. Esa inversión se cobró en febrero de 2000, cuando uno de sus vicepresidentes, Lawrence Meriage, se presentó ante el Capitolio para defender el paquete militar y advertir contra cualquier restricción geográfica que dejara fuera el sur: sus operaciones petroleras, argumentó, eran fundamentales para el éxito del plan. La lucha contra la coca y la protección de la infraestructura petrolera terminaban, en la práctica, ejecutadas por las mismas unidades.

Del despeje al derrumbe: el fin del proceso de paz

Mientras el Plan Colombia se transformaba en Washington, en el Caguán ocurría el otro drama del gobierno Pastrana. Las FARC utilizaron la zona de distensión no solo como espacio de negociación sino como retaguardia estratégica: entrenamiento, secuestro, siembra de coca. La opinión pública colombiana, que en 1998 había respaldado con esperanza el diálogo, se fue cansando con imágenes que se acumulaban: una silla vacía, un avión secuestrado, un negociador humillado.

Pastrana, entretanto, cultivaba a Washington con paciencia. Impulsó lo que llamó una "diplomacia para la paz" buscando respaldo internacional, aunque el propio gobierno era reacio a una internacionalización plena del conflicto, bajo la premisa de que las violaciones de derechos humanos se reducirían una vez alcanzada la paz. En octubre de 1999 sostuvo contactos en Texas que empezarían a rendir frutos cuando George W. Bush ganó las elecciones de noviembre de 2000. El respaldo al Plan Colombia se consolidó como bipartidista: demócratas y republicanos coincidieron en lo esencial, garantizando la continuidad estructural del programa por encima del cambio de administración en Washington.

Clinton visitó Cartagena en agosto de 2000 para respaldar públicamente el Plan Colombia. El presidente estadounidense en el Caribe colombiano, junto a Pastrana, sellaba una alianza que ya operaba sobre el terreno. Cinco meses después dejaba la Casa Blanca. El 27 de febrero de 2001, Pastrana se reunió con el nuevo presidente Bush; fue el cuarto jefe de Estado en hacerlo tras los mandatarios de México, Canadá y el Reino Unido, y dialogaron sobre la agenda bilateral y el desarrollo del Plan Colombia. La transición no interrumpió nada.

En febrero de 2002, tras más de tres años de negociaciones sin resultados sustanciales, Pastrana declaró el fin del proceso de paz y ordenó la recuperación militar de la zona de despeje. Faltaban tres meses para las elecciones presidenciales. El clima político que dejó el derrumbe del Caguán fue el terreno fértil para la candidatura de Álvaro Uribe Vélez, disidente del liberalismo, con un discurso de mano dura frente a las guerrillas que ya era conocido en el país. Los atentados del 11 de septiembre de 2001, ocurridos en el intervalo, habían reordenado el mundo: la lucha antinarcóticos y la contrainsurgencia comenzaron a fusionarse bajo el paraguas de la "guerra global contra el terrorismo", y la cooperación de inteligencia estadounidense con Colombia se intensificó y mejoró cualitativamente. Entre 2000 y 2002, combinando el esfuerzo presupuestal colombiano y los recursos del Plan Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía pasaron de cuatro a dieciséis helicópteros artillados de combate e incrementaron en un centenar los helicópteros de transporte. Aquella máquina, montada bajo Clinton y Pastrana, sería la que Uribe pondría a operar sin restricciones formales tras 2002.

Política interior: prosperidad, escándalo, impeachment

Nada de la política exterior de Clinton puede entenderse sin la política interior que la enmarcó. Los ocho años de su presidencia coincidieron con la expansión económica más larga de la historia estadounidense hasta entonces: creación sostenida de empleo, superávit fiscal —el primero en tres décadas— y boom bursátil impulsado por la burbuja de internet. La ecuación política que hizo posible esa bonanza fue peculiar. Tras la derrota demócrata en las elecciones de mitad de mandato de 1994, con Newt Gingrich al frente de una Cámara republicana envalentonada, Clinton optó por pactar. Firmó el Welfare Reform Act de 1996, que endureció drásticamente la asistencia social; toleró la desregulación financiera que culminaría en la derogación parcial de la Glass-Steagall en 1999; empujó el NAFTA sobre las resistencias de los sindicatos demócratas. El retrato clásico del clintonismo se recorta ahí: un demócrata que gobernaba con aritmética republicana y cosechaba prosperidad. En el mismo movimiento sembraba las fragilidades que estallarían una década después, con la crisis financiera de 2008.

En política exterior, además del vector latinoamericano, Clinton intervino militarmente en los Balcanes con los bombardeos de la OTAN sobre Serbia en 1999 y medió con relativa suerte en el conflicto israelo-palestino: los Acuerdos de Oslo, firmados por Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en el jardín de la Casa Blanca en 1993, quedarían huérfanos tras el asesinato de Rabin en 1995 y el proceso terminaría estancado. Sostuvo una relación compleja con la Rusia de Boris Yeltsin. Con Cuba, en cambio, la Guerra Fría no había terminado: el embargo se mantuvo y se endureció con la Ley Helms-Burton de 1996. Con China, Clinton apostó por la integración: apoyó el ingreso de Pekín a la Organización Mundial del Comercio, negociado en 1999 y concretado en 2001, una decisión que redibujaría el mapa económico global durante las dos décadas siguientes.

El segundo mandato quedó marcado por el escándalo Lewinsky. La relación de Clinton con Monica Lewinsky, becaria de la Casa Blanca, y su declaración jurada negándola en un juicio civil, llevaron al fiscal independiente Kenneth Starr a abrir una investigación que terminó en el segundo juicio de impeachment de la historia estadounidense; el primero había sido el de Andrew Johnson en 1868. La Cámara de Representantes acusó a Clinton en diciembre de 1998 por perjurio y obstrucción de la justicia. El Senado lo absolvió en febrero de 1999. Clinton salió del episodio políticamente golpeado pero con índices de aprobación paradójicamente altos: la economía seguía en marcha, y la mayoría del electorado consideró desproporcionada la respuesta republicana. El escándalo, sin embargo, consumió el capital político que la Casa Blanca necesitaba para las grandes decisiones del último año, incluida la negociación del Plan Colombia, que se cerró con un presidente debilitado y ansioso por dejar un legado internacional.

Red y estilo

Clinton gobernó con un equipo que combinaba operadores de larga data, como Thomas "Mack" McLarty, su jefe de gabinete inicial y viejo amigo de Arkansas, con figuras técnicas de peso: Madeleine Albright, primera mujer en dirigir el Departamento de Estado; Lawrence Summers en el Tesoro; el general Barry McCaffrey al frente de la oficina de política antidrogas, figura clave en la definición del enfoque militarizado hacia Colombia. Hillary Clinton, primera dama políticamente activa, encabezó el intento fallido de reforma sanitaria de 1993-1994 y ejerció una influencia continua sobre el círculo cercano al presidente, aunque su propia carrera política se desarrollaría después de la Casa Blanca.

En el trato personal, Clinton fue admirado incluso por sus rivales por su inteligencia política y su capacidad para leer una sala. Manejaba los datos con soltura de gobernador acostumbrado a discutir presupuestos; llamaba por su nombre a cada legislador; cultivaba con esmero las relaciones bilaterales cara a cara. Con América Latina, ese trato personalizado funcionó bien en México con Zedillo, en Chile con Eduardo Frei y Ricardo Lagos, y, tras la ruptura con Samper, con Pastrana, a quien recibió en Washington con calidez y a cuyo país visitó en Cartagena para respaldar el Plan Colombia. Con Cuba mantuvo la distancia: no visitó La Habana; ese gesto solo lo daría Obama en 2016.

Su estilo de gobierno era el del negociador incansable, más cómodo en la sala pequeña que en el atril. Detestaba los ultimátum y prefería la componenda; buscaba, en cada expediente, la fórmula que le permitiera declarar victoria a los dos lados de la mesa. Esa vocación de síntesis explica tanto sus mayores logros —la reforma del bienestar pactada con Gingrich, el equilibrio fiscal, el impulso al libre comercio— como sus mayores puntos ciegos, entre ellos la incapacidad para calibrar el costo humano de programas como el Plan Colombia, cuya arquitectura terminó siendo el resultado de un acuerdo interno en Washington antes que de una lectura fina del país que quedaría bajo su influencia.

Post-presidencia: fundación, giras y sombra larga

Al dejar la Casa Blanca en enero de 2001, Clinton se instaló con Hillary en Chappaqua, un pueblo tranquilo del condado de Westchester, en Nueva York, desde el cual empezó a organizar su vida después del poder. Fundó ese mismo año la Clinton Foundation, dedicada inicialmente al acceso a antirretrovirales contra el VIH en África y el Caribe. La apuesta estaba bien calculada: usó las redes farmacéuticas y diplomáticas que la presidencia le había dejado para arrancar rebajas de precios a laboratorios genéricos indios, y en pocos años la fundación se había convertido en un actor sanitario de peso en el sur global. La agenda se expandió luego a educación, cambio climático y desarrollo económico, articulada en torno a una conferencia anual —la Clinton Global Initiative— que reunía a jefes de Estado, filántropos y ejecutivos alrededor de compromisos verificables. En 2004 publicó sus memorias, My Life, un ladrillo autobiográfico que revisitó desde Hope hasta el impeachment con la prolijidad de quien ya se sabe personaje histórico.

Cultivó, además, una segunda vida como recaudador de emergencias. Junto a su antecesor George H. W. Bush encabezó la respuesta filantrópica al tsunami del océano Índico de 2004 y al huracán Katrina de 2005; con George W. Bush lideraría después la del terremoto de Haití de 2010. Haití terminaría siendo, precisamente, el capítulo más incómodo: la Fundación Clinton mantuvo en la isla una presencia luego cuestionada por opacidades en el manejo de fondos y por su cercanía con contratistas estadounidenses, y el episodio dejó una mancha que arrastraría durante la última campaña presidencial de Hillary.

Porque la otra ocupación central del expresidente fue la carrera política de su esposa. Clinton fue figura decisiva en las campañas de Hillary de 2008 y 2016, así como en las de Barack Obama de 2008 y 2012, con discursos en las convenciones demócratas que fueron, en más de una ocasión, mejor recibidos que los del propio candidato. La derrota de Hillary frente a Donald Trump en noviembre de 2016 cerró simbólicamente una era. El clintonismo, con su síntesis de mercado, moderación cultural y multilateralismo, fue arrollado por dos frentes simultáneos: la ola nacionalista de derecha en Estados Unidos y el resurgimiento de una izquierda demócrata encarnada en Bernie Sanders, que reprochó a los Clinton lo que ellos consideraban su mayor logro: la globalización de los años noventa, con sus tratados de libre comercio, su desregulación financiera y sus concesiones al Partido Republicano. La derrota puso además fin, o al menos suspendió, la posibilidad de una restauración clintoniana. En 2018 escribió, junto al novelista James Patterson, una ficción política, The President Is Missing; en 2021, con el mismo coautor, The President's Daughter. Los libros funcionaron comercialmente, aunque su recepción crítica fue tibia. En Colombia, entretanto, el andamiaje que Clinton había ayudado a montar seguía su curso: presidencia tras presidencia, gobierno tras gobierno, el Plan Colombia sobrevivía a su propio padrino.

Huella en Colombia y en la región

La política de Bill Clinton hacia América Latina se recuerda hoy con dos imágenes contradictorias. Por un lado, la del presidente que apostó por la integración comercial hemisférica, respaldó las transiciones democráticas y modernizó la retórica interamericana. Por el otro, la del arquitecto del Plan Colombia, que consolidó dos décadas de fumigación aérea, militarización antinarcótica y presencia estadounidense sobre el territorio colombiano, con costos sociales, ambientales y de derechos humanos que la sentencia del Consejo de Estado terminaría reconociendo años después.

La segunda imagen es la más duradera, pero conviene precisar en qué consistió exactamente su aporte. Clinton no fue el autor único del giro militarista del Plan Colombia; fue quien lo cerró, lo firmó y le puso presupuesto plurianual. Su firma, en concreto, convirtió una discusión de laboratorio en Washington en una política de Estado que trascendió a las administraciones siguientes: sobrevivió al cambio demócrata-republicano de 2001, al 11 de septiembre, a los ocho años de George W. Bush, a los ocho de Obama, a los cuatro de Trump. Esa continuidad, más que cualquier decisión concreta de agosto del 2000 en Cartagena, es lo que define su huella colombiana: no un programa, sino un régimen; no una coyuntura, sino una gramática institucional para pensar el país desde Washington.

El régimen tuvo efectos que no estaban del todo en el guion de 1999. Uno, celebrado por los estrategas del Pentágono y por los presidentes colombianos que lo heredaron: profesionalizó a las Fuerzas Militares hasta hacerlas capaces de golpear a las FARC en la década siguiente, contribuyendo al debilitamiento militar de la guerrilla que haría posibles las negociaciones de La Habana entre 2012 y 2016. Sin la aviación, la inteligencia y las fuerzas especiales entrenadas bajo el Plan Colombia, la muerte de Raúl Reyes en 2008 o la de Alfonso Cano en 2011 son difíciles de imaginar. Otro efecto, en cambio, no aparece en los balances oficiales: una guerra sostenida contra el pequeño cultivador cocalero del sur que envenenó suelos, expulsó familias y desplazó la mata de un departamento a otro sin reducir el total nacional. Bajo Uribe, tras 2002, esa maquinaria se puso al servicio explícito de la contrainsurgencia; el propio Plan Patriota, heredero directo del Plan Colombia, sería reconocido durante la administración Bush como fracasado en su dimensión antidrogas.

La decisión de aquellos últimos meses en la Casa Blanca fue tomada con un presidente debilitado por el impeachment, un vicepresidente con intereses accionariales en el país y un Congreso que veía en el sur colombiano un frente de la guerra contra las drogas antes que un tejido humano. Bill Clinton pasa a la historia como el presidente de la prosperidad de los noventa, del impeachment y del NAFTA. Pero hay otro Clinton, el que se lee desde Puerto Asís y desde el Caguán: el hombre bajo cuyo mandato Washington decidió que la crisis colombiana era, ante todo, un problema militar-antinarcótico. Esa decisión, tomada en las últimas oficinas de su Casa Blanca, todavía se siente en el sur del país.