El Plan Colombia (1999–2002)

El Plan Colombia (1999-2002)

El Plan Colombia fue el paquete de cooperación bilateral suscrito entre los gobiernos de Andrés Pastrana Arango y Bill Clinton que, entre 1999 y 2002, convirtió a Colombia en el tercer mayor receptor de ayuda exterior de Estados Unidos, después de Israel y Egipto. Presentado como una estrategia integral contra el narcotráfico y como complemento del proceso de paz que se desarrollaba en el Caguán, el Plan financió con cerca de 2.000 millones de dólares —el ochenta por ciento en rubros militares— la modernización de las Fuerzas Armadas colombianas, la fumigación aérea masiva de cultivos de coca en el sur del país y el despliegue territorial del Estado en zonas históricamente bajo control guerrillero. Su importancia excede la cifra: redefinió los términos de la relación entre Bogotá y Washington en clave de seguridad, fusionó en la práctica la guerra antidrogas con la contrainsurgencia y preparó, material y discursivamente, el terreno para la ruptura del proceso de paz en febrero de 2002 y para el giro estratégico que vendría después con Álvaro Uribe.

El país que llegó a 1998

Andrés Pastrana asumió la presidencia el 7 de agosto de 1998 en medio de la peor crisis militar del Estado colombiano en décadas. Entre 1996 y 1998, las FARC-EP habían infligido al Ejército una serie de derrotas humillantes —Las Delicias, El Billar, Miraflores, Patascoy, Mitú— que obligaron a los mandos militares y policiales a reconocer ante el Congreso que, sin un cambio de estrategia, la guerra estaba perdida. La guerrilla había pasado de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos: concentraba grandes unidades, atacaba bases fijas, tomaba cabeceras municipales y controlaba corredores enteros en el sur y el oriente del país. Al mismo tiempo, los cultivos de coca se expandían de forma vertiginosa en Putumayo, Caquetá y Guaviare, y las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo Carlos Castaño, se consolidaban como un tercer actor armado con proyección nacional.

Sobre ese fondo, Pastrana llegó al poder con dos apuestas simultáneas y aparentemente contradictorias. La primera fue el proceso de paz con las FARC, para el cual concedió una zona de despeje de más de 42.000 kilómetros cuadrados en el suroriente —los municipios de San Vicente del Caguán, La Macarena, Mesetas, Uribe y Vista Hermosa—, que quedó bajo control efectivo de la guerrilla como incentivo para negociar. La segunda fue la reconstrucción militar del Estado, para la cual necesitaba recursos que ningún presupuesto nacional podía absorber solo. El Plan Colombia nació en la intersección de esas dos apuestas: fue concebido el 8 de junio de 1998, aún antes de la posesión, como pieza nuclear del Plan de Desarrollo, y en su formulación inicial —redactada en el otoño de 1998 por funcionarios civiles del Departamento de Planeación con apoyo del Ministerio de Defensa— se centraba en la redistribución social y en la presencia estatal en las regiones abandonadas.

Del lado estadounidense, la administración Clinton observaba con creciente inquietud la posibilidad de un colapso institucional en Colombia. La visión predominante en Washington, articulada por el Comando Sur y la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas que dirigía Barry McCaffrey, seguía el marco heredado de los años ochenta: la guerra contra las drogas debía librarse en los países productores, atacando la fuente de la oferta. Ese enfoque había producido, desde la National Security Decision Directive de 1986 bajo Reagan, el concepto de narcoguerrilla, que anudaba conceptualmente el problema de las drogas con el de la insurgencia y permitía justificar la ayuda militar a gobiernos amenazados por movimientos armados. El Comando Sur, agencia líder en las guerras centroamericanas de los ochenta bajo el marco del anticomunismo, había reconvertido su misión primero al antinarcotráfico andino y se disponía, tras el 11 de septiembre, a hacerlo de nuevo bajo el marco de la guerra contra el terrorismo.

En diciembre de 1998, Clinton prometió aumentar la ayuda militar a Colombia con el triple propósito de combatir las drogas, fortalecer la democracia y apoyar la búsqueda de la paz. Aquella promesa fue el punto de partida de una negociación que, en menos de un año, transformaría el Plan Colombia en algo muy distinto de lo que sus redactores habían imaginado.

De Plan Marshall a plan militar

La versión que se dio a conocer al público en septiembre de 1999 conservaba todavía retórica social: se hablaba de un Plan Marshall para Colombia, orientado al desarrollo económico y a la construcción de institucionalidad en las regiones marginadas. Pero entre esa versión y la que aprobaría el Congreso estadounidense en julio de 2000 medió un viraje profundo. Las consultas con el gobierno de Estados Unidos —a través del subsecretario Thomas Pickering, del zar antidrogas McCaffrey y de la secretaria de Estado Madeleine Albright— reorientaron el énfasis del Plan hacia la guerra contra las drogas y el fortalecimiento militar, condicionando el desembolso de la ayuda estadounidense a ese giro. La propuesta original de redistribución social fue descartada en el curso de un año.

El resultado quedó inscrito en las cifras. Del presupuesto total, el 57,5 por ciento se destinó a operaciones antinarcóticos y combate al crimen organizado; apenas el 16 por ciento fue a desarrollo social y económico. Cuando se desagrega el componente social, la desproporción se hace más nítida: del 26 por ciento total asignado al fortalecimiento económico y social, ocho puntos fueron a desarrollo alternativo, seis a derechos humanos, cinco al fortalecimiento del Estado, cuatro a atención a desplazados, dos a reforma judicial y uno solo al proceso de paz. La retórica del Plan Marshall se había desvanecido en las columnas contables.

Esa desnaturalización tuvo consecuencias diplomáticas inmediatas. La mayoría de los países europeos, invitados a cofinanciar el Plan, se negaron a comprometerse por el enfoque militar de la ayuda estadounidense. Solo España —bajo el gobierno de José María Aznar— aportó una suma significativa, cien millones de dólares, la mayor contribución europea. Colombia, por su parte, tampoco cumplió su compromiso de aportar cuatro mil millones de dólares en gasto social. El Plan quedó así prácticamente identificado con la ayuda estadounidense y con la agenda de seguridad que la acompañaba.

La lógica subyacente al viraje era transparente para quienes la operaban. El gobierno estadounidense no podía, por restricciones legales del Congreso y por la memoria de las guerras centroamericanas, ayudar directamente al Ejército colombiano en tareas contrainsurgentes. Pero sí podía hacerlo a través de la lucha antidrogas, siempre que la geografía coincidiera. Y coincidía: la primera fase se desplegó en Putumayo y Caquetá, territorios bajo control de las FARC donde se calculaba que se concentraba la mitad de los cultivos de coca del país. Fumigar cultivos y perseguir laboratorios implicaba, en la práctica, entrar en zonas guerrilleras con equipo militar. La distinción formal entre antidrogas y contrainsurgencia se sostenía en el papel; en el terreno, era una ficción operativa.

La arquitectura del pacto

El Plan Colombia se cerró en dos movimientos bilaterales. El primero fue la aprobación por el Congreso estadounidense, en julio de 2000, de un paquete inicial de cerca de 1.300 millones de dólares como parte de una asignación suplementaria de emergencia. El segundo fue la visita de Clinton a Cartagena el 30 de agosto de 2000, un acto simbólico que blindó políticamente el compromiso. Pastrana había preparado el terreno con paciencia: en octubre de 1999 viajó a Texas, donde tejió contactos que rendirían réditos cuando George W. Bush ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2000. El respaldo bipartidista al Plan sobrevivió al cambio de administración en Washington, y el 27 de febrero de 2001 Pastrana se reunió con Bush para consolidar la continuidad.

La estructura financiera fue explícita en su desequilibrio. Del total inicialmente proyectado en 7.500 millones de dólares durante seis años, Colombia se comprometía a aportar 4.000 millones y Estados Unidos alrededor de 3.500 millones. Pero mientras la ayuda estadounidense se materializó —con las conocidas restricciones sobre su uso—, el aporte colombiano quedó incumplido, y los rubros sociales padecieron ese incumplimiento. En la ejecución efectiva, sobre unos dos mil millones de dólares desembolsados por Washington entre 1999 y 2002, el ochenta por ciento fue ayuda militar: helicópteros, entrenamiento, inteligencia, equipo de comunicaciones, apoyo logístico para escuadrones antinarcóticos.

El Congreso estadounidense impuso condiciones que reflejaban tanto la memoria de El Salvador y Nicaragua como la desconfianza hacia el historial de derechos humanos del Ejército colombiano. Las aeronaves adquiridas con recursos del Plan solo podían ser utilizadas en operaciones antinarcóticos y no en operaciones antiguerrilla. Se estableció un tope al número de militares y de contratistas civiles estadounidenses destacados en Colombia. Se exigió, mediante certificaciones periódicas, evidencia de progresos en materia de derechos humanos y de depuración de las Fuerzas Armadas de sus vínculos con los grupos paramilitares. Esas condiciones fueron —al menos formalmente— el resguardo democrático del programa, y también su tensión constitutiva: mantenían viva la ficción de una separación operativa que la geografía de la coca se encargaba de deshacer todos los días.

Para el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, años después, y para los mandos militares en su momento, la restricción sobre el uso de aeronaves producía situaciones frustrantes: equipos comprados con dinero del Plan quedaban legalmente inmovilizados mientras la guerrilla operaba en las cercanías. Esa contradicción, más que un accidente burocrático, fue el síntoma de un dispositivo diseñado para converger sin declararlo.

La modernización de las Fuerzas Armadas

Si el Plan Colombia tuvo un efecto tangible y verificable en su primera fase, fue la transformación cualitativa de las Fuerzas Armadas colombianas. Entre 2000 y 2002, la capacidad aérea combinada del Ejército y la Policía pasó de cuatro a dieciséis helicópteros artillados de combate, y la flota de helicópteros de transporte creció en un centenar de unidades. Ese salto —Black Hawks UH-60, Hueys UH-1H, Bell 212— reconfiguró la geometría del conflicto: por primera vez en su historia moderna, el Estado colombiano dispuso de movilidad aérea sostenida sobre selvas y cordilleras, lo que le permitió proyectar tropas con rapidez a puntos que antes tomaban días o semanas alcanzar por tierra.

El pie de fuerza también creció. Según Pastrana en su discurso ante el Congreso el 20 de julio de 2001, el número de soldados profesionales había aumentado un 150 por ciento, pasando de 22.000 en 1998 a 55.000 en ese momento. Se conformó la Brigada Antinarcóticos del Ejército con base en el Fuerte Militar de Larandia, en Caquetá, y se estableció una fuerza de tarea conjunta en Tres Esquinas, punto neurálgico para el control aéreo del sur. En Putumayo se instalaron los batallones de la Brigada XXVII. La base de Tolemaida se convirtió en el principal centro de entrenamiento con instructores estadounidenses de las Fuerzas Especiales, que capacitaron a los batallones antinarcóticos en tácticas de asalto aeromóvil, inteligencia de campaña y operaciones nocturnas.

El salto fue más cualitativo que cuantitativo, y esa distinción importa. No se trató solo de más soldados y más helicópteros, sino de una nueva doctrina de movilidad, coordinación interfuerza y uso de inteligencia técnica que Colombia no dominaba antes. Ese predominio aéreo y esa movilidad terminarían dificultando, en años posteriores, la concentración de grandes unidades guerrilleras: la ventaja táctica que las FARC habían logrado en 1996-1998 se erosionó a medida que el Ejército aprendió a golpear rápido y a extraer sus tropas antes de que la guerrilla pudiera cercarlas.

Ese proceso se inició bajo Pastrana pero se profundizaría bajo Uribe. La ironía del período 1999-2002 es que el gobierno que negociaba en el Caguán fue también el que armó al Ejército que haría inviable, en poco tiempo, esa misma negociación. Y las FARC, del otro lado, hicieron algo simétrico: usaron la zona de despeje para reclutar, entrenar y acumular armamento, en la certeza —que compartían desde 1998— de que una intervención militar estadounidense en el conflicto era inminente.

El Caguán como escenario dual

Entre el 7 de enero de 1999, cuando se instaló formalmente la mesa de diálogos con la silla vacía de Manuel Marulanda, y el 20 de febrero de 2002, la zona de distensión del Caguán fue simultáneamente dos cosas: el escenario de un proceso de paz observado por el mundo y la retaguardia estratégica de la guerrilla más antigua del continente. Las FARC recibieron en San Vicente del Caguán a jefes de Estado, empresarios, comisiones europeas, delegaciones de la Bolsa de Nueva York. Raúl Reyes se convirtió en interlocutor internacional. Marulanda entregó una agenda de doce puntos. Se hicieron audiencias públicas sobre modelo económico, cultivos ilícitos, reforma agraria.

Al mismo tiempo, en los cuarenta y dos mil kilómetros cuadrados sin presencia estatal, las FARC entrenaban reclutas, cobraban impuestos, administraban justicia, acumulaban armamento y expandían su influencia hacia los municipios circundantes. Sus efectivos prácticamente se duplicaron en esos tres años. En febrero de 2000, la guerrilla expidió la Ley 002, que establecía un impuesto obligatorio sobre patrimonios superiores al millón de dólares, un gesto de soberanía paralela que buscaba mostrar que administraban el territorio como si fueran un Estado. En el mismo período, el paramilitarismo se convirtió en la principal forma de represión en las regiones limítrofes con la zona de despeje, con incidentes que crecieron sostenidamente hasta 2001.

El proceso acumuló crisis desde el comienzo. En mayo de 1999, la renuncia del ministro de Defensa Rodrigo Lloreda —en desacuerdo con la prórroga del despeje— produjo la protesta pública de un centenar de generales y una crisis institucional que Pastrana logró contener a duras penas. Los secuestros del avión de Avianca en abril de 1999, el asesinato en septiembre de 2001 de la exministra Consuelo Araújo Noguera tras un secuestro de las FARC en el Cesar, la mengua de la agenda sustantiva y la sensación de que las FARC dilataban los diálogos mientras se fortalecían fueron erosionando la legitimidad del proceso. El 5 de octubre de 2001 se firmó el Acuerdo de San Francisco de La Sombra en un intento por reanimarlo, y dos días después Pastrana prorrogó el despeje hasta enero de 2002.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el marco internacional. La disposición del mundo a tolerar negociaciones con actores armados irregulares se estrechó dramáticamente, y las FARC quedaron expuestas a una clasificación como organización terrorista vinculada al narcotráfico que la Unión Europea, habitualmente discreta ante la política exterior estadounidense, terminaría por asumir poco después. El margen internacional para el Caguán se cerró.

Paralelamente, en el sur de Bolívar, las AUC de Carlos Castaño bloquearon activamente la propuesta del ELN de obtener su propia zona de despeje, argumentando que sería otro Caguán y movilizando pobladores contra la iniciativa. Esa oposición paramilitar —tolerada por el Estado— cerró la vía negociada con la segunda guerrilla del país, militarmente ya debilitada. La geografía de la paz posible se fue estrechando por dos frentes: el internacional, tras el 11-S, y el interno, con la expansión paramilitar.

Putumayo: el laboratorio

En el borrador original del Plan, Putumayo fue concebido como una región-laboratorio desde la cual, tras un primer año de experimentación, las políticas se expandirían al resto del país. En el año 2000, el departamento tenía 66.022 hectáreas sembradas con coca, el 40,43 por ciento del total nacional. Era también territorio con presencia histórica del Frente 32 y del Frente 48 de las FARC. La superposición fue asumida por los planificadores como una ventaja operativa: golpear la coca era golpear a la guerrilla, y viceversa.

Las fumigaciones masivas con glifosato iniciaron en diciembre de 2000. A diferencia de operaciones previas —como las aspersiones limitadas de 1997 sobre Puerto Guzmán—, esta campaña cubrió todos los municipios cocaleros del departamento con avionetas OV-10 Bronco y AT-802 escoltadas por helicópteros artillados. Simultáneamente, las AUC entraban a Putumayo desde el Magdalena Medio y Córdoba, masacraban poblaciones en El Placer, La Hormiga, La Dorada, Puerto Asís, disputando a las FARC el control de cascos urbanos y corredores del narcotráfico. La convergencia temporal fue absoluta: la aspersión aérea, la avanzada paramilitar y el despliegue de la Brigada Antinarcóticos ocurrieron sobre el mismo territorio al mismo tiempo.

Los efectos humanitarios fueron inmediatos y masivos. Las fumigaciones afectaron cultivos de pancoger —yuca, plátano, maíz—, contaminaron fuentes de agua, envenenaron animales domésticos y produjeron problemas de salud pública que el Instituto Nacional de Salud alcanzó a advertir. Las lideresas campesinas denunciaron el impacto sobre la soberanía alimentaria de comunidades enteras. El desplazamiento forzado creció aceleradamente: familias huyeron hacia los cascos urbanos, hacia el Ecuador —con la consiguiente tensión diplomática—, hacia otras regiones del país. Y los cultivos, lejos de desaparecer, se desplazaron: al Guaviare, al Meta, al Nariño pacífico, al Catatumbo. El fenómeno recibió un nombre que se volvería técnico: efecto globo. Aprietas por un lado y se infla por otro.

El Catatumbo dio la cifra más brutal. En 2002, las fumigaciones sobre más de nueve mil hectáreas provocaron el desplazamiento de 13.571 personas de Norte de Santander, de las cuales más de nueve mil cruzaron la frontera hacia Venezuela. Tibú se convirtió en el primer municipio expulsor de población del departamento. En el Pacífico nariñense, la coca desplazada desde Putumayo llevó consigo laboratorios, rutas de tráfico y actores armados; una región que había estado relativamente al margen del conflicto pasó a integrarse plenamente en su geografía.

Hacia 2002, el conflicto armado en la Amazonía había alcanzado su pico. Tres actores se disputaban el territorio: las FARC-EP controlaban las zonas rurales, las AUC controlaban áreas urbanas y carreteras principales, y la fuerza pública —fortalecida por el Plan Colombia— desplegaba operaciones aéreas y terrestres con creciente intensidad. La distinción entre lo antidrogas y lo contrainsurgente había dejado de tener sentido práctico en el sur del país.

Las causas de un dispositivo

Las causas estructurales del Plan Colombia son tres, y ninguna basta por sí sola para explicarlo. La primera es la crisis militar del Estado colombiano tras las derrotas de 1996-1998, que hizo urgente la reconstrucción de unas Fuerzas Armadas incapaces de retener territorio frente a la guerrilla. La segunda es la expansión de los cultivos de coca en el sur, que convirtió al narcotráfico en la principal fuente de financiamiento de todos los actores armados —guerrilla, paramilitares, redes propias— y en el problema internacional prioritario que Colombia proyectaba hacia Washington. La tercera es la continuidad institucional del enfoque estadounidense de ataque a la fuente en la guerra antidrogas, sostenido desde los años ochenta por el Comando Sur y por sucesivas administraciones, que hacía de Colombia el escenario natural de una intervención bajo cobertura antinarcótica.

Los detonantes coyunturales fueron dos. Por un lado, la disposición de Pastrana a formular un Plan de gran escala como parte de su estrategia dual de paz y modernización militar, y su capacidad diplomática —con actores como Luis Alberto Moreno como embajador en Washington y Jaime Ruiz como director del Departamento Nacional de Planeación— para tejer un pacto bilateral que sobrevivió al cambio de administración estadounidense. Por otro, la disposición de Clinton a comprometer recursos en un momento en que la política exterior demócrata buscaba consolidar un legado en América Latina distinto del intervencionismo directo de los años ochenta.

La reorientación del Plan de su versión social original a su versión militar no fue una traición ni una imposición unilateral: fue el resultado de una convergencia de urgencias. Colombia necesitaba dinero para reconstruir su ejército; Estados Unidos podía darlo bajo el marco antidrogas y no bajo otro; el sur cocalero era también el sur guerrillero. La soberanía colombiana no fue simplemente subordinada: fue negociada desde una posición de debilidad estructural que el gobierno Pastrana aceptó a cambio de recursos que necesitaba con urgencia y que no podía obtener por otras vías. Esa aceptación tuvo costos —la restricción del margen autónomo de decisión sobre la estrategia contra el narcotráfico, la subordinación del proceso de paz a los tiempos y las categorías de la política estadounidense— que solo se harían visibles después.

El colapso del Caguán y la ampliación de la misión

El 20 de febrero de 2002, guerrilleros de las FARC desviaron un avión comercial de la aerolínea Aires en el que viajaba el senador Jorge Eduardo Gechem Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado, y lo secuestraron. Ese mismo día, en una alocución televisada, Pastrana anunció el fin del proceso de paz y ordenó la recuperación militar de la zona de despeje. Ocho días después, el Gobierno declaró la antigua zona de distensión teatro de operaciones militares bajo el mando del mayor general Gabriel Eduardo Contreras Ochoa. La operación de retoma —denominada Tánatos— contó con la participación directa de miembros de las Fuerzas Especiales estadounidenses, un hecho que apenas fue mencionado en los grandes medios y no tuvo consecuencias políticas. Las FARC no ofrecieron resistencia significativa: se retiraron sin combatir, y las bajas enemigas en tierra no superaron las 20 o 25.

Tres días después del secuestro de Gechem, las FARC secuestraron a la candidata presidencial Íngrid Betancourt y a su jefa de debates Clara Rojas en la vía a San Vicente del Caguán, aumentando la presión por un canje humanitario que se prolongaría durante años. Pastrana catalogó públicamente a las FARC como terroristas y les retiró el estatus político. La Unión Europea secundó pronto la perspectiva de Washington sobre el grupo. El proceso de paz que había definido su presidencia terminó en cuestión de semanas, y el ciclo político colombiano se desplazó abruptamente: Álvaro Uribe Vélez, cuyo perfil de mano dura se había forjado en su defensa de las Convivir como gobernador de Antioquia, pasó de ser una candidatura secundaria a favorito para las elecciones de mayo de 2002.

El 11 de septiembre de 2001 había cambiado ya el marco global. En 2002, el presidente Bush firmó la National Security Presidential Directive 18, que amplió explícitamente la misión de Estados Unidos en Colombia más allá de las operaciones antidrogas para incluir operaciones contra organizaciones terroristas, entre ellas las FARC, el ELN y las AUC, todas designadas como Foreign Terrorist Organizations por el Departamento de Estado. En agosto de 2002, el Congreso incorporó esa ampliación en la legislación mediante una ley de apropiaciones suplementarias de emergencia (H.R. 4775, P.L. 107-206), que otorgó a las agencias estadounidenses autoridad para operar en Colombia más allá del ámbito antinarcóticos. Las restricciones formales sobre el uso de aeronaves y sobre la separación entre lo antidroga y lo contrainsurgente se disolvieron. La fusión que la geografía del sur había establecido desde el año 2000 como práctica adquirió, en 2002, forma jurídica plena.

Consecuencias

Las consecuencias inmediatas del Plan Colombia son visibles en el mapa del país tal como quedó en agosto de 2002, cuando Uribe asumió la presidencia. Las Fuerzas Armadas eran más grandes, más móviles y mejor entrenadas que nunca antes en la historia republicana. El proceso de paz había colapsado. Las FARC habían crecido en efectivos pero habían perdido legitimidad política e internacional. Los cultivos de coca habían disminuido en Putumayo pero se habían expandido a Nariño, Guaviare, Meta, Catatumbo y Cauca. El desplazamiento forzado había alcanzado cifras récord. Los paramilitares controlaban vastas regiones. La distinción entre lucha antidrogas y guerra contrainsurgente se había disuelto discursiva y operativamente.

Las consecuencias de largo plazo fueron dos. La primera, sobre el conflicto: el Plan Colombia sentó las bases materiales del Plan Patriota, lanzado en 2003 bajo Uribe como la operación contraguerrillera más grande desde los años sesenta, dirigida contra las FARC precisamente en la antigua zona de distensión del Caguán y el sur del país. La ventaja militar acumulada entre 1999 y 2002 fue la que permitió, en la década siguiente, los golpes decisivos contra la cúpula guerrillera —Raúl Reyes en 2008, Jorge Briceño en 2010, Alfonso Cano en 2011— y la que forzó a las FARC a la mesa de negociación en La Habana en 2012.

La segunda, sobre la relación con Estados Unidos: el Plan estableció una arquitectura de cooperación en seguridad que se volvió constitutiva del vínculo bilateral. La ayuda estadounidense sostenida, el asesoramiento militar permanente, la presencia de contratistas y de instructores, el peso de las certificaciones en derechos humanos como criterio de política exterior, pasaron a formar parte del paisaje institucional colombiano. Colombia se convirtió en el aliado estratégico de Washington en Sudamérica, un rol que rendiría dividendos —el ingreso a la OTAN como socio global, el estatus de aliado extra-OTAN, la firma del TLC— pero también costos: la subordinación de la política antidrogas a criterios estadounidenses, incluida la extradición masiva de comandantes paramilitares en 2008 en un momento en que revelaban información sensible sobre sus vínculos políticos.

Las fumigaciones aéreas con glifosato, sostenidas hasta 2015, dejaron un pasivo ambiental y humanitario que la Corte Constitucional terminó por reconocer al ordenar su suspensión, y que sigue siendo objeto de reclamaciones de comunidades campesinas e indígenas. El efecto globo se confirmó como patrón: las hectáreas totales de coca en Colombia no disminuyeron sostenidamente pese a más de dos décadas de política de erradicación. La estrategia, medida contra sus propios objetivos declarados, fracasó.

Un dispositivo que sigue funcionando

El Plan Colombia importa hoy porque es el molde del que salieron las categorías con las que Colombia y el mundo aún piensan el conflicto colombiano. La fusión entre narcotráfico e insurgencia —consagrada en las designaciones de organizaciones terroristas, en las extradiciones, en la doctrina de operaciones conjuntas— sigue estructurando la política de seguridad. La cooperación con Estados Unidos en materia militar y antidrogas sigue siendo el eje del vínculo bilateral, aunque haya cambiado de forma. Y la geografía del conflicto que el Plan contribuyó a configurar —el desplazamiento de la coca a la periferia pacífica y fronteriza, la debilidad estatal en el sur, la persistencia del paramilitarismo bajo nuevas siglas— siguió determinando el mapa de la violencia en la posguerra, incluida la fase actual tras el acuerdo de La Habana en 2016.

Pero el Plan importa también porque muestra, con una nitidez que pocos episodios ofrecen, cómo un Estado bajo presión negocia su soberanía en el borde exacto del colapso. Pastrana no fue engañado ni forzado: eligió, entre las opciones que tenía, la que le permitía sostener simultáneamente dos apuestas contradictorias —la paz y la guerra—, y aceptó las condiciones estadounidenses porque no veía cómo reconstruir el Estado por otra vía. Que esa elección se haya vestido de Plan Marshall y haya terminado siendo el rearme más profundo del siglo colombiano no es una hipocresía del gobierno saliente sino la marca del dispositivo mismo: una arquitectura que funcionaba precisamente porque su fachada y su interior no coincidían. Los dispositivos así no desaparecen cuando cambia el discurso que los cubre. Siguen operando bajo el siguiente.