Ensayo · Seguridad Democrática · 2002–2016
Plan Colombia (1999)
El Plan Colombia fue el mayor paquete de cooperación militar entre Bogotá y Washington desde 1999, presentado como guerra contra las drogas pero ejecutado con una proporción del 80% de gasto militar. La pregunta central es si su fusión antinarcóticos/contrainsurgencia fue un deslizamiento operativo o un diseño deliberado desde el origen.
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La respuesta en breve
El Plan Colombia no fue un programa antidrogas descarriado ni una pura operación contrainsurgente enmascarada: fue un instrumento con doble fondo desde el diseño, en el que la retórica antinarcótica era condición de posibilidad política y la arquitectura material privilegiaba desde el inicio la reconstrucción contrainsurgente del Estado militar. La proporción 80/20 entre gasto militar y social, la cuadruplicación de helicópteros artillados entre 2000 y 2002, y el fracaso documentado por el GAO en las metas antidrogas —cultivos y producción de cocaína al alza entre 2000 y 2006— indican que el criterio de evaluación real del Plan no era la reducción de cultivos. El 11 de septiembre de 2001 no creó la fusión antinarcóticos/contrainsurgencia: la formalizó jurídicamente mediante la NSPD-18 y la ley HR 4775, liberando recursos de inteligencia y capacitación que la restricción formal había contenido.
La posición del 'deslizamiento' sostiene que el Plan nació como iniciativa antinarcótica con componente social —presentada en 1999 como un Plan Marshall para Colombia— y que la fusión con la contrainsurgencia fue empujada por la realidad operativa del Putumayo, donde toda erradicación implicaba contacto con las FARC, y acelerada por el 11-S. La posición del 'diseño' replica que la genealogía doctrinaria es explícitamente contrainsurgente desde los años ochenta —el Pentágono teorizó la guerra contra las drogas como guerra de baja intensidad, y el término 'narcoguerrilla' circulaba en el Senado estadounidense desde 1984—, que el reencuadre del plan original de Pastrana por el establishment de Washington fue activo y deliberado, y que el paramilitarismo —principal exportador de cocaína según inteligencia de la CIA y la DEA— quedó sistemáticamente fuera del blanco, lo que prueba que el enemigo real era la insurgencia. Una tensión adicional divide a quienes ven el Plan como tutela imperial que subordinó el debate interno de derechos humanos a la lógica securitaria estadounidense, y quienes lo leen como palanca de modernización estatal con agencia colombiana genuina, cuya contribución a los éxitos militares posteriores se estima entre el 40% y cifras mayores.
Ensayo completo
La lectura
El Plan Colombia: ¿fue un programa antinarcótico que se deslizó hacia la contrainsurgencia, o una operación contrainsurgente disfrazada de guerra contra las drogas?
El Plan Colombia fue el paquete de cooperación entre Bogotá y Washington concebido por Andrés Pastrana Arango en junio de 1998, aprobado por la administración de Bill Clinton en 2000 y ejecutado bajo su sucesor George W. Bush y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez hasta mediados de la década siguiente. En su formulación pública fue una guerra contra las drogas: fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca en el sur del país, entrenamiento de batallones antinarcóticos, interdicción de rutas. En su arquitectura material fue otra cosa. De los cerca de 2.000 millones de dólares que Washington desembolsó entre 1999 y 2002, alrededor del 80% se destinó a fuerzas militares y policiales; entre 2000 y 2002, los helicópteros artillados de las Fuerzas Militares y la Policía pasaron de cuatro a dieciséis, y los de transporte se incrementaron en un centenar. La distancia entre lo dicho y lo hecho es el punto de partida obligado de cualquier balance. No fue un programa antidrogas descarriado por la inercia operativa, ni un puro dispositivo contrainsurgente enmascarado con retórica cínica. Fue un híbrido deliberadamente ambiguo cuya ambigüedad, lejos de ser cosmética, fue condición de existencia política.
Lo que se juega en responder
De la respuesta depende cómo se lee toda una época: el fracaso de los diálogos del Caguán, la consolidación del paramilitarismo, el desplazamiento de más de cinco millones de campesinos, la reconstrucción del Estado militar colombiano bajo la Seguridad Democrática, y el molde doctrinario con el que Estados Unidos operó en la región andina después de la Guerra Fría. Si el Plan fue un programa antidrogas fallido, sus resultados —cultivos y producción de cocaína al alza entre 2000 y 2006— son un accidente de política pública. Si fue un dispositivo contrainsurgente eficaz, ese mismo fracaso antinarcótico es irrelevante para juzgarlo: cumplió lo que se propuso, y lo demás fue la envoltura.
Ninguna de las dos lecturas alcanza sola. La primera subestima la coherencia doctrinaria del proyecto y la continuidad de una línea que va del Plan Andino de Ronald Reagan y George H. W. Bush a la Iniciativa Regional Andina de comienzos de la década de 2000. La segunda subestima la agencia colombiana, la creencia genuina de actores civiles en la eficacia antinarcótica del modelo y las fricciones institucionales reales —no ornamentales— que las restricciones legales estadounidenses impusieron sobre el uso operativo de los recursos. La ambigüedad fue el diseño, no su corrupción.
Los términos del debate
Dos posiciones organizan la controversia. La primera, que puede llamarse la del deslizamiento, sostiene que el Plan Colombia nació como iniciativa antinarcótica de buena fe —con un componente social y de paz en la versión inicial de Pastrana, presentada en septiembre de 1999 como una especie de Plan Marshall para Colombia— y que fue el vínculo estructural entre las FARC y la economía cocalera del Putumayo, sumado al 11 de septiembre de 2001, lo que terminó fundiendo la lucha antidrogas con la contrainsurgencia. En esta lectura, la mutación fue empujada por los hechos: si la coca financiaba a la guerrilla, combatir la coca era combatir a la guerrilla, y viceversa. La ficción legal de mantenerlas separadas —las aeronaves adquiridas con recursos del Plan solo podían usarse en operaciones antinarcóticas, no antiguerrilla— generó situaciones descritas como absurdas por las propias tropas colombianas, y su levantamiento formal tras 2001 fue una simple actualización jurídica de una realidad operativa.
La segunda posición, la del diseño, sostiene que el Plan fue desde el inicio un instrumento contrainsurgente y de reconstrucción del Estado militar, con la retórica antidrogas como envoltura de legitimidad ante el Congreso estadounidense y la opinión pública internacional. Su prueba central es la arquitectura financiera: si el objetivo hubiera sido reducir la oferta de cocaína, la proporción del gasto destinada a fumigación, interdicción y sustitución de cultivos habría sido mayor, y el paquete no habría privilegiado el entrenamiento de batallones élite ni la adquisición de flotas de helicópteros artillados. La prueba complementaria es doctrinaria: el Comando Sur del Pentágono había concebido desde los años ochenta la guerra contra las drogas como la forma más novedosa de guerra de baja intensidad, y el término narcoguerrilla, evocado por el embajador Lewis Tambs y discutido en el Senado estadounidense desde 1984, ya había fundido conceptualmente ambos enemigos una década y media antes del Plan Colombia.
Cada posición captura una parte del proceso. La del deslizamiento describe con fidelidad la experiencia interna colombiana y la fricción operativa que las restricciones estadounidenses generaban. La del diseño describe con fidelidad la lógica estructural del proyecto y su genealogía doctrinaria.
La evidencia: gestación, reencuadre, ejecución
El Plan Colombia fue redactado por funcionarios civiles del Departamento de Planeación Nacional, con apoyo de militares y civiles del Ministerio de Defensa. Pastrana lo concibió el 8 de junio de 1998, poco después de su elección, como pieza nuclear de su Plan de Desarrollo y como complemento de la iniciativa de paz que llevaría a los diálogos del Caguán. En su versión original tenía un componente de inversión social en zonas críticas del conflicto y se dirigía tanto a Washington como a la Unión Europea. Clinton acogió la propuesta en diciembre de 1998, prometiendo más ayuda militar para combatir las drogas y fortalecer la democracia y la paz —una fórmula que ya contenía la ambigüedad que definiría al proyecto.
Lo decisivo ocurrió en el tránsito por el establishment político estadounidense entre 1998 y 1999. La mayoría del Congreso, los think tanks de política exterior y los líderes militares convergieron en una lectura común: la crisis colombiana era un problema de narcotráfico que requería militarización, no una crisis económica que requiriera ayuda al desarrollo. El reencuadre no fue pasivo. Los operadores estadounidenses del paquete —el zar antidrogas Barry McCaffrey, el subsecretario de Estado Thomas Pickering, el asistente Rand Beers, la embajadora Anne Patterson— reescribieron efectivamente el documento en sus prioridades. El asesinato en 1999 de tres activistas estadounidenses de derechos indígenas por las FARC endureció el clima político en Washington, aunque no fue por sí solo el detonante de un viraje que ya estaba en curso.
El resultado: de los 7.500 millones de dólares proyectados para los primeros seis años, 4.000 correspondían al Estado colombiano y 3.500 a Estados Unidos, con la meta declarada de profesionalizar 180.000 militares y 100.000 policías. La contribución europea nunca llegó en volumen significativo, y el gobierno colombiano nunca ejecutó plenamente los 4.000 millones comprometidos para inversión social. En la práctica, el Plan quedó reducido a la ayuda estadounidense, y esa ayuda quedó reducida a su componente militar y policial: alrededor del 80% del total, con solo unos 364 millones para programas sociales entre 1999 y 2002. La ayuda militar y policial promedió más de 500 millones anuales desde el inicio del Plan bajo Pastrana hasta los gobiernos de Uribe.
La restricción legal formal era clara: los recursos debían usarse en operaciones antinarcóticas, no en contrainsurgencia. Pero las operaciones antinarcóticas en el Putumayo —el epicentro del Plan, con 66.022 hectáreas de coca en 2000, el 40,43% del total nacional— implicaban entrar en territorios dominados por el Bloque Sur de las FARC, en zonas donde los paramilitares del Bloque Sur Putumayo imponían precios de compra de pasta base por debajo del mercado bajo amenaza de muerte, y donde la fuerza pública, la guerrilla y las Autodefensas Unidas de Colombia se disputaban el control. Toda operación de erradicación o de acompañamiento a unidades colombianas era, de facto, una operación en el conflicto armado. La distinción entre antinarcóticos y contrainsurgencia era, en el terreno, un artefacto administrativo.
El 11 de septiembre de 2001 no creó la fusión: la formalizó. La Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 18, firmada por George W. Bush, amplió explícitamente la misión estadounidense en Colombia más allá de las operaciones antidrogas para incluir operaciones contra organizaciones terroristas —categoría en la que las FARC habían sido inscritas—, expandiendo el uso de capacitación, equipo y helicópteros para fines contrainsurgentes. La ley suplementaria de apropiaciones de emergencia HR 4775, promulgada en agosto de 2002, tradujo esa autorización en presupuesto. Un oficial de inteligencia militar colombiano lo resumió sin adornos: la cooperación estadounidense en operaciones antidrogas había sido "muy mala"; en la guerra contra el terrorismo llegó "gente de primer orden" que fue "decisiva en muchas cosas". La frase es reveladora. La ficción antinarcótica no solo había limitado el uso de aeronaves; había reducido la calidad del personal de inteligencia enviado. Levantarla no fue solo autorizar lo que ya se hacía: fue liberar recursos que la restricción efectivamente había contenido.
Los resultados antinarcóticos fueron los que la Oficina General de Rendición de Cuentas del Congreso estadounidense (GAO) documentó en octubre de 2008: entre 2000 y 2006, el cultivo de coca aumentó aproximadamente un 15% y la producción de cocaína un 4%. Las fumigaciones aéreas produjeron el llamado efecto globo: los cultivos del Putumayo se desplazaron hacia Nariño y otras zonas sin que la producción total disminuyera. En el Valle del Guamuéz, residentes de 67 de las 100 veredas reportaron dermatitis, impétigo, abscesos, dolor abdominal, diarreas e infección respiratoria aguda tras las aspersiones. En el Catatumbo, en 2002, con más de nueve mil hectáreas asperjadas, huyeron 13.571 personas de Norte de Santander, más de 9.000 de las cuales cruzaron a Venezuela. Erradicar una hectárea por fumigación costaba unos 72 millones de pesos; apoyar a una familia cultivadora para reconvertir su actividad, unos 40. La fumigación era más cara que la sustitución voluntaria y menos eficaz que ella, y el gobierno colombiano había incumplido ya en 1996 los acuerdos firmados con las marchas cocaleras de Caquetá, Guaviare y Putumayo, que habían pedido exactamente eso.
Los resultados militares fueron los opuestos. Entre 2000 y 2006, las Fuerzas Militares se profesionalizaron, la capacidad aérea se multiplicó, el balance de fuerzas se inclinó decisivamente a favor del Estado. El Plan Patriota, puesto en marcha en junio de 2003 bajo Uribe, aprovechó la infraestructura acumulada bajo Pastrana —cuya administración había iniciado el proceso de modernización militar que resultaría vital para modificar el balance de fuerzas— y sumó el aporte específico de involucrar todo el aparato estatal, no solo la fuerza pública, en el combate contra los grupos armados. Uno de los primeros actos del gobierno Uribe fue decretar un impuesto al patrimonio para financiar el esfuerzo militar. Un analista colombiano estima la contribución del Plan Colombia a los éxitos militares posteriores en un 40%; otros la sitúan más arriba. En cualquiera de las cifras, el Plan fue palanca decisiva de la reconstrucción del Estado militar.
El paramilitarismo fue el gran beneficiario invisible del proceso. Las AUC, consolidadas formalmente en abril de 1997 bajo Carlos Castaño y luego con figuras como Salvador Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, no recibieron asistencia estadounidense directa, pero se beneficiaron indirectamente de un proyecto que apuntaba a su enemigo estratégico y protegía a sus aliados institucionales. Entre 1999 y 2001, en la región del Caguán, el paramilitarismo se convirtió en la principal forma de represión mientras las negociaciones de paz con las FARC se deterioraban. En el bajo Putumayo, la llegada del Plan en 2000 coincidió con un incremento de violencia que no cesó hasta 2008. El desplazamiento forzado de más de cinco millones de personas produjo transferencias masivas de tierras que las AUC —el peor violador de derechos humanos del conflicto— capitalizaron. La política antinarcótica criminalizó al campesino cocalero como base social de la guerrilla, mientras los grupos paramilitares orgánicamente vinculados al narcotráfico, y aliados informales del Estado en la lucha contrainsurgente, quedaban fuera del blanco.
La respuesta
La evidencia sostiene una posición matizada pero clara. El Plan Colombia no fue un programa antinarcótico que se deslizó hacia la contrainsurgencia por inercia operativa; tampoco fue una pura operación contrainsurgente enmascarada con retórica cínica. Fue un instrumento con doble fondo desde el diseño, en el que la retórica antinarcótica era condición de posibilidad política —no mera cobertura— y la arquitectura material privilegiaba desde el inicio la reconstrucción contrainsurgente del Estado militar.
Tres constataciones sostienen esta lectura. La primera: la proporción 80/20 entre gasto militar y social, la meta de profesionalizar 280.000 uniformados, la cuadruplicación de helicópteros artillados en dos años, no son resultados accidentales de un programa que perdió el rumbo. Son la estructura del proyecto. Un plan cuyo objetivo real fuera reducir la oferta de cocaína habría invertido en sustitución voluntaria a 40 millones de pesos por familia, no en fumigación a 72 millones por hectárea con efecto globo previsible. Que la relación costo-eficacia fuera manifiestamente adversa —y que la GAO lo documentara años después— indica que el criterio de evaluación real del Plan no era la reducción de cultivos.
La segunda: la genealogía doctrinaria del proyecto es explícitamente contrainsurgente. El Pentágono había teorizado desde los años ochenta la guerra contra las drogas como guerra de baja intensidad; el término narcoguerrilla circulaba en Washington desde 1984; la política de seguridad estadounidense hacia América Latina transitó de la justificación anticomunista de la Guerra Fría a la guerra antidrogas bajo George H. W. Bush, y luego al marco antiterrorista tras 2001, sin que la estructura operativa cambiara en lo sustancial. Anticomunismo, antinarcótico y antiterrorismo fueron etiquetas sucesivas de una misma lógica de contrainsurgencia y control territorial, aplicada en El Salvador en los ochenta y replicada en Colombia dos décadas después. El Plan Colombia se inscribió en esa continuidad, no la interrumpió.
La tercera: el 11 de septiembre no reveló una intención oculta ni desvió un proyecto en curso; eliminó una restricción legal que el proyecto llevaba dentro como tensión constitutiva. Las aeronaves que solo podían usarse en operaciones antinarcóticas, la asistencia formalmente circunscrita al ámbito de las drogas, el personal de inteligencia de menor calidad enviado bajo el rótulo antidrogas, no eran ornamentos: eran la parte real de la ficción. La NSPD-18 y la HR 4775 no autorizaron algo nuevo; declararon lo que las operaciones en el Putumayo ya practicaban de facto y liberaron los recursos que la restricción efectivamente contenía. La ambigüedad, entonces, no era retórica pura ni realidad plena: era la forma institucional que un proyecto contrainsurgente necesitaba para financiarse en un Congreso estadounidense que en 1999 no habría aprobado un paquete de asistencia militar abierto a la contrainsurgencia colombiana, y que en 2002, tras las Torres Gemelas y el fin del Caguán, sí lo hizo sin objeción.
Esta lectura no niega la agencia colombiana ni la creencia genuina de sectores civiles en la eficacia antinarcótica. Pastrana concibió el Plan con un componente social y de paz que era sincero, y la Sala de Situación del PNUD liderada por Francesco Vincenti elaboró en 1998 la propuesta que dio origen al Mandato por la Paz. Pero esa versión inicial no sobrevivió al paso por Washington, y el gobierno colombiano —tanto Pastrana como Uribe— aceptó el reencuadre porque encontró en él una palanca de modernización militar que llevaba una década pendiente. La convergencia entre la agenda de paz de Pastrana y el consenso militarizador del establishment estadounidense produjo un instrumento en el que ambos actores obtuvieron algo distinto de lo que declaraban. Washington financió una contrainsurgencia sin llamarla así; Bogotá reconstruyó su Estado militar bajo la etiqueta de una guerra contra las drogas en la que sus propios oficiales no creían plenamente. La ficción antinarcótica no fue mentira: fue el punto de encuentro entre dos agendas distintas que necesitaban una misma envoltura.
Lo que hace el 11-S es asimétrico. Para Washington, permite decir en voz alta lo que ya hacía y ampliar la operación con recursos y personal de mayor calidad. Para Bogotá, tras el fin del Caguán en febrero de 2002 y la elección de Uribe, permite alinear la política de Seguridad Democrática con la agenda antiterrorista estadounidense y sostener el apoyo externo. La captura de la política antinarcótica por la contrainsurgencia se completa cuando ambas quedan inscritas en la lucha global contra el terrorismo, y los costos —campesinos cocaleros fumigados y desplazados, poblaciones fronterizas afectadas en Ecuador y Venezuela, comunidades del Putumayo bajo el fuego cruzado de FARC, AUC y fuerza pública— quedan invisibilizados como daño colateral aceptable de una guerra que ya no necesita justificarse por sus resultados en la reducción de cultivos.
Los costos y las contradicciones que la respuesta no evita
Reconocer que el Plan fue contrainsurgencia con envoltura antinarcótica no resuelve todas las tensiones. Al menos cuatro quedan vivas.
La primera es la relación entre modernización militar y tutela externa. El Plan Colombia fue simultáneamente una palanca de fortalecimiento del Estado colombiano y un dispositivo de intervención estadounidense. Los dos rasgos coexisten sin cancelarse. La fuerza pública que emergió del proceso —con inteligencia militar profesionalizada, capacidad aérea multiplicada, tres batallones élite entrenados por instructores estadounidenses— era genuinamente colombiana y respondía a decisiones tomadas en Bogotá, empezando por el impuesto al patrimonio de Uribe. Pero operaba en un marco doctrinario y con reglas de compromiso condicionadas por Washington, incluidos los topes al personal militar y contratistas civiles estadounidenses desplegados en el país. Ni éxito soberano incondicional ni pura intervención imperial: una tutela funcional que ambos lados aceptaron por sus propios motivos.
La segunda es el papel de los derechos humanos. La Ley Leahy, impulsada por el senador Patrick Leahy tras episodios como la masacre de Mapiripán del 20 de julio de 1997 —donde investigaciones periodísticas de El Espectador documentaron vínculos entre mandos militares y grupos paramilitares mientras unidades recibían entrenamiento de las Fuerzas Especiales estadounidenses—, prohibió el uso de fondos por unidades militares extranjeras con evidencias creíbles de violaciones. La aplicación fue desigual. Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Washington Office on Latin America reportaron que el gobierno colombiano se negó a tomar medidas contra la impunidad y bloqueó la legislación para juzgar violaciones en tribunales civiles. Las certificaciones positivas del Departamento de Estado fueron reiteradamente cuestionadas. En la práctica, la condicionalidad de derechos humanos operó como incentivo blando: permitió excluir puntualmente unidades comprometidas, pero no forzó una rendición de cuentas sistémica ni cortó el vínculo entre fuerza pública y paramilitarismo. Tras Bojayá en mayo de 2002, el Congreso estadounidense intensificó su escrutinio, pero simultáneamente levantó restricciones sobre el uso contrainsurgente de la ayuda. El saldo neto favoreció la lógica securitaria por encima de la protección de poblaciones.
La tercera es el proceso de paz del Caguán. El Plan Colombia y los diálogos con Manuel Marulanda Vélez y Raúl Reyes en la zona de distensión de San Vicente del Caguán fueron gemelos: nacieron de la misma administración, coincidieron en el tiempo, se alimentaron de la misma retórica de complementariedad entre paz y presión. Pero su lógica interna era contradictoria. Pastrana aprovechó los tres años de negociación para armar al Ejército con recursos del Plan; las FARC aprovecharon la zona de despeje para reforzar sus fuerzas y consolidar su dominio territorial. Ninguno de los bandos se tomó la paz en serio en el sentido de renunciar a la guerra durante la negociación. Cuando el ambiente internacional post-11S recalificó a las FARC como organización criminal vinculada al terrorismo mundial, el margen para negociar en medio de la guerra se cerró. Pastrana ordenó la retoma de la zona en febrero de 2002. La derrota del Caguán no fue solo producto del deterioro interno del proceso: el Plan Colombia le retiró viabilidad internacional al mismo tiempo que le dio a Colombia los medios materiales para intentar una salida militar.
La cuarta es el paramilitarismo y el narcotráfico. La inteligencia disponible en los años del Plan mostraba a las FARC como participantes en la economía cocalera —cobrando gramaje, protegiendo cultivos, imponiendo precios a los campesinos— pero a los paramilitares como los actores realmente insertos en las redes exportadoras, orgánicamente asociados al negocio. Dirigir el grueso del esfuerzo contra la insurgencia y no contra el paramilitarismo fue una decisión política. Reveló que la guerra antidrogas no era, en el mejor de los casos, la prioridad efectiva; en el peor, que la política antinarcótica funcionó como cobertura de una alianza informal entre fuerza pública y grupos paramilitares. La política criminalizó al campesino cocalero como base social de la guerrilla, mientras los operadores del narcotráfico aliados del Estado quedaban al margen del blanco. Esa asimetría, más que cualquier otro dato, es la que decide la pregunta inicial.
Lo que queda abierto
Dos flancos permanecen indeterminados. Uno es la cuestión de la intención subjetiva de los actores civiles estadounidenses y colombianos que promovieron el Plan. Es plausible que McCaffrey, Beers, Pickering o el propio Pastrana creyeran genuinamente que la reducción de la oferta era alcanzable y que el fortalecimiento militar era instrumento para ese fin, no fin en sí mismo. La estructura del proyecto puede ser contrainsurgente sin que todos sus arquitectos lo supieran o lo quisieran. Separar diseño institucional de intención individual es difícil con la evidencia disponible, y probablemente carece de sentido: los proyectos históricos operan con lógicas que exceden las intenciones de quienes los ejecutan.
El otro es el contrafactual: qué habría sido de Colombia sin el Plan. La modernización militar iniciada bajo Pastrana se habría hecho, más lenta y con menos recursos, incluso sin ayuda estadounidense; el impuesto al patrimonio de Uribe indica que había capacidad y voluntad interna para financiarla. Pero el ritmo, la profundidad y la orientación específica —con la doctrina contrainsurgente estadounidense como columna vertebral— habrían sido distintos. Que los éxitos militares del período Uribe se deban en un 40% al Plan o en un porcentaje mayor sigue en discusión. Lo que no está en debate es que el Plan Colombia dejó una fuerza pública, una doctrina y una relación con Washington que sobrevivieron a sus propios fracasos antinarcóticos y condicionaron por décadas las opciones estratégicas del Estado colombiano, incluidos los procesos de paz posteriores. La guerra contra las drogas fracasó como guerra contra las drogas. Como guerra por el control territorial y por la reconstrucción del Estado militar, ganó lo que se propuso ganar, al costo que estaba dispuesto a pagar quien la diseñó —un costo que se pagó, en su mayor parte, en el Putumayo, en el Catatumbo, en Nariño y en las fronteras andinas, no en Washington ni en Bogotá.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
53 documentos · 74 fragmentos de referencia01Post-conflict Colombia and the Global Circulation of Military ExpertiseManuela Trindade Viana · 2022 · p. 591 fragmento
[1]edly evoked by the U.S. ambassador in Bogota, Lewis Tambs, as well as in congressional debates. For instance, in a 1984 session in the Senate, speakers alerted that the guerrillas were connecting their activities with 20 Importantly, the externalization characterizing the problematization of drugs in the U.S. also had…
p. 59
02El terrorismo de Estado en ColombiaHernando Calvo Ospina · 2018 · p. 2942 fragmentos
[2]la Guerra de Baja Intensidad de la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos desarrollaron de manera conjunta lo que un documento interno de la DEA definió como una “estrategia integral de entrenamiento en operativos antinarcóticos para los países receptores [...]” El componente militar de la Estrategia Andina está…
p. 294
[3]la Guerra de Baja Intensidad de la Fuerza Aérea y el Ejército de Estados Unidos desarrollaron de manera conjunta lo que un documento interno de la DEA definió como una “estrategia integral de entrenamiento en operativos antinarcóticos para los países receptores [...]” El componente militar de la Estrategia Andina está…
p. 294
03Global Capitalism, Democracy, and Civil-Military Relations in ColombiaWilliam Avilés · 2006 · p. 1131 fragmento
[4]of “anti-Commu- nism,” “counternarcotics,” and presently the “war against terrorism.” These various missions have been utilized to justify continued military aid to Latin America, providing the United States with another lever of influence in the region. In Latin America, the U.S. Southern Command is the leading…
p. 113
04Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 3581 fragmento
[5]tráfico de drogas, que permitían asegurar además el encadenamiento hacia Norteamérica. En este caso en particular, las políticas de seguridad tienen que ver con la presencia activa de Estados Unidos en la región. Durante la guerra fría, este país construyó todo un dispositivo de seguridad mediante el establecimiento…
p. 358
05Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 132, 157, 159, 1654 fragmentos
[6]que, en las condiciones de auge del narcotráfico, dio bríos a un paramilitarismo de segunda generación, de la cual el narco- paramilitarismo de las auc fue una de sus variantes más siniestras y exitosas. A partir de las premisas de la doctrina contrainsurgente y de la guerra de baja intensidad, también conocidas en la…
p. 132
[65]divisiones en su interior, cumplió el come- tido básico de desprestigiar en la “opinión” los diálogos en la zona de despeje del Caguán que, según El Espectador, parecían teatro del absurdo o comedia barata. Las AUC también frenaron la propuesta del ELN sobre el despeje de una zona al sur del departamento de Bolívar,…
p. 165
[66]disipó. A costa de las improvisaciones gubernamentales y de la arrogancia y desmanes de las farc, con su pretendido dominio soberano de la zona de despeje del Caguán, o las volteretas del eln, los paramilitares, ayudados por los grandes medios de comunicación y el capitalismo mañoso, adquirieron voz pública y…
p. 157
[70]del Estado. Pastrana: los límites de las políticas de paz El proceso de paz de Pastrana entró rápidamente en las rutinas del tire y afloje; la luna de miel que había comenzado en el último trimestre de 1997, en plena campaña electoral, terminó a mediados de octubre de 1998, a los dos meses de posesionado. Entre julio…
p. 159
06Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 65, 692 fragmentos
[7]concebido por el propio Andrés Pastrana, el 8 de junio de 1998, se trataba de una iniciativa nuclear de su Plan de Desarrollo, resultando acogida por el presidente estadounidense Bill Clinton, en diciembre de 1998, cuando prometió destinar más ayuda militar a Colombia a fin de combatir las drogas y fortalecer la…
p. 65
[19]la lucha guerrillera como Apiay, en el departamento de Meta, o Tolemaida, en el departamento de Cundinamarca; la base de Putumayo, donde se alojan los batallones de la Brigada XXVII; y la conformación de la Brigada Antinarcóticos del Ejército en el Fuerte Militar de Larandia, en el departamento de Caquetá. Dicho de…
p. 69
07Los procesos de paz en Colombia, 1982-2014 (documento resumen)Álvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 1471 fragmento
[8]de los programas planteados en el marco de la política de paz, el Plan Colombia fue el más importante y abarcó el mayor esfuerzo del gobierno: El Plan Colombia se desarrollará, principalmente en zonas críticas del conflicto. Aquellas regiones del país que han tenido presencia continua, durante varios años, de actores…
p. 147
08Víctima de la globalización: la historia de cómo el narcotráfico destruyó la paz en ColombiaJames D. Henderson · 2012 · p. 307, 3114 fragmentos
[9]Tal como se lo presentó inicialmente, el programa no era abiertamente militar. Los funcionarios civiles del Departamento de Planeación del país lo habían redactado, con la ayuda de militares y de civiles que trabajaban en el Ministerio de Defensa. Dado a conocer al público en septiembre de 1999, fue presentado 307…
p. 307
[10]Tal como se lo presentó inicialmente, el programa no era abiertamente militar. Los funcionarios civiles del Departamento de Planeación del país lo habían redactado, con la ayuda de militares y de civiles que trabajaban en el Ministerio de Defensa. Dado a conocer al público en septiembre de 1999, fue presentado 307…
p. 307
[24]y asistencia técnica, y para consultas sobre estrategia. Aun cuando es cierto que Colombia habría podido derrotar a las FARC sin la ayuda de los Estados Unidos, su colaboración contribuyó en medida considerable a los logros de Uribe. Uno de los principales analistas políticos colombianos estima en un 40 % la…
p. 311
[25]y asistencia técnica, y para consultas sobre estrategia. Aun cuando es cierto que Colombia habría podido derrotar a las FARC sin la ayuda de los Estados Unidos, su colaboración contribuyó en medida considerable a los logros de Uribe. Uno de los principales analistas políticos colombianos estima en un 40 % la…
p. 311
09Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia: ¿cómo construir un posconflicto sostenible?María Alejandra Arias, Adriana Camacho, Ana María Ibáñez, Daniel Mejía, Catherine Rodríguez · 2014 · p. 1181 fragmento
[11]y el 70 % de la cocaína consumida en el mundo se produce en Colombia. Los ingresos que se generan producto de este negocio ilegal son muy significativos. Se estima que en 2008 el tamaño de la producción y tráfico de la cocaína en Colombia fue de $13,6 billones de pesos, lo que equivale aproximadamente al 2,5 % de pib…
p. 118
10At the Margins of the Global Market: Making Commodities, Workers, and Crisis in Rural ColombiaPhillip A. Hough · 2022 · p. 2921 fragmento
[12]And as Pastrana ’ s plan cycled through the US policy establishment in 1998 and 1999, the majority of representatives in US Congress, the heads of US foreign policy think tanks, and military leaders all converged on their views that Colombia ’ s social and political crisis at the time was an illegal narcotics problem…
p. 292
11Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 26, 2502 fragmentos
[13]En el proceso de conformación y consolidación de la actual estrategia estadounidense hacia el conflicto armado en el país podemos distinguir tres etapas: Una primera, desarrollada entre 1995 y 1998, que se caracteriza por una prolongación y profundización de la lucha antinarcóticos con un apéndice más bien…
p. 26
[18]versión, en septiembre de 1999, el Plan Colombia fue presentado siempre como un proyecto de ayuda exclusiva a la lucha contra el narcotráfico (García, 2001), aunque es claro que en su origen estaba la preocupación por las derrotas sufridas por el Ejército a manos de la guerrilla. Como en aquel momento el gobierno…
p. 250
12Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 4371 fragmento
[14]cultivations dominated. With the installation of a radar system from the United States in Vichada, aerial interdictions began against suspected narco-trafficking flights. United States-Colombia Security Cooperation and Plan Colombia Although the hardening of Colombia's antidrug policies stemmed from the upsurge of…
p. 437
13Análisis histórico del narcotráfico en ColombiaMaría Clemencia Ramírez, César Torres del Río, Andrés López Restrepo, Amada Carolina Pérez Benavides, Ángela Margoth Bacca Mejía · 2014 · p. 4541 fragmento
[15]un valor cada uno de 2 millones de dólares), de los cuales treinta fueron asignados al ejército y doce a la Policía. 25 De modo general, el Plan Colombia es un conjunto de acciones que busca acabar con la producción ilícita de narcóticos y el negocio asociado a ella, im- pulsar y fortalecer la presencia del Estado en…
p. 454
14No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 417, 4202 fragmentos
[16]narrativa puede ser rastreada en diversas fuentes secundarias que ya han sido mencionadas y corroboradas con los testimonios dados por altos funcionarios estadounidenses en el marco de los seminarios web, organizados por la Embajada de Colombia en Estados Unidos: Embajada de Colombia en EE. UU. («Plan Colombia: Una…
p. 417
[29]de inteligencia militar dijo a la Comisión de la Verdad que «en la operación que hacíamos de inteligencia, la ayuda gringa era muy, muy mala para nosotros. Otra cosa fue la guerra contra el terrorismo... ahí sí, nos llegaba gente de primer orden, gente muy comprometida y fueron decisivos en muchas cosas» 1215. 1212…
p. 420
15War in Colombia: Made in U.S.A.Teresa Gutierrez, Sara Flounders, Rebeca Toledo, Andy McInerney (eds.) · 2003 · p. 661 fragmento
[17]official rhetoric of Plan Colombia to expose the reality behind it. In the words of one report, "It is clear that Plan Colombia's intent is to combat the principal threat to the nation's political and economic elite: the FARC." 16 This conclusion is further supported by the Plan's actual implementation. The Colombian…
p. 66
16Las guerrillas en Colombia. Una historia desde los orígenes hasta los confinesDarío Villamizar · 2017 · p. 7221 fragmento
[20]aportar, por líneas de crédito, preferencias arancelarias y asistencia técnica que llegaría por la vía de la cooperación internacional, para un total de 7.500 millones de dólares, costo del Plan. En esta y en otras ocasiones, Pastrana enfatizaría en la decisión de la insurgencia de desnarcotizar sus áreas de…
p. 722
17Guns, Drugs, and Development in ColombiaJennifer S. Holmes, Sheila Amin Gutiérrez de Piñeres, Kevin M. Curtin · 2008 · p. 1581 fragmento
[21]the military and police forces in the country. According to a story in El Mercurio (February 2007), the government announced plans to invest over 3.7 million dollars in additional airplanes, helicopters, and weapons as well as an addi- tional 38,000 troops, 20,000 of which will be police. Aid to the Colombian…
p. 158
18La batalla por la pazJuan Manuel Santos · 2019 · p. 75, 872 fragmentos
[22]de la forma más efectiva posible. Este inmenso esfuerzo presupuestal, sumado a los recursos del Plan Colombia, permitió el inicio del fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, un proceso que tendría continuidad en los gobiernos del presidente Álvaro Uribe y en el mío. Un logro de particular importancia fue la…
p. 87
[69]G. Ricardo— con Marulanda, Jojoy y otros cabecillas de las Farc para concretar las bases de lo que sería un nuevo proceso de paz con esta guerrilla, el más ambicioso desde el que intentó Belisario Betancur en los años ochenta. Era la primera vez que un presidente, así fuera apenas un presidente electo, se reunía cara…
p. 75
19Conversaciones de honor: Memorias MilitaresMartín Nova · 2020 · p. 1361 fragmento
[23]Porque el Plan Colombia fue concebido para combatir el narcotráfico, pero no a la guerrilla. A partir de ese momento, que fue al año o dos años del Plan Colombia, aceptaron el uso de la ayuda del Plan Colombia para utilizarlo también en el combate contra la guerrilla, contra las FARC. Indiscutiblemente la guerrilla de…
p. 136
20"Falsos positivos" en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010Movimiento de Reconciliación (FOR), Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU) · 2014 · p. 57, 602 fragmentos
[26]Bush firmó una directiva que de forma explícita amplió la misión de Estados Unidos en Colombia más allá de las operacio- nes antidrogas, para incluir operaciones dirigidas a las organizaciones terroristas, expandiendo así el uso de los recursos (capacitación, equipo, helicópteros) para fines contrainsurgentes. La…
p. 57
[61]y Colombia. Legis- laciones de EE.UU., tales como la Ley Leahy, utilizaban la zanahoria de la asistencia militar –la mayoría de la cual no se centró en los derechos humanos– para incenti- var las sanciones contra los infractores, con la amenaza de negar la asistencia a las unidades en las que se encontraban los…
p. 60
21Colombia: Background and U.S. RelationsJune S. Beittel · 2018 · p. 481 fragmento
[27]request for a unified campaign to fight drug trafficking and terrorist organizations as Members of Congress came to realize how deeply intertwined the activities of Colombia’s terrorist groups were with the illicit drug trade that funded them. 91 However, Congress prohibited U.S. 89 Ibid. 90 Cynthia J. Arnson, “Th e…
p. 48
22Narcotráfico en Colombia: Economía y ViolenciaGustavo Duncan, Ricardo Vargas, Ricardo Rocha, Andrés López · 2005 · p. 871 fragmento
[28]situación de los cultivos ilícitos y de los resultados en materia de lucha antidrogas para el 2004 en Colombia, el presente texto busca encontrar elementos clave para establecer los costos sociales y políticos de la inscripción de la estrategia antinarcóticos dentro de la política antiterrorista. Si se pudiese valorar…
p. 87
23Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 3241 fragmento
[30]mayo de 2002. 441 Una ley de origen parlamentario aprobada en 1986 le exige al presidente de los Estados Unidos que presente «en enero de cada año, coincidiendo con el discurso sobre el Estado de la Nación, un documento denominado National Security Strategy. Este documento constituye la síntesis de un complejo proceso…
p. 324
24Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andinaMartín Tanaka, Francine Jácome · 2010 · p. 4131 fragmento
[31]a la seguridad son multidimensionales y requieren respuestas igualmente multi- dimensionales. Es decir que, si bien los acontecimientos del 9/11 forzaron al mundo entero a fijar sus prioridades en torno al tema de la seguridad, aun así cabe la posibilidad de concebir la seguridad en términos más amplios y de-…
p. 413
25El desplazamiento en Colombia. Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez · 2005 · p. 337, 3512 fragmentos
[32]en cinco, la meta relativa a la producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha desti- nado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500 millones de dólares en los años fiscales 2000-2003. El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es un medio efectivo para la lucha contra…
p. 337
[43]piel como: dermatitis, impétigo, abscesos, dolor abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda, presenta- dos a partir de la realización de fumigaciones en la zona (…) de las 100 veredas que existen en el Valle del Guamuéz, municipio con el mayor número de habitantes en el departamento, después de Puerto Asís y…
p. 351
26El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicasMartha Nubia Bello, Marta Inés Villa Martínez (editoras) · 2005 · p. 337, 3512 fragmentos
[33]en cinco, la meta relativa a la producción es del 50% en seis años. Por ello, Estados Unidos ha desti- nado para la asistencia antidroga en Colombia más de 2.500 millones de dólares en los años fiscales 2000-2003. El gobierno norteamericano ha insistido en que la fumigación es un medio efectivo para la lucha contra…
p. 337
[44]piel como: dermatitis, impétigo, abscesos, dolor abdominal, diarreas, infección respiratoria aguda, presenta- dos a partir de la realización de fumigaciones en la zona (…) de las 100 veredas que existen en el Valle del Guamuéz, municipio con el mayor número de habitantes en el departamento, después de Puerto Asís y…
p. 351
27Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 354, 3602 fragmentos
[34]coca, erradicación manual y glifosato (1999-2016) Fuente: Elaboración analítica SIM con base en datos del Observatorio de Drogas de Colombia. 649 Entrevista 045-VI-00165. Víctima, mujer, Nariño. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 0 50.000 100.000 150.000 Hectáreas…
p. 354
[53]contra las FARC-EP se dio especialmente a partir de mediados de los años noventa y no puso en suficiente evidencia que los grupos paramilitares eran aliados del Estado en la lucha contrainsurgente y que estaban orgánicamente asociados al negocio del narcotráfico. 681 Isacson, «Aún si el glifosato no fuera cancerígeno,…
p. 360
28Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 6701 fragmento
[35]nacionales y extranjeras como Cargill, Poligrow y Manuelita para explotarlas con proyectos de agroindustria 2239. En otras zonas, la reconfiguración ocurrió por las aspersiones con agentes químicos para erradicar cultivos de coca y marihuana. Las fumigaciones en la Sierra Nevada de Santa Marta habían comenzado desde…
p. 670
29Guerras RecicladasMaría Teresa Ronderos · 2014 · p. 3371 fragmento
[36]verle la cara a la guerra que ya desangraba a Urabá, a Córdoba, al Magdalena Medio y a los Llanos Orientales. Pero el gobierno Pastrana había aprobado la fumigación con glifosato por aire de los cultivos de coca de Putumayo y Caquetá, los campeones nacionales en cultivos de coca. Además envió a esas selvas y llanos…
p. 337
30Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. El campesinado y la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1301 fragmento
[37]incumplieron: no se suspendieron las fumigaciones y las obras de infraestructura quedaron limitadas a las asignaciones presupuestales que las entidades estatales ya tenían para el año en curso y los años siguientes 273. La Comisión ha podido establecer que sí hubo una influencia de las FARC-EP en el desarrollo del…
p. 130
31Colombia: Background, U.S. Relations, and Congressional InterestJune S. Beittel · 2013 · p. 40, 442 fragmentos
[38]under Sections 1004 and 1033, and under Section 124, of the National Defense Authorization Act. DOD can reallocate these funds throughout the year in accordance with changing needs. While not considered a formal component of the ACP Program, the Defense Department has provided Colombia with additional funding for…
p. 40
[55]paramilitaries, investigating complaints of human rights abuses, and prosecuting those against whom credible charges have been made. 175 Since 2002, Congress has made funding to the Colombian military contingent on these certifications. 176 In the latest certification, issued on August 20, 2012, Secretary Clinton…
p. 44
32Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1731 fragmento
[39]tan riesgoso para la salud y la naturaleza es volver a la aspersión aérea con glifosato?». 502 Nivia y Rapalmira, «Las fumigaciones aéreas sobre cultivos ilícitos sí son peligrosas». 503 Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc), «Censo de Cultivos de Coca 2014», 97. 504 Programa de…
p. 173
33Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 111, 1272 fragmentos
[40]principales fuentes de ingresos económicos ante la falta de oportunidades. Esto redundó en pobreza, hambre y enfer- medades. Una lideresa del corredor Puerto Vega Teteyé en Puerto Asís así lo menciona: «Esos suelos quedaron degradados por los efectos de la fumigación […]. Un señor, cuando fumigaron eso, él volvió a…
p. 111
[52]el año 2002, el conflicto armado en la Amazonía estaba en su pico máximo con tres actores armados disputándose la región: las FARC-EP, consoli- dando su control sobre la Amazonía oriental y algunas zonas rurales de la Amazonía occidental; las AUC con un fuerte control de las áreas urbanas de la Amazonía occi- dental y…
p. 127
34El derecho a la justicia como garantía de no repetición. Volumen 2. Las víctimas y las antesalas de la justicia. Conclusiones y RecomendacionesCentro Nacional de Memoria Histórica · 2016 · p. 4032 fragmentos
[41]en noviembre de ese año estaba en plena ejecución la operación comején, dirigida por la policía nacional con el fin de erradicar los cultivos ilícitos por medio de fumiga- ciones aéreas (Ramírez, 2001). Para el año 2000, que coincide, como se había mencio- nado, con el periodo de consolidación paramilitar, en la…
p. 403
[42]en noviembre de ese año estaba en plena ejecución la operación comején, dirigida por la policía nacional con el fin de erradicar los cultivos ilícitos por medio de fumiga- ciones aéreas (Ramírez, 2001). Para el año 2000, que coincide, como se había mencio- nado, con el periodo de consolidación paramilitar, en la…
p. 403
35Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1801 fragmento
[45]Pueblo y la Asociación Co- munidad Motilón Barí sobre la contaminación de fuentes de agua de consumo humano y animal, así como las afectaciones en la sa- lud, en los sembrados de palma y en la seguridad alimentaria; lo que fue reconocido por el mismo gobierno mediante la entrega de mercados (Defensoría, 2006-a.…
p. 180
36Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013Mario Aguilera Peña · 2013 · p. 2451 fragmento
[46]Guerrilla y Población Civil. Trayectoria de las FARC 1949-2013 ses, se estaba fumigando sin ninguna consideración. La situación empeoró con el asesinato de varios de los líderes de la marcha y con el ingreso en 1997 de las auc a la zona, donde formó el Frente Héroes del Guaviare. El Caquetá no vivió una realidad…
p. 245
37Plan Colombia: U.S. Ally Atrocities and Community ActivismJohn Lindsay-Poland · 2018 · p. 691 fragmento
[47]pushed the core of coca growing toward Colombia, where traditional drug traffickers, the paramilitaries, and guer - rillas adapted and found in it new sources of maintenance and expansion. 2 Colombian paramilitary groups consolidated in April 1997 into the Au - todefensas Unidas de Colombia (United Self- Defense…
p. 69
38Revolutionary Social Change in Colombia: The Origin and Direction of the FARC-EPJames J. Brittain · 2010 · p. 1631 fragmento
[48]100 80 60 40 20 0 Cultivated coca (000 hectares) 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Estimated levels of cultivated coca Number of (pre-existing and official) AUC combatants 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Figure 6.2 The links between coca growth and AUC paramilitarism…
p. 163
39Petróleo, coca, despojo territorial y organización social en PutumayoEdinso Culma Vargas, Juliana Guerra Rudas, Rocío Londoño Botero · 2015 · p. 187, 1952 fragmentos
[49]1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Putumayo 2.200 2.400 4.000 5.000 6.600 7.000 19.000 30.100 58.297 66.022 Total nacional 37.500 41.206 49.787 46.400 53.200 69.200 79.100 101.800 160.119 163.289 Compara- tivo (%) 5,87 5,82 8,03 10,78 12,41 10,12 24,02 29,57 36,41 40,43 Fuente: Vargas, 2004, página 267, con base en…
p. 187
[50]los paracos ma- taban a quien no les vendiera a ellos nos tocó vender muy barato. La ganancia casi no era nada” (Jansson, 2006, página 237). Pero las personas productoras de pasta de base de cocaína en pequeña escala no sólo se encontraban en desventaja comercial frente a paramilitares del Bloque Sur Putumayo. Ante la…
p. 195
40Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 4111 fragmento
[51]citado en CNMH, 2015, página 98). Como ya se ha anotado, el aumento de las cifras de abandono en el primer periodo coincide también con la llegada del Plan Colombia. Con este Plan se presenta un aumento de los comba- tes, principalmente entre el Ejército y las FARC, con una reacción débil por parte de este grupo hasta…
p. 411
41Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 1961 fragmento
[54]derechos humanos llevó a la aprobación de la Ley Leahy. Se trata de un texto que prohíbe la utilización de fondos estadounidenses por parte de unidades militares si el comportamiento en materia de derechos humanos viene a ser puesto en entredicho de manera creíble (Tate, 2011). El perímetro de la ley se fue…
p. 196
42More Terrible Than Death: Drugs, Violence, and America's War in ColombiaRobin Kirk · 2003 · p. 2821 fragmento
[56]was where guerrillas walked, not portly drug kingpins. Washington remained reluctant to commit to direct counterinsur- gency. Only the Colombian military and some Beltway hotheads claimed that the FARC was a "cartel." Both Frechette and Colombian police chief Rosso Jose Serrano routinely iced down these allegations as…
p. 282
43The Colombia Reader: History, Culture, PoliticsAnn Farnsworth-Alvear, Marco Palacios, Ana María Gómez López · 2017 · p. 5901 fragmento
[57]to Leahy’s position. This week, discussions over Plan Colombia will reach the Appropriations Committee of the United States Senate. Committee member Senator Pat- rick Leahy, author of an amendment that prohibits the U.S. military from training human rights violators. Together with Senator Edward Kennedy, Leahy…
p. 590
44America's Other War: Terrorizing ColombiaDoug Stokes · 2005 · p. 1202 fragmentos
[58]conditions – that of bringing to the civil courts military personnel who have committed gross violations of human rights – a recent report disputes the effective implementation of even this basic safeguard. The report, prepared by Amnesty International, Human Rights Watch and the Washington Office on Latin America,…
p. 120
[59]conditions – that of bringing to the civil courts military personnel who have committed gross violations of human rights – a recent report disputes the effective implementation of even this basic safeguard. The report, prepared by Amnesty International, Human Rights Watch and the Washington Office on Latin America,…
p. 120
45Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 2571 fragmento
[60]paramilitares, así como la propia evolución de la sumatoria debili- dad estatal-degradación del conflicto: Un reporte de inteligencia de la CIA [Central Intelligence Agency] para Altos Oficiales de Estados Unidos de una semana después de Bojayá dijo que la tragedia exponía “la inhabilidad de Bogotá para controlar…
p. 257
46¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1141 fragmento
[62]Fuerza Pública y el combate contra el narcotráfico, centrado en las fumigaciones. Contra el componente militar del Plan Colombia y su política de fumigaciones de los cultivos de uso ilícito, las FARC decidieron realizar el llamado paro armado en el departamento del Putumayo, en octubre del 2003, región en la que se…
p. 114
47Colombia, así en la guerra como en la pazJorge Giraldo Ramírez · 2018 · p. 301 fragmento
[63]Extremadura que no podía ser objeto de acciones militares del Estado y el resto del país como terreno de guerra. Todo ello sin haberse iniciado los diálogos ni definido la agenda de los mismos. El decir del sociólogo franco-colombiano Daniel Pécaut fue que el Gobierno «de entrada quemó todas sus naves». Cuando, el 6…
p. 30
48Historia concisa de Colombia 1810-2017Michael J. LaRosa, Germán Mejía · 2017 · p. 3311 fragmento
[64]sobre todo militar, de miles de millones de dólares, que se conoció como el Plan Colombia, del año 2000. Los diálogos de paz del gobierno de Pastrana se llevaron a cabo en San Vicente del Caguán, en el departamento del Caquetá, uno de los municipios que hizo parte de la infame zona de despeje que el Gobierno les…
p. 331
49Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. OrinoquíaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1551 fragmento
[67]saldo la muerte de 30 militares y 26 guerrilleros 612. El acuerdo para el cese al fuego de San Francisco de la Sombra, firmado el 5 de octubre de 2001, intentó superar las tensiones generadas tras el secuestro y asesi- nato de Consuelo Araujo, sucedido el 29 de septiembre en la región Caribe 613. El 7 de octubre, al…
p. 155
50Colombia: las razones de la guerraJorge Orlando Melo González · 2021 · p. 1831 fragmento
[68]fuertes de influencia eran Urabá, el Sinú, Cesar, los Llanos Orientales, el Catatumbo y el Magdalena Medio. Desde el arranque de las gestiones de negociación (1997) que dieron lugar a los diálogos de paz en El Caguán (1998-2001), la postura general de las autodefensas, encabezadas por los hermanos Castaño, fue de…
p. 183
51Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 98, 1822 fragmentos
[71]las dos administraciones de Álvaro Página 182 Uribe se deben en gran parte al proceso de modernización y trasformación que él inició en 1999, aunque otros opinan que estos logros se deben exclusivamente a la administración Uribe. Aquí la respuesta es que fue un proceso de transformación del aparato militar que si bien…
p. 182
[73]4.359 soldados regulares, que debían operar en 21 batallones de infantería. Estos cambios se dieron con relativo éxito. Lo cierto es que desde 1999, el pie de fuerza comenzó a incrementarse Página 98 aceleradamente y constantemente. El gráfico 6 muestra la composición de soldados para finales del año 2000. La…
p. 98
52Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 421 fragmento
[72]que aprovechó las negociaciones y la zona de distensión. La intensificación está también estrechamente relacionada con la reestructuración organizacio- nal, la reorientación estratégica, los cambios de doctrina y el uso de nuevas tecnologías por parte de las fuerzas estatales, todas estas iniciadas en la ad-…
p. 42
53Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 801 fragmento
[74]la profundización y desarrollo natural del proceso de reforma 33. Desde el inicio del período de reacomodamiento, la administración Uri - be manifestó su compromiso con la reforma en las políticas de seguridad y defensa. Uno de los principales pilares fue la reforma de la base tributaria, dirigida a la financiación…
p. 80