Idea · Constitución de 1991

Autonomía territorial

Principio constitucional según el cual las entidades subnacionales colombianas —departamentos, municipios, resguardos indígenas y territorios colectivos— tienen derecho a gobernarse por autoridades propias y administrar sus recursos dentro de los límites fijados por la Constitución. Enunciado con solemnidad en la Carta de 1991, su promesa sigue a medio cumplir tres décadas después.

4.205 palabras81 documentos83 fragmentos citados

Trayectoria de una idea

1863
Constitución de Rionegro: federalismo radical
1886
Constitución de la Regeneración: centralismo absoluto
1986
Elección popular de alcaldes: primer quiebre del centralismo
1991
Constitución de 1991: autonomía territorial constitucionalizada
1991
Ratificación del Convenio 169 de la OIT
1993
Ley 70: autonomía territorial afrocolombiana
2000
Crisis fiscal territorial y ajuste
2001
Acto Legislativo 1: Sistema General de Participaciones
2011
LOOT aprobada: promesa incumplida de las ETIs

La lectura

La autonomía territorial en Colombia no es un principio estático sino el resultado de un péndulo histórico que osciló entre el federalismo radical de Rionegro y el centralismo absoluto de la Regeneración, sin encontrar jamás un punto de equilibrio estable. La Constitución de 1991 intentó resolver esa tensión con una fórmula ingeniosa —república unitaria descentralizada— que prometía a la vez unidad nacional y gobierno propio para departamentos, municipios y pueblos étnicos. El experimento tuvo logros reales: la elección popular de gobernadores, el crecimiento sostenido de las transferencias fiscales y el reconocimiento jurídico de territorios colectivos indígenas y afrocolombianos transformaron el mapa del poder local colombiano. Pero la promesa más ambiciosa —las Entidades Territoriales Indígenas como forma plena de gobierno propio— quedó atrapada en la brecha entre el texto constitucional y la legislación de desarrollo, mientras el vacío institucional era llenado por actores armados, clientelas y economías ilegales que encontraron en los recursos descentralizados una fuente de financiación y en los gobiernos locales un espacio de captura. La autonomía territorial colombiana es, en suma, un principio constitucional de enunciación fuerte y cumplimiento diferencial: más real donde el Estado llegó con recursos y acompañamiento, más nominal donde llegó tarde, a medias o no llegó.

La autonomía territorial es el principio según el cual las entidades subnacionales —departamentos, municipios, distritos, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras— tienen derecho a gobernarse por autoridades propias, administrar sus recursos y ejercer competencias sobre su territorio, dentro de los límites que fija la Constitución. En Colombia, ese principio fue enunciado con solemnidad en la Constitución Política de 1991, que definió al país como una república unitaria "descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales". Bajo esa fórmula convivieron dos ambiciones simultáneas: profundizar la democracia local que había empezado con la elección popular de alcaldes en 1986, y reconocer que Colombia era una nación pluriétnica y pluricultural cuyos pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas tenían derecho a un gobierno propio sobre sus territorios. Tres décadas después, la promesa sigue a medio cumplir: la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, llamada a reglamentarla, tardó veinte años en aprobarse; las Entidades Territoriales Indígenas no funcionan como figura plena; y en el intervalo entre la enunciación constitucional y su desarrollo legislativo, actores armados, clientelas regionales y economías ilegales llenaron el vacío. Este artículo reconstruye esa historia: cómo se llegó a la autonomía territorial de 1991, qué prometió realmente, y por qué el mismo período que la vio nacer fue también el de su captura violenta.

De Rionegro a la Regeneración: el pendular colombiano

La disputa entre centralismo y autonomía regional atraviesa la historia republicana desde antes de que el país se llamara Colombia. La Constitución de Rionegro de 1863 llevó el péndulo a un extremo: dividió el país en nueve estados soberanos, redujo el Ejecutivo nacional a un cascarón sin ejército propio y consagró libertades individuales amplias. La Ley 20 de 1867 selló esa arquitectura al obligar al gobierno de la Unión a mantener estricta neutralidad ante los levantamientos armados dentro de los estados. El resultado fue un experimento federal radical, prácticamente sin equivalentes en América Latina en su época, y también estructuralmente vulnerable: sin ejército nacional, con hacienda pública débil y sin monopolio efectivo de la violencia, la República dependía de que los estados se comportaran.

No siempre lo hicieron. La primera crisis grave llegó en 1876, cuando los conservadores se alzaron contra el gobierno de Aquileo Parra para frenar la educación laica; el levantamiento fue derrotado, pero dejó a la vista las grietas del sistema. La crisis definitiva vino de dentro del propio liberalismo. La fractura entre radicales e independientes permitió que estos últimos, aliados con los conservadores, apoyaran a Rafael Núñez, elegido presidente en 1880 con una consigna que se hizo célebre: "regeneración administrativa fundamental o catástrofe". Los radicales se levantaron entre 1884 y 1886 y fueron derrotados. En septiembre de 1885, Núñez declaró nula la Constitución de Rionegro. La nueva carta, redactada bajo la mano intelectual de Miguel Antonio Caro —vicepresidente y, tras la muerte de Núñez en 1894, gobernante efectivo desde Bogotá—, refundó el país sobre otro principio: república unitaria, centralización política y administrativa, alianza con la Iglesia católica. El Banco Nacional, creado por Núñez en 1881, obtuvo tras la guerra el privilegio exclusivo de emisión y el papel moneda de curso forzoso, medida que enfrentó a comerciantes y banqueros y alimentó la resistencia radical.

La Constitución de 1886 duraría 105 años. Su lógica era clara: donde Rionegro había apostado por soberanías estatales, la Regeneración apostó por un Estado nacional fuerte, capaz de imponer orden y proyecto. Una ironía del pendular colombiano merece nota: fue una Constituyente de estirpe conservadora la que en 1858, con la Confederación Granadina, introdujo por primera vez el federalismo en el país, antes de que los liberales lo radicalizaran en Rionegro. Los alineamientos entre partido y arquitectura territorial nunca fueron limpios; lo que sí fue constante fue la tensión entre un centro que quería nombrar y unas regiones que preferían gobernarse.

Ese centralismo tuvo, sin embargo, un límite que ninguna constitución logró resolver: el Estado central rara vez controló efectivamente el territorio que decía gobernar. Vastas áreas del país —los altos nordestes antioqueños, el Magdalena Medio, las fronteras amazónica y orinocense, las selvas del Pacífico— quedaron articuladas al proyecto nacional de forma débil o intermitente. En su ausencia, poderes locales vinculados a la actividad económica dominante sustituyeron su autoridad e implementaron formas propias de justicia privada. En el Magdalena Medio, la única presencia estatal significativa fue la militar: el ejército hizo de policía, y los conflictos entre terratenientes y campesinos degeneraron en violencia que abrió la puerta a organizaciones irregulares dedicadas a regular las relaciones sociales de la región. Las élites criollas de los altiplanos andinos habían idealizado un país centralizado, y en el papel lo lograron; sobre el terreno, buena parte de Colombia siguió siendo lo que los propios discursos oficiales llamarían "territorios nacionales", "zonas donde no llega el Estado", "repúblicas independientes", "islas de anarquía". La estigmatización era un modo de reconocer, en negativo, un hecho persistente: la soberanía colombiana era, y sigue siendo, diferencial.

La reforma Barco y el aliento previo a 1991

Antes de que la Constituyente fuera siquiera imaginable, el Estado colombiano había empezado a soltar poder desde arriba. La descentralización fiscal comenzó a principios de los años ochenta con la autonomía en el cobro de parte de los impuestos locales. Pero el hito político mayor fue la reforma que introdujo la elección popular de alcaldes, aprobada bajo el gobierno de Virgilio Barco y aplicada por primera vez en las elecciones de 1988. Hasta entonces, los alcaldes eran nombrados por los gobernadores, que a su vez eran nombrados por el presidente; en la práctica, esto convertía a los municipios en apéndices administrativos de la Presidencia y en piezas de la maquinaria clientelar bipartidista. Elegir alcaldes por voto directo era, en el sistema de 1886, una pequeña revolución.

Esa reforma tenía además un contexto que suele olvidarse: la ampliación de la democracia local era una demanda política central de las guerrillas en negociación. El M-19, el EPL y otros grupos habían insistido en que sin apertura territorial no había paz posible. Cuando en 1990 se convocó la Asamblea Nacional Constituyente, esa demanda ya estaba parcialmente satisfecha, pero seguía viva la idea de que había que profundizarla y protegerla constitucionalmente.

La Constituyente misma nació de una paradoja jurídica notable: fue convocada por el presidente César Gaviria en ejercicio de las facultades del estado de sitio —artículo 121 de la Constitución de 1886 y Decreto 1038 de 1984—, es decir, mediante el mismo instrumento excepcional que la nueva carta pretendía superar. La presidencia de la Asamblea fue tripartita: Horacio Serpa por el liberalismo oficial, Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro Wolff por la AD M-19, la fuerza política nacida de la desmovilización guerrillera. Esa composición forzó acuerdos amplios y evitó que ninguna corriente impusiera su programa completo. La autonomía territorial fue uno de esos puntos de convergencia: liberales y conservadores coincidían en la necesidad de descentralizar; la izquierda desmovilizada la reivindicaba como conquista democrática; y los constituyentes indígenas —Lorenzo Muelas, del pueblo Guambiano, y Francisco Rojas Birry— empujaron para que la autonomía no fuera solo una redistribución de poder entre niveles del Estado, sino un reconocimiento de gobiernos étnicos preexistentes.

Lo que la Constitución de 1991 realmente dijo

La carta de 1991 hizo cuatro movimientos simultáneos que juntos configuran lo que hoy llamamos autonomía territorial.

Primero, extendió la elección popular a los gobernadores, cerrando el círculo que Barco había abierto con los alcaldes. El presidente perdió con ello uno de los instrumentos más potentes del régimen centralista: la capacidad de nombrar directamente al jefe de cada departamento.

Segundo, definió al municipio como la "entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado" y profundizó su autonomía política, administrativa y fiscal. Las transferencias del nivel nacional a las entidades territoriales, que en 1982 representaban apenas el 1,9 % del PIB, escalarían hasta el 6 % en 2002, con el crecimiento más pronunciado en las municipales, que pasaron del 0,5 % al 3,1 %. Nunca antes en la historia colombiana los alcaldes habían tenido tanto dinero para administrar.

Tercero, reconoció la diversidad étnica y cultural de la nación y consagró a Colombia como Estado pluralista y pluricultural. Ese reconocimiento tuvo dos desarrollos territoriales concretos. Para los pueblos indígenas, la Constitución concibió las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) como figura destinada a garantizarles autonomía territorial y presupuestal según sus propias prácticas culturales, dotándolas de gobierno propio a través de sus autoridades tradicionales. Para las comunidades negras, el artículo transitorio 55 ordenó al Congreso expedir en un plazo de dos años una ley que reconociera el derecho a la propiedad colectiva sobre las tierras baldías que venían ocupando en las zonas rurales ribereñas del Pacífico. En paralelo, con ocasión de la Constituyente, Colombia ratificó el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de pueblos indígenas y tribales, incorporado al derecho interno mediante la Ley 21 de 1991.

Cuarto, dotó al ciudadano de instrumentos para reclamar todo esto ante los jueces. La acción de tutela, tal vez el legado más popular de la Constitución, convenció a millones de colombianos de que tenían derechos exigibles; la Fiscalía General de la Nación transformó el sistema penal; y los estados de excepción, que entre 1958 y 1990 habían estado vigentes más del 80 % del tiempo, quedaron sometidos a límites estrictos.

La arquitectura era ambiciosa. Sus grietas también.

Las promesas condicionadas

La Constitución de 1991 fue, en el capítulo territorial, un texto de enunciados fuertes acompañados de remisiones a leyes futuras. Las ETIs quedaron formuladas como figura, pero su implementación efectiva dependía de la promulgación de una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que definiera la distribución territorial y las competencias de las entidades. Esa ley no llegó a tiempo, ni luego, ni realmente después: la LOOT finalmente aprobada en 2011 no reglamentó las ETIs con la profundidad que la Constitución exigía, y treinta años después de la carta las Entidades Territoriales Indígenas siguen sin operar como figura plena. Los pueblos indígenas ejercen gobierno propio, sin duda —los cabildos del Cauca, la fuerza de los guambianos en Silvia, los alcaldes indígenas de Toribío bajo fuertes expectativas comunitarias, la jurisdicción propia que resuelve conflictos internos con derecho consuetudinario—, pero lo hacen fundamentalmente a través de la figura del resguardo, de raíz colonial, y no del andamiaje moderno que la Constitución había prometido. La fortaleza del cabildo, como muestra el caso guambiano, sigue siendo función del control efectivo sobre las tierras del resguardo: donde ese dominio es fuerte, el cabildo lo es también.

El caso afrocolombiano siguió una trayectoria distinta pero convergente en su desenlace. El artículo transitorio 55 sí fue desarrollado dentro del plazo, mediante la Ley 70 de 1993, y reglamentado en lo relativo a titulación colectiva por el Decreto 1745 de 1995. La ley reconoció por primera vez en Colombia que el Pacífico no era el territorio de "tierras baldías" que las élites políticas y económicas habían imaginado durante un siglo, sino un espacio ocupado históricamente por comunidades afrodescendientes con derechos derivados de esa ocupación. Estableció además la figura del consejo comunitario como autoridad administrativa de los territorios colectivos, e hizo de la Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) el proceso piloto de todo el modelo. Pero la Ley 70 no fue reglamentada en su totalidad, y sus capítulos pendientes tuvieron consecuencias directas sobre las dinámicas culturales y la autonomía territorial de las comunidades. Más aún: la propia estructura de los consejos comunitarios, tal como se implementó, favoreció acuerdos pequeños e inconexos entre cada consejo y las oficinas públicas, sin promover una organización o tejido asociativo común entre los distintos consejos, lo que limitó su proyección política colectiva.

Hubo, además, un silencio revelador. La Constitución guardó silencio sobre el estatuto de los militares y de la policía y sus relaciones con el poder civil, en un momento en que el presupuesto del Ministerio de Defensa se había quintuplicado en términos reales entre 1985 y 1990 y el pie de fuerza del ejército se había duplicado. La descentralización política avanzó; la reforma al fuero militar no. Esa asimetría pesaría después.

La captura del gobierno local

Mientras el andamiaje jurídico de la autonomía se completaba a medias, la descentralización fiscal seguía adelante con celeridad y consecuencias. El aumento del gasto de las entidades territoriales durante los noventa fue más rápido que el crecimiento de las transferencias recibidas, y muchas entraron en crisis fiscal. La Ley 358 de 1997 —Ley de Endeudamiento Territorial— fue un primer intento de contener el descontrol; la Ley 617 de 2000, o Ley de Ajuste Fiscal Territorial, un segundo, más severo, que puso a decenas de municipios y departamentos bajo programas de saneamiento. El Acto Legislativo 1 de 2001 creó el Sistema Nacional de Participaciones y ató el crecimiento anual de las transferencias a la inflación causada más un porcentaje fijo —2 % entre 2002 y 2005, 2,5 % entre 2006 y 2008—, con el propósito explícito de aliviar la presión sobre las finanzas nacionales.

Todo esto —el descontrol, los ajustes, el nuevo régimen de participaciones— ocurrió sobre un sustrato que los legisladores de Bogotá tendían a subestimar. En muchas regiones, los municipios recién dotados de autonomía política y recursos crecientes eran también municipios en zonas de disputa armada activa. Los actores armados ilegales lo notaron antes que casi nadie.

En la década de los noventa, las FARC-EP cambiaron de actitud hacia los procesos electorales locales. En zonas como la cordillera del Patía, entre Nariño y Cauca, adoptaron una postura hostil frente al proselitismo político y ejercieron coerción armada sobre ediles y alcaldes: amenazas, secuestros, homicidios, desplazamientos forzados de quienes no acataron sus imposiciones. Donde el M-19 y otras guerrillas habían visto en la elección popular de alcaldes una conquista democrática, las FARC-EP terminaron viéndola como amenaza y objetivo.

Los paramilitares hicieron lo contrario y por eso resultaron más devastadores. No trataron de destruir la política local sino de capturarla. Un estudio de la Fundación Foro aplicado a una muestra de dieciocho municipios documentó dos estrategias sistemáticas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC): la incidencia en las relaciones económicas y sociales regionales, y el control político-electoral mediante amenazas, asesinatos de candidatos adversos, protección de candidatos afines y coacción a votantes. En Casanare, la práctica se generalizó al punto de que los mandatarios locales eran citados o secuestrados para asistir a reuniones clandestinas de rendición de cuentas, donde debían comprometerse a colaborar con las pretensiones políticas de los grupos, tramitar documentos irregulares y desviar parte del presupuesto municipal hacia las estructuras armadas. En Caquetá, en 2002, el alcalde Fierro fue asesinado por las AUC tras haber denunciado amenazas contra su vida, un caso entre muchos que ilustra el riesgo real de ejercer la democracia local en zonas de disputa territorial.

Lo que se llamó parapolítica —la alianza documentada entre líderes paramilitares y dirigentes políticos regionales, funcionarios, ganaderos y terratenientes en departamentos como Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena— fue el nombre público de un fenómeno más amplio. La violenta expansión paramilitar entre 1997 y 2004 dejó más de 150.000 homicidios y desapariciones forzadas y más de 3,5 millones de desplazados forzados. Mientras la atención nacional se concentraba en el fracaso de los diálogos del Caguán con las FARC-EP, la expansión paramilitar y sus vínculos con la política tradicional pasaron en gran medida desapercibidos. Cuando salieron a la luz, el mapa de la autonomía territorial ya había sido rediseñado por otros.

La descentralización sí redistribuyó el poder. No siempre hacia donde la Constitución había querido.

La reversión sobre los territorios étnicos

En ningún terreno fue más brutal la distancia entre el reconocimiento constitucional y la realidad sobre el terreno que en los territorios étnicos del Pacífico. La Ley 70 de 1993 permitió la titulación de vastas extensiones colectivas: en el Bajo Atrato chocoano, los consejos comunitarios de Curvaradó y Jiguamiandó recibieron títulos de 46.048 y 54.973 hectáreas respectivamente. En el papel, esas comunidades eran ahora dueñas colectivas de un patrimonio territorial extraordinario. En el terreno, los mismos años vieron llegar a los paramilitares al Bajo Atrato, en coincidencia con la expedición de esos títulos. Sobre esas tierras se sembró palma africana, se desplazó a las comunidades por la fuerza, y se produjo lo que la Defensoría del Pueblo documentó como una de las violaciones más graves de derechos territoriales colectivos en la historia reciente del país.

Los líderes afrocolombianos leyeron esa violencia con una claridad que la política nacional tardaría en compartir: interpretaron la expansión del conflicto sobre sus regiones como una intención deliberada de revertir los logros de la Constitución de 1991, evidenciada en asesinatos selectivos de personas involucradas en luchas por derechos territoriales. Las AUC, por su parte, ejecutaron un despojo sofisticado con complicidad de servidores públicos que registraron en notarías miles de hectáreas usurpadas, e impulsaron la creación de empresas para explotarlas con proyectos de agroindustria, minería e infraestructura. En regiones como Urabá-Darién y Cesar, los tres primeros años de la década de 2000 se caracterizaron por un control guerrillero inicial que luego fue ganado por los paramilitares tras su pacto directo con la fuerza pública. La consolidación paramilitar en el Pacífico y en Urabá-Darién no habría sido posible sin las alianzas, apoyos y acciones conjuntas con diferentes unidades de la fuerza pública: los múltiples casos documentados y la escasa judicialización interna permiten concluir que hubo responsabilidad institucional, más allá de las decisiones judiciales caso por caso.

Los territorios colectivos y los resguardos, concebidos como espacios de autonomía étnica, se convirtieron en objetivo militar y económico. El monocultivo de palma de aceite, la coca y la explotación maderera se desplegaron sobre territorios ancestrales del Pacífico como parte de las ganancias de los actores del conflicto, mientras los líderes y la población negra eran desplazados. La guerra resquebrajó la gobernabilidad étnica y la autonomía de los pueblos para administrar sus territorios, y negó en la práctica lo que la Constitución había reconocido en principio. Para el mismo período, las FARC-EP también desplazaron a quienes no siguieron sus imposiciones y se apropiaron de tierras para promover cultivos de coca y minería ilegal de oro y platino.

El caso indígena tuvo variantes propias. La falta de reglamentación de las ETIs coexistió con el ejercicio real de gobierno propio a través de cabildos y resguardos: las comunidades del Cauca, en particular, sostuvieron su jurisdicción interna y su control territorial en medio de la guerra. Pero el ejercicio de esa autonomía se dio en un contexto en que diversas entidades públicas habían construido una asociación estrecha entre etnicidad indígena y lugar, tomando la residencia en territorios tradicionales como criterio de pertenencia étnica y de acceso a políticas multiculturales, lo que generó tensiones para quienes habían sido desplazados o vivían fuera de esos territorios.

Estado ausente, autonomías forzadas

Hay una lectura que sostiene que el problema de la autonomía territorial en Colombia fue, ante todo, un problema de diseño constitucional inacabado: que si la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial hubiera llegado en 1993 y no en 2011, si las ETIs hubieran sido reglamentadas a tiempo, si la Ley 70 se hubiera completado, otra habría sido la historia. Es una lectura cierta pero parcial. El vacío normativo agravó la crisis, pero no la generó.

Lo que la Constitución de 1991 encontró, y no pudo transformar, fue una geografía política de soberanía diferencial que precedía en más de un siglo a la Constituyente. El Estado colombiano se desarrolló históricamente con poco control efectivo sobre vastas áreas de su territorio nacional, y en su ausencia los poderes locales sustituyeron su autoridad. La frontera sur-oriental —salvo franjas urbanas en Cúcuta e Ipiales— funcionó como tierra de nadie por la que circularon armas, cocaína y dinero ilegal, haciendo imposible la soberanía efectiva del Estado. En regiones como el Alto Nordeste antioqueño, la débil articulación al mercado regional convirtió el territorio, desde el siglo XIX, en zona propicia para actividades parainstitucionales e ilegales y refugio de actores armados. Algunos colonos que huyeron de las guerras civiles decimonónicas reconstruyeron comunidades en piemontes y valles tropicales bajo la autoridad de patriarcas carismáticos y comités de trabajo colectivo, sin apoyos ni interferencias del gobierno; en casos como el del Valle del Cauca lograron un ordenamiento territorial aceptable y una próspera clase media rural, pero el proceso no fue uniforme.

Los actores armados ilegales no hicieron presencia simultánea en todo el territorio: llegaron en momentos distintos, ligados a los tiempos de integración gradual de cada región a la economía nacional y a la difícil articulación política de sus poblaciones. Donde el Estado central llegó tarde o no llegó, otros ordenaron. El aumento de recursos transferidos a los gobiernos locales por la descentralización convirtió a esos gobiernos en fuente atractiva de financiación para grupos irregulares que ya estaban allí, o que estaban dispuestos a llegar.

La lectura correcta es doble. Hubo un diseño constitucional que delegó su implementación efectiva a legislación que no llegó, y ese vacío tuvo consecuencias. Y hubo una debilidad estatal territorial preexistente que ninguna ley orgánica habría podido resolver por sí sola. Las dos cosas se alimentaron mutuamente: el vacío normativo no creó la crisis territorial, pero sí la profundizó al dotar de recursos fiscales crecientes a municipios sin capacidad institucional ni protección frente a la coerción armada. Y encima de todo eso, hubo una tercera capa que suele omitirse: la captura activa, la parapolítica, las alianzas de élites regionales con estructuras armadas, el despojo notarial. Colombia no perdió la autonomía territorial solo por descuido o por debilidad; también la perdió porque hubo actores concretos, con nombre y apellido, que la usaron para enriquecerse y para reordenar el poder regional a su favor.

De la Ley de Víctimas al acuerdo de La Habana

Los intentos de reparar lo dañado empezaron cuando el propio Estado reconoció la magnitud del daño. La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, buscó establecer un conjunto de medidas de atención, asistencia y reparación para las víctimas del conflicto armado, con el componente de restitución como columna vertebral de la política territorial. En el mismo año se aprobó, tras dos décadas de espera, la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Ninguna de las dos leyes cerró el ciclo abierto en 1991, pero ambas reconocieron que la autonomía territorial no podía sostenerse sin devolver tierras a quienes habían sido despojados y sin dotar al ordenamiento de un marco legal actualizado.

El Acuerdo Final de La Habana con las FARC-EP, firmado en Cartagena y sometido a plebiscito el 2 de octubre de 2016, prometió una "paz territorial" articulada en torno a instrumentos como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las circunscripciones especiales de paz que aseguraban al Congreso representantes de las víctimas de las regiones más golpeadas. El plebiscito fue rechazado por un margen estrecho a nivel nacional, y en el Eje Cafetero por márgenes especialmente amplios: 60,13 % en Quindío, 57,9 % en Caldas y 55,69 % en Risaralda votaron No. El acuerdo fue renegociado y ratificado por el Congreso; su implementación empezó en un país que había dicho, mayoritariamente, no. El año 2017 fue descrito como el más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo. Se crearon veinticuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para facilitar la adaptación inicial de los excombatientes.

Los años siguientes ajustaron las expectativas. Los PDET no alcanzaron la transformación participativa regional que se les había prometido y se limitaron en la práctica a proyectos demostrativos. En territorios como el Caquetá, la implementación tropezó con la tensión entre el tránsito de economías ilícitas a lícitas, la conservación amazónica y las concesiones mineras y petroleras que amenazan las economías campesinas. El problema, se hizo cada vez más claro, no era solo financiero. El caso del Chocó —recursos generosos sin traducción clara en impacto por falta de control fiscal en las instituciones regionales— ilustra la dimensión institucional del asunto: sin capacidad estatal territorial, ningún flujo de recursos, por grande que sea, produce autonomía real. Y el reconocimiento del campesinado como sujeto político, ausente en 1991, siguió siendo materia pendiente incluso en el marco del acuerdo.

Una promesa que aún no cierra

La autonomía territorial en Colombia es, tres décadas después de la Constitución que la consagró, un principio institucional con desarrollo desigual, con conquistas reales y reversiones brutales, con normas que llegaron tarde y otras que no llegaron. La elección popular de gobernadores y alcaldes se consolidó como práctica democrática; los resguardos indígenas y los territorios colectivos afrocolombianos existen y son ejercidos, aunque en condiciones adversas; las transferencias fiscales convirtieron a los municipios en actores relevantes del gasto público. Al mismo tiempo, las ETIs siguen sin funcionar como figura plena, la Ley 70 sigue sin reglamentar en su totalidad, y la memoria de lo ocurrido entre 1991 y 2005 —cuando la descentralización coincidió con la expansión paramilitar y con el despojo violento de territorios recién reconocidos— sigue siendo un capítulo abierto en la justicia transicional y en la política de tierras.

La pregunta que la Asamblea de 1991 quiso responder —cómo distribuir el poder en un país cuyo Estado central nunca ha controlado del todo su territorio— sigue vigente. La respuesta constitucional fue ambiciosa; su implementación, incompleta; su captura, sistemática. Entender la autonomía territorial en Colombia exige sostener a la vez las tres cosas, sin renunciar a ninguna: la promesa, el vacío y quienes lo llenaron.

En el archivo

2 apariciones públicas, ordenadas por período y año.

01Seguridad Democrática2002–20161

2008La Minga Social y Comunitaria de 2008Hecho

Relaciones

Vínculos editoriales de la ficha y conexiones observadas dentro del archivo.

Relaciones editoriales

01Descentralización — proceso político-fiscal del que la autonomía territorial es principio rector y marco constitucional
02Federalismo radical — antecedente histórico extremo de la autonomía regional bajo la Constitución de Rionegro de 1863
03Centralismo — polo opuesto con el que la autonomía territorial ha estado en tensión permanente desde la Regeneración de 1886
04Resguardo — figura territorial de raíz colonial a través de la cual los pueblos indígenas ejercen gobierno propio ante la falta de reglamentación de las ETIs
05Constitución de 1991 — instrumento jurídico que consagró formalmente la autonomía territorial como principio del Estado colombiano
06Asamblea Nacional Constituyente (1991) — proceso político que produjo la consagración constitucional de la autonomía territorial con participación de constituyentes indígenas
07Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) — figura constitucional creada para garantizar autonomía territorial y presupuestal a los pueblos indígenas, aún sin implementación plena
08Multiculturalismo constitucional — marco ideológico que amplió la autonomía territorial hacia el reconocimiento de gobiernos étnicos preexistentes
09Lorenzo Muelas y Francisco Rojas Birry — constituyentes indígenas que impulsaron la autonomía territorial étnica en la ANC de 1991
10Municipio — entidad definida por la Constitución de 1991 como unidad fundamental de la organización territorial y principal beneficiaria de la descentralización fiscal

Personas

Lugares

Ideas

Documentos y fragmentos citados

81 documentos · 83 fragmentos

01La miseria en ColombiaJames A. Robinson · 2016 · p. 371 cita

[1]
de que sería bueno tener este monopolio. Esto no siempre ha sido así. Después de la Constitución de Rionegro de 1863, no había un ejército nacional y el Estado nacional no tenía el derecho de intervenir en las cuestiones de los departa- mentos que lo constituían. De hecho, la Ley 20 de 1867 declaraba: Artículo 1.…
p. 37

02Breve historia económica de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 2017 · p. 1071 cita

[2]
texto: «[estas] se unen y confederan a perpetui- dad consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio y forman una Nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia». En los poco más de cincuenta años que transcurrieron entre la conformación de la junta de Gobierno de 1810 y la…
p. 107

03Las mujeres en la historia de Colombia. Tomo II: Mujeres y SociedadMagdala Velásquez Toro (dirección académica), Catalina Reyes Cárdenas, Pablo Rodríguez Jiménez · 1995 · p. 1971 cita

[3]
y ganados. Así, la política se alimentó de formas múltiples de so- cialización, que se expresaron desde los inicios del siglo xix mediante sociedades masónicas, populares, religiosas, democráticas y de artesanos; algunas de ellas sirvieron de apoyo a dirigentes liberales, dentro de una visión más po- pulista del…
p. 197

04¿Otra historia de Colombia? De tiempos prehispánicos a hoy: lo fundamental en 12 capítulosFelipe Arias Escobar · 2023 · p. 681 cita

[4]
la aparición de ferrerías e industrias anexas en Pacho, Amagá y Samacá, como también los avances mucho más estables en la producción de alimentos y bebidas, cuyo ejemplo más notable fueron las fábricas de cerveza aparecidas a fmales de siglo. COLOMBIA EN 1886, BAJO LA ILUSIÓN DEL ORDEN Una dura consecuencia del ciclo…
p. 68

05Crafting a Republic for the World: Scientific, Geographic, and Historiographic Inventions of ColombiaLina del Castillo · 2018 · p. 3201 cita

[5]
so that state coffers could expand along with public instruction. Radical Liberals understood how the precarious place of the public education network in each state reflected their own tenu- ous hold on political power through client networks. In the wake of the Civil War of 1876 to 1877, political rivalries and…
p. 320

06Colombia: A Concise Contemporary HistoryMichael J. LaRosa, Germán R. Mejía · 2017 · p. 2751 cita

[6]
lasts until 1898 Colombian Chronology, 1810–1991 259 Year Politics Society and Economy Culture and Science — Modern mail system created 1860 Various states separate — Steam engines used to clean cotton — Exportation of quinine and indigo — Ezequiel Uricoechea publishes Elementos de Mineralogía — José María Vergara y…
p. 275

07Presidentes de Colombia 1810-1990Ignacio Arizmendi Posada · 1989 · p. 1431 cita

[7]
Núñez, lo sucede en el mando en abril de 1882, mandato en el cual el ex presi- dente daría muestras de un impresionante poder político al prácticamente impedirle al anciano gobernante ejercer la plenitud de sus escasas Rafael Núñez 159 facultades constitucionales, según se aprecia en su reseña. El cartagenero…
p. 143

08De la derecha a la izquierda: La Iglesia Católica en la Colombia contemporáneaMichael J. LaRosa · 2000 · p. 441 cita

[8]
civil [...] y la sociedad religiosas". El documen- to también señala cómo la Iglesia Católica es «[una] parte esencial del orden nacio- MICHAEL J. LAROSA La Constitución de J 886 fue, en gran medida, obra de Miguel Antonio Caro. el principal pensador conservador de la época. Firme defensor de la Iglesia y la fe…
p. 44

09Economía y cultura en la historia de ColombiaLuis Eduardo Nieto Arteta · 2016 · p. 5631 cita

[9]
y 1860 ». Conviene anotar, ante algunas afirmaciones que hace el señor Samper, que toda Constitución —decisión polí- tica— sólo puede ser adoptada por un partido político que imponga sus teorías en torno al Estado y al Derecho, y que en tal virtud reorganice la sociedad y la economía. Las deci- siones políticas que…
p. 563

10The Work of Recognition: Caribbean Colombia and the Postemancipation Struggle for CitizenshipJason McGraw · 2014 · p. 1781 cita

[10]
used in Septem- ber 1885 to declare the Rionegro Constitution void. 137 The final blow to the war Liberals came in a series of deadly combats and postcampaign persecutions that decimated their camp. By the re- turn of peace in November 1885, scores of field commanders were gone, and Ricardo Gaitán Obeso had been a…
p. 178

11Historia de Colombia. La Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia IIJavier Ocampo López, Marco Palacios, Germán Arciniegas, Gonzalo Hernández de Alba y otros (obra colectiva) · p. 171 cita

[11]
del Beebe ¢ Ae tee batndoe Ue mstrs Critvrtrrmoe gus tfervetla, Ka rensde en dectetuas 4 ta “goin ai fillicd c @. Bfilitle a4 eZ a Wtieele te.S oe Go elarter Lobes aped dé Poliagata Blaine, Lb nen! See Fon dintaciesen, Mag datiun, Pannva: Doerlar dor ¢ Blhiorra, ried doe peyperlen a sereele fers tor aelee Ae ape…
p. 17

12Los López en la historia de ColombiaÓscar Alarcón Núñez · 2022 · p. 211 cita

[12]
así como, por muchos años, se consideró que el centralismo era conservador y el federalismo era liberal, pero no hay que olvidar que fue una Constituyente de estirpe conservadora, en 1858, la que promovió por primera vez el federalismo en Colombia. Y, tratándose del tema económico, la apertura, tan condenada hoy día…
p. 21

13Enciclopedia de Colombia - Volumen 2Camilo Calderón Schrader · 2001 · p. 1701 cita

[13]
1991, cuando la Asam- blea Nacional Constituyente aprobó una nueva Carta. Bases económicas y religiosas Para llevar a cabo el proyecto de la Regeneración, Núñez tuvo que sentar unas bases económicas acordes con la centralización. Con el fin de tener una emisión de dinero que cubriese la totalidad del país, durante su…
p. 170

14Coffee and Conflict in Colombia, 1886-1910Charles W. Bergquist · 1986 · p. 571 cita

[14]
many of the Conservatives backing Nunez must have felt they were entitled to take any steps necessary to secure their continued exclu- sive enjoyment of the honors and perquisites of public office. Moreover, many leading Nationalists sincerely believed theirs was a sacred mission to rescue Colombia from the dangers…
p. 57

15El café en Colombia, 1850-1970: una historia económica, social y políticaMarco Palacios · 2009 · p. 1261 cita

[15]
perspectiva nacional, extraordinariamente matizada en las localidades, dos regímenes políticos dominaron el periodo. Como veremos en las páginas y capítulos siguientes, tuvieron implicaciones en el modelo económico. Desde 1850 hasta 1885 hay un predominio liberal con breves interregnos entre 1854 y 1861. El régimen…
p. 126

16Cambiar el futuro. Historia de los procesos de paz en Colombia (1981-2016)Eduardo Pizarro Leongómez · 2017 · p. 1931 cita

[16]
el país. A pesar de lo corto del tiempo, su coordinador, Ricardo Santamaría, sostiene que hubo mucho interés, el cual se vio reflejado, por ejemplo, en el Una de las mayores paradojas de la Constitución de 1991 fue que esta nació con base en la controvertida figura del “estado de sitio”. En efecto, el presidente…
p. 193

17¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 1541 cita

[17]
través del cual se pretendía controlar la desviación que ellos mismos y sus cómplices representaban. 57. Según Mauricio Rubio, en 1999, en juicio sin sumario, la probabilidad de que un 218 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica La Constitución de 1991, sin embargo, de cuyo nacimiento hablaremos a…
p. 154

18Una conversación pendienteJuan Manuel Santos, Ingrid Betancourt, Juan Carlos Torres · 2021 · p. 851 cita

[18]
Era esperanzador ver a los tres copresidentes de la Asamblea, tan distintos, dándose la mano y liderando el proceso con convicción y convivencia. Nada menos que Álvaro Gómez, hijo del gran caudillo conservador Laureano Gómez, sentado al lado de Antonio Navarro, exguerrillero del M-19, la misma organización armada que…
p. 85

19Grandes momentos de ColombiaGustavo Castro Caycedo · 2016 · p. 2871 cita

[19]
descentralizador (ordenó la elección popular de gobernadores) que se había iniciado con la de alcaldes. Le dio autonomía y funciones a la junta directiva del Banco de la República, lo cual ha tenido importancia en el manejo de la economía nacional. Con la eliminación de la posibilidad de extraditar colombianos por…
p. 287

20Desafíos de la gobernabilidad democrática. Reformas político-institucionales y movimientos sociales en la región andinaMartín Tanaka, Francine Jácome · 2010 · p. 491 cita

[20]
a los ciudadanos. La Constitución de 1991 consolidó el proceso de descentrali- zación política y administrativa que comenzó en el año de 1986 con la refor- ma que permitió la elección popular de alcaldes. Al igual, creó mecanismos de participación directa, como la iniciativa popular, y de comunicación directa con la…
p. 49

21Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y MéxicoGustavo Duncan · 2014 · p. 2761 cita

[21]
público. La coyuntura para estas transformaciones era favorable. Las agencias de desarrollo internacionales como el Banco Mundial y el FMI apoyaban la idea de la descentralización como mecanismo de desarrollo. Asimismo, dentro de la agenda de negociación de guerrillas como el M -19 y el EPL — que se desmovilizaron a…
p. 276

22Colombia: A Country StudyRex A. Hudson (editor) · 2010 · p. 3161 cita

[22]
the governor and the cabinet secretary, and the mayor and the cabinet secretary, respec- tively, administer local government. Each department has a popu- larly elected departmental assembly. The assembly may range from 11 to 31 members, who complete four-year terms. The head of the departmental administration is the…
p. 316

23Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. AmazoníaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 921 cita

[23]
pluricultural: «El Estado reconoce y protege la diversidad étnica de la nación colom- biana» 219. También dispuso la creación de los departamentos, distritos y municipios, estos últimos definidos como la «entidad fundamental de la división político-admi- nistrativa del Estado» 220. Respecto de los territorios…
p. 92

24Entre la legitimidad y la violencia: Colombia, 1875-1994Marco Palacios · 2003 · p. 3361 cita

[24]
política, creó una circunscripción nacional para elegir un senado de numerus clausus: 100 miembros, más dos indígenas. Antes de esbozar las grandes líneas de la constitución de 1991, conviene subrayar el silencio en relación con el estatuto de los mi- litares y de la policía y sus relaciones con el poder civil. Las…
p. 336

25El orangután con sacoleva: cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)Francisco Gutiérrez Sanín · 2014 · p. 1121 cita

[25]
idea de que solamente así se podría construir un sistema político moderno y le gítimo.96 Fue entonces cuando se acabaron por fin todas las restric ciones institucionales a la competencia política establecidas durante el Frente Nacional (paradójicamente, este era el momento más alto de votación para los partidos…
p. 112

26Historia contemporánea de Colombia (1920-2010)José Ricardo Arias Trujillo · 2011 · p. 1731 cita

[26]
en los derechos políticos, sino que tenía que apoyarse también en el reconocimiento de los derechos sociales de los sectores populares. Acorde con esa interpretación de la democracia, López Pumarejo quiso poner en marcha el Estado social de derecho. La Constitución de 1991 profundizó aún más el signifi- cado de la…
p. 173

27Enciclopedia de Colombia - Volumen 3Camilo Calderón Schrader (coordinador), Carmen Astrid Romero Baquero, Néstor Iván Osuna Patiño, José Eduardo Rueda Enciso, Blas Jaramillo Martínez, José Alejandro Rodríguez Ruiz, Henry Luque Muñoz · 2002 · p. 1151 cita

[27]
institucionalidad se pretendió dar respuesta. En efecto, Colombia padecía desde hacía varios lustros de una larvada guerra civil que en los años ochenta y noventa tomó inusitado vigor. Diversos procesos de pacificación han logrado que algunos de los grupos armados se integren al sistema. No obstante, la guerra civil…
p. 115

28Historia mínima de ColombiaJorge Orlando Melo · 2017 · p. 2741 cita

[28]
firmadas y en parte incumplidas. Muchas de sus normas constitu í an una actualizaci ó n indispensable de una constituci ó n formalista, ya centenaria, convertida en obst á culo a la democracia: reemplaz ó a una constituci ó n que exist í a en buena parte en la medida en que su vigencia se suspend í a, de modo que se…
p. 274

29Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en ColombiaFrancisco Gutiérrez Sanín, María Emma Wills, Gonzalo Sánchez Gómez · 2006 · p. 2151 cita

[29]
del producto interno bruto (PIB). Según los datos, durante el período 1982-2002, las trasferencias totales pasaron de representar el 1,9% del PIB a ser casi el 6% en el 2002. Sin embargo, este incremento obedece principalmente al aumento en las transferencias municipales, las cuales pasaron de 0,5% a una del 3,1% del…
p. 215

30Historia económica de ColombiaJosé Antonio Ocampo Gaviria (compilador), Germán Colmenares, Jaime Jaramillo Uribe, Hermes Tovar Pinzón, Jorge Orlando Melo González, Jesús Antonio Bejarano Ávila, Joaquín Bernal Ramírez, Mauricio Avella Gómez, María Errázuriz Cox, Carmen Astrid Romero Baquero · 2017 · p. 6451 cita

[30]
se incrementaron, el gasto de las entidades territoriales aumentó aún más rápidamente durante los noventa, lo que generó crisis fiscales en muchas de ellas. La Ley de Endeudamiento Territorial de 1997 y, especialmente, la Ley de Ajuste Fiscal Territorial (Ley 617 del 2000), frenaron este proceso, poniendo a muchas…
p. 645

31Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 3431 cita

[31]
se ha expandido en municipios más urbanizados, ricos en recursos naturales y con altos niveles de actividad económica (Bottía, 2003). Además, evidencia reciente muestra que el conflicto interno se ha expandido e intensificado, precisamente, a partir de que la Constitución de 1991 ha exigido más gasto social, más…
p. 343

32Gobernar en medio de la violencia. Estado y paramilitarismo en ColombiaJacobo Grajales · 2017 · p. 701 cita

[32]
scal, que se inició a partir de 1983 y que implicaba la autonomía en el cobro de parte de los impuestos locales y en los gastos aferentes. Esta descentralización también afectó las arenas políticas locales, con la elección de alcaldes a partir de 1988. La prestación de servicios públicos sufre cambios del mismo tipo.…
p. 70

33Economía y Nación: una breve historia de ColombiaSalomón Kalmanovitz · 1994 · p. 5392 citas

[33]
sin el concierto de los con- servadores. La administración optó por buscar un apoyo indirec- to al adivinar lo que hubieran apoyado sus opositores. El ministro de Gobierno argumentó durante algún tiempo que el es- HACIA EL NUEVO MILENIO 549 cenario natural de la negociación política era el Congreso, y éste vio unos…
p. 539

[34]
sin el concierto de los con- servadores. La administración optó por buscar un apoyo indirec- to al adivinar lo que hubieran apoyado sus opositores. El ministro de Gobierno argumentó durante algún tiempo que el es- HACIA EL NUEVO MILENIO 549 cenario natural de la negociación política era el Congreso, y éste vio unos…
p. 539

34Recentralisation in ColombiaJulián D. López-Murcia · 2022 · p. 801 cita

[35]
mayors]. 7 Also, in Colombia local councils and deparmental assemblies are popu- larly elected since the nineteenth century. Still, they do not have legisla- tive, but administrative functions (Hooghe et al. 2016). The promoters of the decentralisation reforms claimed that these changes would help to bring the country…
p. 80

35Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 3521 cita

[36]
Asamblea Nacional Constituyente. Puede afirmarse, entonces, que hay un continuo de resistencia jurídica en las luchas indígenas, ya que resulta válida la afirmación de que los programas jurídicos de las organizaciones constituyen una forma más de sus procesos de reivindicación histórica. Con la Asamblea Nacional…
p. 352

36Managing Multiculturalism: Indigeneity and the Struggle for Rights in ColombiaJean E. Jackson · 2019 · p. 2631 cita

[37]
promoted by the different com - munities in the territory. 7. Collaborate in the maintenance of public order within the territory in keeping with the instructions and dispositions of the national government. 8. Represent the territory to the national government and other entities. 9. Perform oth er functions indicated…
p. 263

37Nuestra vida ha sido nuestra lucha. Resistencia y Memoria en el Cauca indígenaDaniel Ricardo Peñaranda Supelano (coordinador), Graciela Bolaños, Víctor Daniel Bonilla, Jorge Caballero Fula, Myriam Amparo Espinoza, Vianney Judith García, Jorge Hernández Lara, Pablo Tattay, Libia Tattay Bolaños · 2012 · p. 1661 cita

[38]
Santander de Quilichao, entre otros. El dramatismo de la situación, el sentido que los alcaldes indígenas de la región le otorgan al ejercicio de sus cargos y las expectativas que despertaron la posibilidad de contar algún día con Entida- des Territoriales Indígenas (ETIs), alcanzaron a percibirse en el…
p. 166

38Herederos del jaguar y la anacondaNina S. de Friedemann, Jaime Arocha · 2016 · p. 3101 cita

[39]
lo acusaran frente a las autoridades de Silvia, el agresor solicitó la ayuda de uno de los alcaldes. Este instó al herido para que arreglaran el caso amigablemente. Después de cobrar una modesta multa por haber peleado, el cabildo les pasó una amones- tación escrita en la cual les advertía que la reincidencia les…
p. 310

39Antropología hecha en Colombia. Tomo IIEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 2481 cita

[40]
de entidades públicas que se toman la tarea de juzgar quiénes pueden o no acceder a las políticas étnicas. En esta sección deseo analizar la manera en que se ha creado una estrecha relación entre etnicidad y lugar, como una de las características que comúnmente se utilizan para dictaminar sobre la pertenencia de un…
p. 248

40La gente de GuambíaRonald A. Schwarz · 2018 · p. 771 cita

[41]
H i s t o r i a: d e s d e l a C o n q u i s t a h a s t a 1 9 7 1 emitidos en 1701 y 1720 determinaron que las encomiendas debían revertir a la Corona a la muerte de su titular (Haring 1947: 67). Bajo esta regulación la encomienda en el territorio guambiano en poder de Manuel de Belalcázar regresó a poder de la…
p. 77

41Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombianaCésar Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve · 2009 · p. 1161 cita

[42]
55 de la Constitución Política de 1991 y, posterior- mente, fue desarrollado en la Ley 70 de 1993. Esta última fue reglamentada por el Decreto 1745 de 1995, en lo relativo a los requisitos y procedimientos para la titulación colectiva de los territorios ancestrales en la cuenca del Pacífico y en otras regiones del…
p. 116

42La economía de los paramilitares: Redes de corrupción, negocios y políticaMauricio Romero Vidal (coordinador y editor), Ariel Fernando Ávila Martínez, Vilma Liliana Franco R., Ángela Olaya, Hernán Pedraza Saravia, Bernardo Pérez Salazar, Juan Diego Restrepo E., Diana Torres · 2011 · p. 2081 cita

[43]
colectivos y expidió el de Curvaradó, con un área de 46.048 hectáreas, y el de Jiguamiandó, con 54.973 hectáreas." 6. Artículo 1. Capítulo 1. Objeto y Definiciones. Ley 70 de 1993, por e! cual se desarrolla e! artículo transitorio 55 de la Constitución Política. Ver en Cartilla Consecutiva dela Jurisprudencia y Marco…
p. 208

43La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 571 cita

[44]
de organizaciones sociales a través de los consejos comunitarios, para la protección y utilización sustentable de los recursos naturales (Grueso, 2000). Estos consejos comunitarios son las instancias de organización de los pobladores dentro de un área delimitada del terri- torio que han ocupado de acuerdo a sus…
p. 57

44Etnización de la negridad: La invención de las 'comunidades negras' como grupo étnico en ColombiaEduardo Restrepo · 2013 · p. 901 cita

[45]
Obapo y la Ocaba. Entonces hacíamos la propuesta y la llevaba a discutir a otros departamentos. Entonces lo que hacían los otros departamentos era anexar algunos conceptos y validar la propuesta que nosotros llevábamos. Porque tampoco allá habían procesos organizativos […] A raíz del 91, del 93, inician a nacer…
p. 90

45Representaciones y epistemes locales sobre la naturaleza en el Pacífico sur de ColombiaCarlos Enrique Osorio Garcés · 2018 · p. 641 cita

[46]
de cada Consejo Comunitario, que tiene como propósito establecer las formas de manejo del territorio colectivo de los consejos comunitarios. EBSCOhost: eBook Collection (EBSCOhost) printed on 4/29/2025 8:26:13 PM UTC via UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. All use subject to https://www.ebsco.com/terms-of-use. 65 E l e m e n t…
p. 64

46Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1251 cita

[47]
negras contemplados en la L ey 70 de 19 93, una ley que, a pesar de tener más de 20 años, aún no ha sido reglamentada en su totalidad. Este desconocimiento tuvo consecuencias en las dinámicas culturales de estas comunidades 315, que fueron violentadas al negarles la capacidad de gestionar y ordena r su vida con…
p. 125

47Becoming Black Political Subjects: Movements and Ethno-Racial Rights in Colombia and BrazilTianna S. Paschel · 2016 · p. 1171 cita

[48]
were being solidi- fied in the same period. However, whereas indigenous people were consid- ered the ideal subject of multicultural policies, black populations were not (Hooker 2005). Indeed, black Colombians were not automatically included in Colombia’s move toward a multicultural model of citizenship. Rather, they…
p. 117

48Movimientos sociales, Estado y democracia en ColombiaMauricio Archila, Mauricio Pardo (Editores) · 2001 · p. 1371 cita

[49]
como sujetos po- líticos. No promueve una organización o la construcción de un tejido asociativo entre esos diferentes consejos, no se favorece la creación de un ámbito común de confluencia de los diferen- tes actores, sino acuerdos pequeños e inconexos entre los con- sejos comunitarios y las oficinas públicas 22.…
p. 137

49Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 401 cita

[50]
sobre el mismo y la convivencia interétnica con la población indígena. La génesis del nuevo modelo de apropiación territorial de la re- gión se constituyó entonces a partir de un proceso de organización social que, desde el contexto de liberación, implicó configurar po- blamientos, apropiaciones territoriales,…
p. 40

50Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 3471 cita

[51]
conflicto redefinieron su influencia sobre la pobla - ción y fortalecieron su control territorial. Los grupos ilegales influenciaron o capturaron la política local de diferentes maneras, entre las cuales figuran: protección de los candidatos favoritos, amenaza y asesinato de los candidatos y amenaza a los votantes.…
p. 347

51Desmovilización y reintegración paramilitar. Panorama posacuerdos con las AUCÁlvaro Villarraga Sarmiento · 2015 · p. 2332 citas

[52]
de la actuación en el ámbito municipal, asunto relacionado con sus objetivos de distinto orden, hecho referido en varios estudios (Cubides Fer - nando y otros, 1998). Estos exploran -entre otros asuntos- en el orden local en lo ocurrido con la gestión municipal, producto de 234 DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN…
p. 233

[53]
de la actuación en el ámbito municipal, asunto relacionado con sus objetivos de distinto orden, hecho referido en varios estudios (Cubides Fer - nando y otros, 1998). Estos exploran -entre otros asuntos- en el orden local en lo ocurrido con la gestión municipal, producto de 234 DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN…
p. 233

52No matarás. Relato histórico del conflicto armado interno en ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 4001 cita

[54]
ellas a través de mecanismos ilegales o aparentemente legales. La Comisión de la Verdad ha documentado que las AUC se caracterizaron por un despojo sofisticado al contar con la complicidad de servidores públicos para registrar en notarías las miles de hectáreas usurpadas e impulsar la creación de empresas y la llegada…
p. 400

53Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Nariño y sur de CaucaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 791 cita

[55]
79 Afectaciones a la democracia y conflicto armado (1990—1999) 80 fiflffflć−Th fl. Thfl fifi E n el periodo precedente, tanto las FARC-EP como el ELN desarrollaron procesos de formación política de comunidades de base. En efecto, durante la década de los ochenta las FARC-EP –en el marco del fortalecimiento de la UP–…
p. 79

54Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. PacíficoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 2011 cita

[56]
de la región y el reconocimiento de los derechos territoriales y de gobierno propio de las comunidades étnicas. El paramilitarismo no habría logrado la consolidación que alcanzó en la región si no fuera por las alianzas, apoyos y acciones conjuntas hechos con diferentes unidades de la fuerza pública. Los múltiples…
p. 201

55Detrás de la guerra en ColombiaAriel Ávila · 2019 · p. 611 cita

[57]
hecho, la violenta expansión paramilitar que se produjo entre 1997 y 2004 dejó más de 150 mil homicidios y desapariciones forzadas, además más de 3.5 millones de desplazados forzados. En todo caso, esta ola de violencia se desató mientras el país observaba el fracaso de los diálogos del Caguán y se creaba la imagen de…
p. 61

56Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo II. El Frente Capital y el declive del Bloque Centauros de las AUCDaniel Ricardo Martínez Bernal (coordinador), Lorena Camacho Muete, Esteban Caviedes Alfonso, Laura Bibiana Escobar García, José María Gutiérrez Sierra, Daniela Moreno Arriola, Daniel Augusto Serrano Corredor, Juan Manuel Villarraga Beltrán · 2021 · p. 991 cita

[58]
la forma como se ejecutaban los presupuestos departamentales. Sobre esta temática, con relación al departamento de Casanare, Bernardo Pérez Salazar afirma: El fermento del descontento popular con la calidad de las obras, así como con la casi total ausencia de interventoría y control por parte de la Comi- sión Nacional…
p. 99

57La maldita tierra. Guerrilla, paramilitares, mineras y conflicto armado en el departamento de CesarCésar Molinares Dueñas, Nathan Jaccard · 2016 · p. 1131 cita

[59]
Los paramilitares tenían can- didato propio y por eso le prohibieron hacer manifestaciones en va- rios corregimientos y veredas. La tensión llegó a su punto culminante nueve días antes de las elecciones, cuando hombres del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC asesinaron a su tesorero, Zacarías Vides. Para evitar que…
p. 113

58Una nación desplazada: Informe nacional del desplazamiento forzado en ColombiaCentro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Mónica Johanna Rueda, Yamile Salinas Abdala, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 931 cita

[60]
incontrovertible de la llamada parapolítica o alianza de los líde- res paramilitares de las AUC con dirigentes políticos regionales y funcionarios, ganaderos y terratenientes de Córdoba, Sucre, Bolí- var y Magdalena. La alianza entre políticos y paramilitares permitió blindar el ac- tuar criminal de las AUC cuyo…
p. 93

59Caquetá: conflicto y memoriaHarley Enrique Gutiérrez Ñustez, Rubén Darío Polo Sierra, Cristian E Paredes González · 2013 · p. 171 cita

[61]
el periodo 2001-2003. Fierro se posesionó el 7 de noviembre de 2001, pero fue asesinado en la Inspección del Triunfo, el 25 de mayo de 2002. El Alcalde y su chofer, Camilo Hernán Ro- jas, habían sido secuestrados en la mañana por un grupo de doce hombres de las Au- todefensas Unidas de Colombia (AUC). Los dos…
p. 17

60Una sociedad secuestradaCentro Nacional de Memoria Histórica; César Caballero Reinoso (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2013 · p. 431 cita

[62]
regional, entre paramilitares y guerrilla, monografía de grado en Ciencia Política, Universidad de los Andes, Bogotá. 25 � PÉCAUT Daniel (traducción de Pedro Lama) (2008) Las FARC: ¿una guerrilla sin fin o sin fines?, Grupo Editorial Norma, Bogotá, p. 69. 26 � Véase: Grupo de Memoria Histórica – GMH (2013) Basta Ya!…
p. 43

61Violencia pública en Colombia, 1958-2010Marco Palacios · 2012 · p. 631 cita

[63]
41 Cfr. Romero, (2003); Romero, (2007). 42 Cfr. Botero, (1990); García, (1996); Ortiz (1999); Steiner, (2000); Ramírez Tobón, (1997). 43 Cfr. García & Aramburo, (2011). Violencia publica en Colombia.indd 62 7/4/12 2:48 PM 63 PALABRAS, MOMENTOS Y LUGARES DE UN CONFLICTO ARMADO INCONCLUSO damental de la…
p. 63

62Antropología hecha en Colombia. Tomo IEduardo Restrepo, Axel Rojas, Marta Saade (Editores); Carlos Uribe, Roberto Pineda, Andrea Pérez, et al. · 2017 · p. 6351 cita

[64]
e incluso la imprecisión, en las definiciones de los Estados fallidos, hay dos rasgos centrales que los definen: el no tener un control efectivo sobre el territorio y la pérdida del monopolio de la fuerza. De hecho, en Colombia la “ausencia del Estado” ha sido considerada como una de las características centrales de…
p. 635

63Mayorías sin democracia. Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia, 2002-2009Mauricio García Villegas, Javier Eduardo Revelo Rebolledo · 2009 · p. 241 cita

[65]
franja en Cúcuta y otra en Ipiales, el resto de la frontera sur-oriental ha sido tierra de nadie, por la que circulan armas, cocaína y di- nero ilegal a discreción. 7 La territorialidad difusa hace imposi- ble la soberanía del Estado sobre su territorio y es una garantía para que los intermediarios operen en la…
p. 24

64Colombia: Territorial Rule and the Llanos FrontierJane M. Rausch · 1999 · p. 11 cita

[66]
Page 1 PART I — TERRITORIAL RULE DURING THE LIBERAL REPUBLIC 1999. University Press of Florida. All rights reserved. May not be reproduced in any form without permission from the publisher, except fair uses permitted under U.S. or applicable copyright law. EBSCO Publishing: eBook Collection (EBSCOhost) printed on…
p. 1

65Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997Centro Nacional de Memoria Histórica; Ronald Edward Villamil Carvajal, Vladimir Melo Moreno (relatores); Tatiana Rincón Covelli, Andrés Fernando Suárez (correlatores) · 2014 · p. 2181 cita

[67]
del mercado nacional. Esta débil ar- ticulación territorial ha funcionado históricamente como amparo para la realización de actividades para–institucionales e ilegales. En principio, el proyecto antioqueño desde el siglo XIX inclu- yó la conformación de un mercado regional caracterizado por la promoción de la…
p. 218

66La Rochela: Memorias de un crimen contra la justiciaGrupo de Memoria Histórica, Iván Orozco Abad (Relator), Gonzalo Sánchez G. (Coordinador) · 2010 · p. 2581 cita

[68]
Bolívar (San Pablo, Morales y Simití) y Cesar (Gamarra y San Alberto). La Rochela: memorias de un crimen contra la justicia 260 en la segunda estos provinieron principalmente del Bajo Magdale- na, Bolívar y las sabanas de Sucre y Córdoba. 3 Es imprescindible señalar que el Magdalena Medio adquirió su identidad por la…
p. 258

67Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Dinámicas urbanas de la guerraComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 531 cita

[69]
menos. En, Informe de la Alcaldía de Bogotá. Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá (SDP), «Análisis demográfico y proyecciones poblacionales de Bogotá». 54 fiflćflThxiff fffl. iThififf xffff ćff ff periferias urbanas, al igual que los territorios de periferia en todo el país fueron estig- matizados como…
p. 53

68Bojayá: La guerra sin límitesGrupo de Memoria Histórica, Martha Nubia Bello Albarracín, Pilar Riaño Alcalá, Gonzalo Sánchez G. · 2010 · p. 1501 cita

[70]
del Gobierno Nacional en los últimos veinte años. 1987-2007. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario, 2009. Documento de investiga- ción No. 33, p. 9, 38. 176 Jimeno, Myriam, et al. Op. Cit., 1995; Losonczy, Op. Cit., 2006 [1997], p. 61. 177 Jimeno, Myriam, et al. Op. Cit., 1995. 178 Serje, Margarita. 2005. El revés de…
p. 150

69El socialismo raizal y la Gran Colombia bolivarianaOrlando Fals Borda · 2008 · p. 711 cita

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intersticios en valles y vegas tropicales que quedaban entre las ciudades donde se cocinaban las guerras civiles, el gamo- nalismo y el ambicioso juego por el poder estatal. Los colonos huían con frecuencia de esas guerras fratricidas y buscaban recons- truir sus comunidades en paz y en aislamiento relativo, por donde…
p. 71

70Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia, sur de Córdoba y Bajo Atrato chocoanoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 311 cita

[72]
particularidades corresponden a las lógicas propias de la región en la que están ubicadas y, por supuesto, hacen también parte del relato de todos los territorios estudiados. En todos los textos, los flujos y relaciones entre las ciudades y las zonas rurales vecinas forman parte del análisis. Los textos regiona- les…
p. 31

71Breve historia del conflicto armado en ColombiaJerónimo Ríos Sierra · 2017 · p. 121 cita

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de ellas. Por supuesto que el espacio — o, mejor dicho, cada medio geográfico concreto y específico— proporciona las condiciones en las que ocurren los procesos económicos de producción material, distribución, circulación y consumo y los procesos políticos en los que circula el poder y que comprenden acciones muy…
p. 12

72Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el PacíficoMauricio Pardo Rojas, Claudia Mosquera, María Clemencia Ramírez · 2004 · p. 3571 cita

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monocultivo de la palma de aceite o “africana”, la propagación de la hoja de coca para uso tóxico y la vigencia de instrumentos legales, como la expedición de salvoconduc- tos reforzados con títulos de propiedad individual y la entrega de zarpes sin control, que sirven de paraguas al megaproyecto de explotación de…
p. 357

73Tierras y conflictos rurales: Historia, políticas agrarias y protagonistasRocío Londoño (coord.), Carolina Castro, Álvaro Delgado, Jaime Landinez · 2016 · p. 4241 cita

[75]
municipios en los que hay altos índices de abandono. Este es el caso de Turbo en Antioquia, El Carmen de Bolívar en Bolívar y Cartagena del Chairá, Florencia, Puerto Rico y San Vicente del Caguán en Caque- tá. Podemos afirmar que en casos y zonas específicas, el abandono y el despojo han transformado la dinámica del…
p. 424

74Guerreros y campesinos. Despojo y restitución de tierras en ColombiaAlejandro Reyes Posada · 2016 · p. 1471 cita

[76]
liderado por Pablo Escobar, y orientado a forzar al Gobierno a suspender la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. El sucesor de Barco, César Gaviria, ofreció como alternativa a la confrontación terrorista la política de sometimiento a la justicia y aceptó prohibir la extradición en la reforma…
p. 147

75Pueblos arrasados. Memorias del desplazamiento forzado en El Castillo (Meta)Myriam Hernández Sabogal, Catalina Riveros Gómez, Francisco Hernando Vanegas Toro, Julián Augusto Vivas García, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2015 · p. 3371 cita

[77]
la República (2012, 12 de septiembre), Presidente Santos celebra golpe de la fuerza pública contra las FARC en el Meta, recuperado de http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2014/ Septiembre/Paginas/20140912_02-Presidente-Santos-cele- bra-golpe-de-la-Fuerza-Publica-contra-las-Farc-en-el-Meta. aspx Procuraduría General…
p. 337

76Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 391 cita

[78]
leyes y políticas públicas que protegen a las mujeres víctimas se pueden destacar la Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforma el Código Penal de Procedimiento Penal y la Ley 294 de 1996, y se dictan…
p. 39

77Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Eje CafeteroComisión de la Verdad · 2022 · p. 1401 cita

[79]
de falsos positivos». presentación 141 Posacuerdo: transición y riesgos de una paz inestable (2017—2022) 142 fiflćflff fl. fifl E l 2 de octubre del 2016, tras una semana de haberse firmado el Acuerdo de Paz con las FARC-EP en Cartagena, el plebiscito en el que se le preguntó a la ciudadanía «¿apoya usted el Acuerdo…
p. 140

78Convocatoria a la paz grande. Declaración de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No RepeticiónComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 161 cita

[80]
desapariciones y los secuestros se contaban por centenas; los desplazamientos, por cientos de miles, y todas las camas del Hospital Militar estaban copadas por heridos de guerra. Lo ganado con el Acuerdo de Paz de noviembre de 2016 es una realidad. Si bien no se dio la transformación participativa regional que se…
p. 16

79La tierra no basta. Colonización, baldíos, conflicto y organizaciones sociales en el CaquetáCentro Nacional de Memoria Histórica, Erika Andrea Ramírez Jiménez · 2017 · p. 3291 cita

[81]
nes petroleras que ha dado el gobierno nacional en la cuenca Caguán-Putumayo. Frente al peligro que representa el ingreso de petroleras y mineras al territorio caqueteño se han constituido múltiples mesas temáticas que esperan que la sociedad civil pue- da incidir en los rumbos de la política pública del departamento.…
p. 329

80Analytical Narrative on Subnational Democracies in Colombia: Clientelism, Government and Public Policy in the Pacific RegionAndrés Cendales, Angela Pinto, Jhon James Mora, Hugo Guerrero · 2019 · p. 1201 cita

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will guarantee the construction of the Nation-State in the post-agreement (Portafolio 2016). However, a question remains: Are the resources the most important issue of this peace process? The question is pertinent when what exists is a huge economic potential in each of those territories abandoned by the state. In…
p. 120

81Histories of Perplexity: Colombia, 1970s–2010sLina Britto, A. Ricardo López-Pedreros · 2024 · p. 1391 cita

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understanding of campesino that goes beyond the rhetoric of the peasant as an economic subject, devoid of ethics of rootedness and care for their territory. This gradual change came about as a result of the limited recognition of campesinos as political subjects in the Constitution of 1991, which opened unprecedented…
p. 139