Geografía política

La geografía política en Colombia no fue nunca un saber ornamental. Entre las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XX, fue el instrumento con que un Estado que apenas conocía su propio suelo intentó inventariarlo, clasificarlo y hacerlo gobernable. Los mapas se levantaron para cobrar impuestos, adjudicar baldíos, trazar estados soberanos y decidir quiénes eran los habitantes de una república cuyas fronteras internas cambiaban, según los críticos, cada diez meses. Bajo el ciclo de las Reformas Liberales de mediados del siglo XIX —cuando la Comisión Corográfica recorrió el territorio y Felipe Pérez lo tradujo en manuales—, la geografía se convirtió en tecnología de gobierno: describía provincias, tipificaba razas y climas, y a la vez legitimaba el federalismo radical que reordenaba el país. Sus categorías sobrevivieron a sus autores y a los regímenes que las financiaron: pasaron intactas de la Confederación Granadina a la Regeneración centralista, y de allí al Instituto Geográfico Agustín Codazzi del siglo XX. Este artículo reconstruye esa historia con eje en la Nueva Granada de las reformas, sin perder de vista los antecedentes borbónicos ni los ecos que llegan hasta hoy.

Ficha básica

Qué se entiende por geografía política

En el vocabulario del siglo XIX neogranadino, "geografía política" no designaba un subcampo académico sino una práctica de Estado: la descripción sistemática del territorio en sus condiciones físicas, morales y políticas, y su representación en mapas, textos y estadísticas. Comprendía el trazado de límites internos y externos, la contabilidad de habitantes por raza y oficio, el inventario de recursos y la clasificación de tipos humanos vinculados a paisajes específicos. Era, en un mismo movimiento, cartografía, etnografía, economía política y derecho administrativo.

Esta amplitud explica por qué el saber geográfico pesó tanto en el diseño de la República. Cada constitución del siglo XIX —1853, 1858, 1863, 1886— hubo de definir cuántas entidades componían el país, qué facultades les tocaban y dónde corrían sus linderos. Y cada una de esas decisiones exigía un mapa. La geografía política fue el idioma en que se pensó el pacto territorial: en ella se cruzaron el proyecto ilustrado de conocer para explotar, el liberal de refundar dividiendo, y el regeneracionista de reunificar clasificando. Detrás de la palabra "provincia" o "estado soberano" hubo siempre una operación de saber.

Conviene subrayar la peculiaridad del caso colombiano en el concierto hispanoamericano. Otras repúblicas del subcontinente encomendaron su primer conocimiento territorial a viajeros extranjeros, comisiones militares o expediciones puntuales. En la Nueva Granada, en cambio, el saber geográfico se acopló temprano al ritmo de la política interna, hasta el punto de que las etapas del pensamiento cartográfico se dejan escandir con las mismas fechas que las de la vida constitucional. La sincronía no fue casualidad: la fragilidad de las hacencias públicas, la porosidad de las fronteras y el peso demográfico de una población dispersa entre cordilleras hicieron del mapa una condición de posibilidad del cobro fiscal, del reclutamiento militar y de la representación parlamentaria. Sin geografía no había república legible.

Antecedentes borbónicos e ilustrados

La matriz del saber geográfico republicano se fraguó en el último tercio del siglo XVIII, bajo el impulso de las reformas borbónicas y la ilustración de Carlos III. Cuando José Celestino Mutis llegó a la Nueva Granada en 1761, trajo consigo la convicción —compartida por la intelligentsia criolla que se formaría a su alrededor entre 1760 y 1800— de que la ciencia moderna debía reemplazar a la filosofía escolástica y servir de remedio contra los males sociales. En torno a Mutis se fue armando una nueva imagen del territorio: la Nueva Granada dejaba de ser un archivo de curiosidades para convertirse en un espacio rico en recursos naturales aprovechables mediante el conocimiento sistemático.

Las reformas borbónicas empujaban en la misma dirección desde el ángulo del poder. La Corona consideraba que las audiencias y cabildos heredados de los Austrias eran demasiado autónomos, y buscaba un control más estrecho de sus dominios americanos. Conocer el territorio era, para ese proyecto, condición del gobierno: la ciencia útil y la administración imperial hablaban el mismo idioma. Los ingenieros militares que recorrían la costa, los oidores que redactaban informes de visita, los astrónomos que fijaban meridianos y los botánicos que catalogaban especies convergían todos en una misma operación de reducción del territorio a la escritura administrativa.

La herencia la recogió y radicalizó Francisco José de Caldas. Entre 1808 y 1810, en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, el sabio popayanejo publicó memorias de historia natural elaboradas por colaboradores criollos —entre ellos Jorge Tadeo Lozano, cuya contribución sobre la fauna quedó registrada— y desarrolló una tesis que sería fundacional: el conocimiento geográfico detallado del territorio era indispensable para fomentar la industria, la navegación, la educación, el transporte y la extracción de recursos naturales. La ignorancia geográfica, escribió Caldas, produce humillación, letargo y pobreza. Su propuesta era ambiciosa: una expedición "geográfica o económica" con la cooperación simultánea de astrónomos, botánicos, mineralogistas, zoólogos, economistas y diseñadores, lo que equivalía, en la práctica, a poner al equipo de la Expedición Botánica al servicio del estudio sistemático de la colonia. Llamó a ese mapa por venir una "pintura mágica" capaz de atraer las mejores mentes al problema del país.

Caldas fue fusilado en 1816. Pero en la década de 1820 sus textos fueron descontextualizados, editados y reimpresos. La república joven necesitaba padres fundadores, y el geógrafo colonial fue transformado en símbolo del patriotismo republicano y en el "genio solitario" que habría propugnado la libre circulación de mercancías y conocimiento técnico. Ese Caldas reinventado —más liberal de lo que había sido, más profético— quedó disponible como referencia para las generaciones siguientes.

Del vacío republicano a la Comisión Corográfica

Las primeras décadas de la república fueron, en materia geográfica, un tiempo de esfuerzos individuales antes que institucionales. La figura más notable fue la del general Joaquín Acosta (1800-1852), quien realizó el intento más esforzado por dar a conocer a Colombia en la primera mitad del siglo XIX. En 1847 publicó en París un nuevo Mapa de la República de Nueva Granada dedicado al barón de Humboldt —a cuya autoridad se acogía todavía cualquier descripción seria del territorio— y en 1848 el Compendio histórico del Descubrimiento y Colonización de la Nueva Granada. Acosta reeditó también el Semanario de Caldas, cerrando el círculo entre la ilustración tardía y el proyecto de dar a conocer el país al exterior.

Este trabajo, sin embargo, se sostenía en iniciativas privadas y en la generosidad de viajeros extranjeros: los relatos de Mollien, Le Moyne, Hamilton, Holton y otros circulaban como fuente casi obligada, describiendo la navegación del Magdalena, los bogas, la geografía humana del río. La misma dependencia se advertía en la manera en que Humboldt seguía funcionando como referencia insustituible para la provincia de Antioquia o el camino del Quindío. El Estado neogranadino no producía todavía saber propio sobre sí mismo.

Ese vacío lo llenó la Ley n.º 29 de 1849. Expedida bajo la administración de José Hilario López, la ley estableció la Comisión Corográfica, que iniciaría labores en 1850 y operaría hasta 1859. Fue el primer intento científico-institucional de alcance global en el país: la primera vez que el Estado colombiano asumió la responsabilidad de financiar y garantizar la permanencia de una empresa científica de esa envergadura. El momento no era casual. Las Reformas Liberales estaban en curso; López y su ministro Manuel Murillo Toro impulsaban la supresión del monopolio estatal del tabaco y cambios en las estructuras fiscal y agraria; el país se disponía a reordenarse. Antes de refundar el territorio, había que verlo.

Codazzi, Ancízar y el trabajo de la Comisión

La dirección de la Comisión recayó en Agustín Codazzi, coronel-ingeniero italiano que llegaba avalado por sus trabajos cartográficos previos en Venezuela. Codazzi encarnó la Comisión durante casi una década: dirigió las expediciones, levantó los mapas, negoció con las autoridades locales. Su contrato, sin embargo, revelaba las modestas fronteras de la ambición estatal: excluía de exploración intensiva la vasta zona del Caquetá —descrita como "casi equivalente al resto de la República" y correspondiente aproximadamente a las actuales Amazonas, Vaupés, Guainía, Vichada, Putumayo, Arauca y parte del Caquetá—, aunque Codazzi se comprometió, mediante anexo contractual, a penetrar hasta los puntos donde hubiera autoridad o misiones granadinas. La república quería conocer su núcleo poblado; los márgenes selváticos podían esperar.

El equipo era pequeño y multidisciplinario. Manuel Ancízar actuó como primer secretario y redactor. José Jerónimo Triana aportó la mirada botánica. Manuel María Paz asumió la documentación visual mediante la acuarela, medio elegido pese a que algunos miembros del equipo estaban familiarizados con la naciente fotografía: la acuarela permitía sintetizar información, componer paisajes tipo, resaltar detalles geológicos o etnográficos que el daguerrotipo no podía priorizar.

La producción textual más influyente fue la Peregrinación de Alpha por las provincias del Norte de la Nueva Granada. Publicada por entregas en el periódico El Neogranadino a partir del 11 de enero de 1850 y reunida en libro en Bogotá en 1853, la obra recogía las crónicas de Ancízar sobre los viajes de 1850 y 1851 por Vélez, Socorro, Pamplona y otras provincias del norte. Su interés no fue solo documental. En pasajes memorables, Ancízar superpuso al inventario prosaico de maderas, resinas y aromas del cantón una dimensión estética y sensorial del paisaje: el catálogo de recursos explotables convivía con la mirada literaria. La Comisión no producía apenas mapas; producía país.

Codazzi murió en 1859 durante una expedición, víctima de fiebre amarilla, en la localidad de Espíritu Santo, hoy Codazzi en su memoria. La obra cartográfica siguió sin él. Colaboradores como Manuel María Paz y Manuel Ponce de León continuaron el trabajo de gabinete, convirtiendo los materiales de campo en atlas y textos que servirían de base a la geografía colombiana durante décadas.

Federalismo, provincias y el territorio como laboratorio

El trabajo de la Comisión se desplegó en paralelo a una transformación política sin precedentes de la organización territorial. Las Reformas Liberales alimentaron un ciclo de fragmentación administrativa: para el momento de la Constitución de 1853, el país contaba con 36 provincias. La lógica de multiplicación se agotó pronto en su contraria. Dos años después, la Constitución de 1855 reformó la de 1853 para otorgar estatuto federal a Panamá y para permitir que mediante ley simple se crearan otros estados federales. Antioquia, Santander, Cauca, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Magdalena obtuvieron pronto esa categoría. En 1858 el país se llamó Confederación Granadina; en 1863, con la nueva constitución liberal radical, pasó a denominarse Estados Unidos de Colombia y quedó dividido en nueve estados soberanos.

La Constitución de 1863 llevó el federalismo a extremos raros en el continente. Los estados podían ejercer cualquier función no reservada expresamente al gobierno central, mantener sus propias milicias, determinar quién tenía derecho al voto —de modo que más de la mitad retrocedieron respecto al sufragio universal masculino recientemente establecido— e incluso emitir sus propios sellos postales. La constitución solo podía enmendarse con el consentimiento unánime de los nueve estados. Se trataba, en la práctica, de una confederación con corteza de república.

La Comisión Corográfica fue redesplegada para encajar en esa transformación. Sus mapas y descripciones se diseminaron en clave estatal: cada nuevo estado soberano requería la representación de sus límites, la contabilidad de sus habitantes, la clasificación de sus recursos. La geografía dejó de ser proyecto ilustrado de conocimiento útil para convertirse, sin dejar de serlo, en insumo directo del pacto federal. Cuando el crítico Julio Londoño observó, años después, que en Colombia la división territorial interna cambiaba aproximadamente cada diez meses respondiendo a conveniencias tributarias o electorales antes que a criterios geográficos, describía el resultado de esa alianza entre saber corográfico e ingeniería constitucional. El mapa era plástico porque servía a la política.

Felipe Pérez y la geografía como manual del país

Si Codazzi y Ancízar produjeron el corpus, Felipe Pérez lo tradujo en libro de consulta. En 1863, el mismo año de la Constitución de Rionegro, Pérez publicó dos obras clave: la Jeografía física i política del Estado de Santander, aparecida en Bogotá en dos volúmenes en su tercera edición, y una Geografía física y política de los Estados Unidos de Colombia. La coincidencia era programática: el ordenamiento federal necesitaba manuales, y Pérez los proveyó al mismo ritmo con que se reconfiguraba la nación.

Veinte años más tarde, en 1883 —en la antesala del giro regeneracionista que cristalizaría en la Constitución de 1886—, Pérez volvió a publicar, ahora en la Imprenta de Echeverría Hermanos de Bogotá, la Geografía general, física y política de los Estados Unidos de Colombia. La obra registraba, entre muchos otros datos, cifras educativas que ilustraban el desgaste del proyecto radical: donde a comienzos de los años setenta se contaban más de ochenta mil estudiantes en las escuelas elementales, una década después la matrícula había retrocedido de manera visible. Aquella caída, discreta en apariencia, era la radiografía involuntaria del cansancio institucional que precedería a la Regeneración.

La importancia de Pérez está en el uso posterior de sus libros. Historiadores del siglo XX los citaron como fuente estadística para la desamortización de bienes de manos muertas, para las series de escolaridad, para la economía del noreste. Sus geografías coexistieron temporalmente con la obra de la Comisión Corográfica y se leyeron durante décadas junto a las Memorias del Tesoro y los documentos de la Academia Colombiana de Historia. Fueron, más que descripción neutra, la traducción del saber corográfico en herramienta cotidiana de administradores, comerciantes y maestros. Con Pérez, la geografía política dejó de ser expedición y se hizo escuela.

Tipos regionales, razas y climas

Los textos de la Comisión y los manuales que los sucedieron no describieron un territorio inerte. Construyeron tipos: figuras humanas vinculadas a actividades productivas o extractivas específicas y a un medio físico determinado. El montañero antioqueño, el boga del Magdalena, el negro libre del litoral, el indígena de los llanos: cada uno quedó articulado a un clima, a un paisaje y a una economía. Estas categorías —lo mismo que las razas o tipos humanos de la antropología decimonónica— fueron construcciones discursivas e históricas, no descripciones inocentes. Al articular territorio, población y economía, jerarquizaban.

Un ejemplo suficiente lo dan los Apuntes de Viaje que Santiago Pérez Manosalva publicó en 1853. Describiendo la situación de los negros libres tras la abolición, Pérez registró pobreza, carencia de educación y abandono, y añadió comentarios de tono discriminatorio que hoy resultan más elocuentes sobre el observador que sobre el observado. La operación era característica: la Comisión y sus continuadores producían un saber que naturalizaba diferencias, situando climas cálidos con razas presuntamente indolentes, tierras altas con laboriosidad, selvas con barbarie. La ciencia geográfica se acoplaba así al proyecto liberal de una nación letrada y blanca, dejando a las poblaciones negras, indígenas y mestizas en los márgenes de la ciudadanía plena.

La geografía neogranadina operó, en consecuencia, como saber útil y como dispositivo de jerarquización. Las categorías podían ser movilizadas para adjudicar baldíos, reclutar milicias, diseñar la instrucción pública, decidir qué regiones merecían inversión y cuáles quedaban relegadas. El mapa no era solo representación: era prescripción.

Baldíos, colonización y frontera agraria

Ninguna dimensión revela mejor el uso instrumental de la geografía política que la administración de los baldíos. Durante el siglo XIX la república los utilizó para pagar bonos de deuda pública, compensar servicios militares, financiar colonización empresarial, sufragar la construcción de vías de penetración y para la ocupación directa por colonos. Cada uno de esos usos exigía un plano, una descripción, un lindero, y por tanto convocaba al saber geográfico.

Entre 1821 y mediados del siglo, el Estado adjudicó baldíos por cuatro rutas: pago a los militares de la independencia, atracción de inmigrantes europeos y norteamericanos, dotación a las provincias para que estimularan el poblamiento, y adjudicación a colonos pobres. Ya en la década de los veinte, el gobierno de la Gran Colombia había comprometido con contratistas privados la gran mayoría de los millones de fanegadas ofrecidos para colonización, de modo que apenas empezada la vida republicana la reserva pública estaba casi enteramente hipotecada al capital privado. La legislación republicana exigía habitación y labranza como condiciones para consolidar el derecho de propiedad, rasgo heredado de la tradición colonial que, en la práctica, favorecía a quien podía costear agrimensores y pleitos.

El resultado, medido en el largo plazo, fue desigual. A lo largo del siglo se adjudicaron baldíos en más de un millar de títulos; los predios de mayor extensión, aunque representaban una fracción menor del número de adjudicaciones, concentraron una porción mayoritaria del área total. Gran parte de la tierra quedó en manos de unos pocos terratenientes en detrimento de los pequeños cultivadores. La Correspondencia de Baldíos de Colombia entre 1830 y 1930, hoy conservada en el Archivo del INCORA y el Archivo Histórico Nacional, registra en solicitudes de concesiones, informes de agrimensores y peticiones de colonos, la expansión de la frontera agraria y sus conflictos con terratenientes y especuladores. El saber geográfico servía tanto al colono que dibujaba su parcela como al hacendado que la absorbía.

La dinámica, prolongada durante un siglo, contribuyó decisivamente a la conflictividad rural que estallaría en La Violencia de los años cincuenta —guerra civil que costó unas 200.000 vidas— y a la aparición de los movimientos guerrilleros en zonas fronterizas. La geografía política del siglo XIX, con su inventario minucioso y su distribución desigual del suelo, había dejado en el territorio los surcos por donde correría, mucho después, la sangre.

Instituciones y sociedades: la geografía se organiza

Junto a la Comisión Corográfica, la segunda mitad del siglo XIX vio consolidarse un tejido institucional donde el saber geográfico convivía con las demás ciencias. Una reforma universitaria de mediados de siglo estableció un Instituto de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas bajo cuyo cuidado quedaron el Observatorio Astronómico, el Jardín Botánico, el Laboratorio Químico Nacional y el Museo de Historia Natural de Bogotá.

En 1859, el mismo año de la muerte de Codazzi, Ezequiel Uricoechea, profesor de química y mineralogía del Colegio del Rosario, fundó la Sociedad de Naturalistas Neogranadinos, con el objetivo de propagar y adelantar las ciencias naturales en la Confederación Granadina. La sociedad sería después reemplazada por la Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales, embrión de la Academia Nacional de Medicina.

El siglo continuó institucionalizándose a ritmo pausado. La Sociedad Colombiana de Ingenieros, fundada en 1887 —un año después de la Constitución regeneracionista—, otorgaría desde entonces el Premio Lorenzo Codazzi cada dos años a la mayor contribución al conocimiento geográfico del país; el apellido del coronel italiano quedaba así fijado como emblema. En 1903 se fundó la Sociedad Geográfica de Colombia. Y en 1971 la Asociación Colombiana de Ingenieros Geógrafos, patrocinada por el Instituto Agustín Codazzi, cerraría el arco institucional. Del observatorio decimonónico al gremio de finales del siglo XX, la geografía dejó de ser expedición para volverse profesión.

La Regeneración y la reunificación del mapa

La Constitución de 1886, producto de la Regeneración liderada por Rafael Núñez, representó un giro hacia la república unitaria en contraposición al federalismo extremo de 1863. La geografía política del país cambió de idioma: los estados soberanos se hicieron departamentos, la soberanía se replegó hacia la Nación, el Ejecutivo central recuperó el mando administrativo. Cabía esperar que el giro fracturara también el saber geográfico. No ocurrió.

El corpus corográfico acumulado durante el ciclo liberal —los mapas de Codazzi, las descripciones de Ancízar, los manuales de Pérez, los atlas continuados por Ponce y Paz— pasó sin ruptura a servir al nuevo régimen. La geografía había codificado problemas reales del territorio —distancias, poblaciones, climas, recursos— que no cambiaban con la constitución. Los conservadores regeneracionistas heredaron una infraestructura de saber levantada por liberales radicales, y la usaron sin dificultad para gobernar un país que ahora se llamaba de otro modo pero seguía teniendo los mismos ríos.

La continuidad puede leerse como confirmación de la lógica autónoma de la geografía institucional: una vez producido, el saber cartográfico se desprendió de su matriz ideológica y quedó disponible como gramática territorial para cualquier régimen que necesitara administrar. Al comenzar el siglo XX, el intelectual colombiano Santiago Pérez Triana retomó las metáforas orgánicas del territorio nacional para reclamar la integración y colonización de regiones fronterizas como el Putumayo y el Caquetá, figurándolas como miembros vitales de la nación que debían vincularse mediante corrientes comerciales e industriales. El vocabulario había cambiado de tono; la estructura del argumento seguía siendo la de Caldas.

Ecos del siglo XX

Si algo distingue a la geografía política colombiana de otros saberes nacionales es la longevidad de sus linajes. El apellido Codazzi, entrado el siglo XX, seguía nombrando premios, cátedras e instituciones, y con él viajaba una determinada manera de imaginar el país: la del inventario minucioso, la del mapa como acto de gobierno, la del territorio como problema técnico antes que retórico. Cuando en 1910 las celebraciones del Centenario de la Independencia premiaron a Ricardo Lleras Codazzi como científico, la genealogía se hacía visible no solo en los apellidos sino en la persistencia de un modo de hacer ciencia útil al Estado. La Regeneración había cambiado el signo político del régimen sin desalojar del todo a los herederos técnicos del ciclo anterior.

Aquel linaje encontró su expresión institucional más duradera en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Consolidado como productor oficial de mapas, catastros y datos, el IGAC prolongó bien entrado el siglo XX la ambición decimonónica de someter el territorio a una escritura sistemática. Su Diccionario Geográfico de Colombia, editado en CD-ROM en 1996, fue fuente rutinaria de estudios académicos, incluidos análisis de la violencia y del conflicto armado que utilizaron sus registros para dibujar geografías de la guerra que ni Codazzi ni Ancízar habrían podido prever. Del coronel italiano muerto de fiebre amarilla en 1859 a la base de datos electrónica de finales del siglo XX corre una línea institucional inusualmente firme para un país conocido por sus rupturas.

Otras figuras completaron el legado desde la reflexión académica y desplazaron sus acentos. Darío Rozo Martínez, discípulo del matemático Julio Garavito y profesor de la Universidad Nacional, escribió una Historia de la cartografía de Colombia que fijó por primera vez la memoria disciplinar como objeto autónomo de estudio: la geografía se miraba a sí misma en el espejo de su pasado. El geógrafo alemán Ernesto Guhl Nimtz impulsó, por su parte, la geografía moderna colombiana con obras como Colombia: bosquejo de su geografía tropical, adoptando un enfoque relacional e integrador que entretejía aspectos sociales, económicos, biofísicos y demográficos en contraste con las corrientes más analíticas de su tiempo. Guhl reactivaba, en clave del siglo XX, la aspiración de Caldas: entender el país como un todo, y no como una colección de compartimentos administrativos. Que un centroeuropeo llegado al trópico volviera a formular en los años sesenta y setenta la pregunta que un criollo popayanejo se había hecho a comienzos del XIX dice mucho sobre la persistencia del problema y sobre la extraña continuidad del saber que intenta responderlo.

Cronología

Balance

La geografía política colombiana fue, ante todo, una respuesta a un problema práctico: gobernar un territorio inabarcable con un Estado débil. Nació ilustrada bajo Mutis y Caldas, se hizo institución bajo López y Codazzi, se difundió como manual con Pérez, sirvió al federalismo radical y al centralismo regeneracionista con la misma eficacia, y desembocó en el IGAC del siglo XX. En cada etapa combinó ciencia y política sin disimulo: contó habitantes para gravarlos, midió tierras para adjudicarlas, clasificó razas para jerarquizarlas, trazó estados para configurarlos.

Los mismos mapas que hicieron pensable el país fueron los que naturalizaron sus desigualdades regionales y raciales; el mismo saber que permitió organizar la escuela pública o abrir caminos justificó la concentración de baldíos y la marginación de las fronteras selváticas. La geografía política no fue proyecto de un partido ni de una generación: fue el idioma común de un Estado que, entre reforma y regeneración, entre federación y república unitaria, no dejó nunca de tratar de averiguar qué era exactamente lo que gobernaba. Más de dos siglos después de la "pintura mágica" de Caldas, sigue en ello.