La Minga Social y Comunitaria de 2008

La Minga Social y Comunitaria de 2008

En octubre de 2008, mientras Álvaro Uribe Vélez gobernaba con índices de favorabilidad que ningún presidente colombiano había sostenido tanto tiempo, decenas de miles de indígenas nasas, misak, yanaconas y coconucos partieron del resguardo de La María, en Piendamó, Cauca, para caminar hasta Cali y luego hasta Bogotá. Se llamaron a sí mismos Minga Social y Comunitaria. Llevaban bastones de mando, no armas; una agenda de cinco puntos, no consignas partidarias; y una idea antigua traducida al lenguaje político: que el trabajo comunitario podía convertirse en movilización, y la movilización, en palabra que camina. La Minga fue el episodio en que una capacidad organizativa construida durante casi una década por el movimiento indígena caucano confrontó frontalmente el proyecto de Seguridad Democrática en el cénit del uribismo, disputándole la calle, la agenda pública y, sobre todo, la interpretación del enemigo interno. De ese choque —que dejó un muerto en la Panamericana, un compañero asesinado por soldados cerca de Popayán y un presidente respondiendo por televisión a una asamblea que lo había convocado cara a cara— nacieron dos años después el Congreso de los Pueblos y una gramática de protesta étnica y popular que reordenó el mapa de la movilización social colombiana.

El sujeto que llegaba a 2008

La palabra minga no la inventó la coyuntura. En las comunidades indígenas del Cauca andino, sobre todo entre los nasas, la minga es la faena colectiva que junta a la comunidad en torno a una obra común, sostenida y defendida institucionalmente por los cabildos. Del trabajo compartido a la política había, sin embargo, un salto conceptual, y ese salto lo dio el movimiento indígena caucano a lo largo de la década que siguió a 1999.

La institucionalización del movimiento databa del 24 de febrero de 1971, cuando se fundó el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en el contexto de las luchas por la tierra impulsadas por la Asociación de Usuarios Campesinos. El CRIC recogió un largo pasado de resistencia frente a la ocupación de territorios y la dominación cultural, y se reconoció heredero de las luchas de Manuel Quintín Lame en la primera mitad del siglo XX. Aunque agrupaba a distintos grupos étnicos, se sostenía principalmente en los nasas. En sus primeros diez años había recuperado 30.000 hectáreas de antiguos resguardos y reconstituido cabildos en Caldono, Santander de Quilichao, Miranda, Morales, Corinto y Caloto. En 1994 se creó la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), que agrupó a los cabildos nasas del norte del departamento bajo la misma plataforma del CRIC. Hacia el cambio de siglo se consolidó la Guardia Indígena, concebida como organismo ancestral propio, instrumento de resistencia civil no armada al servicio de la autonomía territorial y del plan de vida de las comunidades.

Sobre esa base se produjo el giro político. En noviembre de 1999 se habló por primera vez de una minga indígena en sentido político en el Cauca: los indígenas bloquearon durante 23 días la vía Panamericana entre Cali y Popayán hasta que el presidente Andrés Pastrana prometió atender la emergencia social, cultural y económica de los pueblos ancestrales, compromiso que se materializó en el Decreto 982. La minga ya no era solo faena: era también caminar la palabra, movilización y protesta en pro de la paz y los derechos. En los veinte años siguientes se desarrollaron más de diez mingas en el Cauca, con participación de pueblos indígenas y de otras organizaciones sociales.

Ese ciclo se cruzó, casi desde su arranque, con la guerra. El 28 de mayo de 1999, en Piendamó, manifestantes indígenas expulsaron a una columna de las FARC que pretendía sumarse a un acto de protesta contra el gobierno. Entre 2000 y 2002 se produjo una oleada de cerca de un centenar de acciones espontáneas de resistencia indígena contra las FARC en el suroccidente, incluidos bloqueos de columnas guerrilleras en Caldono, Coconuco, Puracé, Silvia e Inzá. Habitantes del resguardo de Pioyá marcharon hasta campamentos guerrilleros y lograron la liberación del misionero suizo Arnold Benite. La resistencia no era retórica: era una posición civil, no armada, sostenida frente a todos los actores del conflicto, y esa autonomía sería, en 2008, el capital político más difícil de descalificar.

Al mismo tiempo, la relación con el Estado se había vuelto una cadena de compromisos incumplidos. Marchas, tomas de carretera y protestas urbanas se sucedían para exigir lo pactado en decretos, mesas y acuerdos anteriores. El agravio se acumulaba. En el nivel departamental, el concepto mismo de minga había sido adoptado institucionalmente: el programa de gobierno En Minga por el Cauca impulsó desde la gobernación el programa Tulpas por la Vida, que reunía comunidades en torno a la defensa de los derechos humanos y funcionó como antecedente directo de lo que en octubre de 2008 se llamaría Minga de Resistencia Social y Comunitaria.

Octubre de 2008: la marcha y su agenda

La Minga se instaló en La María, Piendamó, resguardo emblemático del movimiento nasa y sede recurrente de sus asambleas. Desde allí se definió la agenda que sería llevada al gobierno Uribe: cuatro núcleos entrelazados —derechos humanos, cumplimiento de acuerdos previos, implicaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y legislación no sometida a consulta previa con las comunidades indígenas— y una exigencia de forma que resultaría tanto o más incómoda que el contenido: un diálogo cara a cara con el presidente.

Los cuatro puntos condensaban una lectura del quinquenio uribista desde los territorios. El TLC firmado con Washington era percibido como una política pública inconsulta que reordenaba las condiciones económicas del país sin conversación con quienes vivían de la tierra; el rechazo, en la Minga, se articulaba con una oposición más amplia que atravesaba a las movilizaciones agrarias e indígenas colombianas de la primera década del siglo XXI y encontraba eco en sectores de América Latina que argumentaban la falta de condiciones competitivas para enfrentar en igualdad a la economía estadounidense. La legislación inconsulta apuntaba a la sucesión de normas —estatutos, leyes de desarrollo rural, códigos mineros— que se tramitaban sin consulta previa a las comunidades indígenas, un derecho que estas leían como piso mínimo constitucional. El cumplimiento de acuerdos remitía a compromisos que venían de años atrás, incluidos los derivados de la reparación colectiva pactada tras la masacre del Nilo. Y los derechos humanos englobaban el hecho más duro: la militarización y agudización del conflicto en territorios indígenas del Cauca.

Detrás de esa agenda había una lectura política mayor. Desde 2001, con la Ley de Seguridad Nacional, y luego en 2003 con el Estatuto Antiterrorista —ambos declarados inconstitucionales por la Corte Constitucional—, el Estado colombiano había intentado formalizar una doctrina del enemigo interno que criminalizaba la protesta social y estigmatizaba a sus participantes. La Minga se plantaba justamente en el umbral que esa doctrina buscaba borrar: el de la protesta civil legítima, colectiva y con demandas de derechos, no reductible a la retaguardia de la guerrilla. Que fuera una movilización indígena, con Guardia propia y con un historial de expulsión de las FARC de sus territorios, hacía especialmente difícil aplicarle el marco de la seguridad democrática sin exhibir la costura ideológica del argumento.

La marcha partió del Cauca hacia Cali. En varios puntos de la Panamericana se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, con heridos y con la muerte de al menos un indígena. Cuerpos especializados de la Policía Nacional desalojaron y destruyeron instalaciones en el resguardo sede de la Minga. Durante una de las asambleas, la Guardia Indígena retuvo a un soldado que se hallaba infiltrado de civil. Se comprobó, además, que al menos un integrante de la policía había disparado armas de mediano alcance contra los manifestantes: no gases, no perdigones, sino fuego dirigido. Cada uno de esos episodios entraba en tensión con la versión oficial que insistía en la infiltración guerrillera de la protesta.

El presidente Uribe optó por responder por televisión, en lugar de acudir al diálogo presencial que los manifestantes habían convocado. La decisión era coherente con el estilo del gobierno: manejar la escena desde el estudio, desde el helicóptero, desde el consejo comunal transmitido en cadena. Pero desplazaba la asimetría hacia un lugar visible: de un lado, decenas de miles de personas caminando con bastón de mando por la Panamericana; del otro, un mandatario que se negaba a bajar del set. La Minga capitalizó políticamente esa distancia. Cuando finalmente la movilización llegó a Bogotá, tras pasar por Cali, ya no era solo una protesta indígena caucana: era una demostración de que la mayor movilización étnica del país había logrado poner sobre la mesa una agenda de política pública que el gobierno prefería no discutir.

Diciembre de 2008: el asesinato de Edwin Legarda

El 16 de diciembre de 2008, cerca de Popayán, un grupo de soldados del Ejército colombiano atentó contra la lideresa Aida Quilcué, vocera de la Minga. Quilcué, del pueblo Nasa, había sido una de las voces más visibles de la movilización de octubre y noviembre, y venía denunciando internacionalmente los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes. En el ataque salió ilesa, pero su compañero, José Edwin Legarda Vásquez, fue asesinado mientras conducía la camioneta. Siete militares fueron acusados posteriormente de homicidio en persona protegida por el derecho internacional humanitario. El crimen dejó perjuicios profundos a su familia, al pueblo Nasa y al resguardo Pickwe Tha Fiw.

El asesinato de Legarda condensaba, con una claridad que ninguna declaración pública habría podido igualar, la denuncia que la Minga venía haciendo desde octubre. Las mingas y tomas de la Panamericana como formas de exigencia de derechos ante el Gobierno nacional habían acrecentado las amenazas y asesinatos a liderazgos indígenas, así como la violencia a manos de miembros de la fuerza pública. Que el ataque tuviera como blanco a la vocera más visible del proceso, y que el muerto fuera su compañero, cerraba el círculo del argumento: la doctrina del enemigo interno no era una abstracción jurídica, era una práctica operativa que podía disparar a mansalva contra una camioneta cerca de Popayán.

El gobierno de Uribe encaró el caso desde la defensa institucional del Ejército. Pero la investigación avanzó, la imputación por homicidio en persona protegida se sostuvo, y el episodio se instaló como referente moral del ciclo: la Minga había hecho su marcha civil, había expuesto su agenda, había reclamado diálogo, y la respuesta del Estado había incluido infiltración, disparos, desalojo y la muerte de un compañero de la vocera principal. Una asimetría difícil de administrar comunicativamente, incluso para un gobierno que dominaba como pocos la construcción de su propio relato.

Las causas: agravios de fondo, detonantes de coyuntura

Reducir la Minga a la agenda de octubre de 2008 sería empobrecer su explicación. Las causas se ordenan en dos niveles.

En el nivel estructural, la Minga fue la culminación de un proceso de casi cuatro décadas. El CRIC había construido, desde 1971, una densa red organizativa que combinaba recuperación de tierras, reconstitución de cabildos, defensa cultural y capacidad de convocatoria. La ACIN había extendido esa arquitectura al norte del Cauca en 1994. La Guardia Indígena había institucionalizado la resistencia civil no armada como práctica de defensa territorial. El ciclo abierto en noviembre de 1999 con el bloqueo de 23 días había demostrado que la minga podía ser un instrumento político; las más de diez mingas realizadas entre 1999 y 2019, y las cerca de cien acciones de resistencia contra las FARC entre 2000 y 2002, habían acumulado un capital de autonomía frente a todos los actores armados. Cuando en octubre de 2008 se convocó la Minga Social y Comunitaria, no se estaba improvisando: se estaba activando un repertorio consolidado, con voceros formados, con Guardia entrenada, con cabildos coordinados y con una experiencia probada de bloqueo, marcha y negociación.

En el nivel coyuntural, tres detonantes hicieron que ese acumulado se descargara justo en 2008. El primero fue el TLC con Estados Unidos, firmado sin consulta previa y percibido como una alteración de fondo de las condiciones económicas rurales. El segundo fue la sucesión de legislación inconsulta que se tramitaba en el Congreso sin diálogo con las comunidades indígenas, en abierta tensión con el derecho a la consulta previa. El tercero fue la militarización creciente de los territorios indígenas del Cauca, en el marco de la Seguridad Democrática y de la agudización del conflicto armado, que se combinaba con procesos de criminalización de la protesta social apoyados en la doctrina del enemigo interno.

Sobre estos tres detonantes se cruzaba un cuarto elemento, tal vez el más decisivo en clave política: el gobierno Uribe vivía su cénit. Reelegido en 2006, sostenido por índices de favorabilidad extraordinarios, respaldado por una narrativa de recuperación del territorio frente a las FARC y con figuras como el vicepresidente Francisco Santos Calderón y el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio ocupando espacios visibles del ejecutivo, el uribismo parecía haber capturado por completo el marco interpretativo del conflicto. Movilizarse en ese momento, con esa agenda y con esa forma, era una decisión política deliberada: elegir el terreno en el que el gobierno era más fuerte —el de la seguridad, el del control del relato— para forzar en él una fisura.

Consecuencias inmediatas: la disputa del relato

La Minga produjo, en el corto plazo, dos consecuencias entrelazadas. La primera fue la desestabilización de la ecuación uribista entre protesta y subversión. La segunda fue la ampliación del propio movimiento hacia otros sectores populares.

La primera consecuencia se jugó en la escena pública. Cuando el presidente respondió por televisión en lugar de acudir a la asamblea; cuando la Guardia Indígena retuvo a un soldado infiltrado de civil; cuando se comprobó que la policía había disparado armas de mediano alcance contra manifestantes; cuando el 16 de diciembre siete militares fueron señalados por el homicidio de Edwin Legarda, cada uno de esos hechos alimentó una lectura difícil de encajar en la narrativa de la Seguridad Democrática. Periodistas como Daniel Coronell recogieron episodios que erosionaban la versión oficial. Voceros como Aida Quilcué, Feliciano Valencia y Rafael Coicué se convirtieron en interlocutores públicos con capacidad de sostener el relato indígena en Bogotá, ante medios internacionales y ante organismos de derechos humanos. La estigmatización que la doctrina del enemigo interno había intentado consolidar en 2001 y 2003 —y que la Corte Constitucional había desactivado jurídicamente— chocaba ahora con una movilización que no podía ser plausiblemente etiquetada como brazo desarmado de las FARC, sobre todo porque esas mismas comunidades habían expulsado a las FARC de sus territorios menos de una década antes.

La segunda consecuencia fue tal vez más duradera. La Minga no se agotó como movilización indígena: se abrió. Organizaciones campesinas como el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc) y la Federación Agraria Nacional (Fensuagro) se movilizaron en paralelo a la dinámica indígena, plegándose a ella con reivindicaciones por tierra y otras demandas. El Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) se sumó al proceso. Desde el marco del Congreso Itinerante que la Minga planteó, la movilización se extendió hacia Cali y Bogotá entre 2008 y 2010, articulándose con la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y con la Marcha Patriótica. La convergencia interétnica e interclasista se materializó a fines de marzo, en una concentración en Bogotá de más de 80 mil personas —campesinos que incluían indígenas, mestizos y afrodescendientes— nacida del encuentro entre los trabajadores del corte de caña de azúcar y la Minga indígena. Los corteros, agrupados desde 2003 en el sindicato Sinalcorteros, venían protagonizando huelgas y campañas contra el TLC, agenda que coincidía con la de la Minga. Comunidades de la Costa Caribe, Santander del Norte, Risaralda y Tolima realizaron marchas en sus regiones como parte del proceso.

Esa ampliación tuvo también su costo. Daniel Aguirre, fundador de Sinalcorteros, fue asesinado el 27 de abril de 2012 en Florencia, Valle del Cauca, por sujetos armados no identificados. La violencia acompañó, como sombra, la construcción de las convergencias.

Consecuencias de largo plazo: del Congreso Itinerante al Congreso de los Pueblos

Del Congreso Itinerante propuesto en el marco de la Minga de 2008 nació, en 2010, el Congreso de los Pueblos: la primera institucionalización estable de la convergencia interétnica y popular que la Minga había puesto en movimiento. El Coordinador Nacional Agrario (CNA), con presencia en Catatumbo, Magdalena Medio, Cauca y Arauca, se integró como una de sus columnas. La plataforma dio forma organizativa duradera a lo que en 2008 había sido movilización.

Paralelamente, la propuesta de Minga de Resistencia Social y Comunitaria tuvo continuidad en la Minga Campesina, Étnica y Popular liderada por la Cumbre Agraria, en una línea de continuidad en el uso político del concepto a lo largo del tiempo. El repertorio se consolidó: minga como palabra, como marcha, como asamblea, como negociación y como identidad política que ya no dependía de una única coyuntura.

La proyección más amplia se dio en el proceso de paz. Luis Fernando Arias, exconsejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), señaló que la experiencia de la Minga y sus procesos de movilización fueron parte del acumulado de incidencia política que los pueblos indígenas, en articulación interétnica con comunidades negras y afrocolombianas, utilizaron en el marco del proceso de paz, contribuyendo a la incorporación del Capítulo Étnico en el Acuerdo Final. La ruta que había comenzado con el bloqueo de la Panamericana en 1999 y que había pasado por la Minga de 2008 desembocaba, casi dos décadas después, en la escritura de un capítulo étnico dentro del acuerdo que ponía fin al conflicto armado con las FARC.

Lo que la Minga inauguró

Hay una tentación de leer la Minga como el momento en que el uribismo comenzó a agrietarse. La lectura no es falsa, pero se queda corta. Lo que la Minga hizo en 2008 fue demostrar que una movilización civil no armada, étnica en su núcleo pero abierta en su convocatoria, con agenda de política pública y con capacidad organizativa acumulada durante casi cuatro décadas, podía disputarle al gobierno el marco interpretativo de la protesta social. No lo derrotó: le forzó una respuesta que exhibió sus propias costuras. La televisión frente a la asamblea, el soldado infiltrado frente a la Guardia Indígena, los disparos de la policía frente a los bastones de mando, el homicidio de Edwin Legarda frente al reclamo de derechos humanos: cada uno de esos contrastes fue una lección pública sobre lo que la Seguridad Democrática podía y no podía absorber.

La Minga también inauguró una gramática. La palabra minga dejó de ser exclusivamente indígena o exclusivamente caucana para convertirse en un vocablo del repertorio político nacional, adoptado por la Cumbre Agraria, invocado en la Marcha Patriótica, replicado en movilizaciones campesinas y afrodescendientes. Caminar la palabra se volvió una consigna con contenido: no eran solo bloqueos, eran asambleas en movimiento, deliberaciones que llegaban a Bogotá con una agenda deliberada colectivamente en La María y en decenas de resguardos.

Y, sobre todo, la Minga dejó una lección sobre el tiempo de la política. En 2008 se movilizaron decenas de miles de personas, pero lo que estaba caminando eran cuatro décadas de organización: la fundación del CRIC en 1971, la creación de la ACIN en 1994, la consolidación de la Guardia Indígena, el bloqueo de 1999, las expulsiones de las FARC entre 2000 y 2002, las diez mingas del ciclo posterior, el programa Tulpas por la Vida de la gobernación caucana. Sin esa arquitectura, ninguna coyuntura habría producido la fractura. Sin la coyuntura de 2008 —TLC, legislación inconsulta, militarización, gobierno en su cénit—, esa arquitectura no habría producido el Congreso de los Pueblos ni habría alcanzado el Capítulo Étnico del Acuerdo Final.

En diciembre de 2008, cuando Aida Quilcué sobrevivió al ataque en el que fue asesinado su compañero, la Minga ya había hecho lo más importante: había mostrado que en Colombia la protesta social podía ser, al mismo tiempo, étnica, territorial, no armada, con agenda propia y con capacidad de convergencia. El uribismo continuaría gobernando dos años más, ganaría batallas comunicativas y militares, y saldría del poder con niveles de popularidad todavía altos. Pero el monopolio del relato del enemigo interno ya no era completo. En la Panamericana, entre Piendamó y Popayán, se había abierto una fisura por la que caminarían, en los años siguientes, la Cumbre Agraria, el Paro Nacional Agrario, el Congreso de los Pueblos y, más adelante, buena parte de las movilizaciones que reconfigurarían el mapa de la protesta social colombiana. Esa fisura sigue abierta.