Muerte de Pablo Escobar y reconfiguración del narcotráfico (1993)

Muerte de Pablo Escobar y reconfiguración del narcotráfico (1993)

El 2 de diciembre de 1993, hacia el mediodía, una unidad del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional abatió a Pablo Escobar Gaviria sobre los tejados de una casa del barrio Los Olivos, en Medellín. Con él terminaban dieciséis meses de cacería, cuatro años de terrorismo urbano contra el Estado colombiano y una forma específica de hacer narcotráfico: la del cartel-empresa de proyección política nacional, con capacidad para asesinar candidatos presidenciales, dinamitar aviones, chantajear a la Asamblea Constituyente y dictar los términos de su propia reclusión. Lo que no terminaba —y en muchos sentidos apenas empezaba— era el negocio. En los cinco años siguientes, la caída del Cartel de Medellín desencadenó una reconfiguración en dos tiempos: primero una breve reconcentración en manos del Cartel de Cali, que aprovechó el vacío para expandir su influencia política hasta financiar la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994; después una atomización estructural que ruralizó el negocio, lo acopló a los actores armados del conflicto —FARC, paramilitares— y desplazó la producción cocalera hacia la frontera sur, sobre todo Putumayo, Caquetá y Guaviare. El narcotráfico dejó de ser una amenaza terrorista contra la élite urbana para convertirse en el combustible de una guerra territorial de dos décadas.

El mundo del que brota el hecho: guerra sucia, sometimiento y ruptura interna

La muerte de Escobar se explica por lo que ocurrió entre agosto de 1989 y julio de 1992. El 18 de agosto de 1989, el candidato presidencial Luis Carlos Galán fue asesinado en Soacha, muy probablemente por orden de Escobar. El magnicidio —uno de cuatro candidatos presidenciales caídos entre 1989 y 1990, en medio de la ola sostenida de crímenes contra la Unión Patriótica desde 1986— desencadenó una contraofensiva estatal sin precedentes. El presidente Virgilio Barco restableció la extradición por decreto de estado de sitio, tres años después de que la Corte Suprema declarara inexequible la Ley 27 de 1980 en diciembre de 1986 y de que el propio Barco intentara mantenerla vigente con la Ley 68 de 1987. La guerra abierta entre "los extraditables" y el Estado colombiano, con Medellín como escenario principal, dejaría entre 1989 y 1993 una modalidad híbrida de violencia: sicarios adolescentes reclutados en las comunas por unos cien dólares por asesinato, carros bomba, secuestros de figuras públicas, atentados contra instituciones. El aparato militar del Cartel de Medellín combinó sicariato urbano y estructuras paramilitares rurales antiguerrilla en lo que las investigaciones posteriores describirían como la mayor ofensiva terrorista contra el Estado colombiano de que se tenga noticia.

Contra ese fondo, el gobierno de César Gaviria diseñó una salida. La política de sometimiento voluntario a la justicia ofrecía a los narcotraficantes rebajas sustanciales de penas a cambio de colaboración y, sobre todo, la no extradición. La Constitución de 1991 selló la operación al prohibir explícitamente la extradición de nacionales, prohibición precedida por presiones documentadas: las Autodefensas de Puerto Boyacá llegaron a filmar a un abogado del Cartel de Medellín entregando 3.900 dólares a un miembro de la Asamblea Constituyente para que votara en contra, y el exparamilitar Ariel Otero afirmó que el cartel presionaba directamente al cuerpo constituyente. Escobar se entregó al día siguiente de aprobada la prohibición constitucional, en junio de 1991, tras condicionar los términos de su reclusión. La prisión, apodada La Catedral, quedó en Envigado, fue acondicionada con sus propios recursos y desde allí siguió ordenando homicidios y dirigiendo negocios.

La política se hundió por dentro. El detonante fue el robo de aproximadamente veinte millones de dólares pertenecientes a Fernando Galeano, perpetrado por un sicario de Escobar apodado Tití, que entregó el dinero al patrón. Cuando el ala empresarial del cartel —los hermanos Galeano y los Moncada— reclamó, Escobar asesinó dentro de La Catedral a Gerardo Kiko Moncada y a Fernando Galeano. La ejecución rompió la lealtad interna: sobrevivientes de esos círculos empresariales huyeron y comenzaron a buscar aliados entre los enemigos históricos de Escobar. Advertido además de un procedimiento de la Fiscalía General que le habría llegado por vías internas, Escobar se fugó de La Catedral el 21 de julio de 1992.

Lo que siguió fueron dieciséis meses de cacería en los que confluyeron tres actores. El Bloque de Búsqueda, cuerpo especializado con mayor contingente de la Policía Nacional pero también con presencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el DAS, operaba desde la Escuela Carlos Holguín, cerca del estadio Atanasio Girardot, con apoyo y entrenamiento de la CIA, la DEA y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y con presencia física de Navy SEALs en la sede. En paralelo, entre finales de 1992 y comienzos de 1993, se articuló una alianza inédita: los Perseguidos por Pablo Escobar, Los Pepes, que empezaron su campaña activa en enero de 1993. Confluían en ellos las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, los Tangueros de Fidel y Carlos Castaño Gil, los sobrevivientes de las familias Galeano y Moncada, y el Cartel de Cali. Fidel Castaño fue reconocido como líder. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, aparece como figura vinculada al grupo y, según el agente veterano de la DEA Chris Feistl, "uno de los principales hombres de enlace" entre Los Pepes, la Policía colombiana y la agencia estadounidense.

Los Pepes ejecutaron una campaña de terror que mató a cientos de personas —abogados, financiadores, subalternos de Escobar, familiares— y sostuvieron una relación operativa con el Bloque de Búsqueda que la propia Procuraduría documentó: sus miembros visitaban la Escuela Carlos Holguín. Al menos un telegrama de la DEA de febrero de 1993 muestra que agentes estadounidenses estaban al tanto de esos vínculos. El 14 de abril de 1993, el ministro de Defensa Rafael Pardo fue informado de que un oficial de alto rango de la Policía mantenía contacto con Castaño; pidió relevarlo y suspender las comunicaciones. La colaboración, sin embargo, continuó hasta la muerte de Escobar. Mientras el fiscal Gustavo de Greiff buscaba negociar rendiciones, Estados Unidos presionaba por perseguir a los carteles y el Bloque de Búsqueda combinaba operaciones legales con información suministrada por una alianza de narcotraficantes rivales y paramilitares.

La reconstrucción del 2 de diciembre y la victoria compartida

Escobar fue localizado y abatido en Medellín el 2 de diciembre de 1993 por una unidad del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, en una casa del barrio Los Olivos. La información que permitió cerrar el cerco provino, entre otras vías, de Los Pepes, cuyos aportes de inteligencia habían venido estrechando el radio de acción del cartel durante todo el año. El desenlace específico —los impactos, la controversia sobre si el disparo fatal fue un tiro de gracia policial o un suicidio— quedó abierto en el debate público y no se resuelve aquí. Lo que sí queda claro es la doble autoría del operativo: la victoria fue estatal y estuvo respaldada por Washington, pero se apoyó de manera decisiva en una alianza paralegal de narcotraficantes y paramilitares que capitalizaría de inmediato la caída del enemigo común.

La distribución de esa victoria se leería en los meses siguientes. Los hermanos Castaño consideraron su participación en Los Pepes como una "pausa" y regresaron al sur de Córdoba con armamento nuevo, hombres reforzados y algunos exintegrantes del cartel de Escobar que prefirieron unirse a sus filas. Fidel Castaño murió aproximadamente un mes después de Escobar; el liderazgo pasó a Carlos y Vicente Castaño. Don Berna quedó en posición privilegiada dentro del reacomodo criminal de Medellín, con líneas abiertas a la Policía y a la DEA. Ninguno pagó por Los Pepes en términos judiciales: solo Fidel, Carlos y Vicente Castaño y Eugenio León García Jaramillo, alias Taxista, fueron formalmente investigados; únicamente Fidel fue condenado, y por promoción y financiación de grupos armados al margen de la ley, no por los crímenes específicos. Los procesos contra oficiales del Bloque de Búsqueda involucrados con Los Pepes, pese a las evidencias reunidas por De Greiff, nunca prosperaron.

Esa impunidad selectiva no fue un accidente. Fue la condición operativa de la victoria: no se podía perseguir a Escobar con el Cartel de Cali, los Castaño y Don Berna, y después juzgar a esos mismos aliados por los métodos con los que ayudaron a matarlo. El resultado es que el Estado colombiano no salió del ciclo con un aparato antinarcóticos fortalecido, sino con una red de vínculos entre fuerzas de seguridad, narcotraficantes y paramilitares que en los años siguientes se expresaría en escándalos sucesivos.

Las causas del giro: por qué el 2 de diciembre reconfigura el negocio

Conviene separar lo que ese día cierra de lo que abre. Cierra una fórmula: la del cartel-empresa hipercentralizado, con un solo hombre en la cima, capaz de responder al Estado con guerra abierta y de intentar someterlo mediante terrorismo. La fórmula ya había fracasado antes del 2 de diciembre —había fracasado con la fuga de La Catedral y la reactivación de la persecución—, pero el 2 de diciembre la hace irreversible. La estructura que Escobar encarnaba dependía de él: sin su capacidad de coacción, sin su red de sicarios reclutados en las comunas, sin su dinero, la organización se desarma en semanas.

Lo que abre es una redistribución del negocio en tres direcciones simultáneas, y aquí conviene no confundir la simultaneidad con la coincidencia. En primer lugar, el Cartel de Cali —dirigido por Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela— quedó con campo libre. Nunca había sido perseguido con la intensidad del de Medellín durante la política de sometimiento; había participado en la financiación de Los Pepes y había convergido con el Estado en el objetivo común. Al desaparecer Escobar, expandió su control del negocio y profundizó su penetración política, incluyendo la financiación parcial de la campaña presidencial de Ernesto Samper en 1994. Esa hegemonía duró poco: entre 1994 y 1995, el Cartel de Cali fue desvertebrado. Con él terminó la era de las grandes organizaciones verticalmente integradas del narcotráfico en Colombia.

En segundo lugar, en Medellín, la Oficina de Envigado —estructura sicarial con orígenes en los años ochenta, en la propia época de Escobar— se impuso como poder criminal dominante bajo el liderazgo de Don Berna. Su fuerza no venía de la integración vertical al estilo de Escobar sino de una red de alianzas con bandas de distintas zonas de la ciudad y del Valle de Aburrá. Era un modelo distinto: control territorial disperso, cooperación con la fuerza pública, perfil bajo frente al Estado central.

En tercer lugar, y este es el movimiento más decisivo en el largo plazo, los sobrevivientes rurales de Los Pepes convirtieron el capital acumulado durante la cacería en un proyecto paramilitar propio. Los hermanos Castaño regresaron al sur de Córdoba y, hacia mediados de la década, lideraron la conformación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU. Desde 1994, las ACCU iniciaron un proceso de "confederación" con estructuras paramilitares de Urabá, el norte y Bajo Cauca antioqueño, Córdoba y el Darién. Para 1996, el Bloque Sinú de Salvatore Mancuso ya había estrechado vínculos con los Castaño. En 1997, la reunión de jefes de nueve organizaciones paramilitares dio nacimiento a las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, como culminación del proceso de unificación liderado por Carlos Castaño.

Este tercer movimiento merece un subrayado. Los ganadores de la guerra sucia contra Escobar no se retiraron con la victoria: la capitalizaron. El armamento, los hombres, los contactos institucionales y la legitimidad tácita ganada como aliados del Estado sirvieron de base para un proyecto de otra escala. El discurso contrainsurgente antiguerrilla se combinó con el control de corredores y rentas del narcotráfico, asegurando territorios en función de las etapas de la cadena productiva de la coca. La reconfiguración del negocio no fue únicamente una consecuencia del vacío dejado por Escobar: fue en parte un efecto deliberado de quienes ganaron la guerra contra él y decidieron no soltar el aparato armado que habían construido para derrotarlo.

La frontera cocalera: el desplazamiento del negocio hacia el sur

Mientras en las ciudades se reacomodaba la superestructura del narcotráfico, en el campo ocurría un cambio más silencioso y más profundo. Las hectáreas cultivadas de coca en Colombia pasaron de aproximadamente 37.500 en 1992 a cerca de 101.800 en 1998. En 1997, Colombia se convirtió en el primer productor mundial de hoja de coca, desplazando a Perú y Bolivia, donde los cultivos se reducían por presión antinarcóticos y crisis de precios.

El caso paradigmático fue Putumayo. Tenía 2.200 hectáreas en 1991; llegó a 7.000 en 1997, a 19.000 en 1998 y, en el año 2000, concentraba el 40,43 % del total nacional. A partir de 1990, tras una plaga que exterminó la variedad "caucana", se introdujeron variedades más resistentes —boliviana y peruana, esta última conocida como Tingo María— junto con agroquímicos que intensificaron el rendimiento. Guaviare y Caquetá siguieron trayectorias comparables. Miles de campesinos migraron a esas zonas, atraídos por una economía de bajos costos de inversión inicial, altas ganancias por hoja o pasta y ausencia estatal casi total.

Aquí es donde la reconfiguración post-Escobar se entrelaza con el conflicto armado. Los grupos guerrilleros, y en particular las FARC, incrementaron su presencia en casi todas las áreas de cultivo durante la última década del siglo XX, monopolizando el comercio de pasta de coca en los territorios bajo su control. La ofensiva militar de las FARC entre 1995 y 1997 —la serie de golpes que inclinaron temporalmente la balanza en su favor y que incluyó las tomas de Las Delicias, Patascoy y El Billar— fue posible en parte gracias a los recursos obtenidos de su participación en esa economía. La relación causal es una hipótesis interpretativa, no un hecho comprobado, pero la coincidencia temporal entre la expansión cocalera y la mejora en la capacidad militar guerrillera es demasiado nítida para pasarse por alto.

Los paramilitares hicieron un movimiento simétrico. La expansión de las ACCU y luego de las AUC durante la segunda mitad de los noventa siguió, en parte, la geografía de los corredores del narcotráfico. Donde había cultivos, laboratorios, rutas o puertos, había disputa territorial con las FARC. El negocio se acopló así a un conflicto armado que ya llevaba tres décadas —el ELN, las FARC, los paramilitares, el Ejército, todos operando desde antes de la muerte de Escobar— y le dio a ese conflicto una intensidad financiera nueva.

Conviene precisar el orden causal: los actores armados no crearon la economía cocalera. La expansión de los cultivos en el sur del país fue, en su origen, un proceso autónomo impulsado por migración campesina, ausencia institucional y desplazamiento geográfico de la producción desde Perú y Bolivia. Ese proceso habría ocurrido con Escobar vivo o muerto. Lo que la reconfiguración post-1993 aportó fue el marco superior: al desaparecer el cartel-empresa centralizado, la coca campesina del sur dejó de tener un solo comprador dominante que pudiera imponer precios y disciplinar la cadena. La producción se multiplicó, los intermediarios se diversificaron, y los actores armados —tanto guerrilla como paramilitares— encontraron espacio para insertarse como reguladores locales del negocio, cobrando gramaje, protegiendo cultivos, controlando rutas.

La tercera generación: atomización y Cartel del Norte del Valle

El desmantelamiento del Cartel de Cali entre 1994 y 1995 no produjo un cuarto gran cartel de reemplazo. Produjo una tercera generación del narcotráfico caracterizada por la atomización. El actor más visible del interregno fue el Cartel del Norte del Valle, que tomó el control de las zonas que quedaron disponibles tras la caída del de Cali. Sus dos precursores y jefes máximos, Orlando Henao Montoya e Iván Urdinola Grajales, murieron en prisión durante los años noventa: Henao asesinado por un medio hermano de Helmer Herrera, y Urdinola al parecer envenenado.

La estructura que emergió alrededor del Norte del Valle no era ya la del cartel clásico. Se organizó en torno a jefes en tensión permanente entre sí. Diego León Montoya, alias Don Diego, y Wílber Varela, alias Jabón, consolidaron cada uno estructuras armadas propias —Los Machos y Los Rastrojos, respectivamente— que se enfrentarían más tarde en una guerra interna sangrienta. Ese fue el patrón dominante en la segunda mitad de la década: pequeñas organizaciones con capacidad militar propia, disputas violentas por rutas y corredores, y apoyo en estructuras armadas ilegales para el control territorial. La verticalidad de Escobar o de los Rodríguez Orejuela dio paso a una geometría fragmentada, más difícil de golpear con operativos únicos pero también más difícil de proyectar políticamente a escala nacional.

En Medellín, la Oficina de Envigado siguió su trayectoria propia bajo Don Berna, con un poder que en 2007 le permitió, por ejemplo, ordenar el asesinato de Pacho Cifuentes por oponerse a entregar el control de las rutas del norte del Chocó. Tras la desmovilización paramilitar entre 2003 y 2008, la sucesión de Don Berna al mando desató disputas internas —alias Valenciano y alias Sebastián, cuyas detenciones en noviembre de 2011 y agosto de 2012 desactivaron parcialmente el conflicto— y abrió la puerta al ingreso de los Urabeños, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a la ciudad. Esa fase pertenece a un ciclo posterior; lo que interesa aquí es que ya en los años inmediatamente siguientes a la muerte de Escobar, Medellín se había reorganizado bajo una lógica de red de bandas coordinadas, no de cartel jerárquico.

La violencia urbana de esa transición dejó huellas específicas. El 15 de noviembre de 1992, poco antes de la muerte de Escobar, una docena de agentes de policía ejecutó a siete jóvenes y a una niña de ocho años llamada Johanna en el barrio Villatina; los jóvenes pertenecían a un grupo de iglesia y no eran pandilleros. El episodio ilustra la práctica de ejecuciones extrajudiciales que acompañó la guerra sucia urbana, y que no terminó con Escobar. En la Comuna 13, entre enero y noviembre de 2003, en el marco de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en diciembre de ese año, los homicidios con arma blanca se duplicaron, pasando del 8,6 % al 15,0 % del total: un cambio de método cuya coincidencia temporal con los preparativos de desmovilización es sugestiva.

Las consecuencias inmediatas y las de fondo

A corto plazo, la muerte de Escobar produjo tres efectos verificables. Terminó el narcoterrorismo del Cartel de Medellín: los carros bomba, los magnicidios, los atentados masivos contra instituciones desaparecieron del repertorio. El Estado colombiano recuperó el monopolio de la coacción en las ciudades principales, al menos en el sentido literal de que ninguna organización volvió a desafiarlo con guerra abierta al estilo de Escobar. Y el Cartel de Cali quedó como principal beneficiario inmediato, con una influencia política que se manifestaría con toda su magnitud en la crisis de legitimidad del gobierno de Samper y en la ruptura de la certificación estadounidense sobre Colombia en 1996 y 1997.

A mediano plazo, la política de sometimiento a la justicia quedó desprestigiada: había servido para desarticular al Cartel de Medellín, pero al costo de dejar operar al de Cali durante años. La extradición volvió al centro de la agenda; sería restablecida constitucionalmente en 1997 y aplicada masivamente en la década siguiente. Los procesos judiciales contra los aliados paralegales del Estado durante la cacería —Los Pepes, oficiales del Bloque de Búsqueda— no prosperaron, y dejaron un precedente de impunidad selectiva difícil de deshacer.

A largo plazo, y esta es la consecuencia más importante, el narcotráfico dejó de ser una amenaza terrorista dirigida contra la élite y el Estado central, y se convirtió en la infraestructura financiera del conflicto armado. Las FARC, que en los años ochenta habían tenido una relación ambigua y ocasionalmente conflictiva con los carteles, se involucraron sistemáticamente en la economía cocalera durante los noventa. Los paramilitares, nacidos como estructuras contrainsurgentes financiadas por narcotraficantes y ganaderos, se consolidaron como actores del negocio con proyecto político propio, hasta el punto de que la desmovilización de las AUC en la primera década del siglo XXI destapó una red de vínculos con la clase política —la parapolítica— comparable en escala al proceso 8.000 de Samper, aunque de naturaleza distinta.

La tolerancia estatal a la corrupción del narcotráfico de organizaciones distintas a Escobar durante la cacería facilitó el establecimiento de una red extensa de vínculos entre las fuerzas de seguridad y los carteles. Esa red no se limitó al momento operativo de 1992-1993: siguió operando en la selección de qué se perseguía y qué se toleraba durante los años siguientes, y esa selección tuvo consecuencias territoriales, políticas y militares.

Por qué el 2 de diciembre sigue importando

Se ha vuelto costumbre leer la muerte de Escobar como el fin del narcotráfico colombiano, o al menos de su etapa heroica y catastrófica. La lectura sirve para el cine y para las memorias oficiales; sirve peor para entender el país. El 2 de diciembre de 1993 no cerró el narcotráfico: cerró una forma específica de hacerlo, la del cartel-empresa con proyección política nacional y capacidad terrorista, y redistribuyó el negocio en formas más adaptadas al terreno colombiano de fondo, un terreno de conflicto armado rural, ausencia estatal en las periferias y economías campesinas capturadas por actores ilegales.

La reconfiguración operó en dos tiempos. Hubo primero una breve reconcentración —el Cartel de Cali entre 1993 y 1995— que confirma que el vacío dejado por Escobar no produjo automáticamente atomización, sino que primero fue ocupado por el rival hegemónico. Fue después, con la caída de Cali, cuando la fragmentación se hizo estructural. Y ese segundo movimiento no fue espontáneo: los actores que lo capitalizaron —los Castaño, Don Berna, la Oficina de Envigado, más tarde el Cartel del Norte del Valle— eran, en buena parte, los mismos que habían participado como aliados del Estado en la cacería. La victoria contra Escobar no depuró el sistema: lo redistribuyó entre los ganadores.

En paralelo, una transformación autónoma —la migración cocalera hacia el sur, el paso de Colombia al primer lugar como productor mundial de hoja en 1997— ofrecía una base material inmensa para que esa redistribución se acoplara al conflicto armado. Las FARC financiaron con coca su ofensiva militar de mediados de los noventa; las AUC financiaron con coca su expansión territorial entre 1997 y 2002; el Estado enfrentaría, en la década siguiente, un conflicto armado con capacidad financiera superior a cualquier fase previa. El Plan Colombia, la política de seguridad democrática, las negociaciones de La Habana: todo el arco político de las dos décadas siguientes se estructuró en respuesta a un país cuya economía de guerra había sido rediseñada, en buena medida, por la caída de Escobar y por lo que hicieron con esa caída quienes se beneficiaron de ella.

Ese es el sentido histórico del 2 de diciembre de 1993. Fue un triunfo real del Estado colombiano y también un momento de captura del Estado por sus aliados de circunstancia. Fue el fin del narcoterrorismo urbano y el inicio de la narcotización del conflicto rural. Fue un cierre y una apertura simultáneos, y la ambigüedad de esa doble condición explica por qué la muerte del narcotraficante más poderoso del siglo XX en América Latina no produjo, contra toda intuición, el fin del narcotráfico colombiano, sino su forma más duradera.