Apertura económica de 1990-91 y auge cocalero

¿Fue la apertura de 1990-91 causa estructural del auge cocalero?

La pregunta suele responderse dentro de cada campo como si el otro no existiera. Los economistas analizan la apertura del gobierno de César Gaviria y su ministro Rudolf Hommes como un episodio de política comercial con costos agrícolas medibles; los historiadores del conflicto explican la expansión cocalera de los años noventa por la geografía del abandono estatal, el fortalecimiento de las FARC-EP y el ELN, y la ofensiva paramilitar de las AUC. Entre uno y otro relato queda un vacío argumental en el que caben las hectáreas de cultivos legales que desaparecieron durante la apertura, el crecimiento del área cocalera entre 1992 y 2001, y los cientos de miles de campesinos que hicieron el tránsito de una economía a otra. Este artículo sostiene que ese vacío no es tal, que la responsabilidad causal de la apertura en el auge cocalero es mayor de la que suele reconocerse, y que reconocerlo no absuelve al abandono estatal previo ni a los actores armados que capitalizaron el colapso.

Lo que se juega en la pregunta

Responderla no es un ejercicio académico. De la respuesta depende cómo se lee todo el ciclo posterior: el Plan Colombia, la política de erradicación forzada, las tesis oficiales sobre "narcocultivos" y "narcoterrorismo", y la genealogía misma del desplazamiento forzado que entre 1991 y 2002 arrojó decenas de miles de víctimas solo en Caldas, Quindío y Risaralda. Si la coca fue una patología moral del campesinado o una infiltración externa del narcotráfico, la respuesta correcta es represiva. Si fue una respuesta racional a un shock de política pública que destruyó al mismo tiempo el precio administrado del café y la protección arancelaria de cultivos transitorios, la responsabilidad histórica se traslada: del cultivador al legislador, del jornalero al ministro de Hacienda, del municipio periférico al Palacio de San Carlos donde se firmaron los decretos.

Está en juego también la comprensión del conflicto armado. La expansión territorial de las FARC-EP hacia el Bloque Occidental, el fortalecimiento del ELN en el Catatumbo y la irrupción de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 1997 y 1999 no ocurrieron en un vacío económico: se montaron sobre un tejido campesino que la apertura había roto. Distinguir causa estructural de detonante coyuntural, y ambos de la agencia de los actores armados, es la única forma de evitar tanto la explicación monocausal —que atribuye todo al neoliberalismo o todo al narcotráfico— como el fatalismo geográfico que trata al Catatumbo o a Tumaco como zonas condenadas.

Los términos del debate

Una primera lectura sostiene que la expansión de la coca se explica por variables propiamente bélicas: la geografía del abandono estatal, la presencia guerrillera y la posterior disputa paramilitar. La distribución municipal de cultivos ilícitos, con un rezago de aproximadamente dos años, sigue la expansión geográfica del conflicto armado. Aquí la apertura de 1990-91 es un telón de fondo, un contexto agravante pero no un motor: los cultivos ilícitos habrían crecido de todas formas donde el Estado no estaba, donde los grupos armados sí, y donde la topografía y la ausencia de vías hacían inviable la agricultura legal desde mucho antes de que Hommes desmontara los aranceles.

Una segunda lectura invierte la jerarquía causal: la apertura, al eliminar de un golpe la protección de cultivos transitorios como algodón, arroz, trigo, cebada, soya, sorgo y hortalizas, y al coincidir con la ruptura del Pacto Internacional del Café en 1989, destruyó las cadenas de ingreso legal que sostenían a la economía campesina andina y caribeña. Las hectáreas perdidas en cultivos transitorios y café no fueron una pérdida contable: fueron desempleo agrícola masivo, y el desempleo agrícola masivo en un país con conflicto armado y demanda internacional de cocaína tiene una traducción territorial predecible.

Una tercera posición intenta articular ambas: reconoce que la apertura creó la condición de posibilidad —hizo económicamente racional lo que antes era marginal— pero atribuye a los actores armados la organización específica de la cadena productiva. Sin las FARC-EP y las AUC controlando precios de pasta base, sin los narcotraficantes comprando tierras cafeteras devaluadas después de 1989, sin los corredores del Pacífico sur y el golfo de Morrosquillo, la crisis agraria podría haber producido migración urbana masiva —como en otros episodios de descampesinización latinoamericana— y no necesariamente la expansión a escala nacional que efectivamente ocurrió.

El doble desmantelamiento

El material verificable respalda con inusual claridad la existencia de un doble golpe simultáneo. En 1989 se abroga el Pacto Internacional del Café, el mecanismo de cuotas que durante décadas había garantizado precios administrados al productor. Entre 1989 y 1992 los países productores pierden cerca de 10.000 millones de dólares por la caída de precios; a mediados de 1992 el productor colombiano recibe cincuenta centavos de dólar por libra, un umbral por debajo de los costos de producción para buena parte de las fincas pequeñas y medianas del Eje Cafetero. En simultáneo, entre 1990 y 1991, el gobierno de Gaviria ejecuta el desmonte arancelario y elimina las garantías de precios para los cultivos importables. La convergencia es de calendario. Cuando el pacto cafetero cae, el circuito de protección del principal cultivo comercial campesino desaparece; cuando la apertura llega, los cultivos de sustitución potenciales —arroz, maíz, trigo, sorgo, algodón— también quedan expuestos a precios internacionales deprimidos por subsidios de países industrializados.

El resultado es medible. El área en cultivos transitorios y café pierde más de seiscientas mil hectáreas. En paralelo, el área en coca pasa de unas 34.000 hectáreas en 1988 a 136.200 en el año 2000; entre 1992 y 2001 casi se cuadruplica. La correlación temporal es demasiado ajustada para ser accidental, y su geografía es reveladora: la coca no aparece principalmente donde no había economía campesina, sino donde había una economía campesina en colapso.

El oriente caldense —Samaná, Pensilvania, Norcasia— es un caso paradigmático. Zona cafetera consolidada hasta los años ochenta, con infraestructura comunitaria financiada por la Federación de Cafeteros, comienza a sustituir café por coca y amapola en los años noventa, o a intercalarlos. En Pueblo Rico (Risaralda) ocurre lo mismo. No son territorios de colonización tardía ni de vacío estatal absoluto: son municipios que hasta 1989 sostenían indicadores de necesidades básicas insatisfechas entre los más bajos del país. Su viraje hacia los cultivos ilícitos no puede explicarse por abandono previo, solo por el desmontaje simultáneo del andamiaje que los había hecho viables.

El Catatumbo ofrece la evidencia complementaria. Allí la coca había comenzado a sembrarse en los años ochenta, pero se fortalece decisivamente en los noventa. La causa próxima, documentada en testimonios de La Gabarra, corregimiento de Tibú, no es abstracta: los campesinos tardaban hasta una semana en sacar plátano y maíz por caminos intransitables, y las cosechas se perdían por falta de compradores. La apertura no creó ese aislamiento —la precariedad vial le antecede en décadas— pero eliminó el último margen que hacía viable la agricultura legal: cuando los precios internos de los cultivos importables cayeron por competencia de importaciones subsidiadas, incluso los campesinos que lograban sacar sus productos encontraron que ya no había mercado dispuesto a pagarlos. La coca resolvía ambos problemas a la vez: se compraba en la finca y pagaba precios superiores a cualquier alternativa legal.

En Nariño, la palma africana y la coca se expanden en paralelo en el Pacífico sur, sobre un tejido campesino y afrodescendiente cuya economía tradicional —pesca artesanal, agricultura de subsistencia, extracción maderera— no tenía protección alguna en el nuevo marco. Tumaco concentraba en 1999 el 13,3% del área nacional de palma y aportaba el 11% del aceite; los resguardos Awá de Inda Zabaleta y Gran Rosario registrarían dos décadas más tarde las mayores extensiones de coca en resguardos indígenas del país. La expansión palmera fue en parte impulsada por el Plan Colombia, pero se montó sobre un vacío productivo que la apertura había ayudado a crear.

Los Montes de María añaden un caso adicional y devastador. El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, no era una zona marginal en 1990: sostenía una economía tabacalera con 33 tiendas, almacenes, depósitos, una droguería. Era una comunidad campesina exportadora, autónoma, integrada al circuito nacional del tabaco. Las compañías tabacaleras abandonaron el corregimiento tras la masacre de marzo de 1997, pero el debilitamiento del circuito comercial venía de antes: la desprotección de precios agrícolas y la reducción de garantías institucionales para cultivos tradicionales durante la apertura habían erosionado ya la posición del pequeño productor frente a intermediarios y grandes compradores. Cuando el Bloque Norte y el Bloque Héroes de los Montes de María perpetran la masacre de febrero de 2000 —sesenta personas asesinadas—, no destruyen una economía marginal: rematan una economía que la política macroeconómica ya había fragilizado.

Los actores armados como articuladores del colapso

La evidencia obliga a matizar cualquier lectura puramente económica. La apertura y el colapso cafetero produjeron una oferta masiva de mano de obra campesina disponible y tierras desvalorizadas; los actores armados y los narcotraficantes proveyeron la demanda organizada. Tierras cafeteras devaluadas después de 1989 fueron adquiridas por narcotraficantes y convertidas en potreros. No fue anecdótico: reconfiguró la estructura de propiedad en zonas enteras del Eje Cafetero, del Magdalena Medio, de Urabá.

Las AUC, bajo la dirección de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, entendieron el nuevo mapa. La expansión paramilitar de finales de los noventa —culminada durante los diálogos del gobierno de Andrés Pastrana entre 1998 y 2002— no fue solo una ofensiva contrainsurgente: fue una operación de captura territorial de zonas cocaleras y de corredores estratégicos. La entrada al Catatumbo en 1999, marcada por la masacre de La Gabarra el 21 de agosto, tuvo como objetivo declarado el centro productor de cocaína de la región. En el sur de Bolívar, entre 1998 y 2000, el área cultivada de coca se triplicó hasta 5.960 hectáreas —su máximo histórico— en simultáneo con la ofensiva paramilitar. Los narcotraficantes adquirieron "franquicias" paramilitares que les permitían montar aparatos armados propios, superar a competidores violentos y proyectarse como actores políticos con silla en las futuras negociaciones con el Estado.

La correlación entre crecimiento de combatientes de las AUC y aumento del área cocalera entre mediados de los noventa y 2002 responde a la retroalimentación de ambos fenómenos sobre una base común: la crisis agraria. La dirección causal opera en ambos sentidos. La crisis produjo la mano de obra; los actores armados produjeron la cadena productiva. Sin la crisis, no habría habido campesinos disponibles para transformar sus fincas a escala masiva. Sin los actores armados, la crisis habría producido probablemente más migración urbana y menos ocupación del territorio por los cultivos ilícitos. La expansión geográfica del conflicto explica dónde se siembra, con un rezago de dos años; la crisis económica explica por qué había campesinos dispuestos a sembrar y tierras dispuestas a acoger la siembra. Son variables complementarias, no alternativas.

Descampesinización, desplazamiento y concentración de la tierra

Un tercer indicador confirma que se está ante un proceso estructural, no ante episodios aislados. El coeficiente de Gini de concentración de la tierra en Colombia pasa de 0,86 en 1970 a 0,905 en 2014 sin territorios étnicos; los predios mayores de 1.000 hectáreas ganan 30,8 puntos porcentuales de participación en el área total. Ese salto —casi cinco centésimas de Gini en cuatro décadas, con la mayor parte del movimiento concentrada entre la apertura y el fin del ciclo paramilitar— no es un dato de fondo: es la huella cuantitativa del proceso que este texto describe. La descapitalización del pequeño productor, la adquisición masiva de tierras devaluadas por narcotraficantes y ganaderos, y el desplazamiento forzado que despejó zonas enteras del Caribe y el Magdalena Medio dejaron su marca en el mismo indicador. En Bolívar, decenas de miles de hectáreas fueron abandonadas y cientos de miles de personas desplazadas durante la ofensiva paramilitar de finales de los noventa y comienzos de los dos mil.

El desplazamiento forzado, en la lógica paramilitar, tenía dos motivaciones: la expansión territorial con fines de control político-militar y el despojo de tierras con fines económicos vinculados a economías extractivas, cultivos ilícitos y comercio. La mecánica se repite en múltiples corregimientos del Caribe y del Magdalena Medio: campesinos asentados durante los años ochenta en playones baldíos o parcelaciones incompletas son desplazados hacia el año 2000 por acciones del Bloque Norte, en contextos de disputa previa con terratenientes ganaderos. La violencia paramilitar no cae sobre un tejido campesino robusto: cae sobre un tejido ya fragilizado por una década de desprotección económica, y remata la transferencia de tierras hacia grandes propietarios ganaderos, palmicultores y narcotraficantes.

El Eje Cafetero merece una nota específica. Hasta comienzos de los noventa sostenía los índices nacionales más bajos de necesidades básicas insatisfechas y una infraestructura social financiada por la capacidad redistributiva del sistema cafetero: escuelas, vías veredales, cooperativas, salud comunitaria. Ese modelo institucional, sostenido por la Federación Nacional de Cafeteros, había amortiguado durante décadas la volatilidad del mercado internacional. La ruptura del pacto de 1989 lo dejó sin base financiera; la crisis de la broca a comienzos de los noventa golpeó la productividad; el terremoto de enero de 1999, con epicentro en Armenia, no causó el derrumbe pero lo aceleró. Los desplazados del Eje Cafetero entre 1991 y 2002 no son víctimas de un desastre natural: son producto de la conjunción de crisis cafetera, apertura, violencia guerrillera, expansión paramilitar y sismo, en un orden causal donde la política económica ocupa el lugar estructural.

La respuesta

La apertura de 1990-91 fue causa estructural —no víctima ni telón de fondo— del auge cocalero de los años noventa. No fue causa única: sin la ruptura previa del Pacto Internacional del Café, sin el abandono estatal histórico del Catatumbo o del Pacífico sur, sin los actores armados que organizaron la cadena productiva, la apertura no habría producido por sí sola la expansión de la coca a escala nacional. Pero tampoco fue víctima ni coincidencia: la simultaneidad del colapso cafetero de 1989 y el desmonte arancelario de 1990-91 destruyó los dos pilares del ingreso campesino legal, y esa destrucción hizo económicamente racional lo que antes había sido marginal.

La coca, en los años noventa, no fue expresión de una patología moral campesina ni de una infiltración externa del narcotráfico sobre comunidades ingenuas. Fue una respuesta racional a un shock de política económica cuya magnitud —cientos de miles de hectáreas legales perdidas, precios cafeteros al productor por debajo del costo, desprotección total de cultivos importables frente a competencia subsidiada— rara vez se lee junto con la historia del conflicto. La cuadruplicación del área cocalera en menos de una década no es una anomalía criminal: es el reflejo especular del desmantelamiento del andamiaje protector de la agricultura campesina.

Esto no exonera a los actores armados. Las FARC-EP y el ELN convirtieron zonas de cultivo en fuentes de renta y territorios controlados; las AUC, entre 1997 y 2002, capturaron corredores y centros productores mediante masacres —La Gabarra, El Salado, el Naya— que dejaron miles de muertos y cientos de miles de desplazados. Entre 1995 y 2004 se registraron miles de víctimas de masacres en Colombia, con los grupos paramilitares como primeros responsables. Estos actores tienen agencia propia, proyectos políticos, alianzas con élites locales y regionales. Pero su agencia opera sobre un terreno que la apertura contribuyó decisivamente a preparar. Analizar narcotráfico y política económica por separado invisibiliza esa relación y produce una imagen incompleta —a veces conveniente— del conflicto.

La responsabilidad estatal en el auge cocalero, entonces, no se limita a la ausencia militar en zonas periféricas ni al fracaso de la sustitución de cultivos. Se extiende al diseño mismo de la política macroeconómica de comienzos de los noventa: al aperturismo indiscriminado sin cláusulas selectivas para la agricultura campesina, al desmonte de garantías de precios sin sustitución institucional, a la ratificación colombiana del abandono del Pacto Cafetero sin negociación de un régimen alternativo, a la subestimación deliberada del choque distributivo que el nuevo modelo produciría en las economías rurales andinas y caribeñas. Un contrafactual de apertura selectiva —con protección diferenciada para cultivos campesinos, mecanismos de estabilización de precios y transición gradual— habría producido, con alta probabilidad, un ciclo cocalero significativamente menor, aunque no nulo.

Lo que queda abierto

El primer flanco atañe a la ponderación fina entre apertura y conflicto armado como causas concurrentes de la expansión municipio por municipio. El conflicto, con rezago de dos años, aparece como la variable espacial dominante; la crisis económica opera en el registro temporal —explica el momento nacional del auge— y no compite con la primera sino que la habilita. Estimar ambos efectos en un mismo modelo sigue siendo una tarea pendiente, y su ausencia ha permitido que cada campo se apropie del fenómeno como si el otro fuera decorativo.

El segundo pertenece a las economías que las estadísticas nacionales nunca capturaron: la pesca artesanal ribereña del Magdalena, del Atrato, de la Ciénaga Grande de Santa Marta, y las agriculturas de patio y minifundio étnico que sostenían amplios sectores del campesinado afrodescendiente e indígena. Mal registradas por las encuestas y ausentes de los balances gremiales, absorbieron el impacto de la apertura sin dejar huella cuantificable. Su descomposición alimentó probablemente la expansión de la coca en el Pacífico y en zonas ribereñas del Caribe, aunque el archivo estadístico no lo devuelve.

El tercero es el más incómodo, y este texto solo puede dejarlo planteado. Si la coca fue respuesta racional a un shock de política pública, la política antidrogas que vino después —erradicación forzada, aspersión aérea con glifosato, criminalización del cultivador, militarización de zonas rurales— aplicó una respuesta represiva a un problema estructural. Su fracaso persistente en revertir el área cocalera durante dos décadas de Plan Colombia y planes sucesores no es una anomalía operativa ni un problema de recursos: es la consecuencia lógica de un diagnóstico equivocado. Erradicar mata de coca en fincas de campesinos empobrecidos por una política macroeconómica anterior no repone el ingreso perdido, no restituye el circuito comercial destruido, no reconstruye la Federación Nacional de Cafeteros ni el sistema de precios administrados de los cultivos transitorios. Reabrir la responsabilidad causal de la apertura obliga, entonces, a reabrir el balance del prohibicionismo colombiano de las últimas tres décadas. Ese balance excede el marco de este artículo, pero queda inscrito en su argumento como pregunta que ya no se puede aplazar.

Entre 1989 y 2002, la Colombia rural sufrió al mismo tiempo un shock de política económica, un colapso de acuerdos internacionales de commodities, una guerra armada que se extendió por dos tercios del territorio y un proceso de captura paramilitar de zonas productivas. Esos cuatro procesos no fueron independientes. Nombrar el auge cocalero como su resultado agregado —y no como patología moral, invasión criminal o accidente histórico— es la única forma de restituir a los cientos de miles de campesinos que hicieron el tránsito de una economía a otra la racionalidad de su decisión, y al Estado colombiano la parte de responsabilidad que le corresponde en haber vuelto esa decisión, para tantos, la única disponible.