Tumaco

La semblanza

Tumaco es un municipio insular y ribereño del departamento de Nariño, en la baja costa aluvial del Pacífico colombiano, esa franja de seiscientos cuarenta kilómetros que corre hacia el sur desde el Cabo Corrientes hasta la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Lo componen tres islas: la mayor, El Morro, alberga el aeropuerto local; las otras dos se conectan entre sí por el viaducto y con tierra firme por un puente único. Esa condición insular, aparentemente pintoresca, es el hecho estructural del municipio: quien controle esas dos infraestructuras controla el flujo de personas y mercancías hacia y desde el continente.

El clima es húmedo, pero menos que el del Pacífico norte, porque una rama de la corriente fría de Humboldt se acerca a la isla Gorgona y templa el régimen de lluvias. El paisaje es de manglar, estero, ríos anchos y lentos —el Mira, el Patía, el Rosario, el Mejicano— por los que se mueve la vida cotidiana de las comunidades negras rurales, en una economía de chagras de plátano, colino, caña y chonta que se cruza con la ciudad como polo de mercado, servicios y trabajo.

Tumaco figura hoy, en las clasificaciones de nodos regionales, junto con Buenaventura y Pasto, como referencia territorial del Pacífico sur. Es a la vez puerto terminal del oleoducto transandino, el mayor productor palmero del Pacífico y uno de los principales centros de embarque de cocaína del país. Esas tres condiciones simultáneas son la clave para entender por qué su historia reciente ha sido tan violenta y por qué su lugar en la conversación nacional es a la vez central y periférico.

Los orígenes: de La Tolita al Formativo tardío

Mucho antes de que existiera Colombia, la ensenada donde hoy se asienta Tumaco fue el extremo norte de una de las tradiciones alfareras más notables del continente. La cultura Tumaco-La Tolita —cuyo nombre reúne el sitio colombiano y el ecuatoriano al otro lado de la frontera— se extendió por esta franja del litoral desde alrededor del año 500 antes de Cristo, aunque los primeros vestigios podrían remontarse a fechas bastante más antiguas.

Sus artesanos produjeron cazuelas de paredes delgadas con soportes mamiformes huecos, vasijas con doble vertedera, con rebordes sublabiales y periféricos ondulados, con soportes altos y puntiagudos, decoradas con baños rojos o carmelitas sobre los que trazaban motivos geométricos incisos. Pero lo que colocó a esta cultura entre las mejores tradiciones del arte prehistórico americano fueron sus figurinas antropomorfas y zoomorfas: rostros de una expresividad extraordinaria, cuerpos deformados por enfermedades reconocibles, animales estilizados. En sitios como el propio Tumaco se han encontrado cientos de fragmentos, probablemente usados y desechados con rapidez en contextos domésticos, lo que sugiere una producción de escala poco frecuente en el mundo prehispánico americano.

Hacia el 300 antes de Cristo, la fase Inguapí marca la transición del Formativo a la Etapa de Desarrollos Regionales, con notables semejanzas con la cultura Chorrera del Ecuador. Ese parentesco ha desplazado, en la lectura arqueológica más reciente, la vieja hipótesis de una influencia mesoamericana directa. Lo esencial es otro punto: la costa de Tumaco no fue una periferia tardía del poblamiento americano, sino un núcleo cultural conectado con la costa ecuatoriana y con los circuitos del Pacífico prehispánico.

La memoria escrita de esos vestigios llegó tarde. Fue el fraile capuchino Juan de Santa Gertrudis, en el siglo XVIII, el primero en dejar descripciones de las piezas arqueológicas de Tumaco y de San Agustín, junto con relatos de costumbres indígenas y de comunidades negras del Pacífico que recogió en Maravillas de la naturaleza. Entre la fase Inguapí y la pluma de Santa Gertrudis median casi dos milenios en los que la ensenada siguió habitada, pero cuya historia escrita apenas se asoma en las crónicas coloniales.

Colonia, esclavitud y la formación de un litoral negro

La incorporación de Tumaco al orden colonial pasó por dos ejes que marcarían su fisonomía posterior: la esclavitud de africanos y africanas, y su condición de puerto en un litoral entendido más como frontera de recursos que como territorio a poblar. La costa Pacífica fue uno de los puntos de anclaje del triángulo atlántico Europa-África-América, esa economía que movía esclavos, productos agrícolas, metales preciosos y manufacturas.

En las tierras bajas del sur, la minería del oro y la hacienda ganadera del valle del Patía se apoyaron en cuadrillas de esclavizados traídos de África. En paralelo, familias afrodescendientes se apropiaron de predios vacíos en los márgenes de las haciendas, formaron pequeñas unidades económicas domésticas —los platanares— y levantaron palenques como espacios de autonomía. En los intersticios del dominio colonial fue tomando forma una sociedad negra ribereña que, hacia el litoral, se organizó alrededor del río: un dispositivo fluvial-ribereño que articula movilidad de proximidad, redes de parentesco, intercambios diarios y, ya en el siglo XX, vínculos densos con la ciudad de Tumaco como polo urbano de referencia.

Esa territorialidad ribereña combina al menos dos escalas: la del río y sus ríos vecinos, donde transcurre la vida cotidiana, y la de Tumaco como cabecera con la que se sostiene un flujo intenso de personas, bienes y servicios. Es una geografía social que la administración colonial no diseñó ni entendió, y que la República tampoco reconoció como territorio propio hasta muy tarde.

Del olvido republicano al siglo XX extractivo

La República heredó del orden colonial una idea del Pacífico como reserva de recursos y no como espacio de ciudadanía. Durante buena parte del siglo XIX, Tumaco fue un puerto menor, aduana secundaria y punto de embarque de productos agrícolas y de la tagua. Figuras del establecimiento nariñense —el jurista y presidente Manuel María Mallarino, oriundo de la región, o después el músico Segundo Luis Moreno— pertenecen a un sur andino que miró siempre más hacia Pasto y Quito que hacia su propia costa. La costa era, en la geografía mental de la República, el revés del país.

Los desastres reforzaron esa idea. El 31 de enero de 1906, un terremoto de magnitud extraordinaria frente a la costa del Ecuador desencadenó el más violento de los tsunamis registrados en el Pacífico colombiano. El patrón de estos eventos es característico: primero el mar se retira más allá de la línea de bajamar corriente, dejando el fondo al descubierto; luego una única ola de gran altura penetra tierra adentro, con energía suficiente para modificar por completo la orilla en zonas bajas. El tsunami de 1906 destruyó la antigua Ciudad Mutis, que se levantaba frente al sitio actual de Tumaco pero más al este; hoy esa zona queda cubierta por el agua. Antes había ocurrido otro evento con probable epicentro al oeste del cabo Manglares en 1868, y otro más cerca de Guapi. La amenaza de un nuevo maremoto sigue siendo real para los tumaqueños, y particularmente los jóvenes se han preguntado en años recientes cómo estaría preparada la comunidad frente a algo semejante.

El siglo XX trajo una sucesión de ciclos extractivos que integraron a Tumaco al mercado nacional sin transformar sus condiciones de vida. El primero significativo fue el maderero. En 1967, una empresa con capitales colombianos, mexicanos, norteamericanos, suecos y puertorriqueños obtuvo la concesión de ciento cuarenta y tres mil hectáreas en el río Mira; en 1969, sumó otras setenta y dos mil en el bajo Patía. La actividad maderera llegó a ser la segunda fuente de empleo del municipio, solo después del sector administrativo. Cortaba maderas finas para la industria del tríplex y funcionaba hasta que el recurso se acabara.

Cuando ocurrió —maderas aptas agotadas, prestaciones sociales impagas—, la empresa cerró y estalló una huelga del sindicato Sinmadera a la que se sumó el sector educativo. Los trabajadores tomaron el aeropuerto La Florida y retuvieron un avión de Satena. Las autoridades respondieron con toque de queda y el gobernador de Nariño nombró un alcalde militar para el municipio. Mientras la empresa produjo, empleó; cuando cerró, dejó al municipio con un pasivo social sin contraparte y con la policía en la calle.

La bonanza del tanino durante la Segunda Guerra Mundial ya había arrastrado a pobladores ribereños fuera de sus chagras hacia la extracción, como el caso documentado de Rafael Valencia y su padre, que abandonaron su comunidad para emplearse en la corta. En los años ochenta llegaron las camaroneras, que junto con madereras y palmeras absorbieron la fuerza laboral de comunidades afrodescendientes sin tierra formalizada. Cada ciclo repitió la ecuación: capital externo, mano de obra local barata, sin instituciones que fijaran la renta al territorio.

El oleoducto, la palma y el corredor hacia el Pacífico

En 1963, la Texas Petroleum Company llegó al Putumayo y estableció sus campamentos cerca de Puerto Asís. La explotación petrolera se concentró en los actuales municipios de Orito, Valle del Guamuez y San Miguel, y desde allí hubo que sacar el crudo. El oleoducto transandino resolvió ese problema: doscientos kilómetros de longitud, dieciséis pulgadas de diámetro, parte de Orito, recoge en las baterías de La Hormiga y San Miguel, atraviesa la cordillera y descarga en el puerto de Tumaco. Desde entonces, la ciudad es el punto por donde el país exporta el petróleo de una de sus regiones productoras, aunque casi nada de esa renta se quede en el municipio.

El corredor Ipiales-Tumaco se convirtió, a lo largo del último medio siglo, en un eje estratégico donde convergieron tres economías: la maderera, la petrolera articulada por el oleoducto y la del monocultivo de palma africana. Hacia el final del siglo XX, Tumaco concentraba el 13,3% del área sembrada en palma en Colombia y aportaba el 11% de la producción nacional de aceite, con un rendimiento promedio de dieciséis toneladas por hectárea. El país era entonces el primer productor palmero de América Latina y el cuarto del mundo. En el marco del Plan Colombia se financiaron proyectos productivos que sembraron mil quinientas hectáreas adicionales, reforzando los intereses empresariales y estatales en la zona.

La palma no llegó al Pacífico sur en tierras despobladas. Ocupó, muchas veces de mala fe, territorios de comunidades negras. El caso paradigmático es el de Palmeiras S.A., propiedad de los hermanos Jorge y Carlos Corredor, que ocupó aproximadamente ochocientas hectáreas del territorio ancestral del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera. La disputa por esas tierras bloqueó temporalmente el proceso de titulación colectiva y terminó, como se verá, en sangre.

Ley 70, consejos comunitarios y la disputa por el territorio

La Constitución de 1991 introdujo un cambio de fondo que la sociedad colombiana no ha terminado de digerir. Su artículo transitorio 55 reconoció el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras que ocupaban tierras baldías en las zonas rurales ribereñas del Pacífico. Ese mandato lo desarrolló la Ley 70 de 1993, que consagró la figura del consejo comunitario como instancia de organización territorial, reconoció prácticas culturales propias y sentó las bases de un régimen de titulación colectiva. En 1995, el Decreto 1745 reglamentó los requisitos y procedimientos para acceder a esos títulos.

La ley cambió el mapa jurídico del Pacífico. Grandes extensiones de la costa, incluyendo cuencas y ríos del municipio de Tumaco, empezaron a titularse a nombre de consejos comunitarios que representaban a las comunidades ancestrales. Pero la Ley 70 no fue reglamentada en su totalidad: solo el capítulo de titulación colectiva quedó plenamente operativo. Las disposiciones sobre desarrollo económico, participación política, protección cultural o consulta previa quedaron a medio camino, condenando a los territorios titulados a ejercer una autonomía formal sin las herramientas institucionales para hacerla efectiva.

En ese vacío, el trabajo de organización comunitaria dependió de figuras que asumieron el riesgo personalmente. La religiosa Yolanda Cerón recorrió las comunidades del Pacífico nariñense durante los años noventa divulgando la Ley 70, capacitando a los pobladores con una cartilla que ella misma escribió y acompañando la conformación de los consejos comunitarios. Su labor fue central para que la letra de la ley se tradujera en organización real; también fue la razón por la que la asesinaron.

Antes, el 15 de febrero de 1997, había sido asesinado Francisco Hurtado, primer representante legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, después de demandar a Palmeiras S.A. por la ocupación de las ochocientas hectáreas del territorio. Sobre su cuerpo dejaron un letrero que no requería interpretación: "Pa que no sigas jodiendo con tu cuento de tu Ley 70". Esa frase, escrita con la intención de intimidar a una comunidad entera, condensa lo que estaba en juego: la titulación colectiva no era una figura decorativa, sino un obstáculo real al modelo palmero-extractivo, y por eso quienes la defendían se convertían en objetivo.

Al mismo tiempo, el movimiento negro nacional atravesaba tensiones internas: algunas organizaciones de base del Pacífico se mostraban reticentes a ceder autonomía a coordinaciones nacionales de sede urbana que percibían como poco representativas de la vida ribereña, lo que dificultaba una proyección política unificada. La Ley 70 fortaleció a los consejos locales y, a la vez, complicó la articulación regional y nacional del movimiento.

Pueblo Awá: la otra territorialidad

Tumaco no es solo un municipio afrodescendiente. En su zona rural, particularmente hacia el piedemonte y la frontera, habita parte del pueblo indígena Awá, un pueblo binacional cuyo territorio se extiende a ambos lados de la línea fronteriza entre Colombia y Ecuador. En Colombia, los Awá se asientan en el sur y occidente de Nariño —Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego y Roberto Payán— y en el Putumayo, en Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón. Su territorio abarca en conjunto alrededor de seiscientas diez mil hectáreas distribuidas entre los dos países.

La condición binacional del pueblo Awá, reconocida por la Defensoría del Pueblo en 2017 junto con otros pueblos como los Inkal, se sostiene en una visión integradora del territorio, el Katsa Su, que trasciende la división política. Esa integridad territorial se ha visto profundamente afectada por la llegada de los cultivos de coca a sus veredas. La expansión de la coca en zonas Awá trajo consigo robos, peleas, muertes y aumento de la delincuencia común en los caminos; la cultura del narcotráfico y la violencia permeó algunas comunidades, afectando el territorio, la cultura y la espiritualidad del pueblo. Se han documentado además restricciones a la libre circulación que impiden actividades tradicionales como la cacería y la pesca, con el efecto acumulado de erosionar los modos de vida propios. El propio pueblo Awá ha señalado que la combinación de acciones militares ineficaces y omisiones en planes integrales de inversión social contribuye a agravar el problema.

La coca, el Plan Colombia y la captura del corredor

Hasta finales del siglo XX, el Pacífico nariñense era un territorio marginal en el mapa nacional del narcotráfico. Los grandes cultivos de coca estaban en el Putumayo y el Caquetá. Eso cambió con el Plan Colombia. Aprobado bajo el gobierno de Andrés Pastrana, el plan puso el centro de sus operaciones en el Putumayo e incluyó, como pieza central, la fumigación aérea con glifosato de los cultivos de coca. La respuesta del narcotráfico fue previsible: trasladar cultivos, laboratorios y personal hacia zonas donde la fumigación no estuviera tan concentrada y donde la geografía ofreciera mejores condiciones.

Tumaco reunía todas esas condiciones. Salida al mar, cercanía a la frontera ecuatoriana, esteros y caños de mangle donde ocultar cargas y laboratorios, ríos navegables, comunidades empobrecidas dispuestas a raspar hoja por un jornal superior al legal. Desde principios del año 2000, el municipio y sus vecinos alojaron la cadena completa del narcotráfico: cultivo, acopio, procesamiento, transporte y embarque hacia el exterior. Llorente, corregimiento rural sobre la carretera hacia Pasto, se convirtió en nodo neurálgico del clúster: allí se instalaron laboratorios y llegaron raspachines provenientes del Putumayo, muchos desplazados por las mismas fumigaciones.

La lógica económica de esa reconversión es difícil de refutar en el terreno. Un jornalero puede ganar entre cincuenta mil y sesenta mil pesos hasta el mediodía trabajando en un cocal, frente a los veinte mil pesos que recibe por una jornada completa —de siete de la mañana a cuatro de la tarde— en cultivos legales. Sin oferta estatal creíble de sustitución y sin inversión productiva sostenida, ese diferencial hizo el resto.

Los actores armados y la disputa por el corredor

La violencia siguió al negocio y, en muchos casos, lo precedió. El ELN había ingresado al corredor Ipiales-Tumaco en los años ochenta, atraído por la explotación maderera y petrolera. En los noventa llegó el Bloque Occidental de las FARC-EP, con el Frente 29 Alfonso Arteaga como punta de lanza, buscando expansión hacia zonas con salida al mar y potencial petrolero y cocalero. En 1999, el Bloque Libertadores del Sur de las Autodefensas Unidas de Colombia, creado por los hermanos Castaño como parte de la expansión de las AUC hacia el sur, entró al Pacífico nariñense a disputar el control de las vías terrestres con salida al mar.

El Bloque Libertadores del Sur combinó violencia contra la población civil, alianzas con sectores empresariales y una pretensión de regulación social propia del proyecto paramilitar. En Tumaco, sin embargo, esa pretensión chocó con algo que no había encontrado en otras regiones: comunidades étnicas organizadas, con sus consejos comunitarios, sus asambleas, sus mecanismos de autoridad y una larga historia de luchas por la autonomía. El bloque logró imponer un dominio militar, pero no lo transformó en dominio político y social efectivo. Ese límite —producto de la organización comunitaria— no impidió que asesinara líderes como Yolanda Cerón, ni que perpetrara, entre 2008 y 2016, junto con otros grupos posdesmovilización, torturas, asesinatos y desapariciones contra personas negras y afrodescendientes LGBTIQ+ en el municipio, en una intersección de violencia racial y de género particularmente cruenta.

La desmovilización del BLS entre 2005 y 2006 no trajo paz. Al contrario: al retirarse la estructura dominante, los corredores del narcotráfico quedaron en disputa entre bandas surgidas del propio proceso de desmovilización o llegadas de otras regiones. Los Rastrojos y las Águilas Negras se enfrentaron por el control del embarque y de los ríos. En 2009 hubo masacres en la carretera Tumaco-Pasto. En 2010, Los Rastrojos entraron a la ciudad, pero en lugar de un control hegemónico terminaron acordando un reparto territorial por sectores con las Águilas Negras.

Los años que siguieron mantuvieron a Tumaco entre los municipios más violentos del país. Las movilizaciones campesinas de 2016 contra la política de erradicación forzosa, que atacaba los cultivos sin desmontar la cadena completa del narcotráfico, expresaron una lectura extendida en el territorio: la erradicación sin sustitución sostenida es una guerra contra el eslabón más débil. Tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016 y la salida del Frente 29 de las armas, el corredor volvió a llenarse de actores: disidencias, ELN, bandas de narcotráfico, grupos con nombres cambiantes. La intensificación del conflicto en la zona fronteriza en los años siguientes al Acuerdo confirmó que la salida de una guerrilla no basta para desactivar una economía criminal enraizada en la geografía y en la ausencia estatal.

Cantar a los muertos: cultura y memoria

Frente a la sucesión de violencias, Tumaco ha sostenido una vida cultural densa. El Carnaval del Fuego, que se celebra la semana anterior al Miércoles de Ceniza, es una de las expresiones culturales mayores del Pacífico colombiano: danzas, desfiles, carrozas, conciertos, una afirmación colectiva de la afrocolombianidad. La ciudad tiene además una historia musical menos evidente pero de largo aliento. Desde finales del siglo XIX circulaban en Tumaco valses, pasillos, mazurcas, danzas y polkas en la vida musical urbana. En 1919, un artesano anunciaba en el pueblo la reparación de fonógrafos y grafófonos, testimonio de una modernidad tecnológica temprana en un municipio que la geografía oficial imaginaba aislado.

Pero es en la relación con los muertos donde la cultura tumaqueña muestra su fuerza más honda. Las cantaoras del municipio han preservado los cantos ancestrales que velan y despiden a los difuntos: los chigualos para los bebés y los veteranos, los alabaos para los viejos. En un territorio marcado por el desplazamiento y la desaparición, ese repertorio funerario se ha convertido en algo más que una tradición: es un mecanismo activo de construcción de memoria colectiva y de resistencia. Las mujeres negras y afrodescendientes del Pacífico, al entonar sus alabaos frente a los seres queridos desaparecidos —a veces sin cuerpo, a veces sin fecha, a veces sin nombre del responsable—, se oponen al olvido.

Esta trama cultural convive con los discursos que estigmatizan a la propia ciudad. Los barrios lacustres de Tumaco, habitados mayoritariamente por población negra, han sido descritos por imaginarios desarrollistas en términos de carencia y marginalidad; las comunidades del municipio son objeto habitual de discursos racistas que las presentan como un problema a resolver más que como un sujeto histórico con proyecto propio. Frente a eso, la cultura afropacífica —los cantos, las prácticas de duelo, los saberes de la chagra y el manglar, la organización comunitaria— funciona como respuesta y cuestionamiento a las nociones dominantes sobre desarrollo y ciudadanía.

La huella: un puerto que interpela al país

Tumaco es hoy, simultáneamente, un puerto petrolero que exporta el crudo del Putumayo, un municipio palmero que produce buena parte del aceite del país, un punto neurálgico del narcotráfico continental y un territorio de titulación colectiva afrodescendiente y de presencia indígena awá. Esas cuatro condiciones no son contradictorias: describen con precisión el tipo de presencia estatal que el litoral ha recibido. Un Estado que llegó con el oleoducto, que financió palma bajo el Plan Colombia, que decretó toque de queda y nombró alcalde militar cuando cerró la maderera, que fumigó con glifosato y militarizó los corredores; pero que no reglamentó completa la Ley 70, no protegió a los líderes que la defendían, no garantizó la titulación frente a la palma, no ofreció alternativas creíbles al jornal cocalero y no aseguró la vida de las comunidades cuando llegaron los paramilitares y sus sucesores.

Esa presencia selectiva y predatoria explica por qué Tumaco se ha convertido, en la conversación pública colombiana, en emblema del abandono del Pacífico, aunque el término abandono diga solo la mitad de la historia. La otra mitad —la que este municipio insiste en escribir— la ponen los consejos comunitarios que titularon miles de hectáreas de bosque y manglar bajo la Ley 70, las cantaoras que sostienen la memoria de los desaparecidos, los líderes asesinados por defender la letra de esa misma ley, las comunidades awá que sostienen su Katsa Su frente a la coca y las restricciones, las movilizaciones campesinas contra la erradicación forzosa, la vida cultural del Carnaval del Fuego. Tumaco no es un lugar donde no pasa nada: es un lugar donde ha pasado demasiado, y donde el país entero, en sus propios silencios, tiene cuentas pendientes.