Confinamientos masivos como modalidad de control territorial en el posacuerdo (2019–2022)

Confinamientos masivos en el posacuerdo colombiano (2019–2022)

Entre enero de 2019 y marzo de 2022, al menos 183.702 personas fueron confinadas por grupos armados en Colombia. La cifra, concentrada en municipios de Cauca, Nariño, Chocó, Putumayo y Catatumbo, describe una modalidad de violencia que no produce cadáveres visibles ni caravanas de desplazados, sino poblaciones inmovilizadas en sus propios territorios: comunidades a las que se les prohíbe salir a pescar, cosechar, contratar jornaleros o comprar víveres sin autorización armada. El confinamiento —restricción del derecho a circular libremente impuesta por un actor armado que domina el territorio— no es una figura nueva en el repertorio del conflicto colombiano, pero en el trienio posterior a la desmovilización de las FARC-EP se convirtió en la técnica dominante de control sobre corredores estratégicos de narcotráfico, minería ilegal y contrabando fronterizo. Su rasgo distintivo, y la razón por la que redefine la geografía de la violencia contemporánea, es la baja visibilidad: mientras el desplazamiento forzado y la masacre generan evidencia que activa respuesta estatal e internacional, el confinamiento produce control territorial sin dejar la huella pública que obligaría a intervenir. El contraste entre las 183.702 personas registradas por Acnur en apenas tres años y las 2.453 víctimas de confinamiento acumuladas por el Registro Único de Víctimas entre 1995 y 2021 dimensiona el alcance del subregistro y la novedad del fenómeno tal como se manifestó en el posacuerdo.

El confinamiento antes del posacuerdo: una modalidad sin nombre propio

El confinamiento no es una invención de 2019. La Comisión de la Verdad documentó 807 hechos de confinamiento a lo largo del conflicto armado, concentrados principalmente entre 1997 y 2005, período que coincide con la expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, los diálogos del Caguán y la implementación del Plan Colombia. Las guerrillas figuran como los principales responsables, seguidas por los paramilitares y la fuerza pública. Aproximadamente el 62 % de esos 807 hechos ocurrió de forma simultánea con otras violaciones —amenazas en un 10 %, desplazamiento forzado en un 5 %, ataques indiscriminados en un 4 %—, lo que revela una pauta que atraviesa toda la historia reciente: el confinamiento rara vez se ejerce solo, y por eso mismo tiende a diluirse dentro de otras categorías estadísticas.

Esa disolución explica su invisibilidad institucional. El Centro Nacional de Memoria Histórica no cuenta en sus bases de datos con un registro del confinamiento como hecho de violencia individualizado: solo aparece consignado como hecho simultáneo con otras infracciones al derecho internacional humanitario. Una modalidad capaz de someter a comunidades enteras durante meses o años queda así subordinada, en el lenguaje del Estado, a la infracción "principal" que la acompaña. Cuando la Corte Constitucional expidió el Auto 073 de 2014 sobre comunidades afrocolombianas del Pacífico nariñense, reconoció que la definición de confinamiento no puede limitarse al control ejercido por actores armados ilegales: factores estructurales como la ausencia de vías, el aislamiento geográfico y el control económico también determinan y agravan la restricción a la movilidad. El auto amplió el concepto más allá de la coerción armada y puso en evidencia un problema conceptual persistente: dónde termina la violencia deliberada y dónde comienza la precariedad estructural que la vuelve posible.

El vacío que dejó la desmovilización

La firma del Acuerdo Final entre el Estado colombiano y las FARC-EP en noviembre de 2016 desmovilizó a la guerrilla más antigua del hemisferio y liberó, casi de inmediato, un mapa de corredores estratégicos que otros actores se apresuraron a ocupar. En municipios donde las FARC-EP habían operado junto a hasta tres actores criminales más, la ocupación por parte de esos otros grupos fue casi instantánea, y para 2018 había zonas ya descontroladas. En municipios donde la guerrilla operaba en solitario, el escenario resultó más manejable, pero el patrón general fue la reconfiguración veloz de las economías ilegales sobre los mismos territorios: cultivos de coca, minería aluvial, extorsión, contrabando.

La Amazonía y el Pacífico ilustran esa transición con nitidez. En Nariño, el Clan del Golfo llegó al Pacífico norte en 2017 mediante una alianza con la disidencia liderada por Gentil Duarte, que se expandía desde el Cauca buscando reintegrar el antiguo Bloque Occidental de las FARC-EP bajo el nombre de Comando Coordinador de Occidente. Esa alianza dio forma a la estructura Cordillera Sur, que funcionó como enlace entre el Clan del Golfo y los grupos posdesmovilización de las FARC-EP y consolidó el control sobre puntos clave de minería ilegal y procesamiento de pasta de coca en la zona del Sanquianga. En el Chocó, la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y el Clan del Golfo dejó comunidades wounaan y embera-katíos confinadas y provocó desplazamientos masivos de comunidades negras e indígenas a lo largo del río Atrato y del San Juan. En la Amazonía, la desmovilización parcial en un contexto de baja capacidad regulatoria del Estado y débil gobernanza ambiental exacerbó la deforestación y la explotación ilegal de recursos, aumentando la magnitud, intensidad y velocidad de esas actividades.

El precedente histórico ya estaba a la vista. Tras la desmovilización paramilitar iniciada en 2003, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA identificó que, en Nariño, Chocó y Putumayo, la población no percibía cambio sustancial en las condiciones de seguridad debido al surgimiento y permanencia de estructuras armadas ilegales con capacidad de intimidación y control territorial. El fenómeno posacuerdo de 2016 replicó, con actores nuevos, la misma dinámica: cuando el Estado no ocupa los territorios abandonados por un actor armado con algo más que puestos militares, la reconfiguración criminal es cuestión de meses. Los 242 municipios donde las FARC-EP habían cruzado presencia armada con economías ilegales configuraron un mapa de riesgo que la política de estabilización, marcada por la desfinanciación gradual del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la lentitud de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, no logró cubrir.

La reconfiguración en cinco departamentos

Entre 2019 y 2022, cinco departamentos concentraron la persistencia del confinamiento, los desplazamientos colectivos y otras graves violaciones de derechos humanos: Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander —el Catatumbo— y Putumayo. En cada uno, la geografía de la violencia respondió a la conjunción de tres variables: un corredor estratégico previamente controlado por las FARC-EP, una economía ilegal consolidada y una disputa entre al menos dos actores armados que se sucedieron o coexistieron con la guerrilla desmovilizada. El mapa que sigue, departamento por departamento, muestra cómo esa fórmula se adaptó a geografías, actores y economías distintas.

En el Cauca, la disputa territorial venía documentada desde antes del acuerdo. En 2014, Los Urabeños —hoy Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo— se enfrentaban a las FARC por el control de Timbiquí, López de Micay y Guapi, tres municipios costeros donde convergen narcotráfico, minería ilegal y extorsión. Ese mismo año, 17 de los 42 municipios caucanos sufrían el impacto de grupos posdesmovilización de las AUC. Tras 2016, el vacío dejado por las FARC-EP en municipios como Argelia, El Tambo y López de Micay fue ocupado por disidencias, el ELN y estructuras vinculadas al Clan del Golfo, con confinamientos recurrentes sobre comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas.

En Nariño, la presión sobre territorios colectivos como el del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, en el municipio de Tumaco, se intensificó a partir de 2002 con la expansión del cultivo de coca y la entrada de la columna Daniel Aldana de las FARC-EP, aunque la presión sobre el territorio venía de los años noventa con la expansión de la palma aceitera. Tras el acuerdo, la llegada del Clan del Golfo en 2017 y su alianza con la disidencia de Gentil Duarte reconfiguró el mapa de Tumaco, Magüí Payán y Roberto Payán. La historia de estas comunidades quedó marcada por el asesinato de líderes, el desplazamiento forzado y el confinamiento como formas concurrentes de despojo territorial.

El Chocó concentró la modalidad más documentada. En el Bajo Atrato, el Alto Baudó y el Litoral del San Juan, los territorios colectivos y resguardos indígenas del Truandó y Domingodó quedaron minados, lo que generó confinamiento y riesgo de desplazamiento gota a gota. El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió entre 2019 y 2021 las alertas 041-19, 030-20, 020-21 y 024-21, advirtiendo sobre confinamiento y riesgo de desplazamiento en la región del San Juan, con mención específica a los consejos comunitarios de Acadesan, Istmina y Medio San Juan-Cocominsa, y al resguardo indígena Unión Wounaan, La Lerma y Macedonia del pueblo Wounaan. La guerra entre el ELN y el Clan del Golfo por el control fluvial del Atrato y del San Juan cerró rutas, prohibió actividades productivas y confinó comunidades enteras dentro de sus propios territorios colectivos.

En Putumayo, la zona fronteriza del bajo Putumayo —Puerto Asís, Puerto Leguízamo— ha sido históricamente escenario de economías extractivas ilegales: siembra de coca, tráfico de insumos y contrabando por la frontera con Ecuador. Esa acumulación explica la confluencia post-2016 de disidencias de las FARC-EP y estructuras herederas del paramilitarismo, con confinamientos que la MAPP/OEA ya había identificado como parte del patrón regional desde el ciclo anterior.

En el Catatumbo, la disputa entre el ELN, las disidencias del EPL —Los Pelusos— y estructuras vinculadas al narcotráfico transfronterizo definió el escenario humanitario del período. En municipios como Tibú, El Tarra y Convención, en la frontera con Venezuela, las denuncias recogieron mecanismos específicos: empadronamientos, restricción de entrada de víveres, toques de queda y disparos indiscriminados. Algunas denuncias fueron atribuidas por sus autores a fuerzas militares; las autoridades las desmintieron y señalaron al ELN y a Los Pelusos. La región concentra cultivos de coca en escala industrial, corredores de tráfico hacia Venezuela y una historia paramilitar previa que el vacío dejado por las FARC-EP reactivó bajo mandos y alianzas nuevas.

Anatomía del confinamiento: cómo se ejerce

El confinamiento se compone de mecanismos concretos que, en conjunto, configuran una tecnología de control territorial. El primero es la restricción física de la circulación mediante retenes ilegales y puntos de control por vías fluviales y de carretera, documentados especialmente en el Bajo Atrato y en los territorios colectivos del Chocó. El segundo es el toque de queda: el actor armado define horarios en los que la población puede o no salir de sus viviendas, y el incumplimiento se sanciona con violencia o con la acusación de ser informante del enemigo.

El tercer mecanismo, y quizá el más letal en el mediano plazo, es la siembra de minas antipersonal. Las guerrillas —y también estructuras posdesmovilización— han utilizado minas para confinar comunidades dentro de sus territorios, forzándolas a moverse únicamente por caminos vigilados que protegen posiciones estratégicas, zonas de cultivo ilícito y campamentos armados. En el pueblo Emberá Katío del Alto Sinú, el confinamiento por minas deterioró condiciones alimentarias que ya venían agravadas por la construcción de la Represa Urrá I, afectando la recolección de plantas medicinales, la cacería, la pesca y el trabajo de siembra y cosecha de maíz y yuca. La mina funciona como frontera invisible: no requiere presencia armada permanente, delega la vigilancia en el miedo y produce confinamiento sin necesidad de sostener retenes.

El cuarto mecanismo es el control del abastecimiento. En varios casos documentados en el Pacífico colombiano, las comunidades vivieron hasta dos años bajo confinamiento con restricciones para salir de compras al pueblo, obligadas a presentar listas detalladas de lo que iban a adquirir bajo amenaza de ser acusadas de dar información a los grupos armados. El argumento de los actores es que el abastecimiento podría servir para pasar información sobre la comunidad; el efecto real es el racionamiento coactivo del consumo civil y la subordinación de la vida cotidiana al permiso armado.

Un quinto mecanismo, particularmente grave, es el bloqueo a la asistencia humanitaria. Los actores armados han expulsado o impedido el acceso de organizaciones como la Cruz Roja y Acción Social a comunidades confinadas, en algunos casos con familias refugiadas dentro de escuelas rurales. En al menos un episodio documentado, esas instituciones debieron abandonar el territorio antes de entregar la ayuda, y los alimentos tuvieron que ser recuperados por los propios líderes comunitarios para su distribución. La expulsión de la ayuda humanitaria completa el cerco: no solo se restringe la salida de la población, también la entrada de terceros que podrían romper la invisibilidad del confinamiento.

Estos mecanismos rara vez operan aislados. El 62 % de los hechos documentados por la Comisión de la Verdad ocurrió simultáneamente con amenazas, desplazamiento forzado, tortura o ataques indiscriminados. En los territorios del posacuerdo, la coexistencia de confinamiento y desplazamiento produjo un fenómeno específico: el desplazamiento gota a gota, salidas individuales escalonadas de personas o familias que se van de a poco a medida que las condiciones humanitarias se deterioran. Ese goteo, que puede terminar vaciando veredas sin producir una caravana visible, es la forma en que el confinamiento se transforma en despoblamiento sin dejar de operar como técnica de baja visibilidad.

Causas: el vacío, la reconfiguración y la invisibilidad

Las causas estructurales del confinamiento posacuerdo se ordenan en tres niveles. En el fondo está la geografía histórica del abandono estatal: los cinco departamentos donde se concentró el fenómeno comparten condiciones de aislamiento, ausencia de vías, baja presencia institucional civil y economías informales o ilegales consolidadas. La Corte Constitucional lo señaló al ampliar el concepto de confinamiento más allá del control armado: la precariedad estructural es condición de posibilidad de la coerción armada, no su contrario. Donde el Estado nunca llegó, o llegó solo con presencia militar, cualquier actor armado puede convertir la ausencia de infraestructura en instrumento de control.

En un nivel intermedio está la reconfiguración armada tras la desmovilización de las FARC-EP. Los 242 municipios donde la guerrilla había combinado presencia armada con economías ilegales quedaron expuestos a la ocupación por otros actores. El Estado, salvo excepciones puntuales, no ocupó esos territorios más que con puestos militares, y la sustitución de cultivos y el desarrollo territorial prometidos por el Acuerdo no llegaron a tiempo ni con la escala necesaria. Se reprodujo, con actores nuevos, el mismo patrón que la MAPP/OEA había identificado tras la desmovilización paramilitar en Nariño, Chocó y Putumayo: nuevas estructuras armadas ligadas a economías ilícitas sin cambio percibido en la seguridad de la población.

En el nivel coyuntural están las disputas específicas entre grupos armados por corredores concretos. La alianza del Clan del Golfo con la disidencia de Gentil Duarte en Nariño desde 2017, la guerra entre ELN y Clan del Golfo en el Chocó, la disputa por el Catatumbo entre ELN, disidencias del EPL y estructuras vinculadas al narcotráfico transfronterizo: cada disputa produjo su propio ciclo de confinamiento, adaptado a la geografía y a la economía ilegal del territorio.

Sobre estas tres causas actúa un factor amplificador: la invisibilidad institucional. Que el Centro Nacional de Memoria Histórica no registre el confinamiento como hecho individualizado, que el Registro Único de Víctimas acumule en 26 años apenas 2.453 víctimas —una fracción de las 183.702 documentadas por Acnur en tres años—, y que los informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo hayan documentado situaciones concretas de confinamiento sin pronunciamiento específico, produce un efecto de retroalimentación: el fenómeno menos visible es también el menos atendido, y esa desatención lo hace más funcional para los actores armados que lo emplean. El confinamiento se vuelve, en la práctica, una técnica óptima precisamente porque el aparato estatal no está preparado para nombrarla ni medirla.

Impacto humanitario: hambre, aislamiento, despoblamiento silencioso

El costo humano del confinamiento se paga en la subsistencia cotidiana. Las restricciones a la movilidad impidieron a las comunidades recoger cosechas, pescar, cazar, intercambiar productos y contratar jornaleros, con pérdidas de cultivos y problemas de comercialización que se tradujeron en hambre y desnutrición. En el Pacífico y en el Bajo Atrato, comunidades enteras vivieron periodos de aislamiento que duraron meses o años. En los territorios colectivos del Chocó, la minería ilegal y las confrontaciones armadas cerraron los ríos que son las vías naturales de abastecimiento. En el Alto Sinú, las minas antipersonal cortaron el acceso a las plantas medicinales y a los espacios de recolección que sostienen la medicina tradicional emberá.

El impacto es diferencial. La mayoría de las 183.702 personas confinadas entre 2019 y 2022 son afrocolombianas, campesinas e indígenas. En comunidades étnicas, el confinamiento no solo restringe el derecho a la libre circulación: afecta la relación con el territorio colectivo, con los ríos, con los sitios sagrados, con las prácticas productivas tradicionales que definen la identidad cultural. Un representante de las comunidades Emberá del Cabildo Mayor Indígena de Chigorodó describió cómo el confinamiento impuso miedo y restricciones que impedían la libre circulación dentro y fuera del resguardo. La modalidad opera, en estos casos, como una forma específica de despojo cultural: sin desplazar físicamente, quiebra el tejido de relaciones que hace del territorio un lugar habitado.

La respuesta institucional ha sido insuficiente cuando no ausente. No existe atención de emergencia con enfoque diferencial para comunidades indígenas en situación de confinamiento y desplazamiento, pese a que la normatividad nacional e internacional lo exige. Los retornos y reubicaciones se realizan sin acompañamiento institucional ni garantías de seguridad. En al menos un caso documentado en la región Pacífica, ante familias confinadas en escuelas durante una crisis humanitaria aguda, la respuesta estatal se limitó a la presencia militar mientras los actores armados bloqueaban la asistencia de Cruz Roja y Acción Social. El informe de riesgo emitido por la Defensoría en ese caso no hizo pronunciamiento específico sobre el confinamiento en curso.

Consecuencias: una guerra menos visible, un Estado desconcertado

La primera consecuencia del confinamiento como modalidad dominante del posacuerdo es geográfica: redibuja el mapa de la violencia colombiana. Los indicadores tradicionales —homicidios, masacres, desplazamiento forzado— pueden mejorar en un territorio mientras el confinamiento se intensifica, produciendo una paradoja estadística en la que la seguridad "mejora" mientras las comunidades pierden efectivamente el control de sus vidas. Esa paradoja fue especialmente visible durante el gobierno de Iván Duque Márquez, cuyos indicadores de seguridad no capturaron la magnitud del fenómeno documentado por Acnur y por la Defensoría del Pueblo, entonces bajo la dirección de Carlos Camargo Assis.

La segunda consecuencia es conceptual. El posacuerdo no clausuró la guerra: la volvió menos visible. La firma del Acuerdo Final produjo una expectativa razonable de reducción de la violencia, y en algunos indicadores efectivamente la produjo. Pero en los territorios donde las economías ilegales sobrevivieron a la desmovilización, la violencia mutó hacia formas que el aparato de medición estatal no estaba diseñado para captar. El confinamiento es la modalidad emblemática de esa mutación: produce control sin producir muertos, restringe derechos sin generar caravanas, y por tanto puede sostenerse durante años en el mismo territorio sin activar la alarma pública que otros hechos —una masacre, un desplazamiento masivo súbito— dispararían de inmediato.

La tercera consecuencia es política. Los operadores del confinamiento en el período fueron actores diversos: el Clan del Golfo bajo el mando de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, capturado en octubre de 2021 y extraditado en 2022 sin que la estructura se desarticulara; el ELN, entonces bajo el mando de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; las disidencias de las FARC-EP asociadas a figuras como Iván Márquez y a los distintos frentes que rechazaron el Acuerdo; estructuras posdesmovilización menores adaptadas a las economías locales. La diversidad de actores y la fragmentación de los mandos hicieron especialmente difícil cualquier estrategia estatal de negociación o de sometimiento, y contribuyeron a que el confinamiento se sostuviera como modalidad transversal a distintas identidades armadas.

La cuarta consecuencia afecta al propio archivo de la violencia colombiana en el mediano y largo plazo. Si el CNMH no registra el confinamiento como hecho individualizado, si el RUV lo subregistra en dos órdenes de magnitud, si los informes de riesgo lo documentan sin activar respuesta, entonces el archivo de este período quedará estructuralmente incompleto. Las 183.702 personas registradas por Acnur son, muy probablemente, un piso: el subregistro sistemático que las propias fuentes reconocen sugiere que el número real es mayor.

Por qué importa

El confinamiento masivo de 2019–2022 obliga a repensar tres cosas: cómo se mide la violencia, cómo se ocupan los territorios tras un acuerdo de paz y quiénes son las víctimas preferentes de la guerra que sobrevive al acuerdo.

Los indicadores heredados de la guerra clásica —muertes, masacres, desplazamiento— dejaron de captar lo que ocurre en los territorios. Evaluar honestamente el posacuerdo exige categorías nuevas capaces de nombrar el control armado invisible. La experiencia acumulada desde la desmovilización paramilitar hasta la de las FARC-EP muestra que un acuerdo de paz sin ocupación civil efectiva del territorio abandonado produce reconfiguración criminal casi inmediata, y que la presencia militar aislada no sustituye la presencia estatal integral. Que la mayoría de las 183.702 personas confinadas sean afrocolombianas, campesinas e indígenas de territorios colectivos del Pacífico y del Catatumbo evidencia que la violencia posacuerdo se ejerce preferentemente sobre poblaciones cuya relación con el territorio colectivo las hace especialmente vulnerables al control armado, y cuya invisibilidad institucional reproduce la exclusión histórica del Estado colombiano frente a sus propios ciudadanos.

Nombrar el confinamiento no es un asunto lingüístico. Es la condición para combatir una modalidad que prospera exactamente donde el Estado no tiene palabras. Los actores que se repartieron los corredores dejados por las FARC-EP entendieron antes que el aparato estatal que inmovilizar a una población produce, en el balance del posacuerdo, más control con menos costo que masacrarla o desplazarla a la vista de todos. Por eso el trienio 2019–2022 no cabe en las categorías con las que Colombia venía nombrando su propia guerra: no porque la guerra sea otra, sino porque la técnica dominante encontró el hueco preciso entre las palabras disponibles y se instaló allí.