Sentencia STC 4360 de 2018: la Amazonía como sujeto de derechos

Sentencia STC 4360 de 2018

El 5 de abril de 2018, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia profirió la sentencia STC 4360, mediante la cual reconoció a la Amazonía colombiana como sujeto de derechos y ordenó al Gobierno Nacional, a los gobernadores de los departamentos amazónicos, a los alcaldes de sus municipios y a las autoridades ambientales formular planes de acción para detener la deforestación y proteger a las generaciones futuras. La decisión resolvió una acción de tutela interpuesta por veinticinco niños, niñas, adolescentes y jóvenes de distintas regiones del país, quienes alegaron que el aumento acelerado de la deforestación amazónica tras la firma del Acuerdo de Paz vulneraba sus derechos fundamentales a la vida, la salud, el mínimo vital, la libertad y la dignidad humana, así como los derechos al ambiente sano de las generaciones venideras. La sentencia extendió a un bioma completo la doctrina ecocéntrica que la Corte Constitucional había estrenado apenas dos años antes con el río Atrato, y convirtió a Colombia en referente latinoamericano del litigio climático. Su gestación, su contenido y su implementación posterior son inseparables de un hecho de fondo: la incapacidad del Estado colombiano para gobernar el vacío territorial dejado por la desmovilización de las FARC-EP en la selva.

La Amazonía después de la paz

El Acuerdo Final entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP se firmó en Cartagena el 26 de septiembre de 2016, fue rechazado en el plebiscito del 2 de octubre y, tras renegociaciones, se refrendó por el Congreso en noviembre de ese año. La desmovilización efectiva de la guerrilla, concluida en su mayor parte durante 2017, produjo un efecto ambiental que ninguno de los negociadores de La Habana había anticipado con la nitidez que exigía: la retirada de las FARC de amplias franjas amazónicas retiró también la forma de gobernanza territorial —violenta, autoritaria, pero eficaz en el control del uso del suelo— que las estructuras insurgentes ejercían sobre la frontera de la selva.

Durante décadas, en departamentos como Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, las FARC habían regulado la tala, la apertura de potreros, el trazado de caminos y la circulación de colonos. No lo hacían por convicción conservacionista, sino por lógica militar: el bosque cerrado era refugio y ventaja táctica. Su retirada dejó al descubierto un territorio sin autoridad efectiva. La baja capacidad de regulación estatal y la débil gobernanza ambiental preexistentes se transformaron en un problema de otra magnitud. Al vacío entraron, casi de inmediato, una red compleja de actores: disidencias armadas, financiadores ocultos de la ganadería extensiva, acaparadores de tierra, madereros, cultivadores de coca y, no pocas veces, funcionarios corruptos que agilizaban trámites o miraban a otro lado.

Las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales confirmaron pronto la sospecha. La deforestación nacional, que rondaba las 124.000 hectáreas anuales antes del acuerdo, saltó a 178.597 hectáreas en 2016 y a 219.973 en 2017. La Amazonía concentró más del 60% del bosque destruido en el país. En municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare y La Macarena, el retroceso de la selva se hizo visible incluso desde imágenes satelitales de resolución media, con el contraste entre el verde oscuro del bosque y el verde claro de los potreros recién abiertos que caracteriza el arco de deforestación amazónico.

El diagnóstico, recogido después en informes como Un Clima Peligroso de la Fundación Ideas para la Paz, WWF y Adelphi, era que el problema no consistía en una simple desregulación pasiva. Se trataba de una economía política activa: una red de grupos armados ilegales, actores privados y funcionarios que aprovechaba el vacío de poder para ampliar sus actividades y aumentar la magnitud, la intensidad y la velocidad de la explotación de recursos. La deforestación posacuerdo no era descuido; era negocio.

Un litigio construido por jóvenes

En este contexto, la organización Dejusticia diseñó durante 2017 una estrategia de litigio de alto impacto, en línea con lo que en otros países empezaba a llamarse litigio climático. La apuesta consistía en llevar ante la justicia una acción de tutela cuyos accionantes no fueran comunidades indígenas o campesinas —las víctimas territoriales evidentes—, sino niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 7 y 25 años, provenientes de diecisiete municipios ubicados en las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático, incluidas ciudades andinas y localidades costeras. La elección no fue estética. Se sostenía en una tesis jurídica precisa: si el bosque amazónico sigue destruyéndose al ritmo posacuerdo, la crisis climática que enfrentarán quienes tengan menos de treinta años en 2041 —cuando algunos accionantes proyectaban su vida adulta plena— vulnerará derechos fundamentales que hoy la Constitución promete.

La demanda se interpuso a comienzos de 2018 e invocó los derechos a la vida, la salud, el ambiente sano, el agua y la alimentación, junto al principio de solidaridad intergeneracional. El Tribunal Superior de Bogotá, en primera instancia, negó la tutela por considerarla improcedente: no era, dijo, el mecanismo idóneo para tramitar una discusión de política pública ambiental. Los accionantes impugnaron y el caso llegó a la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en función de segunda instancia de tutela.

El 5 de abril de 2018, con ponencia del magistrado Luis Armando Tolosa Villabona, la Sala revocó la decisión del tribunal y concedió el amparo. Lo hizo con un fallo de cerca de cincuenta páginas en el que combinó dogmática constitucional, ciencia climática, referencias al Papa Francisco y a la encíclica Laudato Si', y una toma de posición filosófica poco frecuente en la jurisprudencia colombiana.

El contenido de la STC 4360

La sentencia contiene tres movimientos doctrinales que conviene distinguir. El primero es el reconocimiento explícito de la Amazonía colombiana como entidad sujeto de derechos, titular de la protección, de la conservación, mantenimiento y restauración. La Corte extendió al bioma amazónico el enfoque ecocéntrico que la Corte Constitucional había inaugurado en la sentencia T-622 de 2016 respecto del río Atrato. El desplazamiento no era menor: el Atrato es un curso de agua con comunidades bioculturales identificables; la Amazonía es un ecosistema de proporciones continentales cuya biocultura no puede resumirse en un solo pueblo ni en una sola cuenca. Al declarar sujeto de derechos a la Amazonía entera, la Corte Suprema convirtió el ecocentrismo constitucional en una categoría aplicable a escalas mayores y más difusas.

El segundo movimiento es la introducción de la solidaridad intergeneracional como fundamento jurídico operativo. La sentencia estableció que los derechos ambientales no pertenecen únicamente a quienes hoy pueden reclamarlos, sino también a las generaciones futuras, que serán las principales afectadas por la deforestación y el cambio climático. Esta figura, que hasta entonces circulaba en la doctrina y en instrumentos internacionales blandos, adquirió en el fallo colombiano una traducción concreta: los veinticinco accionantes tenían legitimación no solo para hablar por sí mismos, sino para invocar el interés de los aún no nacidos.

El tercer movimiento fue el más audaz institucionalmente: la Corte no se limitó a declarar derechos, sino que emitió órdenes concretas de política pública. Fijó plazos —cuatro meses, cinco meses— y destinatarios múltiples. Ordenó a la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y al Ministerio de Agricultura formular un plan de acción de corto, mediano y largo plazo para contrarrestar la tasa de deforestación en la Amazonía y hacer frente a los efectos del cambio climático. Ordenó a los municipios amazónicos actualizar sus Planes de Ordenamiento Territorial con acciones concretas de reducción de la deforestación. Ordenó a las Corporaciones Autónomas Regionales elaborar planes de acción específicos. Y ordenó, sobre todo, construir un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano (PIVAC), con participación de los accionantes, las comunidades afectadas, la población interesada y organizaciones científicas.

En términos formales, la sentencia se ubicó en la tradición de lo que la Corte Constitucional colombiana había llamado litigio estructural desde la T-025 de 2004 sobre desplazamiento forzado: una decisión judicial cuyo alcance excede al accionante individual, ordena reformas de política pública y establece mecanismos de seguimiento. La diferencia era que ahora el sujeto colectivo protegido no era la población desplazada, sino un bioma y las generaciones futuras.

La arquitectura que la hizo posible

La STC 4360 no salió de la nada. Es el producto lógico de una arquitectura constitucional específica, la de 1991, que había venido acumulando durante veintisiete años una serie de dispositivos y una cultura jurídica sin los cuales el fallo habría sido impensable.

La Constitución Política de Colombia de 1991 configuró un entramado de acciones —tutela, acciones populares, derecho de petición, acciones de grupo— que puso en manos ciudadanas cerca de una decena de instrumentos para reclamar judicialmente derechos como la salud, la educación, la vida digna, la seguridad social y el ambiente sano. La tutela, en particular, fue concebida como el procedimiento expedito más importante para la protección de derechos fundamentales. La Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, ambas creaciones del texto de 1991, fueron diseñadas como garantes de esa efectividad, con un énfasis explícito en derechos colectivos y en el derecho a un ambiente sano.

La maleabilidad del sistema no vino, sin embargo, de reformas explícitas al articulado. Vino del trabajo interpretativo de las cortes. La rama judicial fue el espacio donde la Constitución de 1991 creció, ajustó políticas públicas insuficientes o contrarias al mandato constitucional e impuso reformas que impactaban la asignación de recursos y el ejercicio de gobierno. Ese activismo tenía una lógica de fondo: la necesidad de que ciudadanos acudieran ante jueces para satisfacer derechos ya reconocidos en la Carta reflejaba la ausencia de un Estado de bienestar que los aplicara administrativamente. Cada tutela ganada era, al mismo tiempo, una victoria y un síntoma.

En este marco, la sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional sobre el río Atrato marcó un giro. Al reconocer al río como sujeto de derechos, la Corte adoptó explícitamente un enfoque ecocéntrico —distinto tanto del antropocéntrico tradicional como del biocéntrico— que desafiaba los fundamentos epistémicos y ontológicos de la doctrina clásica de derechos humanos, e incorporó además la categoría de derechos bioculturales. Ese giro habilitó lo que dos años después haría la Corte Suprema con la Amazonía. La STC 4360 no fue una anomalía activista, sino una extensión previsible del constitucionalismo ecológico que ya circulaba por la jurisprudencia colombiana.

Colonización, coca y frontera: lo que la sentencia intentaba detener

Para calibrar el peso de la STC 4360 conviene recordar qué estaba tratando de contener. La deforestación amazónica posacuerdo no era un fenómeno nuevo, sino la aceleración de un proceso de largo plazo iniciado a finales del siglo XIX y determinado por dinámicas estructurales de violencia, pobreza rural extrema y concentración de tierras.

La colonización armada del piedemonte amazónico tuvo raíces en la violencia política de mediados del siglo XX. Campesinos expulsados por el Ejército en 1953 abrieron camino desde el Caquetá hasta la Sierra de La Macarena. Otros, organizados por el Partido Comunista, abrieron nuevos frentes mediante columnas de marcha. Entre 1977 y 1987, la introducción del cultivo de coca generó una segunda gran oleada en Caquetá, Putumayo y Guaviare, y atrajo migrantes de todo el país. Entre 1980 y 1990 se consolidaron nuevos frentes a orillas del río Pescado en San José de Fragua y Albania, del río Hacha en Solano, entre Balsillas y San Juan del Losada en San Vicente del Caguán, y en los Llanos del Yarí. En la intersección de las cuencas del Losada, el Tunia y el Yarí surgieron los caseríos La Machaca, Delicias, San Francisco de la Sombra, Playa Rica y Morrocoy, que después se afianzarían con la apertura de la carretera entre San Vicente del Caguán y La Macarena durante la zona de distensión de finales de los noventa.

El patrón se repetía. Un colono pionero deforestaba, obtenía una posesión precaria que raramente se consolidaba en título de propiedad, sostenía el predio unos años y terminaba vendiendo mejoras y derechos a actores más poderosos. La frontera avanzaba selva adentro. Grandes zonas del piedemonte quedaban convertidas en potreros. La inseguridad jurídica sobre la tenencia funcionaba como mecanismo de despojo: los colonos eran desplazados de los mejores suelos por hacendados, comerciantes o financiadores urbanos que consolidaban propiedades a costa del trabajo de apertura ajeno.

Sobre esta arquitectura histórica, el posacuerdo agregó nuevos aceleradores. Con la salida de las FARC, la ganadería extensiva se expandió como principal motor directo de la deforestación, seguida por la apertura de vías ilegales, el acaparamiento especulativo de tierra, los cultivos ilícitos que se desplazaron a nuevas zonas tras las fallas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la minería y la extracción maderera. El PNIS había incorporado a más de 100.000 familias cocaleras, pero su implementación fue gravemente deficiente: en el Catatumbo y en la Amazonía las comunidades arrancaron sus cultivos con confianza y enfrentaron incumplimientos sistemáticos del Estado, con proyectos productivos alternativos que no se materializaban en los plazos prometidos.

La STC 4360, cuando ordenó al Gobierno formular planes de acción, apuntaba a un tejido de causas que ninguna sentencia podía desatar por sí sola: la Amazonía deforestada era resultado simultáneo de historia larga, de una guerra que terminaba y de una paz cuya implementación se estaba haciendo mal.

El fallo bajo el gobierno Duque

Cuando la STC 4360 se profirió en abril de 2018, Colombia estaba en plena campaña presidencial. Iván Duque, del Centro Democrático, había construido su plataforma sobre la promesa de hacer trizas o modificar sustancialmente el Acuerdo de Paz. Ganó en segunda vuelta y asumió el 7 de agosto de 2018. Desde el ejecutivo intentó socavar la implementación del acuerdo, aunque fue parcialmente frenado por el legislativo, el judicial y sectores prodefensa del proceso. Ricardo Lozano, geólogo, asumió como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Al gobierno Duque le tocó ejecutar una sentencia que le imponía obligaciones incómodas en dos frentes: primero, reconocer la gravedad de la deforestación posacuerdo, es decir, admitir que la salida de las FARC había producido un efecto ambiental adverso, cosa que la narrativa oficial prefería no destacar; segundo, formular planes de acción intergeneracionales que necesariamente implicaban continuidad con las políticas ambientales del santismo.

El cumplimiento fue, en la práctica, incompleto y burocrático. El Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano se formuló como documento, pero su ejecución quedó atrapada entre la formalidad de reuniones interministeriales y la ausencia de recursos y de mecanismos coercitivos. Los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios amazónicos no se actualizaron con la profundidad exigida. Las Corporaciones Autónomas Regionales operaron con las limitaciones estructurales que las habían caracterizado: multiplicidad de actores, jurisdicciones fragmentadas, capacidad institucional desigual y presiones locales que en ciertos casos las cooptaban.

La deforestación, mientras tanto, no cedió. En 2020 se registraron 171.685 hectáreas perdidas y en 2021 la cifra volvió a subir a 174.103, con una concentración persistente en el arco amazónico. La operación Artemisa, con la que el Ministerio de Defensa desplegó Fuerza Pública en áreas protegidas para capturar deforestadores, produjo detenciones de campesinos pobres —el eslabón más débil de la cadena— sin desmantelar las redes de financiación y acaparamiento que operaban detrás. En algunos casos agravó los conflictos socioambientales al criminalizar a colonos sin ofrecer alternativas productivas.

En 2019, los incendios en la Amazonía brasileña y en la colombiana intensificaron el llamado internacional a proteger la región. El Pacto de Leticia por la Amazonía, firmado en septiembre de ese año por Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surinam, se sumó al Tratado de Cooperación Amazónica suscrito en 1978, del que había surgido la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Colombia, además, ejecutaba el programa REM Visión Amazonía, financiado por Alemania, Noruega y el Reino Unido, orientado a la reducción de emisiones por deforestación. El régimen de cooperación internacional se acumulaba sin que la curva de pérdida forestal cediera.

Los incendios de 2022 y el límite de las sentencias

A finales de 2021 y durante los primeros meses de 2022, la Amazonía colombiana ardió con una intensidad especial. Los incendios afectaron sobre todo a los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá. Los expertos señalaron que la escala del fuego no se explicaba principalmente por la estación seca, sino por la cantidad de árboles talados durante finales de 2021: la biomasa acumulada, seca sobre el suelo, se convirtió en combustible. Los incendios, dijeron, tenían origen en manos criminales que aprovechaban la coincidencia entre tala masiva y transición climática estacional. La contaminación atmosférica llegó a generar alertas ambientales incluso en ciudades andinas como Bogotá.

El episodio confirmó, con claridad amarga, uno de los límites de la STC 4360. La sentencia había ordenado planes de acción, pero no podía sustituir la ausencia de una autoridad estatal capaz de operar en el territorio contra actores armados y económicos que actuaban con lógica de red criminal. La orden judicial funcionaba en un plano de política pública, mientras la deforestación ocurría en un plano de economía política ilegal. Entre ambos había una distancia que ninguna providencia podía salvar por sí sola.

El diagnóstico de fondo, articulado por diversos informes de la Fundación Ideas para la Paz, WWF y Adelphi, era claro: no bastaba con reconocer derechos ni con formular planes. Se requería intervenir la red de grupos armados, actores privados y funcionarios corruptos que había capitalizado el vacío de poder. Eso implicaba capacidad estatal de investigación, persecución financiera, ordenamiento territorial efectivo, política agraria sustantiva y presencia estatal integral. Ninguna de estas dimensiones era competencia de la Corte Suprema.

El giro con Petro y la persistencia del problema

En agosto de 2022 asumió la Presidencia Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en la historia moderna de Colombia, con Susana Muhamad como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Petro convirtió la protección de la Amazonía en un eje discursivo central de su gobierno, tanto en foros internacionales —donde propuso canjes de deuda por acción climática y una alianza amazónica ambiciosa— como en política interna.

Las cifras de deforestación mostraron un descenso significativo en 2022 y 2023. Según los reportes oficiales, la pérdida forestal en la Amazonía colombiana cayó en torno al 25% en 2022 y volvió a reducirse en 2023, con mínimos históricos recientes. Diversos análisis atribuyeron la caída a una combinación de factores: la política ambiental del nuevo gobierno, ciertos acuerdos con disidencias armadas —incluidas conversaciones con el Estado Mayor Central de la antigua FARC-EP— que habrían generado moratorias temporales sobre la deforestación, condiciones climáticas específicas y una desaceleración del ciclo especulativo de tierras.

La sostenibilidad de esa reducción quedó rápidamente cuestionada. La ruptura de los diálogos con disidencias, las tensiones internas del gobierno y la persistencia de las causas estructurales —concentración de tierra, ganadería extensiva, vías ilegales, cultivos de uso ilícito, minería— mostraron que las caídas coyunturales podían revertirse. Los repuntes registrados hacia 2024 en zonas como el Guaviare y el Yarí confirmaron el diagnóstico.

Mientras tanto, el seguimiento a la STC 4360 continuó siendo objeto de tensiones. Los accionantes originales, hoy en su mayoría adultos jóvenes, junto con Dejusticia, presentaron reiterados informes sobre incumplimiento de las órdenes judiciales. La juez de seguimiento constató avances parciales pero insuficientes. Rodrigo Londoño, exjefe máximo de las FARC bajo el alias de Timochenko y hoy dirigente del partido Comunes, apeló públicamente en diversas ocasiones a la responsabilidad compartida sobre la Amazonía, en un contexto en que la conexión entre desmovilización guerrillera y deforestación era objeto de debate no solo académico sino político.

Lo que la sentencia dice de Colombia

La STC 4360 sobrevive como pieza jurídica y como espejo institucional. Como pieza jurídica, consolidó tres innovaciones que hoy circulan en el derecho ambiental latinoamericano: la extensión del ecocentrismo a biomas completos, la representación intergeneracional como categoría operativa y el uso de la tutela para ordenar políticas públicas ambientales estructurales. La sentencia sobre el Atrato de 2016 había abierto la puerta; la de la Amazonía de 2018 la dejó de par en par. Cuando en 2022 y 2023 tribunales de Perú, Ecuador y Brasil comenzaron a discutir figuras análogas, la jurisprudencia colombiana ya estaba en el horizonte de referencia.

Como espejo institucional, la sentencia dice cosas menos celebratorias. Que un tribunal haya tenido que declarar sujeto de derechos a la mayor selva del país, ordenar planes de acción, fijar plazos y convocar pactos intergeneracionales significa que el Ejecutivo no estaba gobernando la Amazonía en los años críticos de la implementación del Acuerdo de Paz. La Corte legisló ecológicamente donde el Estado no legislaba, y veinticinco jóvenes urbanos suplantaron —jurídicamente— a las comunidades indígenas y campesinas amazónicas cuya representación política era estructuralmente débil. Esa sustitución tiene virtudes: convierte una crisis distante en asunto exigible ante los jueces. Pero también tiene sombras: desplaza a los sujetos bioculturales del territorio como accionantes primarios y consagra un modelo en el que la protección ambiental depende del litigio individual antes que de una política estatal robusta.

El mensaje de fondo de la sentencia, y de la tradición jurisprudencial en la que se inscribe, no fue prohibir el desarrollo, sino impedir que se produjera a cualquier precio. Ese mensaje sigue vigente y sigue en disputa. La Amazonía colombiana, sujeto de derechos desde 2018, continúa siendo un territorio donde la ganadería extensiva avanza, donde grupos armados regulan la tala, donde caminos ilegales abren claros nuevos cada año y donde el humo de los incendios de la estación seca cubre pueblos y ciudades. La STC 4360 no resolvió nada de eso; nombró el problema con precisión jurídica y colocó al Estado, a los tribunales y a los ciudadanos futuros ante una obligación permanente. En un país cuya arquitectura constitucional de 1991 delegó en los jueces la tarea de recordarle al Estado sus promesas, la sentencia es a la vez un logro y un síntoma. Colombia sigue defendiendo su selva, cada año, en los estrados; a veces gana, a veces pierde, y siempre revela que la gobernanza territorial que la paz de 2016 no supo construir todavía está por hacerse.