El Posconflicto colombiano

El Posconflicto colombiano (2016–presente)

La tarde del 24 de noviembre de 2016, bajo los frescos del Teatro Colón de Bogotá, un hombre de sesenta y cinco años vestido de traje oscuro rubricó un texto de trescientas diez páginas junto a un guerrillero cuyo nombre de combate llevaba cargando desde los veinte años. Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firmaron el Acuerdo Final renegociado con un bolígrafo hecho de casquillos de bala fundidos. Afuera, sobre la carrera séptima, dos manifestaciones simultáneas se ignoraban entre pancartas: una celebraba, la otra prometía tumbar en el Congreso lo que se estaba firmando adentro. Ese acto cerró una guerra de más de medio siglo con la insurgencia más antigua del continente y abrió, en el mismo movimiento, un período nuevo: el posconflicto, entendido no como paz consumada sino como un campo de disputa donde una arquitectura institucional inédita —Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda, Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, sustitución voluntaria de cultivos, curules para excombatientes— convive con una violencia territorial recompuesta, una polarización política estructurada en torno al eje justicia-impunidad y unas causas estructurales del conflicto —informalidad de la tierra, economías ilegales, presencia estatal precaria— que ningún acuerdo por sí solo podía resolver. Casi una década después, el balance del período no admite lecturas simples: hay avances medibles, retrocesos deliberados y una violencia residual que revela hasta dónde llegaba, y hasta dónde no llegaba, lo pactado en La Habana.

Una paz firmada dos veces

El posconflicto colombiano nació herido. El 2 de octubre de 2016, el gobierno de Juan Manuel Santos sometió el Acuerdo Final a un plebiscito con una pregunta directa —"¿Apoya usted el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?"— y una regla de umbral aprobatorio superior al 13% del censo electoral, equivalente a un mínimo de 4.536.992 votos por el Sí. Todas las encuestadoras anticipaban una victoria holgada. Ganó el No, para sorpresa de defensores y opositores por igual. En el Eje cafetero el rechazo fue especialmente contundente: 60,13% en Quindío, 57,9% en Caldas y 55,69% en Risaralda votaron en contra. Ese domingo, votantes que habían salido convencidos de refrendar un texto lo vieron caer por un margen mínimo y bajo una lluvia torrencial que la memoria colectiva convirtió pronto en símbolo del malentendido entre Bogotá y el país profundo. Los coordinadores de campaña del Sí, reunidos esa noche en un hotel del norte de Bogotá, tardaron horas en entender lo que las pantallas les mostraban: no habían perdido en las selvas del Guaviare ni en los caseríos del Pacífico, donde el conflicto se había cebado con más fuerza; habían perdido en las capitales departamentales del centro andino, donde la guerra existía sobre todo como noticiero.

Días antes, entre el 17 y el 23 de septiembre de 2016, las FARC-EP habían refrendado internamente el mismo texto en su X Conferencia Nacional Guerrillera, celebrada en los Llanos del Yarí. Bajo carpas montadas en potreros que la selva rodeaba, delegados llegados a caballo o en canoa habían levantado la mano por un acuerdo que renunciaba a la lucha armada. La asimetría con lo que vendría era brutal: la guerrilla ya había dicho sí; la ciudadanía dijo no. El gobierno abrió entonces una fase de renegociación con los voceros del No —liderados por partidos afines a Álvaro Uribe Vélez, grupos rurales empresariales, sectores religiosos y organizaciones conservadoras y antisubversivas— cuyo argumento central era que el Acuerdo propiciaba impunidad y que la justicia, entendida como cárcel en establecimientos penitenciarios estatales, era precondición innegociable de la paz. Un nuevo texto, modificado a la luz del rechazo ciudadano, se firmó a fines de 2016 en el Teatro Colón, con el propio Santos ya laureado con el Nobel de Paz y en un acto cuya solemnidad contrastó con las calles bogotanas partidas entre quienes celebraban y quienes marchaban contra la firma. El plebiscito, en rigor, tenía significación política más que jurídica: su resultado positivo solo habría vinculado al gobierno a iniciar la implementación. Convocarlo fue un error, porque sometió el acuerdo a un riesgo innecesario cuando existían otras vías de ratificación.

Ese doble nacimiento —firmado, rechazado, renegociado, refirmado— marcó todo lo que vendría. La legitimidad del texto quedó en disputa desde el primer día, y el posconflicto se convirtió en un período en el que la implementación misma sería objeto de reinterpretación permanente por parte de quienes habían perdido en la mesa lo que buscarían ganar en el Congreso, en las cortes y en el territorio. La paz, en Colombia, dejó de ser un horizonte compartido para volverse una disputa por las palabras: qué es justicia, qué es víctima, qué es reincorporación, quién puede hacer política después de haber empuñado un fusil.

Arquitectura, territorio, polarización

Tres fuerzas estructuran el período. La primera es la arquitectura institucional del propio Acuerdo. El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición articuló la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en un modelo de justicia transicional sin precedentes en Colombia. La JEP definió un régimen sancionatorio con penas de entre quince y veinte años de prisión para quienes no confesaran crímenes que les fueran demostrados, presentado como régimen especial acordado para lograr la paz y no como impunidad. El acuerdo incorporó además un tratamiento diferenciado para miembros de la Fuerza Pública, buscando que su situación jurídica fuera comparable a la de los excombatientes de las FARC-EP; Santos defendió esa simetría como forma de evitar que agentes del Estado quedaran en peor situación que los desmovilizados guerrilleros de procesos anteriores. En paralelo se crearon veinticuatro Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), se pactaron diez curules para el partido Comunes en el Congreso durante dos períodos consecutivos —2018-2022 y 2022-2026— y se diseñaron los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) junto al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) para intervenir 170 municipios históricamente afectados por el conflicto.

La segunda fuerza es la reconfiguración violenta del territorio. Las zonas dejadas por las FARC-EP no quedaron vacías. Las disidencias de la propia guerrilla, el ELN, el Clan del Golfo —Autodefensas Gaitanistas de Colombia— y otros grupos paramilitares las ocuparon en un contexto de implementación estatal insuficiente. En el Catatumbo, un tablero saturado que ninguna institución estatal podía descifrar, ELN, EPL, disidencia del Frente 33 de las FARC-EP, AGC y Segunda Marquetalia llegaron a operar al mismo tiempo, cada uno cobrando su cuota y prohibiendo la del vecino. En el Bajo Cauca antioqueño, la disputa entre el Clan del Golfo y Los Caparros por el oro, la coca y las rutas del narcotráfico —con el ELN, disidencias de las FARC-EP y Los Pachely metiendo baza— llenó los albergues improvisados de Cáceres y Tarazá con familias enteras cargando colchones. En Arauca, el Frente de Guerra Oriental del ELN mantuvo ataques sobre la infraestructura petrolera del oleoducto Bicentenario. En zonas fronterizas, el ELN utilizó estados venezolanos como refugio y base para preparar ofensivas, en un movimiento pendular que las autoridades colombianas denunciaron pero no pudieron interrumpir.

La tercera fuerza es la polarización política. El Centro Democrático y el uribismo estructuraron su discurso opositor en torno a un encuadre distinto al del gobierno Santos: donde Santos oponía guerra a paz, Uribe oponía justicia a impunidad. La disputa venía de atrás. En las elecciones de 2014, el candidato uribista Óscar Iván Zuluaga había obtenido el 29,3% en primera vuelta frente al 25,7% de Santos; el país ya estaba partido antes de firmar. Durante la campaña por el plebiscito, el uribismo adoptó tácticamente el discurso de "amigos de la paz" para no perder mayorías parlamentarias ni enfrentarse con la comunidad internacional, pero su oposición al Acuerdo respondía a intereses y auditorios que no podían aceptarlo. Gustavo Petro, desde otro flanco, distinguió entre una "paz pequeña" —el acuerdo con las FARC— y una "paz grande" —un acuerdo de toda la sociedad—, y expresó desconfianza inicial hacia una guerrilla que, según él, ya no tenía nada que ver con la revolución.

De la euforia al deterioro

El año 2017 fue descrito como el más tranquilo vivido en Colombia en medio siglo. Amplios sectores de la población pudieron experimentar, por primera vez en su vida, lo que significaba vivir sin la guerra con las FARC. Los frentes guerrilleros se desplazaron a los ETCR, entregaron armas bajo la verificación de la Misión de la ONU y comenzaron el proceso de reincorporación. En Mesetas, en Icononzo, en Pondores, en La Guajira, los contenedores de la ONU se llenaron de fusiles y las cámaras registraron a comandantes históricos entregando su arma personal ante funcionarios uniformados. Un fotógrafo de agencia captó en Pondores a un guerrillero que, después de depositar su fusil, se quedó mirándolo desde afuera del contenedor como quien despide a un compañero al que dejó de reconocer. Las cifras de secuestro y de combates cayeron. La institucionalidad del Sistema Integral empezó a montarse: la CEV bajo la presidencia del jesuita Francisco de Roux, la JEP encabezada por Patricia Linares y luego por Roberto Vidal, la Unidad de Búsqueda con equipos forenses recorriendo cementerios rurales y fosas comunes.

Ese mismo año, mientras avanzaba la implementación del Acuerdo con las FARC, se abrió otro frente. Tras conversaciones exploratorias iniciadas a comienzos de 2015 en Ecuador, las negociaciones formales con el ELN comenzaron en febrero de 2017 en Quito. En agosto se negoció en la Mesa de Quito y el 3 de septiembre de 2017 se anunció un cese al fuego bilateral y transitorio de cien días, el primer documento formal jamás firmado entre el ELN y cualquier gobierno colombiano. La estructura regional, descentralizada y no jerárquica del ELN, en contraste con el control centralizado que habían tenido las FARC, complicaba la mecánica de la negociación; el principio elenista de no dar nada por negociado hasta que todo lo estuviera dificultó la concreción de acuerdos parciales, aunque el propio cese al fuego mostró márgenes de flexibilidad. En la mesa participó el liderazgo máximo del grupo, incluido Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino. Aun durante las negociaciones, el ELN continuó, al menos periódicamente, con ataques a infraestructura petrolera, secuestros y extorsiones.

Entre 2017 y 2018 comenzó, sin embargo, el deterioro. En zonas donde antes operaban las FARC-EP, la seguridad se degradó con rapidez. Las cifras de 2018 lo dijeron con crudeza: en los 161 municipios con anterior presencia territorial de las FARC se registraron 2.957 homicidios, un aumento del 30% respecto a 2016. La tasa creció con particular saña en los municipios donde el PNIS había inscrito familias para sustituir coca —un 54,7%—, muy por encima del 39,5% en municipios que continuaron cultivando sin interrupción y del 21,7% en los que nunca habían cultivado. Firmar por la sustitución voluntaria estaba resultando, en el terreno, más peligroso que seguir sembrando. En la Orinoquía, hacia 2018, muchos observaban con preocupación cómo los programas del Acuerdo perdían fuerza y se reducían a la construcción de vías; la idea de transformación integral de los territorios no había arraigado en el gobierno.

En agosto de 2018 asumió Iván Duque Márquez, candidato del Centro Democrático elegido con respaldo de Álvaro Uribe. Su gobierno implementó de manera limitada el Acuerdo y llegó a oponerse abiertamente a las curules especiales en el Congreso para víctimas del conflicto. La memoria del conflicto dejó de ser un nodo central del debate público durante este período. En 2019, la ruptura política tuvo su expresión más dramática: Iván Márquez, antiguo jefe negociador de las FARC en La Habana, y Jesús Santrich, dado por muerto y luego desertor, anunciaron el regreso a las armas bajo el nombre de Segunda Marquetalia. Otras disidencias, encabezadas por Iván Mordisco, ya operaban desde antes en los antiguos frentes del sur y el oriente. La imagen de Márquez leyendo un comunicado con fusil al hombro, tres años después de haberse quitado el uniforme guerrillero, cerró simbólicamente el ciclo de esperanza abierto en Cartagena y La Habana.

El gobierno de Gustavo Petro, iniciado en agosto de 2022, marcó un nuevo giro. Su coalición inicial sumaba el 73,9% del poder en el Senado y el 78% en la Cámara de Representantes, una posición de fuerza parlamentaria de partida. La política de "paz total", conducida en su fase inicial por Danilo Rueda como Alto Comisionado para la Paz, apostó por abrir simultáneamente múltiples mesas —con el ELN de Antonio García, con disidencias, con estructuras herederas del paramilitarismo— bajo el marco conceptual de la "paz grande" que Petro había defendido antes. Los resultados han sido desiguales y las mesas han vivido ciclos de suspensión y reanudación, en un ritmo que a menudo depende más de la coyuntura militar en el terreno que de los diseños diplomáticos de La Habana o Caracas.

Quienes lo habitan

El escenario del posconflicto se ha llenado de actores cuyos itinerarios rara vez se tocan y cuyos tiempos rara vez coinciden. Está, primero, el aparato de justicia transicional, y en particular la JEP, epicentro de la disputa jurídica. Priorizó siete macrocasos —cuatro con relación directa con dinámicas del conflicto en la Amazonía— sobre secuestro, falsos positivos, victimización de miembros de la Unión Patriótica, victimización étnica. Su régimen sancionatorio, con penas de entre quince y veinte años para quienes no confiesen crímenes demostrados, fue defendido como régimen especial y atacado desde la derecha como impunidad institucionalizada. El caso 03, sobre ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, sacó a la luz una cifra que reorganizó por sí sola la conversación pública: más de 6.400 civiles asesinados por miembros del Ejército y presentados como bajas en combate entre 2002 y 2008. Antiguos comandantes y soldados rasos comparecieron a reconstruir en audiencias el mecanismo administrativo y de incentivos que había producido esa maquinaria: cuánto valía en permisos y ascensos un cuerpo, cómo se conseguían las víctimas, cómo se vestía a un campesino con uniforme camuflado antes de fotografiarlo junto al fusil que nunca había disparado. La CEV, presidida por Francisco de Roux, recibió la misión de esclarecer en tres años y medio la verdad del conflicto armado de más de seis décadas, y entregó en 2022 su Informe Final, titulado Hay futuro si hay verdad, como legado a la sociedad y las instituciones. Tanto la JEP como la CEV han sido severamente criticadas desde posiciones ideológicas de derecha; el debate sobre si la justicia transicional constituye o no impunidad, y sobre la legitimidad de la participación política de excombatientes, acompañó todo el período.

Están, después, los excombatientes de las FARC-EP, que encarnaron la reincorporación con resultados dispares. El partido Comunes, surgido de la desmovilización, ocupó las diez curules pactadas en el Congreso durante dos períodos consecutivos; esas curules son temporales y, al terminar el segundo período en 2026, quedarán sometidas a las reglas electorales generales. En los ETCR y fuera de ellos, entre los desmovilizados se construyeron redes de solidaridad y sentido de vida como alternativa colectiva: proyectos productivos de café, de piscicultura, de turismo comunitario, cooperativas textiles, colectivos de memoria. En Icononzo, en el sur del Tolima, una cooperativa de excombatientes montó una cervecería artesanal que bautizaron La Roja y que enviaba botellas hasta las tiendas gourmet de Bogotá, con etiquetas donde los antiguos guerrilleros aparecían con delantal. Pero desde la firma del Acuerdo hasta aproximadamente 2021 fueron asesinados más de 300 excombatientes de las FARC-EP, una cifra que se cita como evidencia de fuerzas activas opuestas a la paz y que tuvo correlato en el exilio de excombatientes y sus familias.

Dimar Torres es uno de esos nombres. Antiguo guerrillero del Frente 33, había vuelto a su vereda en el Catatumbo, en Norte de Santander, después de dejar el fusil en 2017. Vivía en una finca pequeña, cultivaba cacao con el programa de reincorporación y era conocido en Convención por su trabajo comunitario. El 22 de abril de 2019, un cabo del Ejército y otros militares lo interceptaron cuando volvía en moto de un mandado. Lo golpearon, lo asfixiaron y trataron de enterrarlo apurados en una fosa cavada con las manos y una pala prestada, a pocos metros del camino. Los vecinos lo encontraron esa misma tarde. La muerte de Torres desató protestas campesinas en el Catatumbo, una investigación penal que llegó hasta la cadena de mando y una condena que confirmó lo que muchos desmovilizados de base venían advirtiendo desde 2017: que el uniforme del Estado no protegía a quien había dejado el fusil, y que en ciertos territorios la reincorporación se firmaba en Bogotá y se pagaba en el monte. Un reclamo frecuente y doloroso entre los desmovilizados de base ha sido el abandono, por parte de la antigua dirigencia de las FARC-EP, del liderazgo del proceso de reincorporación: quienes habían mandado durante décadas se fueron al Congreso, y quienes habían obedecido durante décadas quedaron a merced de los sicarios y de la burocracia.

Están los líderes sociales, el sector más golpeado por la violencia residual. Entre 2016 y 2020, según Indepaz, 113 líderes sociales fueron asesinados solo en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare. En el conjunto del país, según cifras de la ONU y la Fiscalía, en los años recientes se contabilizan 417 asesinatos. Muchos eran promotores del PNIS, impulsores de restitución de tierras o defensores de derechos étnicos y ambientales. Entre las víctimas visibles del período figura Emilsen Manyoma, lideresa afro del Pacífico, coordinadora de la Red de Comunidades Construyendo Paz en los Territorios en Buenaventura, asesinada junto a su compañero en enero de 2017, cuando el Acuerdo apenas empezaba a implementarse. El patrón fue nítido: los territorios donde el Acuerdo prometía transformación fueron también los territorios donde matar líderes se volvió una forma de vetar la implementación. En cada asesinato se atacaba menos a un individuo que a la posibilidad, encarnada en él, de que el punto uno del Acuerdo se hiciera realidad en su vereda.

Están las comunidades campesinas y étnicas —consejos comunitarios afrodescendientes como Cocomopoca, Río Yurumanguí, Alto Mira y Frontera o el Consejo Comunitario Renacer Negro, con sentencia de restitución del 1 de junio de 2015; resguardos indígenas como Tanela, Yukpa de Menkue, Iroka o Chidima—, protagonistas y víctimas del posacuerdo a la vez. Los juzgados especializados en restitución de tierras dictaron medidas cautelares a su favor, pero la protección efectiva en el territorio siguió siendo precaria: papeles ganados en Bogotá y amenazas escritas en panfletos deslizados bajo la puerta de la casa comunal.

Y están los grupos armados posacuerdo, que consolidaron nuevos liderazgos. Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, dirigió el Clan del Golfo hasta su captura en 2021 y su extradición a Estados Unidos en 2022. Iván Mordisco quedó como referencia de las disidencias del Estado Mayor Central. Antonio García asumió el mando del ELN. Iván Márquez encabezó la Segunda Marquetalia hasta reportes no confirmados sobre su suerte. El paisaje armado se atomizó y con él la lógica del conflicto: ya no una guerra bipolar entre Estado e insurgencia mayoritaria, sino un archipiélago de violencias locales conectadas por economías ilegales.

Lo que cambió y lo que se erosionó

Lo que sí cambió puede constatarse. Las FARC-EP como estructura armada nacional dejaron de existir. La entrega de armas se completó bajo verificación internacional. La justicia transicional se instaló como marco jurídico operante, con miles de sometidos, macrocasos activos y sanciones en curso; la Ley 975 de 2005, aplicada a la negociación con los paramilitares, había abierto ese camino al reconocer formalmente los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, y la JEP profundizó ese giro. La CEV produjo un cuerpo documental sobre el conflicto sin equivalente previo en el país. La memoria del conflicto quedó inscrita en instituciones, no solo en la circulación pública. Un funcionario del programa de restitución identificó ante la CEV que el retorno efectivo de víctimas desplazadas requería la realización del punto uno de La Habana —reforma rural integral—, la provisión de bienes públicos como vías, salud y educación, y que la persona pudiera tener una vida digna: condiciones asociadas explícitamente a la no repetición.

En sustitución de cultivos, los datos favorecen la vía pactada: en los casos de sustitución voluntaria del Acuerdo la tasa de resiembra llega al 0,8%, frente al 50% de la erradicación forzada, según cifras de Indepaz. Se calculó, además, que apoyar a una familia cultivadora para reconvertir su actividad costaría 40 millones de pesos, frente a 72 millones por hectárea erradicada mediante fumigación. La vía pactada resultó más barata y más duradera que la vía militar, y sin embargo fue sistemáticamente subejecutada. En septiembre de 2015, el gobierno Santos había anunciado una estrategia antidrogas que contemplaba la discontinuación de la aspersión aérea con glifosato y un enfoque integrado de reducción del consumo desde la salud pública y los derechos humanos, un giro conceptual que gobiernos posteriores intentarían revertir.

Lo que se erosionó también puede constatarse. Desde el propio gobierno Santos, altos tomadores de decisiones del Estado se arrogaron el derecho de cambiar unilateralmente lo acordado y en muchas ocasiones lo lograron; el primer episodio relevante involucró el proceso legislativo del fast track. Esa erosión violó el principio elemental de que las FARC tenían derecho a vetar cualquier modificación unilateral de lo firmado. Los PDET, pieza central de la transformación territorial prometida, no lograron la transformación participativa regional esperada y en la práctica quedaron reducidos a proyectos demostrativos, algunos acompañados por la Misión de Verificación de la ONU, sin cambio estructural en los territorios: una placa polideportiva aquí, un tramo de vía terciaria allá, en municipios donde la ausencia de Estado se medía en décadas. El gobierno Duque restringió el alcance de las curules de paz para víctimas y mostró resistencia a componentes centrales del Acuerdo.

La restitución de tierras, prevista como columna vertebral de la reforma rural, avanzó al ritmo del expediente. Detrás de cada uno hay una familia que esperó una década para regresar a una finca donde, cuando por fin logra pisarla, encuentra a otro sembrando en su patio. Más de la mitad de las solicitudes ni siquiera supera los filtros administrativos de la Unidad de Restitución: se rechazan antes de llegar a los jueces por corresponder a despojos anteriores a 1991 o a conflictos de tenencia sin violencia. La informalidad histórica de los títulos, la debilidad del catastro y la ausencia de adjudicación de baldíos operan como muros. En Urabá, en el sur de Córdoba, en el Darién chocoano, las sentencias representan una fracción mínima de las solicitudes, y los predios efectivamente devueltos una fracción todavía menor; Turbo, uno de los municipios con más tierra despojada del país, figura entre los de menor tasa de restitución efectiva. En el otro extremo del mapa, la Altillanura acumula miles de expedientes: solo Mapiripán suma más de mil cuatrocientas solicitudes, Vistahermosa casi mil. El Incoder ha justificado la demora en la formalización de baldíos alegando la falta de informes de derechos sobre predios, la insuficiencia de recursos de sus oficinas territoriales y las prohibiciones legales por traslape con parques nacionales o áreas de manejo especial. La reforma rural, en la práctica, avanza a la velocidad de un archivo.

Los incentivos económicos del cultivo ilícito, en tanto, siguieron pesando. El jornal en la economía cocalera puede superar al de la economía agraria legal: en la coca se reportan ganancias de 50.000 a 60.000 pesos hasta el mediodía, frente a 20.000 pesos en cultivos legales trabajando de siete a cuatro. Sin transformación del entorno productivo, la sustitución voluntaria —por eficaz que sea donde se aplica— no puede escalar frente a esa asimetría de rentabilidad. Campesinos que habían participado en procesos de sustitución enfrentaron el debilitamiento de los programas del Acuerdo, lo que generó incertidumbre y llevó a muchos a retomar el cultivo: el arbusto de coca, arrancado con las manos y las promesas del Estado, volvió a plantarse cuando esas promesas dejaron de llegar en camión.

Detrás de esas erosiones opera una condición que preexiste al Acuerdo: la precaria presencia estatal en los territorios. En el Catatumbo saturado, en el Bajo Cauca disputado, en la Arauca fronteriza, en el Pacífico chocoano y nariñense, la ausencia histórica del Estado no se corrige en tres años ni en seis. El nuevo ciclo de violencia posacuerdo se alimenta del auge de las economías ilícitas, del respaldo gubernamental insuficiente a la implementación, del bloqueo de fuerzas políticas y económicas poderosas, de un contexto internacional adverso, de los odios heredados y del menosprecio estatal hacia los grupos armados menores. El Acuerdo no engendró ninguno de esos factores, y su articulado tampoco podía disolverlos.

Un archivo abierto

El posconflicto colombiano deja, para empezar, un cuerpo institucional que sigue trabajando. La JEP continúa con macrocasos que producirán sentencias por años. La Unidad de Búsqueda avanza en cementerios rurales, riberas de ríos y fosas señalizadas por antiguos combatientes que decidieron cooperar. El Informe Final de la CEV quedó como el documento más ambicioso jamás producido en Colombia sobre las causas y patrones del conflicto armado. La comparación que la propia Comisión trazó con la experiencia argentina —donde la justicia condenó a represores por crímenes contra más de 800 víctimas— y con la brasileña —señalada por no haber promovido una transparencia catártica— sirvió como espejo para ubicar el caso colombiano en la genealogía latinoamericana de la justicia transicional.

Deja también una demostración empírica de que la paz produce dividendos. El año 2017 quedó registrado como el más tranquilo en medio siglo, y ninguna reversión posterior borra esa evidencia. Las acciones de implementación en algunas regiones generaron transformaciones reales y mantuvieron la ilusión en muchas comunidades; el programa de restitución de tierras, aun con sus rezagos, fue señalado como ejemplo de cómo el cumplimiento del punto uno del Acuerdo puede mejorar las condiciones de vida.

Deja, en tercer lugar, una advertencia estructural. La violencia residual no expresa el fracaso del Acuerdo: expresa que ningún acuerdo de paz puede sustituir la reforma que el Estado colombiano no ha emprendido. La informalidad de la tierra, la ventaja comparativa del jornal cocalero sobre el agrícola legal, la presencia armada múltiple en territorios donde el Estado nunca estuvo antes que la coca, el asesinato sistemático de quienes se convirtieron en la punta de lanza de la implementación: cada uno de esos factores marca los bordes de lo que un texto firmado, por preciso que sea, puede efectivamente producir.

Deja, además, una disputa política inconclusa. La polarización estructurada en el eje justicia-impunidad no se cerró con la firma ni con la implementación. La resistencia de sectores del uribismo a componentes centrales del Sistema Integral, la aprobación tácita o expresa de los cambios unilaterales al Acuerdo desde el propio Estado, la desconfianza territorial hacia programas que llegaban tarde o no llegaban, y la apuesta del gobierno Petro por una "paz total" cuya viabilidad sigue disputándose conforman un campo abierto donde el sentido de lo firmado en 2016 se sigue litigando.

Y deja, por último, una lección sobre la agencia de las bases. Los campesinos que aceptaron sustituir cultivos con tasa de resiembra del 0,8%, los excombatientes que construyeron redes de solidaridad al margen de una dirigencia que muchos sintieron ausente, los líderes sociales que pagaron con su vida el impulso de los programas del Acuerdo, las comunidades étnicas que obtuvieron medidas cautelares sobre sus territorios: todos ellos mostraron que la demanda de paz desde abajo fue real y sostenida. El fracaso relativo del posacuerdo se explica, en buena medida, por la desconexión entre esa demanda territorial y la incapacidad —o la renuencia— de las élites estatales para responderla a la escala requerida.

El posconflicto colombiano no ha terminado. La JEP no ha proferido aún la mayoría de sus sanciones. La reincorporación sigue en curso, con muertes, exilios y proyectos productivos abiertos. La restitución de tierras avanza a paso lento. Los diálogos con el ELN, iniciados en Quito en 2017, reanudados y suspendidos varias veces desde entonces, no han producido acuerdo final. Las disidencias se han fragmentado y recompuesto. El paisaje armado del Catatumbo, del Bajo Cauca, del Cauca, de Nariño y del Chocó cambia con una velocidad que ninguna política pública ha logrado seguir. Lo firmado en 2016 sigue produciendo efectos; lo no resuelto sigue produciendo víctimas. Entre esas dos líneas se moverá, en los años por venir, el pulso de un país que aprendió, en el Teatro Colón, a poner la firma en el papel, y que descubre cada mañana, en las veredas del Catatumbo o del Bajo Cauca, que la tinta seca más rápido que el Estado.