Bombardeo de Caquetá y muerte de menores reclutados (2019)

El bombardeo del Caquetá y la muerte de menores reclutados (2019)

En agosto de 2019, una operación militar del Estado colombiano en el departamento del Caquetá causó la muerte de al menos ocho niños, niñas y adolescentes que habían sido reclutados forzosamente por una disidencia de las antiguas FARC-EP. Presentado en un primer momento como un golpe táctico exitoso contra grupos armados residuales, el hecho se transformó, al conocerse la edad de las víctimas y el intento de ocultarla, en la crisis más grave del área de defensa durante el gobierno de Iván Duque Márquez. Precipitó la salida del ministro Guillermo Botero —la primera renuncia de un ministro del ramo en el periodo posterior al Acuerdo de Paz de 2016—, dejó a la vista la persistencia de una cultura militar que seguía midiendo el éxito por bajas, y se convirtió, semanas después, en uno de los agravios que engrosaron la movilización del 21 de noviembre de 2019.

Un país que se creía en posconflicto

Cuando ocurrió el bombardeo, habían pasado casi tres años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. El país había cambiado de gobierno en agosto de 2018: Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, llegó a la Casa de Nariño con un mandato ambiguo respecto de la implementación. La palabra "posconflicto" convivía con datos que la desmentían. La tasa de homicidios en 2018 fue notablemente más alta en los 161 municipios que habían sido territorios históricos de las FARC-EP, con 2.957 casos registrados, un aumento del 30 % respecto a 2016, y muchas de las víctimas eran líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El Caquetá formaba parte de esa geografía frágil. Es uno de los departamentos con mayor intensidad histórica de reclutamiento de menores en el conflicto colombiano: entre 1990 y 2017, el proyecto conjunto de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y HRDAG registró allí 1.063 víctimas, equivalentes al 6 % del total nacional. Solo Meta, Antioquia y Guaviare presentaban cifras mayores. La geografía del departamento explica parte del fenómeno: el norte estuvo durante décadas bajo dominio guerrillero, y desde la década de 1980 el sur registró presencia paramilitar, con municipios que acumularon más homicidios que los del norte. La violencia y la incapacidad del Estado para proveer bienes públicos rurales y condiciones mínimas de bienestar a los colonos de las fronteras amazónicas constituyeron el telón de fondo de las guerras y las movilizaciones sociales del departamento.

Después de 2016, buena parte del pie de fuerza de las FARC-EP que operaba en la Amazonía se desmovilizó, pero el vacío territorial no fue ocupado por el Estado social sino por disidencias, economías ilegales y actores armados diversos. El reclutamiento forzado de menores no cesó: cambió de dueño. La Comisión de la Verdad estimó que el número real de víctimas en Colombia podría rondar las 30.000 personas, considerando el subregistro estructural del fenómeno.

Lo que se sabe del hecho

La operación fue ejecutada por la Fuerza Aérea Colombiana en agosto de 2019 y estaba dirigida contra un campamento de una disidencia guerrillera en zona rural del Caquetá. En términos militares convencionales fue presentada como exitosa: el objetivo fue neutralizado. Al menos ocho de las personas muertas en el bombardeo eran menores de edad y habían sido reclutadas de manera forzosa por el grupo armado. Los detalles precisos del operativo —hora, coordenadas, unidades participantes, cadena de mando, identidad de todas las víctimas— no forman parte del núcleo de esta ficha porque el hecho quedó, desde el principio, tramitado en el terreno político antes que en el táctico.

El punto de inflexión no fue el bombardeo en sí, sino el ocultamiento inicial de la edad de las víctimas y la reacción del gobierno cuando la información se hizo pública. El presidente Duque defendió la operación como "impecable", categoría que colocaba al Ejecutivo en un lugar difícil de sostener a medida que se conocía la composición del grupo atacado. Esa defensa, hecha después de que ya circulaba la noticia sobre los menores muertos, condensó en una palabra la desalineación entre la lógica con la que el gobierno leía el hecho y la lectura ética que hacían la opinión pública, las organizaciones de derechos humanos y sectores del Congreso.

Ese desajuste explica lo que vino después. En el Congreso se abrió un debate de control político sobre el ministro Botero. El mecanismo constitucional era conocido: el ministro citado está obligado a concurrir; si no lo hace o su justificación no es aceptada, la cámara respectiva puede proponer una moción de censura. La figura, incorporada por la Constitución de 1991, existe precisamente para dotar de un instrumento de sanción a un régimen de fuerte predominio presidencial. Antes de 1991, un debate como este no podía derivar en la separación del cargo del ministro. En noviembre de 2019, Botero renunció antes de que la moción prosperara. Fue la primera renuncia de un ministro de Defensa después de la firma del Acuerdo de Paz. Poco después asumió el cargo Carlos Holmes Trujillo.

Menores en armas, menores como blanco

Comprender por qué el hecho fue tan grave exige situarlo dentro de un marco jurídico y humanitario que en 2019 estaba plenamente vigente y era conocido por el mando militar colombiano. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en conflictos armados está prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. El Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra, de 1977, es explícito en la protección de los menores frente a las hostilidades. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, tipifica el reclutamiento de menores como crimen de guerra. En el ordenamiento interno, el Código Penal colombiano —Ley 599 de 2000, artículo 188D— tipifica la conducta, y las normas nacionales e internacionales establecen que toda forma de reclutamiento de menores de 18 años excluye cualquier justificación o exculpación: el consentimiento del menor es nulo y carece de validez jurídica.

De este cuerpo normativo se desprende una consecuencia práctica, que era la que estaba en juego en Caquetá: el menor reclutado no pierde su condición de víctima por el hecho de portar armas. Sigue siendo sujeto de protección especial. La vinculación de niños, niñas y adolescentes al conflicto abarca distintos grados de involucramiento —participación en actividades logísticas, informativas, de cuidado, no solo combatientes— y ninguno de esos grados suprime la protección debida.

El fenómeno del reclutamiento tiene, en Colombia, dimensiones que aún no se han medido del todo. El registro cotejado JEP-CEV-HRDAG contabiliza 16.238 casos entre 1990 y 2017. La Comisión estimó que la cifra real podría acercarse a los 30.000. El año 2000 fue el de mayor frecuencia registrada en todo el periodo, precedido por un ascenso sostenido desde 1995. Las modalidades documentadas incluyen el engaño mediante regalos y acercamiento gradual a las comunidades, la presencia armada permanente en escuelas y espacios comunitarios, y el aprovechamiento sistemático de vulnerabilidades socioeconómicas. En Caquetá se han recogido testimonios de personas obligadas a integrar las filas de las FARC-EP cuando los guerrilleros llegaban directamente adonde ellas se encontraban. El reclutamiento afectó también a personas LGBTIQ+, vinculadas por móviles discriminatorios y sometidas a violencias adicionales dentro de las filas por ser percibidas como alejadas de las normas de sexualidad y género dominantes.

Hay, además, una obstrucción metodológica documentada. En el caso del Bloque Norte de las AUC, muchos menores fueron desvinculados antes de la desmovilización formal, lo que impidió el registro veraz del reclutamiento ilícito y bloqueó el acceso de esos niños y niñas a la restitución de derechos y a la justicia. La técnica de sacar al menor de las filas antes de rendir cuentas era, en sí misma, una forma de impunidad estructural. Con las disidencias que operaban en Caquetá en 2019 no había desmovilización formal ni entrega ordenada: los menores permanecían en los campamentos hasta el desenlace, cualquiera que fuera.

La sombra larga de una cultura de resultados

El bombardeo del Caquetá no ocurrió en un país cuyo Ejército hubiera cerrado sus cuentas con el pasado. Ocurrió una década después de que estallara el escándalo de los llamados "falsos positivos", y en un momento en que la Jurisdicción Especial para la Paz había abierto ese macrocaso y avanzaba en la construcción de la verdad jurídica del fenómeno.

El escándalo se hizo público en septiembre de 2008, cuando se supo que once jóvenes desaparecidos de Bogotá y Soacha habían sido reclutados con promesas de trabajo, trasladados a Santander y Norte de Santander, y presentados por el Ejército como guerrilleros muertos en combate. La reconstrucción posterior estableció un patrón: personas en condición de vulnerabilidad socioeconómica —trabajadores informales, habitantes de calle, personas con discapacidad, jóvenes de barrios populares— eran ejecutadas extrajudicialmente y reportadas como bajas en combate para inflar los resultados operacionales. El departamento con más registros del fenómeno fue Antioquia.

Los testimonios recogidos posteriormente describen una presión sobre la cadena de mando en la que los resultados se medían "por litros de sangre". Algunos oficiales recibieron condecoraciones, primas y ascensos por presentar cifras, y en ese marco se documentaron alianzas con delincuentes e informantes para fabricar señalamientos. El testimonio del exjefe paramilitar alias "Don Mario" describió a un coronel que trataba a los paramilitares "con presión y extorsión" pidiéndoles personas que pudiera presentar como guerrilleros; en un episodio, según su versión, el oficial le habría exigido "tres muchachos y tres fusiles", amenazando con capturarlo si no cumplía.

La respuesta del Estado a Soacha fue mixta y reveladora. El gobierno de Álvaro Uribe expulsó a militares entre el segundo semestre de 2008 y comienzos de 2009, y las cifras de ejecuciones extrajudiciales cayeron dramáticamente después de 2007, lo que sugiere que el escándalo tuvo un efecto disuasorio. Pero la respuesta estructural fue frustrada. La estrategia oficial osciló entre la estigmatización de las organizaciones y víctimas denunciantes y un reconocimiento parcial de los hechos acompañado de maniobras que tendieron a individualizar la responsabilidad. Fue en ese contexto —cuando ya existían denuncias públicas señaladas por la ONU y el CICR— que la directiva permanente n.º 0142 del 4 de mayo de 2008, firmada por el general Mario Montoya, estableció criterios para el otorgamiento de la medalla por servicios distinguidos en materia de orden público, incluyendo las bajas en combate como elemento de reconocimiento. El propio Montoya firmó en octubre de 2018 su sometimiento a la JEP por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales; su abogado ha llegado a mencionar públicamente cifras superiores a los dos mil casos durante su comandancia, aunque se trata de una afirmación de parte, no de una determinación judicial.

La Comisión de la Verdad calificó los falsos positivos como un crimen de Estado, en el que soldados y comandantes reconocieron su responsabilidad, causando "un daño inconmensurable a la ética pública de la nación y a la legitimidad de la fuerza pública". Y dejó abierta una pregunta pertinente para leer el bombardeo del Caquetá: por qué las instancias del Estado no actuaron a tiempo ante las numerosas denuncias, cuando haberlo hecho habría evitado muchos asesinatos.

Los antecedentes del bombardeo: Operación Berlín

Existe un antecedente específico que ayuda a entender por qué la muerte de menores en operaciones militares no era, en 2019, un fenómeno nuevo. Durante la administración del presidente Andrés Pastrana, la Operación Berlín intervino a la denominada columna guerrillera CMAR de las FARC-EP en el nororiente del país. Esa columna estaba conformada por 361 personas: 27 menores de 15 años, 114 entre 15 y 17 años, y 220 mayores de edad. Cerca del 40 % de sus integrantes eran menores reclutados.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó 78 necropsias derivadas de esa operación. De los 78 cuerpos, 28 correspondían a niñas, niños y adolescentes. La Fiscalía documentó que seis de los menores fallecidos presentaban estallido craneal, hallazgo interpretado como indicio de que habrían sido asesinados en estado de indefensión. Una sobreviviente declaró ante la JEP haber escuchado por radio la orden de no dejar con vida a nadie durante la operación. Un documento del expediente calificó la conducta descrita como crimen de guerra y recordó que la orden de no dar cuartel está tipificada como violación al DIH. Los testimonios e informes confirmaron que la orden era asesinar a los integrantes de la columna CMAR. Información periodística citada en el expediente indica que el presidente Pastrana habría condecorado a militares participantes en la operación.

Cuando la Comisión de la Verdad interpeló al Ejército Nacional en 2019 sobre Berlín, la institución negó enfáticamente, en documento formal, la ocurrencia de violaciones al DIH, argumentando cumplimiento estricto de las normas humanitarias y sugiriendo responsabilidad de las propias FARC. La negación es reveladora: en el mismo año del bombardeo del Caquetá, la Fuerza Pública sostenía institucionalmente que operaciones anteriores con muertes masivas de menores reclutados habían sido, también, "impecables".

La cadena política de agosto a noviembre

La caída del ministro no puede explicarse solo por el bombardeo. El bombardeo se sumó a una acumulación de agravios que hacía meses erosionaba al gobierno. La cronología importa.

En junio de 2019 fue asesinada María del Pilar Hurtado, lideresa social, en Tierralta, Córdoba. La imagen de su hijo Bryan llorando frente a su cadáver circuló con fuerza en redes y prensa. Ese mismo día, el presidente Duque publicaba tuits desde un foro de publicidad en Cannes sobre creatividad, tecnología y economía naranja. La analista Sandra Borda describió ese momento como el punto de mayor desconexión percibida del gobierno con el dolor de los líderes sociales; la respuesta institucional posterior —condolencias, anuncio de investigación— llegó marcada por esa distancia inicial. La lectura, más allá del episodio puntual, era que las cifras de líderes sociales asesinados crecían sin freno durante el gobierno Duque sin que las políticas estatales lograran revertir la tendencia.

En paralelo, el movimiento estudiantil no había cerrado el ciclo de movilizaciones de 2018. En diciembre de ese año se había alcanzado un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones estudiantiles que contemplaba transferencias adicionales al IPC para las universidades públicas y recursos para educación superior y ciencia. El cumplimiento parcial de esos compromisos alimentó el descontento y mantuvo viva la movilización universitaria a lo largo de 2019. El movimiento estudiantil, junto con centrales sindicales y organizaciones sociales, venía preparando desde meses antes lo que sería el paro nacional del 21 de noviembre.

Sobre esa pradera seca cayó el escándalo del bombardeo. El hecho ocurrió en agosto y su gravedad plena se conoció en las semanas siguientes, cuando fue posible establecer la edad de las víctimas y evidenciar que la información había sido manejada de manera incompleta por el gobierno. El debate en el Congreso se organizó entonces alrededor de dos preguntas simultáneas: la responsabilidad política del ministro Botero por lo ocurrido y por la forma en que fue comunicado, y la pregunta más amplia sobre si el Estado colombiano —cuatro años después del comienzo de la implementación del Acuerdo de Paz— tenía protocolos operacionales adecuados para actuar contra grupos armados que reclutaban menores.

Botero renunció antes de la votación de la moción de censura, en noviembre. Su salida fue leída como una victoria parcial del Congreso y de la opinión pública movilizada, pero también como una operación de contención política: el gobierno cerraba el flanco individualizando la responsabilidad en el ministro, sin abrir una discusión estructural sobre los protocolos militares, la cultura institucional de resultados o la manera en que se procesaba la información sobre menores en campamentos guerrilleros.

Pocos días después, el 21 de noviembre de 2019, se produjo el paro nacional. Fue una jornada de movilización masiva que integró demandas heterogéneas: contra reformas laborales y pensionales anunciadas por el gobierno, en defensa del Acuerdo de Paz, contra los asesinatos de líderes sociales, por el cumplimiento de los acuerdos con el movimiento estudiantil, contra la corrupción, y contra la lectura oficial del bombardeo del Caquetá. La jornada dio paso a semanas de protestas que se extendieron a comienzos de 2020, hasta que la pandemia las suspendió temporalmente. El bombardeo no fue la causa única del 21N; fue uno de sus catalizadores más visibles, precisamente porque condensaba en un solo hecho varias tensiones del momento: el uso de la fuerza sin correspondencia con el DIH, la desconexión gubernamental frente al dolor social, la impunidad heredada.

Causas: lo estructural y lo detonante

Distinguir causas estructurales de detonantes ayuda a ordenar lo que pasó. En el fondo estaba —y sigue estando— una cultura institucional que había codificado los resultados operacionales en clave de bajas y que, tras Soacha, sufrió un ajuste disuasorio sin que se produjera un desmantelamiento profundo. La directiva 0142 de 2008 no fue derogada en el escándalo; la lógica que reconocía las bajas como criterio de mérito siguió operativa en distintas formas. La negación institucional de violaciones al DIH en operaciones anteriores —como la respuesta del Ejército sobre Berlín en 2019— mostró que el reconocimiento del error no había ingresado a la cultura de la Fuerza Pública.

En un segundo plano estaba la incapacidad histórica del Estado colombiano para copar los territorios que dejaron las FARC-EP tras el Acuerdo de Paz. La Amazonía y, en particular, Caquetá, quedaron como zonas de disputa: disidencias, economías ilegales, presencia intermitente de instituciones. En ese vacío proliferó el reclutamiento de menores, ahora a cargo de nuevos actores. La operación militar era, en cierto modo, la única presencia estatal previsible en algunos de esos lugares.

Un tercer plano estructural es el de la impunidad. La investigación profunda del fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales fue frustrada por maniobras que individualizaron la responsabilidad y evitaron el examen de la cadena de mando. La ausencia de sanciones a los niveles altos de responsabilidad —evidenciada, entre otros casos, en la absolución en 2012 de varios militares por la masacre de San José de Apartadó, dejando al capitán Gordillo como único condenado sobre la base de su propia confesión— constituye lo que un observador calificó como "un gran monumento a la impunidad". Esa impunidad estructural facilitó la repetición de patrones.

Los detonantes coyunturales fueron el ocultamiento inicial de la edad de las víctimas y la defensa presidencial de la operación como "impecable". Sin esos dos gestos, el bombardeo habría sido tramitado como un episodio grave pero manejable. Con ellos, el gobierno cerró la puerta al reconocimiento simbólico del error y ofreció al Congreso y a la opinión pública el material político necesario para forzar la salida del ministro.

Consecuencias inmediatas y de fondo

La consecuencia inmediata fue política: la renuncia de Guillermo Botero y su reemplazo por Carlos Holmes Trujillo, la primera salida de un ministro de Defensa en el periodo posterior al Acuerdo. Fue una señal de que, en el régimen constitucional heredado de 1991, la moción de censura —aunque rara vez consumada— podía funcionar como amenaza efectiva sobre un gabinete debilitado.

La consecuencia intermedia fue el efecto acumulativo sobre la legitimidad del gobierno Duque. La combinación de asesinatos de líderes sociales, incumplimiento parcial de los acuerdos con estudiantes, desconexión presidencial en episodios de alta carga simbólica y la muerte de menores en una operación defendida como "impecable" configuró la imagen de un Ejecutivo desconectado del país, más orientado a mantener la coherencia interna con su base política que a leer el estado de ánimo social. Esa percepción alimentó el 21N y persistió en las movilizaciones posteriores.

La consecuencia de fondo, más difícil de medir, es la que atañe a la cultura institucional. El bombardeo del Caquetá obligó al Estado a preguntarse —al menos públicamente— cómo actuar contra grupos armados que utilizan menores reclutados, sin convertir a esos menores en blanco. Es una pregunta que el DIH resolvió hace décadas en el plano normativo pero que el operador militar debe traducir en protocolos concretos: inteligencia previa sobre la composición de los campamentos, criterios de proporcionalidad, mecanismos de verificación posterior, transparencia en la comunicación pública de los resultados. La falta de una respuesta pública estructurada a estas preguntas fue, en sí misma, una respuesta.

Por qué este hecho sigue importando

La ficha histórica del bombardeo del Caquetá no se cierra en 2019. Se prolonga en al menos tres direcciones.

Primero, porque estableció un precedente sobre los límites de la política militar en el posconflicto. Colombia no había firmado un acuerdo con todos los actores armados; el reclutamiento de menores seguía siendo una realidad operacional, ahora en manos de disidencias. Cómo actuar frente a ese hecho sin repetir la lógica de resultados que produjo los falsos positivos es una pregunta abierta, y el bombardeo mostró que las instituciones no la habían resuelto.

Segundo, porque marcó la relación entre movilización social y control político. El 21 de noviembre de 2019 dejó una lección sobre la capacidad de la sociedad civil colombiana para articular demandas heterogéneas alrededor de una jornada nacional, y sobre la incapacidad de un gobierno para leer con anticipación las señales de descontento. La secuencia agosto-noviembre —bombardeo, escándalo, caída del ministro, paro nacional— es un caso de estudio sobre cómo un hecho puntual puede catalizar un ciclo de movilización más amplio cuando encuentra una pradera seca.

Tercero, porque devuelve a la conversación pública una cuestión que las cifras del reclutamiento vuelven ineludible: entre 16.238 y 30.000 niñas, niños y adolescentes fueron reclutados en Colombia entre 1990 y 2017, y una proporción todavía indeterminada de ellos murió en operaciones militares del Estado sin que su condición de víctimas fuera reconocida hasta después. El bombardeo del Caquetá es, en esa perspectiva, un episodio más en una historia larga que la firma del Acuerdo de Paz no cerró y que sigue exigiendo, del Estado colombiano, algo más que la palabra "impecable".