Elección de Iván Duque y el giro uribista (2018)

La elección de Iván Duque y el giro uribista de 2018

El 17 de junio de 2018, Iván Duque Márquez ganó la segunda vuelta presidencial de Colombia frente a Gustavo Petro Urrego. Tenía 41 años, un paso previo como senador y una biografía tecnocrática que había transcurrido más tiempo en Washington, en el Banco Interamericano de Desarrollo, que en las plazas de la política colombiana. Lo llevó a la Casa de Nariño el respaldo decisivo de Álvaro Uribe Vélez, el hombre que lo había reclutado, lo hizo senador en 2014 y lo presentó al país como su candidato. La elección no fue una alternancia neutra: fue el retorno al poder de la coalición que había liderado el No en el plebiscito de 2016 y que veía en el Acuerdo Final de La Habana, firmado por Juan Manuel Santos con las FARC-EP, una amenaza directa a los intereses de sus bases más duras. Con la fórmula de campaña "paz con legalidad", Duque asumió el 7 de agosto de 2018 el mandato de implementar un acuerdo que su movimiento había combatido durante cuatro años. Los dos años siguientes fueron el intento de desmontar sus disposiciones centrales sin romperlo formalmente, sobre un terreno ya fracturado por la reconfiguración armada, la economía de la coca y el asesinato sistemático de líderes sociales. De esa colisión —entre una obstrucción política deliberada y un posconflicto que se descomponía por su cuenta— salió la crisis de legitimidad que precipitaría el estallido social de 2021.

El país que llegó a las urnas en 2018

Colombia votaba por primera vez para elegir un presidente después del Acuerdo Final. El referente inmediato era el plebiscito del 2 de octubre de 2016, cuando el No se impuso por un margen estrecho y reveló una sociedad escindida que sorprendió a partidarios y opositores. Aquella campaña había puesto en circulación un arsenal de mensajes cargados de mentiras, tergiversaciones e invenciones. El más viral aseguraba que los guerrilleros recibirían 1,8 millones de pesos mensuales, cuando el Acuerdo estipulaba el 90 % del salario mínimo durante 24 meses condicionado a no tener ingresos contractuales. Twitter y las redes sociales quedaron consolidados como el terreno principal de la disputa política, con indicios de mercados irregulares para amplificar presencia digital. La campaña del No se articuló en fórmulas breves y emocionales: rechazo a la impunidad, exigencia de castigo, exasperación del rencor. Quienes defendían el Sí debían remitirse a un documento extenso y técnico para refutar cada mensaje, y perdieron esa asimetría.

El uribismo había construido sobre esa victoria una plataforma de oposición permanente al Acuerdo. Su argumento central era que no se oponía a la paz sino a la impunidad, y que la justicia era una precondición de la paz: exigía que los guerrilleros cumplieran penas en establecimientos carcelarios estatales y rechazaba la justicia transicional del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Detrás de la fórmula pública operaban incentivos estructurales más sólidos. El movimiento representaba conscientemente a los sectores que creían que el Estado tenía derecho a usar cualquier método —incluidos los más brutales— para derrotar a la subversión: militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, políticos vinculados al paramilitarismo, élites rurales enfrentadas históricamente a la guerrilla. La justicia transicional y la política de restitución de tierras del Acuerdo eran amenazas directas para esos auditorios duros. Atacar el Acuerdo no era un cálculo electoral coyuntural: era una necesidad de supervivencia política.

La coalición del No había agrupado a sectores del Centro Democrático, del sector industrial, a grandes empresarios y a organizaciones sociales y religiosas de ideología conservadora y antisubversiva. Sobrevivió al plebiscito y llegó intacta a la primera vuelta de mayo de 2018. Enfrente, el bloque favorable al Acuerdo llegó fracturado. Humberto de la Calle, el jefe negociador de La Habana, aspiró por el Partido Liberal, pero apenas logró imponerse a Juan Fernando Cristo en la consulta interna por un margen estrecho, en un proceso costoso que generó resistencias y drenó capital político. Sergio Fajardo se presentó por la Coalición Colombia con un discurso de centro que rehuía tomar partido claro por el Acuerdo. Germán Vargas Lleras, exvicepresidente de Santos, corrió con Cambio Radical marcando distancia del gobierno saliente. Gustavo Petro, por Colombia Humana, capitalizaba el voto de izquierda pero cargaba con el rechazo de amplios sectores. El resultado fue un vacío de representación: los defensores del Acuerdo no lograron construir una candidatura mayoritaria, y Duque llegó a segunda vuelta con 7,6 millones de votos frente a los 4,8 millones de Petro. En la segunda, del 17 de junio, Duque obtuvo poco más de 10,3 millones y Petro 8 millones. Marta Lucía Ramírez, exministra de Defensa de Uribe, entraba como vicepresidenta.

El perfil tecnocrático y la ambigüedad de origen

Duque llegó al poder cargando una biografía que sus adversarios usarían en su contra y sus aliados intentarían capitalizar. Hijo del exgobernador y exministro Iván Duque Escobar, había pasado la mayor parte de su vida profesional fuera del país, en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde trabajó en asuntos culturales, creativos y de gestión pública. Su experiencia política doméstica se reducía a un cuatrienio como senador entre 2014 y 2018, en el que había participado activamente en la comisión que examinó la Ley 1448 de Víctimas y en el debate sobre la implementación del Acuerdo. No tenía maquinaria propia, ni ascendiente sobre el Centro Democrático más allá del que le confería la relación directa con Uribe, ni una base territorial construida a lo largo del tiempo. Era un candidato del jefe.

Ese perfil operó en dos direcciones. Hacia afuera del uribismo, el tecnócrata cosmopolita y joven fue presentado como la cara amable de una coalición que necesitaba desactivar el temor a un retorno de las políticas más agresivas de la era Uribe. Su discurso ordenado, su inglés fluido, su elegancia expositiva y su afinidad con la agenda de innovación —lo que después empaquetaría como "economía naranja"— le daban un lenguaje distinto al del núcleo duro del movimiento. Hacia adentro, esa misma falta de anclaje territorial y de maquinaria lo hacía dependiente del centro de decisión que encarnaba Uribe. Cada vez que había que decidir entre la moderación tecnocrática que le habían vendido al país y la exigencia dura de la base política, la segunda tendía a imponerse.

El gabinete inicial reflejó la tensión. Alberto Carrasquilla en Hacienda, Guillermo Botero en Defensa, Nancy Patricia Gutiérrez en Interior, Alicia Arango en Trabajo, componían un equipo con perfiles ortodoxos en lo económico y alineados con la línea dura del Centro Democrático en lo político. La agenda cultural y de industrias creativas, con la que Duque quiso singularizarse, quedó orbitando alrededor de un núcleo de gobierno cuya prioridad era el desmonte selectivo del Acuerdo y la ortodoxia fiscal. La distancia entre el envoltorio y el contenido —entre el discurso naranja y las decisiones sobre JEP, sustitución de cultivos y protesta social— sería, con el tiempo, uno de los rasgos más señalados de su mandato.

De la campaña al gobierno: la fórmula "paz con legalidad"

Duque no había prometido en campaña hacer trizas el Acuerdo —esa había sido la frase incendiaria de otros dirigentes del Centro Democrático—, sino "modificarlo" para corregir sus supuestos excesos: penas efectivas para los responsables de crímenes graves, restricción de la participación política de los excomandantes de las FARC hasta que hubieran cumplido sanciones, revisión de la justicia transicional. La fórmula "paz con legalidad" ofrecía una salida de imagen: no destruir el Acuerdo, sino someterlo al principio de legalidad. En la práctica, esa formulación abría la puerta a una obstrucción sistemática sin necesidad de una ruptura formal que habría tenido costos internacionales altos.

El primer golpe fue institucional. La Jurisdicción Especial para la Paz había sido creada mediante el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, con Patricia Linares al frente de su presidencia. Formaba parte del Sistema Integral junto con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Su régimen sancionatorio contemplaba penas de prisión de hasta quince a veinte años para quienes no confesaran crímenes graves, aplicables tanto a militares como a guerrilleros, y fue diseñado por el gobierno Santos como un mecanismo de rendición de cuentas, no como un régimen de impunidad. El 10 de marzo de 2019, Duque objetó por inconveniencia seis artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Las objeciones tocaban puntos neurálgicos: la reparación con bienes propios de los responsables, la conexidad con delitos de narcotráfico, la extradición. El Congreso las rechazó y la Corte Constitucional las declaró improcedentes, pero el mensaje quedó dado: el gobierno se ponía frente a la jurisdicción que debía juzgar a los excomandantes de las FARC y a militares por los llamados "falsos positivos".

Al asedio institucional se sumó el asedio discursivo. El fiscal general Néstor Humberto Martínez, y desde febrero de 2020 su sucesor Francisco Barbosa —abogado personal y amigo de Duque—, mantuvieron con la JEP una relación de choque permanente sobre extradiciones, competencias y ritmo de las investigaciones. La priorización de siete macrocasos por parte de la JEP —cuatro de ellos con dinámicas del conflicto en la Amazonía— avanzaba con lentitud entre presiones cruzadas. La oposición al Acuerdo, que en el plebiscito se había concentrado en el argumento de la impunidad, ahora tenía el aparato del Estado para dificultar el funcionamiento del sistema sin necesidad de derogarlo.

La oposición a los escaños especiales en el Congreso para las víctimas del conflicto —las 16 curules que el Acuerdo había previsto para dar representación política a los territorios más golpeados— fue otra pieza del mismo diseño. El gobierno se opuso durante casi todo el mandato a su creación, hasta ceder tardíamente. Cada demora, cada objeción, cada tribunal cuestionado tenía el mismo efecto acumulativo: erosionar la implementación sin firmar su acta de defunción.

Los auditorios duros y la lógica del desmonte

Para entender por qué la obstrucción fue tan sistemática hay que mirar a quiénes protegía. Uribe reivindicó en un trino "las masacres con sentido social" sin retractarse, y durante el plebiscito la base activista del movimiento publicó en redes mensajes que llamaban más o menos directamente al atentado físico contra adversarios. El lenguaje agresivo y pendenciero del expresidente no era un estilo personal: era una estrategia política que había conseguido consenso en torno a la guerra contra las FARC y que arrastró a medios, analistas y formadores de opinión a dinámicas de radicalización.

Los sectores que ese lenguaje representaba tenían mucho que perder con el Acuerdo. La justicia transicional de la JEP alcanzaba a militares implicados en ejecuciones extrajudiciales —los "falsos positivos" cometidos, sobre todo, entre 2002 y 2008— y a políticos regionales cuya trayectoria estaba entrelazada con estructuras paramilitares. La política de restitución de tierras del punto 1 del Acuerdo, sobre reforma rural integral, tocaba directamente el patrimonio de élites regionales que durante décadas habían aprovechado la existencia de las guerrillas para bloquear reformas agrarias y concentrar la tenencia mediante desplazamiento y despojo. La resistencia histórica a la reforma agraria en Colombia —desde la Ley 100 de 1936 hasta el Pacto de Chicoral de los años setenta, pasando por la reforma de Lleras Restrepo en los sesenta— tenía en el punto 1 su nueva batalla. Que la restitución hubiera comenzado a implementarse antes de la firma del Acuerdo, bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura durante el segundo mandato de Santos, no atenuó la resistencia: la aceleró.

Frenar la JEP y desactivar la reforma rural no eran, para los auditorios duros, dos causas separadas. Eran la misma: preservar la impunidad militar y la concentración de la tierra, los dos pilares del orden que la salida negociada amenazaba. El gobierno Duque, con Uribe como mentor y con figuras de la línea dura en cargos de decisión, era el instrumento institucional de esa protección. Los defensores del Acuerdo replicaron que el móvil de Uribe no era el contenido sino el resentimiento personal contra Santos —recordando que el propio Uribe había intentado negociar con las FARC durante su presidencia—, pero esa lectura, aunque circuló como argumento de campaña, dejaba en segundo plano lo que estaba realmente en juego para las bases materiales del uribismo.

Los territorios: la implementación en el terreno

Mientras el pulso institucional se libraba en Bogotá, en las zonas de conflicto la implementación se descomponía. El Acuerdo comprometía al Estado a priorizar la sustitución voluntaria y concertada de cultivos frente a cualquier otra medida. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, el PNIS, había vinculado a decenas de miles de familias campesinas. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, los PDET, debían transformar 170 municipios priorizados con inversión, infraestructura y presencia estatal. Para 2018, los testimonios recogidos en los territorios coincidían: los programas perdían fuerza y se reducían principalmente a la construcción de vías. La visión de transformación integral no había arraigado en el gobierno.

Los datos daban cuenta del giro. Las zonas donde se pactó sustitución voluntaria registraron una tasa de resiembra de coca del 0,8 %, mientras que en los territorios de erradicación forzada se disparó al 50 %. El gobierno Duque, sin embargo, priorizó la erradicación y llegó a plantear el retorno a la aspersión aérea con glifosato. La consecuencia era doble. Por un lado, se destruyó el vínculo con las comunidades que habían apostado por la sustitución. Por el otro, se expandieron las economías ilegales justo donde el Acuerdo prometía sustituirlas.

La violencia siguió la misma curva. En los 161 municipios que habían sido territorios de presencia de las FARC, los homicidios de 2018 subieron un 30 % respecto a 2016. Los municipios con población inscrita en el PNIS registraron tasas de homicidio muy superiores a las de municipios sin coca. Solo en Putumayo, Caquetá y Guaviare fueron asesinados 113 líderes sociales entre 2016 y 2020, muchos de ellos promotores del PNIS y de procesos de sustitución. Desde la firma del Acuerdo hasta 2021, más de 300 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados, y la OACNUDH había reportado ya en 2017 más de 105 activistas de derechos humanos asesinados en regiones que habían sido bastiones de la guerrilla.

La reconfiguración armada

Los actores de esa violencia se reconfiguraban a velocidad. Las disidencias de las FARC-EP crecieron en la Orinoquía: hacia 2018, exintegrantes de los bloques Oriental y Sur retomaron las armas y disputaron el control de rutas y economías ilegales. En paralelo, el ELN aprovechó el vacío dejado por la desmovilización para expandirse hacia territorios donde antes no operaba, y grupos paramilitares de nueva generación —Clan del Golfo, Caparrapos, Águilas Negras y estructuras locales sin mando unificado— completaron el mapa.

En Putumayo, la disputa entre disidencias por el control de corredores hacia Ecuador dejó a la población civil en medio del fuego, y los excombatientes reincorporados quedaron expuestos a un doble asedio: de quienes buscaban reclutarlos y de quienes los consideraban obstáculos para el control territorial. En el norte del Cauca, el EPL, las Águilas Negras, disidencias de las FARC y el ELN amenazaron desde 2017 a líderes indígenas y sociales, muchos declarados objetivo militar por control de rutas y economías cocaleras; la guardia indígena, sin armas, se convirtió en la primera línea de contención frente a actores fuertemente armados, y los asesinatos de comuneros nasa dibujaron un patrón sistemático de eliminación selectiva. En el Catatumbo, la mezcla de erradicación forzada, presencia del ELN y del EPL y disputas por rutas hacia Venezuela produjo episodios de violencia estatal directa: el 26 de marzo de 2020, en el contexto de protestas campesinas contra la erradicación, miembros del Ejército asesinaron a Alejandro Carvajal, punta visible de un patrón más amplio de choque entre fuerza pública y comunidades cocaleras.

Los excombatientes reincorporados eran perseguidos por dos razones documentadas: su negativa a reintegrarse a grupos armados y su condición de obstáculos para el control territorial y el narcotráfico. Los que no se desmovilizaron dejaron de ser FARC y se convirtieron en bandas criminales, mientras más del 90 % de los firmantes continuaba en el proceso.

Cabe preguntar hasta qué punto esa violencia era responsabilidad del gobierno Duque. Buena parte de las dinámicas —la resiembra, la reconfiguración de grupos, el asesinato de líderes— respondían a factores estructurales: la persistencia del narcotráfico, la ausencia histórica del Estado en los territorios, la existencia de rentas ilegales que ningún gobierno habría desmontado en dos años. Pero los incumplimientos del Acuerdo, la política de erradicación forzada, la lentitud de la reincorporación económica y el debilitamiento de los programas del Punto 1 aceleraron el deterioro. El gobierno no creó la crisis, pero optimizó las condiciones para que se profundizara.

La desconexión y el descrédito

Sobre ese fondo se produjo el momento que muchos analistas fijaron como el signo más nítido del gobierno Duque. En junio de 2019, la líder social María del Pilar Hurtado fue asesinada en Tierralta, Córdoba. Mientras su hijo lloraba sobre su cadáver —una imagen que circuló por el país—, el presidente tuiteaba desde el Festival de Publicidad de Cannes sobre creatividad, tecnología y economía naranja, su bandera cultural y de industrias creativas. La coincidencia condensó una percepción que ya se había ido formando: un gobierno desconectado del dolor de las víctimas, sin lenguaje ni tiempo para el país que ardía en los territorios. El caso Hurtado se sumó al goteo de asesinatos que ni la Fiscalía ni el Ejecutivo lograban contener ni explicar.

La distancia se acentuó por la ruptura con el gobierno anterior. Santos ofreció reiteradamente colaboración durante el paro estudiantil de 2018, las protestas de noviembre de 2019, la pandemia, el huracán Iota de noviembre de 2020 y el paro de 2021, y sostiene que Duque nunca respondió ni pronunció públicamente su nombre. Gestionó una oferta de la Fundación Rockefeller para dotar de energía solar a Providencia tras el huracán, sin que la relación institucional se destrabara. Para mantener la coherencia con su base uribista, Duque necesitaba negar cualquier continuidad con la administración que había firmado el Acuerdo. El costo fue una gestión sin memoria de Estado, en un país que atravesaba emergencias que exigían todo lo contrario.

El descrédito del liderazgo político y de las instituciones se profundizó. No era un fenómeno exclusivo del gobierno Duque —afectaba a otros liderazgos y venía de más atrás—, pero la respuesta a las protestas de noviembre de 2019, y luego la represión desproporcionada de manifestantes durante 2020 y 2021, con muertes, torturas y exilios documentados, terminó por sellarlo. El malestar acumulado por la respuesta a la violencia contra líderes sociales, por la implementación limitada del Acuerdo, por la crisis económica y social agravada por la pandemia, y por la percepción de un gobierno sordo, se convirtió en el combustible del estallido de abril de 2021.

La polarización como método y como herencia

La polarización anudaba el desmonte institucional con la desconexión de gobierno. Duque no la inventó: la heredó del plebiscito y del estilo político del uribismo. Pero su gobierno la administró como un recurso, no como un problema por resolver. Mientras el país estuviera dividido entre "amigos de la paz" y "amigos de la legalidad", el desmonte selectivo del Acuerdo podía presentarse como corrección técnica y no como opción política, y la crítica a los incumplimientos se descalificaba como defensa de la impunidad.

Las redes sociales fueron el terreno privilegiado. Twitter, en particular, se consolidó como herramienta central de las campañas y del debate público, con prácticas irregulares —mercados de amplificación digital— que distorsionaban las conversaciones. Las fórmulas breves y emocionales que habían funcionado en el plebiscito siguieron funcionando en la disputa por la JEP, por las curules de las víctimas, por la restitución de tierras. Cada tema técnico se convertía en pulso identitario. El daño acumulado a la deliberación pública fue profundo: cuando Colombia entró en la pandemia y en la crisis social de 2020-2021, había perdido buena parte de los mecanismos comunes para procesar el desacuerdo.

Consecuencias

De la elección de 2018 y de los dos primeros años del gobierno Duque quedó un mapa reciente del país marcado por tres capas de sedimento. La primera, inmediata, se expresó en una implementación del Acuerdo severamente limitada, señalada por el Instituto Kroc en 2021 y por observadores internacionales; en una JEP que sobrevivió al asedio pero avanzó con lentitud; en una violencia territorial que se consolidó como el rasgo dominante del posconflicto, con cifras de excombatientes y líderes sociales asesinados que hicieron de Colombia uno de los países más peligrosos del mundo para el activismo social; y en una política antidroga que reemplazó la sustitución concertada por la erradicación forzada, con resultados perversos medibles en las tasas de resiembra.

La segunda capa, de mediano plazo, se manifestó en el estallido social de abril y mayo de 2021, en la crisis de la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, en la represión policial que dejó muertos y desaparecidos, y en el desgaste terminal del bloque de gobierno. La recomposición del campo político acabaría con la elección de Gustavo Petro en junio de 2022, la primera victoria de la izquierda en la historia republicana colombiana. El uribismo, al usar el poder para proteger a sus auditorios duros del Acuerdo, aceleró su propio desgaste hasta perder la Presidencia por primera vez desde 2002 en un traspaso limpio a su antagonista más directo.

La tercera capa, la de largo plazo, sigue abierta. Los nudos estructurales que el Acuerdo intentó desatar —la concentración de la tierra, la economía del narcotráfico, la impunidad de crímenes de Estado, el vacío estatal en los territorios— siguen operando. La JEP produjo, ya avanzado el gobierno Duque y después, imputaciones históricas contra la antigua Secretaría del Secretariado de las FARC y contra oficiales del Ejército por falsos positivos, cumpliendo la función de rendición de cuentas para la que fue diseñada. Pero la reincorporación quedó frágil, la sustitución erosionada, la reforma rural apenas iniciada. La Comisión de la Verdad entregó su informe final en junio de 2022 y aportó una narrativa oficial sobre el conflicto que ninguna administración anterior había producido.

Por qué sigue importando

La elección de Iván Duque en 2018 fue el momento en que Colombia decidió, por vía democrática, que un movimiento estructuralmente incompatible con el Acuerdo de Paz administrara su implementación. No fue una contradicción improvisada: fue el resultado previsible de que los defensores del Acuerdo llegaran fragmentados a las urnas y de que la coalición del No mantuviera intactas su cohesión y su base social. De ahí se desprende algo más que una crónica: un acuerdo de paz no se consolida por la sola firma. Necesita mayorías estables que lo sostengan durante los años de implementación, y esas mayorías no se dieron por hechas. Cuando el poder ejecutivo pertenece a fuerzas cuyos auditorios se sienten amenazados por los mecanismos del acuerdo, la implementación se convierte en un pulso permanente en el que cada objeción, cada demora y cada desmontaje selectivo deja huella difícil de revertir.

Sobre ese piso incierto se juega, todavía, el destino de la paz que se firmó en La Habana.