Néstor Humberto Martínez Neira

La semblanza

Martínez Neira pertenece a esa franja del establecimiento jurídico colombiano en la que la abogacía corporativa, la asesoría al gran capital y el servicio al Estado forman un mismo tejido. Sirvió como ministro de dos presidentes de coaliciones distintas antes de llegar, ya en la sexta década de su vida, a la Fiscalía General de la Nación para el cuatrienio 2016-2020. Ese período coincide con la firma del Acuerdo Final entre el gobierno de Santos y las FARC, con la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz y con el estallido de dos de los escándalos judiciales más severos que ha conocido el país en democracia: el llamado Cartel de la Toga y las revelaciones sobre los pagos irregulares de Odebrecht a través de la concesión Ruta del Sol II.

Su figura no puede desligarse del momento institucional que le tocó. Fue el fiscal del Posacuerdo. Esa posición, más que sus opiniones personales o su recorrido previo, explica por qué su gestión sigue siendo objeto de disputa. Allí se cruzaban tres planos: la persecución penal ordinaria, la justicia transicional recién nacida y los intereses del establecimiento económico al que él mismo había pertenecido como abogado. La Fiscalía era, por definición, un nudo sensible. Martínez lo condujo durante cuatro años.

Los orígenes de un jurista de Estado

Hacia mediados de los años noventa, Martínez Neira era ya un abogado reconocido, con credenciales suficientes para ocupar una de las carteras más delicadas del gobierno de Ernesto Samper: el Ministerio de Justicia. Fue en ese cargo donde se hizo conocido para el gran público, en un período marcado por el Proceso 8.000 y por la crisis institucional derivada de las acusaciones sobre la infiltración del narcotráfico en la campaña presidencial de 1994. La cartera lo obligó a operar en el corazón mismo de la tormenta: un gobierno bajo sospecha, una relación con Estados Unidos deteriorada y una opinión pública que exigía señales claras de independencia judicial mientras el propio presidente era investigado por el Congreso.

En aquellos años, la Fiscalía General de la Nación era todavía una institución joven, creada por la Constitución de 1991, y el Ministerio de Justicia mantenía una relación cotidiana con ella en el diseño de la política criminal. Martínez conoció desde dentro ese engranaje. Conoció las tensiones entre el ente investigador y el poder ejecutivo, la presión de Washington sobre las decisiones judiciales colombianas, la fragilidad de una carrera judicial en construcción. La Fiscalía a la que regresaría dos décadas más tarde ya no era la misma que había conocido como ministro. Era más grande, más técnica, con presupuesto propio y con una exposición pública desproporcionada. Su cabeza se había convertido en uno de los cargos más codiciados del Estado colombiano, y en uno de los pocos capaces de fijar por sí solo la agenda mediática del país durante semanas.

Entre aquel joven ministro de Samper y el fiscal que asumiría en 2016 median casi veinte años de vida profesional. En ese lapso, el nombre de Martínez Neira circuló por firmas de abogados, juntas directivas, foros académicos y despachos oficiales, tejiendo una red densa de relaciones con el gran capital colombiano. Esa red, más que un currículum individual, es la que explica por qué su figura sería recurrentemente considerada para cargos de la mayor responsabilidad pública durante tres administraciones consecutivas.

Dos gabinetes y una consideración

El primer hito documentado de su carrera pública es su paso por el Ministerio de Justicia durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998). Concluido ese gobierno, y con el traslado del poder al conservador Andrés Pastrana en agosto de 1998, Martínez Neira fue designado Ministro del Interior. El cambio es significativo: pasar del gabinete de un presidente liberal cuestionado por la financiación de su campaña al gabinete de su sucesor conservador, elegido en buena parte sobre la promesa de restaurar la legitimidad institucional erosionada. La continuidad del operador jurídico por encima de la alternancia partidaria empieza a dibujarse ya en ese tránsito.

Un episodio específico de esa gestión aparece registrado. Como ministro del Interior de Pastrana, Martínez participó en las discusiones de la comisión que trabajaba un proyecto de reforma política. Según el relato de Íngrid Betancourt, su incorporación marcó un punto de inflexión negativo en aquel proceso, aunque no queda detallado en qué consistió su actuación: la memoria conserva la impresión, no un cargo comprobado.

El tercer hito público es la consideración de Santos para incluirlo en la terna a Fiscal General de la Nación en 2016. El propio Santos ha relatado que recibió múltiples advertencias sobre Martínez antes de tomar una decisión. En un primer momento, presionado por esas advertencias políticas, resolvió no incluirlo. Lo invitó a almorzar al Palacio de Nariño y se lo comunicó personalmente. Martínez, según el propio expresidente, reaccionó con una serenidad y una ausencia de contrariedad que sorprendieron al mandatario. Esa escena —el aspirante que encaja sin gesto la mala noticia y se despide con la misma cortesía con que entró— quedaría en la memoria de Santos como un pequeño enigma que aún volvería sobre él años después, cuando reconstruyó públicamente las decisiones de las que se arrepentía.

Lo cierto es el resultado: fue elegido Fiscal General de la Nación por la Corte Suprema de Justicia a partir de una terna presidencial, y asumió el cargo en 2016 para el período que se extendería hasta 2020. Santos, años más tarde, mencionaría este episodio en el mismo tramo de su relato en que evocó el error de haber apoyado la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, sugiriendo —sin decirlo con todas las letras— que los consideraba decisiones de una misma familia.

La Fiscalía del Posacuerdo

Martínez llegó a la Fiscalía en un momento sin precedentes en la historia colombiana reciente. El Acuerdo Final entre el gobierno y las FARC estaba en su fase de negociación culminante en La Habana. En pocos meses se firmaría, se plebiscitaría, se rechazaría en las urnas por márgenes estrechos, se renegociaría y se refrendaría por el Congreso. La Jurisdicción Especial para la Paz sería creada mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 como componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, junto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad.

El 15 de enero de 2018, según declaración de la presidenta de la JEP, Patricia Linares, el presidente Santos posesionó a 30 magistrados y al Director de la Unidad de Investigación de la jurisdicción, instalando formalmente el componente de justicia del sistema. El 1 de marzo de ese mismo año, cuatro nuevos magistrados asumieron sus cargos, con lo que quedaron en funciones 35 de los 38 previstos.

En ese escenario, la Fiscalía dirigida por Martínez tenía frente a sí una tarea institucional compleja: coexistir con una jurisdicción nueva, competente para conocer los hechos del conflicto armado ocurridos hasta el 1 de diciembre de 2016 —fecha que la propia JEP fijó como corte temporal— sin que esa coexistencia estuviera libre de fricciones. Desde los primeros meses de la implementación, altos tomadores de decisiones dentro del Estado colombiano se arrogaron el derecho de modificar unilateralmente lo acordado, y en muchas ocasiones lo lograron, en tensión con el principio de que las FARC podían vetar cambios al texto firmado. Ese margen de discrecionalidad estatal atravesó todo el Posacuerdo, y la Fiscalía General era una de las instituciones desde donde podía materializarse.

El caso Santrich y la fricción con la JEP

El episodio más público de tensión entre la Fiscalía de Martínez y la JEP fue la captura, el 10 de abril de 2018, de Seuxis Paucias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, uno de los antiguos jefes de las FARC y firmante del Acuerdo. La captura se produjo por solicitud de extradición de Estados Unidos, con base en imputaciones por narcotráfico presuntamente cometidas después del 1 de diciembre de 2016.

La JEP asumió competencia sobre el caso a través de su Sección de Revisión, invocando el Artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. La presidenta Linares declaró que la jurisdicción actuaría con rigor, independencia, autonomía e imparcialidad, sometida a la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales, y precisó que la Sección de Revisión debía verificar si los hechos imputados a Santrich habían ocurrido antes o después del corte del 1 de diciembre de 2016. Si eran posteriores, el caso debería remitirse a la jurisdicción ordinaria sin excluir la extradición.

El conflicto excedía la disputa personal entre Martínez y Linares con que lo pintó la prensa. Expresaba, en el plano institucional, una contradicción de fondo del diseño colombiano: un Estado que había firmado la paz pero no había resuelto plenamente qué jurisdicción tendría la última palabra sobre los excombatientes de las FARC ante hechos ambiguos en su ubicación temporal. La Fiscalía sostenía la vía de la extradición. La JEP reclamaba la verificación previa de competencia. En esa fricción se jugaba mucho más que el destino individual de Santrich: se jugaba el equilibrio, aún no cuajado, entre la justicia ordinaria y la transicional.

Atribuir a Martínez una estrategia articulada de bloqueo a la jurisdicción transicional excede lo que el archivo acredita. Cabe constatar, en cambio, que la Fiscalía bajo su conducción operó, en al menos este caso emblemático, como un contrapeso institucional que exigía a la JEP demostrar su competencia antes de asumir un caso que la Fiscalía consideraba propio. Los sectores más críticos leyeron en ello la ejecución fina de una agenda; otros observaron una disputa de atribuciones jurídicas legítima entre dos entes autónomos. Alrededor de esa fricción se movía un tercer actor con incentivos estructurales propios: el uribismo, que había representado a sectores con interés directo en debilitar la justicia transicional y para el cual el ataque a la JEP era una posición estable. La Fiscalía no era parte del uribismo, pero sus fricciones con la JEP se produjeron en un ambiente político donde ese ataque estructural marcaba el pulso del debate.

Odebrecht y las controversias del cargo

En paralelo a las fricciones con la JEP, la Fiscalía de Martínez condujo la investigación del caso Odebrecht en Colombia, en el marco del escándalo continental desatado por las revelaciones sobre los sobornos y las financiaciones irregulares de la constructora brasileña.

Los hallazgos verificados por la Fiscalía documentaron que Odebrecht había utilizado la concesión Ruta del Sol II para emitir facturas falsas por contratos simulados de movimientos de tierra en el municipio de Sahagún, mecanismo que habría servido para canalizar pagos irregulares. La lógica del esquema, tal como fue descrita con base en los hallazgos judiciales, consistía en usar empresas con manejo intensivo de efectivo —concesionarios de peajes, contratistas de obra pública— para justificar contratos ficticios y canalizar dinero hacia campañas políticas.

La controversia que rodeó la actuación de Martínez en este caso no derivó de la existencia misma de la investigación, que efectivamente se llevó a cabo, sino de un dato de su biografía profesional inmediatamente anterior: había ejercido como asesor jurídico de intereses vinculados al grupo económico que participaba en la concesión Ruta del Sol II. Los críticos plantearon que existía un conflicto de interés estructural. Los defensores respondieron que la investigación avanzó y produjo imputaciones. La disputa quedó abierta: no hay evidencia de que Martínez obstruyera la investigación ni de que la orientara para proteger a actores específicos, ni tampoco constancia positiva de que su trayectoria previa no condicionara decisiones de fondo. Es uno de los puntos donde la Fiscalía del Posacuerdo dejó, deliberada o involuntariamente, una zona gris que la memoria pública sigue procesando.

La densidad simbólica del caso se agravaba por un elemento adicional: la Fiscalía imputaba en Colombia con información que llegaba filtrada por los acuerdos de colaboración firmados por los ejecutivos brasileños en otras jurisdicciones. Sobre ese desequilibrio Martínez no tenía control, pero se proyectó también sobre la lectura pública de su gestión.

El Cartel de la Toga y el nombramiento de Gustavo Moreno

Si el caso Odebrecht fue la controversia externa que persiguió a Martínez durante todo su período, el llamado Cartel de la Toga fue la crisis interna que estalló bajo su conducción.

En octubre de 2016, poco después de asumir la Fiscalía, Martínez nombró a Luis Gustavo Moreno como Director Nacional Anticorrupción, cargo que la prensa nacional describió como uno de los más importantes de la justicia colombiana. Moreno tenía aproximadamente 36 años y menos de una década de carrera profesional. Antes de su designación había sido abogado de personajes como Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia investigado por parapolítica, y Bartolo Valencia, exalcalde de Buenaventura condenado por irregularidades contractuales.

Menos de un año después, Moreno fue arrestado por la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos en el marco de un esquema de corrupción judicial que la prensa bautizó como Cartel de la Toga. La red operaba mediante mecanismos precisos: desviar investigaciones, dilatar procesos, usar información privilegiada, retardar trámites, alterar evidencias y restar credibilidad a testigos a través de campañas mediáticas. Favorecía a quienes pagaban y, al mismo tiempo, judicializaba, o amenazaba con judicializar, a quienes se negaban a pagar los sobornos exigidos. Un exjuez testificó ante la Comisión de la Verdad que a una persona le extrajeron alrededor de 1.100 millones de pesos.

El alcance de la red tocó a funcionarios de alto nivel, incluyendo a un expresidente de la Corte Suprema de Justicia, arrestado por su presunto papel en la trama, y a exmagistrados acusados de recibir sobornos de congresistas corruptos, algunos con vínculos con grupos paramilitares. La intersección entre el Cartel de la Toga y los procesos de parapolítica —congresistas investigados por sus alianzas con las autodefensas que habrían pagado por desviar sus procesos— dio a la trama una dimensión política adicional, sin que la parapolítica pueda afirmarse como el eje estructural definitorio de la red.

La responsabilidad de Martínez en este escándalo se juega entre dos lecturas. La más severa señala que el hombre por él designado como zar anticorrupción resultó ser, según las imputaciones, un operador central de la red misma que debía combatir, lo que compromete su juicio institucional. La más benévola sostiene que fue precisamente bajo su Fiscalía cuando el escándalo estalló y se procesó, y que ninguna evidencia acreditada implica a Martínez en la trama. La ambigüedad no se cierra. Hay, eso sí, un hecho de peso: la acumulación de cargos de corrupción contra miembros de la rama judicial, políticos y funcionarios convirtió el tema en uno de los ejes centrales de la política colombiana en 2017, en pleno cuatrienio de Martínez al frente del ente investigador.

Balance institucional

Evaluar la gestión de Néstor Humberto Martínez Neira al frente de la Fiscalía General de la Nación exige separar tres planos que la memoria pública tiende a fundir, y situarlos sobre el trasfondo de una red institucional y personal que su trayectoria fue tejiendo a lo largo de tres décadas.

Sirvió como ministro de Ernesto Samper y de Andrés Pastrana, dos presidentes de coaliciones distintas y sensibilidades enfrentadas. Fue considerado para la Fiscalía por Juan Manuel Santos, un tercer presidente de otra combinación política. Y ejerció como Fiscal General durante el primer tramo del gobierno de Iván Duque, en 2018-2020, cuyo movimiento —el uribismo— tenía posiciones estructuralmente opuestas al Acuerdo firmado bajo Santos. Esa capacidad de moverse entre gobiernos de signo distinto se explica por la utilidad profesional de un operador jurídico capaz de servir a élites con agendas divergentes, más que por lealtades partidarias. Su poder derivaba de su condición de tecnócrata jurídico indispensable. Otros fiscales antes que él —Gustavo de Greiff en los años noventa, Eduardo Montealegre en el período inmediatamente anterior— habían enfrentado tensiones análogas entre la autonomía formal del cargo y las presiones políticas del contexto. Martínez heredó ese protagonismo y lo ejerció en el momento de máxima exposición.

El primer plano es el de lo institucionalmente producido. Bajo su conducción, la Fiscalía investigó y produjo imputaciones en el caso Odebrecht, procesó el escándalo del Cartel de la Toga tras la caída de su propio Director Nacional Anticorrupción y mantuvo la actividad ordinaria del ente investigador en un contexto de transición política intensa. No es un balance menor: la Fiscalía funcionó, procesó casos de alto perfil y no colapsó institucionalmente. La rutina judicial siguió operando bajo presión sostenida, lo que en el contexto latinoamericano de la época no era un logro trivial.

El segundo es el plano de las controversias documentadas. Su trayectoria profesional previa vinculada a intereses económicos relacionados con la Ruta del Sol II proyectó una sombra permanente sobre la investigación del caso Odebrecht, aunque no es posible afirmar que esa sombra se materializó en decisiones específicas de obstrucción. El nombramiento de Gustavo Moreno como zar anticorrupción, y su posterior caída, comprometió el juicio institucional del Fiscal en un asunto donde el criterio de selección de personal era, precisamente, el activo más importante. Las fricciones con la JEP —cristalizadas en el caso Santrich— pusieron a la Fiscalía en una posición leída por sectores del Acuerdo como hostil a la implementación, y por sectores del uribismo como insuficientemente firme, según la posición del observador. Ninguna de las tres controversias se cierra con un veredicto único. Cada una queda inscrita como un asterisco sobre la conducción del cargo.

El tercero es el plano estructural, el que menos se discute en la coyuntura pero el que más pesa en la historia. Martínez fue el Fiscal del Posacuerdo, el período en el que altos tomadores de decisiones del Estado se arrogaron el derecho de modificar unilateralmente lo acordado y en muchas ocasiones lo lograron, mientras las FARC contaban formalmente con un derecho de veto que en la práctica se erosionaba. La Fiscalía era una de las instituciones desde donde ese margen podía ejercerse. Si Martínez lo ejerció o no de manera deliberada, es asunto que el archivo no resuelve. Que su Fiscalía ocupara, en el diseño institucional del Posacuerdo, una posición desde la cual esa erosión era posible, sí es un hecho.

Su huella

La figura que emerge es la de un jurista de Estado cuya centralidad en el Posacuerdo colombiano fue simultáneamente el producto de sus méritos profesionales —de otro modo no habría sido considerado por tres presidentes— y de las limitaciones de un sistema institucional en el que la circulación entre asesoría corporativa y altos cargos públicos ocurre sin contrapesos suficientes.

Martínez Neira escapa por igual a la caricatura del fiscal cooptado y a la imagen del fiscal ejemplar. La primera exige atribuirle una agencia consciente que no se puede acreditar. La segunda ignora las sombras concretas —Moreno, Odebrecht, la fricción con la JEP— que su cuatrienio dejó documentadas.

Salió del cargo en 2020, al término del período, dejando una Fiscalía en funcionamiento, un caso Odebrecht abierto, un Cartel de la Toga en pleno procesamiento judicial y una JEP consolidada en su primer trienio de operaciones. Para octubre de ese año, la JEP y el resto del Sistema Integral presentaban avances significativos en la acreditación de víctimas y en la conducción de macrocasos. Los expedientes que atravesaron su período seguían produciendo hallazgos en la jurisdicción ordinaria y en la transicional. Ninguna de esas dos jurisdicciones había cerrado, sobre los hechos ocurridos mientras él ocupaba la oficina, el cuadro definitivo con el cual la historia terminará leyéndolo.

Lo que sí queda establecido es la constancia de un abogado que sirvió a tres gobiernos, fue considerado por un cuarto, ocupó el cargo más poderoso de la justicia colombiana en el momento más frágil de su historia reciente, y dejó tras de sí un balance que ni sus críticos más severos ni sus defensores más entusiastas pueden reducir a un enunciado único sin traicionar los hechos que lo sostienen.