Patricia Linares Prieto

Una jurista del ecosistema transicional

Antes de la JEP, Linares se movía en un terreno específico y reconocible del campo jurídico colombiano: el de la administración pública, la magistratura auxiliar y el circuito académico e institucional de la memoria histórica y los derechos humanos. Su formación combina el Derecho con la Administración Pública y estudios de Filosofía, un perfil que la sitúa más cerca del jurista-servidor de Estado que del litigante o del magistrado de carrera judicial ordinaria. A lo largo de las décadas previas a 2017 ocupó cargos en el ICFES, en la Universidad Pedagógica Nacional y en la administración judicial; ejerció como magistrada auxiliar, trabajó en la Procuraduría General de la Nación, asesoró al Centro Nacional de Memoria Histórica, participó en organismos internacionales y mantuvo actividad docente.

Es una trayectoria de circulación entre instituciones estatales y espacios de producción de conocimiento sobre el conflicto armado, más que una carrera vertical dentro de un solo cuerpo. Y también una trayectoria discreta en el registro público: no dejó tras de sí una obra jurídica de firma personal ni un archivo de intervenciones mediáticas ruidosas. Cuando el proceso de selección de la JEP la escogió para presidir la nueva jurisdicción, no llegaba desde la magistratura de las altas cortes ni desde la política de partidos, sino desde ese estrato menos visible pero decisivo del Estado colombiano que administra procedimientos, redacta conceptos y traduce en normas la voluntad política.

Servicio público y derechos humanos

El paso por la Procuraduría y por la administración judicial le dio un conocimiento operativo del aparato disciplinario y de vigilancia del Estado, un saber que resultaría útil en la fase inicial de la JEP, donde buena parte del trabajo consistía en levantar estructuras administrativas desde cero. Su labor como magistrada auxiliar la familiarizó con la dinámica interna de la producción de decisiones judiciales de alta complejidad, un rodaje distinto al del juez de instancia. La asesoría al Centro Nacional de Memoria Histórica y la participación en organismos internacionales completan un cuadro en el que los derechos humanos aparecen no como bandera activista sino como campo de trabajo técnico: normas, procedimientos, informes, contribuciones a mecanismos de esclarecimiento.

Ese perfil —el de una operadora del Estado con sensibilidad transicional— resulta legible en la lista de compromisos que ella misma formularía al instalar la JEP: rigor, independencia, sometimiento a la Constitución, a la ley y a los instrumentos internacionales, centralidad de las víctimas. Es el vocabulario de alguien que llega al cargo desde la cultura institucional del Estado, no desde su impugnación.

Memoria histórica: el Grupo antes del Centro

Uno de los anclajes más firmes de la trayectoria de Linares está en el Grupo de Memoria Histórica, la instancia coordinada por Gonzalo Sánchez Gómez que produjo, en el marco de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la primera generación de informes sobre la violencia colombiana antes de que ese equipo se transformara en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Linares figura como investigadora miembro del Grupo, y su nombre aparece acreditado en los créditos de La Rochela: Memorias de un crimen contra la justicia, la investigación sobre el asesinato de la comisión judicial que en 1989 fue masacrada por paramilitares cuando indagaba crímenes del Magdalena Medio.

El equipo intelectual del Grupo era la nómina más reconocible del campo transicional colombiano: Rodrigo Uprimny, Iván Orozco Abad, María Emma Wills, Martha Nubia Bello. La investigación específica sobre La Rochela fue relatada por Orozco, con un equipo de investigadores más jóvenes. Linares no figura como autora individual de esos informes ni como coordinadora de una línea; su participación es la de una integrante del colectivo de investigadores que sostenía la producción del Grupo. Esta precisión importa: su biografía pública se ha tendido a leer, retrospectivamente, como si su rol en el Grupo hubiera sido más protagónico. Fue, más bien, parte de la red intelectual e institucional que teorizó y practicó la memoria histórica antes de que existiera la JEP.

Esa pertenencia, sin embargo, tiene un peso simbólico y político considerable. Cuando en 2017 se elige a la presidenta de la nueva jurisdicción, se escoge a alguien que había trabajado codo a codo con quienes conceptualizaron durante más de una década la relación entre verdad, justicia y reparación en Colombia. La JEP fue diseñada, en algún sentido, para ser presidida por alguien de ese ecosistema.

La elección y la instalación

Patricia Linares se posesionó como presidenta de la JEP el 3 de noviembre de 2017, en un acto que la hizo la primera magistrada en asumir formalmente el cargo antes que los demás integrantes del cuerpo colegiado. Esa anticipación no es un detalle protocolario: hubo un lapso en el que la presidencia existía institucionalmente sin que el resto de magistrados estuviera todavía en funciones, un vacío que Linares tuvo que ocupar como interlocutora única de la jurisdicción frente al Gobierno, la prensa y las víctimas.

La instalación formal del cuerpo se produjo el 15 de enero de 2018, cuando el presidente Juan Manuel Santos Calderón posesionó a los otros 30 magistrados y magistradas y al Director de la Unidad de Investigación y Acusación. La declaración pública que Linares emitió ese día es el documento programático de su presidencia. Describió el acto como "un hecho histórico y trascendente" que sellaba la primera etapa de puesta en marcha del componente de justicia del Sistema Integral. Ese lenguaje —solemne, deliberadamente inscrito en la retórica del hito— condensaba lo que la JEP necesitaba proyectar: que existía, que se había instalado y que iba a operar.

En la misma declaración, comprometió a la jurisdicción con el rigor y la independencia, y con el pleno sometimiento a la Constitución, a la ley y a los instrumentos internacionales. Presentó a la JEP no como una entidad aislada sino como parte del Sistema Integral —junto a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas—, subrayando una arquitectura tripartita que sería, durante todo su mandato, uno de los ejes discursivos de su presidencia.

La primera sesión plenaria de la JEP se celebró con 31 magistrados en funciones —los 30 recién posesionados y ella— en la sede de la jurisdicción en Chapinero, Bogotá. Las tareas inmediatas eran claras: elaborar el reglamento interno y redactar el proyecto de procedimiento que el Gobierno sometería a consideración del Congreso. El 1 de marzo de 2018 se sumaron cuatro magistrados adicionales —Jesús Ángel Bobadilla Moreno, Eduardo Cifuentes Muñoz, Zoraida Chalela Romano y Mauricio García Cadena—, elevando el total a 35 de los 38 previstos. Tres de ellos —Bobadilla, Cifuentes y Chalela— pasarían a integrar el Tribunal para la Paz, órgano compuesto por 20 magistrados y cuatro amicus curiae; García Cadena se incorporó a una de las salas.

La JEP se preparaba para abrir sus puertas al público en marzo de 2018 con su reglamento interno redactado. La presidencia de Linares en esos meses fue, en lo esencial, una gerencia institucional: coordinar la redacción normativa, componer las salas, articular el Tribunal, definir el procedimiento. Trabajo administrativo y jurídico simultáneo, hecho bajo la mirada crítica de un país recién salido del plebiscito de 2016 y de un debate público en el que el Acuerdo de La Habana seguía siendo objeto de impugnación política activa.

2018: la defensa de la autonomía bajo fuego

Si el primer semestre de 2018 fue el de la instalación, el resto del año le impuso a Linares un tipo distinto de prueba: la defensa pública de la competencia y la autonomía de la JEP frente a dos crisis que amenazaron con desestabilizarla antes de que hubiera producido siquiera una decisión sustantiva.

La primera fue el caso de Seuxis Peucos Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Miembro del secretariado histórico de las FARC-EP y firmante del Acuerdo, Hernández Solarte había suscrito el acta de sometimiento a la JEP, quedando como sujeto de esa jurisdicción. En abril de 2018 fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico presuntamente cometidos con posterioridad a la firma del Acuerdo. El caso puso en tensión varios ejes del diseño transicional: si los hechos imputados eran anteriores al 1 de diciembre de 2016 y relacionados con el conflicto, correspondían a la Sala de Reconocimiento de la JEP; si eran posteriores, la competencia era de la jurisdicción ordinaria. Determinar en qué categoría caían los hechos —y por tanto qué autoridad decidía sobre la extradición— se convirtió en un litigio político y jurídico de primer orden.

El 10 de abril de 2018, mediante el Comunicado No. 15, Linares declaró públicamente que la JEP asumiría el caso a través de su Sección de Revisión, conforme al Artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017. Afirmó que la jurisdicción actuaría "con pleno rigor" y bajo el marco constitucional vigente. La declaración era una defensa técnica de la competencia y, a la vez, una toma de posición institucional: la JEP no cedería la decisión sobre su propia jurisdicción a las presiones externas. Ese pronunciamiento —sereno, jurídicamente anclado en la norma correspondiente y desprovisto de retórica confrontacional— fijó el tono con el que la presidenta manejaría las crisis siguientes.

El caso Santrich se prolongaría durante meses, escalaría hasta la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez tras la decisión de la JEP de no autorizar la extradición en 2019, y terminaría con la fuga de Hernández Solarte y su retorno a las armas. El manejo específico del expediente correspondió a la Sección de Revisión, no a la presidencia; pero la voz pública de la JEP en el momento decisivo fue la de Linares, y su función política fue sostener que la jurisdicción era competente para decidir sobre sí misma.

La segunda crisis del año fue interna. El 10 de septiembre de 2018, Linares declaró públicamente que la Fiscalía General había notificado a tres personas vinculadas a la Secretaría Ejecutiva de la JEP en el marco de investigaciones sobre presuntos hechos irregulares. El fiscal general había informado a la presidenta con anterioridad, el viernes previo, sobre las actuaciones de un fiscal especializado. Los presuntos hechos, según la declaración, estaban orientados a obstaculizar el cumplimiento de las funciones de la JEP.

La lectura de esa crisis es más compleja que la del caso Santrich. Aquí no se trataba de defender la competencia frente a un ataque externo, sino de reconocer públicamente que dentro de la propia jurisdicción —o al menos en su brazo administrativo, heredado en parte del anterior Secretario Ejecutivo— había personas investigadas por conductas que pretendían dañarla desde adentro. Linares se refirió a las actuaciones de la Fiscalía en un registro institucional que reafirmaba la continuidad operativa de la JEP y su voluntad de que las investigaciones prosperaran. La crisis exponía, sin nombrarla, una vulnerabilidad estructural: la dependencia administrativa y la debilidad de los controles internos en una institución que había tenido que construir su aparato de gestión al mismo tiempo que empezaba a operar.

Las dos crisis de 2018 pueden leerse, retrospectivamente, como los primeros síntomas de tensiones que acompañarían a la JEP durante todo su ciclo: el pulso entre la jurisdicción y las autoridades ordinarias por el control de casos sensibles; la fragilidad administrativa de una institución nueva y bajo escrutinio permanente; el uso político de los expedientes por parte de sectores que nunca aceptaron el Acuerdo. La presidencia de Linares gestionó esas tensiones —las contuvo, las procesó, sostuvo el marco jurídico— pero no las resolvió. Las transfirió, como parte del legado institucional, al ciclo siguiente.

El balance de 2020 y el relevo

El 22 de octubre de 2020, la Sala Plena de la JEP eligió a Eduardo Cifuentes Muñoz como nuevo presidente y a Alexandra Sandoval Mantilla como nueva vicepresidenta, para un período de dos años. Cifuentes —quien se había incorporado al cuerpo de magistrados en marzo de 2018 y era una de las figuras más reconocidas del constitucionalismo colombiano, expresidente de la Corte Constitucional— sucedía a Linares al frente de la jurisdicción. Sandoval reemplazaba a Xiomara Balanta en la vicepresidencia. El relevo quedó consignado en el Comunicado 144 de 2020.

El mandato de Linares se extendió tres años, de noviembre de 2017 a octubre de 2020. En los días siguientes a la elección de Cifuentes, sin embargo, ella aún participaba en actividades públicas en representación de la JEP; el 29 de octubre de 2020 intervino en la Conferencia Internacional "Respuestas emergentes a atrocidades contemporáneas", organizada por la jurisdicción con apoyo del gobierno de Suiza, junto a los responsables de las otras dos entidades del Sistema Integral. Ese foro funcionó, en la práctica, como un balance colectivo del primer ciclo del Sistema: un ejercicio de rendición de cuentas ante la comunidad internacional en el que la JEP, la Comisión de la Verdad y la UBPD presentaban sus logros y su articulación como modelo.

El discurso institucional de esa conferencia subrayaba las cifras: personas sometidas a la jurisdicción, macrocasos abiertos, víctimas acreditadas. Aquí conviene una precaución historiográfica. Los resultados sustantivos de la JEP —los macrocasos, las imputaciones, las eventuales sanciones propias— son producto de decisiones colegiadas de salas y secciones, no de la presidencia. Atribuirle individualmente a Linares el balance de la jurisdicción sería tanto una hagiografía como una imprecisión institucional. Lo que sí le corresponde en propiedad es haber presidido la fase en la que ese aparato pudo ponerse en marcha: la aprobación del reglamento, la definición de los procedimientos, la selección y organización interna de los macrocasos, la representación pública de la jurisdicción frente a sus adversarios y sus aliados.

El campo académico y crítico que ha seguido a la JEP mantiene, sobre esta fase inicial, un debate abierto sobre la tensión entre verdad judicial y verdad histórica: hasta qué punto un tribunal —incluso uno diseñado con las herramientas de la justicia transicional— puede producir un relato sobre el conflicto que satisfaga simultáneamente las exigencias del derecho penal internacional, las demandas de las víctimas y las expectativas de una sociedad polarizada. Esa discusión, que atraviesa toda la literatura crítica sobre el Sistema Integral, no se cierra con la presidencia de Linares. Al contrario: ella la abrió en clave institucional al insistir, en cada intervención pública, en que la JEP era el componente de justicia de un sistema más amplio, y que su función se articulaba con la de la Comisión y la UBPD.

Lo que queda

La huella de Patricia Linares en la historia institucional colombiana es específica y acotada. No es la de una jurista con obra doctrinal de referencia; no es la de una magistrada con jurisprudencia individual asociada a su nombre; no es la de una figura política con proyecto propio. Es la de la primera presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, la persona a quien le correspondió el trabajo silencioso y fundacional de instalar una institución que el país tardaría años en aceptar y que sigue siendo objeto de disputa política activa.

Su presidencia coincidió con el momento más frágil del posacuerdo colombiano: el tránsito del gobierno Santos al gobierno Duque —crítico del Acuerdo desde el uribismo—, los intentos legislativos de modificar la JEP mediante objeciones presidenciales en 2019, el asesinato sistemático de excombatientes y líderes sociales, la fuga de Santrich y el retorno a las armas de una facción de las antiguas FARC. En ese entorno, la tarea de mantener a la jurisdicción operativa, con reglamento propio, con procedimientos definidos y con macrocasos en marcha, no era administrativa: era política en el sentido profundo del término. Requería sostener la legitimidad de una institución nueva frente a un ecosistema hostil.

Que Linares lograra hacerlo desde un perfil bajo —sin escándalos personales, sin declaraciones desafortunadas, sin protagonismo mediático innecesario— fue, probablemente, una de las condiciones de posibilidad de esa continuidad. Otra presidenta con un estilo más confrontacional habría podido dar a la JEP un rostro más visible, pero también más vulnerable a la personalización política del ataque. La discreción institucional de Linares tuvo un costo en visibilidad histórica —su nombre es menos recordado que el de Cifuentes, que llegó con capital simbólico acumulado desde la Corte Constitucional— y un beneficio en durabilidad: la jurisdicción sobrevivió a su fase inaugural.

Queda, sin embargo, una tensión que no debe eludirse. La designación de Linares —jurista sin cargos previos de la máxima visibilidad, integrante del ecosistema académico-transicional del Grupo de Memoria Histórica, servidora pública de perfil técnico— responde a un tipo específico de captura del diseño institucional: la JEP fue confiada a la red intelectual que la había teorizado. Esa red operaba en un vocabulario y con unas categorías —justicia transicional, verdad, reparación, no repetición— que no son neutrales; forman parte de una tradición conceptual con historia, con adherentes y con críticos. La presidencia de Linares fue, entre otras cosas, la traducción institucional de esa tradición al aparato del Estado colombiano.

Si esa traducción fue acertada o insuficiente, si la JEP en sus primeros años acertó a construir un modelo de justicia que respondiera a las víctimas del conflicto armado colombiano o si se quedó atrapada en las tensiones entre verdad judicial y verdad histórica, entre reconocimiento y sanción, entre los tiempos del derecho y los tiempos de la política, son preguntas que la historiografía del posacuerdo seguirá formulando durante décadas. La respuesta no dependerá de un juicio sobre Linares, sino sobre el modelo completo que ella contribuyó a instalar.

Lo que puede afirmarse sin ambigüedad es más modesto y más preciso: entre noviembre de 2017 y octubre de 2020, Patricia Linares Prieto presidió la Jurisdicción Especial para la Paz; la instaló, la reglamentó, la defendió públicamente en sus dos primeras crisis, la representó ante el país y la comunidad internacional, y la entregó en funcionamiento a su sucesor. Es una historia de servicio público, no de gesta. Y es, quizás por eso, exactamente el tipo de historia que la fase fundacional de una institución transicional necesitaba.