Garantías de no repetición

Las garantías de no repetición son el compromiso jurídico y político de que los crímenes atroces no vuelvan a ocurrir: el cuarto componente de la reparación integral, junto a la verdad, la justicia y la reparación material. En Colombia, ese compromiso adquiere un peso singular porque el país lo ha invocado —en la Ley de Justicia y Paz de 2005, en la Ley de Víctimas de 2011, en el Acuerdo Final de La Habana de 2016— sobre una historia en la que la violencia se repite. Su formulación colombiana, más ambiciosa que cualquier antecedente latinoamericano, arma un andamiaje institucional sofisticado —la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas— sobre unas condiciones materiales que apenas ha logrado alterar: la concentración de la tierra, la economía de la coca, la porosidad territorial del Estado y la persistencia de actores armados sustitutos. La brecha entre el diseño y el terreno es el asunto real de este concepto en Colombia.

Qué se promete cuando se promete la no repetición

En el vocabulario del derecho internacional de los derechos humanos, las garantías de no repetición son medidas orientadas a evitar que las violaciones vuelvan a producirse. No son un gesto simbólico ni una promesa retórica: forman parte del núcleo de obligaciones que un Estado asume cuando reconoce que ha habido violaciones graves, cometidas por sus agentes o toleradas por su omisión. Su genealogía moderna se rastrea en los Principios Joinet, adoptados por Naciones Unidas en el marco del trabajo sobre impunidad de Louis Joinet, que en sus principios 36 a 39 organizaron el catálogo reparatorio: restitución, indemnización, rehabilitación, medidas simbólicas y garantías de no repetición. Theo van Boven aportó, en paralelo, una gramática similar sobre el derecho de las víctimas a un recurso efectivo y a la reparación.

La codificación más técnica llegó con los Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos, elaborados en 2001 por la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y recomendados a los gobiernos por la Asamblea General en 2002. Su artículo 31 fija una obligación categórica: el Estado responsable debe reparar íntegramente el perjuicio causado, incluidos el daño material y el moral. Ese armazón normativo internacional, construido en clave de responsabilidad estatal, es el que Colombia ha traducido a su ordenamiento con una particularidad incómoda: la mayor parte de la violencia colombiana fue perpetrada por actores no estatales —guerrillas y paramilitares—, o por agentes del Estado que actuaron por fuera de sus deberes. Esa distancia entre el marco jurídico —pensado para hechos ilícitos del Estado— y la realidad de un conflicto poliactor obliga a Colombia a inventar mediaciones cada vez que aterriza el concepto. Ninguna de ellas ha resultado del todo satisfactoria: cada nueva ley, cada nuevo proceso, redescubre el mismo problema y lo resuelve de manera provisional, mediante ficciones jurídicas que atribuyen al Estado la carga reparatoria de daños causados por otros, o que crean regímenes especiales para actores privados que se han sometido voluntariamente al derecho transicional.

El sistema interamericano fue moldeando esas mediaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en 1993 su Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República de Colombia, un pronunciamiento que instaló la mirada de la región sobre el caso y anticipó buena parte de las exigencias que treinta años después seguirían pendientes. La Corte Interamericana, por su parte, condenó al Estado colombiano en una serie sostenida de sentencias —desde los casos 19 Comerciantes y Mapiripán hasta los pronunciamientos sobre la Comuna 13 y el Palacio de Justicia— y fue perfilando, en cada una, un catálogo de garantías de no repetición cada vez más específico: depuración de fuerzas de seguridad, formación en derechos humanos, controles al acceso a las armas, protección de líderes sociales. Ese acervo jurisprudencial es hoy la caja de herramientas contra la cual se mide el desempeño interno.

Antes de La Habana: la promesa administrada

Colombia no llegó al Acuerdo de 2016 con las manos vacías. Llegó, más bien, con dos experiencias previas que enseñan a la vez cómo se enuncia la no repetición y cómo se pervierte.

La primera fue la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso el 22 de junio de ese año durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y en el marco de las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia. El punto de partida formal del proceso había sido el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado el 15 de julio de 2003 entre el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, y una nómina paramilitar encabezada por Carlos Castaño, Vicente Castaño, Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy y Hernán Hernández. Para llegar allí, el Congreso había aprobado la Ley 782 de 2002, que prorrogaba y modificaba la Ley 418 de 1997 eliminando el requisito de reconocimiento del carácter político de la organización con la que se negociaba: sin esa reforma, no habría existido base legal para dialogar con las autodefensas.

El proyecto original del gobierno Uribe —bautizado de alternatividad penal— fue duramente criticado como una invitación a la impunidad: buscaba motivar la desmovilización a cambio de penas bajas sin que los actores del conflicto resarcieran los daños. La discusión pública, y la movilización de organizaciones de derechos humanos y de víctimas, forzó una transformación del proyecto y, sobre todo, hizo emerger en el campo jurídico colombiano el discurso de la justicia transicional: el balance entre el propósito político de alcanzar la paz y el imperativo normativo de proteger los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

El resultado fue ambiguo. La Ley 975 contempló penas alternativas de cinco a ocho años —incluso para autores de masacres—, con posibilidad de cumplimiento en lugares distintos a las cárceles convencionales, como granjas agrícolas. Limitó su alcance a los excombatientes postulados a Justicia y Paz y dejó por fuera a terceros civiles responsables, a militares, a mandos medios y a patrulleros, cubiertos por la amnistía de la misma ley. La consecuencia, subrayada después por los propios balances estatales, fue el no desmonte de las estructuras que hicieron posibles los crímenes: no se investigó ni sancionó al conjunto de responsables directos e indirectos.

El proceso mismo se volvió cifra desconcertante. Se registraron más de 31.000 exparamilitares desmovilizados, muy por encima de los cerca de 15.000 integrantes reales de las estructuras: familiares, cercanos y personas vinculadas de manera irregular engrosaron las listas para acceder a los beneficios económicos y jurídicos previstos. El impacto sobre la violencia fue heterogéneo: entre 2004 y 2005, la tasa de homicidios cayó en algunas zonas y aumentó en otras —el Bloque Bananero registró un alza del 56%—. Desde 2006 se documentó la emergencia de grupos posdesmovilización que operaron entre 2006 y 2015 con rupturas y continuidades respecto a las antiguas estructuras paramilitares. En Barranco de Loba y San Martín de Loba se registraron en 2011 reincidencias delincuenciales de desmovilizados de las AUC. Un desmovilizado de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio lo formuló con crudeza: los procesos habían sido, dijo, "realmente apaciguamientos". La frase condensa un diagnóstico difícil de refutar: el Estado había comprado silencio y quietud territorial, no transformación.

La segunda experiencia previa fue la Ley 1448 de 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, expedida durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos. Su giro fue conceptual: desplazó el énfasis del desmovilizado a la víctima, ofreció instituciones para identificar y reparar daños derivados del conflicto armado interno, y transformó al Grupo de Memoria Histórica —creado en el marco de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de la Ley 975— en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre 2008 y 2011, el Grupo ya había publicado investigaciones sobre casos emblemáticos —Trujillo, Bojayá, La Rochela, El Salado, Bahía Portete—; el CNMH heredó ese acervo y lo amplió. A diferencia de las políticas anteriores, centradas en incorporar actores armados a la institucionalidad mediante amnistías y esquemas de desmovilización, la Ley 1448 se dirigió a los excluidos del orden político y a quienes padecieron las violencias, convirtiendo a las víctimas en nuevos protagonistas del debate público.

Ese doble legado —la lección paramilitar sobre lo que ocurre cuando la no repetición se subordina a la reincorporación, y el aprendizaje victimocéntrico de la Ley 1448— sería la materia prima con la que Sergio Jaramillo, Humberto de la Calle y el equipo negociador del gobierno Santos llegarían a La Habana.

El Punto 5: arquitectura de un sistema

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera fue firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP encabezadas por Rodrigo Londoño, Timochenko. Su Punto 5, dedicado a las víctimas, creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), una arquitectura compuesta por tres entidades: la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). La CEV y la UBPD fueron diseñadas con carácter extrajudicial; la JEP constituye el componente judicial del sistema.

La innovación conceptual del SIVJRNR fue tratar la no repetición no como un capítulo más, sino como la finalidad transversal a la que sirven los otros tres: la verdad ilumina lo que no debe repetirse, la justicia sanciona lo repetible, la reparación restituye a quienes lo vivieron. El Acuerdo incorporó, además, un capítulo étnico que estipulaba la incorporación de la perspectiva étnica y cultural en el diseño de los mecanismos judiciales y extrajudiciales, y garantizaba el derecho a la participación y consulta de los pueblos étnicos: una respuesta al hecho de que el conflicto había victimizado de manera desproporcionada a comunidades indígenas y afrocolombianas.

El régimen sancionatorio de la JEP fue objeto de intensa discusión pública. Contempla penas de prisión de entre quince y veinte años para quienes no confiesen crímenes graves que les sean demostrados, con condiciones distintas y menos gravosas para quienes reconozcan verdad y responsabilidad. Se aplica tanto a miembros de las FARC-EP como a agentes del Estado, militares y policías, y durante las negociaciones el Gobierno se comprometió a que estos últimos no recibirían un trato más gravoso que los guerrilleros desmovilizados, una diferencia significativa respecto a procesos anteriores.

La puesta en marcha del sistema fue rápida, aunque su asentamiento resultaría más lento y accidentado. La JEP fue creada mediante el Acto Legislativo 1 de 2017. El 15 de enero de 2019, en un acto que la propia presidenta de la Jurisdicción, Patricia Linares Prieto, describiría como el sello de la primera etapa del proceso, el presidente Santos posesionó a treinta magistrados y magistradas y al Director de la Unidad de Investigación. Poco después, el 1 de marzo de ese año, se incorporaron cuatro nuevos magistrados —Bobadilla, Cifuentes, Chalela y García Cadena—, completando treinta y cinco de los treinta y ocho previstos. Bajo la presidencia de Linares, luego reemplazada por Roberto Vidal, la JEP abrió los primeros macrocasos: el 01 sobre secuestro cometido por las FARC-EP, el 03 sobre las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, el 07 sobre reclutamiento de niñas y niños, entre otros que llegaron al menos hasta el 08. Cuenta con salas de justicia y con el Tribunal para la Paz como órgano de cierre, integrado por varias secciones, incluida una eventual Sección de Estabilidad y Eficacia.

La Comisión de la Verdad fue organizada por el Decreto 588 de 2017, con un mandato temporal y extrajudicial. Bajo la presidencia del sacerdote jesuita Francisco de Roux, la CEV desarrolló procesos de consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras —aprobando un protocolo con metodología psicoancestral, psicocultural y psicoespiritual— y con pueblos indígenas, cuyos acuerdos fueron protocolizados el 19 de enero de 2019 en la Mesa Permanente de Concertación. Su metodología reconoció, desde el inicio, que las verdades que produciría serían fragmentarias y condicionadas: no estableció responsabilidades penales individuales —esa era tarea de la JEP— sino responsabilidades históricas, éticas y políticas de carácter colectivo.

En 2022 la Comisión entregó su informe final, titulado Hay futuro si hay verdad, un texto compuesto por once tomos en veinticuatro volúmenes que incluye hallazgos, conclusiones y recomendaciones para la no repetición. La propia CEV concibió el informe como su legado: un documento que exige decisiones éticas y políticas plasmadas en recomendaciones concretas, y que reconoce con humildad epistemológica que la explicación completa del conflicto permanece abierta. Sus críticos —principalmente desde posiciones de derecha— cuestionaron sesgos y encuadres; los balances académicos sostienen que la Comisión cumplió sus objetivos y tareas principales.

Lo que se cae por debajo del diseño

La sofisticación institucional del SIVJRNR contrasta con la fragilidad de las condiciones materiales que debían acompañarlo. El Acuerdo Final entendió esas condiciones: su Punto 1 sobre Reforma Rural Integral apuntaba directamente a la causa estructural más antigua del conflicto colombiano, la concentración histórica de la tierra y la exclusión territorial de los pobladores rurales, esa negación sistemática de derechos de propiedad, participación y servicios públicos básicos que las élites regionales habían aprovechado —usando la existencia misma de las guerrillas como coartada— para bloquear reformas agrarias y concentrar aún más la tenencia mediante el desplazamiento y el despojo. Sin transformación de esas condiciones, cualquier promesa de no repetición flotaba en el aire.

La implementación posterior mostró rápidamente los límites. La no repetición dependía de la provisión de bienes públicos —vías, salud, educación— y del cumplimiento del Punto 1, porque solo con una vida digna la paz se vuelve sostenible. Pero para 2018 los programas del Acuerdo se estaban reduciendo, en buena parte, a construcción de vías. La transformación integral de los territorios no llegó, y la incertidumbre entre los pobladores empujó a muchos a reactivar prácticas en torno a los cultivos de coca. Figuras conocidas de los bloques Oriental y Sur de las FARC-EP habían decidido, ya para ese año, volver a la clandestinidad y retomar las armas en zonas de la Orinoquía. En Putumayo, alrededor del 50% de los miembros de las FARC-EP que operaban en la región antes de la desmovilización permanecieron fuera del campamento de La Carmelita, cerca de Puerto Asís, en 2017.

Ese fracaso territorial no fue un accidente de gestión: fue el modo específico en que el Estado, otra vez, delegó en los cronogramas de obra pública lo que exigía una reforma política. Y las cifras del período posterior traducen esa delegación en violencia sostenida. Entre 2016 y 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron asesinados 113 líderes sociales en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare, entre ellos promotores y firmantes del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Human Rights Watch documentó que grupos armados en Putumayo obligaban a comunidades a recoger cadáveres y atacaban a líderes comunitarios e indígenas. La sustitución voluntaria pactada en el Acuerdo, el PNIS, registraba una tasa de resiembra de apenas el 0,8%; la erradicación forzada, el 50%. La diferencia no es un detalle técnico: es el argumento cuantitativo más contundente contra la política antinarcóticos que sucedió al Acuerdo y a favor de la sustitución negociada que el Estado dejó languidecer.

A esa deriva se sumó una tensión política de fondo. Desde el inicio de la implementación, altos tomadores de decisiones del Estado se arrogaron el derecho de cambiar unilateralmente lo acordado, y en muchas ocasiones lo lograron, vulnerando el principio de que lo firmado no podía modificarse sin consentimiento de las partes. El gobierno de Iván Duque, iniciado en 2018 con la promesa explícita de "hacer trizas" el Acuerdo, sometió a la JEP y a la CEV a un asedio jurídico y político que erosionó recursos y legitimidad institucional. El posterior gobierno de Gustavo Petro, iniciado en 2022, reencuadró la implementación bajo la retórica de la "paz total", con resultados aún abiertos.

La cifra de reincorporación, en cambio, ofrecía un dato menos sombrío: más del 90% de quienes se desmovilizaron y entregaron sus armas continuaban en el proceso de reincorporación. Quienes retomaron las armas suelen caracterizarse como bandas criminales dedicadas al narcotráfico, distintas de las FARC-EP, una lectura que tiene la ventaja política de proteger el Acuerdo y la desventaja analítica de simplificar unas trayectorias armadas que combinan continuidades personales, rupturas ideológicas y adaptaciones económicas.

Repetición cultural: la no repetición como problema social

Si algo enseña la historia colombiana, es que la repetición de la violencia no es solo un fenómeno de estructuras armadas: es también un fenómeno cultural. La persistencia de la violencia política se sostiene en creencias, esquemas mentales, percepciones y afectos que generaron aceptación y connivencia con la violencia, configurando una pauta de dependencia cognitiva que normalizó la intolerancia, los recursos ilegales y la eliminación del contrario. Esa pauta cognitiva se transmite en la vida cotidiana: en el lenguaje con que se nombra al adversario, en el chiste que ridiculiza a la víctima, en el silencio prudente ante el atropello del vecino, en la aceptación tácita de que ciertos territorios y ciertos cuerpos valen menos. La no repetición, por eso, no puede ser tarea exclusiva de directamente implicados o de instituciones: es también una tarea de todos los ciudadanos, que deben despertar del letargo impuesto por el dominio, dejar la indiferencia y actuar contra la violencia.

Los balances territoriales lo confirman con cifras incómodas. La disposición a la reconciliación varía radicalmente entre regiones: en Antioquia, seis de cada diez hogares estarían dispuestos a reconciliarse con sus agresores; en Montes de María, seis de cada diez personas no lo estarían. Esa asimetría no se explica por un catálogo jurídico: se explica por la intensidad, la duración y el tipo de victimización, y por la solidez —o fragilidad— del tejido social que la violencia dejó a su paso. La reconciliación, entendida como poder vivir juntos en armonía, generar confianza entre ciudadanos e instituciones, reconstruir relaciones sociales y perdonar bajo la condición de que se respeten los derechos de las víctimas, no se decreta desde una oficina central.

La escuela aparece, en esta lectura, como espacio clave: debe acompañar a los jóvenes en la reflexión sobre esclarecimiento, convivencia y no repetición, aproximándolos a los hechos violentos no solo con la razón sino también con el corazón, promoviendo la convivencia como creación de un ambiente transformador. El aula funciona así como el laboratorio primero de la ciudadanía posconflicto: donde se aprende a discrepar sin eliminar, a escuchar sin condescender, a leer la historia reciente sin heredar sus rencores intactos. Los espacios de memoria, como el Salón del Nunca Más de Granada (Antioquia) —que alberga un bosque de árboles sembrados con mensajes de víctimas a sus familiares desaparecidos o asesinados—, funcionan como pedagogías situadas de la no repetición, más elocuentes muchas veces que cualquier declaración institucional. En esos lugares, la promesa deja de ser abstracta y adquiere el peso físico de un nombre grabado, de una fotografía sostenida, de un vecino que asume públicamente la pérdida que la política prefería administrar en silencio.

Los procesos de memoria histórica con enfoque de género y étnico refuerzan esa dimensión. Las desigualdades de género son uno de los engranajes que sostienen la guerra en Colombia, y la reparación integral —incluida la reparación simbólica del CNMH— pasa por atender esas desigualdades en el horizonte de la no repetición. El enfoque étnico, incorporado a la CEV a través del Capítulo Étnico del Acuerdo, del Decreto 588 de 2017 y de los procesos de consulta previa, permitió que narrativas y voces de los pueblos indígenas y afrocolombianos entraran al proceso de esclarecimiento como sujetos activos y no como meros objetos de un relato ajeno. Es una diferencia sutil que reordena todo el edificio: mientras el sujeto de la reparación siga siendo el ciudadano abstracto del contrato liberal, las violencias diferenciadas —contra mujeres, contra pueblos, contra territorios— seguirán tratándose como agravantes y no como estructuras. Reconocerlas como estructuras es la condición para desactivar su repetición.

La red conceptual e institucional

Las garantías de no repetición en Colombia son inseparables de una red de conceptos e instituciones que las hacen operar. El concepto mismo se articula con el de reparación integral, del que forma parte; con el de justicia transicional, que define el régimen jurídico excepcional bajo el cual opera; con el de memoria histórica, que aporta el sustrato narrativo y pedagógico; y con el de reforma estructural, sin la cual las garantías se vuelven declarativas. A esa nomenclatura básica se suman categorías operativas —enfoque diferencial, enfoque territorial, enfoque de género y étnico, centralidad de las víctimas— que reordenan la política pública alrededor de la idea de que la reparación es plural o no es. Y en el trasfondo, dos conceptos-límite: el de "conflicto armado interno", cuyo reconocimiento formal en la Ley 1448 abrió el marco jurídico actual y saldó una discusión política de dos décadas; y el de "sistema", que sustituye la lógica de programas aislados por una arquitectura donde cada pieza se justifica en función de las demás.

La red institucional es igualmente densa. En el nivel del sistema opera el SIVJRNR con sus tres entidades. En el nivel de la política pública, la Unidad para las Víctimas, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio administran distintos componentes: registro y atención, tránsito de excombatientes a la vida civil, devolución de predios despojados, intervención territorial focalizada en los municipios PDET. Esa división del trabajo, técnica sobre el papel, produce en la práctica solapamientos, vacíos y disputas presupuestales que fragmentan la promesa reparatoria. En el nivel del acompañamiento, el ACNUR y el sistema interamericano han jugado roles específicos —el ACNUR, por ejemplo, acordó con el Gobierno colombiano facilitar la participación de exiliados y refugiados en los diálogos de La Habana en calidad de víctimas, un reconocimiento que quedó incorporado al Punto 5 del Acuerdo—. La cooperación internacional, canalizada a través de fondos multilaterales y de embajadas particularmente activas —la de Noruega, la de Suecia, la de la Unión Europea—, ha sostenido programas cuya viabilidad fiscal interna sería incierta.

En el nivel simbólico, el Museo de Memoria de Colombia, los espacios locales de memoria, las conmemoraciones públicas y las obras de arte y literatura funcionan como dispositivos de anclaje social de la no repetición. Que el Museo haya sido objeto de disputa política sobre su guion, su ubicación y su dirección es en sí mismo un dato sobre el estado del debate: la memoria oficial es tan disputada como los territorios materiales que la violencia se disputó. Y en el nivel personal, figuras como Francisco de Roux —cuya autoridad moral pesó sobre la CEV—, Patricia Linares y Roberto Vidal en la JEP, y las miles de víctimas y líderes que sostuvieron el proceso, encarnaron la promesa que las normas por sí solas no encarnan. El nombre propio importa aquí más de lo que la teoría institucional suele reconocer: en un país donde las instituciones son jóvenes y disputadas, la credibilidad de los procesos depende con frecuencia de la biografía de quienes los conducen.

Huella y disputa

Diez años después de firmado el Acuerdo Final, el balance de las garantías de no repetición en Colombia es un balance dividido, y esa división expresa menos una indecisión analítica que la naturaleza doble del proceso mismo.

Del lado de las conquistas: existe un sistema institucional que no existía antes; miles de comparecientes se han sometido a la JEP y han aportado verdad; la CEV entregó un informe monumental que fija un piso probatorio y narrativo para las generaciones futuras; el enfoque étnico y de género se incorporó al lenguaje oficial de la transición como no había ocurrido en experiencias anteriores; más del 90% de los excombatientes de las FARC-EP permaneció en el proceso de reincorporación; las víctimas se consolidaron como sujeto político con capacidad de interlocución. La Ley 1448 desplazó el eje de la política pública del victimario a la víctima, y ese desplazamiento resultó duradero.

Del lado de las deudas: las causas estructurales del conflicto —concentración de la tierra, exclusión territorial, economía de la coca, presencia diferencial del Estado— no fueron modificadas en profundidad; los líderes sociales siguen siendo asesinados a ritmo sistemático; los territorios que las FARC-EP dejaron fueron ocupados por disidencias, por el ELN, por grupos posparamilitares y por economías ilegales; las élites regionales conservaron o ampliaron su influencia sobre la implementación; la polarización política convirtió al Acuerdo mismo en un objeto disputado en cada campaña electoral, minando la continuidad que un proceso de esta envergadura exige.

La disputa sobre el legado sigue abierta. Para unos, el Acuerdo y su sistema constituyen la promesa más ambiciosa y mejor diseñada de la historia colombiana, cuyos fracasos son atribuibles a la falta de voluntad política de los gobiernos posteriores. Para otros, el sistema fue capturado desde el inicio por lógicas de impunidad selectiva y por un enfoque victimocéntrico que desdibujó las responsabilidades. Una tercera lectura, más atenta a las condiciones de fondo, sostiene que el Acuerdo entregó un instrumental valioso pero insuficiente: mientras la reforma agraria, la sustitución de cultivos y la protección territorial de líderes no ocurran, las garantías de no repetición seguirán operando como promesas cuyas condiciones de cumplimiento están fuera de su propio texto. Las tres lecturas comparten un punto que suele pasar desapercibido: todas presuponen que había algo importante que salvar, y esa presuposición, discutida hasta hace pocos años, hoy define el marco mismo del debate.

La historia larga de Colombia —desde las guerras del siglo XIX hasta los ciclos violentos del XX y las mutaciones del XXI— sugiere que la repetición no es un accidente sino una estructura. Romperla exige instituciones sofisticadas, verdad esclarecida y justicia proporcional. Pero exige también una transformación de las condiciones materiales que hacen posibles los ciclos, y una transformación de la cultura política que los tolera; dos tareas que no cabe delegar en ningún tribunal ni en ninguna comisión, porque pertenecen al pulso cotidiano de una sociedad consigo misma. La no repetición, en Colombia, es menos una meta que un umbral: el punto exacto en el que el país decide, en cada generación, si continúa la historia larga o si empieza otra.