Comuna 13

Un barrio hecho por los que llegaron huyendo

La Comuna 13 no se fundó: se invadió. Entre 1950 y 1980, oleadas de campesinos expulsados por la violencia bipartidista, por la violencia agraria posterior y por la miseria estructural del campo antioqueño y chocoano subieron por las quebradas del occidente de Medellín y ocuparon los terrenos que la ciudad formal no quería. Independencia 1, 2 y 3, Nuevos Conquistadores, El Salado, La Pradera, El Pesebre, Belencito: los nombres mismos son un mapa de la autoconstrucción popular. Cada rancho fue un acto de resistencia contra la inexistencia oficial; cada calle empinada, un pacto vecinal antes que una obra pública.

Este origen explica casi todo lo que vino después. Un territorio poblado por desplazados carece, por definición, de los papeles, las escrituras y los servicios que el Estado exige para reconocerse. Cuando la ciudad al fin miró hacia arriba, ya había miles de familias asentadas en pendientes escarpadas, con conexiones eléctricas improvisadas, sin alcantarillado, sin escuelas suficientes, sin puestos de salud, sin justicia. El dato que resume ese abandono es demoledor: hasta 2002 —cinco décadas después de las primeras invasiones— la Comuna 13 no tenía Estación de Policía propia. La más cercana quedaba en Belén, en la comuna vecina. No había subestaciones ni un solo Centro de Atención Inmediata dentro del sector. En términos prácticos, el Estado colombiano no había puesto un pie armado allí donde vivían más de cien mil personas.

Ese vacío no permaneció vacío. La regla básica de los territorios sin Estado es que alguien más asume las funciones que el Estado no cumple: cobrar impuestos, resolver conflictos, castigar. La Comuna 13 lo comprobaría en su carne durante tres décadas seguidas.

Milicias en la montaña: el control armado antes de Orión

En los años ochenta, la primera fuerza que arrastró a los jóvenes de la comuna fue el narcotráfico. Los carteles —el de Medellín, sobre todo— convirtieron a los muchachos de los barrios altos en mano de obra para el sicariato, oficio que combinaba la promesa de dinero rápido con una expectativa de vida brevísima. Cuando ese ciclo empezó a agotarse, entraron a llenar el espacio las milicias urbanas de la insurgencia.

Las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo y las Milicias Populares del Valle de Aburrá nacieron impulsadas por el ELN, que vio en los sectores populares de Medellín un terreno fértil para ganar influencia política y militar. Con el tiempo se distanciaron de su tronco original y derivaron hacia organizaciones híbridas donde se mezclaban indistintamente narrativas revolucionarias y prácticas criminales, discurso de justicia popular y economías de extorsión. Entre 1993 y 1994, en coincidencia con el agotamiento de esas milicias populares, aparecieron los Comandos Armados del Pueblo, que se instalaron específicamente en la Comuna 13. Junto a los CAP operaron durante la década del noventa milicias adscritas al ELN y milicias adscritas a las FARC-EP.

El control que estas fuerzas ejercían sobre los barrios era estricto. La circulación, los horarios, las relaciones vecinales, los conflictos domésticos y hasta las deudas pasaban por el filtro de los muchachos armados. Para muchos habitantes, sobre todo mujeres y adultos mayores, la sensación no era de vivir en una república popular ni en un enclave revolucionario, sino de vivir bajo un régimen armado que resolvía algunas cosas y cobraba en vidas todas las demás. Los reclutamientos forzados de adolescentes, las ejecuciones sumarias de supuestos informantes, los desplazamientos internos entre barrios de un mismo sector eran ya parte de la rutina de la comuna mucho antes de que las cámaras nacionales aterrizaran allí.

Simultáneamente, en la ciudad baja, el paramilitarismo iba consolidando su propio proyecto. Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, dirigía la Oficina de Envigado, la estructura criminal heredera de las redes de sicarios de los años ochenta, y junto con los hermanos Castaño libró una guerra contra La Terraza que fue decisiva para su hegemonía sobre el hampa de Medellín. El brazo armado con vocación urbana de ese proyecto fue el Bloque Cacique Nutibara, ejército de facto de la Oficina de Envigado, que hacia finales de 2003 habría consolidado su dominación militar sobre buena parte de la ciudad. Para los estrategas paramilitares, la Comuna 13 era la última pieza faltante: mientras las milicias controlaran esas laderas, la ciudad no era suya.

Octubre de 2002: la Operación Orión

La retoma de la Comuna 13 se planeó y se ejecutó en 2002, año en que Álvaro Uribe Vélez asumió la Presidencia con la promesa de una política de Seguridad Democrática que hacía de las zonas urbanas bajo control insurgente un objetivo prioritario. Medellín, con Luis Pérez Gutiérrez todavía en la Alcaldía, era el escenario simbólicamente perfecto: si el nuevo gobierno podía recuperar unas laderas que llevaban décadas bajo control armado, tendría su primera gran victoria narrativa.

La Operación Orión se ejecutó en octubre de 2002, con acciones documentadas al menos los días 16 y 17, aunque se prolongó más allá. Participaron aproximadamente 2.000 miembros del Ejército, apoyados con tanques y helicópteros; el saldo incluyó más de 400 personas capturadas y llevadas a un estadio, además de muertos y heridos cuyo número exacto sigue en disputa. La operación estuvo dirigida contra las milicias de las FARC-EP, del ELN y los CAP que controlaban el sector.

El retrato que dejaron los habitantes es brutal: helicópteros disparando sobre viviendas de las Independencias y Nuevos Conquistadores, población civil encerrada en sus casas sin poder salir ni refugiarse, cortes prolongados de luz, agua y teléfono, familias enteras arrinconadas en zaguanes y pasillos mientras afuera se combatía. La operación se desarrolló en un territorio densamente habitado, con calles estrechas y viviendas superpuestas, donde la distinción entre combatiente y civil se volvía físicamente imposible de sostener.

Pero el elemento más grave de Orión no es su despliegue de fuerza, sino con quién se habría desplegado. Diego Fernando Murillo Bejarano, en versiones libres rendidas dentro del proceso de Justicia y Paz, señaló que la operación fue coordinada entre el general Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada del Ejército, el general Leonardo Gallego Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, y estructuras paramilitares bajo su mando. Se trata del señalamiento de un exjefe paramilitar, no de una verdad judicialmente establecida, pero es coherente con lo que decenas de habitantes de la comuna testimoniaron entonces y siguen testimoniando: mujeres que vieron a hombres encapuchados —a los que reconocían como paramilitares— entrar junto con la Policía y el Ejército, señalando casas, marcando puertas, identificando a supuestos colaboradores de las milicias. La operación facilitó, en los meses siguientes, la consolidación del dominio paramilitar en la zona.

Después de Orión: el nuevo dueño

Terminada Orión, las milicias de las FARC-EP, del ELN y de los CAP quedaron desarticuladas en la comuna. Los homicidios registrados por las autoridades bajaron y las autoridades celebraron el fin del control insurgente. Pero cualquier habitante de El Salado, Belencito o Las Independencias podía decir en voz baja lo que las cifras oficiales tardarían años en admitir: la violencia no se había ido, había cambiado de mano.

El Bloque Cacique Nutibara ocupó el terreno que el Ejército acababa de despejar. Los paramilitares se instalaron bajo la protección del ejército oficial, y lo que siguió fue una fase más silenciosa pero igualmente sistemática de terror. Asesinatos selectivos de líderes comunitarios y jóvenes señalados como colaboradores de la guerrilla. Desapariciones forzadas de testigos incómodos. Desalojos de familias que no podían pagar la "vacuna" de seguridad. Un cepo urbano donde se castigaban conductas juzgadas inmorales por los nuevos dueños. Reclutamiento de menores en cuadras enteras. Se reportaron, además, casos de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a la fuerza pública en la Comuna 13 en 2004 y años posteriores, en el marco general de lo que después se conocería como el escándalo de los falsos positivos.

Al operativo de octubre le siguió un ciclo entero de intervenciones militares que consolidó la militarización del territorio: la Operación Felino el 19 de febrero de 2003, la Operación Orión Fase III el 7 de marzo del mismo año, una operación contra grupos ilegales el 20 de julio, y más adelante la Operación Lonas 1. La comuna vecina también fue escenario paralelo: el 12 de enero de 2003 se realizó la Operación Estrella VI en la Comuna 3-Manrique con participación de la IV Brigada, la Policía Metropolitana, el DAS, el CTI y fiscales delegados. Toda la lógica de recuperación urbana del gobierno Uribe pasaba por esa secuencia.

El resultado agregado quedó grabado en las estadísticas del desplazamiento. Dos de cada tres personas registradas como desplazados intraurbanos en Medellín lo fueron a raíz de hechos violentos ocurridos en la Comuna 13, según el registro de Acción Social para el período 1980-2009. La comuna es, sin discusión posible, el sector de donde más se ha expulsado población dentro de la propia ciudad. Y Medellín, a su vez, ocupó el segundo lugar nacional en desplazamiento forzado intraurbano acumulado entre 2000 y 2010: una cifra que no habla de campesinos huyendo del monte, sino de vecinos huyendo de sus vecinos armados, de una cuadra a otra dentro del mismo perímetro urbano.

La Escombrera: el secreto que todos conocen

En el borde occidental de la Comuna 13, entre las canteras que alimentan la construcción de Medellín, hay una montaña que crece con los desechos de la ciudad. Se llama La Escombrera, y allí fueron arrojados los cuerpos de decenas —quizá cientos— de personas desaparecidas durante y después de la Operación Orión.

La Escombrera es el punto donde la lógica del terror alcanza su forma más perfecta. No es un cementerio oculto ni una fosa en la selva: es una montaña visible desde media ciudad, un lugar público, señalizado, que recibe camiones todos los días. El Estado colombiano ha realizado al menos una diligencia forense allí, documentada con cámara por la artista Clemencia Echeverri en su instalación Duelos. No fue posible probar lo ocurrido. Excavar una montaña de escombros que sigue creciendo mientras se busca es una tarea físicamente absurda, y esa absurdidad es precisamente el mecanismo del olvido: la desaparición no se esconde, se exhibe gigantescamente, y en esa exhibición se vuelve imposible de procesar.

La obra de Echeverri, junto con el trabajo fotográfico de Jesús Abad Colorado y la labor de organizaciones como el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado capítulo Antioquia, la Corporación Jurídica Libertad y la religiosa Rosa Cadavid, ha mantenido viva la exigencia. En la conmemoración de los dieciséis años de la Operación Orión, esas organizaciones entregaron informes formales a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a la Comisión de la Verdad. La búsqueda, para las madres y hermanas de los desaparecidos de la Comuna 13, no ha terminado.

Resistencia desde adentro

Sería un error dejar el retrato de la comuna en la sola secuencia de dominios armados. Paralelo a cada capa de violencia hubo una capa —más frágil, menos armada, pero persistente— de organización comunitaria. En junio de 2002, meses antes de Orión, colectivos sociales del sector publicaron un Manifiesto por la vida y la dignidad humana que reclamaba el derecho a la vida de los habitantes, condenaba el uso de la fuerza militar y llamaba a la solidaridad con la población. Fue una declaración lúcida hecha justo antes de que ocurriera todo lo que anticipaba.

En septiembre de ese mismo año, cuando ya la operación se preparaba y las milicias habían intensificado su presión, veintitrés organizaciones juveniles se articularon en la Red Élite de Hip Hop y realizaron el Festival Élite Hip Hop bajo un lema que hoy suena casi profético: "En la 13 la violencia no nos vence". Que jóvenes de las Independencias, de San Javier y de Nuevos Conquistadores levantaran una estructura artística de esa escala en el mes exacto en que se ejecutaba Orión dice más sobre la agencia popular del sector que cualquier balance oficial. El hip hop, en la Comuna 13, no fue moda importada: fue una tecnología de sobrevivencia. Rapear era hablar de lo que las milicias, primero, y los paramilitares, después, prohibían decir. Muchos de esos jóvenes pagarían el precio: nombres como el de AKA —Héctor Pacheco— quedaron en la lista de artistas asesinados por defender un espacio propio de expresión en un territorio armado.

De esa red y de esa apuesta nacería, años más tarde, Casa Kolacho y el proyecto del GraffiTour, uno de los ejercicios más singulares de reapropiación urbana que ha producido Colombia. Convertir las paredes en museo abierto, ofrecer recorridos guiados por los propios muchachos del barrio, montar barberías, tiendas de esquina, venta de helados artesanales y souvenirs alrededor del arte urbano: todo eso construyó una economía local ligada a la memoria y a la sanación estética. Las escaleras eléctricas de las Independencias —inauguradas en 2011, un dispositivo urbano insólito instalado en una ladera— se convirtieron en el eje visible de esa transformación, y hoy funcionan simultáneamente como servicio público para los vecinos y como atracción para el turista extranjero.

Urbanismo social: la ciudad que llegó tarde

La Comuna 13 forma parte de la geografía sobre la que se ensayó, desde comienzos de los años dos mil, lo que las administraciones de Sergio Fajardo y sus sucesores llamarían urbanismo social. La lógica era intuitiva: si la violencia se había concentrado en los barrios geográficamente aislados, la respuesta debía incluir la conexión física de esas zonas con el resto de la ciudad. Medellín integró una red de metrocables que conecta las laderas periféricas con el sistema de metro central, siendo la primera ciudad en tener una red completa de teleféricos urbanos articulada al metro. Se construyeron puentes peatonales amplios sobre quebradas y barrancos que antes separaban barrios rivales, anclados a viviendas de interés social diseñadas con estándares altos. Aparecieron parques, escuelas, bibliotecas y proyectos cívicos en zonas antes marginadas, siendo el Parque Biblioteca España en Santo Domingo el emblema más citado.

La Comuna 13 recibió su estación de Metro en San Javier, sus escaleras eléctricas, sus intervenciones de espacio público. La transformación es real y se puede medir. Pero conviene decirlo con precisión: esa infraestructura llegó a un territorio que ya había sido reconquistado militarmente, cuyos líderes sociales habían sido asesinados en buena parte, cuyos desaparecidos seguían sin aparecer, y cuya trama comunitaria había sido reconstruida por los propios habitantes en los años más duros. El urbanismo social no pacificó a la Comuna 13. Llegó después de la pacificación armada, y encontró un tejido social sobreviviente que lo asimiló a su manera. La lectura épica según la cual Medellín "se salvó" por sus bibliotecas y sus teleféricos ignora que esas obras se levantaron sobre una capa de silencios que aún no ha sido rota.

Los actores y sus destinos

La Comuna 13 quedó cruzada por trayectorias personales que rebasan al barrio y explican la política nacional del período. Álvaro Uribe Vélez llegó a la Presidencia dos meses antes de Orión y encontró en la operación su primer laboratorio urbano de Seguridad Democrática. Luis Pérez Gutiérrez, alcalde de Medellín, avaló la intervención. Sergio Fajardo, su sucesor a partir de 2004, sería el rostro público de la reconstrucción urbana posterior.

El general Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada durante Orión, firmó su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz en octubre de 2018 por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales; el abogado Germán Romero afirmó que durante su comandancia se registraron más de dos mil presuntos falsos positivos. Ya en 2002, la Procuraduría General de la Nación lo había investigado disciplinariamente —expediente 155-71249-02— por omisión en el ejercicio de sus funciones en relación con la masacre de Bojayá. El general Leonardo Gallego Castrillón, señalado como su contraparte en la Policía, comparte con él las acusaciones formuladas por Don Berna en las versiones libres.

Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, se desmovilizó dentro del proceso con las AUC y fue extraditado a Estados Unidos en 2008, donde cumple condena por narcotráfico. Sus versiones ante Justicia y Paz constituyen, paradójicamente, una de las principales fuentes disponibles sobre la coordinación entre fuerza pública y paramilitarismo en Medellín, con el sesgo evidente de quien las rinde.

Del lado insurgente, figuras como Elda Neyis Mosquera, alias Karina, comandante de las FARC-EP en zonas de Antioquia, encarnaron el proyecto miliciano que Orión desmontó en la ciudad y que años después terminaría de descomponerse en el campo. Y Jesús Abad Colorado, fotógrafo, documentó con una serenidad de mirada infrecuente los rostros de una comuna que fue, durante años, invisible para el resto del país.

Una comuna, dos relatos

La Comuna 13 vive hoy atrapada entre dos narrativas simultáneas que se niegan una a otra sin dejar de ser ambas verdaderas. Está el relato de la vitrina: escaleras eléctricas, murales, hip hop, GraffiTour, escenario de series y videos musicales, imagen internacional de resiliencia latinoamericana. Y está el relato del subsuelo: desapariciones no resueltas, La Escombrera intacta, control territorial de bandas herederas de los paramilitares desmovilizados, extorsiones que siguen operando, fronteras invisibles entre barrios que aún matan a quien las cruza sin permiso.

Ambos relatos se sostienen sobre el mismo territorio y sobre las mismas personas. La mujer que hoy vende arepas junto a la salida del metrocable puede ser, al mismo tiempo, la madre de un desaparecido que sigue buscando a su hijo en la montaña de escombros. El muchacho que guía a un turista alemán por el mural de Chota puede haber perdido a un hermano en 2003. La comuna que aparece en los reportajes internacionales como milagro urbano es la misma que expulsó a dos de cada tres desplazados intraurbanos de Medellín entre 1980 y 2009.

Esa doble condición es lo que la vuelve un caso paradigmático de la historia urbana colombiana. La Comuna 13 muestra con brutal claridad la secuencia que otras zonas de otras ciudades han vivido en versiones menos concentradas: un poblamiento hecho por desplazados sin acompañamiento estatal, un vacío llenado por milicias o combos armados, una intervención tardía y militarizada del Estado que se hizo en alianza con estructuras criminales, una fase posterior de dominio de esas mismas estructuras bajo protección oficial, y finalmente una capa de urbanismo y arte que embellece el territorio sin resolver lo que quedó enterrado.

La comuna no es un caso extremo. Es el caso normal llevado al límite. Cada afirmación que se hace hoy sobre ella —que es peligrosa, que es turística, que es creativa, que es todavía violenta, que fue liberada por el Ejército, que fue víctima del Ejército— es cierta y es insuficiente al mismo tiempo. Escribirla exige aceptar esa incomodidad. La Comuna 13 no se resuelve en un párrafo, ni en una sentencia, ni en un mural. Sigue ocurriendo mientras se la nombra.