Ensayo · Seguridad Democrática · 2002–2016
Violencia sexual en el conflicto armado colombiano
Durante más de dos décadas de guerra abierta, la violencia sexual fue practicada por todos los actores armados colombianos con un subregistro del 95%, y solo obtuvo reconocimiento jurídico pleno con el Auto 092 de 2008. La pregunta es si fue arma estratégica o daño colateral, y si su invisibilización se explica por ausencia de evidencia o por una arquitectura patriarcal del archivo y la historiografía.
Orientación para entrar
La respuesta en breve
La evidencia obliga a una respuesta doble: la violencia sexual fue dispositivo estratégico deliberado —con usos específicos, variables según actor, región y momento— y a la vez expresión amplificada de un sustrato patriarcal preexistente. El paramilitarismo actuó como catalizador institucional que le dio escala y finalidad militar a una violencia que el patriarcado ya habilitaba socialmente. Su invisibilización no se debió a ausencia empírica —el subregistro del 95% documentado por Sisma Mujer en 2008 refleja silenciamiento activo, no vacío de hechos— sino a una arquitectura patriarcal compartida entre victimarios, víctimas e instituciones de registro, que el enfoque de variación adoptado por el CNRR-GMH en 2011 y la presión transnacional derivada de los precedentes de Bosnia y Ruanda contribuyeron a resquebrajar.
El núcleo del debate enfrenta el enfoque del continuum —sostenido por la Ruta Pacífica de las Mujeres, que vincula violencia doméstica y violencia política bajo una misma lógica patriarcal y sitúa al patriarcado como causa principal del conflicto— con el enfoque de variación adoptado por el CNRR-GMH en 2011, que toma al grupo armado como unidad de análisis para explicar por qué unos actores incorporan la violencia sexual en sus repertorios y otros no, y por qué el pico del Bloque Norte coincide con 1997 y no con otros años. El continuum tiene fuerza política pero pierde precisión analítica: no explica la variación temporal ni las diferencias entre bloques de un mismo grupo. El enfoque de variación ilumina esas diferencias pero, tomado en aislamiento, no da cuenta de por qué el blanco fue casi siempre el cuerpo femenino, indígena, negro o LGBTI. Una segunda tensión enfrenta la lectura de la violencia sexual como fenómeno de género binario con la evidencia de violencia contra hombres detenidos y personas LGBTI, lo que obliga a pensar el género como sistema y no solo como relación entre sexos. Una tercera tensión, de orden historiográfico, discute si el silenciamiento disciplinar expresa el régimen de género dominante en la academia o si responde a limitaciones metodológicas superables sin reformulación feminista del archivo.
Ensayo completo
La lectura
¿Fue la violencia sexual un arma del conflicto armado colombiano o un daño colateral, y por qué tardó tanto en reconocerse?
Entre 1985 y 2016, en las selvas del San Juan, los patios de las fincas de los Montes de María, los retenes de la frontera con Venezuela, los cementerios wayuú de Bahía Portete y las oficinas de interrogatorio del Estatuto de Seguridad, la violencia sexual dejó de ser un accidente del combate para convertirse en un método. Todos los actores armados —guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública— violaron y torturaron sexualmente, esclavizaron cuerpos, obligaron a abortar y regularon coercitivamente el deseo. Y sin embargo, el reconocimiento jurídico pleno de este hecho solo llegó el 14 de abril de 2008, con el Auto 092 de la Corte Constitucional, ponencia de Manuel José Cepeda. Que hicieran falta más de dos décadas de guerra abierta y un subregistro del 95% para que el Estado nombrara lo que las víctimas llevaban ese tiempo denunciando obliga a formular dos preguntas inseparables: ¿qué fue esa violencia —arma o subproducto— y por qué tardó tanto en volverse visible?
¿Qué se juega en la pregunta?
No es un debate menor de tipología jurídica. Si la violencia sexual fue "daño colateral" —el desahogo de tropas sin control, el estallido de una masculinidad militarizada—, entonces el conflicto armado colombiano puede narrarse sin ella: en la periferia del relato, junto a otros abusos deplorables pero secundarios frente a la disputa por el territorio, el narcotráfico y el poder político. Si, en cambio, fue un dispositivo deliberado —estrategia con fines, actores, cálculos y variaciones—, entonces la historia del conflicto no puede escribirse sin los cuerpos violados: la conquista territorial pasó por ellos, el orden de género impuesto por los grupos armados los tomó como superficie de inscripción, y la limpieza étnica encontró en ellos su instrumento más íntimo.
De la respuesta depende, además, la política de la memoria. Un país que asume la violencia sexual como excedente del combate repara individualmente, con dificultad, y archiva. Un país que la reconoce como método debe reformar sus instituciones de justicia, revisar su archivo, incorporar marcos analíticos feministas y decoloniales, y responder por la impunidad que la sostuvo. La pregunta por el estatuto de la violencia sexual es la pregunta por el tipo de verdad que Colombia está dispuesta a producir sobre su guerra.
¿En qué términos se ha discutido?
Durante buena parte del siglo XX predominó una lectura que atribuía la violación en la guerra al "impulso irrefrenable" del combatiente: apetito masculino desbordado, hipótesis biologicista que hacía del crimen un accidente. Esa explicación fue formalmente desplazada en 2011, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica adoptó en su documento metodológico el enfoque de variación: la violencia sexual no es inevitable, es una acción dentro de los repertorios de los actores armados, y su uso varía según motivaciones grupales e individuales. El postulado tiene un corolario decisivo: no todos los grupos armados del mundo violan, y los que lo hacen no lo hacen igual. Estudiar esa variación —por qué el Bloque Norte concentra violaciones estratégicas a partir de 1997, por qué las FARC-EP institucionalizaron el control reproductivo en 1993, por qué unos frentes de un mismo grupo son más letales que otros— obliga a tomar al grupo armado como unidad de análisis, no al patriarcado abstracto.
Frente a este enfoque, organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres sostienen la tesis del continuum: la violencia contra las mujeres en Colombia, incluyendo la doméstica, está en una misma línea con la violencia política y con el control de sus cuerpos en tiempos de guerra; el patriarcado sería causa principal del conflicto, y el militarismo, inseparable de una hipermasculinidad que ya operaba en la vida civil. La cifra que respalda esta lectura es contundente: casi cuatro de cada diez mujeres del país han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, y buena parte de ellas también fue maltratada en la infancia y por sus parejas. La guerra, según este marco, no inventa la violencia contra las mujeres: la recluta.
Ambas lecturas capturan verdades parciales, y su tensión no se resuelve escogiendo una. El continuum tiene enorme fuerza política —ha sido la herramienta de incidencia que empujó el reconocimiento estatal—, pero pierde precisión analítica: no explica por qué en el Magdalena las violaciones estratégicas se disparan justamente en 1997, cuando el Bloque Norte pasa del diseño a la ejecución de su plan de conquista territorial; tampoco da cuenta del contraste entre unas FARC-EP que prohibían formalmente la violencia sexual bajo pena de muerte y unas Autodefensas que la desplegaban como método, ni de las diferencias de blanco, frecuencia y propósito entre bloques. El enfoque de variación, en cambio, ilumina esas diferencias pero, si se toma en aislamiento, deja sin respuesta por qué el cuerpo violado fue casi siempre femenino, indígena, negro, LGBTI, pobre: por qué la variación se inscribe sobre una superficie ya marcada.
Que ambos enfoques coexistan sin resolución en la memoria histórica producida en el país es el signo de que el problema exige pensar simultáneamente en dos escalas.
¿Qué muestra la evidencia?
Los perfiles son demasiado consistentes, las secuencias demasiado precisas, los fines demasiado explícitos para leer la violencia sexual como accidente.
En el paramilitarismo, y en particular en el Bloque Norte comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la violación y otras violencias basadas en género no fueron desmanes de la tropa sino acciones de guerra al mismo nivel que otros delitos, orientadas a alcanzar ventaja militar o someter a la población. La correlación temporal es reveladora: a partir de 1997, cuando el bloque ejecuta su estrategia de conquista territorial en el Magdalena, se concentran los casos documentados de violación estratégica, asociados al despojo, la persecución del enemigo y el castigo o regulación social de la comunidad. En el conjunto de casos documentados por la Comisión de la Verdad, la violación —acceso carnal violento— fue la modalidad dominante, seguida a considerable distancia por el acoso, es decir, contactos físicos coercitivos, comentarios, gestos y solicitudes.
El repertorio paramilitar incluyó formas extremas. En el Bloque Centauros, al menos dos casos documentados por sentencia del Tribunal de Justicia y Paz combinan tortura sexual, mutilación genital y homicidio posterior a la violación. En la masacre de El Salado, en Bolívar, organizaciones de derechos humanos recogieron testimonios de brutalidad sexual extrema, incluida la agresión con objetos a una mujer embarazada. En las Autodefensas de Cundinamarca, en 1996, la desnudez forzada y el manoseo se usaron como castigo público con el objetivo declarado de mostrar quién mandaba en el territorio. En fiestas organizadas por bloques paramilitares, mujeres eran drogadas sin su consentimiento y sometidas a violencia sexual colectiva, turnadas entre combatientes empezando por el comandante de escuadra. En Buenaventura, actores armados asesinaban a los esposos de mujeres que les interesaban, se instalaban en las viviendas y obligaban a las familias a convivir con el victimario bajo amenaza: una modalidad de despojo violento que articula apropiación territorial y sometimiento sexual.
En las guerrillas, el patrón fue otro pero igualmente sistemático. Desde la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP en 1993, la comandancia implementó una política de control reproductivo sobre las mujeres en sus filas. El embarazo era considerado incompatible con el funcionamiento de la organización armada; las jóvenes que quedaban embarazadas eran presionadas a abortar, incluso en estados avanzados de gestación. En la Novena Conferencia de 2007 se determinó el Norplant como método anticonceptivo. La decisión sobre la maternidad y la anticoncepción era potestad de los comandantes, y la figura del hombre-pareja funcionó como mecanismo de control: mujeres reclutadas siendo niñas o adolescentes relataron haber sido presionadas a abortar y a usar métodos anticonceptivos impuestos. Las cartas de asociamiento —firmadas por ambas partes, con compromisos de fidelidad y período mínimo de convivencia— formalizaban las relaciones bajo tutela institucional. En el ELN, las relaciones de pareja requerían permisos, se entregaban preservativos y la infidelidad era sancionada. Amnistía Internacional documentó estos abortos e imposiciones anticonceptivas como modalidades de violencia sexual del conflicto.
En la Fuerza Pública, los casos más recurrentes se dieron contra mujeres detenidas en el marco del Estatuto de Seguridad, en contextos de tortura: agentes estatales sobre cuerpos indefensos. Miembros del Ejército y la Policía violaron a hombres señalados de colaborar con la insurgencia y a mujeres sospechosas de pertenecer a guerrillas. El 2 de octubre de 2010, el teniente Muñoz Linares abusó sexualmente de dos menores de edad en Tame, Arauca, y asesinó con machete a una de ellas junto con sus hermanos de seis y nueve años.
La arquitectura de impunidad tiene nombre: hasta el fallo de la Corte Constitucional del 29 de junio de 2000 en el caso de Nydia Erika Bautista, cuando aparecía un militar involucrado en un delito, los fiscales enviaban automáticamente el proceso a la justicia penal militar. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sostenido que ese mecanismo constituye violación del deber de garantía. Fue la Corte la que en 2000 devolvió el expediente Bautista a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y abrió la puerta a que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueran investigadas por la justicia ordinaria. Sin ese fallo, el Auto 092 habría sido letra muerta.
Entonces, ¿arma o daño colateral?
La evidencia obliga a una respuesta doble, y ese doble es la respuesta. La violencia sexual en el conflicto colombiano fue dispositivo estratégico deliberado —con usos específicos, variables según actor, región y momento— y a la vez expresión amplificada de un sustrato patriarcal preexistente. Cada dimensión reclama a la otra: leer solo la estrategia no aclara por qué el blanco fue casi siempre el cuerpo femenino, indígena, negro, LGBTI; leer solo el patriarcado no aclara por qué unos grupos la instrumentalizaron sistemáticamente y otros no, ni por qué el pico del Bloque Norte coincide con 1997 y no con 1993 o 2001.
El paramilitarismo actuó como catalizador: al desplazar los mecanismos de control social informal que habrían prevenido las agresiones y desestructurar la autoridad de comunidades y familias, permitió que la violencia sexual se desplegara incluso cuando existían normas internas que la prohibían. El patriarcado preexistía; la guerra le abrió el paso institucional, le puso escala y le dio finalidad militar. La violación se volvió simultáneamente forma de interrogación, herramienta de humillación, método de castigo, mecanismo de despojo, técnica de reclutamiento y —esto es lo crucial— vector de destrucción étnica.
Porque el dispositivo no operó solo sobre "las mujeres" como categoría universal. En el río San Juan, en el sur del Chocó, grupos paramilitares utilizaron embarazos forzados con el objetivo explícito, según el testimonio de Acxan Duque, de "limpiar la raza": violencia sexual como estrategia para fracturar la cohesión social de comunidades negras, reactivación de un imaginario colonial esclavista que ve en el cuerpo racializado un territorio a ocupar. En Bahía Portete, La Guajira, el 18 de abril de 2004, el autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayuú de las AUC asesinó a seis personas —cuatro de ellas mujeres—, torturó a otras, profanó el cementerio y quemó casas, provocando el desplazamiento de más de 600 wayuú. La violencia sexual sobre lideresas wayuú tuvo tres fines instrumentales entrelazados: aterrorizar a la población, castigar públicamente a mujeres con papel activo en la defensa territorial y forzar el desplazamiento. En un orden matrilineal donde las mujeres son eje cultural, económico y político, atacar sus cuerpos era atacar el pueblo entero: violencia étnica ejecutada por la vía sexual.
En Buenaventura, la presión sobre niñas y mujeres afrodescendientes para ingresar a redes de prostitución, los castigos ejemplarizantes y el asesinato de parejas seguido de ocupación de las viviendas devastaron a la población negra en el individuo y en el colectivo. Que este puerto sea, además, punta de lanza del modelo exportador colombiano no es dato geográfico neutro: la violencia sexual funcionó allí como tecnología de la reconfiguración territorial que el capital exigía, reactivando el imaginario esclavista en el mismo movimiento con que se modernizaba la infraestructura portuaria y se desplazaba a los pobladores tradicionales de las orillas hacia el mar. Que la Fuerza Armada Nacional venezolana violara y extorsionara a mujeres desplazadas colombianas que cruzaban la frontera muestra, en otra escala, que la lógica sexual de la soberanía masculina atraviesa Estados: método de gobierno del cuerpo migrante.
El Bloque Mineros ejecutó a personas con identidades sexuales diversas en sus zonas de control, justificando los asesinatos con el argumento de que podían "contagiar" al resto de la comunidad. La violencia contra personas LGBT no comenzó con la guerra: formaba parte de un continuum que arrancaba en la familia, pasaba por la escuela y la iglesia, y encontraba en el conflicto su forma más letal, respaldada por una aceptación cultural que la normalizaba.
Esta evidencia impide sostener que la violencia sexual fuera subproducto, y también impide sostener que su explicación sea única. El binario hombre/mujer no captura la violencia contra hombres detenidos ni contra personas LGBTI; la separación campo/ciudad no captura Ciudad Bolívar, Soacha o la Comuna 13, donde el desplazamiento no terminó la violencia sino que la transformó, reproduciendo en formas urbanas opacas las jerarquías del campo; la separación entre violencia política y violencia doméstica —tan cara al derecho penal— reproduce la lógica patriarcal que le cierra a las mujeres el acceso a la justicia. El dispositivo fue múltiple porque los cuerpos que atravesó lo eran.
¿Por qué tardó tanto en verse?
Si la violencia sexual fue central desde los años ochenta, ¿por qué el reconocimiento estatal pleno tuvo que esperar al 14 de abril de 2008? La respuesta más cómoda —que faltaba evidencia— es también la más falsa. El subregistro del 95% no fue ausencia empírica sino producto de una arquitectura patriarcal compartida entre victimarios, aparato estatal, archivo, medios e historiografía.
Esa arquitectura tuvo pisos concretos y engranados. En zonas donde el actor armado tenía control territorial y no había presencia estatal distinta de la militar, el temor a represalias imponía silencio; una normalización cultural profunda llevaba a la propia víctima a leer el crimen como parte del orden natural del mundo; el estigma comunitario etiquetaba de "indecentes" o "degeneradas" a las mujeres que habían tenido cualquier vínculo con paramilitares —incluido el forzado— y en El Salado alimentó una "vergüenza" por no haber podido "defender el honor de sus mujeres". A ello se sumaba la culpabilización institucional: las maestras agredidas en Tibú fueron revictimizadas por la indiferencia estatal, que no investigó las causas de sus renuncias, y al menos una perdió su plaza en el magisterio al no poder concursar por el daño psicológico. Encima, la jurisdicción penal militar absorbía los casos hasta el fallo Bautista de 2000, y los sesgos del archivo regional hacían el resto: en Nariño, la sección judicial era manejada por militares y policía judicial, con la consecuencia previsible de que la gravedad del conflicto quedara subrepresentada. Cierra el cuadro un silencio historiográfico persistente que las propias instituciones de memoria aún no han asumido con una reflexión explícita sobre alcances, limitaciones y sesgos.
Que la violencia sexual contra hombres y personas LGBTI esté aún peor documentada que la ejercida contra mujeres —porque la concepción cultural sobre el hombre violado dificulta el reconocimiento y empuja al silencio— confirma que el subregistro no es azaroso sino selectivo, y que selecciona según el régimen de género dominante.
El desbloqueo llegó por presión transnacional feminista, sostenida durante décadas. La atención internacional al uso sistemático de la violación en los genocidios de Bosnia y Ruanda en los años noventa estimuló el desarrollo de marcos analíticos feministas orientados a incorporar el género al estudio de las causas y consecuencias de la guerra. Sisma Mujer, Amnistía Internacional, la Ruta Pacífica, la Corporación Casa de la Mujer y organizaciones étnicas armaron el expediente que el Estado no había querido armar. En mayo de 2008 —tras un proceso iniciado en 2007— la Corte Constitucional falló sobre una acción de tutela relacionada con mujeres víctimas de violencia paramilitar. El Auto 092, un mes antes, ya había ordenado la creación de trece programas para colmar los vacíos de la política pública de atención al desplazamiento desde una perspectiva de género, seis de ellos directamente vinculados a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas, e incluyó uno específico de prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada.
El Auto 092 no descubrió la violencia sexual: reconoció una evidencia que llevaba décadas acumulada. Su tardanza mide el espesor de la arquitectura patriarcal que se resistió a nombrarla.
Tensiones que no cierran
La respuesta que la evidencia sostiene —dispositivo estratégico sobre sustrato patriarcal, invisibilización por arquitectura institucional— deja tensiones vivas que la investigación futura debe trabajar sin cerrarlas prematuramente. Hay, primero, una tensión de escala: los números documentados de violación estratégica por categoría de fin —despojo, persecución, castigo— son reducidos, y en varios eventos la información fue insuficiente para determinar el propósito específico. Que el patrón exista no significa que su cuantificación esté firme, y el 95% de subregistro deja margen para que la magnitud real reordene lo que hoy sabemos.
Hay, después, una tensión conceptual. Los marcos analíticos disponibles —el continuum patriarcal, el enfoque de variación, la interseccionalidad racial— siguen mostrando fisuras ante casos que ninguno captura plenamente. La violencia contra hombres heterosexuales revela el límite del marco binario y obliga a pensar el género como sistema, no solo como relación entre sexos; incluir a la población LGBTI en el molde del feminismo radical tensiona el marco hasta exigir su reformulación, que aún queda a medio camino; la violencia contra mujeres indígenas y afrodescendientes muestra que el género sin raza ni colonialidad rinde un análisis incompleto, pero las categorías de justicia transicional interseccional apenas empiezan a formularse.
Hay una tensión de continuidad. El desplazamiento forzado no cerró la violencia sexual: la trasladó. Cientos de mujeres que declararon ante la Comisión de la Verdad haber sido desplazadas tras la agresión eran, en el momento de los hechos, niñas o adolescentes, y muchas terminaron en las periferias urbanas donde las jerarquías de género rurales se reprodujeron en formas menos visibles y peor documentadas. Cómo se rastrea esa continuidad —cómo se hace historia de un fenómeno cuya frontera entre guerra y posguerra es porosa— sigue siendo problema abierto.
Y hay, sobre todo, una tensión de reparación, que es hoy el nudo político central. Los seis programas del Auto 092 vinculados a violencia sexual, la Ley de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz que emergió del Acuerdo de 2016: cada uno ha topado con los mismos obstáculos que produjeron el silencio original —ausencia de atención psicosocial adecuada, falta de condiciones materiales, escasa judicialización efectiva—. El reconocimiento simbólico no ha traducido en justicia material a la misma velocidad, y esa brecha marca el límite práctico de todo lo conquistado.
Escribir la historia de una guerra desde los cuerpos exige algo más que sumar un capítulo sobre violencia sexual a los libros ya hechos. Colombia ha empezado a hacerlo, tarde y a empujones. Implica reconocer que la conquista del Magdalena en 1997, la fundación del orden paramilitar en Urabá, el control reproductivo en las FARC-EP, la tortura en las estaciones del Estatuto de Seguridad y la ocupación de las viviendas en Buenaventura no son fenómenos que la violencia sexual acompañó, sino fenómenos que la violencia sexual hizo posibles. Escribir el conflicto colombiano sin los cuerpos violados no cuenta una historia incompleta: cuenta otra historia.
Archivo documental
Documentos usados en esta lectura
47 documentos · 66 fragmentos de referencia01Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombianoGrupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación · 2011 · p. 212, 2522 fragmentos
[1]grupos paramilitares, guerrille- ros o pertenecientes a la Fuerza Pública estuvieron igualmente propensos a abusar sexualmente de personas en estado de inde- fensión? ¿Todo hombre en armas tiene la misma inclinación y oportunidad de cometer violaciones sexuales? ¿Importaban en la ocurrencia de estos crímenes el…
p. 212
[8]descubre una lógica subyacente. Como lo revela el cuadro 3, es justamente a partir de 1997, año en el que el BN pasa del diseño de su estrategia de conquista a su ejecución en el Magdalena, que aparecen todas las violaciones Cuadro 3. Violaciones sexuales estratégicas o en contextos estratégicos según fines…
p. 252
02Género y memoria histórica. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina María Céspedes-Báez · 2018 · p. 43, 61, 903 fragmentos
[2]impulso irrefrenable de los hombres entregados al fragor de la batalla, se impuso otra deducción: la posibilidad de su variación. El hecho de que la violencia sexual varíe pasa por reconocer que es una acción más dentro de los repertorios de violencia de los actores armados y que su uso puede responder a distin- tas…
p. 90
[3]y no en las posibles diferencias de los contextos y los fines que hacen que un castigo igual o similar se imponga en ciertas situaciones. Con la violencia sexual ocurre otro tanto. El hecho de que esta ocurra en tiempos de paz, y que los perpetradores sean familiares, colegas, amigos o desconocidos, no explica per se…
p. 61
[52]labor del CNMH ha sido determinante al demostrar la importancia de diseñar una verdadera metodología que incorpore el género como categoría operativa, es decir, como concepto que define la metodo- logía y los métodos de su investigación. Esto significó ciertamente un avance respecto de la manera como se estaba…
p. 43
03El Bloque Mineros de las AUC. Violencia contrainsurgente, economías criminales y depredación sexualJuan Esteban Jaramillo Giraldo, José Manuel Hernández, Dairo Correa Gutiérrez · 2022 · p. 328, 332, 3353 fragmentos
[4]un continuum entre el orden patriarcal y el impuesto por el actor armado. Una consideración generalizada para estos casos es que el orden armado fue un catalizador de las violencias contra las mujeres, en especial las sexuales, toda vez que de no haber mediado la amenaza de las armas, no hubiera existido un escenario…
p. 335
[31]en su situación, y la pelada se despencó. Se des- pencó es que se tiró al suelo y se puso a berriar, que no podía más, entonces me acuerdo de que El Tortugo vino y la bravió: esta hijueputa se tiene que parar, para qué se metió a esta mierda. Salió y la camelló de psicología y le tocó ver que viniera el pelado y le…
p. 332
[41]sometidos a todo tipo de burlas y vejámenes. 4. REPERTORIOS DE VIOLENCIA, VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y DAÑOS CAUSADOS 327 En el Guáimaro, en la finca conocida como La Toca, asesinaron a un jo- ven homosexual y le escribieron un letrero que decía, textualmente, “por maricón” (Tribunal Superior de Medellín, Sala…
p. 328
04Women's Writing in Colombia: An Alternative HistoryCherilyn Elston · 2016 · p. 43, 2022 fragmentos
[5]of values and practices closely linked to the patriarchal system) (Lamus 2010: 95). Interconnecting with the work of scholars such as Caroline Moser and Fiona Clark (2001) and Cynthia Cockburn (2004), the Ruta Pacífica argues that violence against women in Colombia, often defined as “domestic” or private, is on a…
p. 202
[10]Studies) in 2001. For a detailed examination of women’s/gender studies in the Colombian academy, see Wills, Chap. 7. INTRODUCTION: MODERNITY’S REBEL DAUGHTERS 33 10. For these scholars this is one side of the contemporary feminist debate, positing on the other side the anti-essentialists or poststructuralist femi-…
p. 43
05La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo ICentro Nacional de Memoria Histórica, Lukas Rodríguez Lizcano · 2022 · p. 3281 fragmento
[6]D. E., y Prieto D., S. C. (2013). Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justicia. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad, Dejusticia. 329 CAPÍTULO IV. VIOLACIONES SISTEMÁTICAS A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO ATRIBUIBLES AL BLOQUE NORTE diferentes organismos…
p. 328
06La guerra vino de afuera. El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que aún no cierraCentro Nacional de Memoria Histórica, Laura Bibiana Escobar García, Laura Catalina Tovar Bohórquez, Esteban de Jesús Caviedes Alfonso · 2022 · p. 2541 fragmento
[7]de la estructura (ABColombia et al., 2015). Las prácticas racistas también provocaron embarazos forzados que tenían el objetivo de “limpiar la raza”. Tal como lo explica Acxan Duque, esto generó fracturas en la cohesión social de las comunidades del territorio. La violencia sexual que se presentó en el San Juan fue…
p. 254
07Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte · 2009 · p. 3701 fragmento
[9]partir de experiencias internacionales (como Etiopía, Su- dán, Sierra Leona y algunos países de Centroamérica), se ha podido inferir que los actos sexuales de carácter violento y sin consentimiento son riesgos inevitables en tiempos de guerra, convirtiéndose la violencia sexual en una forma de intimidar y silenciar,…
p. 370
08Autodefensas de Cundinamarca. Olvido estatal y violencia paramilitar en las provincias de Rionegro y Bajo MagdalenaCamilo Ernesto Villamizar Hernández, Rodrigo Arturo Triana Sarmiento, León Felipe Rodríguez Hernández, César Nicolás Peña Aragón · 2020 · p. 3521 fragmento
[11]estudiaba en el colegio fue abusada por paramilitares por medio de engaños y utilizando a otros menores para sus fines criminales, como este crimen cometido en noviembre de 1996: 354 AUTODEFENSAS DE CUNDINAMARCA me mandaron una razón con un niño, que yo tenía un admirador secreto, yo pensaba que era un compañero del…
p. 352
09Memorias de una guerra por los Llanos. Tomo I. De la violencia a las resistencias ante el Bloque Centauros de las AUCCentro Nacional de Memoria Histórica · 2021 · p. 422, 4322 fragmentos
[12]violación (CNMH, 2015d, pp. 44-49; CNRR-GMH, 2011, pp. 216-220). Ya se ha mencionado que la violencia sexual, principalmente bajo las formas de acoso, abuso de poder y convivencia forzada era una práctica común, espe- cialmente de los comandantes hacia las combatientes al interior de las filas del Bloque Centauros; y…
p. 422
[21]Entr.: ¿No? ¿O sea que ustedes estaban con ellas y no usaban protección? Edo.: No. Entr.: ¿Y llegaba a haber casos de enfermedades de transmisión sexual? Edo.: No, así no… Entr.: No hubo esos casos… ¿Y cómo hacían para turnarse? ¿Cómo hacían pa´ saber quién iba primero? Edo.: Primero el comandante de escuadra y ahí el…
p. 432
10La tierra se quedó sin su canto. Trayectoria e impactos del Bloque Norte en los departamentos de Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena. Tomo IICentro Nacional de Memoria Histórica · 2022 · p. 135, 1812 fragmentos
[13](RUV). 3641 319 78 14 LGBTI No informa Hombre Mujer 0 1000 500 1500 2000 2500 3000 3500 4000 136 LA TIERRA SE QUEDÓ SIN SU CANTO En el caso del Bloque Norte, el grupo constituyó un patrón sistemático y ge- neralizado en estos departamentos y, de manera pronunciada, en el Magdalena. La VS y la VBG experimentadas por…
p. 135
[39]siempre… con todo el temor que se tenía, uno siempre sa- lía: vamos a rescatarlo. Muerto… O sea, porque uno sabía, a lo que lo sacaban, uno decía: vamos a ir y buscar el cuerpo porque ya… pa’ que no se pierda. Muchos que sí los entregaban y decían: vaya y búsquelo en tal parte, si lo encuentran, que, o si no, se lo…
p. 181
11Medellín: memorias de una guerra urbanaMarta Inés Villa Martínez, Ana María Jaramillo Arbeláez, Jorge Giraldo Ramírez, Manuel Alberto Alonso Espinal, Sandra Arenas Grisales, Pablo Bedoya Molina, Luz María Londoño Fernández · 2017 · p. 2511 fragmento
[14]141 o por considerarlas colaboradoras del enemigo. En otros casos las víctimas, generalmente mujeres, eran abordadas en la calle y obligadas a caminar hacia zonas oscuras para ser violadas. En otros el abuso era cometido por varios hombres, quienes se turnaban a la víctima y luego de varias horas la dejaban ir. En…
p. 251
12Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivasComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 323, 3262 fragmentos
[15]ocurrió como una persecución e intimidación de naturaleza sexual que se expresó a través de contactos físicos coercitivos, comentarios sexuales implícitos o explícitos, intentos de violación, gestos obscenos y solicitud de actos sexuales, que lleva- ron a las víctimas a una posición de vulnerabilidad y humillación…
p. 323
[66]accedidas analmente por varios miembros del grupo y las sometieron a desnudez forzada 932. Una de las víctimas recordó: «Nos pegaron, nos empujaban, cosas así, sí. Es como decir a nosotros nos colocaron como cuando uno es un espectador y uno va a ver una película» 933. En este hecho, las seis personas no solo fueron…
p. 326
13La masacre de El Salado: esa guerra no era nuestraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Andrés Fernando Suárez (Relator) · 2009 · p. 1251 fragmento
[16]sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, titulado «Colombia. Cuerpos marcados, crímenes silenciados». El primer párrafo del informe es un fragmento de un testimonio sobre los episodios de violencia sexual en la masacre de El Salado. A una chica de 18 años con embarazo le metieron un…
p. 125
14Estrategias de guerra y trasfondos del paramilitarismo en el Urabá antioqueño, sur de Córdoba, bajo Atrato y Darién. Tomo ILaura Milena Ballén Velásquez, Ronald Edward Villamil Carvajal, Luisa Fernanda Hernández Mercado · 2022 · p. 396, 4022 fragmentos
[17]a los paracos y los paracos hacían la limpieza. (CNMH, MNJCV, BB, 2016, 4 de mayo) Por todo lo anterior y según la información de relatos del Mecanismo No Judicial de Contribución a la Verdad, las principales acciones cometi- das por los grupos paramilitares asociadas a la violencia sexual tienen que ver con la…
p. 402
[42]sexual 61 es uno de los repertorios de violencia más invisibili- zados en el marco del conflicto armado. Estas violencias han sido ejercidas indistintamente del actor armado y han tenido como objetivo principal la destrucción, posesión y transformación del cuerpo. Quienes han sufrido en mayor medida las consecuencias…
p. 396
15El Placer: Mujeres, coca y guerra en el Bajo PutumayoMaría Clemencia Ramírez, María Luisa Moreno R., Camila Medina A. · 2012 · p. 202, 2304 fragmentos
[18]una semana como castigo por es- tablecer relaciones afectivas con otro hombre civil. En este caso, el hombre civil fue asesinado: “era parca y novia de un paraco malo. Ella quería a [...] era del pueblo pero el paraco se enteró y lo mató. [...] Luego a esta prostituta no la volvimos a ver, tal vez se fue o se escapó,…
p. 202
[19]una semana como castigo por es- tablecer relaciones afectivas con otro hombre civil. En este caso, el hombre civil fue asesinado: “era parca y novia de un paraco malo. Ella quería a [...] era del pueblo pero el paraco se enteró y lo mató. [...] Luego a esta prostituta no la volvimos a ver, tal vez se fue o se escapó,…
p. 202
[48]de 2011. 235 Entrevista n.º 31, mujer joven, El Placer, septiembre de 2011. 230 Ea paítul Mosulue, tgtí n doullí uy ua qísg poromíng ¿La mujer decente? Una mirada desde la comunidad La mirada de la comunidad hacia las mujeres que mantenían relaciones con los paramilitares da cuenta de una posición de re- chazo y…
p. 230
[49]de 2011. 235 Entrevista n.º 31, mujer joven, El Placer, septiembre de 2011. 230 Ea paítul Mosulue, tgtí n doullí uy ua qísg poromíng ¿La mujer decente? Una mirada desde la comunidad La mirada de la comunidad hacia las mujeres que mantenían relaciones con los paramilitares da cuenta de una posición de re- chazo y…
p. 230
16De los grupos precursores al Bloque Tolima (AUC). Informe No. 1Centro Nacional de Memoria Histórica, Álvaro Villarraga Sarmiento, Anascas Del Río Moncada, Mauricio Barón Villa, Andrea García Hernández, José Alirio Duque Orrego, Edith Garzón Quintero · 2017 · p. 4241 fragmento
[20]se pretendía “corregir”, lo indeseado de estar recorriendo libremente el espacio social y público, y la sanción, con la pretensión de enviarlas a al espacio supuestamente previsto para la feminidad, de exclusión del ámbi- to público y la reclusión en “la casa”, sujeta al ámbito doméstico. De los relatos también se…
p. 424
17Buenaventura: un puerto sin comunidadConstanza Millán Echeverría, Ludivia Serrato Martínez, Oscar Pérez, Clara Castro, Danelly Estupiñán, Adriel Ruiz · 2015 · p. 2931 fragmento
[22]puerto sin comunidad Niñas y mujeres presionadas a ingresar a redes de prostitución, ser informantes o entablar relaciones amorosas forzadas con miembros de los grupos armados Castigos ejemplarizantes a niñas y mujeres por hacer parte de organizaciones sociales, por denunciar, por infringir las normas impuestas por…
p. 293
18Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Magdalena MedioComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1461 fragmento
[23]la violencia sexual. Mujeres fueron abusadas y obligadas a convivir con los comandantes 470. Frente a esta realidad muchas madres decidieron sacar a sus hijas de la región para protegerlas. A otras, a quienes no tenían adónde enviar, las encerraron en su casa y las obligaron a cambiar su apariencia para evitar que…
p. 146
19La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armadoCentro Nacional de Memoria Histórica, Rocío Martínez Montoya · 2017 · p. 1841 fragmento
[24]comandante. De pron- to por la antigüedad las mandaban para afuera, las sacaban del grupo a que tuvieran el bebé y cuando lo tenían volvían al grupo (CNMH, entrevista del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad, mujer 29 años, 2013, septiembre 5). 185 1. Lógicas y objetivos de la violencia sexual en los…
p. 184
20Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 5571 fragmento
[25]de colaborar con las insurgencias o las sospechosas de ser guerrilleras. La Comisión pudo constatar que los hechos más recurrentes se dieron hacia las mujeres detenidas en el marco del Estatuto de Seguridad, en contextos de tortura. Aunque como un fenómeno menos evidente, la Comisión también conoció casos de hombres…
p. 557
21Una guerra sin edad. Informe nacional de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombianoCentro Nacional de Memoria Histórica; Katherine López Rojas (coord.); Andrés Felipe Aponte; Carolina Lozano Rodríguez; Linda Lorena Sánchez Avendaño · 2017 · p. 335, 3392 fragmentos
[26]comandantes y combatientes han sido explícitas en el marco de la sexualidad. La autodeterminación sobre métodos de planificación ha sido regulada por el comandante e incluso en algunos casos están determinados en los mandatos y directrices establecidos por los grupos armados. Tal es el caso de las FARC que, en su…
p. 339
[29]sí lo dejaban dormir a uno. Asociar, le llamaban allá. Pero uno tenía que ser consciente que uno de los dos teníamos, uno de los dos, tenía- mos que salir a trabajar quince, veinte días, un mes, dos meses afuera y nosotros nos teníamos que respetar porque si uno no respetaba la persona decían que ya se estaba…
p. 335
22Violencia Sexual, Conflicto Armado y Justicia en ColombiaClaudia Cecilia Ramírez Cardona (coord.); Andrea González Rojas; Constanza Clavijo Velasco; Carmen Alicia Mestizo Castillo; Belén Pérez González · 2007 · p. 1, 222 fragmentos
[27]desplazadas internamente. (Relatora ONU, 2002) 23 VIOLENCIA SEXUAL, CONFLICTO ARMADO V JUSTICIA EN COLOMBIA En relación con organizaciones no gubernamentales internacionales, Amnistía Internacional documentó abusos, violación, mutilación genital, explotación sexual, secuestro de mujeres para que presten servicios…
p. 22
[57]Violencia Sexual, Conflicto Armado y CJusticia en Colombia Violencia Sexual, Conflicto Armado y ju sticia en Colombia. Corporación Sisma Mujer. Calle 38 No. 8 -12, oficina502. Bogotá-Colombia. Telefax: (571) 2 88 05 36 infosisma@sismamujer.org Directora Ejecutiva: Claudia Mejía Duque. Coordinadora de la Investigación:…
p. 1
23Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 721 fragmento
[28]ntrevista 236 - VI - 00004. Mujer, urbana, exiliada. 73 Son expresiones de poder y de horror que dejaron marcas en su vida y en la libre elección de ser madres. A esta conclusión llegó la Comisión tras el análisis de los testimonios reunidos y los presentados por organizaciones sociales en cuatro informes 193 que…
p. 72
24Violencia paramilitar en la Altillanura: Autodefensas Campesinas de Meta y VichadaÁlvaro Villarraga Sarmiento (Director general); Centro Nacional de Memoria Histórica · p. 2001 fragmento
[30]si tenía novio… Edo.: Ajá, por ejemplo, el hombre tenía la socia, que eso lo asociaban a uno allá cuando ya tenía el novio, a mí me parece que a mí me asociaron… Entr.: ¿Como qué asociar…? Edo.: Es que uno firma una carta de asociamiento. Hacer una carta a computador: “Fulana de tal, alias, se asocia con fu- lano de…
p. 200
25¡Basta satisfecho! Colombia: Memorias de guerra y dignidadCentro Nacional de Memoria Histórica (GMH) · 2013 · p. 481 fragmento
[32]Barranquilla el 4 de marzo del 2000. Expe- diente Penal No. 721 del 2000. 124. Base de datos de violencia sexual. GMH, Mujeres y guerra. 84 INFORME GENERAL Centro Nacional de Memoria Histórica registró el 2 de octubre del 2010 en el municipio de Tame, Arauca, cuan- do un oficial del Ejército Nacional abusó sexualmente…
p. 48
26La Verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia. Tomo IRuta Pacífica de las Mujeres · 2013 · p. 353, 3602 fragmentos
[33]Verdad de las Mujeres. Víctimas del conflicto armado en Colombia y de desprecio, puesto que alcanzan la máxima expresión simbólica como receptores del ejercicio del poder y como soportes insignificantes de vida humana. 48 Imagínese siete tipos violándolo a uno. Después de eso, ellos me pusieron armas en la cabeza. Me…
p. 360
[50]golpes, yo fui maltratada con la cacha del revólver que los tipos cargaban, varias veces, mi seno duró más de dos meses completamente hinchado, inflamado y todavía no he tenido la oportunidad directamente de que un especialista me vea por si depende de pronto de un tumor, o algo, algo, algo… demasiado, demasiado,…
p. 353
27Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, CatatumboYamile Salinas Abdala, María Fernanda Pérez Trujillo, Juan Pablo Luque, Juan Manuel Zarama Santacruz · 2015 · p. 1291 fragmento
[34]y que se opusieron al reclutamiento forzado, a la violencia sexual y a la prostitución y esclavitud sexual de sus alumnos y alumnas, fueron agredidas y “mancilladas por todos los actores” (CNMH, mujer adulta mayor, taller de memoria, Tibú, 2012). Pese a la generalidad de esta situa- ción, en muchas ocasiones las…
p. 129
28Trujillo: Una tragedia que no cesaGrupo de Memoria Histórica; Álvaro Camacho Guizado (relator); Gonzalo Sánchez G. (coordinador) · 2008 · p. 2801 fragmento
[35]de los defensores de derechos humanos es más importante la búsqueda de mecanismos disponibles para proteger a las víctimas. 207 De acuerdo con Luz Marina Gil, “antes de dicha sentencia, cuando aparecía un militar involucrado en cualquier tipo de delito que llegara a la jurisdicción ordinaria, automáticamente los…
p. 280
29Entre la incertidumbre y el dolor: Impactos psicosociales de la desaparición forzada. Tomo IIICentro Nacional de Memoria Histórica; Liz Arévalo Naranjo (relatora); Carlos Miguel Ortiz (coordinador) · 2014 · p. 1461 fragmento
[36]humanos por la jurisdicción penal militar constituye una violación del de- ber de Garantía y las obligaciones internacionales del Estado de Colombia bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti- cos y un desconocimiento a las recomendaciones internacionales sobre su deber jurídico de evitar y combatir la…
p. 146
30La masacre de Bahía Portete: Mujeres Wayuu en la miraGrupo de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez G. (Coordinador), Pilar Riaño A. (Relatora), Jesús Abad Colorado L., María Luisa Moreno R., María Emma Wills O. · 2010 · p. 17, 902 fragmentos
[37]mujeres, jóvenes y ancianos.” 141 La violencia y tortura sexual descritas tienen fines instrumen- tales asociados a tres objetivos: aterrorizar a la población; castigar de manera pública y descarnada a las mujeres indígenas lideresas, mediante el ataque a sus cuerpos; y provocar el desplazamiento forzado. Los lugares,…
p. 90
[40]las mujeres de Bahía Portete precisamente porque ellas cumplen en la estruc- tura comunitaria de los wayuu, un papel determinante en los pla- nos cultural, económico y político. En el artículo publicado en el Boletín de Actualidad Étnica de sep- tiembre de 2004, se expresa que el aumento cuantitativo de la vio- lencia…
p. 17
31Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistenciasSaúl Franco Agudelo · 2022 · p. 1221 fragmento
[38]lugares sagrados reciben energía y emerge energía. Sus puntos están conectados con otros lugares que son energéticos, ¿no? Por ejemplo, hay un punto de la línea negra que está conectado con los picos nevados» 305. En la masacre de Bahía Portete, ocur rida el 18 de abril de 2004, en La Guajira, un grupo de…
p. 122
32Un carnaval de resistencia: Memorias del reinado trans del río TuluníAlanis Bello Ramírez · 2018 · p. 261 fragmento
[43]unas cruentas violencias que han buscado encajarlos dentro de los moldes de lo normativo. 27 1. Condiciones que han posibilitado las violencias y afectaciones en contra de los sectores LGBT, en el contexto del conflicto armado en Chaparral Como lo señalan las teorías feministas, la heterosexualidad no es una…
p. 26
33Sujetos victimizados y daños causados: Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento históricoLina Rondón Daza, Liliana Cortés Gamba · 2018 · p. 911 fragmento
[44]violentas que respaldan su ocurrencia en la mente colectiva que tolera, promueve e in- cluso celebra las agresiones a la comunidad LGBT y finalmente, se han reconocido diferentes daños, como consecuencia de ese continuum de violencias sufridas por estos sectores sociales y las acciones de resistencia que han…
p. 91
34Arrasamiento y control paramilitar en el sur de Bolívar y Santander. Tomo II. Bloque Central Bolívar: violencia pública y resistencias no violentasAlberto Santos Peñuela (coordinador del informe y correlator), Luis Miguel Buitrago Roa, Juan Guillermo Jaramillo Acuña, Nicolás Otero González, Rodrigo Torrejano Jiménez · 2021 · p. 921 fragmento
[45]por un actor armado según la preferencia sexual o el género de la víctima y “son parte de una continuidad de violencia entre tiempos de paz y de guerra” (Wood, 2015, p. 15). La normalización de la ocurrencia de estas violencias y la aceptación cul- tural que existe de la agresión contra las mujeres o hacia las…
p. 92
35Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de ColombiaComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 6231 fragmento
[46]conflicto armado. Las mujeres relataron ante la Uariv: «Al mediodía, unos hombres se presentaron en mi casa con pistola para sacarnos del pueblo. Nos dijeron que teníamos 24 horas para desocupar. Uno de ellos me dijo que le leyera la mano, que si no salía la verdad, me mataba, y yo le tuve que decir la verdad, la…
p. 623
36Nuevos escenarios de conflicto armado y violencia. Panorama posacuerdos con AUC. Región Caribe, Departamento de Antioquia, Departamento de ChocóÁlvaro Villarraga Sarmiento, Alberto Santos Peñuela, Priscila Zúñiga Jiménez, Margarita Jaimes Velásquez, Lukas Rodríguez Lizcano, Gisela Andrea Aguirre García, Camilo Villamizar Hernández · 2014 · p. 1761 fragmento
[47]de seguridad otorgadas por el Estado son marginales (Líder afrodescendiente desplazado, hombre adulto, 2013). La situa - ción actual de los panfletos difundidos por las AGC es contradic - toria: mientras por un lado el Bloque Juan de Dios Úsuga advier - te vengarse de Cusumbo y Peluche por la traición de Giovanni y…
p. 176
37Crecer como un río. Jornaliando cuesta arriba por vida digna, integración regional y desarrollo propio del Macizo Colombiano, Cauca, Nariño y Colombia. Volumen 1John Jairo Rincón García, Camilo López Pérez, Nancy Celia Navarro Rojas, Wilder Jamith Meneses Bolaños, Víctor Hugo Buesaquillo, Camilo Ernesto Muñoz Meneses, Pablo Andrés Convers Hilarión · 2017 · p. 261 fragmento
[51]que tener en cuenta que para la construcción de este re- gistro se partió del hecho de la existencia de un subregistro de víctimas y de hechos victimizantes. Al respecto se pudieron en- contrar razones que explican este hecho. En el caso de Nariño, puede obedecer a que la sección judicial era manejada por los…
p. 26
38Más allá del desplazamiento: políticas, derechos y superación del desplazamiento forzado en ColombiaCésar Rodríguez Garavito (coord.), Juan Carlos Guataquí, Ana María Ibáñez Londoño, María Mercedes Maldonado Copello, Luis Eduardo Pérez Murcia, Esteban Restrepo Saldarriaga, Héctor Riveros Serrato, Diana Rodríguez Franco, Yamile Salinas Abdala · 2010 · p. 161, 3092 fragmentos
[53]y en la superación del estado de cosas inconstitucional. CO r TE CONSTIT u CIONAL A u TO 092 DE 2008 b ogotá, Abril 14 de 2008 Magistrado Ponente: Manuel José Cepeda Pr OTECCIÓN DE LOS DE r ECHOS F u NDAMENTALES DE LAS M u JE r ES AFECTADAS PO r EL DESPLAZAMIENTO FO r ZADO PO r CA u SA DEL CONFLICTO A r MADO síntes I…
p. 309
[55]Auto 092 de 2008 tiene que ver con la impunidad que rodea la comisión de una serie de hechos delictuosos que afectan en forma despro- porcionada a las mujeres desplazadas. De hecho, seis de los trece progra- mas cuya creación se ordena al Gobierno 25 están directamente relaciona- dos con la condición de víctimas de…
p. 161
39Memoria de la infamia. Desaparición forzada en el Magdalena MedioCentro Nacional de Memoria Histórica, Liz Yasmit Arévalo Naranjo, Andrés Prieto Ruiz · 2017 · p. 831 fragmento
[54]especial sobre la situación de las mujeres víctimas del delito de desaparición forzada mediante la identificación de los móviles de su desaparición y el planteamiento de hipótesis y patrones diferenciales, a partir de los testimonios aportados por las y los familiares de las mujeres víctimas. Es preciso recordar que…
p. 83
40La política de reforma agraria y tierras en Colombia. Esbozo de una memoria institucionalAbsalón Machado Cartagena · 2013 · p. 1141 fragmento
[56]fijadas. Auto 092 de la Corte Constitucional (2008). Establecer un programa de facilitación del acceso a la propiedad de la tierra por las mujeres desplazadas y proteger sus dere- chos. Departamento Nacional de Planeación (junio 25 de 2009) Propuesta de política de restitución de tierras y territorios, prevención y…
p. 114
41«¡Déjennos en paz!» La población civil, víctima del conflicto armado interno de ColombiaAmnistía Internacional · 2008 · p. 311 fragmento
[58]LA POBLACIÓN CIVIL, VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO DE COLOMBIA | 29 muerte desde diciembre de 2006, se cree que debido a su labor como representante de supervivientes de violaciones de derechos humanos cometidas por los paramilitares en la vista del proceso de desmovilización sobre el dirigente paramilitar…
p. 31
42Los retos de la justicia transicional en Colombia. Percepciones, opiniones y experiencias 2008. Panorama cualitativo y cuantitativo nacional, con énfasis en cuatro regionesIris Marín Ortiz · 2009 · p. 981 fragmento
[59]adecuadamente a las víctimas [117] 2.9 Desinformación sobre la programación de las versiones libres de los jefes paramilitares desmovilizados [119] 2.10 Conocimiento de la Ley de justicia y paz [119] 2.11 Dificultades de las víctimas para contar con representación judicial [120] 2.12 Ausencia de una estrategia de…
p. 98
43Diez propuestas para el estudio de la historia reciente de Colombia con énfasis en el conflicto armadoFrancisco Acevedo, Mauricio Bello, Blanca Cepeda, Wencith Guzmán, Jacqueline Mendoza, Nixon Mora, Roque Moreno, William Peña, Jorge Ramírez, Maira Soto, María Cristina Téllez · 2022 · p. 2651 fragmento
[60]suficientes, no alcanzan a reflejar la alarmante situación, dado que hay una gran mayoría de casos donde las mujeres no denuncian. En Colombia la violencia contra la mujer ha sido usada como un mecanismo de domina- ción y poder, en las modalidades de violencia de género sobresalen la violencia doméstica, la violencia…
p. 265
44La tierra en disputa. Memorias de despojo y resistencia campesina en la costa Caribe (1960-2010)Absalón Machado, Donny Meertens · 2010 · p. 339, 3662 fragmentos
[61]relacionadas con los roles de género, particularmente el del cuidado asociado a las mujeres, y el de la producción y de los derechos de propiedad asociados a los hombres. En la inter- sección de estos contextos habrá que tener presente el papel del tiempo, es decir, la modalidad del despojo que mayoritariamente…
p. 366
[64]como en el caso de Chengue que se documenta más adelante. 225 Todo ello modificó el balance de género del desplazamiento en términos numéricos: a partir del 2001 el número de mujeres desplazadas supera el de los hombres. Esta tendencia ha sido particularmente visible en los Montes de María. En Carmen de Bolívar, por…
p. 339
45Guerra y violencias en Colombia: herramientas e interpretacionesJorge A. Restrepo, David Aponte (Editores) · 2009 · p. 3581 fragmento
[62]por la ausencia de órganos reproductivos internos. Para una mayor aproxima - ción, ver Conway (2006). La violencia de género y la violencia sexual en el conflicto armado colombiano 357 sexo de un individuo, resultando en la inculcación de roles sociales femeni - nos o masculinos comúnmente aceptados en función de una…
p. 358
46No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armadoComisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición · 2022 · p. 1101 fragmento
[63]desplazó de su territorio. Ella es una de las 562 mujeres que afirmaron ante la Comisión de la Verdad haber sido desplazadas tras ser víctimas de violencia sexual; de estas, 129 eran niñas o adolescentes cuando ocurrieron los hechos 206. 201 En algunos países de Latinoamérica, este vocablo se refiere al golpe que se…
p. 110
47Cruzando la frontera: Memorias del éxodo hacia Venezuela. El caso del río AraucaCentro Nacional de Memoria Histórica · 2015 · p. 2071 fragmento
[65]que se tomen en su contra nuevas represalias violentas (ACNUR, 2008). En muchas ocasio- nes, la condición de refugio, incluso acompañada del documento provisional, no ha sido obstáculo para que las autoridades arma- das, como la Fuerza Armada Nacional (FAM), aprovechen la vul- nerabilidad de las mujeres desplazadas…
p. 207