Violencia sexual en el conflicto armado colombiano

¿Fue la violencia sexual un arma del conflicto armado colombiano o un daño colateral, y por qué tardó tanto en reconocerse?

Entre 1985 y 2016, en las selvas del San Juan, los patios de las fincas de los Montes de María, los retenes de la frontera con Venezuela, los cementerios wayuú de Bahía Portete y las oficinas de interrogatorio del Estatuto de Seguridad, la violencia sexual dejó de ser un accidente del combate para convertirse en un método. Todos los actores armados —guerrillas, paramilitares y Fuerza Pública— violaron y torturaron sexualmente, esclavizaron cuerpos, obligaron a abortar y regularon coercitivamente el deseo. Y sin embargo, el reconocimiento jurídico pleno de este hecho solo llegó el 14 de abril de 2008, con el Auto 092 de la Corte Constitucional, ponencia de Manuel José Cepeda. Que hicieran falta más de dos décadas de guerra abierta y un subregistro del 95% para que el Estado nombrara lo que las víctimas llevaban ese tiempo denunciando obliga a formular dos preguntas inseparables: ¿qué fue esa violencia —arma o subproducto— y por qué tardó tanto en volverse visible?

¿Qué se juega en la pregunta?

No es un debate menor de tipología jurídica. Si la violencia sexual fue "daño colateral" —el desahogo de tropas sin control, el estallido de una masculinidad militarizada—, entonces el conflicto armado colombiano puede narrarse sin ella: en la periferia del relato, junto a otros abusos deplorables pero secundarios frente a la disputa por el territorio, el narcotráfico y el poder político. Si, en cambio, fue un dispositivo deliberado —estrategia con fines, actores, cálculos y variaciones—, entonces la historia del conflicto no puede escribirse sin los cuerpos violados: la conquista territorial pasó por ellos, el orden de género impuesto por los grupos armados los tomó como superficie de inscripción, y la limpieza étnica encontró en ellos su instrumento más íntimo.

De la respuesta depende, además, la política de la memoria. Un país que asume la violencia sexual como excedente del combate repara individualmente, con dificultad, y archiva. Un país que la reconoce como método debe reformar sus instituciones de justicia, revisar su archivo, incorporar marcos analíticos feministas y decoloniales, y responder por la impunidad que la sostuvo. La pregunta por el estatuto de la violencia sexual es la pregunta por el tipo de verdad que Colombia está dispuesta a producir sobre su guerra.

¿En qué términos se ha discutido?

Durante buena parte del siglo XX predominó una lectura que atribuía la violación en la guerra al "impulso irrefrenable" del combatiente: apetito masculino desbordado, hipótesis biologicista que hacía del crimen un accidente. Esa explicación fue formalmente desplazada en 2011, cuando el Centro Nacional de Memoria Histórica adoptó en su documento metodológico el enfoque de variación: la violencia sexual no es inevitable, es una acción dentro de los repertorios de los actores armados, y su uso varía según motivaciones grupales e individuales. El postulado tiene un corolario decisivo: no todos los grupos armados del mundo violan, y los que lo hacen no lo hacen igual. Estudiar esa variación —por qué el Bloque Norte concentra violaciones estratégicas a partir de 1997, por qué las FARC-EP institucionalizaron el control reproductivo en 1993, por qué unos frentes de un mismo grupo son más letales que otros— obliga a tomar al grupo armado como unidad de análisis, no al patriarcado abstracto.

Frente a este enfoque, organizaciones como la Ruta Pacífica de las Mujeres sostienen la tesis del continuum: la violencia contra las mujeres en Colombia, incluyendo la doméstica, está en una misma línea con la violencia política y con el control de sus cuerpos en tiempos de guerra; el patriarcado sería causa principal del conflicto, y el militarismo, inseparable de una hipermasculinidad que ya operaba en la vida civil. La cifra que respalda esta lectura es contundente: casi cuatro de cada diez mujeres del país han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, y buena parte de ellas también fue maltratada en la infancia y por sus parejas. La guerra, según este marco, no inventa la violencia contra las mujeres: la recluta.

Ambas lecturas capturan verdades parciales, y su tensión no se resuelve escogiendo una. El continuum tiene enorme fuerza política —ha sido la herramienta de incidencia que empujó el reconocimiento estatal—, pero pierde precisión analítica: no explica por qué en el Magdalena las violaciones estratégicas se disparan justamente en 1997, cuando el Bloque Norte pasa del diseño a la ejecución de su plan de conquista territorial; tampoco da cuenta del contraste entre unas FARC-EP que prohibían formalmente la violencia sexual bajo pena de muerte y unas Autodefensas que la desplegaban como método, ni de las diferencias de blanco, frecuencia y propósito entre bloques. El enfoque de variación, en cambio, ilumina esas diferencias pero, si se toma en aislamiento, deja sin respuesta por qué el cuerpo violado fue casi siempre femenino, indígena, negro, LGBTI, pobre: por qué la variación se inscribe sobre una superficie ya marcada.

Que ambos enfoques coexistan sin resolución en la memoria histórica producida en el país es el signo de que el problema exige pensar simultáneamente en dos escalas.

¿Qué muestra la evidencia?

Los perfiles son demasiado consistentes, las secuencias demasiado precisas, los fines demasiado explícitos para leer la violencia sexual como accidente.

En el paramilitarismo, y en particular en el Bloque Norte comandado por Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, la violación y otras violencias basadas en género no fueron desmanes de la tropa sino acciones de guerra al mismo nivel que otros delitos, orientadas a alcanzar ventaja militar o someter a la población. La correlación temporal es reveladora: a partir de 1997, cuando el bloque ejecuta su estrategia de conquista territorial en el Magdalena, se concentran los casos documentados de violación estratégica, asociados al despojo, la persecución del enemigo y el castigo o regulación social de la comunidad. En el conjunto de casos documentados por la Comisión de la Verdad, la violación —acceso carnal violento— fue la modalidad dominante, seguida a considerable distancia por el acoso, es decir, contactos físicos coercitivos, comentarios, gestos y solicitudes.

El repertorio paramilitar incluyó formas extremas. En el Bloque Centauros, al menos dos casos documentados por sentencia del Tribunal de Justicia y Paz combinan tortura sexual, mutilación genital y homicidio posterior a la violación. En la masacre de El Salado, en Bolívar, organizaciones de derechos humanos recogieron testimonios de brutalidad sexual extrema, incluida la agresión con objetos a una mujer embarazada. En las Autodefensas de Cundinamarca, en 1996, la desnudez forzada y el manoseo se usaron como castigo público con el objetivo declarado de mostrar quién mandaba en el territorio. En fiestas organizadas por bloques paramilitares, mujeres eran drogadas sin su consentimiento y sometidas a violencia sexual colectiva, turnadas entre combatientes empezando por el comandante de escuadra. En Buenaventura, actores armados asesinaban a los esposos de mujeres que les interesaban, se instalaban en las viviendas y obligaban a las familias a convivir con el victimario bajo amenaza: una modalidad de despojo violento que articula apropiación territorial y sometimiento sexual.

En las guerrillas, el patrón fue otro pero igualmente sistemático. Desde la Octava Conferencia Nacional de las FARC-EP en 1993, la comandancia implementó una política de control reproductivo sobre las mujeres en sus filas. El embarazo era considerado incompatible con el funcionamiento de la organización armada; las jóvenes que quedaban embarazadas eran presionadas a abortar, incluso en estados avanzados de gestación. En la Novena Conferencia de 2007 se determinó el Norplant como método anticonceptivo. La decisión sobre la maternidad y la anticoncepción era potestad de los comandantes, y la figura del hombre-pareja funcionó como mecanismo de control: mujeres reclutadas siendo niñas o adolescentes relataron haber sido presionadas a abortar y a usar métodos anticonceptivos impuestos. Las cartas de asociamiento —firmadas por ambas partes, con compromisos de fidelidad y período mínimo de convivencia— formalizaban las relaciones bajo tutela institucional. En el ELN, las relaciones de pareja requerían permisos, se entregaban preservativos y la infidelidad era sancionada. Amnistía Internacional documentó estos abortos e imposiciones anticonceptivas como modalidades de violencia sexual del conflicto.

En la Fuerza Pública, los casos más recurrentes se dieron contra mujeres detenidas en el marco del Estatuto de Seguridad, en contextos de tortura: agentes estatales sobre cuerpos indefensos. Miembros del Ejército y la Policía violaron a hombres señalados de colaborar con la insurgencia y a mujeres sospechosas de pertenecer a guerrillas. El 2 de octubre de 2010, el teniente Muñoz Linares abusó sexualmente de dos menores de edad en Tame, Arauca, y asesinó con machete a una de ellas junto con sus hermanos de seis y nueve años.

La arquitectura de impunidad tiene nombre: hasta el fallo de la Corte Constitucional del 29 de junio de 2000 en el caso de Nydia Erika Bautista, cuando aparecía un militar involucrado en un delito, los fiscales enviaban automáticamente el proceso a la justicia penal militar. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, en referencia al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ha sostenido que ese mecanismo constituye violación del deber de garantía. Fue la Corte la que en 2000 devolvió el expediente Bautista a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía y abrió la puerta a que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares fueran investigadas por la justicia ordinaria. Sin ese fallo, el Auto 092 habría sido letra muerta.

Entonces, ¿arma o daño colateral?

La evidencia obliga a una respuesta doble, y ese doble es la respuesta. La violencia sexual en el conflicto colombiano fue dispositivo estratégico deliberado —con usos específicos, variables según actor, región y momento— y a la vez expresión amplificada de un sustrato patriarcal preexistente. Cada dimensión reclama a la otra: leer solo la estrategia no aclara por qué el blanco fue casi siempre el cuerpo femenino, indígena, negro, LGBTI; leer solo el patriarcado no aclara por qué unos grupos la instrumentalizaron sistemáticamente y otros no, ni por qué el pico del Bloque Norte coincide con 1997 y no con 1993 o 2001.

El paramilitarismo actuó como catalizador: al desplazar los mecanismos de control social informal que habrían prevenido las agresiones y desestructurar la autoridad de comunidades y familias, permitió que la violencia sexual se desplegara incluso cuando existían normas internas que la prohibían. El patriarcado preexistía; la guerra le abrió el paso institucional, le puso escala y le dio finalidad militar. La violación se volvió simultáneamente forma de interrogación, herramienta de humillación, método de castigo, mecanismo de despojo, técnica de reclutamiento y —esto es lo crucial— vector de destrucción étnica.

Porque el dispositivo no operó solo sobre "las mujeres" como categoría universal. En el río San Juan, en el sur del Chocó, grupos paramilitares utilizaron embarazos forzados con el objetivo explícito, según el testimonio de Acxan Duque, de "limpiar la raza": violencia sexual como estrategia para fracturar la cohesión social de comunidades negras, reactivación de un imaginario colonial esclavista que ve en el cuerpo racializado un territorio a ocupar. En Bahía Portete, La Guajira, el 18 de abril de 2004, el autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayuú de las AUC asesinó a seis personas —cuatro de ellas mujeres—, torturó a otras, profanó el cementerio y quemó casas, provocando el desplazamiento de más de 600 wayuú. La violencia sexual sobre lideresas wayuú tuvo tres fines instrumentales entrelazados: aterrorizar a la población, castigar públicamente a mujeres con papel activo en la defensa territorial y forzar el desplazamiento. En un orden matrilineal donde las mujeres son eje cultural, económico y político, atacar sus cuerpos era atacar el pueblo entero: violencia étnica ejecutada por la vía sexual.

En Buenaventura, la presión sobre niñas y mujeres afrodescendientes para ingresar a redes de prostitución, los castigos ejemplarizantes y el asesinato de parejas seguido de ocupación de las viviendas devastaron a la población negra en el individuo y en el colectivo. Que este puerto sea, además, punta de lanza del modelo exportador colombiano no es dato geográfico neutro: la violencia sexual funcionó allí como tecnología de la reconfiguración territorial que el capital exigía, reactivando el imaginario esclavista en el mismo movimiento con que se modernizaba la infraestructura portuaria y se desplazaba a los pobladores tradicionales de las orillas hacia el mar. Que la Fuerza Armada Nacional venezolana violara y extorsionara a mujeres desplazadas colombianas que cruzaban la frontera muestra, en otra escala, que la lógica sexual de la soberanía masculina atraviesa Estados: método de gobierno del cuerpo migrante.

El Bloque Mineros ejecutó a personas con identidades sexuales diversas en sus zonas de control, justificando los asesinatos con el argumento de que podían "contagiar" al resto de la comunidad. La violencia contra personas LGBT no comenzó con la guerra: formaba parte de un continuum que arrancaba en la familia, pasaba por la escuela y la iglesia, y encontraba en el conflicto su forma más letal, respaldada por una aceptación cultural que la normalizaba.

Esta evidencia impide sostener que la violencia sexual fuera subproducto, y también impide sostener que su explicación sea única. El binario hombre/mujer no captura la violencia contra hombres detenidos ni contra personas LGBTI; la separación campo/ciudad no captura Ciudad Bolívar, Soacha o la Comuna 13, donde el desplazamiento no terminó la violencia sino que la transformó, reproduciendo en formas urbanas opacas las jerarquías del campo; la separación entre violencia política y violencia doméstica —tan cara al derecho penal— reproduce la lógica patriarcal que le cierra a las mujeres el acceso a la justicia. El dispositivo fue múltiple porque los cuerpos que atravesó lo eran.

¿Por qué tardó tanto en verse?

Si la violencia sexual fue central desde los años ochenta, ¿por qué el reconocimiento estatal pleno tuvo que esperar al 14 de abril de 2008? La respuesta más cómoda —que faltaba evidencia— es también la más falsa. El subregistro del 95% no fue ausencia empírica sino producto de una arquitectura patriarcal compartida entre victimarios, aparato estatal, archivo, medios e historiografía.

Esa arquitectura tuvo pisos concretos y engranados. En zonas donde el actor armado tenía control territorial y no había presencia estatal distinta de la militar, el temor a represalias imponía silencio; una normalización cultural profunda llevaba a la propia víctima a leer el crimen como parte del orden natural del mundo; el estigma comunitario etiquetaba de "indecentes" o "degeneradas" a las mujeres que habían tenido cualquier vínculo con paramilitares —incluido el forzado— y en El Salado alimentó una "vergüenza" por no haber podido "defender el honor de sus mujeres". A ello se sumaba la culpabilización institucional: las maestras agredidas en Tibú fueron revictimizadas por la indiferencia estatal, que no investigó las causas de sus renuncias, y al menos una perdió su plaza en el magisterio al no poder concursar por el daño psicológico. Encima, la jurisdicción penal militar absorbía los casos hasta el fallo Bautista de 2000, y los sesgos del archivo regional hacían el resto: en Nariño, la sección judicial era manejada por militares y policía judicial, con la consecuencia previsible de que la gravedad del conflicto quedara subrepresentada. Cierra el cuadro un silencio historiográfico persistente que las propias instituciones de memoria aún no han asumido con una reflexión explícita sobre alcances, limitaciones y sesgos.

Que la violencia sexual contra hombres y personas LGBTI esté aún peor documentada que la ejercida contra mujeres —porque la concepción cultural sobre el hombre violado dificulta el reconocimiento y empuja al silencio— confirma que el subregistro no es azaroso sino selectivo, y que selecciona según el régimen de género dominante.

El desbloqueo llegó por presión transnacional feminista, sostenida durante décadas. La atención internacional al uso sistemático de la violación en los genocidios de Bosnia y Ruanda en los años noventa estimuló el desarrollo de marcos analíticos feministas orientados a incorporar el género al estudio de las causas y consecuencias de la guerra. Sisma Mujer, Amnistía Internacional, la Ruta Pacífica, la Corporación Casa de la Mujer y organizaciones étnicas armaron el expediente que el Estado no había querido armar. En mayo de 2008 —tras un proceso iniciado en 2007— la Corte Constitucional falló sobre una acción de tutela relacionada con mujeres víctimas de violencia paramilitar. El Auto 092, un mes antes, ya había ordenado la creación de trece programas para colmar los vacíos de la política pública de atención al desplazamiento desde una perspectiva de género, seis de ellos directamente vinculados a víctimas de violaciones masivas y sistemáticas, e incluyó uno específico de prevención de violencia sexual contra la mujer desplazada.

El Auto 092 no descubrió la violencia sexual: reconoció una evidencia que llevaba décadas acumulada. Su tardanza mide el espesor de la arquitectura patriarcal que se resistió a nombrarla.

Tensiones que no cierran

La respuesta que la evidencia sostiene —dispositivo estratégico sobre sustrato patriarcal, invisibilización por arquitectura institucional— deja tensiones vivas que la investigación futura debe trabajar sin cerrarlas prematuramente. Hay, primero, una tensión de escala: los números documentados de violación estratégica por categoría de fin —despojo, persecución, castigo— son reducidos, y en varios eventos la información fue insuficiente para determinar el propósito específico. Que el patrón exista no significa que su cuantificación esté firme, y el 95% de subregistro deja margen para que la magnitud real reordene lo que hoy sabemos.

Hay, después, una tensión conceptual. Los marcos analíticos disponibles —el continuum patriarcal, el enfoque de variación, la interseccionalidad racial— siguen mostrando fisuras ante casos que ninguno captura plenamente. La violencia contra hombres heterosexuales revela el límite del marco binario y obliga a pensar el género como sistema, no solo como relación entre sexos; incluir a la población LGBTI en el molde del feminismo radical tensiona el marco hasta exigir su reformulación, que aún queda a medio camino; la violencia contra mujeres indígenas y afrodescendientes muestra que el género sin raza ni colonialidad rinde un análisis incompleto, pero las categorías de justicia transicional interseccional apenas empiezan a formularse.

Hay una tensión de continuidad. El desplazamiento forzado no cerró la violencia sexual: la trasladó. Cientos de mujeres que declararon ante la Comisión de la Verdad haber sido desplazadas tras la agresión eran, en el momento de los hechos, niñas o adolescentes, y muchas terminaron en las periferias urbanas donde las jerarquías de género rurales se reprodujeron en formas menos visibles y peor documentadas. Cómo se rastrea esa continuidad —cómo se hace historia de un fenómeno cuya frontera entre guerra y posguerra es porosa— sigue siendo problema abierto.

Y hay, sobre todo, una tensión de reparación, que es hoy el nudo político central. Los seis programas del Auto 092 vinculados a violencia sexual, la Ley de Justicia y Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz que emergió del Acuerdo de 2016: cada uno ha topado con los mismos obstáculos que produjeron el silencio original —ausencia de atención psicosocial adecuada, falta de condiciones materiales, escasa judicialización efectiva—. El reconocimiento simbólico no ha traducido en justicia material a la misma velocidad, y esa brecha marca el límite práctico de todo lo conquistado.

Escribir la historia de una guerra desde los cuerpos exige algo más que sumar un capítulo sobre violencia sexual a los libros ya hechos. Colombia ha empezado a hacerlo, tarde y a empujones. Implica reconocer que la conquista del Magdalena en 1997, la fundación del orden paramilitar en Urabá, el control reproductivo en las FARC-EP, la tortura en las estaciones del Estatuto de Seguridad y la ocupación de las viviendas en Buenaventura no son fenómenos que la violencia sexual acompañó, sino fenómenos que la violencia sexual hizo posibles. Escribir el conflicto colombiano sin los cuerpos violados no cuenta una historia incompleta: cuenta otra historia.